Orientaciones generales de política económica (2005- 2008)

La Unión Europea debe centrar sus políticas en el crecimiento económico y el empleo. Las presentes orientaciones generales de política económica (OGPE) reflejan la reactivación de la Estrategia de Lisboa. Se concentran en las políticas macroeconómicas * y en las medidas y políticas que los Estados miembros deben aplicar para convertir a Europa en un lugar más atractivo para los inversores y los trabajadores (políticas microeconómicas) *.

ACTO

Recomendación 2005/601/CE del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad (2005-2008) [Diario Oficial L 205 de 6.8.2005].

SÍNTESIS

La Recomendación se inscribe en el marco general de la Estrategia de Lisboa (DE) (EN) (FR): la Unión debe recurrir a todos los medios para lograr los objetivos de esta estrategia, es decir, convertir a la Unión en la economía más competitiva del mundo de aquí a 2010. La Recomendación consta de dos partes: la primera trata de la contribución que las políticas macroeconómicas pueden aportar a la reactivación de la estrategia de Lisboa; la segunda se refiere a las medidas y políticas que los Estados miembros deberían aplicar para estimular el conocimiento y la innovación, factores de crecimiento (políticas microeconómicas *). Las OGPE se aplican a todos los Estados miembros y se completarán con el «programa comunitario de Lisboa 2005 - 2008».

Estado de la economía de la Unión

La Recomendación empieza por hacer balance de la economía europea en el momento actual. La economía, que había tomado impulso desde mediados de 2003, se frenó durante el segundo semestre de 2004 por culpa de factores externos, como precios del petróleo elevados y fluctuantes o la ralentización de la expansión comercial mundial. El Consejo señala que la fragilidad de algunas economías europeas se explica, en parte, por debilidades estructurales. En 2005, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) debería continuar a un ritmo moderado.

El ciclo del crecimiento mundial alcanza su madurez y absorbe el efecto negativo de la subida de los precios mundiales del petróleo. La recuperación depende cada vez más de la demanda interna europea.

Las políticas estructurales y macroeconómicas han de analizarse teniendo en cuenta el contexto de un encarecimiento de los precios de las materias primas, en particular el petróleo, y de una presión a la baja sobre los precios industriales. Las tasas de crecimiento potencial en la UE dependen en gran medida del aumento de la confianza de empresas y consumidores, así como de una evolución favorable de la coyuntura económica mundial, incluidos los precios del petróleo y los tipos de cambio.

La lentitud de la recuperación económica europea sigue siendo inquietante, pese a las previsiones que apuntan a una disminución de los índices de desempleo.

Políticas macroeconómicas para el crecimiento y el empleo

El Consejo busca políticas macroeconómicas que posibiliten un mayor crecimiento y creación de empleo y que garanticen la estabilidad económica. Las políticas monetarias pueden contribuir a ello promoviendo la estabilidad de los precios.

La Recomendación enumera seis directrices, que los Estados miembros deben respetar en el contexto de sus políticas económicas, destinadas a:

Garantizar la estabilidad económica con vistas a un crecimiento sostenible. Los Estados miembros deben respetar sus objetivos presupuestarios a medio plazo en el marco del pacto de estabilidad y crecimiento. Deben evitar las políticas presupuestarias procíclicas, es decir, gastar más en momentos de déficit excesivo si es preciso hacer lo contrario, a saber, reducir el gasto público. Los Estados con déficit excesivo deben adoptar medidas eficaces para corregir esta situación rápidamente, procediendo, en caso necesario, a reformas estructurales.
Salvaguardar la sostenibilidad económica y presupuestaria. Los Estados miembros, habida cuenta de los costes previstos del envejecimiento demográfico, deben reducir su deuda pública a fin de fortalecer las finanzas públicas, y reforzar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria, garantizando que sean financieramente viables, socialmente adecuados y accesibles. Por otro lado, deben tomar medidas para aumentar la participación de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de más edad en el mercado laboral.
Promover una asignación de los recursos eficiente, orientada al crecimiento y al empleo. Los Estados miembros deben reorientar la composición del gasto público hacia categorías que fomenten el crecimiento. Además, deben adaptar las estructuras tributarias para fortalecer el potencial de crecimiento e implantar mecanismos para evaluar la relación entre el gasto público y la realización de los objetivos de las políticas destinadas a garantizar la coherencia de las reformas.
Velar por que la evolución salarial contribuya a la estabilidad económica. Los Estados miembros deben fomentar unas condiciones adecuadas para los sistemas de negociación salarial, respetando al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales, con vistas a una evolución de los salarios nominales y de los costes laborales compatible con la estabilidad de los precios y con la evolución de la productividad a medio plazo.
Promover una mayor coherencia entre las políticas macroeconómicas, estructurales y de empleo. Los Estados miembros deben continuar las reformas del mercado de trabajo y de los productos que aumenten el potencial de crecimiento. Deben reforzar el marco macroeconómico incrementando la flexibilidad, la movilidad de los factores y la capacidad de ajuste de los mercados de trabajo y de los productos en repuesta a la globalización, los avances tecnológicos, los cambios de la demanda y las variaciones cíclicas. Por otro lado, deben reformar los sistemas tributarios y asistenciales a fin de mejorar los incentivos y lograr que el trabajo resulte interesante desde un punto de vista financiero; debe mejorarse la adaptabilidad de los mercados de trabajo a las exigencias económicas, garantizando la flexibilidad y seguridad del empleo, y la inversión en capital humano.
Contribuir al dinamismo y al buen funcionamiento de la UEM. Los Estados miembros de la zona del euro han de garantizar una mejor coordinación de sus políticas económicas y presupuestarias, y en particular:

- prestar atención especial a la viabilidad presupuestaria de sus finanzas públicas;

- contribuir a políticas que sostengan la recuperación económica a largo plazo y garanticen la estabilidad de los precios, fomentando así la confianza de los consumidores e inversores;

- seguir adelante con las reformas estructurales;

- velar por que la influencia de la zona del euro en el panorama económico mundial esté a la altura de su peso económico.

Reformas microeconómicas para incrementar el potencial de crecimiento

El Consejo considera que aumentar el potencial de crecimiento de la Unión Europea exige progresar en la creación de empleo y en el incremento de la productividad. Un factor esencial del crecimiento es la inversión en investigación, desarrollo, innovación y educación. Su dimensión internacional debe reforzarse en términos de financiación conjunta y mediante la reducción de obstáculos a la movilidad de investigadores y estudiantes. El Consejo presenta diez directrices de reformas microeconómicas destinadas a aumentar el potencial de crecimiento, a saber:

Aumentar y mejorar la inversión en investigación y desarrollo. Las empresas deberían desempeñar un papel clave en el aumento y la mejora de la inversión en estos ámbitos. El Consejo confirma el objetivo general de inversión para 2010 del 3 % del PIB. Este nivel de inversión debe alcanzarse mediante un reparto adecuado entre inversión privada y pública. Los Estados miembros deben seguir desarrollando medidas destinadas a fomentar la I+D, en particular mediante:

- la mejora de las condiciones marco y la garantía de que las compañías funcionen en un entorno suficientemente competitivo y atractivo;

- un gasto público en estos ámbitos más productivo y eficaz;

- el desarrollo de asociaciones entre el sector público y el privado;

- el desarrollo y refuerzo de los centros de excelencia de centros educativos y de investigación;

- la mejora de la transferencia de tecnología entre institutos de investigación;

- el desarrollo y uso idóneo de incentivos para fomentar la I+D privada;

- la modernización de la gestión de las instituciones de investigación y las universidades;

- la garantía de disponibilidad suficiente de investigadores cualificados.

