Rumania
REFERENCIAS
Dictamen de la Comisión [COM (97) 2003 final - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM (98) 702 final - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM (1999) 510 final - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM (2000) 710 final - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM (2001) 700 final - SEC (2001) 1753 - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM(2002) 700 final - SEC (2002) 1409 - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM(2003) 676 final - SEC(2003) 1211 - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM(2004) 657 final - SEC(2004) 1200 - no publicado en el Diario Oficial]
Informe de la Comisión [COM(2005) 534 final - SEC(2005) 1354 - no publicado en el Diario Oficial]
Tratado de adhesión a la Unión Europea [Diario Oficial L 157 de 21.6.2005]
SÍNTESIS
En su dictamen de julio de 1997 la Comisión Europea estimó que Rumania tenía dificultades importantes en el ámbito de justicia e interior, en particular, en materia de responsabilidad y de control de las autoridades encargadas de la represión y de la lucha contra el crimen organizado y la droga, y que acababa de comenzar a abordar otros problemas como la política de inmigración, de concesión de visados y de control en las fronteras. La Comisión concluía que, vistos los limitados progresos realizados por Rumania, le sería difícil ajustarse a las normas comunitarias a medio plazo y que sólo podrían obtenerse resultados si se establecía una reforma institucional generalizada y profunda.
El informe de noviembre de 1998 constataba la ausencia de verdaderos progresos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como de control en las fronteras, aspectos considerados prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión. Se habían registrado algunos resultados en materia de política de visados y readmisión, y se habían firmado, ratificado o habían entrado en vigor algunos instrumentos jurídicos internacionales, pero aún debían ratificarse otros convenios europeos, en particular los relativos a ayuda judicial mutua en el ámbito penal y a blanqueo de dinero.
En su informe de octubre 1999 la Comisión llegaba a una evaluación más positiva de los progresos realizados en el ámbito de justicia e interior, con la excepción del derecho de asilo y la lucha contra la droga. El mayor progreso se registraba en justicia, pero se constataban también avances en materia de inmigración, gestión de fronteras y policía. Por el contrario, se esperaba una reestructuración de la Administración rumana, y, más concretamente, de los servicios dependientes del Ministerio del Interior. Era deseable también una mejora de las condiciones de trabajo en los diferentes sectores de la Justicia y los asuntos de interior y una realización más efectiva de la política relativa a los visados.
En el informe de noviembre de 2000 la Comisión constataba que los progresos realizados durante ese año fueron menos importantes que los del anterior. Se adoptaron nuevas medidas en materia de asilo, visado y blanqueo de dinero. Por el contrario, en otras materias, como la situación de los extranjeros y el control de fronteras, aún debían adoptarse disposiciones para la incorporación del acervo. Rumania debía seguir el proceso de reforma administrativa de la policía y continuar desplegando esfuerzos para luchar contra la corrupción, todavía un grave problema.
En el informe de noviembre de 2001 la Comisión constataba que se habían realizado progresos notables en materia de política de visados, control en las fronteras e inmigración. Quedaba mucho por hacer en materia de cooperación policial y lucha contra el fraude y la corrupción.
El informe de octubre de 2002 destacaba que se habían realizado progresos en todos los ámbitos de justicia e interior, excepto en inmigración y drogas. Sin embargo, las capacidades de aplicación seguían siendo escasas.
En el informe de noviembre de 2003, la Comisión reconocía que el país había progresado en el sector legislativo en la mayoría de los ámbitos de justicia e interior, especialmente en inmigración, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y cooperación judicial en asuntos civiles.
El informe de octubre de 2004 reconocía los progresos legislativos y organizativos de Rumania en numerosos ámbitos de justicia e interior, en particular en los sectores de los flujos migratorios, el asilo y la cooperación jurídica en materia civil y penal. Sin embargo, aún se debían realizar esfuerzos en materia de armonización legislativa y jurídica, así como de lucha contra la corrupción y las distintas formas de delincuencia organizada.
En el informe de octubre de 2005, la Comisión felicita a Rumania por su respeto de los compromisos y exigencias derivados de las negociaciones de adhesión. El país debería estar en condiciones de aplicar el acervo a partir de la adhesión en los ámbitos de inmigración, asilo, lucha contra el terrorismo, cooperación aduanera e instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos.
