15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/1

1.

Exigir el cumplimiento de las normas comunitarias de protección civil a todos los países miembros, mediante un instrumento legislativo adecuado.

2.

Dotar al Mecanismo Comunitario de los siguientes instrumentos:

3.

Adoptar unas normas europeas de responsabilidad civil y penal que permitan perseguir y castigar a los causantes de tales catástrofes.

15.1.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/2

1.1

Con este Libro Verde, y como continuación de diversas iniciativas encaminadas a la creación de un espacio judicial europeo, la Comisión abre una consulta sobre la posibilidad de crear un instrumento legislativo comunitario que aumente la eficacia de la ejecución de los créditos pecuniarios mediante la congelación previa de las cantidades de dinero depositadas en cuentas bancarias del deudor en cualquier Estado miembro.

1.2

De este Libro Verde, que no podría abordarse sin la lectura y el análisis del documento de trabajo anexo (1) y del estudio encargado por la Comisión que le sirve de base, se deduce que, pese a algunas incoherencias conceptuales en la definición de los ámbitos objetivos y subjetivos de la medida y una traducción particularmente deficiente de varias versiones lingüísticas, el objetivo que se fija la Comisión será avanzar hacia una propuesta de Reglamento que tenga carácter opcional y establezca una disposición europea de tipo cautelar con la naturaleza de un embargo preventivo de cuentas bancarias, independientemente de la naturaleza de la deuda y de la calidad de las partes.

1.3

Al no existir un estudio de impacto de una medida de estas características y dado que los estudios de derecho comparado en los que se basa sólo han tomado en consideración a quince de los 27 Estados miembros de la UE, el Comité, aunque comparte las preocupaciones de la Comisión, no considera demostrada la necesidad de esta medida, por lo que respecta a la subsidiariedad y la proporcionalidad, ni cree que pueda obtenerse un resultado satisfactorio de efectos similares mediante una modificación sucinta de dos disposiciones del Reglamento Bruselas I.

1.4

El Comité tampoco ve una justificación lógica para limitar el objeto de una iniciativa como la que va a adoptarse exclusivamente al embargo preventivo de las cantidades de dinero depositadas en cuentas bancarias, y sugiere que se amplíe a otros bienes muebles del deudor y se extienda, con las adaptaciones necesarias, al embargo posterior a la obtención de un título ejecutivo; además, considera imprescindible que vaya acompañada simultáneamente de una iniciativa que aborde la transparencia de las cuentas bancarias, las obligaciones de información y las normas del secreto bancario y la protección de datos, aspectos que se presuponen en las medidas a examen.

1.5

En caso de que se juzgara de todo punto imprescindible la introducción de una medida de este tipo, el Comité coincide con la Comisión en que el instrumento adecuado sería un reglamento de carácter opcional que regulase la congelación de las cuentas bancarias que el deudor posea en Estados miembros distintos al de residencia o a aquel en que esté radicado el acreedor.

1.6

Si ello sucediera, y a fin de dar cumplida satisfacción a la solicitud de dictamen de la Comisión, el Comité formula una serie detallada de recomendaciones de carácter técnico-jurídico relativas a la definición de lo que considera el régimen más adecuado para la iniciativa, por lo que se refiere, en concreto, a la competencia de los tribunales, las condiciones para dictar la medida, los límites de los importes que deben embargarse y las exenciones, las garantías de defensa del deudor y de terceros titulares de cuentas conjuntas o solidarias, los recursos y plazos, el régimen de costas procesales, las obligaciones y responsabilidades de los bancos en los que estén abiertas las cuentas embargadas y las normas de derecho nacional o internacional privado aplicables subsidiariamente.

2.1

Con el Libro Verde objeto de examen la Comisión inicia un proceso de consultas entre las partes interesadas sobre la manera de mejorar la ejecución de los créditos pecuniarios y propone la creación de un sistema europeo de «embargo de activos bancarios».

2.2

En primer lugar, la Comisión expone las dificultades en materia de ejecución en el procedimiento civil que existen en el «espacio judicial europeo» debido a la fragmentación actual de las normativas nacionales de ejecución y reconoce que el Reglamento (CE) no 44/2001 (Bruselas I) (2)«no garantiza que una medida precautoria como el embargo bancario concedido a instancia de parte sea reconocida y ejecutada en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que se dictó».

2.3

La Comisión considera que esta laguna puede falsear la competencia entre las empresas en función de los distintos grados de eficacia de los sistemas judiciales de los países en que ejerzan su actividad y obstaculizar, por lo tanto, el correcto funcionamiento del mercado interior, que requiere una armonización de la eficacia y rapidez en el cobro de deudas, en concreto las de naturaleza pecuniaria.

2.4

Por consiguiente, la Comisión menciona la posibilidad de crear «una orden europea de embargo de activos bancarios que permitiera garantizar al acreedor la cantidad que se le adeuda o que él reclama impidiendo la retirada o transferencia de fondos en poder del deudor a una o más cuentas bancarias en el territorio de la Unión Europea» y examina en detalle las características de su posible régimen jurídico, cuyas características describe en 23 preguntas.

3.1

Esta iniciativa se inscribe, con toda razón, en un conjunto amplio de medidas que la Comisión ha ido adoptando con el muy loable propósito de crear un espacio judicial europeo que contribuya, por lo que respecta a los aspectos judiciales, a la realización del mercado único (3), especialmente tras la transformación del Convenio de Bruselas en reglamento comunitario (4) y del Reglamento relativo al título ejecutivo europeo (5).

3.2

Aunque son ciertas las observaciones concretas de la Comisión sobre las dificultades de la ejecución de las decisiones judiciales en los diferentes países de Europa y las diferencias de régimen a las que están sujetas debido a la falta de armonización del proceso ejecutivo en el nivel de la Unión, y las consecuencias que destaca (6) (que no han hecho sino agravarse con la reciente adhesión de doce nuevos países miembros), está claro que en el Libro Verde objeto de examen la Comisión no somete su iniciativa al indispensable escrutinio desde la perspectiva de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

3.3

De hecho, no está demostrado que el mismo resultado o un resultado de efectos similares no pudiera obtenerse mediante la modificación de una o dos disposiciones del Reglamento Bruselas I (en concreto los artículos 31 y 47 (7)) con objeto de ampliar su ámbito de aplicación y mantener el sistema establecido, con la evidente simplificación que ello representa.

3.4

Por otro lado, la evaluación de impacto previo, que la Comisión tampoco ha realizado todavía, deberá tener en cuenta no sólo a los quince Estados miembros cuya situación fue analizada en el estudio que sirve de base al Libro Verde (8), sino a todos los Estados que componen en la actualidad la Unión Europea, y deberá ir acompañada de un análisis apropiado sobre las medidas destinadas a aumentar la transparencia de los bienes del deudor y del indispensable acceso a la información relativa a las cuentas bancarias, sin perjuicio de la debida protección del secreto bancario, porque sólo una valoración de conjunto permitirá hacerse una idea correcta sobre la necesidad, la extensión y la justificación de esta iniciativa.

4.1

En sus observaciones sobre la iniciativa propuesta, el CESE establece una distinción entre los siguientes aspectos:

4.2.1

Dado que se trata de un Libro Verde, previo a la adopción definitiva de un instrumento jurídico, muy probablemente un reglamento comunitario, los términos utilizados para definir los conceptos que se utilizarán a su vez para describir la naturaleza de la disposición de carácter procedimental que se establezca finalmente deben responder a criterios muy rigurosos de precisión técnico-jurídica en todas las lenguas comunitarias.

4.2.2

Sin embargo, la realidad es que por lo menos en cinco versiones lingüísticas (9) el término que utiliza la Comisión para describir la disposición cautelar que sería deseable no es unívoco ni equivalente y puede dar lugar a incertidumbres de carácter técnico-jurídico en cuanto a su naturaleza jurídica. Dado el carácter jurídico de la medida, la Comisión debe emprender inmediatamente la corrección de las traducciones a fin de evitar incertidumbres basadas únicamente en la inadecuada terminología utilizada (10).

4.2.3

Del análisis del régimen jurídico que parece sugerirse, la necesidad del fumus boni iuris y del periculum in mora, y de su finalidad, congelar o bloquear las cantidades depositadas en cuentas bancarias hasta la decisión final y ejecución en procedimiento civil del cobro de créditos pecuniarios (obviamente los de carácter civil y comercial y no los derivados de procedimientos penales), parece poder concluirse sin lugar a dudas que se trata de una disposición de tipo cautelar con la naturaleza de un embargo preventivo.

4.3.1

Por otro lado, el Comité manifiesta sus dudas sobre la limitación del ámbito de la medida cautelar a los «activos bancarios».

4.3.2

En una ejecución de créditos pecuniarios, de carácter obligatoriamente universal, el deudor responde con todos sus bienes hasta el límite de la cantidad de dinero adeudada. Una disposición cautelar como la anunciada podría tener por objeto otros bienes del deudor susceptibles de embargo, incluidos los títulos de crédito, las acciones, las obligaciones y otros derechos y créditos sobre terceros, y no solo el dinero depositado en determinadas cuentas bancarias u otras instituciones financieras, puesto que se considera que no sería demasiado complicado ampliar su ámbito de aplicación por lo menos a los bienes muebles no inscritos y a los derechos de crédito del deudor (incluidas acciones, obligaciones, rentas, créditos sobre terceros, etc.), es decir, a los bienes muebles directamente vinculados a una cuenta bancaria.

4.3.3

Cabe añadir que tampoco parece estar justificada la limitación del ámbito del instrumento comunitario al embargo preventivo de cuentas bancarias exclusivamente y que éste puede ampliarse, de forma ventajosa y con las necesarias adaptaciones, al embargo de los mismos activos una vez obtenido un título ejecutivo, dado que también en este caso puede plantearse el mismo tipo de dificultades de embargo y desaparición de los bienes que justifican la medida propuesta.

4.3.4

Por consiguiente, la Comisión deberá sopesar adecuadamente y justificar la utilidad y el coste de una medida de estas características, limitada exclusivamente a un embargo preventivo del dinero depositado en las cuentas bancarias del deudor.

4.4.1

Dada la naturaleza de esta disposición, tal y como se ha expuesto anteriormente, queda resuelta de inmediato la cuestión del momento de presentación de la solicitud de la medida cautelar. Conforme a la mejor técnica jurídica, una disposición cautelar de este tipo debe poder solicitarse en cualquier momento del procedimiento judicial del que forma parte, incluso antes del inicio de la acción principal, como procedimiento preparatorio y preventivo, etapa ésta en la que su utilidad práctica es mayor.

4.4.2

Es evidente que deberán tenerse en cuenta las particularidades obvias del régimen, según que el procedimiento cautelar tenga lugar antes de que la acción principal haya sido decidida o después de haber sido obtenida, ya sea antes o en el transcurso de un procedimiento ejecutivo, o en función de si se han presentado o no recursos de la sentencia en primera instancia ante un tribunal superior, o finalmente cuando el título ejecutivo no tenga naturaleza de sentencia (letra, libranza, cheque u otro título ejecutivo).

4.5.1

En cierto modo se considera que la cuestión de la competencia del tribunal para evaluar y decretar la adopción de la medida cautelar también está resuelta por las mismas razones que se mencionan antes. Obviamente será competente el tribunal competente para conocer el fondo del asunto a partir del momento en que se considere interpuesta la acción o ejecución.

4.5.2

Sin embargo, también deberá ser competente el tribunal del lugar donde están las cuentas bancarias si la medida fuera solicitada antes de la interposición de la acción/ejecución. No obstante, en este caso habrá que establecer que, una vez interpuesta la acción/ejecución principal, el procedimiento cautelar dictado deberá ser transferido al tribunal competente para el fondo, el cual, incluso aunque pertenezca a otra jurisdicción nacional, lo deberá aceptar como tal, sin ningún tipo de procedimiento de reconocimiento (12).

4.6.1

De su propia naturaleza se deriva la necesidad de garantizar las condiciones que la Comisión, con toda razón, menciona en el punto 3.2 del Libro Verde, el fumus boni iuris y el pericullum in mora. No obstante, si existiera una decisión judicial u otro título ejecutivo, sólo habrá que demostrar el «periculum in mora», o sea la necesidad urgente de adoptar la medida de embargo.

4.6.2

A juicio del Comité, es recomendable que, como condición previa para la admisión de la solicitud de que se dicte la medida, se exija la prueba de que el acreedor ha realizado esfuerzos razonables para cobrar la deuda, incluso por medios extrajudiciales.

4.6.3

El hecho de que no sea necesaria la audición previa del deudor es una condición fundamental para la eficacia de la disposición que, no obstante, podrá ir acompañada del depósito de una fianza que tendrá que fijar el juez, suficiente para resarcir los perjuicios derivados de una posible anulación de la medida en el procedimiento principal o en recurso, si no tuviera efectos suspensivos, siempre que la medida sea decretada antes de la existencia o la obtención de una sentencia definitiva.

4.7.1

El importe que deberá garantizarse por medio de este tipo de medida deberá limitarse al crédito vencido alegado y no pagado y a los intereses de demora (contractuales o legales) devengados hasta el momento de la presentación de la solicitud de la medida.

4.7.2

En el ámbito de un procedimiento cautelar, de carácter necesariamente provisional, y dado el carácter gravoso que tiene la congelación de las cantidades depositadas en las cuentas bancarias, no se considera legítimo incluir otro tipo de importes, por ejemplo los necesarios para hacer frente a intereses devengables, honorarios de abogados, costas judiciales, gastos bancarios y otros.

4.7.3

El CESE es consciente de que la aplicación de un sistema de estas características puede acarrear costes adicionales para los bancos. No obstante, no se considera legítimo imputar dichos costes a las cantidades que deben congelarse en las posibles cuentas bancarias del supuesto deudor. Será competencia de las legislaciones nacionales definir el régimen de costes bancarios y su cobro a los acreedores que recurran a este procedimiento, costes que se incluirán en la normativa sobre las costas procesales, que deberá definirse posteriormente.

4.7.4

En el instrumento comunitario habrá que establecer además los parámetros para determinar los límites de exención de los importes que deben embargarse, a fin de hacer frente, si se trata de personas físicas, a las necesidades básicas del deudor y de su núcleo familiar, cuya satisfacción pudiera ser puesta en entredicho por la adopción de la medida.

4.7.5

Será responsabilidad del banco informar al tribunal, una vez que se haya ejecutado la medida, de los límites aplicables al cumplimiento de la orden de embargo en función de la naturaleza de la cuenta bancaria del deudor (cuenta corriente, cuenta de ahorros, cuenta vivienda), la clase de ingresos o cobros que la alimentan (salarios, vencimientos, honorarios de profesiones liberales, ingresos de trabajo por cuenta ajena, rentas, pensiones, participaciones sociales, etc.) o la naturaleza de los gastos a las que está asociada (crédito vivienda, leasing financiero de vehículos, alquileres, créditos al consumo, pensiones alimenticias a familiares, etc.), de conformidad con la legislación del país donde esté abierta la cuenta bancaria y en la medida en que tenga conocimiento de la naturaleza de tales ingresos y gastos.

4.8.1

Del mismo modo, no se considera legítimo ampliar el ámbito de la disposición cautelar a cuentas de terceros. Cuando no sea posible identificar con certeza la parte propia del deudor, es de suponer que las partes de los titulares sean iguales.

4.8.2

También se considera inaceptable que varias cuentas tengan que responder por el mismo importe, aunque se reconoce que es difícil resolver la cuestión cuando, si existen cuentas en varios países, cada uno de los tribunales competentes recibe una solicitud para adoptar la medida y no tiene conocimiento de que esa misma disposición ha sido solicitada en otro lugar hasta el momento en que todos los procedimientos se hayan centralizado en el tribunal competente para el fondo del asunto.

4.8.3

Por esta razón, será perfectamente razonable que esta iniciativa vaya acompañada al mismo tiempo del establecimiento de obligaciones de información claras para el demandante y los bancos ante los que se presenta la solicitud, así como la imposición de deberes de cooperación y colaboración entre los bancos y los tribunales de los distintos Estados miembros, teniendo siempre en cuenta el respeto de la privacidad, la protección de datos y el secreto bancario, tal y como se señala correctamente en el estudio mencionado más arriba en el que se basa el Libro Verde objeto de examen.

4.8.4

De este modo, una vez obtenida la información de los distintos bancos, si hubiera más de uno, podrá por ejemplo llevarse a cabo la reducción «ex-post» de los importes embargados en un plazo breve que deberá determinarse.

4.9.1

Es fundamental garantizar la protección del deudor suministrándole los medios para impugnar la decisión cautelar, en un plazo razonable, el cual se recomienda que no sea inferior a veinte días de calendario, con el propósito de demostrar:

4.9.2

A tal efecto, debe establecerse que el tribunal competente lo notifique al deudor inmediatamente después de comprobar que han sido embargadas cantidades suficientes, una vez transmitida al banco la orden de proceder al embargo de la cuenta bancaria, para hacer frente al importe que supuestamente se adeuda o hasta que se reúna dicho importe. El banco en cuestión deberá transmitir al deudor la misma información, inmediatamente después de haber procedido a la congelación de la cuenta en las condiciones determinadas por el tribunal.

4.9.3

Asimismo, en el instrumento comunitario deberán preverse los medios de defensa y los fundamentos o motivos de la impugnación o de recurso, que deberán estar armonizados a nivel comunitario a fin de garantizar la igualdad de apreciación de las situaciones en todas las jurisdicciones competentes y la identidad de los medios de defensa. Cuestiones importantes serán la definición del efecto del recurso (suspensivo o no) y el tribunal competente para evaluarlo cuando no sea una misma jurisdicción nacional la competente para dictar la medida y para emitir una decisión sobre el fondo del asunto.

4.9.4

También es importante determinar un plazo de caducidad, que empezará a correr a partir del día en que se comunique al acreedor la ejecución de la medida, para incoar la acción principal o para solicitar el exequátur; como plazo razonable se propone un plazo de 60 días de calendario, independientemente de la decisión de la medida cautelar.

4.10.1

En su Libro Verde la Comisión no se pronuncia claramente sobre la cuestión del instrumento legal que tiene previsto para llevar a cabo su iniciativa. Teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar y a fin de garantizar la igualdad de trato en los distintos Estados miembros, y a semejanza además de lo que ocurre con otros instrumentos de este tipo en el ámbito del espacio judicial europeo, el CESE considera que el instrumento deberá adoptar la forma de reglamento.

4.10.2

Un asunto diferente, pero estrechamente relacionado con éste, es el de su ámbito de aplicación. Si se estima que la medida es necesaria, el Comité considera que la Comisión debería decidir que, a semejanza de otros instrumentos del mismo tipo, el procedimiento en causa se aplique exclusivamente a los asuntos transfronterizos y tenga un carácter opcional («régimen 28»), dejando a los acreedores la elección del instrumento comunitario armonizado, o como alternativa, la vía existente y posible que ofrecen las disposiciones del derecho internacional privado aplicables en estos casos.

5.1

Por lo que respecta a cuestiones de naturaleza meramente formal, el CESE considera que el procedimiento de «exequatur» debe suprimirse en la decisión que decreta la medida cautelar, independientemente del tribunal competente de que se trate.

5.2

Considera también que en el sistema de notificación del tribunal al banco y al supuesto deudor deberían eliminarse los trámites que no sean necesarios, siempre que se garantice la autenticidad del acto y la identidad del deudor, y estima que el régimen que ya existe en el Reglamento (CE) no 1348/2000 es suficiente para este propósito (14). La identificación de las cuentas que deben embargarse tendrá que ser lo más completa posible para evitar una orden de embargo genérica.

5.3

El CESE considera asimismo que la orden del tribunal competente deberá ser ejecutada por el banco en los términos en que ha sido emitida, sin perjuicio, no obstante, de las transacciones legítimas que se hallen en curso, en concreto compromisos anteriores garantizados por letras, libranzas o cheques, así como las obligaciones para con acreedores privilegiados como el Estado, la Seguridad Social o trabajadores. De todas formas, el banco debe responder del saldo existente en la fecha de recepción de la orden de embargo y debe organizarse de manera que cuando llegue la orden, incluso fuera de las horas de apertura comercial, se proceda por vía electrónica a la congelación ipso facto, so pena de tener que asumir la responsabilidad en caso de negligencia por la desaparición de los importes que hubieran sido transferidos posteriormente.

5.4

El CESE considera también que los bancos deben informar inmediatamente al tribunal por cualquier medio de comunicación, incluso electrónico, del modo en que la decisión ha sido cumplida.

5.5

La norma comunitaria no deberá definir normas específicas en caso de concurso de acreedores para la misma cuenta bancaria y, a este respecto, el CESE es partidario de que se aplique la legislación nacional.

5.6

Por lo que se refiere a la cuestión de la conversión de la medida cautelar en ejecutiva, el CESE considera que deberá regirse por el derecho del país que sea competente para su ejecución, de acuerdo con las normas generales sobre conflictos aplicables en cada caso.

5.7

Para terminar, el CESE llama en particular la atención de la Comisión sobre la necesidad de establecer un mecanismo de traducción de los documentos inherentes a la aplicación de esta medida, semejante al establecido en el artículo 21, apartado 2, letra b) del Reglamento (CE) no 1896/2006 de 12 de diciembre de 2006.

—

Comunicación de la Comisión «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior» de 14 de febrero de 1996 (COM(96) 13 final).

—

Comunicación de la Comisión «Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea» (COM(1997) 609 final, DO C 33 de 31.1.1998).

—

Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios de consumo en el mercado único (COM(1993) 576 final).

—

Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (COM(2002) 196 final de 19.4.2002).

—

Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, y la Comunicación de la Comisión correspondiente (DO L 127 de 10.6.1995 y DO C 144 de 10.6.1995).

—

Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 166 de 11.6.1998).

—

Directiva 2000/35/CE, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (DO L 200 de 8.8.2000).

—

Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (Bruselas I) en el DO L 12 de 16.1.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Sr. Malosse (CES 233/2000 de 1 de marzo de 2000, DO C 117 de 26.4.2000).

—

Reglamento CE/805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, en DO L 143 de 30.4.2004. El Dictamen del CESE a este respecto fue elaborado por el Sr. Ravoet (CESE 1348/2002, de 11 de diciembre de 2002 en DO C 85 de 8.4.2003).

—

Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, en DO L 174 de 27.6.2001. El Dictamen del CESE a este respecto fue elaborado por el Sr. Hernández Bataller (CES 228/2001 de 28 de febrero de 2001 en el DO C 139 de 11.5.2001).

—

Programas de medidas destinadas a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en materia civil y mercantil (en el DO C 12 de 15.1.2001).

—

Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a los procesos de insolvencia, en el DO L 160 de 30.6.2000. El Dictamen del CESE a este respecto fue elaborado por el Sr. Ravoet (CES 79/2001, de 26 de enero de 2001, en el DO C 75 de 15.3.2000).

—

Propuesta de Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, ídem. El Dictamen del CESE a este respecto fue elaborado por el Sr. Braghin (CES 940/1999 de 20 de octubre de 1999, en el DO C 368 de 20.12.1999).

—

Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, ídem. El dictamen del CESE a este respecto fue elaborado por el Sr. Hernández Bataller (CES 947/1999 de 21 de octubre de 1999, en DO C 368 de 20.12.1999).

—

Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001). El dictamen del CESE a este respecto fue elaborado por el Sr. Retureau (CES 227/2001 de 28 de febrero de 2001, en DO C 139 de 11.5.2001).

—

Reglamento (CE) no 1896/2006 del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (DO L 399 de 30.12.2006), relativo a los procesos de insolvencia. El dictamen del CESE sobre la Propuesta de Reglamento (COM(2004) 173 final, de 19.3.2004) fue elaborado por el Sr. Pegado Liz (CESE 133/2005 de 22.2.2005, DO C 221 de 8.9.2005).

—

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (COM(2005) 87 final de 15.3.2005). El dictamen del CESE sobre el asunto fue elaborado por el Sr. Pegado Liz (CESE 243/2006, de 14 de febrero de 2006).

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C 10/8

1.1

La industria mecánica europea constituye un sector estratégico y de vanguardia para la economía de Europa. En 2006 el volumen de ventas generado por más de 130 000 empresas que exportan un tercio de su producción ascendió a varios cientos de millones de euros. La industria mecánica y electromecánica da empleo a más de cuatro millones de trabajadores en la Unión y tiene un importante valor añadido, así como altos niveles de conocimiento.

1.2

La industria mecánica y electromecánica puede, más que otras, permitir que se alcancen los objetivos de la Agenda de Lisboa a través del desarrollo de la formación continua, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el mantenimiento de su capacidad competitiva al más alto nivel y su capacidad de penetración en los mercados internacionales.

1.3

El Comité respalda la iniciativa de la Comisión dirigida a reforzar la competitividad del sector y a mejorar el marco jurídico de referencia mediante una mejor y más eficaz reglamentación, teniendo en cuenta la realidad del sector, caracterizado por decenas de millares de PYME. Legislar mejor, al menos en lo que se refiere a este sector, no significa abstenerse de legislar, sino ofrecer un marco estable, claro y fácil de aplicación de normas con los mínimos costes administrativos.

1.4

El Comité se muestra satisfecho de que la Comisión le haya asignado esta delicada tarea de determinar, con el máximo consenso posible, los ámbitos de simplificación de la normativa comunitaria vigente, sobre la base de las actividades que han alentado a los órganos legislativos a elaborar una legislación mejor y más simple.

1.5

El Comité observa que hay varias iniciativas legislativas en curso que afectan al sector, por lo que deben conciliarse los diversos intereses en juego: económicos, sociales y medioambientales. La realización del mercado interior no puede perjudicar a otros aspectos que merecen una gran atención, como la salud y la seguridad de los trabajadores, la protección de los consumidores y la salvaguardia del medio ambiente, todo ello en el marco de los objetivos de la Agenda de Lisboa. Por consiguiente, el Comité considera necesario elaborar una estrategia integrada y coordinada con las diferentes iniciativas.

1.6

El Comité acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión incluidas en la Comunicación de 17 de febrero de 2007 destinadas a modificar el nuevo enfoque y a reforzar el papel de las actividades de vigilancia del mercado por parte de los Estados miembros, que no siempre asignan los recursos adecuados para ello. Por otro lado, el Comité espera que se refuercen los órganos de la Comisión dedicados a coordinar, supervisar y, en cualquier caso, controlar la gestión de las modalidades de acreditación, la actividad de los agentes encargados de la notificación y la calidad de su certificación. Ha de respaldarse el establecimiento de una «plataforma de comunicación» entre los operadores y los Estados miembros, que deben actuar de forma proporcionada y coherente con los objetivos de las directivas y las políticas comunitarias, haciendo que progresivamente converjan los sistemas y modelos de control de los mercados.

1.7

El Comité pide que, en el ámbito de la normalización, todas las partes interesadas tengan la posibilidad de intervenir ex ante en la definición de las normas, reforzando así la participación en los comités técnicos, sobre todo a nivel local, y la evaluación de impacto, sin abusar de la consulta telemática, que resulta útil, pero que, especialmente en este campo, no puede constituir el único instrumento de consulta de las partes interesadas.

1.8

Por lo que se refiere a la normalización «armonizada», el Comité considera que debe ponerse a disposición gratuitamente o a un precio simbólico, en particular para las PYME, y señala la desigualdad de trato entre las empresas que no pertenecen a países en cuyas lenguas se redactan las normas (inglés, francés y, en ocasiones, alemán) y las otras, que no deben soportar costes de traducción a veces ingentes.

1.9

El Comité subraya que han de suprimirse todos los costes administrativos no justificados, lo que reduciría significativamente los gastos del sistema productivo.

1.10

El Comité espera que la Comisión tome seriamente en consideración la exigencia de fomentar la estabilidad de la normalización, aceptando también las sugerencias formuladas por los operadores y las principales partes interesadas. En lo que se refiere al marco y al fundamento jurídico de referencia, el Comité recomienda a la Comisión que, antes de promulgar la normativa, compruebe si pueden conseguirse los mismos objetivos por otros medios, como la autorregulación o la corregulación, siempre que estén garantizados los máximos niveles de transparencia y participación de todas las partes interesadas, y que tenga presente en todo momento el objeto principal y el contenido de la norma, como referencia indispensable para la utilización de los diversos artículos del Tratado como fundamento jurídico.

1.11

El Comité pide que se eliminen las barreras técnicas a la realización del mercado interior, ya que los reglamentos nacionales y locales no justificados suponen un verdadero e insuperable obstáculo para la libre circulación de mercancías.

1.12

El Comité recomienda que la futura legislación venga siempre adecuadamente precedida de una rigurosa evaluación de impacto que tenga en cuenta el nivel de proporcionalidad, y que posteriormente se proceda a un control muy estricto a fin de subsanar los daños que podrían resultar irreparables para el futuro de las empresas del sector.

1.13

El diálogo social sectorial europeo desempeñará un papel esencial en la determinación de todas aquellas iniciativas comunes dirigidas a apoyar el desarrollo del empleo y de la competitividad del sector, en el respeto de los principios ineludibles de la seguridad de los trabajadores, de los ciudadanos y del medio ambiente. Las prácticas de responsabilidad social de la empresa pueden agilizar este diálogo continuo entre las empresas y las partes interesadas a fin de evitar usos inadecuados, aumentar la toma de conciencia y la formación continua, y relacionarse positivamente con el territorio de referencia y los consumidores finales.

2.1

A iniciativa de los Vicepresidentes WALLSTRÖM y VERHEUGEN, la Comisión Europea ha solicitado al Comité Económico y Social Europeo un dictamen exploratorio para analizar la coherencia general del marco regulador aplicable a un sector industrial, en concreto el de las máquinas, al objeto de determinar el margen de simplificación posible. El análisis deberá abarcar, además de la legislación específica sectorial, todo el conjunto del marco reglamentario que afecta al sector de las máquinas.

