Rumanía
REFERENCIAS
Dictamen de la Comisión [COM(1997) 2003 final - No publicado en el Diario Oficial]Informe de la Comisión [COM(1998) 702 final - No publicado en el Diario Oficial]Informe de la Comisión [COM(1999) 510 final - No publicado en el Diario Oficial]Informe de la Comisión [COM(2000) 710 final - No publicado en el Diario Oficial]Informe de la Comisión [COM(2003) 675 final - SEC(2003) 1211 final - No publicado en el Diario Oficial]Informe de la Comisión [COM(2004) 657 final - SEC(2003) 1200 final - No publicado en el Diario Oficial]Informe de la Comisión [COM(2005) 534 final - SEC(2003) 1354 final - No publicado en el Diario Oficial]Tratado de adhesión a la Unión Europea [Diario Oficial L 157 de 21.6.2005]
SÍNTESIS
En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea consideraba que Rumanía acusaba un enorme retraso en todos los ámbitos de la política social y, más particularmente, en lo relativo a la salud y la seguridad en el trabajo y a las políticas de sanidad pública, de mercado laboral y de empleo. También afirmaba que quedaba aún mucho por hacer para aproximar las legislaciones y reforzar tanto la administración pública como unas estructuras eficaces de ejecución para que Rumanía pudiera satisfacer las obligaciones que impone la adhesión.
Desde el informe de noviembre de 1998, la Comisión viene señalando en sus informes anuales que el ritmo general de las reformas continúa siendo lento y que los progresos son moderados.
En su informe de 2003, la Comisión destacaba que, de manera general, Rumanía satisfacía las condiciones resultantes de las negociaciones de adhesión en materia de asuntos sociales y de empleo. Las negociaciones sobre este capítulo se declararon cerradas provisionalmente.
El informe de octubre de 2004 precisaba que las negociaciones relativas a este capítulo se habían cerrado de forma provisional, que Rumanía no había solicitado disposiciones transitorias y que de manera general, este país respetaba los compromisos y satisfacía las condiciones derivadas de las negociaciones de adhesión en materia de política social y de empleo.
El informe de 2005 precisa que Rumanía satisface de manera general los compromisos y las exigencias que resultan de las negociaciones de adhesión en los ámbitos de igualdad de trato de hombres y mujeres, salud y seguridad en el trabajo, política del empleo, protección social y lucha contra la discriminación.
El Tratado de adhesión se firmó el 25 de abril de 2005, y la adhesión se produjo el 1 de enero de 2007
ACERVO COMUNITARIO
En materia social, además de los diferentes programas de acción específicos, en particular, en el ámbito de la sanidad pública y del Fondo Social Europeo, el acervo legislativo abarca la salud y la seguridad en el trabajo, el Derecho del trabajo y las condiciones laborales, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la coordinación de los regímenes de la seguridad social para los trabajadores migrantes y los productos del tabaco.
En todos estos ámbitos, la legislación social de la Unión establece prescripciones mínimas, acompañadas de cláusulas de salvaguardia para los Estados miembros más avanzados.
Por otra parte, tanto la consulta a los interlocutores sociales como el diálogo social en el ámbito europeo están recogidos en los artículos 138 y 139 del Tratado (antiguos artículos 118A y 118 B).
EVALUACIÓN
Rumanía avanza bastante lentamente en las reformas en el ámbito de la política de empleo.
La tasa de paro declarado era de alrededor del 8 % a principios de 2000, pero un nivel considerable de desempleo encubierto. Por otra parte, Rumanía tiene graves problemas de paro de larga duración y diferencias considerables entre las regiones. En el informe de 2003 se hacía eco de estos problemas y se recordaba que la tasa de paro había aumentado hasta alcanzar el 8,4 % en 2002. Rumanía debe aumentar la oferta de formación destinada a los desempleados con el fin de mejorar sus posibilidades de empleo. El informe de 2004 recuerda que la tasa de paro estaba en un 6,6 % en 2003, lo que constituye una disminución con respecto a 2002.
