26.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 25/1

(1)

La conectividad mediante banda ancha reviste una importancia estratégica para el crecimiento y la innovación de Europa en todos los sectores de la economía y para la cohesión social y territorial. La Estrategia Europa 2020 (en lo sucesivo denominada «UE 2020») subraya la importancia del despliegue de la banda ancha en el marco de la estrategia de crecimiento de la UE para el próximo decenio y establece objetivos ambiciosos para el desarrollo de la banda ancha. Una de sus iniciativas emblemáticas, la Agenda Digital para Europa (en lo sucesivo denominada «ADE») (1) reconoce las ventajas socioeconómicas de la banda ancha y pone de relieve su importancia para la competitividad, la inclusión social y el empleo. El logro del objetivo recogido en UE 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo depende también de la disponibilidad de un acceso generalizado y asequible a infraestructura y servicios de Internet de alta velocidad. Superar el reto de financiar una infraestructura de banda ancha de buena calidad y asequible es un factor crucial para que Europa incremente su competitividad e innovación, brinde oportunidades de empleo a los jóvenes, prevenga la deslocalización de actividades económicas y atraiga inversiones extranjeras. La ADE reafirma el objetivo de UE 2020 de poner la banda ancha básica a disposición de todos los europeos a más tardar en 2013 y pretende garantizar que en 2020: i) todos los europeos tengan acceso a Internet a velocidades muy superiores a 30 Mbps; ii) el 50 % o más de los hogares europeos estén abonados a conexiones a Internet superiores a 100 Mbps.

(2)

Para lograr el objetivo de un acceso a Internet a velocidades superiores a 30 Mbps se calcula (2) que se necesitará un máximo de 60 000 millones EUR de inversión y hasta 270 000 millones para que al menos el 50 % de los hogares europeos dispongan de conexiones de velocidad superior a 100 Mbps (3). Estas inversiones deberían proceder principalmente de inversores comerciales, aunque los objetivos de la ADE no pueden alcanzarse sin el apoyo de fondos públicos. Por esta razón, la ADE pide a los Estados miembros que utilicen «financiación pública en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y de competencia de la UE», para responder a la cobertura, la velocidad y la asunción de objetivos definidos en UE 2020 (4). Se prevé que en el futuro se incrementará la demanda de servicios que requieren una gran capacidad, al desarrollarse servicios como la computación en nube, un uso más intenso de tecnologías de igual a igual, redes sociales y vídeo a la carta.

(3)

El sector de las comunicaciones electrónicas ha experimentado un profundo proceso de liberalización y ahora está sujeto a una regulación sectorial. El marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la UE fija también normas de armonización relativas al acceso a la banda ancha (5). Por lo que se refiere a las redes de banda ancha heredadas, los mercados mayoristas están sujetos hasta el momento a regulación previa en la mayoría de los Estados miembros. El planteamiento normativo ha tenido éxito al fomentar unos mercados competitivos y la inversión, e incrementar las posibilidades de elección de los consumidores: por ejemplo, la mayor cobertura de banda ancha y su penetración más elevada se da en los Estados miembros con infraestructuras competidoras, en combinación con una normativa previa eficaz que fomente la competencia. Un mayor despliegue de redes de banda ancha, y en particular el acceso de nueva generación («ANG»), sigue precisando la intervención de las autoridades nacionales reguladoras («ANR») debido a su papel en el sector de las comunicaciones electrónicas.

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Es sumamente importante que los fondos públicos se utilicen en este sector con cautela y que la Comisión garantice que la ayuda estatal sea complementaria y no sustituya a inversiones de los agentes del mercado. Las intervenciones estatales deben limitar en lo posible el riesgo de excluir a las inversiones privadas o de alterar los incentivos a la inversión comercial y, en última instancia, de falsear la competencia en contra del interés común de la Unión Europea.

(5)

En su Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE, la Comisión indica que la estrategia de ayudas estatales debería centrarse en facilitar ayudas bien concebidas dirigidas a casos de deficiencias de mercado y objetivos de interés común europeo (6). Las ayudas estatales pueden, en determinadas condiciones, corregir fallos del mercado, mejorando así la eficiencia en el funcionamiento de los mercados e incrementando la competitividad. Además, cuando los mercados ofrecen resultados eficientes, pero considerados insatisfactorios desde el punto de vista de la política de cohesión, las ayudas estatales pueden utilizarse para conseguir un resultado más equitativo y conveniente. En particular, una intervención estatal selectiva en el ámbito de la banda ancha puede contribuir a reducir la «brecha digital» (7) entre zonas o regiones donde se ofrecen servicios de banda ancha asequibles y competitivos y zonas que carecen de ellos.

(6)

Sin embargo, si las ayudas estatales a la banda ancha se utilizasen en zonas en las que los operadores de mercado se decidirían normalmente a invertir o en las que ya hubieran invertido, esto podría minar considerablemente los incentivos para que los inversores comerciales apostasen por la banda ancha. En tales casos, las ayudas estatales a la banda ancha podrían ser contraproducentes para el objetivo perseguido. El objetivo del control de las ayudas estatales en el ámbito de la banda ancha es garantizar que las ayudas estatales redundarán en un mayor grado de cobertura y penetración de la banda ancha, o a un ritmo más rápido del que se daría sin la ayuda, apoyando al mismo tiempo unos servicios de mayor calidad y más asequibles, unas inversiones que favorezcan la competencia y garantizando que los efectos positivos de la ayuda contrarresten los falseamientos de la competencia.

(7)

Tras el llamamiento efectuado por la Comisión en el marco de la Agenda Digital, la mayoría de los Estados miembros han desarrollado estrategias nacionales de banda ancha a fin de lograr los objetivos de la ADE en sus respectivos territorios. La mayor parte de estas estrategias contempla la utilización de fondos públicos para ampliar la cobertura de la banda ancha en zonas donde los operadores comerciales no tienen ningún incentivo para invertir, y para acelerar el despliegue de redes de acceso de nueva generación de muy alta velocidad.

(8)

Las presentes Directrices resumen los principios de la política de la Comisión en materia de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Tratado a las medidas que apoyan el despliegue de redes de banda ancha en general (sección 2) y explican la aplicación de estos principios al evaluar las medidas de apoyo al rápido despliegue de la banda ancha básica y de redes de acceso de nueva generación de muy alta velocidad (sección 3). La Comisión aplicará las Directrices al evaluar las ayudas estatales a la banda ancha, incrementando así la seguridad jurídica y la transparencia de sus decisiones.

