Formación judicial en la Unión Europea

La formación judicial es una cuestión fundamental del funcionamiento del espacio judicial europeo. Inscrita en el marco del programa de La Haya, esta formación judicial común debe centrarse en el conocimiento de los instrumentos jurídicos de la Unión y los sistemas judiciales de los Estados miembros, así como en la mejora de las competencias lingüísticas para una mejor comunicación.

ACTO

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 29 de junio de 2006, sobre la formación judicial en la Unión Europea [COM (2006) 356 final - no publicada en el Diario Oficial].

SÍNTESIS

Ante la evolución de la Unión Europea (UE) hacia un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Comisión Europea considera que es crucial que los profesionales de la justicia de los Estados miembros adquieran una cultura judicial europea común. Con el fin de alcanzar este objetivo, los Estados miembros deberán familiarizarse con sus sistemas recíprocos, aprender sus lenguas mutuas y acostumbrarse a trabajar en el marco de una asociación transnacional y un reconocimiento mutuo, con el fin de promover la cooperación entre las autoridades judiciales.

Diversidad de la formación judicial entre los Estados miembros

Los sistemas de formación judicial están muy relacionados con la organización judicial de los Estados miembros y muestran una gran diversidad en cuanto a sus mecanismos de selección de jueces, fiscales y abogados:

en lo que respecta a los jueces, y a veces a los fiscales, el nivel de la formación inicial es más o menos alto según hayan sido seleccionados después de la universidad o tras varios años de experiencia profesional; la formación continua varía según los Estados miembros;
las diferencias entre cuerpos profesionales únicos y diferenciados: algunos Estados miembros tienen una institución competente única de formación de jueces y fiscales, mientras que otros Estados optan por la diferenciación. En lo que respecta a los abogados, la formación suele depender directamente de los Colegios de abogados, que en algunos casos están en relación con las universidades;
la duración de la formación y su tipo de financiación según la especialidad escogida varía entre los Estados miembros.

También es posible implicar a otros tipos de jurisdicciones especializadas (administrativas o militares) en el proceso.

La Unión Europea no debe interferir en la organización de los sistemas nacionales de formación. No obstante, el refuerzo del espacio judicial europeo supone la misma calidad de formación. Por otra parte, la financiación europea sólo debería utilizarse como complemento de la financiación nacional.

Los aspectos europeos de la formación judicial

La UE trabaja desde más de quince años en la creación de una Red europea de formación judicial (REFJ) de la que depende el desarrollo de una cultura judicial común. Con iniciativas como Grotius y la creación del programa marco «Derechos fundamentales y justicia» (2007-2013), la Unión intenta reforzar y orientar mejor los medios consagrados a la formación judicial en el espacio europeo.

Además de estos instrumentos financieros, los mecanismos de ayuda a la cooperación tales como la red judicial civil, Eurojust o la red judicial penal desempeñan un papel importante en materia de información.

Por otra parte, existen numerosas instituciones de alcance europeo que organizan regularmente actividades de formación para los profesionales de la justicia, como el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP) (EN) de Maastricht, el Centro europeo de la magistratura y las profesiones jurídicas, o el Europaïsche Rechtacadémie de Tréveris.

La REFJ, creada en 2000, tiene por objetivo promover un programa de formación judicial de dimensión europea. Este valioso instrumento de desarrollo de la formación judicial y de coordinación de la acción de las diferentes estructuras nacionales sobre el Derecho de la Unión ha recibido subvenciones de funcionamiento del presupuesto de la Unión en 2003 y 2005. A partir de 2007, la Comisión le concede una subvención de funcionamiento anual en el marco del programa marco «Derechos fundamentales y justicia» (programa específico «Justicia penal»).

Necesidades y objetivos de la formación judicial europea

La organización de la formación judicial es ante todo una responsabilidad de los Estados miembros, que deben integrar plenamente la dimensión europea en sus actividades nacionales. La Comunicación indica claramente que la responsabilidad de concebir y aplicar las actividades de formación incumbe principalmente a los Estados miembros, a la vista de las especificidades de cada cultura judicial. Sin embargo, la UE tiene trabajo que realizar en este ámbito. La Comisión ha identificado, así, dos capítulos prioritarios:

la correcta aplicación del Derecho comunitario, que depende en gran parte de la forma en que lo aplican los profesionales de la justicia y, en particular, los magistrados;
el desarrollo del principio de reconocimiento mutuo, que se basa esencialmente en un alto nivel de confianza recíproca y la cooperación entre las autoridades judiciales.

