Política social

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Lisboa refuerza la dimensión social de la Unión Europea (UE). Para ello, reconoce en los tratados constitutivos los valores sociales de la Unión e incluye nuevos objetivos en materia social.

Sin embargo, las competencias de la UE en este ámbito no han sufrido grandes modificaciones. El Tratado de Lisboa lleva a cabo algunas innovaciones, pero la elaboración y aplicación de las políticas sociales sigue siendo competencia sobre todo de los Estados miembros.

RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS SOCIALES

El pleno reconocimiento de los objetivos sociales en los tratados constitutivos no solo tiene un alcance simbólico. También supone una mejor integración de los objetivos sociales en la elaboración y aplicación de las políticas europeas en general.

Además, el Tratado de Lisboa modifica tres artículos de los tratados constitutivos para aclarar y reforzar los objetivos sociales de la UE:

• El artículo 3 del Tratado de la UE incluye ahora el pleno empleo, el progreso social, la lucha contra la exclusión social y la protección social entre los objetivos de la Unión.
• El artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que durante la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión se tengan en cuentan un alto grado de empleo, una protección social elevada y la lucha contra la exclusión social.
• El artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la UE consagra el papel de los interlocutores sociales en la Unión; además, reconoce la contribución al diálogo social de la Cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo, que reúne a los representantes del Consejo, la Comisión y los interlocutores sociales.

Por otro lado, el Tratado de Lisboa reconoce el valor jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . Esta Carta cuenta ahora con un valor vinculante, y se puede invocar en los procesos judiciales. Este reconocimiento constituye un avance en materia social, ya que la Carta garantiza derechos sociales a los residentes del territorio de la UE:

• el derecho a la información y a la consulta de los trabajadores dentro de la empresa (artículo 27 de la Carta);
• el derecho a la negociación y la huelga (artículo 28 de la Carta);
• el derecho de acceso al servicio de colocación (artículo 29 de la Carta);
• la protección en caso de despido injustificado (artículo 30 de la Carta);
• el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31 de la Carta);
• la prohibición del trabajo infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo (artículo 32 de la Carta);
• la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional (artículo 33 de la Carta);
• la seguridad social (artículo 34 de la Carta);
• la protección de la salud (artículo 35 de la Carta).

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL A ESCALA EUROPEA

La política social forma parte de las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros. No obstante, las políticas sociales se aplican de forma más eficaz en los Estados miembros que a escala europea. En consecuencia, y de conformidad con el principio de subsidiaridad, el papel de la UE se limita en este ámbito a respaldar y completar la acción de los Estados miembros.

El Tratado de Lisboa mantiene este esquema de reparto de las competencias. También mantiene la adopción de textos según el procedimiento legislativo ordinario para la mayoría de las medidas pertenecientes a la política social.

En cambio, en el caso de algunas medidas, se mantiene el voto por unanimidad del Consejo con consulta del Parlamento Europeo, y el Tratado de Lisboa recupera la cláusula pasarela específica que ya se había introducido con el Tratado de Niza (artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la UE). Esta cláusula pasarela autoriza al Consejo a decidir por unanimidad la aplicación del procedimiento legislativo ordinario en estos ámbitos:

• la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato de trabajo;
• la representación y la defensa colectiva de los trabajadores y de los empresarios;
• las condiciones de empleo relativas a los extranjeros que residen legalmente en el territorio de la Unión.

Por último, el Tratado de Lisboa pone en práctica dos innovaciones:

• La ampliación del voto por mayoría cualificada a las medidas relativas a las prestaciones sociales de los trabajadores migrantes (artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la UE).
• La institucionalización del método abierto de coordinación con el reconocimiento de la competencia de la Comisión para tomar iniciativas que fomenten la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito social y facilitar la coordinación de sus acciones. Por ejemplo, estas iniciativas pueden adoptar la forma de estudios o dictámenes para establecer orientaciones e indicadores, y organizar el intercambio de las mejores prácticas con la realización de una evaluación periódica (artículo 156 del Tratado de Funcionamiento de la UE).

Última modificación: 14.04.2010