El Tratado de adhesión se firmó el 25 de abril de 2005, y la adhesión se produjo el 1 de enero de 2007
ACERVO COMUNITARIO
Libre circulación de personas
El principio de libre circulación y estancia de los ciudadanos europeos está previsto con arreglo al artículo 14 (antiguo artículo 7A) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE) y por las disposiciones sobre la ciudadanía europea (artículo 18, antiguo artículo 8A). El Tratado de Maastricht había hecho de la política de asilo, cruce de fronteras exteriores de la Unión y política de inmigración cuestiones de interés común para los Estados miembros. El Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, incluyó estos asuntos en el Tratado CE (artículos 61 a 69). La libre circulación de personas constituye uno de los elementos clave del « espacio de libertad, seguridad y justicia ».
En paralelo, actualmente se están estableciendo normas comunes para los controles en las fronteras exteriores de la Unión, los visados y las políticas de asilo e inmigración.
Los Estados miembros ya aplican normas comunes en estos ámbitos gracias a los acuerdos de Schengen. Estos acuerdos intergubernamentales han sido integrados en el marco de la Unión Europea (UE) tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y ya forman parte del acervo comunitario que los países candidatos deberán asumir.
No obstante, la mayor parte del acervo de Schengen no se aplicará a los países adherentes en el momento de su adhesión sino en una fecha posterior, tras la adopción por el Consejo de una decisión al respecto. Es el objetivo del plan de acción para la adopción de los criterios de Schengen, basado en un calendario verosímil para la introducción de las disposiciones del acuerdo de Schengen.
Las normas vinculantes que deben establecerse a partir de la adhesión se refieren a una parte de las normas relativas a visados, normas aplicables a las fronteras exteriores y el acervo relativo a inmigración, derecho de asilo, cooperación policial, lucha contra la delincuencia organizada, terrorismo, fraude, corrupción, tráfico de drogas, así como cooperación aduanera e instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos. Para cuestiones como el control de fronteras, la inmigración clandestina, el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada, la cooperación policial y judicial, la protección de datos y el reconocimiento mutuo de las sentencias judiciales, los países adherentes deben dotarse con las capacidades administrativas adecuadas. La instauración de una organización judicial y de una policía independiente, fiable y eficaz reviste también la máxima importancia.
Política de asilo
Cuestión de interés común desde el Tratado de Maastricht, la política europea de asilo pasó a ser competencia comunitaria, concomitante con la de los Estados miembros, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999.
En octubre de 1999, en el Consejo Europeo de Tampere, los dirigentes de la Unión decidieron una estrategia en dos etapas. La primera fase, dedicada al establecimiento de normas mínimas, debería iniciarse el 1 de mayo de 2004. En cuanto a la segunda, contempla la instauración de un régimen europeo común de asilo basado en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme válido en toda la Unión.
Hasta la fecha se han realizado numerosos avances como:
Política de inmigración
Cuestión de interés común desde el Tratado de Maastricht y, desde el Tratado de Amsterdam ámbito de competencia comunitaria, la política europea de inmigración se encuentra actualmente en proceso de elaboración. El artículo 63 del Tratado CE establecía que, en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, o sea el 1 de mayo de 2004, a más tardar, el Consejo adoptaría:
Por lo que se refiere al aspecto «inmigración legal», las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (1999) indicaban que la Unión debería:
Por lo que se refiere a la «inmigración ilegal», en 1999 el Consejo Europeo de Tampere decidió combatirla, así como a la delincuencia organizada que se aprovecha de ella. En febrero de 2002, se adoptó un plan de acción general de lucha contra la inmigración ilegal. En junio de 2002, en el Consejo Europeo de Sevilla, los Estados miembros se comprometieron a acelerar la aplicación del programa adoptado en Tampere, desarrollando una política común sobre las cuestiones distintas, pero estrechamente ligadas, de asilo e inmigración.
Cooperación judicial civil
Los principales instrumentos que facilitaban la cooperación judicial civil se elaboraron a escala internacional (como, por ejemplo, los Convenios de Bruselas y de Roma). El Tratado de Maastricht constituye una primera etapa importante sobre este tema, al introducir una base jurídica para la cooperación judicial civil entre los Estados miembros y al permitir la aprobación de varios convenios. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que comunitariza la cooperación judicial civil, estos convenios fueron sustituidos progresivamente por reglamentos, entre los cuales los más significativos son:
En 1999, el Consejo Europeo de Tampere consagró el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales como «piedra angular» de la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia. Por último, el Tratado de Niza amplió la codecisión al conjunto de la cooperación civil, excepto los aspectos vinculados al Derecho de familia.