2.2

Con vistas a la intervención de las partes interesadas en el proceso de simplificación, en concreto cuando se trate de determinar las normas que causan problemas particulares de gestión, la Comisión reconoce que, gracias a su notable y amplia experiencia, así como a una composición realmente pluralista, el Comité se encuentra en una situación privilegiada para reflejar y sintetizar los puntos de vista de los operadores económicos, los trabajadores y la sociedad civil de Europa.

2.3

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por el Comité a través de sus numerosos dictámenes sobre el tema «legislar mejor» y sobre la simplificación (1), así como el artículo 8 del Protocolo de cooperación entre la Comisión Europea y el CESE, la Comisión le confía esta importante responsabilidad. En caso de que este trabajo del Comité resulte fructífero y positivo, la Comisión plantea la posibilidad de repetir esta solicitud en muchos otros ámbitos de importancia para la agenda de «Legislar mejor» de la Comisión y del propio Comité.

2.4

La Comisión ha explicado posteriormente su punto de vista, declarando que legislar mejor no significa reducir la normativa y que, más bien, ha de mantenerse el mismo nivel de protección para los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente si se quiere asegurar un marco reglamentario que permita mejorar la competitividad.

3.1

En primer lugar, el Comité se muestra extremamente interesado en desempeñar la función de encontrar una síntesis entre los diversos intereses en juego para presentar una propuesta de mejora y simplificación del marco reglamentario y legislativo vigente. La mejor característica del Comité es su capacidad de incidir en los procesos de toma de decisiones buscando el máximo consenso posible entre los representantes de la sociedad civil, que tienen intereses diversos. La clara fidelidad a los principios y los valores comunitarios, así como el equilibrio, la calidad y la innovación de sus dictámenes, convierten al Comité en un interlocutor importante y fuerte de las instituciones europeas. El incentivo y, por así decirlo, el reto que plantea esta solicitud de la Comisión a todos los miembros del Comité de aprovechar positivamente esta oportunidad pueden destacar la función de foro de encuentro y diálogo que los Tratados han reconocido a la sociedad civil organizada.

3.2

La oportunidad de que el Comité indique previamente los ámbitos de intervención en los que actuar para mejorar el marco normativo de referencia abre un nuevo ámbito metódico y de cooperación entre las instituciones europeas. Obviamente, cada una de las partes interesadas ya se ha encargado de señalar sus exigencias y deseos a la Comisión. Empresas productoras, usuarios, trabajadores, consumidores, organismos de normalización y autoridades públicas ya han expresado cómo desearían que «mejorase» la normativa vigente. No obstante, los métodos de consulta adoptados hasta ahora no han permitido obtener una síntesis ecuánime de las diversas instancias, lo que da la sensación a una u otra parte de que no se le escucha lo suficiente.

3.3

El Comité puede llevar a cabo esta síntesis a través de su variada y especializada experiencia interna y de las relaciones ramificadas y relevantes a las que normalmente pueden recurrir sus miembros para obtener importantes contribuciones en términos de experiencia. El Comité ya se pronunció parcialmente al respecto en su Dictamen de iniciativa sobre el tema «Transformaciones industriales en el sector de la ingeniería mecánica» (2).

3.4

El Comité constata que están en curso o se han anunciado diversas iniciativas en lo que respecta a la reglamentación comunitaria en materia de producción industrial y, en particular, en el subsector de las máquinas. Estas iniciativas plantean problemas complejos y de diferente naturaleza. Parece útil examinar tales problemas de modo que se tengan en cuenta los diversos intereses que salvaguarda la reglamentación comunitaria: la libre circulación de mercancías, la salud y la seguridad de los trabajadores, la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente y los objetivos de la Estrategia de Lisboa, tanto económicos como sociales. Este marco reglamentario se deriva de diversos instrumentos legislativos y nunca se ha elaborado un estudio semejante. El Comité considera que ha llegado el momento de afrontar la complejidad del tema de forma global y estructural.

3.5

En el ámbito de la producción y de la comercialización de materiales industriales, la reglamentación comunitaria se ha ido elaborando de forma progresiva. En términos generales, esto ha permitido una armonización legislativa que ha simplificado considerablemente el ámbito reglamentario en el que operan las empresas. Sin embargo, conviene señalar que aún no se ha completado dicho proceso.

3.6

La reglamentación comunitaria, adoptada a partir de la segunda mitad de los años ochenta, se basa en dos grandes cuerpos reglamentarios: unas normas se refieren al mercado y otras al lugar de trabajo. La aplicación eficaz de esta reglamentación supone la participación de un gran número de agentes diferentes: organismos de normalización y de notificación, diseñadores y fabricantes, importadores y responsables de la comercialización, montadores e instaladores, organismos públicos de control y sanción (incluidos las aduanas y los poderes judiciales), empresarios, trabajadores y representantes de los trabajadores, etc. Las organizaciones de consumidores han expresado su particular interés en una participación efectiva y activa, que hasta ahora se consideraba insuficiente. La cooperación entre todos estos agentes es tan esencial como la cooperación entre las autoridades públicas a nivel nacional y europeo.

3.7

Aunque la aplicación de estas normas no parece suponer grandes dificultades, ciertos problemas prácticos subyacen a esta evaluación globalmente positiva.

4.1

Cada año los accidentes laborales provocan entre 6 000 y 8 000 muertes (un 40 % corresponde a personas con edades inferiores a los 35 años) y dejan discapacitadas a centenares de miles de personas en la UE. Los instrumentos de trabajo son causantes de parte de los accidentes. En algunos casos se deben a la ineficacia de los materiales de protección individual o a una formación inadecuada. En torno a un cuarto de los trabajadores de la UE declara que debe utilizar materiales de protección individual para su seguridad y su salud. Los principales agentes físicos que constituyen factores de riesgo en el ámbito laboral están generalmente vinculados a los instrumentos de trabajo: ruido, vibración, radiación ionizante y no ionizante. Los factores ergonómicos desempeñan un papel fundamental en materia de salud y seguridad en el trabajo. En ciertos casos, los instrumentos de trabajo pueden tener un papel importante en la exposición a sustancias químicas, por lo que, a veces, la eficacia del material de protección individual puede resultar crucial.

4.2

Han de tenerse especialmente en cuenta los productos destinados al consumo masivo de un público indiferenciado que no está al tanto de los posibles riesgos que entrañan las máquinas que adquiere o alquila. Desgraciadamente, los consumidores sufren muchos accidentes por hacer un uso inadecuado del producto, accidentes que no se tienen en consideración en las estadísticas.

5.1

Se observa que la cooperación entre los agentes que trabajan en el mercado único afronta verdaderas dificultades y también fuertes reticencias a la hora de proceder de un modo transparente: los agentes privados, por querer protegerse de la competencia o de posibles sanciones, y los agentes públicos, por inercia burocrática, a menudo muy tenaz. Por ejemplo, resulta evidente la necesidad de intensificar la cooperación entre las empresas constructoras y las usuarias o de aumentar la transparencia en la interpretación de los requisitos de las directivas de «nuevo enfoque» que hacen los órganos de normalización, las autoridades de control y de notificación y los asesores encargados de la asistencia técnica a los empresarios.

5.2

Este problema se sitúa en el centro de atención de la Comisión en su reciente iniciativa de revisión del «nuevo enfoque», anunciada el pasado 14 de febrero de 2007 bajo el título Nuevo paquete para la circulación de productos en el mercado interior. Éste consta de un reglamento (Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos [COM(2007) 37 (3)] y de una decisión (Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco común para la comercialización de los productos [COM(2007) 53 final (4)]. Dicho paquete propone reforzar las estructuras de control comercial para excluir los productos que no sean seguros, eliminándolos del mercado de la Comunidad, y luchar contra las empresas fraudulentas. Los órganos de comprobación, certificación e inspección que intervienen en el examen de los productos se someterán a controles más estrictos sobre su forma de acreditación a fin de asegurar un nivel reglamentario común tanto para las empresas como para los órganos de control (actualmente intervienen en la UE cerca de 1 800 órganos de notificación; es decir, laboratorios y centros de inspección y de certificación, instituciones privadas que reciben acreditación de la administración pública para poder llevar a cabo su trabajo). Cabe señalar que entre estos organismos «independientes» se hallan agentes que proceden directamente de las asociaciones de empresas constructoras, donde el conflicto de intereses podría resultar realmente problemático. En un Estado miembro, por ejemplo, sólo en el sector de los ascensores se han acreditado más de 80 órganos de notificación.

5.2.1

Veintidós años después de la aprobación de la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985, que incluye los principios del nuevo enfoque, la Comisión propone una actualización y refuerzo del control de los mercados en aras de una mayor fiabilidad del distintivo de homologación CE. El Comité opina que el método de nuevo enfoque — que ha afectado a 25 directivas, de las que 21 presentaban las especificaciones para la fiabilidad del distintivo y 4 no — ha aportado buenos resultados al favorecer el desarrollo del mercado interior, pero, al mismo tiempo, considera conveniente que se proceda a la revisión propuesta. Deberán aumentarse los poderes y las responsabilidades de los Estados miembros, aunque también los de la Comisión, que tendrá que reforzar sus órganos para poder efectuar una supervisión continua del control al que se someten los mercados, de las modalidades de acreditación de los organismos de notificación y, en algunos casos, de las actividades de dichos organismos. En el ámbito del estudio de la Comisión, las organizaciones sectoriales se han declarado en su mayoría a favor de dicho refuerzo de las autoridades nacionales y, por consiguiente, europeas.

5.3

El Comité acoge con satisfacción esta iniciativa, que limita la discrecionalidad y la heterogeneidad de la evaluación que obstaculizan el desarrollo del mercado interior, generando, además, desventajas competitivas para los operadores que respetan las normativas. La distorsión de la competencia causada por un control descuidado es un problema de primer orden, que pone en evidencia una de las limitaciones de la aplicación del nuevo enfoque. Por otro lado, resultan fundamentales la sencillez y la claridad del marco normativo, en particular para las PYME, al igual que la intensificación de la cooperación entre las autoridades de control de los mercados, tanto en el ámbito de la UE/AEMA como a nivel internacional. Ha de apoyarse el establecimiento de una «plataforma de comunicación» entre los operadores y los Estados miembros, que deben actuar de forma proporcionada y coherente con los objetivos de las directivas y las políticas comunitarias, haciendo converger progresivamente los sistemas y modelos de control de los mercados. La intervención de las aduanas en esta actividad reviste una importancia fundamental.

5.4

Convendría que a nivel europeo se estableciera una mayor cooperación entre todas las direcciones pertinentes (por ejemplo, las DG ENTR, ENV, EMPL y SANCO) al objeto de elaborar «guías» sobre el uso de las directivas vigentes, que, obviamente, no sustituyen a las normas, pero pueden representar una valiosa contribución y ahorrar grandes sumas de dinero eludiendo asesoramientos inútiles.

5.5

En el caso de los productos estacionales, como las máquinas para la jardinería, se deben prever procedimientos simplificados y rápidos para no perder oportunidades de mercado. Con este fin, el Comité sugiere la creación de un «Instituto de mediación» al que recurrir con vistas a satisfacer exigencias especiales y justificadas, garantizando en cualquier caso una rigurosa aplicación de toda la legislación pertinente, en particular de las normas sobre seguridad.

6.1

Otra prioridad anunciada por la Comisión se refiere a la reducción de las cargas administrativas inútiles, que inciden significativamente en la competitividad. El Comité sigue con interés los esfuerzos de la Comisión en este campo, materializados a través del programa de acción presentado el 24 de enero de 2007, con objeto de disminuir un cuarto de las cargas administrativas de las empresas de aquí a 2012.

6.2

La Comisión podría ayudar a resolver concretamente algunos problemas de aplicación de las directivas, por ejemplo centralizando en ella todas las comunicaciones que actualmente se prevé enviar a cada Estado miembro, lo que supondría enormes dificultades solamente para localizar la dirección correcta. Es el caso de la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras, conforme a la cual hay que enviar una declaración de conformidad a un Estado miembro y a la Comisión, o de la Directiva 97/68/CE sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna, conforme a la cual las empresas deberían notificar, en lo que se refiere a la opción de «flexibilidad», a las autoridades responsables en cada Estado miembro la aprobación recibida e informar al respecto semestralmente.

6.3

Las empresas encuentran muchas dificultades en la aplicación práctica de las directivas sobre la protección de los trabajadores ante los agentes físicos. En particular, con las Directivas 2002/44/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones), y 2006/25/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas no ionizantes), que afectan especialmente a las PYME. Problemas similares podrían surgir a la hora de proceder a la aplicación de la próxima Directiva sobre las radiaciones ópticas artificiales. Se requieren guías y aplicaciones prácticas, ya que, de otro modo, estas directivas no conseguirán sus objetivos. Obviamente, ante la verdadera imposibilidad de aplicarlas en la práctica, habrá que idear y preparar rápidamente las modificaciones necesarias para que las empresas puedan respetar sus obligaciones legales.

6.4

En el ámbito de la producción industrial y concretamente de las máquinas, conviene tener en cuenta las diferentes exigencias cuando se aborda el tema de las cargas administrativas. La trazabilidad de las intervenciones de los diversos agentes constituye un elemento esencial tanto para la seguridad física de los usuarios como para la seguridad jurídica de las relaciones contractuales que se entablan en el mercado. Por tanto, han de definirse soluciones equilibradas que mantengan las condiciones de transparencia y trazabilidad sin multiplicar inútilmente los costes administrativos.

7.1

La normalización técnica desempeña un importante papel en el funcionamiento de las normas comunitarias y permite materializar las exigencias fundamentales de seguridad formuladas en la legislación. El respeto de las normas confiere una presunción de conformidad a las directivas. Cuando es necesaria, la certificación efectuada por los órganos encargados de la notificación va siempre unida a la exigencia de un marco normativo constituido por normas.

7.2

En su conjunto, los organismos europeos de normalización han llevado a cabo un trabajo provechoso sobre la base de los mandatos de la Comisión. De cualquier modo, la elaboración de normas debería exigir un procedimiento en el que pudieran participar más las partes interesadas, con lo que se agilizaría la comparación sucesiva: es un hecho que hoy día se limita a un restringido número de agentes. La mayor parte de las industrias usuarias no disponen ni de medios ni de recursos para realizar un seguimiento regular de esta actividad. La participación de los trabajadores y consumidores es aún más marginal. Tal situación impide que se tenga fácilmente en cuenta la importancia de la experiencia adquirida. Algunas normas no consiguen responder a todas las preocupaciones observadas sobre el terreno. El Comité recomienda reforzar, especialmente a nivel local, la participación de las partes interesadas en los comités técnicos del sector, en el que pocas personas tienen realmente poder de decisión. Por otro lado, el Comité observa con preocupación que el creciente coste de la normalización puede llegar a frenar no sólo la competitividad, sino también la seguridad (se prefiere, por ejemplo, correr el riesgo de utilizar inadecuadamente las máquinas haciendo un uso contrario a las normas). Algunas PYME del Este de Europa tienden a actuar sin conocimiento o a emplear artimañas.

7.3

El Comité acoge con satisfacción la iniciativa anunciada el 15 de marzo de 2007 en el Plan de acción para una normalización europea, en la que se pide a cada Estado miembro que informe sobre el estado de realización y sobre las medidas adoptadas para apoyar las participación de todas las partes interesadas en la normalización europea e internacional. La Comisión, por su parte, debería integrar las observaciones propuestas en la normalización europea. La participación de las PYME en el procedimiento de normalización resulta fundamental tanto a nivel europeo como nacional, y habrá que procurar que su contribución a los futuros procesos de normalización sea efectiva y concreta.

7.4

En ciertos casos puede resultar difícil para los empresarios respetar las obligaciones derivadas de la legislación sobre salud y seguridad. De hecho, cuando se utiliza una máquina, la evaluación de riesgos implica una complementariedad necesaria entre el productor y la empresa usuaria. Si las normas no prevén la provisión de una información adecuada sobre riesgos residuales que la empresa debe tener en cuenta, pueden surgir problemas. Si no se informa correctamente a los empresarios sobre los riesgos residuales inherentes a la máquina que compran, tendrán dificultades a la hora de cumplir las obligaciones de evaluación de riesgos que se derivan de la Directiva marco 89/391/CEE y de sus 19 directivas específicas complementarias en materia de protección activa y pasiva de los trabajadores.

7.5

La difusión de las normas puede resultar problemática para las PYME por el elevado coste de cumplirlas. Si la normalización da lugar a procedimientos de certificación, los costes administrativos son generalmente más elevados que los que proceden directamente de la legislación.

7.6

Las evaluaciones de riesgo que llevan a cabo los especialistas del CEN son extremamente importantes para los empresarios, que deben incluirlas en un análisis específico sobre las condiciones laborales en que se utilizará la máquina. El coste de estas medidas armonizadas es elevado, en particular para las PYME. El Comité recomienda estudiar la propuesta de que las medidas «armonizadas», derivadas del mandato que confiere la CE al CEN, se pongan a disposición gratuitamente o a un precio simbólico, a fin de permitir el cumplimiento de las obligaciones legislativas. Además, su difusión gratuita en Internet ya se llevado a cabo con éxito en el sector de las comunicaciones: algunas normas del ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación — European Telecommunication Standardisation Institute) se han difundido directamente en la red.

8.1

El Comité subraya que no siempre es necesario modificar directivas que han dado y dan buen resultado. Efectivamente el trabajo y los resultados que han llevado a mejorar en su conjunto la Directiva base 98/37/CE, es decir, la famosa Directiva sobre máquinas, han sido particularmente complejos y, al final, se ha logrado un óptimo equilibrio entre diversos intereses. En cualquier otro caso, quizá sería mejor no recurrir demasiado a las denominadas «mejoras», por ejemplo, modificando la Directiva sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, 73/23/CE, o, como ha señalado la asociación de fabricantes de máquinas en su nota del 5 de noviembre de 2004, con la inoportuna propuesta de la Comisión de fusionar la Directiva 87/404/CEE con la Directiva sobre los recipientes a presión simples 97/23/CE.

8.2

Se ha hecho patente la necesidad de que el mercado disponga de un marco normativo estable y claro para poder planificar con tranquilidad las inversiones y cumplir normas inteligibles que no se modifiquen cada poco tiempo. Por otro lado, en la práctica existe el riesgo de que la «simplificación» pueda suponer mayores costes tanto administrativos como para realizar evaluaciones de conformidad más complejas.

8.3

Por otra parte, en lo que se refiere a la posibilidad de recurrir al artículo 95 del Tratado, el Comité comprende las exigencias de las empresas constructoras, pero subraya que el marco jurídico de referencia, en el que hay que basarse para emitir las directivas, debe cumplir los principios fundamentales de los tratados, en particular en lo que respecta al fundamento jurídico de las diferentes normas. Es evidente que la supremacía del objetivo y del contenido del acto son las referencias objetivas para la aplicación de las diversas normas. Sobre ello también se ha pronunciado, incluso recientemente, el Tribunal de Justicia Europeo a través de diversas sentencias, excluyendo la posibilidad de que exista un fundamento jurídico mixto cuando las referencias normativas estén en conflicto o su acumulación pueda limitar los derechos del Parlamento. En lo que se refiere al diseño de los productos, cuando prevalece un objetivo distinto, no es factible que las empresas pretendan referirse siempre al párrafo tercero del artículo 95 del Tratado, que, como es sabido, limita en gran medida el poder de los Estados miembros al reforzar la normativa comunitaria, como se prevé, por ejemplo, en los artículos 137 o 175 (5). De hecho, las empresas evidencian los costes añadidos (que recaen en el usuario final) que hay que afrontar al aportar las modificaciones necesarias para el diseño y la fabricación de las máquinas, de acuerdo con las exigencias de cada uno de los Estados miembros. Procede idear modelos legislativos complementarios que no se superpongan, sino que reduzcan a lo esencial las posibilidades de los Estados miembros de adoptar medidas distintas, que deberán referirse al principio de la razón y de la proporcionalidad.

8.4

La reciente Directiva «Reach» marca un giro importante en la protección de los consumidores y de los trabajadores. El Comité ha dado el visto bueno a las soluciones técnicas aprobadas y a la perspectiva de flexibilidad vinculada a la posibilidad de una simplificación. Por otro lado, señala con cierta preocupación que las PYME podrían tener dificultades, especialmente si los controles de las importaciones no tuvieran que ser tan rigurosos como lo exige la aplicación de esta directiva fundamental. En este sentido, el Comité insta a la Comisión a supervisar atentamente las modalidades de vigilancia de los mercados de los Estados miembros, que precisamente en este sector han mostrado cierta dificultad a la hora de desempeñar eficazmente su función, en particular por la grave escasez de los medios provistos a los órganos de control superiores. Para ello, se podría prever, sobre la base del principio de la primacía de la fabricación en el ámbito nacional, la distribución de las responsabilidades entre las autoridades de control, por ejemplo, por series de producto (sistemas de válvulas, equipos para el levantamiento y la movilización de las mercancías, bombas y compresores, maquinaria para las industrias manufactureras, etc.).

8.5

Sin perjuicio de la contribución fundamental que el sector de la industria mecánica aporta a toda la economía europea, da la impresión de que los Estados miembros invierten muy poco en las actividades institucionales que se les han asignado. La Comisión podría pedir tales datos para compararlos con los resultados prácticos obtenidos. Con frecuencia, la calidad y la cantidad de los controles están vinculadas a la capacidad o voluntad individual, aunque depende en gran medida de los recursos disponibles.

9.1

En el ámbito de las legislaciones nacionales, existe una serie de obstáculos técnicos que causan graves problemas a las empresas. Uno de los sectores afectados es, por ejemplo, el de las máquinas móviles cuyo uso no está destinado a las carreteras, cuando deben desplazarse por las vías públicas. A causa de las diversas reglamentaciones (algunos Estados miembros adoptan medidas más estrictas que otros), se hace necesaria la dotación de diferentes máquinas. También existe confusión en lo que a la terminología se refiere, por ejemplo, entre «sociedad» y «empresa». Las obligaciones de revisión previstas por algunos Estados miembros suponen costes añadidos, que a menudo se duplican para los países que prevén la inspección de un órgano específico, ya sea en la fase de elaboración, de prueba o de transporte. El Comité desea que, en particular por lo que se refiere a las medidas de seguridad, se logre una rápida armonización de las normativas. En cuanto a los tractores, por ejemplo, aparte de las actuales previsiones en materia de espejos retrovisores y de límites de velocidad, se prevén especificaciones técnicas para las luces (anteriores y posteriores) y, sobre todo, para la distancia de frenado. Por las carreteras europeas circulan actualmente tractores cuya fabricación se remonta a hace 40 años. Una renovación progresiva del parque automovilístico garantizaría niveles mucho más altos de seguridad activa y pasiva.

9.2

Para reglamentar el uso de máquinas de trabajo que circulan por vías públicas, el Comité recomienda, en particular:

10.1

El Comité pide que en el futuro exista una cooperación más estrecha entre los órganos reguladores y las partes interesadas en cuanto a las futuras políticas de reglamentación a través de un diálogo eficaz, evitando concentrar la consulta por vía electrónica, dada la necesidad de interacción entre las partes interesadas. A juicio del Comité, en algunos temas específicos, una consulta constante y frecuente permite evitar problemas, garantizando de este modo una mayor calidad de la legislación y una eficacia óptima de las normas.

10.2

El Comité considera esencial que se elabore una metodología de evaluaciones de impacto sobre las diversas opciones que sea común a las instituciones europeas (Parlamento, Consejo y Comisión) y que presente un sistemas idóneo de control de la calidad.

10.3

La Comisión debería comprobar siempre si los objetivos que se pretende lograr requieren efectivamente un marco reglamentario o si, por el contrario, resulta suficiente con la autorregulación o la corregulación. El Comité opina que, entre varias opciones, habrá que optar por aquella que garantice los mismos objetivos al menor coste y con las menores cargas administrativas, y que, además, asegure la mayor transparencia y participación posible a las partes interesadas.

10.4

El diálogo social sectorial entre las partes interesadas asume un papel fundamental. El interés común puede materializarse en iniciativas de desarrollo de formación específica (especialmente en materia de seguridad laboral) y también de formación continua (que hace aumentar no sólo las competencias, sino también la sensibilización sobre diversos problemas de gestión y organización vinculados a un uso óptimo y más seguro de las máquinas). A través de un diálogo ampliado a los representantes de la sociedad civil y de los entes locales, la cuestión de la responsabilidad social de las empresas puede influir positivamente en el desarrollo de una cultura empresarial segura y productiva, en particular en las PYME, donde las dificultades en la gestión de riesgos son evidentemente mayores.

10.5

El Comité considera conveniente emprender una reflexión que permita a todas las partes interesadas hacer un balance de los resultados y los límites de la reglamentación comunitaria. A partir de dicho balance se podría adoptar un enfoque compartido con el fin de que las diversas iniciativas en curso no aporten soluciones parciales o contradictorias. La decisión de la Comisión de verificar con las partes interesadas la nueva Directiva sobre las máquinas va en la correcta dirección. Estas iniciativas han de multiplicarse. En particular, el Comité subraya los vínculos existentes entre las diversas iniciativas, como las relativas a los programas de acción dirigidas a reducir las cargas administrativas inútiles y al nuevo enfoque (el 14 de febrero de 2007 la Comisión aprobó su propuesta de reglamento y de decisión del Consejo y del Parlamento Europeo para un marco de revisión del nuevo enfoque, sobre la base de una consulta pública concerniente al futuro del mercado interior). El Comité está convencido de que una buena articulación y coordinación entre estas iniciativas puede aportar mejoras reales a la reglamentación vigente y a su coherente aplicación en los 27 Estados miembros.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/15

1.1

El CESE se felicita de que la Comisión Europea se proponga la «mejora de la legislación» y de que su objetivo sea «promover una interacción coherente entre los diferentes ámbitos políticos, garantizar la previsibilidad y proteger los intereses públicos (por ejemplo, el medio ambiente y la seguridad), a la vez que pretende reducir las cargas reglamentarias que pesan sobre la industria». El CESE se congratula de la voluntad manifestada de adoptar un planteamiento global y de integrar a la vez las diferentes dimensiones del desarrollo de la industria y de su competitividad y las distintas partes interesadas.

1.2

Más generalmente, el planteamiento conjunto representado por la iniciativa CARS 21 responde a una voluntad de coordinación de los responsables de las políticas públicas — entre sí y con las distintas partes interesadas en la vida de la industria — que merece pleno apoyo por parte del CESE. La Comunicación de la Comisión, que sitúa el trabajo reglamentario ya realizado y define las medidas que en el futuro deberán adoptarse en este marco, ilustra el interés de tal planteamiento y al mismo tiempo las dificultades a las que se enfrenta.

1.3

La ventaja principal del planteamiento consiste en que para el conjunto de las partes interesadas se introduce claridad en las orientaciones de las políticas europeas relativas al automóvil. En cada uno de los principales sectores se mejora la previsibilidad de las políticas de la UE y se reduce en igual medida la carga reglamentaria que pesa sobre la industria.

1.4

Por tanto, la reducción de las cargas administrativas resultante de la sustitución de las 38 directivas comunitarias por los correspondientes reglamentos de la CEPE-NU será uno de los efectos positivos directos del planteamiento. Del mismo modo, el trabajo realizado en los ámbitos de medio ambiente y «seguridad vial» permite poner de manifiesto que un planteamiento integrado es practicable y hace que el entorno reglamentario resulte más legítimo para el conjunto de las partes interesadas y sea más previsible para los industriales. Con tal planteamiento se construye así un consenso sobre el que cada cual podrá basar su acción.

1.5

Las dificultades de aplicación del planteamiento, sin embargo, deben subrayarse también. Son de tres órdenes:

1.6

La lista de las 39 medidas o compromisos contemplados en la Comunicación de la Comisión es muy larga y, considerado aisladamente, cada uno de ellos parece justificable. La integración del conjunto de los 39 puntos es probablemente más problemática y plantea problemas de compatibilidad y calendario que quedan pendientes. Así, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y las cuestiones de seguridad se abordan sobre la base de un enfoque integrado, pero las dos cuestiones no se abordan por su parte de manera integrada. Plantear la cuestión del precio de los productos que responden al conjunto de las obligaciones contempladas — como se planteaba en el informe del Grupo de alto nivel — habría permitido seguramente tal integración, pero también habría conducido seguramente a poner de relieve la obligación de hacer elecciones. Por otra parte, el Grupo de alto nivel estaba interesado en que sus conclusiones se acompañaran de una «hoja de ruta» válida para el conjunto de los responsables de las políticas públicas. En dicho documento se recogía el enfoque integrado que la Comisión había deseado que promoviese el Grupo CARS 21. El CESE lamenta que la Comunicación de la Comisión no haya propuesto, incluso enmendándola, dicha «hoja de ruta».

1.7

El grupo de alto nivel basó globalmente una amplia parte del análisis en el punto de vista de los fabricantes de automóviles. El resultado ha sido una representación de las cuestiones que deben regularse ampliamente dominada por las cuestiones de productos y de tecnologías. El CESE observa que si se hubiese sido más sensible a los intereses de los usuarios del automóvil, el mismo ejercicio habría conducido a un punto de vista diferente. Por consiguiente, conviene con vistas al futuro estar en condiciones de revisar, al hilo de las evaluaciones y reevaluaciones, la lista pertinente de las partes interesadas.

1.8

Con un enfoque integrado o global se corre el riesgo de que cada una de las partes interesadas defienda la opinión de que la carga del ajuste incumbe al otro. Así, por ejemplo, en materia de seguridad viaria o de medio ambiente, los industriales podrán considerar que son los responsables de las infraestructuras o los consumidores los que desarrollan comportamientos que no permiten la plena expresión de los esfuerzos — tecnológicos, en particular — que realizan.