(9)

Con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entres Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». De ello se deduce que para que una medida pueda ser considerada ayuda estatal, deben cumplirse todas las siguientes condiciones: a) la medida debe concederse mediante fondos estatales, b) debe otorgar una ventaja económica a las empresas, c) la ventaja tiene que ser selectiva y, d) falsear o amenazar falsear la competencia, e) la medida ha de afectar al comercio entre Estados miembros.

(10)

Uso de recursos estatales: la transferencia de recursos del Estado puede adoptar muchas formas, como subvenciones directas, deducciones fiscales (8), préstamos bonificados o condiciones financieras preferentes de otro tipo. También existe presencia de recursos estatales si el Estado aporta una prestación en especie, por ejemplo cuando invierte en la construcción de (parte de) la infraestructura de banda ancha. Los recursos estatales pueden ser empleados (9) en los niveles nacional, regional o local. La financiación mediante fondos europeos tales como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (10) constituye recursos estatales cuando estos fondos son asignados a discreción de un Estado miembro (11).

(11)

Empresa: las medidas estatales de apoyo a las inversiones en banda ancha se dirigen generalmente al ejercicio de una actividad económica, como la construcción, la explotación y la concesión de acceso a la infraestructura de banda ancha o permitir la prestación de conectividad a los usuarios finales. También el propio Estado puede desarrollar una actividad económica cuando gestiona y explota (partes de) una infraestructura de banda ancha, por ejemplo a través de una empresa estatal o como parte de la Administración del Estado. La construcción de una infraestructura de red de banda ancha con vistas a su futura explotación comercial por el Estado u operadores terceros también constituye una actividad económica (12). El despliegue de una red de banda ancha para fines no comerciales podría no constituir ayuda estatal (13) porque la construcción de la red no favorece a ninguna empresa (14). No obstante, en caso de que tal red se abra posteriormente a su uso por inversores u operadores, es probable que sí exista ayuda estatal (15).

(12)

Ventaja: por lo general, la ayuda se concede directamente a inversores en redes que, en la mayoría de los casos, son elegidos mediante un procedimiento de licitación. Cuando la contribución del Estado no se facilita en condiciones de mercado normales y por consiguiente pasa a ser considerada ayuda estatal con arreglo al principio del inversor en una economía de mercado (véase apartado 16), el recurso a una selección competitiva garantiza que cualquier ayuda se limite al importe mínimo necesario para el proyecto concreto. Sin embargo, no elimina la ayuda, puesto que la autoridad pública todavía facilitará una subvención al adjudicatario (por ejemplo, en concepto de «diferencia de financiación» o contribución en especie) y el fin de dicho procedimiento es precisamente la selección del beneficiario de la ayuda. El apoyo financiero permitirá al licitador elegido realizar esta actividad comercial en unas condiciones que de otra manera no encontraría en el mercado. Además del beneficiario directo de la ayuda, los operadores terceros que logran un acceso mayorista a la infraestructura subvencionada podrían ser beneficiarios indirectos (16).

(13)

Selectividad: las medidas estatales que apoyan el despliegue de redes de banda ancha tienen carácter selectivo ya que van destinadas a inversores en banda ancha y a operadores terceros que solo son activos en determinados segmentos del mercado global de servicios de comunicaciones electrónicas. Por el contrario, para los usuarios comerciales finales de la red subvencionada (17) la medida podría no ser selectiva siempre que el acceso a la infraestructura subvencionada esté abierto a todos los sectores de la economía. Existirá selectividad si el despliegue de la banda ancha se dirige específicamente a usuarios comerciales especializados, por ejemplo si la ayuda estatal se orienta hacia el despliegue de una red de banda ancha en favor de empresas predeterminadas no elegidas con arreglo a criterios generales aplicables en todo el ámbito en que la autoridad otorgante es responsable (18).

(14)

Falseamiento de la competencia: con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo denominado «el Tribunal»), la ayuda financiera o en especie falsea la competencia en la medida en que refuerza la posición de una empresa en relación con otras empresas (19). Debido a la ayuda estatal concedida a un competidor, los operadores existentes podrían reducir su capacidad y los operadores potenciales podrían decidir no entrar en un mercado o zona geográfica nuevos. Los falseamientos de la competencia probablemente se agudizarían si el beneficiario de la ayuda posee poder de mercado. Cuando el beneficiario dispone ya de una posición dominante en un mercado, la ayuda puede reforzar este dominio al debilitar aún más la presión competitiva que pueden ejercer los competidores.

(15)

Efecto sobre el comercio: por último, en la medida en la que la intervención estatal puede afectar a los proveedores de servicios de otros Estados miembros (también disuadiéndoles de que se establezcan en los Estados miembros de que se trate), afecta también al comercio puesto que los mercados de servicios de comunicaciones electrónicas (mercados mayoristas y minoristas de banda ancha) están abiertos a la competencia entre operadores y proveedores de servicios (20).

(16)

El artículo 345 del TFUE dispone que «Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, se deriva del principio de igualdad de trato que el capital puesto por el Estado, directa o indirectamente, a disposición de una empresa en circunstancias que corresponden a condiciones normales del mercado no puede considerarse ayuda estatal. Cuando la participación en el capital o las inyecciones de capital por parte de un inversor público no presenten suficientes perspectivas de rentabilidad, ni siquiera a largo plazo, esa intervención debe considerarse ayuda en el sentido del artículo 107 del TFUE, y su compatibilidad con el mercado común debe ser evaluada únicamente sobre la base de los criterios establecidos en dicha disposición (21).

(17)

En su Decisión Ámsterdam, la Comisión examinó la aplicación del principio del inversor privado en una economía de mercado en el ámbito de la banda ancha (22). Como se subrayaba en dicha Decisión, la conformidad de una inversión pública con las condiciones de mercado debe probarse de manera exhaustiva, ya sea por medio de una participación importante de inversores privados o por la existencia de un plan de negocios sólido que muestre un rendimiento adecuado de la inversión. Cuando participen en el proyecto inversores privados, es una condición imprescindible que asuman el riesgo comercial vinculado a la inversión en las mismas condiciones que el inversor público. La misma lógica se aplica también a otros tipos de apoyos estatales tales como préstamos bonificados o garantías (23).