En octubre de 2002, Rumanía y la Comisión Europea firmaron el documento de evaluación conjunta de las prioridades de la política de empleo. El primer plan nacional de empleo fue adoptado en 2002 y abarca el período comprendido entre agosto de 2002 y diciembre de 2003. A comienzos de 2004 se adoptó el segundo plan nacional de empleo para el período 2004-2005 y en el mes de agosto de 2004, una estrategia nacional a favor del empleo para el período 2004-2006.
El informe de 2005 indica que se deben realizar esfuerzos suplementarios el refuerzo de la eficacia de los servicios públicos rumanos de empleo y para la inserción en el mercado laboral de los grupos étnicos minoritarios y, más concretamente, el de la comunidad gitana.
Aunque se han realizado algunos progresos en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo durante los años 1997, 1998 y 1999, sobre todo respecto al número de directivas incorporadas, queda mucho camino por recorrer. En efecto, el informe de 2002 señala que no se ha realizado ningún progreso significativo durante el período examinado.
El informe de 2003 señalaba progresos visibles que se tradujeron en la revisión de las normas generales sobre la protección laboral en diciembre de 2002, con objeto de transponer 20 directivas sobre salud y seguridad. Por otra parte, la capacidad administrativa de la inspección de trabajo ha mejorado y en 2002 se estableció un programa nacional de formación dirigido a los inspectores de trabajo que continuó en 2003. El informe de 2004 señala el refuerzo de la cooperación entre los distintos ministerios competentes y la continuación de las campañas de sensibilización y de formación de inspectores de trabajo. Sin embargo, a pesar de estas evoluciones positivas, la armonización legislativa debe concluirse sobre las condiciones mínimas en materia de seguridad y de salud en las obras de construcción provisionales o móviles así como para el acervo más reciente sobre el amianto y los agentes físicos (vibraciones, ruido y campos electromagnéticos).
El informe de 2005 constata que todavía se debe incorporar el acervo reciente sobre los riesgos asociados a la exposición de los trabajadores a las vibraciones, al ruido y al amianto.
El informe de 2000 precisaba que ya había sido adoptada la legislación de base relativa a la igualdad de oportunidades. No obstante, el mismo informe señalaba la necesidad de armonizar esta legislación con las directivas específicas sobre el acceso al empleo, la carga de la prueba y la salud y la seguridad de las trabajadoras embarazadas. La puesta en práctica del plan nacional para la igualdad de oportunidades avanzó en 2002 gracias a la creación de un programa nacional de formación sobre los reglamentos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres destinado al personal del Ministerio de Trabajo de los servicios centrales y territoriales. Además, la Directiva sobre la carga de la prueba se transpuso durante 2002. En 2004, se adoptó la legislación destinada a incorporar el acervo en el ámbito de la protección de la maternidad en el lugar de trabajo y, a finales de 2003, se adoptó una modificación importante de la Ley sobre la prevención y la lucha contra la violencia doméstica. Se continuó con la aplicación del plan nacional para la igualdad de oportunidades y se han llevado a cabo campañas de sensibilización en este contexto. Se debe seguir trabajando con este tipo de acción. Según el informe de 2005, en el ámbito de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, se ha incorporado la mayor parte del acervo pero siguen siendo necesarias adaptaciones en el ámbito de las jubilaciones profesionales. Rumanía debe garantizar el buen funcionamiento, la viabilidad y la independencia de la agencia nacional para la igualdad de oportunidades
En el ámbito de la sanidad pública, el 1 de abril de 1999 entró en vigor el nuevo sistema de seguridad social y del seguro de enfermedad.
Durante el año 2002 se produjeron algunos progresos. En noviembre de 2002, se adoptó una ley relativa a medidas de prevención contra el VIH/SIDA. Asimismo, se adoptaron durante este mismo período otros actos legislativos para promover la reforma del sector de la sanidad. No obstante, dichos actos sólo se han aplicado parcialmente y hay que desarrollar las disposiciones de aplicación. En 2004, se adoptó un plan nacional para reforzar el sistema de vigilancia nacional en las enfermedades contagiosas y se elaboró una estrategia nacional de salud pública. Además, en lo relativo a la lucha contra el tabaquismo, la legislación rumana incorporó el acervo sobre el tabaco en junio de 2004.