1.9

Todos estos elementos indican que la Comunicación de la Comisión no puede agotar la cuestión de las políticas públicas del automóvil y de las elecciones a las cuales éstas se enfrentan. El CESE apoya el planteamiento en esta perspectiva: de lo que se trata — más que de decidir de una vez por todas una lista del conjunto de las vías de progreso que pueden seguirse y de dejar a los expertos y a los industriales la posibilidad de arbitrar entre ellas — es de mantener vivo el debate público sobre las políticas del automóvil, un debate abierto al conjunto de los interlocutores sociales y, más ampliamente, de las partes interesadas, e ilustrar las elecciones que deban hacerse en distintos momentos.

1.10

La Comisión concluye su Comunicación considerando que «existe una oportunidad única de crear una cultura distinta de elaboración de normas de política industrial. La Comisión cree que principios como la calidad de la legislación, la simplificación, las evaluaciones de impacto, las consultas a los interesados, los plazos y la elección de instrumentos deben ser parte central de la elaboración de propuestas legislativas».

El CESE se suma a este planteamiento y desea, por medio del presente dictamen, ayudar a la Comisión a aplicarlo plenamente.

En esta perspectiva, el CESE recomienda que:

2.1.1

En el marco de su política destinada a mejorar la calidad de la actividad legislativa y afrontar los retos de una competencia mundial más generalizada, la Comisión pidió en 2004 al Grupo de alto nivel CARS 21 — que reunía a los principales interesados (Estados miembros, industria, ONG y diputados del Parlamento Europeo) e igualmente a los tres principales comisarios asociados al asunto (empresa e industria, medio ambiente, transporte y energía) — que formulase recomendaciones sobre las políticas que deban seguirse.

2.1.2

Más concretamente, la misión del Grupo de alto nivel que se constituyó entonces era la siguiente: se le encargaba que hiciera recomendaciones para las políticas públicas y el marco reglamentario relativo a la industria europea del automóvil a corto, medio y largo plazo, con el fin de mejorar la competitividad global de aquella, preservar el empleo y garantizar al mismo tiempo la continuación de los progresos en materia de rendimiento de los vehículos en lo relativo a seguridad y medio ambiente a precios que sigan siendo suficientemente poco costosos para que los hogares puedan equiparse con ellos.

2.1.3

La Comisión se proponía así hacer del automóvil un ejemplo de modernización de sus intervenciones en materia de política industrial inscribiéndolas explícitamente en la agenda de Lisboa: para garantizar un desarrollo perdurable de las actividades productivas, sostenible económicamente y al mismo tiempo socialmente responsable y respetuoso del medio ambiente, la Comisión desea que sus intervenciones vayan precedidas de un amplio proceso de concertación entre las partes interesadas que permita a la vez aclarar el presente y el futuro y lograr un amplio consenso sobre lo que convenga hacer. En cuanto a su intervención en el presente asunto, las partes interesadas representadas en el grupo de alto nivel que se constituyó eran los fabricantes de automóviles, los productores de petróleo, los fabricantes de equipos, los distribuidores y reparadores de automóviles, los usuarios del automóvil, los poderes públicos nacionales y las tres principales DG afectadas (medio ambiente, transporte y energía, y empresas e industria). La DG de Empresa e Industria era la que coordinaba el trabajo organizado a lo largo de todo el año 2005. Se había organizado una audiencia pública en abril de 2005. El Grupo de trabajo aprobó el informe en diciembre 2005. Sus conclusiones se sometieron a amplia consulta pública en 2006. La Comunicación de la Comisión se basa en el informe CARS 21 y en las 34 contribuciones recibidas en 2006.

2.1.4

El informe CARS 21 es exponente de un esfuerzo muy encomiable de la Comisión para evitar la proliferación de iniciativas reglamentarias no coordinadas y, por vía de consecuencia, no siempre compatibles entre ellas.

2.1.5

A tal fin, como se dice en el informe en varias ocasiones, el Grupo de trabajo defiende una perspectiva que denomina «holística», consistente en esforzarse por comprender el grado de interacción existente entre las distintas dimensiones. Los miembros del grupo de alto nivel se proponen así hacer que la normativa sea más legible y más previsible y evitar que las distintas DG de la Comisión adopten medidas cuyas consecuencias estén insuficientemente delimitadas y cuya compatibilidad no se controle.

2.1.6

El Grupo de trabajo formuló en su informe final una lista de dieciocho recomendaciones organizadas en siete capítulos: mejora del marco reglamentario, medio ambiente, seguridad vial, comercio, investigación y desarrollo, impuestos e incentivos fiscales, propiedad intelectual. Propuso también en conclusión una «hoja de ruta» a los diseñadores de las políticas públicas y de la reglamentación, cuyo impacto en la industria del automóvil se extenderá a lo largo de los diez próximos años. En plena conformidad con los objetivos que le había asignado la Comisión, la «hoja de ruta» así concebida deseaba dar a las políticas europeas del automóvil la coherencia y la previsibilidad que necesitan los inversores privados para garantizar la competitividad del sector: al delimitar el trayecto reglamentario que se debía seguir para los próximos años, dicha «hoja de ruta» se proponía garantizar tal previsibilidad.

2.1.7

La Comunicación es la respuesta de la Comisión al informe presentado por el grupo CARS 21. Integra a la vez la evaluación de las recomendaciones efectuada por la Comisión y las reacciones que el informe CARS 21 suscitó en el marco de la consulta organizada en 2006. Indica la dirección hacia la cual la Comisión se propone orientar la futura política del automóvil. Las principales líneas de acción son las siguientes:

3.1.1

El CESE suscribe la propuesta de hacer extensiva en adelante la directiva marco relativa a la homologación de los vehículos de motor a todas las categorías de vehículos. El CESE destaca en particular el interés que reviste tal disposición para el marcado de piezas de recambio.

3.1.2

El CESE suscribe la voluntad expresada de simplificar e internacionalizar el marco reglamentario y expresa su deseo de que la voluntad de armonización no sea una prioridad absoluta que se anteponga a cualquier otra consideración.

3.1.3

El CESE, por tanto, no obstante considerar, como la Comisión, que desde el punto de vista de los principios cabe privilegiar los compromisos multilaterales, apoya a ésta plenamente cuando afirma que «es consciente de la necesidad de mantener la posibilidad de que la UE legisle independientemente del sistema de la CEPE cuando resulte necesario para alcanzar los objetivos de la UE en materia de salud y medio ambiente u otros objetivos estratégicos». Dado el carácter potencialmente crítico de tales disposiciones en materia de comercio internacional y acceso a los mercados, tal reserva merece efectivamente mantenerse, para que los industriales europeos puedan disponer de los medios de reaccionar frente a disposiciones que puedan adoptarse en otras regiones del mundo y obstaculizar su competitividad.

3.2.1

El CESE se congratula de la calidad de las medidas adoptadas y previstas para hacer los transportes por carretera sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En la línea de los compromisos de la Comisión, que destaca su voluntad de analizar «cuidadosamente las repercusiones de las futuras iniciativas legislativas sobre el empleo y la competitividad», el CESE advierte a la Comisión de la necesidad de dejar a los industriales el tiempo de poner a punto las tecnologías necesarias para hacer frente a estas exigencias más estrictas sin que se traduzcan en un encarecimiento importante de los productos y, en último término, en una disminución del ritmo de renovación de los parques de vehículos. Esta cuestión, cuya importancia se destacaba en el informe CARS 21, parece ser objeto de consideración algo más marginal en la Comunicación de la Comisión.

3.2.2

En la misma perspectiva, el CESE toma nota con interés de la voluntad de la Comisión de prestar en el futuro mayor atención al comportamiento real de los vehículos en materia de emisiones (punto 8) y lamenta que la Comisión no saque las consecuencias de esta apertura en materia de control, mantenimiento y reparación de los vehículos.

3.2.3

El CESE destaca que el planteamiento integrado defendido por la Comisión se traduce en una focalización sobre las emisiones contaminantes, y especialmente las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos que se vendan en Europa en los próximos años. De hecho, la Comisión sólo está interesada en las soluciones tecnológicas (biocombustibles, hidrógeno, vehículos y sistemas de transporte inteligentes) o económicas (inclusión posible del sector del transporte por carretera) que se propone promover. El CESE lamenta que la Comisión no explore suficientemente las potencialidades que brinda un planteamiento «holístico» más atento al lugar del automóvil y de los transportes por carretera en las sociedades europeas.

3.2.4

El CESE destaca al respecto que el informe CARS 21 se preocupaba explícitamente, por ejemplo, de la velocidad de renovación de los parques de vehículos y la presentaba como una variable clave. En él se hacía hincapié igualmente en la importancia de los atascos. El CESE desea que estas pistas de fomento de automóviles más respetuosos del medio ambiente se examinen, junto con otras — como la promoción de nuevas formas de acceso al automóvil — en el mismo plano que las soluciones tecnológicas.

3.2.5

El CESE subraya que merecen estimularse la oferta y la demanda de vehículos menos contaminantes. Por tanto, es conveniente que la Comisión se esfuerce en idear incentivos fiscales coordinados, técnicamente neutros y lo más armonizados posible en favor de determinados vehículos y carburantes, por ejemplo en función de las emisiones de CO2, lo que contribuiría a reducir el volumen de CO2 emitido por los vehículos y repercutiría directamente en los consumidores y la demanda.

3.3.1

El CESE suscribe el enfoque global de las cuestiones de seguridad vial defendido por la Comisión, basado en «la interacción entre las mejoras en la tecnología de los vehículos, la infraestructura viaria, el comportamiento de los conductores y la aplicación de la normativa».

3.3.2

Las mismas cuestiones que las que se plantean en relación con el tratamiento de la cuestión medioambiental vuelven a plantearse en este contexto. Así, por ejemplo, uno de los conceptos clave del informe CARS 21 que permitía poner de manifiesto que a veces deberían hacerse arbitrajes en detrimento del impacto medioambiental de los vehículos y de la seguridad era el de «at a price affordable to the consumer» (a un precio asequible para el consumidor). En la Comunicación no se reproduce tal concepto.

3.3.3

Así pues, en lo relativo a la seguridad en las carreteras, en la Comunicación de la Comisión la lista de las propuestas es la siguiente (2):

3.3.4

El CESE, preocupado por conseguir que estas propuestas se traduzcan en una subida razonable del precio de los nuevos vehículos, recomienda un enfoque más claramente centrado en los precios de los vehículos y en su impacto sobre la velocidad de renovación de los parques de vehículos y — en consecuencia — sobre la seguridad viaria. El CESE llama la atención sobre el retraso que sufre la segunda fase del proyecto de directiva relativa a la protección de los peatones, lo que supone que se acorta el plazo necesario para su aplicación por los fabricantes y complica la planificación de las medidas necesarias. El CESE señala, además, que es necesario aclarar con rapidez el calendario de aplicación de la directiva y los detalles de las exigencias que deberán respetar los fabricantes. El CESE exhorta a la Comisión a considerar que la seguridad viaria implica también que los consumidores velen por el mantenimiento del parque de vehículos aunque este sea antiguo. El CESE recomienda una evaluación y una clasificación de las medidas previstas en función de la relación coste/ventajas resultante de cada una de ellas cuando se compare lo que cuestan al usuario con los efectos que puedan tener en el número de accidentes y sus consecuencias desde el punto de vista de la morbilidad o de las secuelas para los usuarios de la carretera. En la misma perspectiva, el CESE pide a la Comisión que no considere únicamente las tecnologías a bordo de los vehículos, sino que también integre más explícitamente el conjunto de las disposiciones con las que se puede actuar en los comportamientos de los usuarios de la carretera (educación, prevención, señalización, etc.). En este contexto, el CESE subraya que en adelante convendrá prestar particular atención a los efectos que en estas cuestiones tendrán la evolución demográfica y el hecho de que conductores de edad avanzada o muy avanzada constituyen una parte creciente de los usuarios de los automóviles y de las carreteras.

3.3.5

En la misma perspectiva y de acuerdo con lo que el informe CARS 21 defendía, el CESE destaca la importancia de los incentivos fiscales destinados a favorecer la demanda de vehículos más seguros. Merecen estimularse la oferta y la demanda de vehículos más seguros.

3.8.1

El CESE se felicita de que la Comisión Europea se proponga en adelante la «mejora de la legislación» con el objetivo de «promover una interacción coherente entre los diferentes ámbitos políticos, garantizar la previsibilidad y proteger los intereses públicos (por ejemplo, el medio ambiente y la seguridad), a la vez que pretende reducir las cargas reglamentarias que pesan sobre la industria». El CESE se congratula de la voluntad manifestada de desarrollar un enfoque global y de integrar a la vez las distintas dimensiones del desarrollo de la industria y de su competitividad y las diferentes partes interesadas.

3.8.2

En cuanto a los ámbitos social e industrial, tal como se abordan en las primeras páginas del informe, el CESE, al igual que la Comisión, desea interrelacionarlos, habida cuenta de que el empleo está directamente vinculado a la competitividad de, por una parte, la industria europea y, por otra, los distintos lugares de implantación. Desde este punto de vista, el CESE se adhiere globalmente al análisis propuesto de la situación de la industria en Europa.

3.8.3

El CESE se felicita de que la Comisión considere que «parece probable que el montaje [de] los vehículos destinados al mercado europeo se realice principalmente en Europa», pero también estima, al igual que la Comisión, que eso no es probablemente sinónimo de estabilidad del empleo.

3.8.4

El CESE pide a la Comisión que propicie el diálogo entre agentes sociales, con el fin de que se puedan anticipar y gestionar los movimientos de deslocalización y relocalización del empleo dentro de la Unión y fuera de ella, tal como se describen en el informe CARS 21. En la misma perspectiva, el CESE exhorta a la Comisión a iniciar una reflexión sobre las consecuencias que la evolución del sector tiene para los subcontratistas de nivel 2 y niveles ulteriores y cuya posición es particularmente frágil a raíz de las evoluciones en curso.

3.8.5

En la misma perspectiva, los dispositivos de ayuda previstos en la Comunicación y la idea de organizar un foro sobre la reestructuración en la industria del automóvil, «para poder abordar mejor los retos, anticipar mejor los cambios y adaptarse a ellos», merecen pleno apoyo del CESE. El CESE pide a la Comisión que aproveche la ocasión que se le brinda para que el conjunto del sector y, en particular, los protagonistas de los sectores siguientes de la cadena sean tenidos en cuenta en tales trabajos y se les incluya en los dispositivos de ayuda que pudieran acompañarlos. Tales iniciativas, en efecto, se adoptan dentro de un sistema de concertaciones o de reflexiones estratégicas conjuntas dentro del sector, que los distintos protagonistas necesitan. El CESE subraya que está en condiciones de desempeñar en tales trabajos y debates un papel principal haciendo lo necesario para que, en particular, en ellos esté representado de modo más claro el conjunto de los interlocutores sociales y — más ampliamente — de las partes interesadas.

3.8.6

Por ejemplo, las necesidades de formación son más fuertes y están a menudo peor cubiertas en las PYME o en las microempresas, y estos protagonistas del sector merecen beneficiarse también de los Fondos Estructurales y de otros instrumentos de apoyo a las reestructuraciones.

3.8.7

La Comisión concluye su Comunicación considerando que:

«existe una oportunidad única de crear una cultura distinta de elaboración de normas de política industrial . La Comisión cree que principios como la calidad de la legislación, la simplificación, las evaluaciones de impacto, las consultas a los interesados, los plazos y la elección de instrumentos deben ser parte central de la elaboración de propuestas legislativas».

3.8.8

El CESE se suma a este planteamiento y desea por medio del presente dictamen ayudar a la Comisión a aplicarlo plenamente. A tal fin llama la atención de la Comisión sobre el carácter a veces parcial del enfoque desarrollado. Más concretamente, los consumidores y los protagonistas de los sectores siguientes de la cadena no parecen haber tenido en el debate — aunque no se les haya olvidado — un índice de representación muy elevado, a juzgar por los análisis desarrollados en el informe CARS 21 y las conclusiones que de ellos extrae la Comisión. El resultado es un tratamiento del automóvil en general y de las cuestiones de medio ambiente y seguridad que el CESE considera insuficientemente «holístico»: hace pensar en una representación de la industria demasiado centrada en el producto y las tecnologías e insuficientemente integradora de la cuestión de los parques y usos del automóvil.

3.8.9

El CESE, por consiguiente, considera que en el balance que habrá de efectuarse en 2009 se deberá tener en cuenta el presente dictamen e integrarse en él de mejor manera que en el informe el punto de vista de los sectores siguientes de la cadena y de los usuarios. Será necesario a tal fin mantener abierta «la consulta de las partes interesadas» y organizarla mejor, para que el sector del automóvil que se considere no sea únicamente el de los fabricantes y para que, cumplida esta condición, las «evaluaciones de impacto» puedan preverse sobre nuevas bases. En cuanto a los estudios de impacto, sería conveniente mejorar su calidad. Han de ser objetivos y neutrales e inscribirse en un planteamiento global, basado en datos reales y verificados. No es razonable que un servicio de la Comisión responsable de emitir un dictamen político sobre una problemática determinada elabore él mismo el análisis de impacto sobre dicha cuestión. El CESE suscribe la propuesta consistente en crear un comité de análisis de impacto y pide a la Comisión que convoque a las partes interesadas que de buena gana fueron olvidadas por los «arquitectos» privados del sector del automóvil que se pretende reglamentar.

15.1.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/21

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1.1

El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente y apoya los objetivos y las medidas propuestas por la Comisión Europea. La eficiencia energética es el primer ámbito de acción, y el más importante, para lograr los objetivos previstos en el marco del plan de acción europeo en el ámbito de la energía. Estos objetivos consisten en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de luchar contra el calentamiento anormal del planeta, reducir la dependencia energética frente al extranjero y defender la competitividad de la Unión Europea, manteniendo el acceso a la energía a precios razonables.

1.2

El Comité opina que este objetivo es realista, en particular a la luz del reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC), y considera necesario hacer todo lo posible por reducir el consumo energético y realizar ahorros de energía superiores al 20 %, lo cual es técnicamente factible. Para lograr este objetivo, deberá acompañarse de planes nacionales diferentes, en función de las condiciones financieras y tecnológicas de partida, que permitan garantizar un reparto equitativo de los objetivos entre los Estados miembros, según el potencial de cada uno. Convendrá, asimismo, fijar objetivos intermedios, por ejemplo para 2012 y 2016, con el fin de poder reforzar las medidas en caso de que se observen divergencias significativas.

1.3

El Comité considera oportuno sugerir a la Comisión la apertura de un debate específico sobre los «estilos de vida» y lo que se entiende por «calidad de vida». El Comité pregunta a la Comisión si considera que es realista mantener en el futuro, para las próximas generaciones, el mismo estilo de vida, con un aumento cada vez mayor tanto del consumo como de las emisiones. Concienciarnos de que eso no es posible implica un reto que sólo podemos superar con una acción decidida, valiente y a su debido tiempo. Se trata también de admitir que el ahorro de energía, en caso de estar asociado a un aumento inmediato del poder adquisitivo de la población, no debe servir para financiar un consumo posterior por el efecto «rebote».

1.4

El Comité propone añadir una acción prioritaria suplementaria: elaborar redes de distritos de calefacción y refrigeración, que permitirían evitar una pérdida del 33 % debida a la transformación de la energía primaria.

1.5

El Comité recomienda que se adopten acciones prioritarias positivas, que favorezcan la aparición y el desarrollo de nuevas profesiones vinculadas al sector de la eficiencia energética, la difusión de nuevos servicios integrados para la energía, la valorización de la I+D, el desarrollo del reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que también brindan numerosas oportunidades de empleo, así como la promoción de acciones en materia de responsabilidad social de las empresas. Es de suma importancia que se incentive la elaboración de estudios de energética en el ámbito de la educación superior y universitaria.

1.6

La realización de las 75 iniciativas previstas en el plan de acción, así como el control y la evaluación de la eficacia del conjunto de los instrumentos propuestos, hacen necesario reforzar el personal de la Comisión que se encargue de llevar a cabo estas actividades. El Comité recomienda realizar un análisis preciso de las necesidades y adaptar consiguientemente los recursos humanos y financieros.

1.7

El Comité considera necesario reforzar la capacidad de la Unión para hablar con una sola voz en sus relaciones internacionales en lo que se refiere a la eficiencia energética. A tal fin, recomienda que la Comisión examine si es necesario modificar los Tratados para disponer de una representación común exterior más fuerte, sin menoscabar la autonomía de los Estados miembros a la hora de optar por la combinación energética más adaptada a sus exigencias.

1.8

Por lo que se refiere a las políticas fiscales destinadas a apoyar las inversiones que permitirán realizar los objetivos contenidos en el plan de acción, el Comité recomienda que tengan en cuenta las capas sociales más débiles, los desempleados, los jubilados y los trabajadores. Estos grupos sociales deberán ser protegidos, tanto en el caso de las «tasas energéticas» como de los incentivos fiscales.

1.9

El Comité lamenta la insuficiente coordinación entre las políticas de transporte y energía, que responden a una lógica y a problemáticas técnicas e industriales necesariamente complementarias, junto a las políticas medioambiental e industrial, y teme que, a falta de esta coordinación, el documento de la Comisión pierda gran parte de su eficacia potencial.

1.10

La vivienda constituye el ámbito de intervención más importante. Los ahorros que se pueden realizar en este campo son muy importantes, siempre y cuando se traten con claridad determinados aspectos fundamentales, como la drástica reducción de las cargas fiscales aplicables a las intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la suspensión de las cargas administrativas (licencias, permisos) y la mejora de los conocimientos y de la formación de los operadores, recurriendo, en particular, al apoyo público. Las viviendas que reciban un certificado energético deberían poder beneficiarse de un tratamiento fiscal privilegiado o, a falta de ingresos imponibles del propietario, se les debería conceder una prima energética para la compra de electricidad. Se deberían prever tarifas preferentes aplicables hasta un determinado nivel de consumo anual. Es necesario ofrecer a todos los trabajadores del sector de la construcción formación encaminada a alcanzar unos niveles mucho más elevados de eficiencia energética en esta actividad y establecer nuevos incentivos a tal fin.

1.11

El Comité considera que la financiación de las inversiones necesarias debería repartirse entre los sectores público y privado. Vistos los ejemplos positivos de algunos Estados miembros, se podría generalizar la creación de fondos específicos, constituidos por una pequeña parte de los beneficios realizados por las empresas de ese sector, evitando, sin embargo, que ello se traduzca en un aumento de las tarifas aplicadas a los consumidores finales o en una disminución de las ingentes inversiones necesarias en el ámbito de la producción.

1.12

El Comité considera imprescindible que participen en este enorme desafío la sociedad civil y las organizaciones patronales, sindicales y medioambientales. Teniendo en cuenta que los usuarios finales son los principales consumidores de energía, sólo se podrán lograr resultados apreciables si se adoptan comportamientos colectivos y si se amplían la toma de conciencia y la información. La vivienda, los medios de transporte privados y las actividades laborales requieren la participación directa de los ciudadanos. Es fundamental impartir una educación que fomente un «consumo energético responsable», desde los primeros años de la escolaridad. Toda la sociedad debe comprometerse y sumarse a este esfuerzo, que también representa y debe convertirse para todos en el símbolo de una nueva civilización. Cada ciudadano europeo debe sentirse partícipe de este esfuerzo por ahorrar energía, que permitirá a las futuras generaciones disfrutar de los recursos naturales que hoy en día se encuentran gravemente amenazados por la contaminación y el consiguiente cambio climático.

1.13

El Comité destaca los efectos positivos obtenidos por la industria de los aparatos electrodomésticos gracias al etiquetado. Demuestran la eficacia de este método los ahorros, que pueden alcanzar hasta un 70 % para los frigoríficos y un 60 % para las lavadoras. El Comité pide que el ejemplo del diseño ecológico se extienda al sector de los edificios públicos, la vivienda, el transporte colectivo y privado; es decir, a todos los sectores caracterizados por una tasa de consumo energético muy elevada (más del 70 % del consumo total).

1.14

El Comité recomienda que se preste una gran atención a la ineficiencia en los ámbitos de la producción, la transmisión y la distribución de la energía. Más de un tercio de la energía se pierde, lo que representa 480 Mtep. Con la transmisión de corriente continua y alta tensión, las pérdidas se reducen de más del 10 % al 3 % por cada 1 000 km de red. Además, la transmisión en corriente continua presenta ventajas en términos de exposición de la población a campos eléctricos y magnéticos, y elimina la emisión de ondas electromagnéticas extremadamente bajas (ELF: Extremely Low Frequency), generadas por el transporte en corriente alterna.

1.15

Dados los excelentes resultados que se están obteniendo actualmente en el campo de la energía solar termodinámica, el Comité pide a la Comisión y al Consejo que fomenten y apoyen el desarrollo de esta tecnología.

1.16

El Comité se adhiere al objetivo de la Comisión de reforzar el desarrollo de las instalaciones de cogeneración, aunque considera que es necesario acelerar la aprobación de normas únicas para evaluar la eficacia de estas instalaciones. El Comité considera que sería útil invertir en programas de desarrollo de la trigeneración, que también pueden alimentarse gracias a la biomasa. Convendría favorecer las instalaciones de microgeneración (Directiva 2004/8/CE — Unidades con una potencia instalada inferior a los 50 kWe), permitiéndoles participar en los programas de fomento del ahorro de energía y protección del medio ambiente, e integrándolas en mayor medida en las redes nacionales, en el marco del desarrollo de la producción distribuida. Es necesario, sin embargo, apoyar a las empresas para que puedan sufragar los costes suplementarios que implica este sistema para adaptar las actuales redes de transmisión.

1.17

Los mercados del gas y la electricidad aún no se han liberalizado completamente. Es necesario conseguir que las empresas que gestionan los monopolios técnicos se disocien jurídicamente de las que ejercen sus actividades en régimen de libre competencia.

1.18

El Comité estima interesante que se utilicen contadores electrónicos, que permiten emplear un sistema de telegestión de la distribución de energía y optimizar la gestión de las cargas en las redes. Dichos contadores se consideran instrumentos idóneos conformes con los requisitos previstos por las directivas europeas en materia de eficiencia energética.

1.19

El sector de los transportes ha dedicado muchos esfuerzos a la reducción del consumo y de las emisiones contaminantes. Sin embargo, el continuo aumento de las emisiones de CO2, debido, en particular, al desarrollo del transporte privado, aunque también de cualquier otro tipo de transporte, requiere realizar un esfuerzo aún más importante (entre 1990 y 2004, las emisiones provocadas por el transporte por carretera aumentaron en un 26 %). La Comisión está procediendo a una cuidadosa evaluación del impacto de la definición por la vía reglamentaria de las modalidades para alcanzar el objetivo de 120 g de CO2/km. El Comité recomienda que se tomen todas las medidas necesarias para lograr este objetivo, siempre y cuando dichas medidas sean razonables y viables, desde el punto de vista técnico y de la producción.

1.20

El Comité considera oportuno señalar que con la sustitución masiva de combustibles fósiles por biocarburantes se corre el riesgo de que en la asignación de los terrenos fértiles tengan que competir la producción de combustible y la de productos alimenticios, lo que provocaría un aumento del precio de estos últimos, que se alinearían sobre el precio de los productos energéticos, cuyo precio depende, a su vez, del de los combustibles fósiles. Ello significaría crear una competencia entre la población desfavorecida de los países del sur que pasa hambre y los automovilistas del norte del planeta (1).

1.21

El Comité apoya sin reservas los incentivos y las estrategias financieras y fiscales propuestas por la Comisión; aprecia, en particular, la participación del BEI y del BERD, así como los esfuerzos de sensibilización del sistema bancario europeo para incitarle a prestar el apoyo financiero necesario para realizar los planes energéticos nacionales. El Comité desea que se organice una conferencia europea dedicada específicamente a la financiación de la eficiencia energética, al objeto de sensibilizar a las partes interesadas y promover la participación del sistema bancario europeo en la realización de un gran proyecto de modernización de la economía europea.

1.22

El Comité respalda la creación de un «Pacto entre alcaldes», pero considera que reunir solamente a las veinte primeras ciudades europeas es un objetivo muy modesto. El objetivo debería ser mucho más ambicioso y convendría valorizar en mayor medida las experiencias locales. La creación de un portal Internet específico o de otras formas de comunicación dedicadas al intercambio de experiencias entre las grandes, medianas y pequeñas ciudades de la Unión, en las que se concentra más del 80 % de la población europea, podría constituir un instrumento muy útil para poner en contacto a los responsables de las administraciones locales encargados de las políticas de transporte urbano con los responsables de las actividades de proximidad, que tienen repercusiones inmediatas en la opinión pública.

1.23

El Comité lamenta que el plan de acción no tenga en cuenta el importante papel que pueden desempeñar los interlocutores sociales y el diálogo social en todos los niveles, con el fin de evaluar, promover y desarrollar políticas de ahorro de energía. El Comité espera que la Comisión se esfuerce por impulsar la inclusión de los temas de sostenibilidad medioambiental en las estructuras existentes de diálogo social en los distintos niveles y, en particular, en los niveles sectoriales y en los comités de empresa europeos. Además, las organizaciones sindicales pueden desempeñar un papel fundamental en el ámbito del conocimiento y la toma de conciencia, tanto a nivel europeo como nacional, contribuyendo así a difundir las buenas prácticas.

1.24

Es importante que el tema del ahorro de energía se asocie a las buenas prácticas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y, en particular, de las multinacionales, lo que requiere un diálogo social reforzado para tratar todas las cuestiones vinculadas a la eficiencia energética.

1.25

La Comisión hace especial hincapié en la dimensión internacional de la cuestión de la mejora de la intensidad energética. El Comité es favorable a las propuestas de asociación y a la elaboración de un acuerdo marco internacional. En el marco de la conferencia internacional sobre la eficiencia energética, el Comité recomienda que se aproveche la oportunidad para hacer participar a los países incluidos en los programas ACP, Euromed y PEV. Para afrontar el reto del desarrollo sostenible, la cooperación internacional se hace imprescindible; convendría intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar antes de 2009 un nuevo protocolo internacional post-Kioto aprovechando que este año se inaugura una conferencia en Bali.