(18)

En algunos casos, los Estados miembros pueden considerar que la instalación de una red de banda ancha debe considerarse como servicio de interés económico general (en lo sucesivo denominado «SIEG») con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE (24) y la jurisprudencia Altmark (25) y proporcionar financiación pública sobre esta base. En tales casos, las medidas de los Estados miembros deben evaluarse con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la UE a la compensación concedida para la prestación de servicios de interés económico general (26), la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (27), la Comunicación de la Comisión relativa al Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011) (28) y el Reglamento de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (29). Estos documentos de la Comisión (denominados en su conjunto el «paquete SIEG») se aplican también a las ayudas estatales para el despliegue de banda ancha. La exposición que figura a continuación solo desea ilustrar la aplicación de algunos de los principios aclarados en esos documentos a la financiación de la banda ancha, teniendo presentes algunas características sectoriales.

(19)

En lo que se refiere a la definición de SIEG, la Comisión ya ha aclarado, en términos generales, que los Estados miembros no pueden vincular obligaciones específicas de servicio público a servicios que ya prestan, o pueden prestar satisfactoriamente y en condiciones tales como el precio, las características de calidad objetivas, la continuidad y el acceso al servicio acordes con el interés público, definido por el Estado, empresas que operan en condiciones normales de mercado (30).

(20)

Aplicando este principio al sector de la banda ancha, la Comisión considera que en las zonas en que los inversores privados ya han invertido en una infraestructura de red de banda ancha (o estén en proceso de ampliar la red) y ya prestan servicios de banda ancha competitivos con una cobertura adecuada, la creación de una infraestructura paralela competitiva de banda ancha financiada con fondos públicos no puede considerarse un SIEG en el sentido del artículo 106, apartado 2, del TFUE (31). No obstante, cuando pueda demostrarse que los inversores privados no están en condiciones de prestar en un futuro próximo (32) una adecuada cobertura de banda ancha a todos los ciudadanos o usuarios, dejando a una parte considerable de la población sin cobertura, puede concederse una compensación por servicio público a una empresa a la que se haya confiado la prestación de un SIEG, siempre que se cumplan las condiciones de la susodicha Comunicación sobre los SIEG. A este respecto, las redes que deberán ser tenidas en cuenta para evaluar la necesidad de un SIEG siempre deberán ser de tipo comparable, es decir, o bien una red de banda ancha básica o una de nueva generación.

(21)

Además, el despliegue y la explotación de una infraestructura de banda ancha solo puede considerarse SIEG si esa infraestructura ofrece conectividad universal a todos los usuarios, residenciales y empresas por igual, en una zona dada. El apoyo para la conexión únicamente de empresas no será suficiente (33).

(22)

El carácter obligatorio de la misión de SIEG implica también que el proveedor de la red desplegada no podrá negar el acceso a la infraestructura por razones discrecionales o discriminatorias (por ejemplo, porque no sea rentable ofrecer servicios de acceso en una zona dada).

(23)

Dado el grado de competitividad que se ha logrado desde la liberalización del sector de las comunicaciones electrónicas en la Unión y, en particular, la competencia que existe actualmente en el mercado minorista de banda ancha, una red financiada con fondos públicos implantada en el contexto de un SIEG debe estar disponible para todos los operadores interesados. En consecuencia, el reconocimiento de una misión de SIEG para el despliegue de banda ancha deberá estar basado en el despliegue de una infraestructura pasiva (34), neutra (35) y abierta. La red debe ofrecer acceso a los interesados mediante todas las formas posibles de acceso de red y permitir una competencia efectiva a nivel minorista, garantizando la prestación de servicios competitivos y accesibles a los usuarios finales (36).

(24)

Por consiguiente, la misión de SIEG debe cubrir únicamente el despliegue de una red de banda ancha que ofrezca conectividad universal y la prestación de los servicios de acceso mayorista correspondientes, sin incluir servicios minoristas de comunicación (37). Cuando el proveedor de la misión de SIEG sea además un operador de banda ancha integrado verticalmente, deben establecerse las salvaguardias adecuadas para evitar cualquier conflicto de intereses, una discriminación indebida y cualquier otra ventaja indirecta encubierta (38).

(25)

Habida cuenta de que el mercado de las comunicaciones electrónicas está totalmente liberalizado, una misión SIEG para el despliegue de banda ancha no puede estar basada en la concesión de un derecho especial o exclusivo al proveedor del SIEG a tenor del artículo 106, apartado 1, del TFUE.

(26)

Para calcular la compensación por un SIEG se aplican íntegramente los principios del paquete SIEG. Sin embargo, habida cuenta de las características del sector de la banda ancha, conviene añadir una aclaración para los SIEG destinados a cubrir barrios o distritos que no disponen de conexión (los denominados «puntos blancos») dentro de una zona más amplia en la que algunos operadores han desplegado ya su propia infraestructura de red o pueden haber previsto hacerlo en un futuro próximo. En los casos en los que la zona para la que se ha encomendado el SIEG no se limita solo a los «puntos blancos», debido a su tamaño o ubicación, el proveedor del SIEG puede necesitar desplegar también una infraestructura de red en las zonas rentables cubiertas ya por operadores comerciales. En tales situaciones, cualquier compensación concedida deberá cubrir únicamente los costes de desplegar infraestructuras en los puntos blancos no rentables, teniendo en cuenta los ingresos pertinentes y un beneficio razonable (39).

(27)

En muchas circunstancias puede ser apropiado fijar el importe de la compensación sobre una base ex ante, para cubrir así la diferencia de financiación prevista en un periodo determinado, antes que fijar la compensación solo sobre la base de los costes e ingresos cuando se produzcan. En el antiguo modelo había más incentivos para que la empresa contuviera el gasto y desarrollara el negocio a largo plazo (40). Cuando una misión de SIEG para el despliegue de una red de banda ancha no esté basada en el despliegue de una infraestructura de propiedad pública, deberá establecerse un control adecuado y unas cláusulas de reembolso con el fin de impedir que el proveedor del SIEG obtenga una ventaja indebida al conservar la propiedad de la red que se financió con fondos públicos una vez terminada la concesión del SIEG.

