Legislación aplicable y competencia en materia matrimonial (propuesta de Reglamento)

La propuesta sobre la legislación aplicable y la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia matrimonial tiene por objeto reforzar la seguridad jurídica, la predictibilidad, la flexibilidad y el acceso a los tribunales de los matrimonios «internacionales» *, en particular en caso de divorcio. Una vez adoptada, la propuesta modificará el Reglamento (CE) n° 2201/2003.

PROPUESTA

Propuesta de Reglamento del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2201/2003 por lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial [COM (2006) 399 final - no publicada en el Diario Oficial].

SÍNTESIS

La propuesta, presentada por la Comisión Europea el 17 de julio 2006 a raíz del Libro Verde sobre la legislación aplicable y la competencia en materia de divorcio, tiene por objeto establecer un marco jurídico claro y completo en materia matrimonial en la UE. Visto el elevado porcentaje de divorcios en la UE, la Comisión Europea desea reforzar la seguridad jurídica, la predictibilidad, la flexibilidad y el acceso a los tribunales para los matrimonios «internacionales» * en materia matrimonial, en particular en caso de divorcio y de separación judicial. Una vez adoptada [procedimiento consultivo: CNS/2006/0135], la propuesta modificará el Reglamento (CE) n° 2201/2003.

La falta de disposiciones comunitarias, fuente de inseguridad jurídica

Actualmente no existen disposiciones comunitarias en el ámbito de la ley aplicable en materia matrimonial. El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, establece normas relativas a la competencia y al reconocimiento de las decisiones en materia matrimonial, pero no contiene normas sobre la ley aplicable.

El Reglamento (CE) n° 2201/2003 permite a los cónyuges elegir entre varias normas de competencia diferentes. Cuando un proceso matrimonial tiene lugar ante una jurisdicción de un Estado miembro, la ley aplicable se determina según las normas nacionales de dicho Estado sobre conflicto de leyes, pero las normas nacionales al respecto de los Estados miembros observan criterios muy diferentes a la hora de determinar la ley aplicable a un caso.

La mayoría de los Estados miembros siguen aplicando el criterio de regular el proceso sobre la base de una escala de factores de vinculación por la que se intenta garantizar que el proceso se regirá por el ordenamiento jurídico con el que tenga una mayor vinculación. Otros Estados miembros aplican sistemáticamente sus leyes nacionales (lex fori) a los procesos matrimoniales.

La diversidad de normas nacionales sobre la ley aplicable, así como las diferencias en el derecho material, pueden ser fuente de inseguridad jurídica en los procesos matrimoniales de carácter internacional, haciendo difícil para las parejas «internacionales» saber qué legislación se aplicará en su caso. En la práctica, por ejemplo, un matrimonio maltés-finlandés, casado con arreglo a la legislación belga pero que resida en un Estado no perteneciente a la UE la mayor parte del tiempo, difícilmente podrá saber qué ley se aplicará a su proceso de divorcio.

La mayoría de los Estados miembros no ofrecen a los cónyuges la elección de la legislación aplicable, lo que puede conducir a un resultado no conforme a las expectativas legítimas de los ciudadanos. Además, las normas actuales pueden conducir a uno de los cónyuges a promover una acción judicial antes que el otro cónyuge para que el proceso quede sometido a una legislación que proteja sus intereses («carrera a los tribunales»).

Establecer normas comunes en materia matrimonial

Con el fin de establecer un marco jurídico claro y completo en materia matrimonial en la Unión Europea, la Comisión Europea pretende con la presente propuesta:

• Reforzar la seguridad jurídica mediante normas de conflicto de leyes armonizadas: la propuesta introduce normas de conflicto de leyes armonizadas en materia de divorcio y separación judicial para que los cónyuges puedan predecir qué ley se aplicará a su divorcio o separación. Sin embargo, la elección se limita a las leyes con las cuales los cónyuges tengan una estrecha vinculación, debido a su última residencia habitual común si uno de ellos todavía reside en ella, la nacionalidad de uno de los cónyuges, su residencia habitual anterior o la ley del fuero. A falta de elección de los cónyuges, la ley aplicable se determinará según una escala de criterios, siendo el primero de ellos su lugar habitual de residencia.
• Mayor flexibilidad mediante la introducción de una limitada autonomía de las partes: la propuesta prevé la posibilidad de elegir la ley aplicable así como la jurisdicción competente en un proceso de divorcio o separación. Esto flexibilizaría el marco jurídico existente, que limita extremadamente la autonomía de las partes en materia matrimonial. Sin embargo, los cónyuges deberán respetar algunas exigencias formales con el fin de garantizar que ambos son conscientes de las consecuencias de su elección. La posibilidad de elegir la ley aplicable y la jurisdicción competente no se aplica al proceso de anulación del matrimonio.
• Garantizar el acceso a los tribunales: la propuesta prevé la posibilidad de elegir la jurisdicción en los procesos de divorcio y separación («prórroga»), lo que facilitará el acceso a los tribunales para los cónyuges de distinta nacionalidad. La norma sobre la prórroga se aplica independientemente de si la pareja reside en un Estado miembro o en un tercer Estado. Además, la propuesta instaura una norma uniforme y exhaustiva en materia de «competencias residuales» con el fin de reforzar la seguridad jurídica y garantizar el acceso a los tribunales para los cónyuges que residen en un tercer Estado, pero que desean que el proceso se desarrolle en un Estado miembro con el que tienen una estrecha vinculación.
• Impedir la «carrera a los tribunales» por parte de uno de los cónyuges: la instauración de normas de conflicto de leyes armonizadas debería evitar la «carrera a los tribunales» por parte de uno de los cónyuges, es decir, la situación en la cual uno de ellos solicita el divorcio antes que el otro para asegurarse de que el proceso ser regirá por una ley particular que favorezca sus propios intereses. La armonización de las normas en materia de ley aplicable debería reducir considerablemente este riesgo, puesto que cualquier órgano jurisdiccional de la Unión Europea al que se acuda aplicaría la ley sobre la base de normas comunes.

El Reglamento propuesto será de aplicación universal, es decir, la norma de conflicto de leyes podrá designar la ley de uno de los Estados miembros de la UE o la de un tercer Estado.

Si la ley designada en virtud del Reglamento propuesto es manifiestamente contraria al orden público, el juez podrá excepcionalmente descartar su aplicación.

Cuando la ley de otro Estado miembro sea aplicable, la jurisdicción que conozca podrá recurrir a la Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil para obtener información sobre dicha ley nacional.

Dinamarca no participa en la aprobación de la presente propuesta de Reglamento en virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Así pues, el Reglamento adoptado no la vinculará y no le será aplicable. El Reino Unido e Irlanda anunciaron que no deseaban participar en la adopción y aplicación de la presente propuesta de Reglamento. El Reino Unido e Irlanda cuentan con dicha posibilidad en virtud del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo a los susodichos Tratados.

VERBUNDENE RECHTSAKTE

Reglamento (UE) n ° 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010 , por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial [Diario Oficial L 343 de 29.12.2010].

See also

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Última modificación: 21.05.2012