19.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/150

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia, en particular la de 17 de febrero de 2011 sobre el Estado de Derecho en Rusia (1), la de 13 de septiembre de 2012 sobre el uso político de la justicia en Rusia (2), y la de 13 de diciembre de 2012 que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones del nuevo acuerdo entre la UE y Rusia (3);

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Vistos el actual Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra (ACC), y las negociaciones en curso sobre un nuevo Acuerdo UE-Rusia,

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Vista la Asociación para la Modernización, puesta en marcha en 2010 en Rostov del Don, y el compromiso contraído por los dirigentes rusos en favor del Estado de Derecho como fundamento para la modernización de Rusia,

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Vista la Constitución de Rusia, y en particular su artículo 118, que dispone que en la Federación de Rusia la justicia será ejercida exclusivamente por los tribunales, y su artículo 120, que establece que los jueces son independientes y que solo están subordinados a la Constitución de Rusia y al Derecho de la Federación,

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Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo,

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Vistos los resultados de la Cumbre UE-Rusia de los días 3 y 4 de junio de 2013 y las consultas sobre derechos humanos mantenidas el 19 de mayo de 2013,

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Vistas las declaraciones de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la asociación Golos, sobre la situación de las ONG en la Federación de Rusia y sobre el caso Magnitski,

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Vistos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y la responsabilidad de las personas, los grupos y los órganos de la sociedad de fomentar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,

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Vista la concesión en 2009 del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Memorial, organización no gubernamental rusa dedicada, entre otros fines, a la organización de campañas en defensa de los derechos de los presos políticos en Rusia, y visto el creciente apoyo en el Parlamento Europeo a la candidatura de Memorial al Premio Nobel de la Paz,

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Vistos los dictámenes de la Comisión de Venecia sobre la Ley Federal rusa no 65, de 8 de junio de 2012, relativa a reuniones, mítines, manifestaciones, marchas y piquetes y el código de infracciones administrativas, sobre la Ley Federal rusa relativa a la lucha contra las actividades extremistas, y sobre la Ley Federal rusa relativa a los Servicios Federales de Seguridad,

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Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión Europea sigue comprometida a continuar profundizando y desarrollando sus relaciones con Rusia, de conformidad con los principios recogidos en la Asociación para la Modernización, basada en un profundo compromiso mutuo con los principios democráticos, el respeto de los derechos fundamentales y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la libertad de palabra, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el respeto de la dignidad humana y la igualdad;

B.

Considerando que, en su condición de Estado miembro del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de Estado signatario de las declaraciones de las Naciones Unidas, Rusia se ha comprometido a proteger y promover los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho;

C.

Considerando que persiste una gran preocupación por la evolución registrada en la Federación de Rusia en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos y el respeto de principios, normas y procedimientos democráticos adoptados de común acuerdo;

D.

Considerando que la libertad de la prensa y de los medios de comunicación, en línea o convencionales, es un aspecto crucial de una sociedad abierta y democrática, aparte de ser fundamental para contrarrestar la corrupción y salvaguardar los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la prensa independiente, como manifestación colectiva de la libertad de expresión, es uno de los principales exponentes de la esfera de los medios de comunicación, que actúa como vigilante de la democracia;

E.

Considerando que diversos juicios y procesos judiciales celebrados durante los últimos años, como los casos Magnitski, Jodorkovski, Politkóvskaya y otros, han arrojado dudas sobre la independencia e imparcialidad de las instituciones judiciales de la Federación de Rusia; considerando que los destacados casos mencionados son solo los más conocidos fuera de Rusia de lo que supone el fracaso sistemático del Estado ruso en la defensa del Estado de Derecho y en la administración de justicia a sus ciudadanos;

F.

Considerando que el conocido abogado y destacado militante contra la corrupción y activista social Alexéi Navalni está siendo procesado en Rusia por acusaciones que, en su opinión, son un intento motivado políticamente de castigarlo por ser uno de los más destacados oponentes al Gobierno; considerando que Navalni ha denunciado sistemáticamente la corrupción generalizada en los niveles superiores del aparato del Estado ruso;

G.

Considerando que la fiscalía continúa persiguiendo a los activistas de la oposición que participaron en la Marcha de los Millones el 6 de mayo de 2012, víspera de la toma de posesión del Presidente Putin; considerando que, según fuentes independientes fiables, la manifestación fue disuelta por la fuerza en la plaza Bolótnaya por las fuerzas antidisturbios, que sometieron a los participantes a un uso desproporcionado de la fuerza y a violencias arbitrarias; considerando que, según información del Consejo Presidencial de los Derechos Humanos, el Defensor de los Derechos Humanos y una comisión de investigación independiente en la que figuraban personalidades públicas de relieve reprocharon la violencia a las autoridades rusas y a la policía;

H.