(28)

Como también se explicó en la Comunicación de la Comisión sobre la banda ancha (41), los Estados miembros pueden elegir varios tipos de medidas con el fin de acelerar el despliegue de la banda ancha, en particular las redes de acceso de nueva generación, además de proporcionar financiación directa a las empresas. Estas medidas no implican necesariamente ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(29)

Como, por lo general, gran parte del coste del despliegue de los accesos de nueva generación corresponde a obra de ingeniería civil (42), los Estados miembros pueden decidir, de conformidad con el marco regulador de la UE para las comunicaciones electrónicas, por ejemplo, facilitar el proceso de adquisición de derechos de paso, exigir que los operadores de redes coordinen sus obras de ingeniería civil o que compartan parte de su infraestructura. En este mismo sentido, los Estados miembros también pueden exigir que en toda nueva construcción (incluidas las nuevas redes de traída de aguas, electricidad, transporte o alcantarillado) o edificio se instale una conexión apropiada para el acceso de nueva generación. En cualquier caso, las terceras partes podrán instalar también, a su cargo, su infraestructura pasiva de la red cuando se efectúen las obras de ingeniería civil general. Esta posibilidad se debe ofrecer de forma transparente y no discriminatoria a todos los operadores interesados y, en principio, estar abierta a todos los posibles usuarios y no solo a los operadores de comunicaciones electrónicas (por ejemplo, instalaciones de electricidad, gas, agua, etc.) (43). Un inventario centralizado de la infraestructura existente (subvencionada o no y posiblemente incluyendo también las obras previstas) podría ayudar al despliegue comercial de la banda ancha (44). La infraestructura existente no solo se refiere a la infraestructura de telecomunicaciones, como la alámbrica, inalámbrica o por satélite, sino también a infraestructuras alternativas (colectores, registros, etc.) de otras industrias (como los servicios públicos) (45).

(30)

Cuando la intervención estatal para ayudar al despliegue de la banda ancha cumple las condiciones definidas en la sección 2.1, su compatibilidad será generalmente evaluada por la Comisión de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE (46). Hasta la fecha, las autoridades regionales y locales han seguido distintos modelos de intervención, que se explican de forma no exhaustiva en el anexo. Además de los allí descritos, los poderes públicos pueden también desarrollar otros modelos para apoyar el despliegue de la banda ancha (47). Para todos los tipos de intervención, se aplicarán todos los criterios de compatibilidad expuestos en las presentes Directrices (48).

(31)

Los proyectos de ayuda estatal para la banda ancha pueden desplegarse en zonas asistidas en el sentido del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del TFUE y de las normas específicas sobre ayudas estatales de finalidad regional (49). En este caso, las ayudas a la banda ancha pueden considerarse ayudas para una inversión inicial en el sentido de las normas sobre ayudas regionales. Cuando una medida entra en el ámbito de aplicación de dichas normas y cuando está previsto conceder una ayuda individual ad hoc a una sola empresa o ayuda limitada a un sector de actividad, es responsabilidad del Estado miembro demostrar que se cumplen las condiciones de las normas sobre ayudas regionales. Esto incluye, en concreto, que el proyecto contribuya a una estrategia coherente de desarrollo regional y que, habida cuenta de la naturaleza y dimensión del mismo, no dé lugar a distorsiones inaceptables de la competencia.

(32)

En la evaluación con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, la Comisión garantiza que la incidencia positiva de la medida de ayuda de cara a un objetivo de interés común compensa sus potenciales efectos secundarios negativos, tales como el falseamiento del comercio y la competencia. Este análisis se lleva a cabo en dos fases.

(33)

En primer lugar, todas las medidas de ayuda deben cumplir las condiciones necesarias que figuran a continuación. En caso de que no se cumpla alguna de ellas la ayuda se declarará incompatible con el mercado interior:

(34)

En segundo lugar, si se cumplen todas las condiciones necesarias, la Comisión sopesa la incidencia positiva de la medida de ayuda de cara a un objetivo de interés común y sus potenciales efectos negativos.

(35)

Los pasos concretos de la evaluación de la Comisión en el ámbito de la banda ancha se exponen con más detalle a continuación.

(36)

Por lo que se refiere al objetivo de interés común, la Comisión evaluará en qué medida la intervención prevista contribuye a alcanzar los objetivos de interés común explicados anteriormente y tal como se especifican en la ADE.

(37)

Existe una «deficiencia de mercado» cuando, solo con sus propios recursos, sin intervención, los mercados no son capaces de ofrecer un resultado eficiente para la sociedad. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando no se llevan a cabo ciertas inversiones aunque el beneficio económico para la sociedad supere los costes (50). En tales casos, la concesión de ayudas estatales puede generar efectos positivos y es posible mejorar la eficiencia ajustando los incentivos económicos de las empresas. En el sector de la banda ancha, una forma de deficiencia de mercado está relacionada con efectos externos positivos. Estos efectos surgen cuando los agentes de mercado no internalizan la totalidad de los beneficios de sus acciones. Por ejemplo, la disponibilidad de redes de banda ancha permite el desarrollo de servicios e innovación que pueden beneficiar a más usuarios que los inversores y suscriptores inmediatos de la red. En consecuencia, el mercado generaría una inversión privada insuficiente en redes de banda ancha.

(38)

Debido a las economías de densidad, generalmente el despliegue de las redes de banda ancha es más rentable donde la demanda potencial es mayor y está concentrada, es decir, en zonas densamente pobladas. En razón de los altos costes fijos de inversión, los costes unitarios se incrementan considerablemente al descender la densidad de población (51) y, por ello, cuando se despliegan en términos comerciales, las redes de banda ancha tienden a cubrir rentablemente solo una parte de la población. Sin embargo, como se explica en la ADE, el acceso generalizado y asequible a la banda ancha crea efectos externos positivos dada su capacidad de acelerar el crecimiento y la innovación en todos los sectores de la economía. Cuando el mercado no ofrece suficiente cobertura de banda ancha o las condiciones de acceso no son adecuadas, la ayuda estatal puede contribuir pues a poner remedio a esta deficiencia de mercado.

(39)

Un segundo posible objetivo de interés común está relacionado con la equidad. Los Gobiernos pueden decidir intervenir para corregir desigualdades sociales o regionales generadas por el mercado. En determinados casos, las ayudas estatales a la banda ancha también pueden utilizarse para lograr objetivos de equidad, es decir, como una forma de mejorar el acceso a un medio esencial de comunicación y participación en la sociedad, así como de garantizar la libertad de expresión para todos los estratos sociales, reforzando de esta forma la cohesión social y territorial.

(40)

La intervención pública en apoyo de las redes de banda ancha puede tener lugar a nivel nacional, regional o municipal (52). Por ello, la coordinación de las diversas intervenciones es esencial para evitar duplicaciones e incoherencia. Para garantizar la coherencia y la coordinación de las intervenciones locales, es necesario un elevado nivel de transparencia de las iniciativas locales.