Cooperación policial, aduanera y judicial en materia penal
El acervo en estos ámbitos se deriva fundamentalmente del marco de cooperación definido en el título VI del Tratado de la Unión Europea o « tercer pilar ». El Tratado de Amsterdam ha modificado las disposiciones jurídicas sobre este tema, estableciendo un vínculo con el « espacio de libertad, seguridad y justicia ». En adelante, el título VI se refiere esencialmente a la cooperación policial, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha contra la corrupción y el fraude, la cooperación judicial en materia penal y la cooperación aduanera.
El objetivo de la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia (fijado por el Tratado de Amsterdam) debe lograrse mediante:
El acervo en materia de justicia e interior supone un alto grado de cooperación concreta entre administraciones, así como la elaboración de normas y su aplicación efectiva. Con dicho fin, estos últimos años se han puesto en marcha programas como Grotius II Penal, Oisin II, Stop II, Hipócrates y Falcone. Todos estos programas se recogieron en AGIS, un programa marco único para cofinanciar proyectos presentados por promotores de los Estados miembros y de los países candidatos en los ámbitos de justicia e interior.
Acuerdo europeo de asociación y Libro Blanco sobre los países de Europa Central y Oriental y el mercado interior
El Acuerdo europeo de asociación con Rumania incluye disposiciones relativas a la cooperación en el ámbito de la lucha contra la toxicomanía y el blanqueo de dinero. El Libro Blanco sobre los países de Europa Central y Oriental y el mercado interior no trata directamente del tercer pilar, pero se refiere a cuestiones tales como el blanqueo de dinero y la libertad de circulación de las personas, estrechamente vinculadas a aspectos de justicia e interior.
EVALUACIÓN
En materia de protección de datos, Rumania adoptó varios textos legislativos sobre la protección de datos al final de 2001. Además, en febrero de 2002 ratificó el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y, en julio de 2005, su Protocolo adicional. En 2003 el país siguió progresando y adoptó una ley que fija el nivel de los gastos de notificación para las operaciones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal. En mayo de 2005, se adoptó una ley por la que se instaura a una autoridad nacional de vigilancia del tratamiento de datos de carácter personal, que es una instancia independiente no tutelada por el defensor del pueblo.
En cuanto a la política de visados, se han realizado progresos muy importantes. En abril de 2001, Rumania modificó la ley de extranjería e introdujo disposiciones relativas a los visados para que sólo pudieran obtenerse en una oficina consular o diplomática, dado que la expedición en las fronteras sólo se reservaba para casos excepcionales. El centro nacional de visados recibe todas las solicitudes de visados y adopta la decisión final. La dirección de extranjeros efectúa comprobaciones suplementarias si se trata de una demanda procedente de un país con fuerte tendencia inmigratoria. En abril de 2003, se adoptó una nueva etiqueta de visado que se utilizó a partir de 2004. La primera fase del sistema de visado en línea ya funciona y pone en contacto a la autoridad de extranjería con las misiones diplomáticas en Egipto, Rusia, Serbia-Montenegro, Turquía y Ucrania. Por otra parte, se ha contratado personal suplementario encargado de la concesión de visados en estas misiones diplomáticas. La segunda fase de introducción del sistema de visados en línea concluyó en 2005 y está previsto conectar las restantes oficinas consulares hasta julio de 2006.
De forma general, Rumania ha conformado en gran parte su política de visados a la de la UE. Así, desde enero de 2002, Rumania disfruta de un régimen sin visado en todos los Estados miembros del Acuerdo de Schengen. En enero de 2003 el país introdujo una obligación de visado para los nacionales de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. En febrero de 2003 entró en vigor un acuerdo bilateral con Singapur destinado a suprimir la obligación de visado y se celebró un acuerdo similar con Estonia, Liechtenstein, Lituania y Suiza. En 2004, se introdujo un régimen de concesión de visados para cuatro países que figuraban en la lista "negativa" de la UE (Rusia, Serbia-Montenegro, Turquía y Ucrania). El informe 2005 destaca que actualmente, Moldavia es el único país de la lista con el que Rumania no dispone de un régimen de visados. Rumania debe comenzar a preparar la aplicación del sistema de información sobre visados (VIS), en la perspectiva de la abolición de las fronteras interiores a partir de la adhesión al proceso de Schengen.