El informe de 2005 recuerda que el acervo relativo a la sangre, las células y los tejidos humanos aún ha de incorporarse y que la lucha contra el comercio de óvulos humanos requiere una especial atención. Además, Rumanía tiene que seguir desarrollando un sistema de vigilancia compatible con el de la Unión Europea en lo que a enfermedades contagiosas se refiere. El acceso a los cuidados de salud, en particular a los servicios de prevención debe estar garantizado para el conjunto de la población con el fin de mejorar la situación sanitaria. Debe tratarse inmediatamente el problema persistente de malos tratos registrados en los hospitales psiquiátricos.
El diálogo social se inició en el ámbito nacional en 1997 cuando se adoptó una ley de regulación del funcionamiento del Consejo Económico y Social. Asimismo, se instauraron foros de cooperación a nivel regional y local. El papel de los interlocutores sociales se ha fortalecido mediante la adopción de una serie de iniciativas jurídicas. Pese a esos progresos, los pactos y acuerdos tripartitos siguen prevaleciendo debido a determinados hábitos y a la debilidad de las organizaciones patronales independientes.
En febrero de 2003 se adoptó una nueva ley que establece un marco para la creación, organización y funcionamiento de los sindicatos. Patronal y sindicatos firmaron en 2003 un convenio colectivo de un año. Además, se ha reforzado la función del Comité Económico y Social de órgano consultivo y se ha ampliado su mandato mediante la ley adoptada en marzo de 2003. El texto revisado de la Constitución adoptada en octubre de 2003 refuerza aún más el papel del Consejo Económico y Social tripartito como órgano consultativo.
Por otra parte, se adoptaron medidas dirigidas a promover el diálogo social bipartito y reforzar el papel de los interlocutores sociales, si bien sigue siendo necesario consolidar las negociaciones colectivas bipartitas autónomas en las empresas y a nivel sectorial y regional.
El informe de 2005 constata que, en líneas generales, deben mantenerse los esfuerzos para la promoción del diálogo social tripartito y bipartito autónomo, en particular a nivel sectorial e industrial y para mejorar la capacidad de aplicar el acervo de los interlocutores sociales, sobre todo los empresarios.
En materia de Derecho laboral, en 2002 se adoptó una ley sobre los conflictos laborales. A la espera de la adopción del nuevo Código del trabajo, no cabe reseñar ningún progreso en 2001 y 2002. Gracias a la entrada en vigor del Código del trabajo en marzo de 2003, se registraron progresos importantes en el ámbito del Derecho laboral. No obstante, sigue pendiente de aplicación una parte importante del acervo mediante la adopción de disposiciones de aplicación y de ciertos ajustes, con objeto de garantizar la conformidad con las directivas sobre los despidos colectivos, la protección de los jóvenes en el trabajo y la transferencia de empresas. El informe de 2004 indica algunos avances, especialmente en el ámbito de la transferencia de las empresa y la sensibilización del nuevo código de trabajo. El código del trabajo se modificó en junio de 2005 y se adoptó una nueva legislación, en particular en el ámbito de los comités de empresas europeos. Deben continuarse los esfuerzos de incorporación en los ámbitos todavía no cubiertos por el código de trabajo (como, por ejemplo, la insolvencia del empresario, el desplazamiento de trabajadores y el tiempo de trabajo a nivel sectorial). El informe de 2005 recuerda asimismo que se debe incorporar todavía el acervo reciente relativo al estatuto de la sociedad europea y de la sociedad cooperativa europea así como la Directiva sobre la información y la consulta a los trabajadores. Se debe seguir trabajando en la mejora de las capacidades administrativas de la inspección laboral.
Para promover la inclusión social se han creado comisiones locales de lucha contra la pobreza en 41 distritos y en Bucarest.