Considerando que las leyes promulgadas en los pasados meses sobre el registro de partidos políticos, la financiación de las ONG, el derecho de reunión, el extremismo, la difamación y el filtrado restrictivo de Internet han contribuido significativamente al deterioro del clima de desarrollo de una sociedad civil genuina en Rusia;

I.

Considerando que, en julio de 2012, el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley por el que se asignaba la categoría de «agente extranjero» a las organizaciones rusas no comerciales que tomasen parte en actividades políticas y recibiesen financiación del extranjero; que la legislación promulgada el pasado año sobre las ONG y sobre el derecho a la libertad de reunión se ha utilizado para reprimir a la sociedad civil, silenciar las opiniones políticas contrarias y acosar a las ONG, a la oposición democrática y a los medios de comunicación;

J.

Considerando que las autoridades federales no han hecho nada para impedir que la legislación discriminatoria que prohíbe la «propaganda homosexual» entrara en vigor en nueve regiones de Rusia; considerando que la Duma acaba de aprobar una ley similar al nivel nacional;

K.

Considerando que algunos miembros del Consejo Presidencial de los Derechos Humanos se han quejado del acoso, la intimidación, los interrogatorios, los registros de sus oficinas y sus domicilios y otras medidas que han llevado a cabo agentes de las fuerzas de policía rusas;

L.

Considerando que el desarrollo futuro de las relaciones entre la UE y Rusia sigue bloqueado porque Rusia no asume plenamente los valores democráticos ni consolida el Estado de Derecho;

1.

Recuerda a Rusia la importancia del pleno cumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales derivadas de su pertenencia al Consejo de Europa y del respeto de los derechos humanos fundamentales consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

2.

Expresa su profunda preocupación ante las leyes represivas promulgadas recientemente y su aplicación arbitraria por las autoridades rusas, que da lugar con frecuencia al acoso de miembros de ONG, activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y minorías;

3.

Expresa su profunda preocupación ante el incumplimiento por Rusia de sus obligaciones jurídicas internacionales de proteger la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión, lo que amenaza la viabilidad de la vital sociedad civil rusa y su cooperación con la UE;

4.

Reitera su decepción ante la ley que atribuye la categoría de «agente extranjero» a las organizaciones rusas no comerciales que tomen parte en actividades políticas y reciban financiación del extranjero; insta a las autoridades rusas a que dejen de registrar organizaciones no gubernamentales en la categoría de «agente extranjero» en aplicación de una ley que amplía el control de las ONG por el Estado, aplicando una vaga definición de las actividades políticas comprendidas en ella, estigmatizando a las ONG y creando una atmósfera hostil a la sociedad civil;

5.

Considera que las frecuentes inspecciones intrusivas y con objetivos específicos, la incautación de propiedades y las multas administrativas impuestas a ONG rusas y a sus activistas por presunta financiación exterior son inadmisibles e interfieren con el derecho a la libertad de asociación; critica asimismo las intervenciones y la presión contra las fundaciones políticas internacionales; lamenta que algunas ONG ya se encuentren ante los tribunales, como es el caso de Memorial en San Petersburgo, o hayan sido ya condenadas, como Golos y el Centro Levada; expresa su preocupación por las investigaciones iniciadas contra ONG internacionales que tratan de construir la democracia en Rusia, incluidos institutos internacionales;

6.

Insta a las autoridades rusas a que respondan a estas preocupaciones alineando las leyes mencionadas con las normas internacionales y las obligaciones internacionales y constitucionales de Rusia en materia de derechos humanos, incluida su propia Constitución, concretamente eliminando las restricciones legales, administrativas y de otro tipo impuestas indebidamente al funcionamiento de las ONG;

7.

Insta a la Vicepresidenta/Alta Representante, al SEAE y a la Comisión a que tengan en cuenta en las negociaciones en curso sobre el próximo marco financiero plurianual y durante la fase de programación el deterioro de la situación de la sociedad civil, la retirada forzosa de otros donantes internacionales y el aumento de las peticiones de apoyo a la UE y que dispongan, en consecuencia, un significativo incremento del apoyo financiero de la Unión a las ONG y la sociedad civil;

8.

Expresa su profunda preocupación ante las negativas consecuencias de la adopción de la Ley Federal sobre la «propaganda homosexual», que podría aumentar la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI;

9.