(41)

Siempre que sea posible, y respetando las competencias y especificidades, se anima a los Estados miembros a que conciban planes de alcance nacional que contengan los grandes principios rectores de las iniciativas públicas e indiquen las principales características de las redes previstas (53). Los regímenes marco nacionales para el desarrollo de la banda ancha velan por la coherencia en el uso de los fondos públicos, reducen la carga administrativa sobre las pequeñas autoridades que conceden las ayudas y aceleran la aplicación de las medidas individuales de ayuda. Además, se anima a los Estados miembros a facilitar orientaciones claras a nivel central para la ejecución de proyectos de banda ancha financiados con ayuda estatal.

(42)

Al concebir una ayuda estatal que favorezca la competencia estatal en apoyo de la banda ancha, el papel de las autoridades nacionales reguladoras es particularmente importante, pues ya disponen de conocimientos técnicos y experiencia debido al papel fundamental que les atribuye la normativa sectorial (54). Estas autoridades son las mejor situadas para apoyar a las autoridades públicas en relación con los regímenes de ayudas estatales y deberían ser consultadas para identificar las zonas, determinar los precios y las condiciones para el acceso mayorista y resolver litigios entre los solicitantes de acceso y el operador de la infraestructura subvencionada. Se anima a los Estados miembros a que faciliten los recursos adecuados a dichas autoridades para que puedan desempeñar esta función de apoyo. Cuando sea necesario, los Estados miembros deben establecer una base jurídica adecuada para esta participación de las autoridades nacionales reguladoras en los proyectos de ayudas estatales a la banda ancha. Sería muy recomendable que dichas autoridades publicasen directrices para las autoridades locales que incluyesen recomendaciones sobre el análisis del mercado, productos de acceso mayorista y precios, teniendo en cuenta el marco regulador de las comunicaciones electrónicas y las correspondientes recomendaciones emitidas por la Comisión (55).

(43)

Además de la implicación de las autoridades nacionales reguladoras, las autoridades nacionales de competencia pueden asimismo asesorar, en particular en relación con grandes programas marco que ayuden a crear condiciones de competencia equitativas para los operadores y a evitar que una proporción exageradamente elevada de los fondos públicos se destinen a un operador, reforzando así su posición de mercado (que posiblemente ya sea dominante) (56). Además del papel de las autoridades reguladoras nacionales, algunos Estados miembros crean centros nacionales de competencia para ayudar a las pequeñas autoridades locales a diseñar las medidas de ayuda estatal adecuadas y garantizar la coherencia en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales tal como se especifican en las presentes Directrices (57).

(44)

Para un correcto diseño de la medida, la prueba de sopesamiento establece asimismo que la ayuda estatal es un instrumento político adecuado para solucionar el problema. A este respecto, mientras que la regulación previa ha facilitado en muchos casos el despliegue de la banda ancha en las zonas urbanas y en las más densamente pobladas, puede que no sea un instrumento suficiente para permitir la prestación de los servicios de banda ancha, sobre todo en zonas insuficientemente atendidas donde la rentabilidad inherente de la inversión es baja (58). Asimismo, aunque pueden contribuir positivamente a la penetración de la banda ancha (59), las medidas que inciden en el aspecto de la demanda en favor de la banda ancha (por ejemplo, vales para los usuarios finales) no siempre pueden solucionar la falta de despliegue de la banda ancha (60). Por tanto, en algunas situaciones tal vez no existan alternativas a la concesión de financiación pública para superar la falta de conexión mediante banda ancha. Las autoridades que conceden las ayudas deberán tener en cuenta también las (re)asignaciones de espectro que conduzcan al posible despliegue de la red en las zonas correspondientes para alcanzar los objetivos de dichas autoridades sin conceder subvenciones directas.

(45)

Por lo que se refiere al efecto incentivador de la medida, debe comprobarse si la inversión en la red de banda ancha no se habría realizado en el mismo plazo sin ayudas estatales. Cuando un operador está sometido a determinadas obligaciones para cubrir una zona (61), quizás no pueda acogerse a una ayuda estatal, ya que esta ayuda es poco probable que tenga un efecto incentivador.

(46)

Al evaluar el carácter proporcional de las medidas notificadas, la Comisión ha destacado una serie de condiciones necesarias para minimizar la ayuda estatal implicada y el falseamiento potencial de la competencia, como se explica con más detalle en las secciones siguientes.

(47)

Los efectos negativos en la competencia y el comercio resultan también del cambio de comportamiento del beneficiario inducido por la ayuda. La magnitud del falseamiento de la competencia puede medirse atendiendo a sus efectos en los competidores. De hecho, si como consecuencia de la concesión de la ayuda los competidores ven cómo la rentabilidad de sus inversiones previas disminuye pueden decidir reducir sus propias inversiones futuras o incluso simplemente retirarse del mercado (62). Además, cuando el beneficiario de la ayuda que se vaya a seleccionar a raíz del procedimiento de selección competitiva sea probablemente una empresa que ya se encuentre en posición dominante en un mercado o pueda pasar a ocupar una posición dominante gracias a la inversión financiada con fondos públicos, la ayuda podría reducir la presión competitiva de las empresas. Por otro lado, si una ayuda estatal o las condiciones inherentes a la misma (principalmente su modo de financiación, cuando forma parte integrante de la ayuda) entrañan de forma indisociable una infracción del Derecho de la UE, la ayuda no puede declararse compatible con el mercado interior (63).

(48)

Las ayudas deben concederse de forma transparente; en particular debe garantizarse que los Estados miembros, los operadores económicos, el público interesado y la Comisión puedan acceder fácilmente a todos los actos relevantes y la información pertinente sobre la ayuda concedida con arreglo a los mismos. Los detalles de los requisitos de transparencia se especifican en el apartado 78.

(49)

Una concepción cuidadosa del régimen de ayudas estatales para la banda ancha debe garantizar que el balance final de los efectos de la medida sea positivo.