En junio de 2002, Rumania adoptó legislación relativa a la expedición de nuevos documentos de identidad y documentos de cruce de fronteras para nacionales de terceros países. Además, en junio de 2002, el Gobierno celebró con la Organización Internacional de Migraciones un acuerdo para el establecimiento de una cooperación que permita el retorno voluntario con una asistencia humanitaria. En mayo de 2003, una decisión del Gobierno suprimió la obligación de visado de larga duración en el caso de actividades económicas y comerciales para nueve países adherentes.
En el ámbito de los controles en las fronteras exteriores, se han realizado progresos importantes. En junio de 2001, se adoptaron dos resoluciones urgentes:
Por lo que se refiere a los recursos humanos, se simplificó la estructura jerárquica, reduciéndose las direcciones regionales y parte de los empleados dedicados a tareas administrativas ejecutará tareas operativas. La Comisión se felicita de que se hayan adoptado medidas importantes con el fin de combatir la corrupción en la policía. Para mejorar el control de los documentos de viaje y los visados, la policía de fronteras firmó un acuerdo con la compañía aérea nacional (TAROM). Sin embargo, a pesar de la contratación de personal suplementario y de la asignación de contratados fijos a puestos de agentes fronterizos profesionales en 2005, aún quedan cosas por hacer para aplicar el plan que pretende cubrir todos los puestos vacantes antes de que finalice 2009.
La legislación relativa a las fronteras del Estado rumano y a la organización y funcionamiento de policía de fronteras, se adoptó y entró en vigor, respectivamente, en marzo y mayo de 2002. La profesionalización de la policía de fronteras continuó con la sustitución progresiva de los soldados de reemplazo por profesionales.
Por lo que se refiere a la adecuación al acervo de Schengen, Rumania ya aplica la mayor parte de los procedimientos Schengen y presentó en diciembre de 2001 un plan de acción «Schengen». En 2003-2007 adoptó una estrategia sobre seguridad en las fronteras y un nuevo plan de acción para la adopción de los criterios de Schengen, al mismo tiempo que una estrategia de gestión integrada de las fronteras para 2003-2006. El último plan de acción está fechado en junio de 2005. Ese mismo año, en octubre, se adoptó un sistema integrado de seguridad fronterizo que presenta las medidas a adoptar antes de la adhesión a la UE. Sin embargo, la Comisión invita a Rumania a acelerar los preparativos para su futura participación en el Sistema de Información Schengen (SIS II) y en el sistema de información sobre visados (VIS).
En marzo de 2003 se firmó un Protocolo de cooperación entre la policía de fronteras y la Dirección General de Aduanas gracias al cual pudieron crearse puestos de control comunes únicos en cuatro pasos de frontera rumanos. Se ratificó un acuerdo entre Rumania y Bulgaria con el fin de colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo, que entró en vigor en julio de 2005. En octubre de 2003, Rumania firmó un protocolo relativo a la creación de un Centro internacional de coordinación e intercambio de información sobre el Mar Negro. No obstante, el informe 2005 destaca la necesidad de mejorar la capacidad de vigilancia de las costas del Mar Negro y del Danubio, teniendo en cuenta la naturaleza internacional de este río.
En cuanto a la política de inmigración, el marco legislativo ya está adecuado al acervo. Rumania concluyó y ratificó 30 acuerdos de readmisión con los Estados miembros. La ley de extranjería, adoptada en diciembre de 2002, contiene disposiciones relativas a las condiciones de entrada y estancia y al régimen de expulsión. Además, se firmó un acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones para crear un Centro para la protección temporal de las mujeres víctimas de trata. En marzo de 2004, se creó la autoridad de extranjería en forma de órgano autónomo que firmó un acuerdo de cooperación con la Dirección General de Asuntos Consulares y es consultada también por el Centro nacional de visados con respecto a los expedientes y solicitudes de prórroga del derecho de residencia. Además, en abril de 2004, Rumania estableció una estrategia nacional en materia de migraciones. En 2005, la aplicación de la estrategia nacional de migraciones continuó y, en enero, se aprobó un plan de lucha contra la inmigración ilegal y un nuevo centro de recepción abrió sus puertas.