2.1

La Comisión elaboró la Comunicación titulada Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial en respuesta al mandato otorgado por el Consejo Europeo en la primavera de 2006, que había aprobado las indicaciones contenidas en el Libro Verde Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura.

2.2

Resumiendo, el objetivo de las propuestas presentadas en la Comunicación es conseguir de aquí a 2020 un ahorro de energía de más del 20 % respecto a los niveles de consumo previstos, partiendo de una tasa de crecimiento dada del PIB y en ausencia de otras intervenciones. Si se consigue llevar a cabo el plan de acción, habría que ahorrar hasta 390 Mtep al año, y las emisiones de CO2 deberían reducirse en 780 Mt/año. En términos de consumo absoluto, las medidas propuestas deberían garantizar una contracción del consumo del 1 % al año, frente a un aumento del PIB del 2,3 % lo que, a falta de otras intervenciones, correspondería a un crecimiento anual del consumo del 0,5 %. Las inversiones necesarias se deberían compensar con ahorros en combustible por un valor de unos 100 000 millones de euros al año.

2.3

A raíz del debate suscitado por el «Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos», se elaboró una serie de propuestas que constituyen un «paquete» complejo y articulado de la Comunicación objeto de examen, que consta de 75 medidas en todos los ámbitos en los que se podrían realizar ahorros. Los ámbitos en los que es preciso intervenir con prioridad son los del sector de la construcción y el transporte, que son los que consumen la mayor parte de los productos petrolíferos, aunque es preciso conceder la misma importancia al ahorro que se pueda realizar en la producción, el transporte y la transformación de la energía, así como en la industria.

2.4

El plan elaborado por la Comisión prevé, por una parte, una serie de acciones que habrán de realizarse inmediatamente y, por otra, medidas que deberán ponerse en marcha gradualmente, en un plazo de seis años. Se ha previsto ya que para alcanzar el objetivo del 20 % de ahorro para 2020 será necesario elaborar otro plan de acción.

2.5

El examen del potencial de ahorro pone de manifiesto unos resultados potenciales interesantes en los sectores de usos finales, partiendo del 25 % que podría lograrse en la industria manufacturera, en particular en el ámbito de los equipos periféricos (motores, ventiladores y alumbrado); pasando por el 26 % que se podría alcanzar en el sector del transporte, potenciando la comodalidad y el cambio a otros modos de transporte, de acuerdo con la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte, para llegar al 27 % en el sector de la vivienda, gracias, por ejemplo, al aislamiento de paredes y tejados, al alumbrado y a la mayor eficiencia energética de los electrodomésticos; mientras que para los edificios comerciales el ahorro podría alcanzar un 30 %, gracias a la mejora global de los sistemas de gestión de la energía.

2.6

Se espera que la combinación de los cambios estructurales, los efectos de las políticas anteriores y la adopción de nuevas tecnologías permita obtener mejoras en la intensidad energética equivalentes al 1,8 % al año (470 Mtep/año), lo que significa que si se alcanza el 20 % esperado con las nuevas medidas propuestas, que en el período 2005-2020 representa un 1,5 % al año (390 Mtep/año), la reducción energética global debería poder alcanzar un 3,3 % al año. Con un crecimiento esperado del PIB del 2,3 % al año se lograría, pues, un ahorro global de energía del 1 % al año.

2.7

El plan de acción permitirá obtener beneficios en el ámbito de la protección del medio ambiente, la reducción de la importación de combustibles fósiles — con la consiguiente disminución de nuestra dependencia con respecto a terceros países — y la mejora de la rentabilidad y competitividad de la industria europea, en particular mediante la innovación tecnológica, que se verá estimulada por los procesos inducidos, lo cual repercutirá positivamente en el empleo.

2.8

El plan está estructurado en torno a diez acciones prioritarias y urgentes, pero la Comisión pide a los Estados miembros, a los entes locales y regionales y a todas las partes interesadas que adopten nuevas medidas para obtener un resultado aún mayor. Las medidas previstas tienen un carácter sectorial y horizontal.

2.9

Se destaca, en particular, la necesidad de fijar unos requisitos dinámicos de eficiencia energética para diferentes productos y servicios, de promover, en el sector de la transformación de la energía, una mayor eficiencia de la capacidad, tanto actual como futura, una reducción drástica de las pérdidas en las fases de transporte y distribución y, por último, de adoptar en el sector del transporte un enfoque integrado dirigido a todas las partes interesadas.

2.10

El plan estratégico de tecnologías energéticas, que debería adoptarse en 2007, aportará nuevas contribuciones a la mejora de la eficiencia energética.

2.11

Convendrá prestar una gran atención a la fijación de unos precios que contribuyan a aumentar la sensibilización. Por otra parte, es imprescindible prever unos instrumentos de financiación adecuados en todos los niveles y para todas las políticas de estímulo, incluidas las políticas fiscales, tanto para los productores como para los consumidores.

2.12

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el desafío de la eficiencia energética se plantea a nivel mundial, por lo que son imprescindibles acuerdos y asociaciones internacionales.

2.13

La aplicación rigurosa de las directivas y los reglamentos vigentes, como la reciente Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, la Directiva sobre etiquetado y sus ocho directivas de desarrollo, la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre diseño ecológico y el Reglamento Energy Star, contribuirá al logro de los objetivos esperados.

2.14.1

Etiquetado de aparatos y equipos y normas mínimas de eficiencia energética. Actualización de la Directiva marco 92/75/CE mediante la introducción de normas nuevas y dinámicas para los aparatos electrodomésticos. Se prestará una atención especial a la reducción del consumo en modo de espera. Se empezará con catorce categorías de productos. El objetivo consiste en que para 2010 la mayoría de los productos que consumen una parte importante de la energía cumplan las normas mínimas contenidas en la Directiva sobre diseño ecológico o en los sistemas de evaluación del etiquetado.

2.14.2

Establecer requisitos de eficiencia y construir edificios de muy bajo consumo de energía («viviendas pasivas»). Extensión del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (actualmente prevista para los edificios de una superficie superior a 1 000 m2) y preparación para 2009 de una nueva Directiva con requisitos mínimos de eficiencia a escala de la UE respecto a edificios nuevos y reformados (kWh/m2). Se estudiarán estrategias específicas con el sector de la vivienda para los edificios de muy bajo consumo de energía.

2.14.3

Aumentar la eficiencia de la generación y distribución de electricidad. El sector de la transformación de energía utiliza aproximadamente una tercera parte de toda la energía primaria, lo que sitúa la eficiencia de la transformación en torno al 40 %. Con la nueva capacidad de generación se puede alcanzar una eficiencia del 60 %. Pueden reducirse considerablemente las pérdidas en el transporte y la distribución, que giran en torno al 10 %. Se fijarán requisitos mínimos de eficiencia para las nuevas capacidades de generación de electricidad, calefacción y refrigeración inferiores a 20 MW. Se esperan progresos respecto a la aplicación de la Directiva relativa al fomento de la cogeneración (2004/8/CE). Por último, se establecerán requisitos y normas mínimas de eficiencia para la calefacción urbana.

2.14.4

Consumo eficiente del combustible de los vehículos. Para reducir las emisiones de CO2, la Comisión propondrá en 2007, si resulta necesario, normas dirigidas a garantizar el logro de la meta de 120 g CO2/km para 2012. Se está examinando, en particular, el recurso a instrumentos fiscales en relación con la emisión de CO2. Los neumáticos también podrán contribuir a aumentar la eficiencia energética (que puede alcanzar hasta un 5 %), ya sea mediante normas sobre la resistencia a la rodadura o a través de sistemas para controlar que el hinchado sea correcto. Más adelante, la Comisión presentará un Libro Verde sobre el transporte urbano para fomentar el uso del transporte público y propondrá otras medidas para afrontar el problema de manera más radical, en particular en las zonas congestionadas.

2.14.5

Facilitar una financiación adecuada de las inversiones en eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas y empresas de servicios energéticos. La Comisión invitará al sector bancario a ofrecer fórmulas de financiación dirigidas específicamente al ahorro de energía. Para promover las ecoinnovaciones, se garantizará el acceso, en particular de las PYME, a los fondos comunitarios, como los fondos de inversión ecológicos y el Programa marco para la competitividad y la innovación.

2.14.6

Estimular la eficiencia energética en los nuevos Estados miembros. La Comisión solicitará que los fondos destinados a la política de cohesión se empleen en mayor medida para realizar importantes proyectos de eficiencia energética.

2.14.7

Uso coherente de los impuestos. Se ha previsto incluir consideraciones relativas a la eficiencia energética y a la protección del medio ambiente en el próximo Libro Verde sobre fiscalidad indirecta y en la revisión de la Directiva sobre imposición de la energía. También se examinará la oportunidad de emplear créditos fiscales para incitar a las empresas a producir aparatos electrodomésticos y equipos eficientes desde el punto de vista energético y a los consumidores a utilizar estos aparatos.

2.14.8

Sensibilización respecto a la eficiencia energética. Se facilitará el desarrollo de competencias y de la formación, junto a la elaboración de programas de información destinados a los responsables de la gestión energética en el sector industrial y en los servicios de utilidad pública. Se proporcionará material pedagógico adecuado a las escuelas.

2.14.9

Eficiencia energética en zonas urbanizadas. En 2007, la Comisión creará un «pacto entre alcaldes» que reunirá a los alcaldes de las veinte ciudades europeas más grandes y avanzadas en el ámbito de la eficiencia energética, con vistas a fomentar el intercambio de las mejores prácticas.

2.14.10

Impulsar la eficiencia energética en todo el mundo. El objetivo consiste en celebrar un acuerdo marco con los principales socios comerciales y con las organizaciones internacionales más importantes, al objeto de mejorar la eficiencia energética en los sectores de uso final y de transformación de la energía.

3.1

El plan de acción propuesto por la Comisión pretende abordar de manera coherente el conjunto de las iniciativas necesarias para lograr un objetivo ambicioso, como es conseguir de aquí a 2020 ahorrar un 20 % de la energía, y, en consecuencia, reducir las emisiones de CO2 en 780 Mt/año. El Comité opina que este objetivo es realista, aunque considera deseable, en particular, a la luz del reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC), hacer todo lo posible por reducir el consumo energético y realizar ahorros de energía superiores al 20 %, lo cual es técnicamente viable. Para poder lograrse este objetivo, deberá acompañarse de planes nacionales que permitan alcanzar juntos el resultado esperado — aunque sean diferentes con respecto a las condiciones financieras y tecnológicas de partida — a fin de garantizar un reparto equitativo de los objetivos entre los Estados miembros en función de su capacidad.

3.2

Convendrá, asimismo, fijar objetivos intermedios, por ejemplo para 2012 y 2016, con el fin de poder reforzar las medidas en caso de que se observen divergencias significativas. En cambio, la revisión de 2009 es demasiado cercana para aportar una evaluación ponderada. El Comité también recomienda prever una opción para un objetivo a largo plazo (2040/2050), a fin de seguir guardando presentes los objetivos de ahorro de energía. Dentro de unos años, se habrán quedado obsoletas las inversiones en el ámbito de la producción de energía basada en combustibles fósiles, que se calculan en miles de millones de euros. Es preciso sustituir estas instalaciones de la manera más eficaz y rápida posible. Se tratará de un reto extraordinario que contrarrestará la tendencia actual, por ejemplo, de los edificios de cristal de hasta 120 pisos, iluminados día y noche, o del consumo del territorio dedicado a las infraestructuras de transporte. Las autoridades deben reconocer cuanto antes el gran alcance del problema planteado por la sustitución de las fuentes energéticas.

3.3

La Comisión propone un plan que debería reducir el consumo de energía preservando, al mismo tiempo la calidad de vida. Sobre la base de este objetivo, se prevé para 2020, al tiempo que un crecimiento constante del PIB del 2,3 %, una reducción de la intensidad energética del 3,3 %, lo que supondría una reducción real del consumo energético del 1 % al año y una disminución absoluta del consumo del 14 % entre 2005 y 2020. El Comité considera oportuno sugerir a la Comisión la apertura de un debate específico sobre los «estilos de vida» y lo que se entiende por «calidad de vida». Algunos miden las expectativas de mejora de la calidad de la vida en función del número de aparatos electrodomésticos, teléfonos móviles o vehículos por persona de que se dispone, mientras que para otros está en función de las emisiones de CO2 y partículas finas, los atascos y el tiempo de desplazamiento, así como de la calidad del servicio público. Es evidente que en términos de eficiencia y ahorro de energía en sentido estricto, un cambio incluso muy limitado de los estilos de vida, en el sentido de tener más en cuenta el aspecto ecológico, permitirá acelerar el logro de los objetivos propuestos. El Comité pregunta a la Comisión si considera que es realista mantener en el futuro, para las próximas generaciones, el mismo estilo de vida, que implica un aumento cada vez mayor tanto del consumo como de las emisiones. De lo que se trata es de aceptar la idea de que el ahorro de energía no debe servir para financiar otros consumos, por el «efecto de rebote». En consecuencia, es preciso prever con tiempo suficiente la necesidad de reorganizar el sistema económico, fomentando la construcción de las infraestructuras adecuadas y proponiendo a las nuevas generaciones un sistema de valores adecuado, adoptando medidas como (2):

3.3.1

Es necesario compartir la responsabilidad respecto de la eficiencia energética a todos los niveles, asociando a los planes nacionales los planes territoriales y locales. Los entes territoriales deben participar en este gran desafío. El alcance y la importancia del plan constituyen un verdadero reto. Habrá que abandonar algunos aspectos del estilo de vida que van ligados al progreso en el siglo XX; el propio concepto de estética deberá incluir un juicio ético de aceptabilidad en términos de eficiencia energética, como ocurre ya con las pieles de animales raros o con las obras de marfil. De este modo un rascacielos recubierto de vidrio o un SUV (sports utility vehicle — vehículo de ocio todoterreno) deberá considerarse inaceptable. Un cambio tan profundo del sistema de valores dominante requiere también la colaboración de la industria privada, que debería aprovechar la ocasión para anticipar su reconversión en la dirección de la valorización de la eficiencia energética y así obtener ventajas a nivel global utilizando también estos nuevos valores en la publicidad, en vez de dar, como suele ocurrir, mensajes contradictorios exaltando el peso y la potencia inútil como símbolo de estatus.

3.4

El plan de acción define diez acciones prioritarias que se inscriben en cuatro ámbitos de intervención: la transformación, el transporte y el suministro de energía; las viviendas y los edificios comerciales y profesionales; el transporte y los usos industriales y agrarios. Estos ámbitos representan el 90 % del consumo. Se adoptarán otras iniciativas en el ámbito de los acuerdos internacionales, a fin de crear asociaciones con vistas a la definición de normas en el ámbito de la información, la formación y la comunicación, para desarrollar el mayor número posible de sinergias y responsabilizar a todas las partes interesadas.

3.5

El Comité propone añadir otra acción prioritaria al objeto de introducir medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles destinados a la calefacción y refrigeración, y señala que la propuesta no prevé la posibilidad de establecer redes de distritos de calefacción y refrigeración, que permitirían evitar una pérdida del 33 % debida a la transformación de la energía primaria. Se podría incluso duplicar este potencial recurriendo al uso de las energías renovables o al tratamiento de los residuos, lo que permitiría ahorrar hasta 50,7 Mtep al año. El Comité sugiere que paralelamente a las acciones prioritarias se pongan en marcha acciones prioritarias positivas que impulsen la aparición y el desarrollo de nuevas profesiones relacionadas con el sector de la eficiencia energética, la difusión de nuevos servicios integrados para la energía, la promoción de nuevos productos de escaso consumo energético y menos contaminantes, la valorización de la I+D, tanto nacional como europea, y que se aumenten sustancialmente los fondos asignados y se exploten todos los recursos tecnológicos disponibles. Otros ámbitos de intervención podrían ser el desarrollo del reciclaje y del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que también ofrecen numerosas oportunidades de empleo, y la promoción de acciones en materia de responsabilidad social de las empresas o de acuerdos voluntarios en las empresas, con la participación activa de los trabajadores, utilizando los procedimientos del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS).

3.6

En el documento de la Comisión se anuncian numerosas medidas legislativas, como la adopción de nuevas directivas y reglamentos, así como la revisión de los instrumentos existentes, al objeto de hacer más estrictas las normas vigentes (declaración de 7 de febrero de 2007 relativa al límite de las emisiones de CO2 en la industria automovilística). El Comité toma nota de las propuestas de la Comisión y de las decisiones del Consejo de primavera de marzo pasado, pero considera necesario destacar que, tras las ampliaciones de mayo de 2004 y enero de 2007, ha entrado en estos países un gran número de automóviles usados y que este flujo continúa, e incluso ha aumentado. El Comité considera que se necesitarán muchos años para sustituir todo el parque automovilístico de estos Estados miembros, y que no es realista pensar que esta sustitución pueda realizarse mediante una norma vinculante aplicable a los vehículos en circulación.

3.7

El documento no baraja la oportunidad de aumentar la responsabilidad y los poderes comunitarios para garantizar el logro de los objetivos y poder hablar con una sola voz ante los socios internacionales. El Comité valora positivamente el contenido del documento del Consejo Europeo y celebra la adopción de la Política Energética para Europa (PEE), que considera la política energética como una de las prioridades para el futuro de la Unión Europea y refuerza la cooperación y la política exterior de la Unión. El límite jurídico de los Tratados en vigor, que reservan a los Estados miembros las decisiones en materia de política energética, se ve en cierto modo rebasado por un verdadero desarrollo de los poderes de representación frente a terceros países, aunque el apartado 4 del artículo 174 reconoce una competencia compartida y un papel específico en materia de cooperación con las organizaciones internacionales. Es obvio que cuanto más estrecha sea la coordinación de las políticas, mayor será la capacidad de negociación de la Unión. El Comité desea que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión examinen, en su caso, la oportunidad de modificar los Tratados, en el sentido de asignar a la representación unitaria de la Unión frente a sus socios exteriores unos poderes más amplios que los que ahora puede ejercer.

3.8

La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia energética se refiere, además de a la estrategia basada en la generalización de los certificados blancos, a los planes de acción nacionales, que deberán ser objeto de una evaluación por los servicios de la Comisión. El mismo plan de acción prevé un desarrollo significativo de la actividad de la Comisión, tanto en materia de iniciativas legislativas y reglamentarias como para las actividades de verificación. El Comité considera que la experiencia realizada hasta ahora ha sido positiva, aunque se han observado lagunas en el desarrollo del mercado de los certificados blancos, debidas, en particular, a la falta de uniformidad de la reglamentación en los Estados miembros. Para las actividades vinculadas a la realización de los objetivos contenidos en la citada Directiva y, de manera más general, en aras de la eficacia del trabajo de la Comisión en este ámbito, es necesario aumentar los recursos humanos de la Comisión dedicados a estas tareas. La Comisión estima sus necesidades en aproximadamente veinte unidades. El Comité recomienda que se proceda a una evaluación rigurosa de los recursos necesarios y espera que se aumenten los actuales recursos humanos.

3.9

La aplicación de las disposiciones objeto de examen supondrá un ahorro y, por consiguiente, una disminución de los ingresos en concepto de IVA que podría tener repercusiones en el presupuesto comunitario, pero cuyo alcance será limitado gracias al desarrollo de nuevas actividades vinculadas a las políticas de eficiencia energética. El Comité pide a la Comisión que presente una evaluación en este sentido, dado que esta hipótesis no se ha tenido en cuenta en el análisis de impacto. El Comité considera que los actuales recursos de la Unión son claramente insuficientes para abarcar todos los programas comunitarios, que sufren constantes reducciones de su financiación respecto a proyectos de enorme interés, en particular con fines de ahorro de energía. La posible introducción de una «tasa energética» debería integrarse en una política fiscal que tenga en cuenta las capas de la población socialmente débiles sin repercutir negativamente en los actuales niveles de seguridad social y servicios públicos.

3.10

El plan de acción se resiente de las dificultades para lograr los objetivos previstos en el Libro Blanco del transporte. En la revisión intermedia, la Comisión reconoce que los obstáculos y la resistencia registrados hasta ahora no han permitido aprovechar plenamente el potencial de desarrollo del transporte ferroviario y marítimo, que representa un ahorro energético significativo. Este desarrollo debe considerarse como una prioridad absoluta, habida cuenta del tiempo que se necesita tanto para realizar las infraestructuras necesarias como para cambiar los hábitos de la población. Conviene dedicar mayor atención a la mejora del transporte de los trabajadores, que se encuentran actualmente fuertemente penalizados por una política orientada en mayor medida hacia las exigencias de un resultado económico inmediato que hacia la satisfacción de las necesidades de transporte colectivo, como en el caso de las inversiones dedicadas prioritariamente al sector de la gran velocidad. Facilitar los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo no sólo permite reducir el consumo sino que mejora sensiblemente la calidad de vida. Inevitablemente, la inversión pública necesaria para potenciar los modos de transporte colectivo ha tropezado con la crisis económica, que ha durado cinco años y ha repercutido en el presupuesto público de muchos Estados miembros. La no realización de las infraestructuras indispensables, la reducción de la financiación comunitaria de planes estratégicos como los corredores TEN (de 20 000 a 7 500 millones de euros) y las estrategias de los principales exponentes de la industria automovilística europea han contribuido a hacer inaplicable el plan de acción. El Comité está concluyendo la elaboración de un importante dictamen sobre el transporte en las áreas urbanas y metropolitanas, en el que se pone de manifiesto la progresiva reducción de la utilización del transporte público y se proponen soluciones para reducir la proporción del transporte privado (3). El Comité lamenta la insuficiente coordinación entre las políticas de transporte y energía, que responden a una lógica y a problemáticas técnicas e industriales necesariamente complementarias, junto a las políticas medioambiental e industrial, y teme que, a falta de esta coordinación, el documento de la Comisión pierda gran parte de su eficacia potencial.

3.11

Estas dificultades se reflejan en la elaboración de normas, en las comunicaciones y en las recomendaciones de la Comisión. Se observan en Bruselas las mismas dificultades que las que se plantean a nivel nacional, con el agravante de que el nivel europeo es el que debería coordinar las políticas nacionales (y no a la inversa).

3.12

La política energética europea debe ser sostenible para todas las capas sociales y no crear diferencias de trato para acceder a los servicios ofrecidos por las empresas de servicios energéticos a la hora de adquirir electrodomésticos más eficientes y de alquilar apartamentos. Esta política debe conducir a un saldo positivo en términos de empleo, lo que, desde luego, puede realizarse sin demora en el sector de la vivienda. Para todo tipo de acción dirigida a aumentar la eficiencia energética, las facilidades deberían centrarse en la conveniencia clara del usuario, de forma que el tiempo necesario para amortizar los riesgos resulte razonablemente breve y fácilmente calculable.

3.13

Su financiación no debe gravar exclusivamente al erario público. En efecto, dados los enormes beneficios que están realizando las industrias energéticas y eléctricas, se podría crear un fondo financiado con una pequeña parte de estos beneficios, algo que ya se ha experimentado en algunos Estados miembros. Convendrá cuidar, sin embargo, de que no se traduzca en un aumento de los precios aplicados a los consumidores finales y en la reducción de las inversiones estratégicas de las empresas. Obviamente deben tenerse en cuenta las ingentes inversiones que la industria manufacturera necesita realizar para satisfacer el crecimiento de la demanda a unos costes que son cada vez mayores, al contrario que para otros recursos fósiles, donde el precio va ligado a la evolución del precio del petróleo, aunque los costes de investigación sean mucho más bajos, al igual que en la industria de la distribución. Por consiguiente, para la contribución al fondo deberían tenerse en cuenta estas importantes diferencias de gastos que deben soportarse para fines de investigación. Se podría prever una diferenciación entre los diferentes Estados miembros, justificada por las diferentes legislaciones vigentes respecto de las obligaciones que se imponen a las industrias del sector de la energía de invertir en investigación sobre la eficiencia y de controlar el nivel de los precios. Podría ser una solución que permitiría a los pequeños propietarios sin recursos financieros aumentar la eficiencia energética de sus viviendas, poniendo en marcha un círculo virtuoso creador de empleo.

3.14

La aplicación de ventajas fiscales, que deberá utilizarse con la mayor prudencia, debe tener en cuenta a las capas más pobres de la población que, al no pagar impuestos, quedarían excluidas de las posibles disposiciones dirigidas a favorecer e incentivar una política energética eficiente, y se deberían conceder primas de eficiencia incluso a quienes no estén sometidos al régimen de impuestos directos debido a la escasez de su renta.

3.15

El Comité considera imprescindible que se organicen campañas de sensibilización a nivel europeo, nacional y territorial, centrándose quizá en un tema a la vez (por ejemplo, un mes en Europa se habla de las bombillas, otro del desarrollo del transporte público, el siguiente de unos sistemas de calefacción/refrigeración ecológicos y eficientes, etc.). Se podrían lanzar campañas de ideas y de propuestas, para seguir difundiendo entre los ciudadanos la toma de conciencia de esta exigencia imprescindible. Sólo podrán obtenerse resultados concretos si se consigue una sensibilización masiva. Para garantizar una gestión eficaz de las acciones previstas, serán esenciales el debate democrático, la participación de todos los representantes de las diferentes partes interesadas y el papel de los poderes públicos. Los Estados miembros que disponen de un mayor número de asesores técnicos en el ámbito de la eficiencia energética deberían contribuir a la formación de expertos en los demás países de la Unión, con el fin de garantizar una difusión homogénea de los conocimientos necesarios para el éxito del Plan. En los Estados miembros se debería fomentar estudios sobre energética en la educación superior o universitaria, favoreciendo la colaboración interregional. La Comisión podría desempeñar un papel eficaz de coordinación en este ámbito.

3.16

Se deberá dedicar la máxima atención al objetivo consistente en hallar el indispensable equilibrio entre la necesidad de realizar todas las mejoras necesarias y la capacidad del sistema económico y productivo para hacer frente a unos cambios demasiado bruscos. Existe el riesgo muy concreto de que, frente a unos costes demasiado elevados, las industrias que recurren de manera intensiva a la energía deslocalicen sus actividades hacia zonas menos «exigentes». La rapidez de los cambios debe guardar una estrecha relación con las posibilidades de adaptación y gestión de los costes. Deberán estudiarse medidas que permitan celebrar contratos a largo plazo que garanticen unos precios de la energía duraderos y estables, a cambio de compromisos en favor de inversiones en la innovación, la tecnología o las infraestructuras de producción, transporte y distribución. Estas inversiones deberían evaluarse atendiendo a criterios de eficiencia energética. El recurso a acuerdos voluntarios debe considerarse como algo positivo, aunque también requiere una capacidad real y oportuna de control por parte de los organismos regionales, además de la voluntad de sustituirlos por compromisos vinculantes cuando se demuestre su ineficacia.

3.17

Cuando se definan las acciones deberá tenerse en cuenta el contexto de un mercado cada vez más mundializado. El posible encarecimiento del precio de la energía podría plantear enormes problemas a los sectores con fuerte consumo energético, como el de la industria del aluminio o el cemento. Conviene tener presentes los objetivos de Lisboa y garantizar la competitividad de la Unión Europea, que debe poder contar con unos precios de la energía coherentes con el sistema económico global. Por otra parte, Europa no puede seguir soportando las constantes amenazas de deslocalización que siguen emanando de determinados sectores o empresas. Se debería penalizar a las empresas que deslocalizan con el único fin de aumentar sus beneficios, en la medida en que junto a los inevitables problemas sociales — a veces dramáticos — que provocan, y que repercuten en la colectividad, distorsionan el mercado interior falseando la competencia, al introducir en el mercado unos bienes producidos en otros países más tolerantes, en un entorno con normas menos estrictas.

4.1

Por obvias razones de fondo y de método, el Comité no tiene intención de analizar por separado cada una de las acciones propuestas (unas 75), pero considera necesario pronunciarse sobre las disposiciones más significativas y sobre las propuestas más importantes recogidas en el documento y en sus anexos. En el CESE se celebró una audiencia, cuyos participantes facilitaron posteriormente información útil, que favoreció la adquisición de conocimientos aportando una notable contribución a las reflexiones del Comité.

4.2

Como observación preliminar, se puede afirmar que las medidas adoptadas hasta la fecha en lo referente a los requisitos dinámicos de rendimiento energético para productos que utilizan energía, edificios y servicios energéticos han dado buenos resultados: los productores y consumidores se han mostrado muy interesados y dispuestos a ampliar la oferta y la demanda de nuevos productos cada vez más eficientes. Al percibirse inmediatamente el ahorro que puede realizarse y estar cada vez más difundidas la educación y la sensibilización medioambiental, se puede considerar que estas políticas son factibles inmediatamente y que gracias a ellas se pueden obtener los resultados esperados. El diseño ecológico es un factor de éxito y de satisfacción para el público en general, que presta una atención cada vez mayor al contenido de la oferta. Es necesario alentar a los productores, que, en parte, ya tienden a hacerlo, a valorizar la eficiencia energética y proporcionar a los consumidores instrucciones detalladas para que puedan utilizar eficazmente sus productos desde el punto de vista energético. Conviene, asimismo, tener en cuenta el modelo americano que ha concedido incentivos específicos a las empresas que practican el diseño ecológico, obteniendo resultados muy alentadores. El Comité considera que el apoyo al sistema de las empresas mediante créditos fiscales concedidos a las empresas que desarrollan y fabrican productos con alto contenido de eficiencia energética da resultados positivos, siempre y cuando este sistema se acompañe de una vigilancia eficaz y completa del mercado y de los productos, como se ha realizado en el sector mecánico. Esta acción de vigilancia debe interpretarse como una garantía para los productores «virtuosos» de que sus inversiones en eficiencia energética no se ven frustradas y debe recomendarse a los entes regionales a los que se confía dicha vigilancia.