(50)

A este respecto, el efecto de la medida de ayuda estatal se puede describir como el cambio de actividad en relación con lo que habría sucedido sin la ayuda. Los efectos positivos de la ayuda están estrechamente relacionados con el cambio de comportamiento del beneficiario que permite alcanzar el objetivo de interés común perseguido. En el sector de la banda ancha, la ayuda conduce al despliegue de una nueva infraestructura que no se habría implantado de otro modo, consiguiendo así una mayor capacidad y rapidez en el mercado, así como la bajada de precios y la mejora de la oferta, la calidad y la innovación. Ello producirá también que los consumidores tengan mayor acceso a los recursos en línea, lo que, junto con una mayor protección al consumidor en este ámbito, probablemente estimulará un crecimiento de la demanda. También contribuirá a la realización del mercado único digital y beneficiará a la economía de la UE en su conjunto.

(51)

Una red subvencionada debe poder garantizar un «cambio considerable» en términos de disponibilidad de banda ancha. Este cambio puede demostrarse si, como resultado de la intervención pública: 1) el licitador seleccionado realiza nuevas inversiones importantes en la red de banda ancha (64), y 2) la infraestructura subvencionada aporta un nivel significativo de nuevas capacidades al mercado en términos de disponibilidad y capacidad de servicios de banda ancha (65), velocidad y competitividad (66). Este cambio considerable debe compararse al de los despliegues de la red existentes o planificados concretamente.

(52)

Además, para garantizar que los efectos negativos sobre la competencia se minimizan, el diseño de la medida debe cumplir ciertas condiciones, tal como se especifica más adelante en la sección 3.4.

(53)

Para garantizar aún más que se limita el falseamiento de la competencia, la Comisión puede exigir que ciertos regímenes tengan un límite temporal (normalmente de cuatro años o menos) y estén sujetos a una evaluación para verificar 1) si se han realizado las hipótesis y condiciones que condujeron a la decisión de compatibilidad; 2) la efectividad de la medida de ayuda a la vista de sus objetivos previamente definidos; 3) su efecto sobre los mercados y la competencia y que no se manifiestan efectos distorsionadores durante la duración del régimen de ayuda que sean contrarios a los intereses de la Unión (67). Dados sus objetivos y para no trasladar una carga desproporcionada al Estado miembro y a proyectos de ayuda más pequeños, esto solo se aplicará a regímenes de ayuda nacionales y a regímenes de ayuda de grandes presupuestos que incluyan características nuevas o cuando se prevén cambios importantes en el mercado, en la tecnología o en la normativa. La evaluación la efectuará un experto independiente de la autoridad que concede la ayuda estatal sobre la base de una tecnología común (68) y deberá hacerse pública. La evaluación se presentará a la Comisión con suficiente antelación para permitir la valoración de la posible prórroga de la medida de ayuda y, en cualquier caso, al expirar el régimen. El ámbito y modalidades exactos de la evaluación se definirán en la decisión de aprobación de la medida de ayuda. Las medidas de ayuda posteriores con objetivos similares tendrán en cuenta los resultados de la evaluación.

(54)

Si la prueba de sopesamiento pone de manifiesto que los efectos negativos superan a los positivos, la Comisión puede prohibir la ayuda o requerir que se adopten medidas correctoras en relación con su concepción o con las distorsiones que ha provocado en la competencia.

(55)

A efectos de la evaluación de las ayudas estatales, las presentes Directrices distinguen entre redes básicas y redes de acceso de nueva generación.

(56)

Varias plataformas tecnológicas pueden considerarse redes de banda ancha básica; se trata de las soluciones ADSL (hasta las redes ADSL2+), por cable sin reforzar (p. ej. DOCSIS 2.0), redes móviles de tercera generación (UMTS) y sistemas por satélite.

(57)

En la fase actual de desarrollo de la tecnología y del mercado (69), las redes de acceso de nueva generación son redes de acceso por cable basadas total o parcialmente en elementos ópticos (70) y son capaces de prestar servicios de acceso de banda ancha con características mejoradas en comparación con las redes básicas de banda ancha existentes (71).

(58)

Se entiende que las redes de acceso de nueva generación deben tener como mínimo las siguientes características: i) prestar servicios fiables a muy alta velocidad por suscriptor mediante retorno óptico (o tecnología equivalente) lo suficientemente cercano a los locales del usuario para garantizar el suministro real de la muy alta velocidad; ii) apoyo a una gama de servicios digitales avanzados incluidos los servicios convergentes exclusivamente IP, y iii) tengan unas velocidades de carga mucho más elevadas (en comparación con las redes básicas de banda ancha). En la fase actual de desarrollo del mercado y tecnológico, las redes de acceso de nueva generación son: i) redes de acceso basadas en la fibra (FTTx) (72), ii) redes de cable mejoradas (73) y iii) determinadas redes avanzadas de acceso inalámbrico capaces de ofrecer alta velocidad fiable por suscriptor (74).

(59)

Es importante tener presente que a largo plazo se espera que las redes de acceso de nueva generación sustituyan a las de banda ancha básica existentes, y no solo que las mejoren. En la medida en que las redes de acceso de nueva generación requieren una nueva arquitectura de red que ofrece servicios que mejoran significativamente la calidad con respecto a los actuales, así como múltiples servicios que no podrían ofrecerse con las redes actuales, es probable que en el futuro existan marcadas diferencias entre zonas cubiertas y zonas no cubiertas por las redes de acceso de nueva generación (75).

(60)

Los Estados miembros pueden decidir libremente qué forma adoptará su intervención, siempre que se ajuste a las normas sobre ayuda estatal. En algunos casos, los Estados miembros pueden decidir financiar las denominadas redes de acceso de nueva generación (ANG), es decir, redes de apoyo que no llegan al usuario final. Se trata de redes que constituyen un insumo necesario para que los operadores minoristas de telecomunicaciones puedan prestar servicios de acceso a los usuarios finales. Estos tipos de redes pueden usarse tanto para redes básicas como de acceso de nueva generación (76) y depende de las decisiones (de inversión) de los operadores de telecomunicaciones qué tipo de infraestructura de «bucle local» desean conectar a la red de apoyo (77). Las autoridades públicas también pueden decidir emprender solo obras de ingeniería civil (como excavación en suelo público o construcción de conducciones) para permitir y acelerar el despliegue por los operadores de sus propios elementos de red. Además, cuando proceda, las autoridades públicas pueden desear tener en cuenta también soluciones por satélite.

(61)

Para evaluar las deficiencias de mercado y los objetivos de equidad, puede hacerse una distinción entre los tipos de zonas servidas, tal como se explica en las siguientes secciones. Para identificar las zonas objetivo, siempre que la intervención pública se limite a la red de apoyo, la evaluación de las ayudas estatales tendrá en cuenta la situación tanto en los mercados de apoyo como en los de acceso (78).