En cuanto al asilo, la ley de 1996 sobre los refugiados fue modificada con el fin de introducir nuevos conceptos como: «solicitud manifiestamente infundada», «países terceros seguros», «país de origen» y «procedimiento acelerado». Las personas que gozan del estatuto de refugiado en Rumania reciben una ayuda financiera durante nueve meses. Además, se han previsto ayudas complementarias para ciertas categorías de personas, en particular, los menores no acompañados o las mujeres solas con niños. Por regla general, los refugiados tienen los mismos derechos que los ciudadanos rumanos y acceso al mercado laboral. Desde febrero de 2003, el nuevo código de trabajo libera a las personas reconocidas como refugiados en Rumania de la obligación de poseer un permiso de trabajo para ocupar un empleo regular. En noviembre de 2001, el Gobierno adoptó una decisión sobre la integración de los refugiados. En marzo de 2002, se adoptó legislación que establece un procedimiento para la reagrupación de los refugiados con los miembros de su familia. Esta legislación pretende colmar las principales lagunas de la legislación anterior en materia de reagrupación familiar. El informe destaca que sería necesario proseguir la adecuación legislativa en lo relativo a normas mínimas de acogida de los solicitantes de asilo, Reglamento Dublín II, protección internacional y protección temporal.
Por lo que respecta a la aplicación, desde agosto de 2003 existe una base de datos sobre los países de origen de los refugiados que se utilizará en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado. En abril de 2004, entró en vigor la legislación destinada a adaptar el régimen de los refugiados a la Convención de Ginebra de 1951 y en mayo se aplicaron algunas modificaciones suplementarias relativas a la integración social de los refugiados. Por otra parte, se aumentó el personal de la Oficina nacional de los refugiados y se desarrolló considerablemente la capacidad de asilo del sistema rumano. En julio de 2005, Rumania adoptó formalmente un plan para el sistema EURODAC, pero aún quedan cosas por hacer. Los puestos de trabajo del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Oficina nacional de refugiados y del instituto nacional de criminología deberían modernizarse.
Por lo que se refiere a la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia organizada, la ley sobre prevención y lucha contra la delincuencia organizada se votó en enero de 2003. Además, ese mismo año el cuerpo de policía fue reestructurado y se creó una Dirección de lucha contra la delincuencia organizada y la droga y otros organismos fueron creados: una oficina nacional de protección de testigos, un departamento de lucha contra el blanqueo de capitales, un departamento de cooperación interinstitucional, servicios de lucha contra la delincuencia informática y servicios de información. Las fuerzas de policía han seguido cursos de formación en materia de derechos humanos. En mayo de 2002, se adoptó la Ley sobre la organización y funcionamiento de la policía y en octubre y noviembre del mismo año se adoptaron las disposiciones de aplicación. La ley sobre el estatuto de los agentes de policía se adoptó en junio del mismo año y fue modificada en octubre de 2003 con el fin de obligar a los policías que desean ser promovidos a seguir unos cursos de formación. En marzo de 2004, se adoptaron diversos códigos éticos y deontológicos y en noviembre de 2004 se procedió al reparto de las tareas entre la gendarmería y la policía.
Además, en diciembre de 2001 se adoptó una Ley sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos y un Plan de acción para la lucha contra el tráfico de seres humanos. En febrero de 2003 se creó un grupo de trabajo interministerial sobre la trata de seres humanos. El Instituto de investigación y prevención de la delincuencia dirigido por la policía rumana puso en marcha, a finales de 2003, un programa destinado a prevenir y luchar contra la trata de niños.
En julio de 2002, Rumania y Bulgaria firmaron un Protocolo destinado a combatir la delincuencia organizada transfronteriza. Se han celebrado otros acuerdos internacionales con Armenia, Albania y la República Checa. En noviembre de 2002 Rumania ratificó el convenio de la ONU contra la delincuencia transnacional organizada, su protocolo adicional destinado a prevenir, reprimir y castigar la trata de personas y su Protocolo adicional contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire. En mayo de 2003, se aprobó el texto de un acuerdo de cooperación con Europol. En febrero de 2004, Rumania firmó el protocolo adicional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, elementos y municiones. Por último, en diciembre de 2004 se adoptó una estrategia destinada a luchar contra la delincuencia organizada y un nuevo plan de acción se concretó en septiembre de 2005. Entre las amenazas graves que pesan sobre Rumania están el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la delincuencia financiera y la falsificación así como las actividades internacionales de varios grupos criminales organizados.