4.2.1

Las normas de etiquetado constituyen un instrumento óptimo que conviene fomentar y aplicar al mayor número posible de productos, extendiéndolo cuanto antes a los sectores automovilístico y de la vivienda. El CESE aprueba la propuesta y anima a la Comisión a someter los catorce productos citados al régimen de requisitos mínimos de eficiencia energética, dedicando especial atención a los segmentos específicos de mercado, para evitar posibles distorsiones de la competencia provocadas por un nuevo régimen normativo. También se deben determinar otros productos de consumo final que deberán someterse a requisitos mínimos. El Comité aprueba plenamente la prioridad dada a la reducción del consumo en modo de espera y concede una gran importancia a esta medida, que podría contribuir a reducir el consumo en este modo hasta en un 70 %, gracias a la progresiva sustitución de los aparatos actuales. El Comité considera que el acuerdo «Energy Star» también debería prever para la UE la obligación de registro (que ya existe en los Estados Unidos) para las licitaciones relativas a los equipos ofimáticos y espera que la Comisión lidere con el ejemplo (4). Este acuerdo también debería negociarse con los grandes productores del Este de Asia, que representan actualmente una proporción considerable del mercado de productos electrónicos.

4.2.2

En lo referente a los aparatos electrodomésticos, la ausencia de procedimientos rápidos que permitan controlar la exactitud de las etiquetas e imponer sanciones en caso de violaciones podría penalizar gravemente a las empresas «virtuosas» que invierten en la eficiencia energética y permitir la introducción en el mercado de productos no conformes. En primer lugar, conviene fomentar la sustitución de los aparatos electrodomésticos más antiguos (se calcula que en Europa se utilizan 200 millones de aparatos adquiridos hace más de diez años), que es la medida que permitiría realizar un mayor ahorro, pero también hay que evitar que los electrodomésticos obsoletos e ineficientes desde el punto de vista energético se comercialicen en el mercado de los aparatos de ocasión en los países en vías de desarrollo. Conviene asimismo comprobar que las iniciativas destinadas a financiar la compra de electrodomésticos se reserven a los productos más eficientes desde el punto de vista energético.

4.2.2.1

Cabe destacar a este respecto que la industria del sector de los electrodomésticos, a la vez que renuncia a aplicar el código voluntario de autorregulación, declara que se necesitan medidas obligatorias para regular el mercado. La ausencia de sanciones contra los productores e importadores poco escrupulosos, que atribuyen la clase «A» a productos que no se ajustan a las normas de ahorro energético, ha facilitado la difusión en el mercado de «falsos» electrodomésticos de bajo consumo. Las limitaciones denunciadas por las empresas europeas, que reclaman una «norma», incitan a reflexionar sobre la eficacia de los acuerdos voluntarios.

4.2.3

El ahorro que se podría lograr en el sector de la vivienda es muy significativo: actualmente ya se dispone del material, los métodos de construcción y las alternativas a los sistemas tradicionales de calefacción, como las calderas de condensación, que permiten ahorrar entre un 6 y un 11 % de combustible, al reutilizar el calor latente que normalmente se dispersa. El consumo debido al uso de la climatización podría reducirse instalando protecciones contra la luz solar en el exterior de los edificios, ya que las protecciones situadas en el interior velan la luz pero retienen gran parte de la energía térmica. Es preciso, en primer lugar, fomentar el desarrollo de las llamadas «viviendas pasivas» (edificios de muy bajo consumo de energía). Forman parte de esta categoría las viviendas cuyo consumo anual no rebasa los 15 kWh/m2 (invierno y verano) por lo que se refiere al consumo básico para la refrigeración y calefacción. También conviene indicar el consumo total (suficiencia) y el límite del consumo primario en el que se incluye todo (alumbrado y electrodomésticos, incluido el secado de ropa, teniendo en cuenta que secar 1 kg de ropa puede consumir una cantidad de energía equivalente a 3-4 veces la que se necesita para un ciclo de lavado). Si consideramos que con estos dispositivos se consigue pasar de una media anual de consumo de 180 kWh/m2 a cerca de 15 kWh/m2, podemos ahorrar (eficiencia + suficiencia) hasta un 90 % de energía. (Cabe citar a modo de ejemplo el pueblo PH Wiesbaden 1997 con 22 viviendas, cuyo consumo medio al año es de 13,4 kWh/m2, o el de Kronsberg 1998, con 32 viviendas pasivas y un consumo medio anual de 14,9 kWh/m2). Convendría fomentar la apertura de un mercado europeo con este tipo de productos, con el fin de favorecer un amplio acceso a estas tecnologías a precios razonables.

4.2.4

El Comité considera oportuno recordar la necesidad de realizar inversiones públicas para garantizar la eficiencia energética en los edificios sociales y públicos, recurriendo, en particular, a fuentes de energía renovables, especialmente en los nuevos Estados miembros, que disponen de un potencial significativo en el ámbito del ahorro de energía. Paralelamente a los programas de armonización reglamentaria y desarrollo de la formación de técnicos especializados, el Comité pide que una parte de los Fondos Estructurales se asigne a este objetivo y que se pida la contribución de las instituciones financieras europeas para apoyar las inversiones en el ámbito de la modernización energética de los edificios.

4.2.4.1

Las viviendas pasivas propiamente dichas requieren determinadas características de construcción (excelente aislamiento de las paredes y los suelos, conductos de precirculación del aire entrante situados bajo la vivienda), por lo que resulta complicado y costoso efectuar una adaptación completa de las viviendas existentes a esta norma. Esto significa que debería dedicarse el máximo esfuerzo a adaptar a las normas de viviendas pasivas el mayor número posible de construcciones nuevas y, en particular, de edificios públicos, para los cuales estas normas deberían hacerse progresivamente obligatorias. En paralelo, cuando se realicen obras de restauración o mantenimiento de edificios privados, que también se apoyarían mediante fondos de rotación a muy bajo interés, es muy importante que se adopten las soluciones eficaces desde el punto de vista del consumo energético de las viviendas pasivas. Hay que tener en cuenta que los edificios existentes constituirán la mayor parte de los que estén ocupados en 2020. En lo referente a las viviendas alquiladas, convendrá resolver la cuestión de la conveniencia económica para los propietarios de invertir masivamente en dispositivos para ahorrar energía, cuyos beneficios directos tienden a recaer en los inquilinos.

4.2.4.2

En su evaluación de impacto (SEC(2006) 1175), la Comisión calcula que si se modifica la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios, reduciendo la superficie (1 000 m2) a la que se aplican los requisitos mínimos (y reforzando estos requisitos para los edificios públicos), y se generaliza el sistema de los certificados de eficiencia energética (certificados blancos), se podría conseguir un ahorro de 140 Mtep. El CESE manifiesta cierta perplejidad respecto a la posibilidad de alcanzar este objetivo a corto plazo (5). El Comité considera que los Estados miembros deben dotarse de unos instrumentos uniformes para medir el impacto de la reglamentación (por ejemplo, la calidad del aislamiento térmico) y que se les debe obligar a adoptar unas medidas eficaces de control (véanse, por ejemplo, las diferencias entre la situación en Francia, donde se realizan pocos controles, y en la Región de Flandes, en Bélgica, donde los controles son, en cambio, muy estrictos). A este respecto, el Consejo y el Parlamento deberían determinar si existen las bases jurídicas para autorizar a la Comisión a elaborar un Reglamento que pueda sustituir a la propuesta de nueva Directiva, suprimiendo simplemente la Directiva 2002/91 después de 2009.

4.2.4.3

Una tesis publicada recientemente (6) pone de manifiesto que:

4.2.4.4

Se puede deducir de este análisis que un dispositivo de aislamiento de un grosor incluso importante (superior a 16 cm como mínimo) permite realizar ahorros que justifican en todos los casos la inversión realizada para alcanzar el objetivo de las viviendas pasivas, en particular si se comparan con los edificios tradicionales. Desde el punto de vista operativo, todo indica que el aislamiento es prioritario con respecto a las otras intervenciones, mientras que un análisis global de las intervenciones permite optimizar el valor actual neto (VAN) de la inversión.

4.2.5

En lo referente a los certificados blancos, la experiencia positiva, aunque limitada, de los países en los que se han adoptado tropieza con el retraso en la innovación industrial propio de algunos países de la Unión. En efecto, para disponer de un sistema eficaz de certificados de eficiencia energética, es necesario fijarse unos objetivos realistas con respecto al potencial técnico y económico, disponer de un amplio abanico de opciones de realización (sectores, proyectos, agentes, costes), garantizar el funcionamiento del mercado (estructura de la demanda y la oferta, condiciones ligadas al contexto), disponer de normas claras, transparentes, sencillas y no discriminatorias (condiciones de acceso al mercado, normas del mercado), y, por último, prever unas sanciones creíbles. ¿Existen unas condiciones de estas características en el mercado europeo potencial de los certificados de eficiencia energética? Su posible difusión debe realizarse, sin embargo, con la prudencia necesaria.

4.3

Las pérdidas registradas en la fase de transformación equivalen al consumo primario total de energía en las viviendas y la industria (33 %, que corresponde a más de 580 Mtep). El Comité considera, por tanto, que la fase de transformación debe ser un ámbito de intervención prioritaria. También constituyen un factor importante las pérdidas que se registran en las fases de transporte en grandes distancias. Un sector en el que el margen para el desarrollo es seguro es el de las líneas modernas de transporte de corriente continua y alta tensión, con las que sólo se pierde alrededor del 3 % de la potencia por cada 1 000 km de red. Esta tecnología permite, además de realizar un ahorro significativo, eliminar los efectos electromagnéticos causados por el transporte en corriente alterna, como las emisiones de ondas electromagnéticas extremadamente bajas (ELF: Extremely Low Frequency), generadas por el transporte en corriente alterna. Con las tecnologías actuales, este tipo de transmisión a larga distancia (empleado desde hace décadas en Suecia y los Estados Unidos, y en proceso de instauración en todo el mundo) ya resulta rentable, mientras que para distancias cortas es necesario tener en cuenta el coste aún elevado de las instalaciones de conversión a baja tensión alterna para una utilización local. Debería alentarse un esfuerzo para reducir estos costes mediante proyectos específicos de investigación (7).

4.3.1

Otro ámbito de intervención es el apoyo de la tecnología solar termodinámica, que podría realizarse en colaboración con los países Euromed, que disponen de amplias superficies desérticas con una insolación fuerte y constante. En un reciente informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente de la República Federal de Alemania se pone de manifiesto el carácter estratégico de esta tecnología, desarrollada por el Premio Nobel italiano Carlo Rubbia, y que se está experimentando actualmente en Granada. La empresa ENEL, en colaboración con Enea (Ente Nazionale per le Energie Alternative-Organismo nacional para la energía alternativa), ha puesto en marcha un proyecto que permite, por primera vez en el mundo, integrar un ciclo combinado de gas en una instalación de energía solar termodinámica. Gracias a una tecnología innovadora y exclusiva elaborada por Enea, Archimede produce permanentemente energía eléctrica a partir de los rayos del sol. Se trata de un proyecto que pone de relieve también otras características únicas en el mundo, tanto que explota cinco nuevas patentes como, por ejemplo, los fluidos fundidos, líquidos que calentados emiten calor que produce energía. Mientras que los utilizados hasta ahora sólo podían calentarse hasta los 300 grados, los del proyecto Archimede pueden alcanzar hasta los 550 grados (la misma temperatura del vapor fósil), lo que permite la integración con las centrales tradicionales, contribuyendo, por tanto, a garantizar la estabilidad del sistema energético.

4.3.2

El Comité recomienda a las instituciones europeas que adopten un fuerte compromiso en esta dirección y adopten medidas específicas de apoyo al desarrollo de la energía solar termodinámica.

4.3.3

La cogeneración de calor y electricidad, ya sea a través de la utilización del calor residual restante de la producción de electricidad para la calefacción, como de la utilización de la producción de electricidad a partir del calor residual (por ejemplo, en los hornos industriales) permitiría aumentar considerablemente la eficiencia de los combustibles, que pasaría de un 35 % a un 70 %. Conviene tener en cuenta los costes suplementarios inducidos por la producción distribuida y la distribución activa para los gestores de la red, fomentando las inversiones necesarias sin perder de vista las diferentes condiciones de partida de los Estados miembros. El Comité aprueba la voluntad de la Comisión de desarrollar instalaciones de cogeneración de alto rendimiento, a pesar de que la normalización de los métodos de cálculo se haya aplazado a 2010 y que no siempre sea posible comprobar si las garantías de origen expedidas responden a las normas mínimas. El Comité se pregunta si no se podrían acortar los plazos para conseguir una armonización de los métodos de cálculo que permita desarrollar el mercado interior de las instalaciones de cogeneración, actualmente obstaculizado por la diversidad de normativas vigentes en los diversos países. Actualmente, cada Estado tiene la posibilidad de adoptar sus propios métodos de cálculo para evaluar la eficacia de las instalaciones y su admisión en el régimen comunitario, que debería corresponderse con lo dispuesto en la Directiva. En la práctica, sin embargo, la realidad es diferente y las instalaciones obtienen resultados muy dispares dependiendo de los métodos de cálculo que se les aplican en los diferentes países. La armonización también es un instrumento eficaz para luchar contra el fraude. Convendría reforzar el compromiso de la Unión, teniendo en cuenta que los resultados del primer control realizado el 21 de febrero de 2007 no se ajustan a los objetivos estratégicos, como se desprende de los documentos de evaluación presentados por los Estados miembros sobre los progresos realizados en materia de desarrollo de la cogeneración, con el fin de aumentar la proporción de electricidad producida con este método.

4.3.4

El Comité pide a la Comisión y al Consejo que se comprometan en mayor medida en apoyo de los programas de «trigeneración» que utilizan el calor residual, incluso con fines de refrigeración. Los coeficientes de resultado (COP) de estos equipos, es decir, la relación entre la energía frigorífica de salida y la energía térmica de entrada, son particularmente significativos. Si se compara con el COP de 2,0 de las instalaciones tradicionales, el de las instalaciones de trigeneración es de 0,7-1,3, en función del calor utilizado (8). Ya se comercializan regeneradores que utilizan residuos de la madera y pueden funcionar con productos derivados de la transformación de la fruta (huesos y cáscaras) y de productos agrícolas (orujos, tallos de maíz), con residuos de las serrerías y el trabajo de la madera, escamondaduras, descortezamiento, cáscaras de café, residuos de palma, residuos industriales y envases dañados. Con 100 kg de estos residuos se pueden obtener 70 kW de potencia eléctrica continua (80 kW de potencia de pico) y 130 kW de calor y enfriamiento. Una tonelada de residuos de madera de un coste de 70 euros puede sustituir a 160 litros de gasóleo cuyo coste es de 175 euros.

4.3.5

El Comité señala la oportunidad de emprender una campaña y adoptar medidas para limitar el uso de materiales en el embalaje de productos, que, además, deberían ser reciclables. El consumo de energía para fabricarlos y después para eliminarlos es muy alto, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos embalajes no es biodegradable y constituye una causa grave de contaminación.

4.4.1

Actualmente, el mercado de la energía no está aprovechando al máximo su potencial de eficiencia y se necesita una mayor transparencia respecto de la eficacia real de las centrales y las pérdidas de las redes de transmisión. Los mercados del gas y la electricidad no se han liberalizado completamente. En algunos casos, la falta de transparencia sobre la formación de los precios y el propio proceso de liberalización constituye un obstáculo a una verdadera política de eficiencia energética. A este respecto, convendría reforzar el concepto de separación jurídica entre las empresas que gestionan monopolios técnicos y las que desempeñan una actividad en el marco de un régimen de libre competencia, prevista por las directivas relativas a la liberalización del mercado interior de la electricidad y el gas (Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE), para compararlo con el concepto más estricto de la disociación de la propiedad.

4.4.2

La política de precios en este sector debería fomentar el ahorro de energía y la eficiencia energética — en particular, de los combustibles fósiles — e impulsar el recurso a las fuentes de energía renovables. Debería dedicarse una atención especial a los consumidores pertenecientes a los estratos sociales más desfavorecidos, con arreglo al principio de la garantía de energía necesaria para el consumo básico, manteniendo, no obstante, su interés económico en el ahorro energético: por ejemplo, podría resultar interesante que se garantizaran tarifas sociales para los menos pudientes, pero sólo hasta una fecha límite de consumo, o que se ayudara económicamente a las familias.

4.4.3

Una experiencia interesante para fomentar el ahorro de energía es la utilización de contadores electrónicos, que permiten emplear un sistema de telegestión de la distribución de energía y optimizar la gestión de las cargas en las redes. Según la empresa ENEL, que proporcionó gratuitamente contadores electrónicos a sus 30 millones de clientes, la racionalización del impuesto sobre el consumo de energía, en particular mediante la adopción de una política tarifaria específica, permite maximizar la explotación de la producción, en particular durante las horas de menor demanda. El contador electrónico contribuye a sensibilizar al usuario final y favorece una utilización más racional de los recursos. Este sistema se considera un instrumento de eficiencia energética, de conformidad con las Directivas sobre los «Servicios energéticos» y la «Seguridad de abastecimiento».

4.4.4

El modelo de producción de electricidad «distribuida» (es decir, repartida entre numerosos productores, incluso muy pequeños) plantea una serie de problemas nuevos respecto a las modalidades de funcionamiento de las redes de media y baja tensión, que se crearon para una utilización exclusivamente unidireccional. Se requieren inversiones considerables para renovar las redes y adaptarse a las nuevas modalidades de producción. Es cierto que la producción descentralizada causa pérdidas menores en la fase de transmisión, pero las inversiones necesarias son muy elevadas y, además, los territorios oponen mucha resistencia a la hora de acoger también centrales pequeñas.

4.5

El sector de los transportes ha realizado grandes esfuerzos por reducir el consumo y las emisiones contaminantes, pero se le debe pedir un esfuerzo suplementario, dado que se trata del sector que registra el mayor crecimiento del consumo y es una de las principales fuentes de producción de gases de efecto invernadero (entre 1990 y 2004, las emisiones de CO2 debidas al transporte por carretera aumentaron en un 26 %). La dependencia respecto a terceros países para el combustible destinado al transporte (constituido por un 98 % de combustibles fósiles) aumenta la responsabilidad de la industria europea de este sector, obligada a contribuir a la eficiencia energética, a la reducción de las emisiones y a la disminución de las importaciones de productos derivados del petróleo y del gas.

4.5.1

La reciente decisión de la Comisión de definir por vía legislativa la consecución del objetivo de 120 g de CO2/km, el etiquetado de los neumáticos en función de límites máximos específicos de resistencia a la rodadura, la modificación de los requisitos aplicables a los combustibles, así como la introducción de mezclas de combustibles con fuerte contenido en etanol, biocarburantes, combustibles con escaso contenido de carbono y gasóleo con muy bajo contenido en azufre, constituyen claras señales dirigidas al mercado. Durante la década 2011-2020, los proveedores europeos deberán reducir en un 10 % las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por sus combustibles durante las fases de refinado, transporte y utilización, lo que permitirá realizar un ahorro de 500 millones de toneladas de emisiones de CO2. Estas decisiones se tomaron porque entre 1995 y 2004 las emisiones sólo se redujeron en un 12,4 % (pasando de 186 a 163 g CO2/km), y porque, paralelamente, se registró un aumento sensible de la potencia media de los vehículos, para los cuales resulta más difícil reducir las emisiones nocivas. Esta incongruencia nos hace plantearnos la conveniencia de aumentar los impuestos sobre los automóviles de lujo que no sean eficientes desde el punto de vista energético, como se ha hecho en algunos Estados miembros. La Comisión estima que el efecto sobre las emisiones de CO2 en 2020 será de 400 millones de toneladas suplementarias.

La ACEA (Asociación Europea de Productores de Automóviles) ha solicitado que el plazo se prorrogue de 2012 a, como mínimo, 2015, y que participen todas las partes interesadas, siguiendo las recomendaciones del Grupo de alto nivel «Cars 21». En opinión de los fabricantes europeos, si estas medidas no se acompañan de una planificación a largo plazo para adaptar los modelos, conllevarán unos costes que las empresas europeas no serán capaces de sufragar.

4.5.2

El Comité considera oportuno señalar que con la sustitución masiva de combustibles fósiles por biocarburantes se corre el riesgo de que en la asignación de los terrenos fértiles tengan que competir la producción de combustible y la de productos alimenticios, lo que provocaría un aumento del precio de estos últimos, que se alinearían sobre el precio de los productos energéticos, cuyo precio depende, a su vez, del de los combustibles fósiles. Ello significaría crear una competencia entre la población desfavorecida de los países del sur que pasa hambre y los automovilistas del norte del planeta (9). Se plantea objetivamente un problema ético, como es la utilización de recursos agrarios para producir combustible en los países del norte del planeta, cuando estos recursos podrían salvar millones de vidas en el hemisferio sur subdesarrollado. La producción total de maíz del Estado de Iowa podría destinarse a la producción de etanol. Si se piensa que para llenar el depósito de un todoterreno de 25 galones, lo que equivale a 94,5 litros, se consume la ración alimentaria anual de una persona, la cuestión se vuelve tangible y requiere una respuesta. El Comité está elaborando un dictamen específico sobre esta cuestión (10).

4.5.3

El Comité observa que, por una parte, la Comisión fomenta la celebración de acuerdos voluntarios pero que, por otra, anuncia la adopción de medidas obligatorias. La propia Comisión reconoce que la autorregulación desempeña un papel fundamental, ya que permite alcanzar los objetivos más rápidamente y de manera más económica que las obligaciones legales, y que los acuerdos voluntarios pueden presentar ventajas con respecto a la reglamentación. Permiten realizar progresos rápidamente, debido a su aplicación rápida y poco costosa. Permiten adaptarse con flexibilidad y coherencia a las opciones tecnológicas y las orientaciones del mercado. El Comité pide a la Comisión que examine cuidadosamente las causas de los escasos progresos realizados en materia de limitación de las emisiones de CO2 por la industria automovilística europea, que, sin embargo, ocupa el primer puesto en términos de inversiones en investigación y desarrollo. El Comité concuerda con la Comisión en que una normativa vinculante no siempre permite desarrollar plenamente el potencial de investigación y progresar hacia las soluciones que deben adoptarse.

4.5.4

El sector de la construcción desempeña un papel crucial en conseguir la eficiencia energética, tanto cuando se construyen edificios nuevos como cuando se adaptan los ya existentes. Sin embargo, en algunos países este sector ha tardado mucho en adaptarse a métodos más perfeccionados y se ha mostrado renuente a la imposición de normas más estrictas. Es necesario realizar un enorme esfuerzo para «reeducar» a todas las partes interesadas del sector acerca de la necesidad y la viabilidad de unas normas más estrictas y convencerlas de la necesidad de liderar en todo momento la defensa de unas mejores normas en materia de eficiencia energética, en lugar de resistirse a los cambios. Es preciso ofrecer a los diseñadores, los gestores y los artesanos de los distintos gremios de la construcción una formación adecuada sobre los posibles logros en materia de eficiencia energética, así como nuevos incentivos para conseguir tal objetivo.

4.6

El Comité apoya sin reservas los incentivos y las estrategias financieras y fiscales propuestas por la Comisión; aprecia, en particular, la participación del BEI y del BERD, así como los esfuerzos de sensibilización del sistema bancario europeo para incitarle a prestar el apoyo financiero necesario para realizar los planes energéticos nacionales. Reviste especial importancia a este respecto la eliminación definitiva de los obstáculos que siguen poniendo trabas a la seguridad jurídica de las empresas que proporcionan soluciones para mejorar la eficiencia energética (denominadas «empresas de servicios energéticos» (ESCO)).

4.6.1

El Comité desea que se organice una conferencia europea dedicada específicamente a la financiación de la eficiencia energética, al objeto de sensibilizar a las partes interesadas y promover la participación del sistema bancario europeo en la realización de un gran proyecto de modernización de la economía europea. Los bancos podrían participar en una especie de «desafío del milenio», que recompensaría a los que hubieran adoptado las mejores soluciones para financiar la eficiencia energética.

4.7

A juicio del Comité, es fundamental la acción de sensibilización de la opinión pública que podrían desempeñar las autoridades nacionales y locales, las empresas manufactureras y las sociedades proveedoras de energía. Conviene destacar el papel de los entes regionales en su calidad de informadores «imparciales» al servicio del público. Conviene dar una amplia publicidad a los resultados positivos obtenidos por las iniciativas realizadas en el ámbito del ahorro de energía. La publicidad debería resaltar como elemento esencial de los productos sus cualidades de eficiencia energética y respeto del medio ambiente, al objeto de favorecer una evolución positiva del concepto de «símbolo de estatus social», que hoy día se asocia con demasiada frecuencia y explícitamente con productos ineficientes desde el punto de vista del consumo energético con respecto a su utilización real. El Comité respalda la creación de un «Pacto entre alcaldes», pero considera que reunir solamente a las veinte primeras ciudades europeas es un objetivo muy modesto. El objetivo debería ser mucho más ambicioso y convendría valorizar en mayor medida las experiencias locales. La creación de un portal Internet dedicado al intercambio de experiencias entre las grandes, medianas y pequeñas ciudades de la Unión, en las que se concentra más del 80 % de la población europea, podría constituir un instrumento muy útil para poner en contacto a los responsables de las administraciones locales encargados de las políticas de transporte urbano con los responsables de las actividades de proximidad, que tienen repercusiones inmediatas en la opinión pública. La expedición de un certificado de «Municipio de gran eficiencia energética» (el primero se otorgó al pequeño municipio italiano de Varese Ligure) imprime, sin lugar a dudas, un fuerte impulso a la adopción a nivel local de políticas de mejora de la eficiencia energética. Por otra parte, la Comisión podría organizar una «competición de eficiencia energética» entre las escuelas europeas, que recompensaría a la escuela que propusiera las soluciones que mejor combinan ahorro y calidad y obtuviera los mejores resultados.

4.7.1

El Comité lamenta que el plan de acción no tenga en cuenta el importante papel que pueden desempeñar los interlocutores sociales y el diálogo social en todos los niveles, con el fin de evaluar, promover y desarrollar políticas de ahorro de energía El Comité espera que la Comisión se esfuerce por impulsar la inclusión de los temas de sostenibilidad medioambiental en las estructuras existentes de diálogo social en los distintos niveles y, en particular, en los niveles sectoriales y en los comités de empresa europeos. Un enfoque centrado en el puesto de trabajo, que mejore la calidad de la información, la consulta y la participación de los trabajadores, podría convertirse en una fuente muy importante de ahorro de energía; cabe pensar, por ejemplo, en los procesos productivos y las nuevas tecnologías industriales, los problemas de movilidad de los trabajadores, el reciclaje y el teletrabajo, por no citar más que los más importantes. Por todas estas razones, es absolutamente fundamental que los representantes de los trabajadores estén asociados a las estrategias de eficiencia energética. Una de las posibilidades que podrían examinar los interlocutores sociales es la de los acuerdos colectivos por los que se distribuye a los trabajadores una parte de los ahorros realizados por la empresa, sobre la base de una verdadera asociación. Además, las organizaciones sindicales pueden desempeñar un papel fundamental en el ámbito del conocimiento y la toma de conciencia, tanto a nivel europeo como nacional, contribuyendo así a difundir las buenas prácticas.

4.7.2

Es importante que el tema del ahorro de energía se asocie a las buenas prácticas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y, en particular, de las multinacionales, lo que requiere un diálogo social reforzado para tratar todas las cuestiones vinculadas a la eficiencia energética, con el fin de contribuir a la definición de una estrategia europea dirigida a limitar el consumo de carbón, teniendo en cuenta todos sus efectos nocivos para la salud, como las partículas finas, cuya existencia ya constituye un asunto urgente en muchas ciudades europeas. La difusión de buenas prácticas como, por ejemplo, la exclusión del carbón de las impresoras u otras iniciativas, contribuye a concienciar a los ciudadanos y a que tengan un talante positivo con respecto a las políticas sostenibles.

4.8

La Comisión hace especial hincapié en la dimensión internacional de la cuestión de la mejora de la intensidad energética. El Comité es favorable a las propuestas de asociación y a la elaboración de un acuerdo marco internacional. En el contexto de la anunciada conferencia internacional sobre la eficiencia energética, el Comité recomienda que se aproveche la oportunidad para hacer participar a los países incluidos en los programas ACP, Euromed y PEV. Para afrontar el reto del desarrollo sostenible, la cooperación internacional resulta imprescindible: convendrá intensificar los esfuerzos diplomáticos por lograr antes de 2009 un nuevo protocolo internacional post-Kyoto con motivo de la conferencia que se inaugurará este año en Bali.

4.9

La industria europea, que está desarrollando importantes tecnologías dirigidas al ahorro de energía, puede ayudar considerablemente a los demás países, a través de colaboraciones industriales, a mejorar la calidad de la producción de electricidad y el consumo energético y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a reducir globalmente el consumo.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/35

1.1

La Comisión debe establecer unos criterios de diseño para los distintos tipos de aeropuertos a fin de garantizar que son prácticos y funcionales, al tiempo que se justifican desde un punto de vista comercial al recuperarse los costes mediante tasas aeroportuarias.

1.2

El Estado debería pagar la seguridad en los aeropuertos, ya que se trata de un problema de seguridad nacional.

1.3

Es preciso fomentar la construcción de aeropuertos regionales y su funcionamiento. Los aeropuertos regionales desempeñan un papel vital para la economía de las regiones. Además, alivian la congestión en los aeropuertos principales y suelen representar una valiosa ayuda en las operaciones de búsqueda y salvamento.

1.4

Los aeropuertos han de considerarse un bien público básico que no tienen por qué ganar dinero y que, en función de las circunstancias, pueden llegar a necesitar ayuda económica. Las ayudas son muy comunes en el transporte público.