(62)

Las diferentes normas para justificar las intervenciones públicas en estas zonas geográficas se describen más adelante.

(63)

Para identificar las zonas geográficas como blancas, grises o negras tal como se describen a continuación, la autoridad que concede la ayuda debe determinar que infraestructuras de banda ancha existen en la zona objetivo. Para garantizar aún más que la intervención pública no entorpece las inversiones privadas, las autoridades que conceden la ayuda deberán verificar también si hay inversores privados que tengan planes concretos para desplegar su propia infraestructura en un futuro próximo. Se entenderá por «futuro próximo» un periodo de tres años (79). Si la autoridad que concede la ayuda usa un plazo más largo como marco temporal para el despliegue de la infraestructura subvencionada ese mismo plazo deberá usarse en la evaluación de la existencia de planes de inversión comercial.

(64)

Para verificar que no hay inversores privados con planes para desplegar su propia infraestructura en un futuro próximo, la autoridad que conceda la ayuda deberá publicar un resumen de la medida de ayuda prevista e invitar a las partes interesadas a presentar sus observaciones.

(65)

Existe el riesgo de que una mera «manifestación de interés» de un inversor privado pueda retrasar la prestación de servicios de banda ancha en la zona afectada si posteriormente las inversiones no se materializan y, al mismo tiempo, la intervención pública se ha congelado. Por ello, el organismo que concede la ayuda podrá exigir determinados compromisos del inversor privado antes de aplazar la intervención pública. Estos compromisos deben garantizar la realización de avances significativos en términos de cobertura en el período de tres años o en el período más largo previsto para la inversión que reciba el apoyo. También podrá solicitar al operador que celebre un contrato que resuma los compromisos de despliegue. Este contrato podría establecer una serie de etapas que deberían cubrirse durante ese período de tres años (80) así como la obligación de informar sobre los avances logrados. Si no se alcanza uno de ellos, la autoridad que concede la ayuda podrá seguir adelante con sus planes de intervención pública. Esta norma se aplica tanto a las redes básicas como a los accesos de nueva generación.

(66)

Las «zonas blancas» son aquéllas en las que no existe infraestructura de banda ancha y es poco probable que se desarrolle en un futuro próximo. Los objetivos de la Comisión con respecto a la ADE implican una cobertura ubicua de servicios básicos de banda ancha en la UE para 2013 y de al menos 30 Mbps para 2020. Por ello constituye una prioridad invertir a tiempo en zonas que todavía no están suficientemente cubiertas. Por tanto, la Comisión acepta que al aportar apoyo financiero para la prestación de servicios de banda ancha en zonas en las que no están disponibles actualmente, los Estados miembros persiguen objetivos de verdadera cohesión y desarrollo económico y, por tanto, probablemente su intervención sea acorde con el interés común, siempre que se cumplan las condiciones que se recogen en la sección 3.4 (81).

(67)

Las «zonas grises» son aquéllas en las que está presente un operador de red y es poco probable que se desarrolle otra red (82) en un futuro próximo. La mera existencia de un operador de red (83) no implica necesariamente que no haya una deficiencia del mercado o un problema de cohesión. Si este operador dispone de poder de mercado (monopolio), puede ofrecer a los ciudadanos una combinación de calidad de servicio y precios que no sea óptima. Determinadas categorías de usuarios pueden no ser adecuadamente atendidos o, a falta de tarifas de acceso mayorista reguladas, los precios al por menor pueden ser superiores a los aplicados por los mismos servicios ofrecidos en zonas o regiones del país más competitivas aunque comparables. Si, además, solo hay perspectivas limitadas de que se incorporen al mercado operadores alternativos, la financiación de tal infraestructura alternativa podría ser una medida adecuada (84).

(68)

Por otra parte, en zonas en las que ya existe un operador de red de banda ancha, las subvenciones para la construcción de una red alternativa pueden falsear la dinámica del mercado. Por consiguiente, el apoyo estatal para el despliegue de redes de banda ancha en «zonas grises» solo está justificado en caso de que se demuestre claramente que persiste una deficiencia del mercado. Será necesario un análisis más detallado y una evaluación exhaustiva de la compatibilidad.

(69)

Las «zonas grises» podrían acogerse a ayudas estatales a condición de que se cumplan las condiciones de compatibilidad de la sección 3.4, si se demuestra que: i) no se prestan servicios asequibles o adecuados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos o empresas (85) y ii) no existen medidas menos falseadoras (incluida una regulación previa) para alcanzar los mismos objetivos.

(70)

Con el fin de establecer i) y ii), la Comisión evaluará en concreto si:

(71)

Solo las zonas grises que cumplan los criterios mencionados anteriormente serán sometidas a la prueba de compatibilidad detallada en la sección 3.4.

(72)

Cuando en una zona geográfica dada existen al menos dos proveedores de red de banda ancha básica y los servicios de banda ancha se prestan en condiciones competitivas (competencia basada en infraestructuras (87)), se puede suponer que no hay deficiencia de mercado. Por consiguiente, el margen para que la intervención estatal reporte mayores beneficios es muy pequeño. Por el contrario, el apoyo estatal para la financiación de la construcción de una red de banda ancha adicional con capacidades comparables llevará, en principio, a un falseamiento inaceptable de la competencia y al desplazamiento de inversores privados. En consecuencia, de no haber una deficiencia de mercado claramente demostrada, la Comisión considerará negativamente las medidas de financiación del despliegue de una infraestructura de banda ancha adicional en una «zona negra» (88).

(73)

La distinción hecha en la sección 3.2 entre zonas «blancas», «grises» y «negras» es también pertinente para evaluar si la ayuda estatal a las redes de acceso de nueva generación es compatible en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c).

(74)

Actualmente, gracias a la mejora de los equipos activos, determinadas redes básicas avanzadas de banda ancha pueden también prestar algunos servicios de banda ancha que en un futuro probablemente se ofrezcan mediante redes de acceso de nueva generación (como los servicios de «oferta triple») y contribuir así a la consecución de los objetivos de la ADE. No obstante, pueden surgir productos o servicios nuevos que no sean sustituibles ni desde la perspectiva de la oferta ni de la demanda y que requieran una capacidad, fiabilidad y unas velocidades de carga y descarga sensiblemente superiores a los límites físicos más elevados de la infraestructura básica de banda ancha.