Facilitar todas las formas de innovación. Los Estados miembros deben concentrar sus esfuerzos en mejorar los servicios de apoyo a la innovación, en particular para la difusión y la transferencia de tecnología, la creación de polos de innovación que agrupen a universidades, institutos de investigación, etc. Además, los Estados miembros deben tomar medidas para fomentar la transferencia transfronteriza de conocimientos y la contratación pública de productos y servicios innovadores. Debe mejorarse el acceso a la financiación nacional e internacional. Para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, han de establecerse medios eficaces y asequibles.
Facilitar la difusión y uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y construir una sociedad de la información plenamente integradora. Los Estados miembros deben fomentar el uso generalizado de las TIC en los servicios públicos, las PYME y los hogares. Deben establecer el marco necesario para los cambios correspondientes en la organización del trabajo en la economía y favorecer una fuerte presencia europea en el sector de las TIC. Por otro lado, los Estados miembros deben garantizar la estabilidad y la seguridad de las redes y de la información.
Reforzar las ventajas competitivas de la base industrial europea. Europa necesita una política industrial moderna y activa, para lo cual es imprescindible potenciar las ventajas competitivas de su base industrial. Ello incluye la instauración de unas condiciones marco atractivas para la industria, el aumento de los factores de competitividad, con el fin de hacer frente a los desafíos de la globalización, el desarrollo de nuevas tecnologías y mercados, mediante la promoción de nuevas iniciativas tecnológicas basadas en las asociaciones entre el sector público y el privado, y la creación de polos empresariales en la Unión.
Fomentar la utilización sostenible de los recursos y reforzar la protección del medio ambiente. Los Estados miembros deben conceder prioridad a la eficiencia energética y al desarrollo de energías sostenibles, especialmente las renovables, y velar por la rápida generalización de tecnologías respetuosas con el medio ambiente a nivel europeo y mundial. Los Estados miembros deben prestar especial atención a las PYME, suprimiendo las subvenciones que puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Debe perseguirse el objetivo de la protección del medio ambiente en ámbitos como la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, el cambio climático y la aplicación de los objetivos de Kioto (EN), etc.
Ampliar y profundizar el mercado interior. Los Estados miembros deben acelerar la transposición de las Directivas del mercado interior, dar prioridad a una aplicación más estricta y eficaz de la legislación sobre el mercado interior, aplicar de forma efectiva la legislación comunitaria, promover un mercado interior de servicios, acelerar la integración de los mercados financieros, etc.
Garantizar la apertura y la competitividad de los mercados para hacer frente a la globalización. Para recoger los beneficios de la globalización, los Estados miembros deben dar prioridad a la eliminación de las barreras normativas y comerciales que obstaculizan la competencia. La política de competencia debe aplicarse con mayor eficacia y deben reducirse las ayudas estatales. La apertura y la competitividad de los mercados exigen inversión en investigación y desarrollo, tal como se expone más arriba. Los Estados miembros deben promover una apertura al exterior, también en un contexto multilateral.
Crear un entorno empresarial más competitivo. El Consejo recomienda a los Estados miembros aumentar la competencia entre empresas y fomentar la iniciativa privada mejorando la normativa. Pide que se reduzcan las cargas administrativas que afectan a las empresas, en particular a las PYME, que se mejore la calidad de sus normativas y se aliente a las empresas a desarrollar su responsabilidad social.
Fomentar el espíritu empresarial y crear un entorno favorable para las PYME. Los Estados miembros deben mejorar el acceso a la financiación, a fin de favorecer la creación y el crecimiento de PYME. Un entorno favorable significa también simplificar los sistemas tributarios y reducir los costes laborales no salariales. Por otro lado, debe reforzarse el potencial innovador de las PYME, por ejemplo mediante servicios de apoyo adecuados, y revisarse las legislaciones nacionales en materia de quiebra, traspaso de empresas, etc., con el fin de eliminar los obstáculos persistentes.
Mejorar las infraestructuras europeas. Unas infraestructuras eficientes y modernas constituyen un factor importante que facilita la movilidad de las personas, bienes y servicios en toda la Unión. La existencia de infraestructuras es con frecuencia un elemento decisivo para las empresas que buscan posibilidades de implantación. Los Estados miembros deben crear condiciones adecuadas que favorezcan el desarrollo de estas infraestructuras. Debe considerarse el desarrollo de asociaciones entre el sector público y el privado. Por último, los Estados deben examinar la cuestión de los sistemas de tarificación adaptados por uso de infraestructuras.

Términos clave del acto

Políticas macroeconómicas: este término engloba las políticas que deben influir en los factores económicos «a gran escala», como el nivel de precios, el desempleo, el potencial de crecimiento, el producto interior bruto, etc.
Políticas microeconómicas: este término engloba las políticas destinadas a orientar las decisiones de carácter económico, por ejemplo de las personas físicas o jurídicas.

ACTOS CONEXOS

Recomendación 2007/209/CE del Consejo, de 27 de marzo de 2007, relativa a la actualización de las orientaciones generales de política económica 2007 de los Estados miembros y de la Comunidad y sobre la ejecución de las políticas de empleo de los Estados miembros [Diario Oficial L 92 de 3.4.2007]. El Consejo pide a los Estados miembros que adopten medidas acordes con las orientaciones que figuran en la Recomendación, con el fin de actualizar las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros para 2007. Las orientaciones, que se definen en el anexo del documento, contienen recomendaciones específicas para cada Estado miembro.

Los Estados deben informar sobre el seguimiento de estas medidas en sus próximos informes anuales sobre la ejecución de los programas nacionales de reformas en el marco de la Estrategia de Lisboa.

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