Pide a las autoridades rusas que garanticen el pluralismo político, la libertad de medios de comunicación, el Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad del poder judicial, la libertad de expresión y de reunión (también en Internet), la existencia de unos sindicatos eficaces e independientes y la no discriminación como premisas necesarias para que Rusia pueda avanzar en su desarrollo y modernización de modo que reconozca y proteja los derechos individuales y colectivos de todos sus ciudadanos; recuerda que, en virtud del Derecho internacional, los Estados tienen la obligación de apoyar directa o indirectamente la financiación de las actividades de la sociedad civil, en particular creando un entorno que les sea favorable y sin interferir en su independencia;

10.

Manifiesta su preocupación ante las informaciones sobre juicios de motivación política, procesos injustos y omisión de la investigación de crímenes graves como homicidios, acoso y otros actos de violencia, como se ha puesto de manifiesto en los casos Magnitski, Jodorkovski, Politkóvskaya y otros; insta a las autoridades judiciales y a las autoridades responsables de la aplicación de la ley rusas a que ejerzan sus obligaciones con eficacia, imparcialidad e independencia, a fin de llevar ante la justicia a los autores de los delitos;

11.

Recuerda su Recomendación sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Magnitski y pide al Consejo y a la Comisión que impongan la prohibición de visados en toda la UE y que bloqueen los activos financieros localizados en la UE de todos los funcionarios implicados en la muerte de Magnitski, quien es objeto de persecución judicial póstuma, y de otros responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Rusia; destaca que estas personas no deben beneficiarse de un posible Acuerdo UE-Rusia sobre facilitación de visados;

12.

Insta a los Estados miembros de la UE a que faciliten y evalúen favorablemente las solicitudes de visado de activistas rusos perseguidos por motivos políticos;

13.

Celebra la reciente reapertura del proceso por el asesinato de Anna Politkóvskaya más de seis años después de su muerte a tiros, pero comparte la preocupación existente ante las pocas probabilidades de que el proceso aclare la cuestión de quién encargó el asesinato;

14.

Expresa su más profunda preocupación ante el caso de Alexéi Navalni y deplora el carácter al parecer político de su encausamiento; insta a las autoridades rusas a que velen por el respeto pleno de sus derechos y por que en su juicio se respeten las normas procesales internacionalmente aceptadas; pide, a este respecto, a la Delegación de la UE y a las Embajadas de los Estados miembros en Rusia que observen los juicios de todos los defensores de los derechos humanos, incluidos los de Navalni y otros, en particular en las regiones;

15.

Insta a Rusia, en relación con la Marcha de los Millones, a que encargue una investigación independiente sobre los actos de violencia cometidos en la plaza Bolótnaya y, en particular, que investigue las acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes; expresa su preocupación ante la presunta motivación política de las actuaciones judiciales vinculadas con la violencia en la plaza Bolótnaya;

16.

Insta a las autoridades rusas a que garanticen la libertad de prensa y medios de comunicación, en línea o convencionales, fomenten un panorama de pluralismo en los medios de comunicación, permitan que las plataformas de medios de comunicación, los periodistas y los blogueros cumplan con independencia su función clave en la sociedad rusa, salvaguarden la libre circulación de información y garanticen la libertad tras la expresión; destaca la importancia de las leyes sobre libertad de información, que son esenciales para que los periodistas y la sociedad civil puedan desempeñar su cometido de vigilancia;

17.

Pide a Rusia que coopere plenamente con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros medios, enviando una invitación permanente para cursar visitas al país y respondiendo positivamente a las solicitudes de acceso pendientes de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre protección de los defensores de los derechos humanos, libertad de asociación y reunión y libertad de expresión en Rusia; pide a Rusia que acepte también las recomendaciones, formuladas en el contexto del examen periódico universal de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, de revocar o revisar leyes que afecten al trabajo de las ONG y dejar de entorpecer las labores de defensa de los derechos humanos;

18.

Pide al Consejo que adopte las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre derechos humanos en Rusia, que servirían para aportar un apoyo crítico a quienes en Rusia trabajan por proteger los derechos humanos y serviría también para vincular a los 27 Estados miembros y las instituciones de la UE con un mensaje y un enfoque comunes en relación con los derechos humanos en Rusia;

19.

Insta a Rusia a que tome todas las medidas posibles para garantizar que todos los miembros del Consejo Presidencial de los Derechos Humanos y, más en general, quienes trabajen en defensa de los derechos humanos en Rusia reciban protección contra el acoso y la intimidación;

20.

Anima a los Presidentes del Consejo y de la Comisión, así como a la Vicepresidenta de la Comisión Europea/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a que continúen su estrecho seguimiento de estos casos y a que planteen estos asuntos en diferentes marcos y durante las distintas reuniones que mantengan con Rusia, en particular durante la próxima cumbre UE-Rusia, y pide que le informen de los intercambios que mantengan con las autoridades rusas;

21.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión Europea/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.