1.5

La Comisión debería establecer unos criterios de diseño para los procesadores aeroportuarios (por ejemplo, para la facturación y la búsqueda de pasajeros) y tener en cuenta la repercusión de los cambios normativos en la dinámica de estos importantes procesadores, así como el consiguiente impacto en el nivel de recursos y en los costes de los operadores, para seguir cumpliendo los acuerdos sobre los niveles de servicio y, en particular, los criterios para los plazos de vuelta (turn around time) de las líneas aéreas.

1.6

La Comisión debe reconocer el peso que tienen las tasas necesarias para garantizar el cumplimiento en los aeropuertos más pequeños, donde es posible que el volumen de pasajeros no asegure el rendimiento comercial.

1.7

Los aeropuertos deben, como mínimo, cumplir los requisitos normativos específicos. Dados los costes que supone el cumplimiento de las normas, no siempre es posible acceder a las presiones de las aerolíneas de bajo coste, que piden un menor nivel de servicios y, por consiguiente, menos cargas aeroportuarias. Por lo tanto, los aeropuertos deberían tener la posibilidad de reflejar y repercutir los costes aeroportuarios en su estructura tarifaria independientemente del servicio requerido por la aerolínea.

1.8

La concesión de cuantiosas subvenciones estatales a los aeropuertos puede falsear la competencia.

1.9

Además, hay que ofrecer unas instalaciones adecuadas para la actividad de carga.

1.10

Es necesario instaurar la seguridad biométrica para permitir una rápida facturación de los pasajeros habituales. En caso necesario, podría ser un servicio de pago.

1.11

Los aeropuertos deberán garantizar que, de conformidad con la legislación europea en vigor, las instalaciones y los servicios disponibles estén adaptados a las necesidades particulares de los pasajeros discapacitados o enfermos.

2.1

La principal tarea y actividad comercial de los aeropuertos es hacerse cargo de las aeronaves desde el aterrizaje hasta el despegue, así como de la carga y los pasajeros, con objeto de permitir a las compañías aéreas prestar sus servicios de transporte aéreo. Con este fin, los aeropuertos ofrecen una serie de instalaciones y servicios relacionados con la explotación de las aeronaves y el tratamiento de los pasajeros y la carga, cuyos costes deben recuperar normalmente mediante tasas aeroportuarias.

2.2

Es necesario establecer un marco común que regule las características esenciales de las tasas aeroportuarias y el método de fijarlas, ya que, a falta de dicho marco, pueden no respetarse los requisitos básicos de la relación entre las entidades gestoras y los prestadores de servicios de los aeropuertos (es decir, líneas aéreas, personal de tramitación y otros prestadores de servicios).

2.3

La Directiva sometida a examen debería aplicarse a los aeropuertos situados en territorio comunitario que registren un tráfico superior a un millón de pasajeros por año.

2.4

Las tasas aeroportuarias deben ser no discriminatorias. Este principio es aplicable a los servicios y a los proveedores.

2.5

Conviene establecer en cada Estado miembro una autoridad reguladora independiente con el fin de garantizar la imparcialidad de sus decisiones y la aplicación correcta y eficaz de la Directiva. Es esencial que los usuarios de los aeropuertos obtengan periódicamente de la entidad gestora información transparente sobre el método y la base de cálculo de las tasas aeroportuarias.

2.6

Los aeropuertos deben informar a los prestadores de servicios sobre sus principales proyectos de infraestructura, ya que éstos tienen un impacto significativo en el nivel de las tasas aeroportuarias.

2.7

Debido a la aparición de compañías aéreas que prestan servicios aéreos de bajo coste, debería permitirse a los aeropuertos en que operan estas compañías aplicar tasas que se correspondan con la infraestructura o los niveles de servicio proporcionados, ya que las compañías aéreas tienen interés legítimo en pedir a los aeropuertos servicios acordes con la relación calidad/precio. No obstante, el acceso a un menor nivel de infraestructura o de servicios debe ofrecerse sobre una base no discriminatoria a todas las compañías aéreas que lo soliciten.

2.8

Habida cuenta de que los métodos para fijar y percibir los importes necesarios para sufragar los costes de seguridad varían en la Comunidad, es necesario armonizar la base de tarificación de estos costes en los aeropuertos comunitarios en que los costes de seguridad se reflejan en las tasas aeroportuarias.

2.9

Los prestadores de servicios de los aeropuertos deben tener derecho a un nivel mínimo de servicio como contraprestación por las tasas que pagan. Para garantizar este derecho, el nivel de servicio debe ser objeto de un acuerdo, celebrado sobre una base periódica, entre la entidad gestora del aeropuerto y la asociación o asociaciones que representen a los prestadores de servicios en el aeropuerto.

2.10

Dado que los objetivos de la acción prevista no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros, pueden lograrse mejor, debido a su dimensión o a sus efectos, a nivel comunitario.

2.11

Los Estados miembros velarán por que la entidad gestora consulte con los prestadores de servicios del aeropuerto antes de la finalización de los planes relativos a nuevos proyectos de infraestructura.

2.12

Para garantizar el funcionamiento correcto y eficiente de un aeropuerto, los Estados miembros velarán por que la entidad gestora y la asociación o asociaciones que representen a los prestadores de servicios del aeropuerto en el mismo celebren negociaciones con objeto de llegar a un acuerdo sobre el nivel del servicio, por lo que se refiere a la calidad del servicio prestado en la terminal o terminales del aeropuerto. Este acuerdo se celebrará, al menos, una vez cada dos años y se notificará a la autoridad reguladora independiente de cada Estado miembro.

2.13

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir a la entidad gestora del aeropuerto modificar la calidad y el alcance de determinados servicios, terminales o partes de terminales, con el fin de ofrecer servicios adaptados o una terminal o parte de una terminal especializada. El nivel de las tasas aeroportuarias podrá variar en función de la calidad y el ámbito de dichos servicios.

2.14

Los Estados miembros nombrarán o establecerán un organismo independiente como autoridad reguladora nacional independiente para garantizar la correcta aplicación de las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en la Directiva sometida a examen.

2.15

Los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora independiente velando por que sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier entidad gestora y compañía aérea.

3.1

Hay que valorar positivamente la intención de la Comisión de establecer unas normas y criterios básicos para la gestión y administración de los aeropuertos comunitarios.

3.2

La claridad y transparencia de las tasas que establecen los aeropuertos es importante porque se trata, en numerosos casos, de monopolios.

3.3

Si se persigue la igualdad de condiciones para todas las compañías, es necesario examinar la asignación de terminales de aeronaves de una manera racional y no discriminatoria. No hacer uso de unas vacantes valiosas de aparcamiento en la terminal durante un largo período de tiempo debería conllevar la pérdida de estos derechos.

3.4

El continuo incumplimiento de sus vacantes de estacionamiento de las aeronaves por parte de las líneas aéreas y los retrasos regulares, que con el tiempo puede perturbar gravemente el tráfico aeroportuario, deberían atajarse mediante multas y sanciones.

3.5

Hay que eliminar los «derechos de antigüedad» en los principales aeropuertos y subastar estas franjas horarias cada cierto número de años.

3.6

Todos los aeropuertos de la UE deberán usar, en la medida de lo posible, la misma fórmula para aplicar, entre otras, las tasas de aterrizaje y aparcamiento. Las tasas de aterrizaje deben reflejar siempre el valor de las franjas horarias más solicitadas para incentivar una utilización más uniforme de las instalaciones aeroportuarias.

3.7

Para agilizar el tráfico e incrementar su capacidad, hay que fomentar la instalación en los aeropuertos de los equipos más modernos de navegación. Las pistas deberían perseguir el objetivo de un vuelo o un despegue por pista cada treinta y cinco segundos. De esta manera, si se mejora la eficacia de las pistas se reducirán los plazos de espera durante los periodos de tráfico más denso y, por lo tanto, la medida repercutirá de manera positiva en las emisiones.

3.8

Los reguladores aeronáuticos nacionales deben someterse a controles y auditorías de la Comisión para garantizar que cumplen sus obligaciones de manera rigurosa e imparcial.

3.9

Los cambios relacionados con la seguridad y otros gastos deben correr a cargo del Estado, como ocurre con el transporte ferroviario. Estos costes deben ser objeto de un estrecho seguimiento, ya que la instalación de equipos sofisticados puede resultar onerosa para los aeropuertos pequeños y medianos, algo que puede llegar a ser injustificable desde el punto de vista económico.

3.10

Las entidades reguladoras deben velar por que los precios de las tiendas de los aeropuertos sean equiparables a los aplicados en las ciudades vecinas.

3.11

Va a ser difícil adoptar una decisión y establecer un marco común que regule las características esenciales de las tasas aeroportuarias y el modo en que se establecen, toda vez que los costes del empleo, la construcción y las infraestructuras varían de un Estado a otro, al igual que la política y la normativa en materia de planificación.

3.12

La propuesta de aplicar la directiva a los aeropuertos situados en territorio comunitario a partir de un tamaño determinado hace necesario aclarar lo que se entiende por «tamaño determinado».

3.13

Se debería permitir a los aeropuertos el cobro de tasas para que registren unos beneficios razonables que posteriormente reinvertirán en infraestructuras y otros servicios.

3.14

¡Si una compañía aérea díscola se niega por completo a pagar al aeropuerto, será difícil asumir los gastos que requieren el cumplimiento de la normativa, la seguridad, etc. en el aeropuerto!

3.15

Para garantizar el funcionamiento correcto y eficiente de un aeropuerto, se debe requerir a las líneas aéreas que firmen con el aeropuerto un acuerdo para asegurar un determinado nivel de servicio.

3.16

El aeropuerto tiene una serie de posibles clientes, y no todos vuelan con compañías de bajo coste. En algunos casos, es crucial combinar los distintos tipos de cliente para mantener los ingresos, que varían en función del perfil de los pasajeros. Este flujo de ingresos puede verse en peligro por la predominancia de una compañía de bajo coste en un aeropuerto pequeño.

3.17

Hay que definir y normalizar los equipos utilizados en los controles de seguridad. Sin esta normalización, los ciudadanos perderán rápidamente su confianza en los sistemas de seguridad, ya que mientras que en algunos aeropuertos se pasa el control de seguridad sin problemas, en otros, en las mismas circunstancias, se activa la alarma. Una compañía está aplicando un programa de registro de los pasajeros en un número creciente de aeropuertos americanos. Por una tasa anual de 99,95 dólares estadounidenses, esta compañía expide una tarjeta biométrica de identidad a las personas que pasan los controles estatales que permite a sus titulares utilizar vías rápidas en los controles de seguridad. Es un ejemplo de la manera en que las mejoras tecnológicas pueden aumentar el bienestar de los pasajeros y reducir los tiempos de cola.

3.18

Los terrenos circundantes y cercanos a los aeropuertos tienen un alto valor comercial, por lo que deberían recalificarse para evitar y desanimar la especulación.

3.19

Aunque la seguridad en los aeropuertos parece estricta, los pasajeros siguen sufriendo numerosos hurtos en sus equipajes. Es imprescindible atajar este problema con la mayor urgencia.

3.20

Hay que explicar claramente el significado de tax free y duty free en las tiendas de los aeropuertos y exponerlo en lugares visibles para que los clientes conozcan los costes que implica cada uno de ellos.

3.21

Para proteger a los pasajeros, la Comisión ha de crear un sitio Web que les informe claramente de las tasas que se aplican en los distintos aeropuertos — como, por ejemplo, las tasas de aterrizaje —, que se reflejan en los billetes y se cobran a los viajeros.

4.1

Los aeropuertos deben ser fáciles de utilizar y su diseño debería someterse a consulta de sus usuarios, esto es, las líneas aéreas y los pasajeros.

4.2

La Comisión debería fijar algunos criterios sobre los espacios mínimos reservados a la recogida del equipaje, los operativos de seguridad y el control de pasaportes.

4.3

El diseño debe garantizar la circulación fluida de pasajeros a la entrada y a la salida del aeropuerto y velar por su facilidad de uso.

4.4

Sería conveniente ofrecer instalaciones más sofisticadas a aquellas líneas aéreas que las deseen y que estén dispuestas a pagar por ellas.

4.5

A pesar de su extrema importancia, la señalización es confusa en muchos aeropuertos europeos, por lo que debería normalizarse en la medida de lo posible.

4.6

Los pasajeros deberían tener acceso a asientos adecuados y a salas de espera apropiadas. Es necesario facilitar de la mejor manera posible el acceso de los usuarios a las terminales, especialmente por lo que respecta a los pasajeros con discapacidades y necesidades especiales, como, por ejemplo, quienes viajan con niños de corta edad.

4.7

El diseño de las terminales de los aeropuertos se basa en los horarios de tráfico de pasajeros y, por lo tanto, se deberían investigar y publicar, como punto de referencia para el sector, los criterios de concepción de horarios para los procesos fundamentales de los pasajeros como la facturación y el control de pasajeros.

4.8

Es preciso reforzar los criterios operativos mínimos con arreglo a los estándares de planificación correspondientes. Hay que evitar que las líneas aéreas impongan como criterios mínimos a los aeropuertos unos requisitos más estrictos que los estándares de planificación.

4.9

Los aeropuertos deberán garantizar que las instalaciones y servicios de los que son responsables, por cuenta propia o en colaboración con las compañías aéreas, estén adaptados a las necesidades particulares de los pasajeros discapacitados o enfermos. Basándose en observaciones formuladas en un dictamen anterior (TEN/215 «Derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo»), el CESE considera que los aeropuertos se ajustan a estas obligaciones cuando cumplen los requisitos del Reglamento (CE) no 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. Véanse, en particular, el artículo 9 y el anexo 1.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/39

1.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y se muestra de acuerdo con el análisis y descripción presentados en ella. Responder eficazmente a los riesgos del cambio climático global a la vez que se siguen satisfaciendo las fuertes demandas energéticas constituye un importante reto internacional.

1.2

Las emisiones de CO2 procedentes de las centrales eléctricas de carbón en la UE conforman el 24 % del total de las emisiones de CO2 en la UE. Este tipo de centrales es el más apropiado para instalar equipos de CAC. Esto significa poner en marcha sistemas de captura y almacenamiento permanente de CO2.

1.3

Con toda probabilidad, el carbón se mantendrá en la combinación energética europea durante las próximas décadas. Gracias a sus características particulares — su disponibilidad, carácter asequible y su papel a la hora de estabilizar los mercados energéticos — el carbón seguirá siendo una fuente primordial de combustible para generar electricidad de manera económica. El reparto de las reservas de carbón es desigual en el mundo y en la UE. La tecnología basada en el carbón tiene el potencial para reducir de manera considerable las emisiones de CO2  (1). A corto y medio plazo, esto requiere un marco económico y reglamentario que fomente las inversiones en las últimas tecnologías que mejoren la eficiencia de la electricidad producida con carbón y, de este modo, reduzcan las emisiones específicas de CO2.

1.4

En la actualidad no existen medios de rentabilidad probada para eliminar y capturar la mayoría de las emisiones de CO2 producidas por centrales térmicas de carbón; aún se trata de una tecnología en sus comienzos. No obstante, las perspectivas de desarrollar y comercializar estas tecnologías de emisiones de carbono próximas a cero (ZET) en las dos próximas décadas son prometedoras.

1.5

El CESE confirma su opinión de que la amplitud del reto de la limitación de emisiones implica que es necesario desarrollar todas las fuentes de energía y tecnologías potencialmente viables hasta alcanzar su máximo rendimiento práctico y comercial. La transición a la energía sostenible reserva un papel importante al carbón, a los otros combustibles fósiles, a la energía nuclear, así como a las tecnologías renovables y a la conservación de la energía, ya que, cada una, en su momento, aporta su contribución en función de la viabilidad técnica y la accesibilidad financiera.

1.6

El CESE valora que a largo plazo, después de 2020, la captura y almacenamiento de CO2 ofrezca el potencial para lograr emisiones de CO2 próximas a cero procedentes de centrales térmicas de carbón. Se necesita una capacidad de producción de electricidad a partir del carbón de alrededor de 350 GW para 2020 y de 500 GW para 2030, y los costes de inversión se estiman entre 600 000 y 800 000 millones de euros. Para materializar esta posibilidad es necesario coordinar ya la investigación, el desarrollo y la demostración.

1.7

Gracias a un aumento continuo de la eficiencia de las centrales eléctricas y al desarrollo de las tecnologías de emisiones próximas a cero, el carbón contribuirá a satisfacer los requisitos de la protección preventiva del clima. Sin embargo, las experiencias prometedoras de la CAC no deben llevar a que las estrategias y objetivos de política energética ya en marcha se adopten como «una medida vinculante» sobre la base de una amplia utilización de la tecnología CAC.

1.8

Se requiere una simplificación de los procedimientos de concesión de licencias, así como su armonización gradual gracias a la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales, a fin de acortar en la medida de lo posible los largos plazos de los proyectos de construcción sin poner en peligro los más altos niveles de seguridad.

1.9

El CESE también subraya que, si bien es el combustible más importante para la producción de electricidad y un elemento indispensable para la producción de acero y otros procesos industriales, el carbón deberá desempeñar un papel significativo a la hora de satisfacer las futuras necesidades energéticas, contribuyendo a la transición de una economía del hidrógeno. La licuefacción del carbón permite a éste actuar como sustituto del petróleo crudo; el gas sintético también puede generarse a partir del carbón.

1.10

Sigue siendo necesario un marco político y económico adecuado para la extracción de la hulla y el lignito autóctonos. La extracción de carbón y la transformación de energía pueden contribuir de manera considerable a la prosperidad y empleo locales. Habida cuenta de la situación social en los nuevos Estados miembros, es extremadamente importante mantener el actual nivel del porcentaje de la generación de electricidad a partir del uso de combustibles fósiles (basados en el carbón): en efecto, de los 286 500 trabajadores en la UE, la industria minera emplea a 212 100. Los operadores mineros de todo el sector del carbón de la UE deberían centrarse en la mejora sustancial de las durísimas condiciones de trabajo de los mineros, así como de sus cualificaciones, seguridad en el trabajo y entorno laboral.

1.11

Asimismo, el CESE tiene la impresión de que en el documento objeto de examen y las fases que en él se prevén la Comisión es optimista sobre el calendario de la CAC y los plazos para introducirla. En la actualidad, la Comisión debería centrar sus esfuerzos en la adopción de medidas que ayuden a poner en funcionamiento en 2015 entre 10 y 12 instalaciones de demostración y en la creación de un marco para la CAC que cubra los riesgos principales y sea, a la vez, fiable y no demasiado restrictivo. Una fase intermedia de generación de electricidad de la más alta eficacia es muy deseable. Una precipitación excesiva y un marco jurídico demasiado restrictivo podrían tener consecuencias negativas para este concepto tan importante desde el punto de vista global.

1.12

Además, el CESE pide que se investiguen y desarrollen de manera intensiva las fuentes de energía renovables alternativas que deberían contribuir a una combinación energética segura en la UE. Al mismo tiempo, debería crearse el mercado energético integrado de la UE sin demoras excesivas.

2.1

El Comité ya abordó el tema de los combustibles fósiles en diversos dictámenes, el más reciente de los cuales es el Dictamen exploratorio «El aprovisionamiento energético de la UE: estrategia para una combinación energética óptima» (2), en el que se afirma que la UE debería desplegar importantes esfuerzos para desarrollar las tecnologías de carbón limpias (mejora de la eficiencia de las centrales eléctricas y de los usos comerciales de la extracción y almacenamiento del carbón). La utilización del gas ha aumentado y sigue haciéndolo por razones ligadas a decisiones políticas. En la actualidad resulta obvio que el mantenimiento de esta tendencia plantea problemas. Debido a las emisiones, el gas difícilmente puede seguir sustituyendo al carbón o la energía nuclear, ya que, al igual que el petróleo, es una valiosa materia prima con un uso industrial de alto valor añadido.

2.2

El 10 de enero de 2007 la Comisión publicó la propuesta objeto de examen relativa a la producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles en el contexto del paquete sobre la energía y el clima denominado «Una nueva política energética de Europa».

2.3

El resto del paquete cubre, en primer lugar, una propuesta que tiene el objetivo, referente al cambio climático, de reducir en un 30 % los gases de efecto invernadero en los países desarrollados o, en todo caso, en un 20 % solamente en la UE. Además, el paquete aborda el mercado interior del gas y la electricidad, las interconexiones entre las redes eléctricas y de gas, el papel futuro de la energía nuclear en el marco del Programa Indicativo Nuclear, un plan de trabajo para fomentar las energías renovables, en especial los biocarburantes en el transporte, y un futuro plan estratégico de tecnologías energéticas a escala europea. El Consejo Europeo de 9 de marzo de 2007 apoyó los objetivos y los contenidos de la política principal del paquete.

2.4

En esta Comunicación se presenta una panorámica general de las acciones necesarias para que los combustibles fósiles, en especial el carbón, puedan seguir contribuyendo a la seguridad y la diversificación del abastecimiento energético de Europa y del resto del mundo de forma compatible con la estrategia de desarrollo sostenible y con los objetivos de la política de lucha contra el cambio climático. En ella se tiene en cuenta el trabajo realizado y las opiniones recogidas durante 2006 en el Segundo Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC II), el Grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente (HLG), los preparativos del Séptimo Programa Marco (VII PM) para la investigación, y la plataforma tecnológica para centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles con emisiones cero («Zero Emission Fossil Fuel Power Plant Technology Platform»).

3.1

En el documento de la Comisión se revisa la posición de los combustibles fósiles en la producción de electricidad y se afirma que éstos representan un importante elemento de la combinación energética de la Unión Europea, así como de otras muchas economías. Son particularmente importantes para la producción de electricidad: más del 50 % de la electricidad de la UE proviene en la actualidad de los combustibles fósiles (principalmente del carbón y del gas natural) y en algunos países su porcentaje llega incluso al 80 % (Polonia, Grecia). El carbón es un contribuyente fundamental para la seguridad del suministro energético de la UE y va a seguir siéndolo. El carbón es el combustible que cuenta — y con gran diferencia — con las reservas mayores y más ampliamente distribuidas a nivel mundial, con una duración estimada de unos 130 años para el lignito y de 200 años para la hulla.

3.2

Sin embargo, el carbón puede seguir aportando su valiosa contribución a la seguridad del suministro energético y a la economía de la UE y del mundo en su conjunto sólo con tecnologías que permitan una reducción drástica de la presencia de carbono en su combustión. Si tales tecnologías se desarrollan a una escala suficiente, también pueden ofrecer soluciones para los procesos de combustión utilizando otros combustibles fósiles, incluida la producción de electricidad a partir del gas. Así pues, la Unión Europea necesita elaborar soluciones tecnológicas para el uso sostenible del carbón, no sólo para mantener el carbón en la combinación energética europea, sino también para garantizar que el crecimiento global del uso del carbón es posible sin producir un daño irreparable al clima del planeta.

3.3

Se han desarrollado «Tecnologías Limpias del Carbón» y actualmente se utilizan ampliamente en el sector de la producción de electricidad, y reducen de forma sustancial las emisiones de SO2, NOx partículas, y polvo procedentes de las centrales eléctricas de carbón. Las Tecnologías Limpias de Carbón también han contribuido a aumentar de manera constante la eficiencia energética de la conversión de carbón en electricidad. Estos logros constituyen etapas importantes para seguir progresando hacia nuevas soluciones tecnológicas denominadas tecnologías de «carbón sostenible», que incorporan los conceptos de captura y almacenamiento de CO2 (CAC) en la producción de electricidad a partir del carbón.

3.4

La Comisión ve una buena oportunidad para lograr la viabilidad comercial de las tecnologías de carbón sostenible en los próximos diez a quince años. No obstante, esto exigirá que se realicen audaces inversiones industriales en una serie de instalaciones de demostración, en la UE y fuera de ella, y las correspondientes iniciativas políticas durante un período de tiempo relativamente largo, que comienza prácticamente ahora y probablemente no finalizará hasta 2020 o incluso después.

3.5

La Comisión aumentará la financiación para I+D de forma sustancial en el ámbito de la energía, incorporando la demostración de las tecnologías para los combustibles fósiles sostenibles entre las prioridades para 2007-2013. Un plan estratégico de tecnología energética europeo constituirá un instrumento adecuado para coordinar de manera general estos esfuerzos de I+D y demostración y para aprovechar al máximo las sinergias, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Basándose en los resultados positivos de los proyectos de I+D, la Comisión determinará el modo más adecuado de apoyar el diseño, la construcción y el funcionamiento de hasta doce centrales de demostración a gran escala de tecnologías de los combustibles fósiles sostenibles en la producción comercial de electricidad de aquí a 2015.

3.6

La Comisión evaluará, a partir de las inversiones recientes y previstas, si las nuevas centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles construidas o por construir en la UE utilizan las mejores tecnologías disponibles en relación con la eficiencia y si, en caso de no estar equipadas con CAC, las nuevas instalaciones alimentadas con carbón y gas están preparadas para que se les añadan posteriormente tecnologías de CAC («capture ready»). Si esto resultara no ser así, la Comisión estudiará la posibilidad de proponer instrumentos jurídicamente vinculantes lo antes posible, tras el correspondiente análisis de impacto.

3.7

En 2007, la Comisión evaluará los riesgos potenciales derivados de la CAC y establecerá requisitos relativos a la concesión de permisos para las actividades de captura y almacenamiento de CO2 y para gestionar convenientemente los riesgos e impactos que se hayan registrado. Una vez desarrollado un marco de gestión sólido, podrá combinarse con modificaciones al marco normativo medioambiental en vigor en la UE, con el fin de eliminar cualquier obstáculo no justificado a las tecnologías de CAC. La Comisión evaluará también si se modifican los instrumentos existentes (como la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental o la Directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación) o si se propone un marco normativo separado, y examinará qué aspectos del marco normativo es preferible abordar a nivel comunitario y cuáles a nivel nacional.

3.8

La Comisión considera que, a largo plazo, es indispensable un marco claro y previsible para facilitar una transición rápida y sin problemas hacia la producción de electricidad en centrales de carbón y equipadas con CAC. Esto es necesario para permitir a las empresas eléctricas efectuar las inversiones e investigaciones imprescindibles, ya que se sabe con seguridad que sus competidores van a seguir un camino parecido. Partiendo de la información actualmente disponible, la Comisión estima que a partir de 2020 todas las nuevas centrales eléctricas de carbón deberán haber sido construidas con instalaciones de CAC. Las centrales existentes deberán seguir paulatinamente el mismo planteamiento. La Comisión evaluará cuál es el mejor calendario para adaptar a los nuevos equipos las centrales generadoras de electricidad a partir de combustibles fósiles una vez se haya demostrado la viabilidad comercial de las tecnologías del carbón sostenible.

3.9

Con el nivel actual de desarrollo tecnológico, las estimaciones de costes de captura de CO2 producido en la generación de electricidad y su posterior almacenamiento se elevan a 70 euros por tonelada de CO2, lo que hace que el uso de estas tecnologías a gran escala resulte prohibitivamente caro por el momento. Los modelos y estudios disponibles con perspectivas a medio y largo plazo permiten de esta forma estimar los costes de CAC para 2020 en cerca de 20 o 30 EUR/t CO2. En los modelos esto se traduce en que, en 2020 o poco más tarde, los costes de producción de electricidad en las centrales eléctricas de carbón con CAC superarán sólo en un 10 % el nivel actual o incluso serán equivalentes.

3.10

Los impactos medioambientales potencialmente negativos derivados del uso continuado de combustibles fósiles y de la implantación de la CAC proceden fundamentalmente de las posibles fugas del almacenamiento de CO2. Los impactos de las fugas pueden ser tanto locales (en la biosfera local) como globales (en el clima). Sin embargo, el informe sobre este asunto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluye que, basándose en la experiencia existente, la fracción de CO2 retenida en depósitos geológicos debidamente seleccionados y gestionados posiblemente exceda en 100 años el 99 %. La selección y gestión de los emplazamientos son, por lo tanto, factores clave a la hora de minimizar el riesgo. La evaluación del impacto por la Comisión para hacer posible el marco normativo definirá todos los riesgos potenciales y presentará las salvaguardias adecuadas.

3.11

Se espera que las tecnologías de los combustibles fósiles sostenibles y, en particular, la CAC, arrojen importantes resultados positivos. Pueden eliminar eficazmente hasta el 90 % de las emisiones de carbono procedentes de las centrales generadoras de electricidad alimentadas con combustibles fósiles. Esto podría traducirse en una reducción global de las emisiones de CO2 en la UE-27 del 25-30 % en 2030 en relación con 2000. La participación temprana de terceros países en el desarrollo e implantación de tecnologías del carbón sostenible, sobre todo la CAC, es fundamental para un desarrollo económico global sostenible y para abordar el cambio climático partiendo de la hipótesis de una utilización mundial creciente de los recursos carboníferos. El éxito del carbón sostenible y, en especial, la comercialización de la CAC a gran escala también ofrecerá un mejor acceso a la energía en las partes más pobres del mundo aún privadas de la oportunidad de utilizar energía.

4.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y se muestra de acuerdo con el análisis y descripción presentados en ella. Responder eficazmente a los riesgos del cambio climático global a la vez que se siguen satisfaciendo las fuertes demandas energéticas de las economías maduras y las demandas energéticas de rápido crecimiento de las economías en desarrollo constituye un reto internacional importante.