Por otra parte, las necesidades identificadas por la Comisión en materia de formación judicial son las siguientes:

mejorar el conocimiento de los instrumentos jurídicos adoptados por la Unión y la Comunidad en sectores en los que se han conferido facultades específicas a los jueces nacionales;
mejorar las competencias lingüísticas para que las autoridades judiciales puedan comunicarse directamente entre sí, tal como prevé la mayoría de los instrumentos;
desarrollar el conocimiento de los sistemas jurídicos y judiciales de los Estados miembros que permita evaluar sus necesidades respectivas en el marco de la cooperación judicial.

En lo que respecta al método, la formación debe insistir en los aspectos prácticos, con el fin de:

desarrollar métodos que permitan una mayor divulgación de los resultados de la formación, junto a las conferencias y seminarios más clásicos;
utilizar medios de formación innovadores y accesibles en línea, por lo que respecta a los instrumentos de la Unión y la información sobre los sistemas judiciales nacionales;
favorecer una estrecha cooperación entre los organismos de formación nacional, los organismos de formación con vocación europea -la REFJ, por una parte, y Eurojust, la red judicial civil y la red judicial penal, por otra-. Una mayor cooperación dentro del respeto de las tradiciones nacionales permitirá confrontar diversos puntos de vista e intercambiar experiencias.

Estrategia europea para la formación judicial

El Programa de La Haya insiste en la importancia de integrar un componente europeo en los programas nacionales de formación, en particular en el ámbito de la formación inicial. Los futuros profesionales tendrán así un sentimiento de pertenencia a un mismo espacio de Derecho y valores. Por su parte, la formación continua debe familiarizar a los profesionales con experiencia con los instrumentos jurídicos adoptados en la Unión Europea.

La Comisión, dentro del programa marco 2007-2013 «Derechos fundamentales y justicia», desea en primer lugar prestar ayuda financiera a la formación de las profesiones judiciales en materia de Derecho de la Unión y Derecho comunitario. Además, con el fin de determinar mejor las necesidades esenciales, los principales actores de la formación judicial de los Estados miembros y de nivel europeo serán consultados regularmente, a fin de elaborar una estrategia europea plurianual de formación.

La REFJ debe ser reforzada para mejorar la coordinación entre las entidades nacionales y desarrollar unas relaciones más fuertes y estables entre ellas. La creación de una subvención anual de funcionamiento en su favor es un elemento importante cuyo desembolso efectivo está supeditado, obviamente, a las condiciones previstas en la normativa financiera. La REFJ también debería intervenir en la concepción de programas plenamente europeos en relación con otros organismos competentes. Agrupa a las instituciones responsables de la formación de jueces -los fiscales sólo se incluyen en la medida en que pertenezcan al cuerpo judicial-. Además, la Comisión adoptó en 2006 la decisión de financiación con el fin de aplicar el programa de intercambio entre las autoridades judiciales. Con arreglo a este instrumento, la Comisión estableció que la REFJ debe tener el monopolio en los intercambios entre jueces y fiscales en el conjunto de Europa. Deberá examinarse la cuestión de la participación de los jueces especializados, al igual que tendrá que tenerse en cuenta la formación de los abogados.

Desde el punto de vista financiero, habrá que llegar a una simplificación que permita seleccionar mejor las ayudas financieras europeas para proyectos que puedan llegar a unos destinatarios privilegiados; podrían adoptarse convenios marco que regularan las relaciones con las instituciones competentes; asimismo, podría recurrirse a las licitaciones en el caso de los proyectos de mayor alcance.

Por último, la formación judicial debe integrarse en un marco internacional más amplio y dar lugar a una cooperación más allá de las fronteras de la Unión, a fin de favorecer la cooperación judicial con los terceros países y la consolidación del Estado de Derecho en el mundo.

Contexto

En diciembre de 2001, el Consejo Europeo de Laeken hizo un llamamiento para que se establezca sin demora una red europea destinada a fomentar la formación de los magistrados, que contribuirá a aumentar la confianza entre quienes intervienen en la cooperación judicial. Asimismo, el Programa de La Haya adoptado en noviembre de 2004 insiste en la necesidad de aumentar la confianza mutua, mejorando la comprensión mutua entre las autoridades judiciales y los distintos ordenamientos jurídicos. Estas decisiones tienen por objetivo construir una verdadera cultura judicial europea común.

ACTOS CONEXOS

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea una Red europea de formación judicial [CNS (2000) 0829 - Diario Oficial C 18 de 19.1.2001].

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