En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, Rumania ratificó en noviembre de 2002 el Convenio de las Naciones Unidas de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo. Además, el Consejo supremo de defensa adoptó, en abril de 2002, una estrategia nacional de prevención y lucha contra el terrorismo y la inspección para la prevención y la lucha contra el terrorismo empezó a funcionar durante el segundo semestre de 2002. En febrero de 2004, se inauguró la nueva sede principal del Centro de coordinación operativa de lucha contra el terrorismo. Con él, empezó a funcionar desde abril el sistema nacional de prevención del terrorismo. Se estableció una línea directa para permitir al público proporcionar información útil en relación con la lucha contra el terrorismo. La Comisión recuerda que las normas sobre de aplicación de la ley de noviembre de 2004 sobre prevención y lucha contra el terrorismo deben aún ser finalizadas.
En el ámbito de la lucha contra el fraude y la corrupción, en julio de 2002 el Parlamento aprobó un instrumento legislativo por el que se creaba la Oficina nacional de lucha contra la corrupción, que entró en funciones en septiembre de 2002. Esta Oficina incorpora la actual sección de lucha contra la corrupción de la Oficina del Fiscal General, así como sus delegaciones territoriales. La Dirección General anticorrupción del Ministerio de Administración y del Interior comenzó a funcionar en septiembre de 2005 y depende directamente del Ministro. Los convenios civiles y penales del Consejo de Europa sobre corrupción se ratificaron en abril y julio de 2002. En agosto de 2002, Rumania también ratificó el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito. En diciembre de 2002 se adoptó un plan de medidas anticorrupción, para acelerar la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. En marzo de 2004, se adoptó el Código ético y deontológico de los policías. Además, el nuevo código penal, adoptado en junio de 2004, entró en vigor en julio de 2005, introduciendo el concepto de responsabilidad de las personas jurídicas. En marzo de 2005, el protocolo adicional al convenio penal sobre corrupción del Consejo de Europa entró en vigor. Generalmente, los esfuerzos del Estado en materia de lucha contra la corrupción se centran en la aprobación de una nueva legislación y en la reforma del paisaje institucional.
Por otra parte, en enero de 2003 empezó a funcionar una comisión encargada de estudiar la falsificación de euros. En marzo de 2004, se creó la Oficina central nacional de lucha contra la falsificación y en junio del mismo año, Rumania adoptó también una ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con la falsificación de moneda. No obstante, Rumania debe aún armonizar su legislación con el contenido del Convenio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
En marzo de 2001, se creó una brigada de lucha antidroga. Desde el punto de vista legislativo, Rumania forma parte de todos los convenios internacionales enumerados en el acervo comunitario en materia de drogas. En junio de 2002, Rumania ratificó el acuerdo sobre tráfico ilícito por mar y adoptó una nueva legislación sobre precursores. En diciembre de 2004, Rumania se adecuó al acervo en lo relativo al control de las drogas sintéticas. En enero de 2003, el Gobierno adoptó finalmente una estrategia nacional antidroga 2003-2004 y creó a una Agencia nacional antidroga.
Una nueva estrategia nacional conforme a la estrategia antidroga de la UE para el período 2005-2012 fue adoptada en febrero de 2005 y fue seguida en mayo de un plan de acción. En noviembre de 2004 se adoptó legislación sobre la recopilación de estadísticas nacionales coherentes sobre incautaciones de estupefacientes. En febrero de 2005, las instancias competentes firmaron acuerdos para el envío de datos a la Agencia nacional antidroga, el único órgano capaz de elaborar estadísticas nacionales generales. No obstante, aún se precisan esfuerzos para mejorar la capacidad administrativa de las relaciones con el Observatorio Europeo de las Droga y las Toxicomanías, reforzando el papel y las tareas de la Agencia nacional y favoreciendo una mayor participación de expertos rumanos en las reuniones técnicas del Observatorio.