4.2

Las emisiones de CO2 procedentes de las centrales de electricidad producida con carbón en la UE conforman el 24 % del total de las emisiones de CO2 en la UE. Las emisiones producidas por las centrales eléctricas a partir de combustibles fósiles están muy concentradas debido al alto consumo de combustibles en las grandes unidades de combustión, por lo que este tipo de centrales son las más apropiadas para instalar equipos de CAC. Esto significa poner en marcha sistemas de captura y almacenamiento permanente de CO2. Estos sistemas constan de tres fases relativamente independientes:

4.3

Con toda probabilidad, el carbón se mantendrá en la combinación energética europea durante las próximas décadas. Gracias a sus características particulares — su disponibilidad, carácter asequible y su papel a la hora de estabilizar los mercados energéticos — el carbón seguirá siendo una fuente primordial de combustible para generar electricidad de manera económica. El reparto de las reservas de carbón es desigual en el mundo y en la UE. De manera general, es alentador que las mayores reservas de carbón se hallen en países económicamente avanzados y estables desde un punto de vista político. En los países desarrollados de la UE, en los últimos tiempos las reservas han disminuido en gran parte debido a las actividades mineras realizadas durante largos períodos, por lo que varios países de la UE han optado por la reducción paulatina o incluso el cese de la minería del carbón.

4.4

Solamente un tercio de los países de la UE puede contar con yacimientos de carbón autóctonos, mientras que los dos tercios restantes dependen, sobre todo, de la hulla. La producción de hulla en la UE se elevó a 161,6 millones de toneladas en 2006, y las importaciones sumaron 235,3 millones de toneladas. El consumo de lignito alcanzó 373,8 millones de toneladas en el mismo año y se cubrió enteramente con recursos autóctonos. Por consiguiente, es preciso desarrollar y utilizar de manera amplia recursos viables destinados a reducir de manera sustancial las emisiones de CO2 que procedan específicamente de la generación de electricidad a partir del carbón.

4.5

La tecnología basada en el carbón tiene el potencial de reducir de manera considerable las emisiones de CO2  (3). De corto a medio plazo, esto requiere un marco económico y reglamentario que fomente las inversiones en las tecnologías punta que mejoren la eficiencia de la electricidad producida con carbón y, de este modo, reduzcan las emisiones específicas de CO2. Asimismo, en el momento actual es necesaria la acción concertada de la Comisión, los Estados miembros y la industria a fin de fomentar la investigación coordinada a escala mundial, el desarrollo y la demostración de las tecnologías de carbón limpias como, por ejemplo, la captura y almacenamiento del carbono, que a largo plazo logrará emisiones de CO2 próximas a cero utilizando carbón.

4.6

En la actualidad no existen medios de rentabilidad probada para eliminar y capturar la mayoría de las emisiones de CO2 producidas por las centrales térmicas de carbón; aún se trata de una tecnología que se halla en sus comienzos. No obstante, las perspectivas de desarrollar y comercializar estas tecnologías de emisiones de carbono próximas a cero (ZET) en las dos próximas décadas son prometedoras. Se supone que los equipos de CAC en las centrales eléctricas reducen la eficiencia de la generación de electricidad en razón de su consumo intrínseco de energía. La eficiencia global difiere en función de la tecnología utilizada; la tecnología preferida, OXYFUEL, necesita entre el 8 y el 10 % de la energía generada y las otras tecnologías consumen más. Esto significa que se necesitará más combustible para producir un MWh de electricidad en la red y que es fundamental aumentar la eficiencia de las centrales. Las futuras adaptaciones a posteriori de CAC parecen indicar incluso un mayor consumo intrínseco de electricidad para su puesta en funcionamiento.

4.7

Entretanto, mejorar la eficiencia de las centrales eléctricas actuales y nuevas a partir del carbón es una manera rentable de limitar el aumento de las emisiones de CO2. Los responsables de planificación deberían considerar prioritario utilizar la mejor tecnología disponible en el mercado para el gran número de nuevas centrales eléctricas de carbón por construir en el futuro próximo. En caso de que resulte viable, es altamente deseable que estas unidades de producción energética se conciban de manera que les sea posible adaptar CAC rentables cuando esta tecnología esté disponible para usos comerciales.

4.8

El CESE confirma su opinión de que la amplitud del reto de la limitación de emisiones implica que es necesario desarrollar todas las fuentes de energía y tecnologías potencialmente viables hasta alcanzar su máximo rendimiento práctico y comercial. La transición a la energía sostenible reserva un papel importante al carbón, los otros combustibles fósiles y la energía nuclear, así como las tecnologías renovables y la conservación de la energía, ya que, cada una en su momento, aporta su contribución en función de la viabilidad técnica y la accesibilidad financiera.

4.9

Por muy prometedoras que sean las razonables expectativas de la CAC, no cabe que las estrategias y objetivos de política energética ya en marcha se adopten como «una medida vinculante» alegando el supuesto de una amplia utilización de la tecnología CAC.

5.1

El carbón desempeña un papel muy importante en la generación de la electricidad europea, pero el 70 % de la electricidad producida con carbón proviene de centrales con más de veinte años de antigüedad. Un aumento ligero en el consumo de electricidad y una buena parte de las centrales eléctricas existentes cuyo ciclo de vida técnica/económica toca a su fin harán necesario contar con cerca de 350 GW de nueva capacidad de generación de electricidad para 2020 y alrededor de 500 GW para 2030. Los cálculos del coste de una central eléctrica de carbón con equipos de CAC en la UE se basan en una evaluación de costes optimista: una instalación generadora de electricidad con capacidad de 300 MW costaría 500 millones de euros (alrededor de 1,7 millones de euros por MW instalado). Readaptar una central eléctrica moderna construida entre el momento presente y 2020 necesita entre 0,5 y 0,7 millones por MW instalado, mientras que el coste de readaptación de las actuales instalaciones alcanza la suma más alta de un millón de euros por MW instalado. En caso de que para el año 2030 se pueda llegar a una capacidad de generación de 500 GW del máximo nivel tecnológico de CAC, los costes de inversión estimados sumarían entre 600 000 y 800 000 millones de euros.

5.2

El CESE valora que, a largo plazo, después de 2020, la captura y almacenamiento de CO2 ofrezca el potencial para lograr emisiones próximas a cero procedentes de centrales térmicas de carbón. Para materializar esta posibilidad es necesario coordinar ya la investigación, el desarrollo y la demostración.

5.2.1

En el próximo decenio, un aumento de la eficiencia de la combustión del carbón lograda gracias a un uso más generalizado de las tecnologías punta en las centrales eléctricas de carbón puede hacer que las emisiones de CO2 se reduzcan de manera rentable.

5.2.2

Estas estrategias se basan, de manera complementaria, en soluciones técnicas que requieren ser contrastadas: el despliegue a corto y medio plazo de eficientes tecnologías de generación de electricidad en centrales térmicas de carbón puede permitir una captura de carbono con menos coste a largo plazo siempre que el diseño de estas centrales posibilite la adaptación de CAC rentable cuando esta tecnología esté disponible para usos comerciales.

5.2.3

En el Séptimo Programa Marco se prevé que la transformación radical del sistema energético en otro sistema que sea fiable y emita menos CO2 o no lo emita en absoluto precisa nuevos materiales y tecnologías que para las empresas privadas comportan riesgos demasiado altos y beneficios demasiado inciertos como para realizar toda la inversión que requieren la investigación, el desarrollo, la demostración y el despliegue. La CAC y el Carbón Limpio forman parte del presupuesto del Séptimo Programa Marco que se eleva a 2 350 millones de euros para el período 2007-2013.

5.2.4

Es necesario definir con propiedad el concepto «capture-ready». Una aplicación con éxito requiere que los legisladores y la industria trabajen juntos: los mercados comerciales no funcionarán adecuadamente sin unos marcos políticos apropiados y estables.

5.2.5

El CESE considera urgentemente necesario incrementar y modernizar las capacidades de producción de las centrales. Habida cuenta del aumento previsto de confianza en la importación de energía, que llegará hasta un 69 % en 2030, por razones de seguridad de suministro energético una combinación energética diversificada es indispensable. La estabilización del consumo de carbón en la producción de electricidad puede aportar una contribución sustancial a la hora de garantizar el suministro de energía en la UE.

5.2.6

Gracias al aumento continuo de la eficiencia de las centrales eléctricas y al desarrollo de las tecnologías de emisiones próximas a cero, el carbón contribuirá a cumplir los requisitos de la protección preventiva del clima. A la hora de establecer normas sobre el régimen de comercio de emisiones en cada Estado miembro se debería prestar atención prioritaria a mejorar la eficiencia para conseguir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

5.2.7

Se requiere simplificar los procedimientos de concesión de licencias, así como armonizarlos gradualmente mediante la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales, a fin de acortar en la medida de lo posible los largos plazos de entrega de los proyectos de construcción sin poner en peligro los más altos niveles de seguridad.

5.3

El CESE también llama la atención sobre el hecho de que, si bien es el combustible más importante para la producción de electricidad y un elemento indispensable para la producción de acero y otros procesos industriales, el carbón deberá desempeñar un papel significativo a la hora de satisfacer las futuras necesidades energéticas, contribuyendo a la transición a una economía del hidrógeno. La licuefacción del carbón permite a éste actuar como sustituto del petróleo crudo; el gas sintético también puede generarse a partir del carbón. Tales tecnologías y aplicaciones podrían desempeñar igualmente un papel vital en la combinación de la energía sostenible. El proyecto de la Comisión no aborda estos importantes aspectos de la utilización presente y futura del carbón.

5.4

El intenso debate actual del potencial de la utilización del carbón en los próximos decenios ha llevado a relegar a un segundo plano las cuestiones relativas a la extracción del carbón. Sin embargo, sigue siendo necesario un marco político y económico adecuado para la extracción de la hulla y el lignito autóctonos. La extracción y transformación de energía puede contribuir de manera considerable a la prosperidad y empleo locales. Al quemar carbón autóctono, el valor añadido de la extracción, la transformación y la distribución permanece en la UE. Si se utiliza petróleo o gas, cerca del 75 % del precio sirve para cubrir los costes de importación.

5.5

Dada la situación social en los nuevos Estados miembros, es extremadamente importante mantener el actual nivel del porcentaje de la generación de electricidad a partir del uso de combustibles (basados en el carbón): en efecto, de los 286 500 trabajadores del sector minero en la UE, la industria minera de los nuevos Estados miembros emplea a 212 100. En todo el territorio de la UE se debe facilitar una asistencia sanitaria por las condiciones de trabajo muy duras de los mineros.

5.6

En el pasado, la reducción de las zonas de extracción minera en el contexto de la planificación regional y una reglamentación excesiva en materia de protección medioambiental tuvieron como consecuencia retrasos innecesarios y cargas adicionales para la actividad minera. En comparación con otros sectores industriales, la industria minera afronta retos particulares ligados a la localización de reservas y la movilidad de las explotaciones en la extracción de materias primas. Conviene tener presente esta característica específica, especialmente a la hora de elaborar el marco jurídico sobre cuestiones medioambientales como, por ejemplo, la legislación en materia de residuos, de protección del suelo y de agua.

5.7

Asimismo, el CESE tiene la impresión de que en el documento objeto de examen y las fases que en él se prevén la Comisión es optimista sobre el calendario de la CAC y los plazos para introducirla. A pesar de conocerse los principios, una solución tecnológica requeriría mucho más tiempo y no puede esperarse un logro de gran envergadura para compensar el trabajo constante e intensivo en la puesta en práctica de este concepto. En la actualidad, la Comisión debería centrar sus esfuerzos en la adopción de medidas que ayuden a poner en funcionamiento en 2015 entre diez y doce instalaciones de demostración y en la creación de un marco para la CAC que cubra los riesgos principales y sea, a la vez, fiable y no demasiado restrictivo. Una fase intermedia de generación de electricidad de elevada eficiencia es muy deseable: una precipitación excesiva y un marco jurídico demasiado restrictivo podrían tener consecuencias negativas para este importante concepto.

5.8

Además, el CESE pide que se investiguen y desarrollen de manera intensiva las fuentes de energía renovables y alternativas que deberían contribuir a una combinación energética segura en la UE. Al mismo tiempo, debería crearse el mercado energético integrado de la UE sin demoras excesivas.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/44

1.1

El Comité acoge con satisfacción el nuevo Reglamento propuesto. La aprobación de la propuesta supondrá la derogación de los Reglamentos no 684/92 y 12/98.

1.2

También en el caso de los servicios de autobús y autocar la seguridad de los viajeros ha de ser la máxima prioridad. Todas las demás cuestiones deben considerarse de menor importancia.

1.3

El nuevo Reglamento debería contribuir a aumentar la seguridad en las carreteras gracias a un control más estricto de los servicios internacionales de autobús y autocar que operan en varios Estados miembros.

1.4

El Comité valora positivamente esta propuesta, ya que se integra en el programa «Legislar mejor» y responde al compromiso de simplificar y actualizar el acervo.

1.5

El CESE recomienda lo siguiente:

1.5.1

Aclarar mejor la frase «infracción grave o de reiteración de infracciones leves de la normativa comunitaria de transporte por carretera». ¿Qué es una infracción leve? ¿Cuántas infracciones leves darán lugar a una sanción administrativa?

1.5.2

También es necesario elaborar una lista de las acciones que constituyen infracciones graves.

1.5.3

El principio de subsidiariedad no debe utilizarse para discriminar a los transportistas no residentes: la propuesta debe incorporar más salvaguardias a este respecto.

1.5.4

Debe ser prioritario establecer una base de datos comunitaria que permita verificar los datos de las licencias y la información afín, además de facilitar el intercambio de información.

1.5.5

Según el apartado 3 del artículo 23, los transportistas deberían contar con un sistema de recurso especial en caso de que un Estado miembro imponga una sanción administrativa a una operación de transporte de cabotaje. Ello será sin perjuicio del ejercicio de acciones penales.

2.1

La Directiva 96/26/CE, relativa al acceso a la profesión de transportista por carretera, junto con los Reglamentos (CEE) no 684/92 y (CE) no 12/98 sobre el acceso al mercado de los servicios de transporte por autocar y autobús constituyeron inicialmente el elemento principal del mercado interior de los servicios internacionales de transporte de viajeros por carretera.

2.2

La Directiva introdujo normas mínimas de calidad que debían cumplirse para acceder a la profesión, mientras que los Reglamentos liberalizaron los servicios discrecionales internacionales de viajeros y crearon un procedimiento de autorización especial para los servicios internacionales regulares de viajeros, y permitieron los servicios de cabotaje en el curso de dichos servicios internacionales.

2.3

Esa normativa debe adaptarse al nuevo marco legal derivado de la reglamentación de los transportes públicos de viajeros por ferrocarril y carretera, que está a punto de ser aprobada por el Parlamento y el Consejo. También es necesario aclarar dichas normas y, en algunos casos, simplificarlas, ya que la experiencia ha demostrado que algunas acarrean cargas administrativas innecesarias.

2.4

Los transportistas que se dediquen al transporte internacional de viajeros por autocar y autobús deben estar en posesión de una licencia internacional para operadores de transporte de viajeros por carretera emitida por la autoridad competente del Estado miembro en que esté establecido el transportista, a menos que estén exentos por algún motivo.

2.5

El Reglamento no 684/92 abre el acceso al mercado del transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses, mientras que el Reglamento (CE) no 12/98 establece las condiciones en las que los transportistas no residentes pueden prestar servicios en el interior de un Estado miembro.

3.1

La propuesta pretende revisar y consolidar los Reglamentos no 684/92 y 12/98 sobre el acceso al mercado de los servicios de autocar y autobús. Aclara las disposiciones legales vigentes y las modifica en determinados puntos para reforzar su coherencia global y reducir las cargas administrativas.

3.2

Por lo que se refiere a este Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones:

3.2.1

Servicios regulares son aquellos servicios que efectúan el transporte de viajeros con una frecuencia y en un trayecto determinados y en los que los viajeros pueden ser recogidos o depositados en paradas fijadas de antemano. Estos servicios han de contar con una autorización expedida por el Estado miembro de origen, en el que esté establecido el transportista y matriculado el vehículo. La autorización permitirá al titular efectuar servicios regulares en el territorio de todos los Estados miembros por donde pase el itinerario del servicio.

3.2.2

Servicios regulares especializados son aquellos servicios regulares que efectúan el transporte de categorías determinadas de viajeros, con excepción de otros viajeros. Estos servicios incluirán:

Estos servicios están exentos de autorización (permiso de ruta) siempre que estén amparados por un contrato entre el organizador y el transportista.

3.2.3

Servicios discrecionales son aquellos servicios que no corresponden a la definición de servicios regulares ni a la de servicios regulares especializados y que se caracterizan, en particular, por el hecho de transportar a grupos formados por encargo o por el propio transportista. Estos servicios están exentos de autorización (permiso de ruta).

3.2.4

Los transportes por cuenta propia son los realizados por una empresa para sus propios empleados o por un organismo sin ánimo de lucro para el transporte de sus miembros en relación con sus actividades sociales, siempre que:

Este transporte está exento de todo sistema de autorización, aunque sí está sujeto a un sistema de certificados emitidos por la autoridad competente del Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo.

3.2.5

El cabotaje hace referencia a los servicios nacionales de transporte por carretera cubiertos con carácter temporal por un transportista no residente.

3.2.6

Las operaciones de transporte de cabotaje se admitirán para los siguientes servicios:

Las disposiciones nacionales legales y reglamentarias deberán ser aplicadas por los Estados miembros a los transportistas no residentes en las mismas condiciones que a sus propios nacionales.

4.1

El artículo 8 simplifica el procedimiento para obtener la autorización (permiso de ruta). En relación con el acceso al mercado sólo habrá un motivo para denegar tal autorización: que el servicio que se solicita afecte gravemente a la viabilidad de un servicio comparable explotado en el marco de una obligación de servicio público en los tramos directos afectados. Es una decisión razonable.

4.2

Los países de tránsito, en los que no se recogen ni se depositan viajeros, no serán consultados, sino que se les informará una vez se autorice el servicio. Esto aumentará la eficacia del sistema.

4.3

Se aplica el principio de subsidiariedad, ya que la propuesta no entra en la competencia exclusiva de la Unión Europea. Sin embargo, son esenciales unas salvaguardias para garantizar que los transportistas no residentes no sufran discriminación.

4.4

Es preciso aclarar más el apartado 2 del artículo 18, relativo a los títulos de transporte.

4.5

El operador debe expedir títulos de transporte individuales o colectivos. Si un agente encargado del control lleva a cabo una inspección (siempre que el operador haya emitido previamente los títulos de transporte) y hay viajeros que no están en posesión de un título válido, el operador no podrá ser considerado responsable de esta situación. Una vez emitidos los títulos, los viajeros son los responsables de presentarlos al agente encargado del control.

5.1

En términos generales, esta propuesta consigue los objetivos marcados por la Comisión.

5.2

Es preciso aclarar más las cuestiones derivadas de las infracciones, tanto leves como graves, y de las sanciones administrativas que pudieran aplicarse. Es necesario definir la naturaleza y el tipo de infracciones que corresponden a las distintas categorías. Estas infracciones han de ser coherentes en toda la Unión Europea.

5.3

En caso de infracciones graves o de infracciones leves reiteradas, el Estado miembro de acogida podrá solicitar al Estado miembro que emitió la licencia de transporte internacional que imponga sanciones administrativas al titular de la licencia (como la retirada temporal o permanente de todas o algunas de las copias auténticas de la licencia o la retirada temporal o permanente de la licencia). Ello sin perjuicio de una posible acción penal en el Estado miembro de acogida.

5.4

Si bien se hace referencia a un sistema de recurso para imponer sanciones o para denegar autorizaciones, es preciso que todas las partes consideren tales recursos justos y no discriminatorios.

5.5

Debe establecerse una base de datos comunitaria que facilite a los Estados miembros el intercambio rápido y eficaz de información sobre las operaciones de autobuses y autocares. Además, cuando un agente autorizado inspeccione un vehículo, debería ser posible introducir el número de la licencia de transporte internacional (licencia comunitaria) y disponer inmediatamente de toda la información pertinente para comprobar la validez de la licencia.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/47

1.1

El Comité, una vez más, aprueba el hecho de que las infracciones graves contra el medio ambiente puedan ser objeto de sanciones penales. El Comité reafirma que, a su juicio, la Comisión debe ser competente para obligar a los Estados miembros a imponer sanciones penales proporcionadas y disuasorias cuando sea necesario para garantizar la aplicación de las políticas comunitarias — en particular, en el ámbito de la protección del medio ambiente contra infracciones graves —, ya que tales sanciones deben aplicarse en el marco del sistema penal de cada uno de los Estados miembros. Por último, la Comisión debe disponer de un poder de control sobre la eficacia del Derecho penal aplicable en el ámbito afectado y ejercerlo activamente.

1.2

La propuesta de Directiva se refiere, en particular, a las infracciones contra el medio ambiente cometidas en el marco de organizaciones delictivas (lo cual considera como circunstancia agravante). El Comité está convencido de que este tipo de comportamientos debe ser objeto de sanciones, e incluso de una aproximación de las normas del Derecho penal de los Estados miembros, pero el Tratado y la jurisprudencia son claros por lo que respecta a la represión de las infracciones cometidas en el ámbito de organizaciones delictivas: la aproximación de las normas de Derecho penal de los Estados miembros, en principio, solo puede hacerse en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, como prevé el título VI del Tratado de la Unión Europea, y no en el marco del Tratado CE como propone la Comisión.

1.3

El Comité se pregunta asimismo si el hecho de sancionar determinadas infracciones con penas privativas de libertad no excede las competencias derivadas del primer pilar al suponer una injerencia en la elección de las sanciones más adecuadas, que debería a priori seguir siendo competencia de los Estados miembros.

1.4

El Comité considera que la competencia comunitaria debería limitarse a definir las obligaciones impuestas y a establecer las correspondientes sanciones penales. Para ir más allá y prever el régimen de sanciones, habría que recurrir a una decisión marco basada en el título VI del Tratado de la UE.

1.5

En el mismo orden de ideas, el Comité se pregunta también si el Derecho comunitario puede llegar a imponer un umbral máximo de sanción.

1.6

El Comité desea que los aspectos políticos evidentes planteados por el reparto de competencias y el papel que le gustaría desempeñase el Parlamento en toda legislación que comportase una vertiente penal puedan ser objeto de una jurisprudencia más precisa del Tribunal, de un acuerdo interinstitucional o de una reforma, que la CIG en curso podría incluir en la reforma de los Tratados. A su juicio, esta última posibilidad sería preferible por la urgencia que reviste el establecimiento de sanciones eficaces para proteger el medio ambiente.

2.1

En 1998, el Consejo de Europa abrió a la firma un Convenio sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Supuso un avance importante, en la medida en que fue el primer convenio internacional que tipificó como delito los actos causantes o susceptibles de causar daños al medio ambiente. No obstante, Alemania, seguida de Francia y el Reino Unido, se mostraron reticentes a ratificar el Convenio. Por consiguiente, Dinamarca y la Comisión presentaron dos iniciativas separadas encaminadas a proteger el medio ambiente en el marco del Derecho penal.

2.2

La Decisión marco del Consejo, aprobada por éste a propuesta de Dinamarca en contra de la opinión y las propuestas de la Comisión, definía una serie de infracciones contra el medio ambiente para las que se instaba a los Estados miembros a prever sanciones de carácter penal. Las disposiciones de este documento se basaban en gran parte en las del Convenio del Consejo de Europa, de 4 de noviembre de 1998, sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, firmado, a día de hoy, por diez Estados miembros.

2.3

La Comisión se pronunció ante las diferentes formaciones del Consejo contra el fundamento jurídico elegido. La Comisión consideraba que en este caso la base jurídica correcta era el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE y, el 15 de marzo de 2001, presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente por el Derecho penal, basada en dicho artículo (1), aunque el artículo 174 del Tratado CE no otorga a la Comunidad competencia alguna en materia penal.

2.4

El 9 de abril de 2002, el Parlamento Europeo se pronunció a la vez sobre la propuesta de Directiva y sobre el proyecto de Decisión marco, mostrándose de acuerdo con el enfoque recomendado entonces por la Comisión (Directiva y Decisión marco).

2.5

No obstante, el Consejo no aprobó la Directiva ni la Decisión marco propuestas por la Comisión, sino su propio proyecto modificado de Decisión marco, basado en el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, que constituía a su parecer un instrumento adecuado para imponer a los Estados miembros la obligación de prever sanciones penales, y subrayó que la mayoría de los Estados miembros estaban en contra de otorgar competencias penales a la Comunidad y estaban convencidos de que estas cuestiones entraban en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal prevista en el título VI del Tratado UE.

2.6

El caso se sometió al Tribunal de Justicia, que dictó sentencia el 13 de septiembre de 2005 (2).

2.7

El Parlamento, al igual que el Tribunal y el Abogado General, estiman que no existe una competencia general comunitaria en materia de armonización del Derecho penal, pero que en determinados ámbitos muy específicos — como, en el caso presente, la protección del medio ambiente —, la Comunidad podría imponer a los Estados miembros la obligación de prever sanciones penales.

Por su parte, la Comisión ha interpretado la sentencia de manera muy extensiva, arrogándose competencias muy amplias respecto de numerosas políticas comunitarias distintas de la de medio ambiente.

2.8

A raíz de la anulación de la Decisión marco por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión presentó una nueva propuesta de Directiva. En efecto, el Tribunal consideró que, a pesar de que en principio la legislación penal y las normas del procedimiento penal no son competencia de la Comunidad, ello no es óbice para que el legislador comunitario adopte «medidas relacionadas con el Derecho penal» de los Estados miembros y que estime necesarias para garantizar la plena efectividad de las normas que dicte en materia de protección medioambiental, cuando la aplicación por las autoridades nacionales competentes de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias constituye una medida indispensable para combatir los graves atentados contra el medio ambiente (3). El Comité recuerda que el Tribunal hizo hincapié en el hecho de que la Comunidad carece, en principio, de competencias en materia penal, que el Tratado UE considera reservadas a la soberanía nacional. La fórmula arriba mencionada de «medidas relacionadas con el Derecho penal» es bastante vaga, por lo que da cabida a todo tipo de interpretaciones, a menudo contradictorias.

2.9

Basándose en esta sentencia, la Comisión presentó una propuesta modificada de Directiva (4) que prevé inculpaciones y sanciones penales, al considerar que las sanciones puramente administrativas o determinadas sanciones penales previstas en algunos países son demasiado dispares o leves para ser suficientemente disuasorias, en particular frente a la delincuencia organizada, y que por este motivo propone una armonización mínima del Derecho penal aplicable a las infracciones graves contra el medio ambiente cuando se hayan cometido deliberadamente o por negligencia grave.

2.10

En un dictamen anterior (5), el Comité respaldó la primera propuesta de Directiva de la Comisión y su proyecto de Decisión marco, que estipulaba que los Estados miembros debían adoptar sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias para impedir los atentados contra el medio ambiente. El recurso de anulación de la Decisión marco del Consejo presentado por la Comisión contó con el apoyo del Parlamento, como parte coadyuvante, así como con el respaldo del Comité, pese a que el Tribunal desestimó su demanda de intervención mediante auto en una fase preliminar del procedimiento.

2.11

Por tanto, se trata de examinar si:

2.12

El Comité (6), no obstante, deberá considerar el amplio debate, entablado a nivel político y en la doctrina jurídica a raíz de esta sentencia, sobre la «constitucionalidad» o no de la ampliación de las competencias de la Comunidad en materia penal para la puesta en marcha de las políticas comunitarias, y el de la «preeminencia» del Tratado CE sobre el Tratado UE en estas materias, con motivo de las numerosas propuestas legislativas que la Comisión tiene previsto revisar, como acaba de hacer, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual (7).

2.13

En efecto, numerosos Estados miembros cuestionan la interpretación algo extensiva que hace la Comisión de la sentencia, tanto por lo que respecta al contenido de nuevas propuestas en materia de medio ambiente como a la inclusión de un dispositivo penal «mínimo» respecto de la aplicación efectiva de todas las políticas comunitarias (y no sólo de una política netamente transversal, como el medio ambiente), puesto que, en cualquier caso, el Tratado CE no prevé nada expresamente al respecto. Según dichos Estados miembros, sólo cabe invocar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia respecto de la política medioambiental, debido al carácter transversal y transfronterizo del medio ambiente, así como al tenor de la sentencia dictada, y no entenderse como carta blanca dada a la Comisión para todas las políticas comunitarias.

2.14

En el caso preciso que se examina, el Comité solo se pronunciará sobre las propuestas en materia medioambiental, único ámbito contemplado de forma expresa por la sentencia del Tribunal de Justicia.

2.15

En resumen, la Comisión ha decidido proponer inculpaciones y sanciones penales, en forma de límite mínimo de las penas, por «delitos medioambientales» contra toda persona física o jurídica que cometa, participe como cómplice o instigue a terceras personas a cometer delitos graves contra el medio ambiente, o cometa tales delitos por negligencia grave. Se prevén penas privativas de libertad o multas así como sanciones complementarias (artículo 5), que se pueden ampliar o completar con incriminaciones y sanciones adicionales con arreglo a la legislación nacional.

3.1

El Comité manifiesta su decepción por el hecho de que las sanciones penales en materia de medio ambiente, cuyo principio y nivel de gravedad apoya (tal como también hizo con ocasión de la propuesta de Directiva y la propuesta de Decisión marco de la Comisión, en 2005), se estén retrasando desde hace años, y posiblemente por mucho tiempo, a raíz de un desacuerdo entre las instituciones sobre el reparto de competencias establecido en el Tratado CE y el Tratado UE. El Comité espera que se halle rápidamente una solución política entre las instituciones, incluida la cuestión de la participación del Parlamento, y que los tratados puedan interpretarse con claridad, ya sea aprovechando la CIG, que acaba de comenzar sus trabajos, o, en su defecto, en sentencias ulteriores del Tribunal.

3.2

La calificación del daño al medio ambiente susceptible de sanciones penales como «deterioro significativo» deberá interpretarse en el momento de la transposición al Derecho interno y en el marco de la jurisprudencia penal de los diferentes Estados miembros.

