La presente Comunicación ofrece directrices destinadas a orientar a los Estados miembros en la mejora de su tratamiento fiscal de la I+D y a aportar una mayor coherencia a las cuestiones de interés común.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, de 22 de noviembre de 2006, «Hacia una utilización más eficaz de los incentivos fiscales a la I+D» [COM (2006) 728 final - no publicada en el Diario Oficial].

Fiel a su compromiso de promover, en cumplimiento de las prerrogativas nacionales, un escenario fiscal más coherente y más favorable a la I+D, la Comisión Europea, a través de esta nueva Comunicación, pretende:

La presente sección se ocupa de los aspectos jurídicos del conjunto de incentivos fiscales en materia de I+D y proporciona elementos de orientación sobre las características que estos últimos deben presentar para ser compatibles con el Derecho comunitario.

Las restricciones territoriales * constituyen la causa principal de incompatibilidad de este tipo de incentivos con el Derecho comunitario. Estas restricciones pueden ser explícitas * o implícitas *. En la práctica, toda restricción territorial, explícita o implícita, debe considerarse, desde el punto de vista de la Comisión Europea, un obstáculo a las libertades fundamentales (libertad de establecimiento, libre prestación de servicios) inscritas en el Tratado CE.

Sin embargo, algunas restricciones pueden justificarse, en determinadas condiciones:

La Comisión identifica varios argumentos ya invocados por los Estados miembros para defender sus restricciones territoriales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE):

Para resumir la jurisprudencia existente, todo indica que el Tribunal de Justicia previsiblemente rechazaría las restricciones territoriales respecto a la aplicación de los incentivos fiscales en favor de la I+D. Cuando conciben sus medidas de incentivo fiscal, los Estados miembros no deben, pues, perder de vista que cualquier forma explícita, y a veces implícita, de restricción territorial se considerará incompatible con el Tratado CE. Esto no excluye, sin embargo, restricciones territoriales derivadas simplemente del carácter territorial de la competencia fiscal de los Estados miembros. Así pues, los incentivos relativos a los impuestos sobre los rendimientos del trabajo o de seguridad social aplicables al personal de I+D podrían, por su naturaleza, limitarse de facto a los trabajadores que ejercen sus actividades en el Estado miembro donde pagan sus impuestos o sus cotizaciones a la seguridad social.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la compatibilidad de los incentivos fiscales con las normas comunitarias aplicables a las ayudas estatales. El artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE declara estas ayudas incompatibles con el mercado interior «en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

La selectividad del incentivo fiscal * es uno de los criterios principales para determinar si constituye o no una ayuda estatal.

Dado que pueden producirse excepciones, la Comisión evaluará las ayudas estatales en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que le sean notificadas, y, en particular, los incentivos fiscales a la I+D, a la luz del Marco comunitario para la ayuda estatal a la I+D+I. La Comisión invita, además, a los Estados miembros a tener en cuenta este marco a lo largo del proceso de concepción de los incentivos.

Características de una buena concepción del régimen y de los incentivos fiscales relativos a la I+D

Estos últimos años, el número de Estados miembros que han recurrido a una u otra forma de incentivo fiscal a la I+D no ha cesado de crecer: en la actualidad son quince. La experiencia ha demostrado que no hay una respuesta única a la pregunta de cómo idear y utilizar estos incentivos, ya que las circunstancias varían de un país a otro (política fiscal general, estructura industrial, nivel y naturaleza de la I+D realizada por el sector privado, etc.).

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, pueden definirse una serie de principios directores.

Las orientaciones más detalladas que se adjuntan a la Comunicación se han definido a partir de los resultados de los trabajos de un grupo de expertos bajo los auspicios del Comité científico consultivo de Consejo Europeo y de la Comisión (CREST). La Comisión seguirá facilitando el intercambio de experiencias y la identificación de las buenas prácticas a través de una red de expertos nacionales que se pondrá en marcha en 2007.

Además de adoptar los Estados miembros los principios fundamentales anteriormente mencionados, la Comisión expone una serie de iniciativas deseables para reconciliar la política fiscal y la economía del conocimiento en la UE.

La Comisión invita a los Estados miembros a debatir concretamente sobre la instauración de un marco fiscal coherente:

Comprometida en el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, a principios de 2005, la Unión Europea (UE) se fijó como objetivo alcanzar el 3 % del PIB en 2010 en materia de investigación y desarrollo (I+D), y que dos tercios provinieran del sector privado. La tendencia a favorecer el tratamiento fiscal en el ámbito de la I+D se generaliza entre los Estados miembros. Sin embargo, la diversidad creciente de los incentivos fiscales amenaza con dividir aún más el paisaje fiscal pero también con perjudicar la cooperación transfronteriza en la UE.

Términos clave del acto

Restricciones territoriales: medidas o factores que favorecen, explícita o implícitamente, las actividades de I+D realizadas en un Estado miembro frente a las realizadas en el resto de la UE.
Restricción territorial explícita: por restricción explícita se entiende, por ejemplo, una disposición jurídica que limita el beneficio de una medida de incentivo fiscal solamente a las actividades de I+D realizadas en el territorio nacional.
Restricción territorial implícita: por restricción implícita se entiende, por ejemplo, un incentivo fiscal que se refiere a los costes de las actividades de I+D realizadas mediante subcontratación, pero limita la parte de las actividades que pueden subcontratarse a empresas no residentes.
Selectividad del incentivo fiscal: un incentivo fiscal se considera selectivo si prevé una limitación de los beneficiarios potenciales, en particular, en términos de tamaño (por ejemplo, una medida reservada a las PYME), de ubicación o sector y, a este respecto, constituye probablemente una ayuda estatal.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de septiembre de 2006, «Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE» [COM (2006) 502 final - no publicada en el Diario Oficial].

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2005, «Contribución de las políticas fiscal y aduanera a la Estrategia de Lisboa» [COM (2005) 532 final - no publicada en el Diario Oficial].

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 12 de octubre de 2005, «Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: Un enfoque común» [COM (2005) 488 final - Diario Oficial C 49 de 28.2.2006].

Comunicación de la Comisión, «Invertir en investigación: un plan de acción para Europa» [COM (2003) 226 final - no publicada en el Diario Oficial].