(75)

En consecuencia, a efectos de evaluar las ayudas estatales para redes de acceso de nueva generación, una zona en la que actualmente no existan tales redes y en la que no es probable que sean construidas en un plazo de tres años por inversores privados, de acuerdo con los apartados 63 a 65, deberá ser considerada como «zona blanca de acceso de nueva generación». Esta zona podrá acogerse a ayuda estatal para redes de acceso de nueva generación siempre se den las condiciones de compatibilidad indicadas en las secciones 3.4 y 3.5.

(76)

Una zona se considerará «zona gris de acceso de nueva generación» cuando solo exista o se vaya a desplegar en los próximos tres años una de esas redes (89) y ningún otro operador tenga previsto desplegar otra red de nueva generación en los próximos tres años. Al evaluar si otros inversores podrían desplegar redes adicionales de acceso de nueva generación en una zona dada, deben tenerse en cuenta todas las medidas legislativas o reguladoras existentes que puedan haber disminuido las barreras para dicho despliegue (acceso a conducciones, infraestructura compartida, etc.). La Comisión tendrá que llevar a cabo un análisis más pormenorizado con el fin de comprobar si la intervención del Estado es necesaria puesto que al realizarse en esas zonas conlleva un alto riesgo de exclusión de los inversores existentes y de falseamiento de la competencia. A este respecto, la Comisión procederá a su evaluación atendiendo a las condiciones de compatibilidad definidas en las presentes directrices.

(77)

Si existen como mínimo dos redes de acceso de nueva generación de diferentes operadores en una zona dada o si va a implantarse en los próximos tres años, dicha zona deberá considerarse «zona negra de acceso de nueva generación». La Comisión considerará que el apoyo estatal para una red de nueva generación competidora equivalente financiada con fondos públicos en estas zonas es probable que falsee gravemente la competencia y sea incompatible con el mercado interior a efectos del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(78)

Todas las medidas estatales de ayuda al despliegue de banda ancha deben cumplir todos los principios de compatibilidad descritos en la sección 2.5, incluido el objetivo de interés común, la existencia de una deficiencia de mercado y el efecto incentivador de la medida. Por lo que respecta a limitar el falseamiento de la competencia, además de demostrar cómo se logra un «cambio considerable» en todos los casos (en zonas blancas, grises y negras) (90), deben cumplirse las siguientes condiciones necesarias para demostrar la proporcionalidad de la medida. Si no se cumple alguna de estas condiciones lo más probable es que se deba realizar una evaluación pormenorizada (91) que podría llegar a la conclusión de que la ayuda es incompatible con el mercado interior.

(79)

Al igual que la política seguida en el despliegue de la banda ancha básica, la ayuda estatal para el despliegue de redes de acceso de nueva generación puede constituir un instrumento adecuado y justificado siempre que se cumplan una serie de condiciones fundamentales. Mientras que los operadores comerciales toman sus decisiones de invertir en redes de acceso de nueva generación sobre la base de la rentabilidad esperada, la elección de la autoridad pública debe tener en cuenta también el interés público al financiar una plataforma abierta y neutra en la que puedan competir múltiples operadores para prestar servicios a los usuarios finales.

(80)

Todas las medidas de apoyo al despliegue del acceso de nueva generación deben cumplir las condiciones de compatibilidad indicadas en las secciones 2.5 y 3.4. Además, se deberán cumplir las siguientes condiciones, teniendo en cuenta las situaciones específicas en que se materialice la inversión pública en tales redes.

(81)

Los proyectos de ayudas estatales destinados a financiar redes de retorno (127) o limitados a obras de ingeniería civil abiertas al acceso de todos los operadores y tecnologías presentarán características que favorezcan especialmente la competencia. Esta característica se tendrá en cuenta al evaluar tales proyectos.

(82)

A la luz de los objetivos de la Agenda Digital, en particular el de alcanzar un 50 % de penetración de las conexiones a Internet superiores a 100 Mbps, y teniendo en cuenta que, especialmente en las zonas urbanas las necesidades de prestación pueden ser más elevadas en comparación con lo que los inversores comerciales están dispuestos a ofrecer en un futuro próximo, no obstante lo dispuesto en el apartado 77 se podrá autorizar excepcionalmente la intervención pública para las redes de acceso de nueva generación que puedan ofrecer velocidades ultrarrápidas muy por encima de 100 Mbps.

(83)

Esta intervención solo podrá autorizarse en las «zonas negras a efectos de las redes de acceso de nueva generación» si se demuestra la condición de «cambio considerable» contemplada en el apartado 51 sobre la base de los siguientes criterios acumulativos:

(84)

En la situación descrita en los párrafos que preceden, las nuevas redes subvencionadas deben respetar las condiciones de compatibilidad de los apartados 78 y 80. Además, la autoridad que conceda la ayuda deberá demostrar también que:

(85)

Solamente si se cumplen estas condiciones adicionales, la financiación pública de estas redes podrá considerarse compatible en el marco de la prueba de sopesamiento. En otras palabras, este tipo de financiación tendría que dar lugar a un avance importante, sostenible, favorecedor de la competencia y permanente sin desincentivar de forma desproporcionada las inversiones privadas.

(86)

Las presentes Directrices se aplicarán a partir del primer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(87)

La Comisión aplicará las presentes Directrices a todas las medidas de ayuda notificadas respecto de las que deba adoptar una decisión tras la publicación de las Directrices en el Diario Oficial, aun cuando los proyectos se hubieran notificado con anterioridad a esa fecha.

(88)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (134), la Comisión aplicará a la ayuda ilegal las normas en vigor en el momento en que se concedió la ayuda. Por consiguiente, aplicará las presentes Directrices en el caso de ayudas ilegales concedidas después de su publicación.

(89)

La Comisión propone a los Estados miembros, sobre la base del artículo 108, apartado 1, del TFUE, adoptar las medidas necesarias y modificar, si procede, sus regímenes de ayudas existentes con el fin de adecuarlos a las disposiciones de las presentes Directrices en el plazo de doce meses tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(90)

Se invita a los Estados miembros a manifestar su conformidad expresa con respecto a esta propuesta de medidas apropiadas en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de las Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea. A falta de respuesta, la Comisión entenderá que el Estado miembro no está de acuerdo con las medidas propuestas.

(91)

La Comisión podrá modificar las presentes Directrices en función de la evolución futura del mercado en los aspectos tecnológico y reglamentario.