Refuerzo de la capacidad administrativa y judicial

1) OBJETIVO

Analizar los resultados de la aplicación de los planes de acción destinados a reforzar la capacidad administrativa y judicial de los países candidatos y examinar el cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones de adhesión.

2) ACTO

Comunicación de la Comisión, del 5 de junio de 2002, relativa a los planes de acción sobre la capacidad administrativa y judicial, y el seguimiento de los compromisos contraídos por los países negociadores en las negociaciones de adhesión [COM(2002) 256 final -no publicado en el Diario Oficial].

3) SÍNTESIS

La existencia de una capacidad administrativa y judicial adecuada en los países candidatos es esencial para que estos países puedan aplicar el acervo y garantizar su respeto desde el momento de su adhesión. Esta capacidad es, por tanto, un factor clave para que culmine con éxito el proceso de ampliación.

La Comisión Europea supervisa la capacidad administrativa y judicial de los países candidatos desde 1997. En su Documento de Estrategia para la Ampliación de 2001 se comprometió a poner en marcha planes de acción para reforzar esta capacidad en cada uno de los países que participan en las negociaciones de adhesión. Estos planes están siendo aplicados desde principios de 2002. La presente Comunicación analiza las iniciativas adoptadas en este contexto, así como los avances conseguidos en lo que respecta a los compromisos contraídos en las negociaciones de adhesión.

Es necesario destacar que en 2002 estos planes se acompañan de una asistencia financiera especial de 250 millones de euros. Teniendo en cuenta que la capacidad administrativa y judicial debe adaptarse a la evolución de las necesidades del acervo, proceso que no finaliza en el momento de la adhesión, la Comisión propone mantener esta asistencia mediante un instrumento de transición por un importe de 380 millones de euros. Este instrumento se destinará a las acciones excluidas de los fondos estructurales.

Los planes de acción

Las Asociaciones para la Adhesión constituyen el punto de partida de los planes de acción para reforzar la capacidad administrativa y judicial. Se han incorporado a cada plan de acción todas las prioridades señaladas en cada Asociación y vinculadas al objetivo de reforzar esta capacidad.

Los planes de acción agrupan para cada prioridad:

• los compromisos contraídos en las negociaciones de adhesión;
• las medidas previstas para la aplicación;
• la ayuda comunitaria ya en curso o prevista, incluida cualquier ayuda suplementaria del programa PHARE para reforzar las instituciones;
• las actividades de seguimiento para evaluar la preparación de cada país.

Los aspectos abordados en los planes de acción son los siguientes:

• aspectos relativos a los criterios políticos de Copenhague: refuerzo de la Administración pública, reforma del sistema judicial, desarrollo de la capacidad de lucha contra la corrupción, respeto de los derechos humanos y protección de las minorías;
• aspectos relativos a los criterios económicos de Copenhague: desarrollo del mercado inmobiliario y los catastros y registros de la propiedad, respeto de la legislación sobre quiebra, creación de un medio empresarial favorable, reforma del sector financiero, reforma del sistema de gestión de las finanzas públicas;
• aspectos destinados a garantizar el buen funcionamiento del mercado interior: respeto de las normas de competencia, refuerzo de las estructuras de transporte, refuerzo de la capacidad de las administraciones fiscales y aduaneras, establecimiento o refuerzo de los organismos reguladores de los sectores del transporte, la energía, las telecomunicaciones, los servicios postales y el sector audiovisual;
• aspectos destinados a garantizar unas condiciones de vida compatibles con el desarrollo sostenible: refuerzo de las estructuras de gestión de la Política Agrícola Común, refuerzo de las estructuras administrativas en el sector de la pesca, instauración de los organismos encargados de la gestión de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, desarrollo de la capacidad de seguimiento y aplicación de la legislación medioambiental, seguridad de los transportes, seguridad nuclear, normas sobre salud y seguridad en el trabajo;
• aspectos destinados a garantizar la protección de los ciudadanos: refuerzo del sistema judicial, lucha contra la corrupción, desarrollo de la capacidad para aplicar el acervo de justicia e interior, mejora de los establecimientos de transformación de los alimentos, refuerzo de las inspecciones de seguridad alimentaria;
• aspectos que tienen por objetivo una gestión apropiada de los fondos comunitarios: refuerzo de las estructuras de control de las finanzas públicas, desarrollo de la capacidad en materia estadística.

Refuerzo del proceso de supervisión

Los planes de acción se complementan con el refuerzo del proceso de supervisión de los compromisos contraídos por los países negociadores en las negociaciones de adhesión. Los informes de supervisión sobre los avances realizados por cada país en el proceso de adhesión, publicados por la Comisión cada año, se complementan con las acciones de supervisión establecidas en los planes de acción (como las revisiones paritarias).

Este refuerzo del proceso de supervisión ha puesto de manifiesto que los países candidatos respetan la mayoría de los compromisos contraídos en las negociaciones, así como los calendarios previstos. Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos en ámbitos específicos. La presente Comunicación da cuenta de la situación relativa a los distintos capítulos de negociación, indicando si se han cerrado temporalmente, con qué países, así como los períodos transitorios concedidos. La seguridad alimentaria y la gestión de los fondos comunitarios se señalan como ámbitos en los cuales es necesario prestar una atención especial.

Última modificación: 10.07.2002