3.3

El Comité señala que la Directiva aborda de forma prioritaria los «delitos graves», en particular los cometidos por organizaciones delictivas o a gran escala por personas jurídicas, y que tiene por objeto armonizar las sanciones aplicables en el ámbito comunitario para evitar lagunas jurídicas que puedan aprovechar los delincuentes. Ahora bien, las cuestiones relativas a la delincuencia organizada entran en el ámbito del título VI del Tratado de la UE relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal, y deben por tanto ser objeto de un instrumento jurídico idóneo, como, por ejemplo, la decisión marco.

3.4

El carácter amplio de la incriminación hizo que un tabloide británico se preguntase si coger flores salvajes podría llevar a un particular a la cárcel en caso de que en el ramo hubiera especies protegidas. Cabe destacar que solo se prevén sanciones penales para casos «graves» y que éstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. La facultad de apreciación del juez penal nacional, encargado de su aplicación, debe permanecer íntegra para poder estimar la gravedad del delito y modular la pena en cada caso concreto, con el fin de respetar la independencia del poder judicial.

3.5

Por su parte, el Comité está satisfecho de que en la propuesta de Directiva (artículo 3) se expliciten pormenorizadamente los hechos considerados delictivos, con arreglo al principio «Nulla poena sine lege» (8), principio general de Derecho que exige que la legislación penal sea clara y precisa para que las personas concernidas conozcan sin ambigüedad los derechos y obligaciones que de ella se derivan; dicho de otro modo: sin fundamento jurídico preciso no hay sanción.

3.6

Está claro que el sistema de sanciones penales propuesto por la Comisión abarca las infracciones a todas las legislaciones medioambientales de origen nacional, comunitario e internacional. Este ámbito de aplicación particularmente amplio podría plantear una dificultad jurídica en lo que se refiere al fundamento nacional del Derecho común o de los instrumentos autónomos de control del Derecho internacional. Las «infracciones graves» perseguidas son las que se cometen tanto en ámbito nacional como transfronterizo. No obstante, el Comité aprueba el ámbito de aplicación material y territorial, derivado de la naturaleza misma de la protección del medio ambiente, dado que las infracciones afectan la mayor parte de las veces al medio ambiente en su conjunto, independientemente de las fronteras nacionales.

3.7

Para las personas jurídicas se prevén sanciones penales y no penales, pero no se precisa claramente la posibilidad de imponer sanciones penales a las personas físicas, por ejemplo, a los responsables de las empresas o sociedades concernidas. Las sanciones se aplican únicamente a las personas que encarnan a la persona jurídica siempre que sean autoras o instigadoras directas de los hechos incriminados. El Comité considera que la Directiva debería contemplar la situación de los directivos que, por mera negligencia, no hayan controlado la acción de sus subordinados, imponiéndoles al menos sanciones complementarias.

3.7.1

El Comité toma nota de que el artículo 7 de la propuesta establece un importe mínimo para las multas máximas, pero que los Estados miembros pueden prever, en caso necesario, penas más severas cuando efectúen la transposición. Con ello solo se garantiza un mínimo común, pero puede crear lógicas penales nacionales divergentes. El Comité expresa su preferencia por una política de armonización penal más rotunda, a fin de evitar cualquier tentación de «forum shopping» (búsqueda del órgano jurisdiccional más ventajoso), aunque sea necesario aumentar los importes mínimos de las multas máximas.

3.8

Ahora bien, según la evaluación de impacto de la Comisión, los Estados miembros dispondrán de un amplio margen en cuanto a la aplicación. A juicio del Comité, dado que las divergencias en la transposición pueden obstaculizar una aproximación eficaz del Derecho penal en materia de medio ambiente, se debería garantizar un seguimiento periódico de las prácticas nacionales. El margen normal de apreciación de los Estados miembros debería evitar en líneas generales que se crearan zonas de contaminación «más baratas». En este sentido, el Comité se muestra de acuerdo con el fundamento jurídico propuesto (artículo 175 del Tratado CE).

3.9

Por lo que respecta a las penas de privación de libertad, el Comité señala que se propone una aproximación en tres grados, con arreglo a las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 25 y 26 de abril de 2002. Por otra parte, se prevén sanciones alternativas, además de la reparación de los daños causados, como inhabilitaciones profesionales. Ahora bien, la mayoría de las infracciones graves cometidas contra el medio ambiente ya están incluidas en el ámbito de aplicación de la Decisión marco 2005/212/JAI relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.

3.10

Por otro lado, el establecimiento de una duración máxima de entre dos a cinco años es una opción algo desconcertante. Hubiera sido preferible fijar un único límite mínimo para la pena máxima en aras de una mejor armonización habida cuenta de que, en cualquier caso, ello no afecta al margen de apreciación del juez.

3.11

Sin embargo, la Comisión considera que el hecho de limitar el margen de apreciación de los Estados miembros en cuanto a la transposición es «contrario a los objetivos de la Directiva»: surge aquí un conflicto entre la lógica penal que prefiere el Comité y la de la Comisión. A la vista de las realidades que se deriven de la aplicación, no cabe duda de que habrá que insistir en una lógica más que en otra para alcanzar los objetivos de la propuesta.

3.12

El CESE es consciente de que, en este momento del proceso de integración comunitaria, no es posible adoptar un reglamento sobre la materia. Ahora bien, dos cuestiones suscitan preocupación: por una parte, la necesidad de una delimitación clara entre sanción administrativa y delito; por otra, que la transposición no dé lugar a divergencias fundamentales entre las legislaciones de los Estados miembros, pues no sería lógico que una conducta resultase sancionable en un Estado miembro y en otro no.

3.13

Sobre la base del informe sobre la aplicación de la Directiva, se debería informar también al CESE (artículo 8).

3.14

Procede tener en cuenta lo expresado anteriormente por el CESE (9), especialmente lo relativo a:

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/51

1.1

El Comité Económico y Social Europeo toma nota de las disposiciones adoptadas por la Comisión Europea.

1.2

El Comité pide que la Agencia Europea de Medicamentos (AEMA) se pronuncie sobre cualquier sustancia farmacológica destinada a animales productores de alimentos y que el Comité de Medicamentos Veterinarios (CVMP) la evalúe respecto del límite máximo de residuos (LMR).

1.3

Cualquier empresa que ofrezca productos farmacológicos para animales deberá recabar la autorización de la EMEA y las evaluaciones de los LMR a cargo del CVMP.

1.4

Para evitar cualquier obstáculo a la libre circulación de los productos dentro de la UE, dichas autorizaciones serán válidas en todos los Estados miembros.

1.5

El procedimiento de comercialización deberá simplificarse, sin dejar de garantizar a los consumidores un elevado nivel de protección.

1.6

La simplificación y legibilidad de los documentos comunitarios resultarían provechosas para los ciudadanos. Si fueran más accesibles, cada individuo podría conocer y comprender la contribución de Europa a su vida cotidiana.

2.1

El objetivo es seguir limitando el nivel de exposición de los consumidores a las sustancias farmacológicamente activas.

2.2

No obstante, sin dejar de garantizar a los consumidores un elevado nivel de protección, la propuesta debería prever asimismo la simplificación de la legislación existente.

2.3

A fin de alcanzar la meta perseguida, es preciso tener en cuenta los siguientes objetivos específicos:

3.1

El marco jurídico actual para los LMR plantea problemas específicos:

4.1

Las principales modificaciones propuestas son las siguientes:

4.2

La Comisión tomó la precaución de consultar a las partes interesadas para evaluar las modificaciones necesarias.

5.1

El Comité Económico y Social Europeo toma nota de las disposiciones adoptadas por la Comisión Europea.

5.2

El Comité pide que la Agencia Europea de Medicamentos se pronuncie sobre cualquier sustancia farmacológica destinada a animales productores de alimentos y que el Comité de Medicamentos Veterinarios la evalúe respecto del límite máximo de residuos.

5.3

Cualquier empresa que ofrezca productos farmacológicos para animales deberá recabar una autorización de la EMEA y las evaluaciones sobre los LMR a cargo del Comité de Medicamentos Veterinarios.

5.4

Para evitar cualquier obstáculo a la libre circulación de los productos dentro de la UE, dichas autorizaciones serán válidas en todos los Estados miembros.

5.5

El procedimiento de comercialización deberá simplificarse, sin dejar de garantizar a los consumidores un elevado nivel de protección.

5.6

La evolución de los conocimientos científicos permitirá determinar la inocuidad de los productos, así como el tiempo de espera que ha de transcurrir entre el momento en que se administra el medicamento al animal y cuando se le sacrifica para el consumo.

5.7

En función de la evolución de los conocimientos científicos se fijará a través del Consejo un límite máximo de residuos.

5.8

Solicitud de procedimiento: el actual ha demostrado sus virtudes; deberá mantenerse la solicitud de autorización.

5.9

Así, la clasificación de las sustancias farmacológicamente activas deberá especificar:

5.10

La EMEA deberá consultar a los laboratorios de referencia y establecer un procedimiento para analizar los residuos.

5.11

No se podrá obstaculizar la libre circulación de alimentos de origen animal dentro de la Unión Europea.

5.12

La simplificación y legibilidad de los documentos comunitarios resultarían provechosas para los ciudadanos. Si fueran más accesibles, cada individuo podría conocer y comprender la contribución de Europa a su vida cotidiana.

5.13

Para garantizar a los consumidores una protección total, los productos cárnicos extracomunitarios procedentes de animales que hayan consumido sustancias que no figuran en la clasificación comunitaria deberán someterse a un estudio científico para demostrar la inocuidad de dichas sustancias, ser aprobados por la EMEA y, a continuación, validados por el Comité de Medicamentos Veterinarios respecto de los LMR.

5.14

La Comisión deberá analizar la problemática de la disponibilidad de las sustancias medicamentosas para determinadas especies (cabras, conejos) que los laboratorios no desarrollan por falta de rentabilidad.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/53

1.1

El Comité, de forma general, acoge favorablemente la propuesta de Reglamento.

1.2

El CESE tiene ciertas dudas respecto a que la propuesta de Reglamento realmente implique una «simplificación» con respecto al Reglamento actualmente en vigor que pueda redundar en beneficio de una reducción de las cargas administrativas, tanto para los Estados miembros como para los administrados.

1.3

El Comité considera que la definición de «usuarios finales» dada por la Comisión Europea es imprecisa, puesto que permite que cualquier persona pueda ser considerada como tal. Por ello, sugiere a la Comisión que modifique la definición, precisándola mucho más.

1.4

El CESE considera que la recopilación de datos medioambientales debería llevarse a cabo principalmente por los estudios en el mar realizados por los Estados miembros mediante campañas científicas pesqueras.

1.5

El Comité estima que la Comisión debería precisar con más claridad las causas de incumplimiento que conllevan sanciones a los Estados miembros, con una modulación de las correcciones financieras.

1.6

El CESE solicita a la Comisión que elimine la mención al libre acceso de los encargados de tomas de muestra de datos económicos a los locales de las empresas debido a los problemas legales que puede generar.

1.7

El CESE estima que la Comisión debería expresamente prever la financiación a través de los Estados miembros de los programas de observadores en el mar y la reducción al mínimo necesario de los programas de automuestreo a cargo de las tripulaciones, puesto que pueden sobrecargar excesivamente su trabajo.

1.8

Con relación a la evaluación del impacto de la actividad pesquera sobre el medioambiente, el Comité estima que es necesario que la Comisión Europea defina claramente qué datos son los que se van a necesitar y quién los obtendrá.

1.9

El Comité considera de difícil aplicación la recopilación de datos que permitan evaluar el grado de interacción entre las especies, por lo que sugiere su eliminación.

1.10

Con relación a la gestión y uso de los datos primarios recopilados, el Comité desea resaltar la importancia de la confidencialidad de los mismos para todos los que, conforme a la propuesta de Reglamento, tienen acceso a los mismos.

1.11

El Comité considera que será prácticamente imposible comenzar los programas comunitarios y los nacionales en el año 2008, por lo que recomienda a la Comisión que comience a aplicarse en el año 2009.

2.1

La recopilación sistemática de unos datos básicos fiables sobre la pesca es fundamental para la evaluación de las poblaciones de peces y del asesoramiento científico y, por consiguiente, tiene una importancia crítica para la aplicación de la política pesquera común (PPC).

2.2

La Comisión Europea ha sometido a examen el sistema implantado por el actual marco de recopilación de datos (1) tras varios años de aplicación y ha considerado que debe ser revisado para poder tomar debidamente en consideración un enfoque de la gestión de la pesca basado en las flotas, la necesidad de elaborar un enfoque ecosistémico, la necesidad de mejorar la calidad, la exhaustividad y el acceso general a los datos sobre la pesca, el apoyo más eficiente a la prestación de asesoramiento científico y el fomento de la cooperación entre los Estados miembros.

2.3

Por ello, presenta la propuesta de Reglamento del Consejo «relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común» (2), motivo del presente Dictamen, cuyo objetivo es elaborar unos programas de muestreo regionales, a largo plazo y bien integrados, con inclusión de datos biológicos, económicos, medioambientales y sociales, que satisfaga las nuevas demandas generadas por la necesidad de avanzar hacia la gestión de la pesca y hacia un enfoque ecosistémico con respecto a la gestión de la pesca.

2.4

La propuesta pretende que el nuevo sistema de recopilación de datos incluya la totalidad del proceso, desde la recogida de los datos en el mar hasta su utilización por los usuarios finales. Además, de forma innovadora, prevé la inclusión de la recopilación de datos sobre el medio ambiente con la finalidad de conocer las repercusiones de la actividad pesquera sobre el ecosistema marino, una sanción económica para los Estados miembros que incumplan las normas, mejorar el acceso a los datos y su utilización y reducir la carga administrativa de todas las partes implicadas (simplificación).

3.1

Con el fin de mejorar el asesoramiento científico, la propuesta de Reglamento establece normas referentes a la recopilación de datos y gestión, en el marco de programas plurianuales, de los datos biológicos, económicos, medioambientales y sociales relativos al sector de la pesca y al uso de los mismos en el marco de la PPC.

3.2

Estos datos pesqueros básicos deben permitir evaluar la actividad de las diferentes flotas pesqueras, preparar resúmenes utilizando los datos recopilados en virtud de las demás normas comunitarias sobre la PPC, calcular volúmenes totales de capturas y descartes por poblaciones y grupos de buques, clasificar capturas por zonas geográficas y por períodos, estimar la abundancia y distribución de las poblaciones de peces, evaluar los efectos de las actividades pesqueras en el medioambiente, evaluar la situación socioeconómica del sector pesquero, permitir el seguimiento de los precios de las descargas de los buques comunitarios y de las importaciones y evaluar la situación económica y social de la industria.

3.3

La financiación de estas actividades está prevista en el Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006, por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar (3), sobre el que este Comité ya emitió su correspondiente dictamen (4).

3.4

La propuesta de Reglamento concede especial importancia al control de calidad y la validación de los datos recogidos, supeditando la aprobación financiera de la Comunidad al control de calidad y al cumplimiento de las normas de calidad aprobadas.

3.5

Existen otra serie de reglamentos comunitarios en el ámbito de la recopilación y gestión de datos pesqueros que incluyen disposiciones relativas a recopilación y gestión de los datos sobre los buques pesqueros, sus actividades y capturas, así como sobre vigilancia de los precios, capturas accidentales de cetáceos y condiciones aplicables a la pesca en aguas profundas que deben ser tenidas en cuenta en la propuesta de Reglamento si se desea establecer un sistema de recopilación de datos completo y coherente.

3.6

El Comité, de forma general, acoge favorablemente la propuesta de Reglamento. No obstante, contempla con preocupación el constante aumento de reglamentación comunitaria que implica un aumento del trabajo administrativo. En este caso, el CESE tiene ciertas dudas respecto a que la propuesta de Reglamento realmente signifique una simplificación que redunde en beneficio de la reducción de las cargas administrativas, tanto para los Estados miembros como para los administrados.

3.7

Asimismo, el CESE considera muy satisfactorio que la propuesta haga gran hincapié en los aspectos medioambientales de las actividades pesqueras y que pueda aportar los datos necesarios para poder aplicar a la gestión de la pesca un enfoque ecosistémico.

4.1

La propuesta de Reglamento comienza definiendo algunos conceptos clave, como los siguientes: sector pesquero, pesca recreativa, regiones marítimas, datos primarios, datos detallados, datos agregados, muestreo por flotas, buque pesquero comunitario y usuarios finales. Para el CESE, la definición de este último término es imprecisa, puesto que hace referencia a «las personas físicas o jurídicas o las organizaciones interesadas en el análisis científico de los datos relativos al sector pesquero». Con esta definición, el Comité considera que cualquiera podría ser usuario final. Por ello, sugiere a la Comisión Europea que modifique la definición, precisando mucho más los verdaderos usuarios finales.

4.2

Para la recopilación de los datos la Comisión definirá un programa comunitario plurianual que afectará a:

4.3

Los Estados miembros elaborarán un programa nacional de recopilación de datos elaborado de conformidad con el programa comunitario, que incluirá los procedimientos y métodos que deben utilizarse para recopilar y analizar los datos así como para estimar su exactitud y precisión. Los programas nacionales incluirán en particular:

4.4

La Comisión prevé en su propuesta que los programas comunitarios y los programas nacionales se elaboren para un período de tres años. Los primeros programas deberían cubrir el período 2008 a 2010, ambos inclusive. El Comité considera que será prácticamente imposible comenzar los programas en el año 2008, por lo que recomienda a la Comisión que tal disposición comience a aplicarse en el año 2009.

4.5

Los Estados miembros coordinarán sus programas nacionales con otros Estados miembros en la misma región marítima y tratarán de coordinar sus acciones con los terceros países que tengan soberanía o jurisdicción sobre las aguas de la misma región marítima, como ocurre en las organizaciones regionales de la pesca.

4.6

El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) evaluará los programas nacionales, sus eventuales modificaciones y la pertinencia científica de los datos que se van a recopilar. La Comisión aprobará los programas nacionales sobre la base de la evaluación realizada por el CCTEP.

4.7

El Comité muestra su conformidad con el plan de recopilación y gestión de datos en el marco de programas plurianuales. No obstante, desea señalar a la Comisión que de la lectura de la propuesta de Reglamento que presenta no se puede deducir la incidencia que tendrá en el trabajo normal de un buque la recopilación de datos pesqueros, fundamentalmente los correspondientes al impacto de las actividades del sector pesquero sobre el medio ambiente. En este sentido, el CESE considera que esta recopilación de datos medioambientales debería llevarse a cabo principalmente por los estudios en el mar realizados por los Estados miembros mediante campañas científicas pesqueras.

4.8

Como aspecto novedoso, la Comisión prevé que, si no se respetan las normas previstas en la propuesta de Reglamento, ésta podrá sancionar a los Estados miembros reduciendo, e incluso suspendiendo, la ayuda financiera a los programas nacionales de los mismos. El Comité considera acertada la propuesta y confía en que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones para evitar las sanciones. No obstante, estima que la Comisión debería precisar con más claridad las causas de incumplimiento que conllevan sanciones, con una modulación de las correcciones financieras.

4.9

Conforme se indica en el punto 4.3. los programas nacionales de muestreo plurianuales incluirán:

4.10

El Comité reitera lo manifestado en su Dictamen sobre el Reglamento (CE) no 861/2006, en el que consideraba que, para mejorar el asesoramiento científico, se deberían poder financiar, a través de los Estados miembros, los gastos en los que incurriese el sector pesquero comunitario en la realización de estudios para evaluar los efectos de las actividades pesqueras en el medio ambiente y para evaluar la situación socioeconómica en el sector.

4.11

La Comisión prevé que los Estados miembros velen por que los encargados de tomar muestreos tengan libre acceso, para el cumplimiento de su cometido, a:

4.12

El CESE desea señalar a la Comisión la dificultad, conforme a Derecho, del libre acceso de los encargados de tomas de muestra de datos económicos a los locales de las empresas. Por ello, solicita a la Comisión su eliminación.

4.13

Finalmente, la recopilación de datos pesqueros dentro de los programas nacionales contempla, por un lado, el embarque de observadores en el mar, cuando resulte necesario para la recopilación de datos y, por otro lado, los estudios científicos en el mar con el fin de evaluar la abundancia y distribución de las poblaciones, independientemente de la evaluación de la pesca comercial, y para evaluar el impacto de la actividad pesquera sobre el medio ambiente.

4.14

El CESE estima necesarios ambos sistemas para completar el marco de recopilación de datos pesqueros, considerando que la Comisión debería expresamente prever la financiación a través de los Estados miembros de los programas de observadores en el mar. En el caso en el que no se pueda embarcar observadores a bordo de los buques pesqueros, por manifiesta falta de espacio en el buque o por motivos de seguridad, el Comité desea señalar a la Comisión que los programas de automuestreo que deberían realizar los tripulantes pueden sobrecargar excesivamente su trabajo.

4.15

Con relación a la evaluación del impacto de la actividad pesquera sobre el medioambiente, el Comité estima que es necesario que la Comisión Europea defina claramente qué datos son los que se van a necesitar y quién los obtendrá.

4.16

La propuesta de Reglamento establece que el almacenamiento seguro y la confidencialidad de los datos primarios recopilados se efectuará en bases de datos informáticas bajo responsabilidad del Estado miembro. Asimismo, los Estados miembros serán responsables de la calidad y exhaustividad de los datos primarios recopilados y de los datos detallados y agregados obtenidos a partir de los datos primarios.

4.17

El Comité considera oportuno que estas responsabilidades recaigan en el Estado miembro, en tanto en cuanto la confidencialidad es sumamente importante para las empresas pesqueras.

4.18

La confidencialidad de los datos es sumamente importante, ya que las bases de datos informáticas nacionales contendrán todos los datos primarios correspondientes a los siguientes reglamentos:

así como los previstos en el marco de la presente propuesta de Reglamento:

4.19

Con relación a los datos que permitan evaluar el grado de interacción entre las especies, el Comité considera que, dada su ambigüedad y su falta de precisión, tal evaluación no se podrá realizar, por lo que sugiere su eliminación.

4.20

Los Estados miembros procesarán los datos primarios formando un conjunto de datos detallados o agregados de conformidad con las normas internacionales aplicables y los protocolos aprobados a nivel regional, y mediante acuerdos con la Comisión los pondrán a disposición de ésta y de las organizaciones científicas pertinentes.

4.21

Los Estados miembros transmitirán los datos detallados y agregados en un formato electrónico seguro.

4.22

Los Estados miembros sólo podrán negarse a transmitir los datos detallados y agregados pertinentes cuando exista un riesgo de identificación de las personas físicas y/o jurídicas o en los casos en que los usuarios finales no cumplan con las obligaciones que les señala la propuesta de Reglamento.

4.23

Con relación a la gestión y uso de los datos recopilados, el Comité desea resaltar la importancia de la confidencialidad de los datos primarios recopilados, en particular, los que se refieren a la actividad de los buques basada en la información procedente de la vigilancia por satélite y, por ello, solicita a la Comisión que se le dé un tratamiento diferenciado.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/57

1.1

El Comité Económico y Social Europeo toma nota de las medidas propuestas por la Comisión Europea.

1.2

El CESE suscribe la simplificación y clarificación de la legislación, aplicable tanto a los ciudadanos como a las empresas que venden productos farmacéuticos destinados a los animales.

1.3

La Directiva propuesta respeta el principio de proporcionalidad, dado que sólo prevé cambios limitados derivados de los datos científicos y opiniones de expertos más recientes.

1.4

La Directiva propuesta se aplica también a las importaciones de terceros países de animales productores de alimentos.

1.5

La Directiva propuesta no es contraria a los compromisos contraídos en el marco de la OMC.

1.6

La no disponibilidad en el futuro del estradiol 17β y de sus derivados de tipo éster no tendrá un impacto significativo ni en los ganaderos ni en el bienestar animal.

1.7

No es necesario que se fijen límites máximos de presencia de residuos.

1.8

Tampoco se producirá prácticamente ninguna repercusión en las PYME.

2.1

La propuesta sometida a examen tiene por finalidad modificar la Directiva 96/22/CE de 29 de abril de 1999, modificada por la Directiva 2003/74/CE. La Directiva propuesta prohíbe la comercialización de determinadas sustancias para su administración, con fines distintos de los establecidos en el apartado 2 del artículo 4, a los animales cuya carne y productos estén destinados al consumo humano.

Lista de sustancias prohibidas:

Lista A:

Lista B:

2.2

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

2.3

La Comisión propone introducir un número muy limitado de cambios que son necesarios para evitar que los animales de compañía sigan sufriendo por la falta de un tratamiento adecuado y para tener en cuenta la opinión científica y técnica acerca del estradiol 17β (1).

3.1

En el artículo 2, letra a) de la Directiva 96/22/CE del Consejo se prohíbe específicamente la comercialización de las sustancias enumeradas en el anexo II para su administración a animales de «todas las especies».

3.2

Si se comparan los precios de los productos con efecto tireostático, se comprueba que no resulta económicamente atractivo utilizar estos productos para los animales productores de alimentos.

3.3

El uso ilícito puede relacionarse más bien con la producción o la importación ilegales de las sustancias en cuestión. En los últimos cinco años no se ha observado ningún uso ilegal de estilbenos, derivados de estilbenos ni de sus sales o sus ésteres.

3.4

La Directiva mencionada no permite conceder la autorización de comercialización a productos que contienen sustancias para el tratamiento del hipertiroidismo en animales de compañía.

3.5

En 1981, la Unión Europea prohibió mediante la Directiva 81/602/CEE el uso de sustancias de efecto hormonal para estimular el crecimiento de los animales de cría, en particular el estradiol 17β.

3.6

Aunque con la Directiva 96/22/CE se intentó en principio prohibir el estradiol 17β y sus derivados de tipo éster para cualquier fin, en el procedimiento de adopción se introdujeron modificaciones en el sentido de limitar simplemente los supuestos en que puede administrarse el estradiol 17β. Este producto es totalmente carcinógeno, ya que provoca tumores y favorece su desarrollo.

3.7

En el informe presentado al Consejo y al Parlamento el 11 de octubre de 2005 se llegaba a la conclusión de que, como ya es común el uso de sustancias alternativas como las prostaglandinas, es posible dejar de recurrir al estradiol 17β para los animales productores de alimentos.

3.8

Los animales de compañía que padecen hipertiroidismo sufren a menudo por la falta continuada de un tratamiento adecuado.

4.1

El Comité Económico y Social Europeo toma nota de las medidas propuestas por la Comisión Europea.

4.2

Los cambios propuestos en relación con el estradiol 17β son resultado directo de las actividades exigidas por el artículo 11 bis de la Directiva 2003/74/CE.

4.3

Los cambios propuestos son muy limitados y necesarios para evitar que los animales de compañía sigan sufriendo por la falta de tratamiento o por recibir un tratamiento inadecuado.

4.4

La propuesta sometida a examen afectará a los propietarios de animales, médicos veterinarios, industria farmacéutica veterinaria y agencias de autorización de los Estados miembros.

4.5

La propuesta contribuirá a alcanzar un nivel elevado de protección de la salud humana.

4.6

Las nuevas autorizaciones deben tener en cuenta la posibilidad de un uso inadecuado. Por tanto, las presentaciones que puedan prestarse a abusos podrán rechazarse.

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/58

15.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 10/59

1.1

Los cambios que se están produciendo en el ámbito del comercio y la creciente integración de las economías nacionales en el sistema de comercio mundial vienen impulsados por toda una serie de factores. Uno de los más importantes es el desarrollo de una división internacional de la producción que ha llevado a un aumento del número de productos intermedios (bienes y servicios) intercambiados en las distintas fases del proceso de producción. El comercio de productos intermedios es uno de los motores más importantes de las transformaciones industriales y representa una forma particular de la división internacional del trabajo.

1.2

En este contexto, la externalización se mide por los flujos del comercio exterior de productos intermedios, lo cual difiere de la definición habitual y se solapa hasta cierto punto con lo que se denomina «deslocalización» (offshoring). Para diferenciarlas cabría utilizar el término «externalización al extranjero» (offshore outsourcing).

1.3

La «externalización al extranjero» se debe a una serie de razones. La más importante es sin duda los bajos costes laborales (nivel más bajo de salarios y de protección social). Pero aparte de eso, desempeñan también un papel fundamental los precios de las materias primas o la proximidad de nuevos mercados en crecimiento. Otro motivo para la externalización al extranjero pueden ser las ventajas en términos de costes debido a legislaciones menos estrictas en materia de protección medioambiental o las ventajas fiscales.

1.3.1

El fenómeno de la externalización al extranjero no es un fenómeno nuevo, sino sinónimo de la organización de la producción basada en la división del trabajo en la que las empresas se especializan en aquello que mejor saben hacer y de manera más eficiente desde el punto de vista de los costes. Las tecnologías de la información y el bajo coste de las comunicaciones aceleran esta evolución y hacen posible el comercio internacional en muchos ámbitos nuevos, sobre todo en el sector de los servicios.

1.3.2

Un requisito fundamental para la externalización al extranjero es la existencia de un sistema de transportes barato y eficaz.

1.4

El volumen de bienes comercializados actualmente en todo el mundo es quince veces superior al de 1950 y su participación en el PIB mundial se ha triplicado. El comercio mundial de servicios está alcanzando índices de crecimiento parecidos al de bienes y crece más rápidamente que el PIB. La participación de los servicios en el comercio internacional representa algo menos del 20 %.

1.5

Entre 1992 y 2003 el porcentaje de productos intermedios en el total de las importaciones aumentó del 52,9 al 54,1 % y el de bienes de capital del 14,9 al 16,6 %, mientras que el porcentaje de bienes de consumo disminuyó ligeramente. En el sector de los productos intermedios hay un claro desplazamiento hacia la categoría de piezas y componentes.

1.6

Las tendencias también varían mucho en el plano regional. Mientras que el porcentaje de productos intermedios en las importaciones ha descendido en la UE (15), Japón y EE.UU., ha aumentado en China, el sudeste de Asia y los nuevos Estados miembros (UE-10).