En materia de blanqueo de capitales, se han modificado el código penal así como el código procesal penal. Aunque la legislación rumana sobre este tema ya se haya armonizado en gran medida con el acervo, en diciembre de 2002 se adoptó una Ley sobre prevención y represión del blanqueo. En agosto de 2002, Rumania ratificó el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito. En junio y septiembre de 2005, varias modificaciones legislativas permitieron concluir la adecuación a la segunda Directiva sobre blanqueo de capitales.
Por lo que se refiere a la organización y el funcionamiento de la Oficina nacional de prevención y control de las operaciones de blanqueo de capitales, en mayo de 2002 se adoptaron normas en este ámbito. En marzo de 2004, la oficina pasó a ser coordinada por la autoridad local de control y quedó bajo la responsabilidad del gabinete del Primer Ministro. En junio de 2004, se nombraron un nuevo consejo y un nuevo Presidente y el mes siguiente se decidió que finalmente el Primer Ministro se pronunciaría sobre las competencias de la Oficina nacional y su consejo.
Por lo que se refiere a la cooperación aduanera, en enero de 2001 se creó un servicio de lucha contra el fraude. Además, se ha creado una base de datos nacional informatizada de acuerdo con las normas del Convenio SID (sistema de información aduanera). El grupo de trabajo interservicios, creado en la administración aduanera para la adhesión a este Convenio, trabaja también en la actualidad sobre el Convenio de 1997 relativo a la asistencia mutua y a la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II) y sobre el convenio de 1995 sobre el empleo de la informática en el ámbito de las aduanas.
Se han establecido equipos de control del fraude. En el marco del Programa nacional de prevención de la corrupción y del Plan de acción nacional contra la corrupción, se ha elaborado un programa de acción contra la corrupción en la administración aduanera y un plan sectorial contra la corrupción. Se han firmado acuerdos de cooperación entre la administración aduanera y otras instituciones como la policía de fronteras, la policía nacional, la inspección financiera y la Oficina de derechos de autor. Además se han celebrado acuerdos de asistencia mutua con las administraciones aduaneras de Bulgaria, Moldavia, Ucrania y Yugoslavia. A pesar de la adopción en abril de 2005 de una nueva estrategia anticorrupción así como de la designación de la instancia encargada de luchar contra la corrupción en la autoridad aduanera nacional, los resultados se hacen esperar.
En materia de cooperación judicial, Rumania ha ratificado la mayoría de los Convenios internacionales incluidos en el acervo de la Unión y, en particular:
Debe aún ratificar el Convenio de La Haya de 1965 relativo a la notificación de documentos judiciales y extrajudiciales, aunque en abril de 2003 se votó una ley para la adhesión a este Convenio. En mayo de 2004, la ley de adhesión al Convenio de La Haya de 1961, que suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, fue modificada con el fin de poder transferir las competencias del Gobierno central a los tribunales y poderes locales.
En cuanto a la cooperación judicial en materia civil, en mayo de 2003 se adoptó una Ley sobre asistencia judicial internacional en materia civil y otra sobre competencia, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil dictadas en los Estados miembros de la Unión Europea. En octubre de 2003, un decreto del Ministerio de Justicia aprobó el método de aplicación de las disposiciones legales en esta materia.
Por lo que a la cooperación judicial en materia penal se refiere, Rumania adoptó una legislación nacional por la que se transponía el Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal. Además, ratificó en diciembre de 2001 el protocolo adicional al Convenio europeo sobre traslado de personas condenadas. Rumania ratificó asimismo, en noviembre de 2002 un acuerdo con Francia destinado a facilitar el retorno de menores en residencia ilegal. En julio de 2004, se votó una ley sobre cooperación judicial internacional en materia penal. En 2005, el país estableció un punto de contacto Eurojust. La nueva legislación garantiza la independencia personal e institucional de los magistrados y destaca su responsabilidad individual y administrativa, pero aún debe progresarse, por ejemplo para la introducción completa de un sistema de atribución aleatorio de asuntos a los jueces, y aún existen grandes retrasos en las sentencias, sobre todo debido a la carga de trabajo asignada a los magistrados. Con excepción del protocolo n° 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativa a la prohibición general de la discriminación, Rumania ratificó todos los instrumentos jurídicos relativos a derechos humanos.
Última modificación: 23.01.2006