La Comisión y Rumanía han iniciado una colaboración con objeto de preparar la futura participación de este país en el proceso comunitario de inclusión social tras su adhesión. Este ejercicio consiste en una definición conjunta de los retos que presenta la exclusión social y las acciones políticas correspondientes.
El informe de 2004 recuerda que en materia de fomento de la inclusión social, ha avanzado notablemente la identificación de los desafíos, esto es, los niños que abandonan una institución pública, los jóvenes sin empleo, las familias de explotaciones agrícolas, los jubilados, los sin techo, y la población gitana. Los niveles de pobreza siguen siendo elevados, aunque en ligero descenso con respecto a años anteriores.
Se ha elaborado el memorándum conjunto sobre la inclusión social, que hace inventario de los principales desafíos y de las respuestas políticas adecuadas, con el objeto de promover la inserción social. A partir de este memorándum, deberá elaborarse una estrategia integrada y un plan nacional relativo a la inserción social. Los objetivos prioritarios de esta estrategia y de este plan deberán estar encaminados a sacar a la población activa de la economía de subsistencia, disminuir la economía informal, aumentar la tasa de escolarización y abordar los comportamientos discriminatorios contra grupos vulnerables como la minoría gitana o las personas con discapacidad. El informe de 2005 precisa que para garantizar su aplicación íntegra, se deberían realizar esfuerzos constantes, sobre todo para reforzar la capacidad administrativa del Ministerio de Trabajo.
Si bien la legislación en vigor dirigida a luchar contra la discriminación representa un avance importante, sigue siendo necesario realizar determinados ajustes. El consejo nacional de lucha contra la discriminación inició sus tareas en el último trimestre de 2002 y ya ha tratado más de 450 asuntos desde su creación. No obstante, aún puede mejorarse su capacidad.
El informe de 2004 señala que la legislación contra la discriminación se ha modificado para introducir en particular definiciones de la discriminación indirecta, la discriminación múltiple y la victimización, y para mejorar la asistencia a las víctimas. El informe de 2005 precisa que Rumanía debe ultimar la asimilación legislativa, sobre todo en lo que se refiere a la inversión de la carga de la prueba. Debe mejorarse asimismo la capacidad administrativa general del consejo nacional de lucha contra la discriminación. A pesar de algunos avances prometedores, la situación de la minoría gitana requiere aún mejoras esenciales.
A raíz de una decisión gubernamental de febrero de 2003 sobre la protección social, se crearon estructuras especializadas a nivel de los distritos y de los consejos locales para ocuparse de la asistencia social en el ámbito de la protección de la familia y de la infancia, de las personas solas, de los ancianos, de los minusválidos y de otros grupos de población necesitados. El buen funcionamiento de estas estructuras dependerá del presupuesto asignado y de la disponibilidad de personal cualificado. En 2004, se adoptó un volumen considerable de legislación, en especial la relativa a la organización del sistema de servicios sociales. Además, se adoptó el programa social para 2003-2004, que consolida la política social del gobierno y fomenta la solidaridad social. Desde 2000, aumentaron los gastos públicos en el ámbito social, incluidos los de educación y vivienda.
El informe 2005 recuerda que se debe garantizar una financiación suficiente para aplicar el proceso de descentralización. Debe mejorarse el acceso a la ayuda social, en particular en lo que se refiere a la minoría gitana. En el ámbito de las jubilaciones conviene encontrar los medios para garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema rumano de jubilaciones.
Como se indicaba en el dictamen de julio de 1997 y se recordaba en el informe de noviembre de 2000, Rumanía deberá redoblar sus esfuerzos para mejorar el nivel de la administración y, en particular, el de las estructuras de ejecución en la mayor parte de ámbitos de la política social, como la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, la sanidad pública, el mercado de trabajo y las medidas en favor del empleo. No obstante los progresos realizados, este esfuerzo deberá continuar en 2003. Asimismo, los informes de 2004 y de 2005 destacan que se requieren esfuerzos permanentes para reforzar la capacidad administrativa relativa a la gestión y la aplicación del Fondo Social Europeo.
Última modificación: 04.01.2006