3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/141

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Visto el Plan de acción conjunto sobre la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Sudáfrica, que es la única asociación de este tipo celebrada entre la UE y un país africano hasta la fecha,

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Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»),

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Vistas la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y las medidas que la complementan,

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Vistos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,

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Visto el marco de desarrollo sostenible del Consejo Internacional de Minas y Metales,

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Visto el acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación firmado entre la Unión Europea y Sudáfrica en 1999, completado en 2009 con disposiciones en materia de cooperación política y económica,

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Vista la declaración del Presidente Jacob Zuma a la prensa el 17 de agosto de 2012,

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Vistas las observaciones de la Alta Representante, Catherine Ashton, de los días 23 y 24 de agosto de 2012 tras el 11o Diálogo político entre ministros de Sudáfrica y de la UE con el Ministro de Asuntos Exteriores Nkoana-Mashabane,

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Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Mixta ACP-UE, de 30 de mayo de 2012, sobre las repercusiones sociales y ambientales de la minería en los países ACP,

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Visto el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que 34 personas murieron por disparos y al menos 78 resultaron heridas el 16 de agosto de 2012 en los enfrentamientos que se produjeron entre la policía y mineros en huelga en la mina de platino de la empresa Lonmin en Marikana, en la Provincia de North West, Sudáfrica; que esto se produjo después de varios días de huelga violenta en los que murieron 10 personas, incluidos dos guardias de seguridad y dos funcionarios de policía;

B.

Considerando que con motivo de las huelgas 270 mineros fueron detenidos y acusados de la muerte de sus propios compañeros con arreglo a una ley de la época del apartheid basada en la doctrina del «propósito común» (responsabilización colectiva);

C.

Considerando que los fiscales retiraron las acusaciones de asesinato contra los mineros detenidos el 16 de agosto de 2012 debido a las protestas de la opinión pública, mientras que la acusación de violencia pública se ha paralizado hasta que se complete la investigación;

D.

Considerando que este tiroteo constituye el incidente más sangriento entre la policía y manifestantes desde el final del apartheid en 1994;

E.

Considerando que el incidente debe contemplarse en la amplia perspectiva de los grandes desequilibrios socioeconómicos a los que se enfrenta el país; que desde la caída del régimen del apartheid Sudáfrica ha conseguido crear un Estado democrático, pero sigue enfrentándose a retos económicos y sociales de primer orden, con la persistencia de una gran desigualdad y de un elevado índice de pobreza y desempleo;

F.

Considerando que, después de estos hechos sangrientos, el Presidente Zuma lamentó públicamente esta tragedia;

G.

Considerando que el Presidente Zuma creó una comisión de investigación judicial para investigar las muertes, y que la Dirección de investigación de la policía independiente de Sudáfrica (IPID) también ha abierto una investigación sobre estas muertes; que se ha creado un comité interministerial que debe encontrar una solución duradera a los problemas que causaron estas muertes;

H.

Considerando que la falta de una reforma de los mecanismos de solución de conflictos laborales ha acarreado considerables costes económicos a Sudáfrica y ha tenido efectos disuasivos para las inversiones extranjeras;

I.

Considerando que los mineros en huelga mantenían una disputa salarial con la empresa minera propietaria de la mina de platino Lonmin, tercera mayor del mundo y registrada en Londres;

J.

Considerando que fuertes rivalidades políticas y sindicales han contribuido al conflicto, en particular las tensiones entre el Sindicato nacional de mineros (National Union of Mineworkers, NUM) y la Asociación de sindicatos de mineros y de la construcción (Association of Mineworkers and Construction Union, AMCU);

K.

Considerando que se vio al ex Presidente, ahora expulsado, de la Liga juvenil del Congreso Nacional Africano (African National Congress Youth League, ANCYL), Julius Malema, apoyando a los mineros en huelga y a la AMCU;

L.

Considerando que los minerales y los productos de la minería de Sudáfrica se exportan, incluso a los países de la Unión Europea; y que el sector de la minería padece una reducción de la demanda y un aumento de los costes de extracción;

M.

Considerando que algunos trabajadores de la mina de platino de Marikana Lonmin mantienen la huelga para conseguir mejoras salariales;

N.

Considerando la presencia de un gran despliegue policial el 5 de septiembre de 2012, cuando 3 000 mineros en huelga desfilaron por las calles próximas a la mina de Marikana en la mayor manifestación no violenta celebrada desde el tiroteo del 16 de agosto de 2012;

O.

Considerando que el movimiento se ha extendido a otras minas y que el 5 de septiembre de 2012, cuatro personas resultaron heridas en la mina Gold One Modder East en la que los guardias de seguridad dispararon balas de goma contra los mineros en huelga;

1.

Condena enérgicamente la brutal matanza de mineros en huelga perpetrada el 16 de agosto de 2012, así como la violencia que la precedió y que se llevó la vida de 10 personas, incluidos dos guardias de seguridad y dos funcionarios de policía;

2.

Manifiesta su sentido pésame a las familias de todos los que han perdido la vida desde el comienzo de la crisis de la mina Marikana;

3.

Saluda tanto la decisión del Presidente Zuma de crear una comisión de investigación como la iniciativa de la IPID de investigar las muertes;

4.

Pide a la comisión de investigación que defienda la transparencia, actúe con absoluta independencia e imparcialidad y garantice que sus investigaciones completan las de la IPID;

5.

Pide a todas las partes afectadas que colaboren con la comisión de investigación para aclarar los hechos sucedidos en Marikana;

6.

Pide a la comisión de investigación que estudie las causas profundas del excesivo uso de la fuerza por la policía, y manifiesta su profunda preocupación por el uso por parte de las autoridades de una ley de la época del apartheid basada en la doctrina del «propósito común» (responsabilización colectiva);

7.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que en Sudáfrica los interlocutores sociales estén perdiendo su legitimidad entre los ciudadanos debido a las repetidas manifestaciones de corrupción a todos los niveles;

8.

Pide a las autoridades sudafricanas y a Lonmin que garanticen que las víctimas y sus familias tendrán acceso a la justicia, serán indemnizadas y recibirán atención;

9.

Pide que se trate a todos los detenidos de manera apropiada y con arreglo a los procedimientos judiciales, lo que implica una investigación policial imparcial y transparente;

10.

Lamenta que Lonmin no abordara el conflicto laboral con la sensibilidad que merecía, y su negativa a asumir responsabilidades, pero acepta el anuncio de la empresa de que no expulsará a los huelguistas en caso de que se reincorporen a sus puestos de trabajo, contrariamente a la anterior petición de la empresa;

11.

Manifiesta su profunda preocupación por la amenaza de acciones violentas de los mineros huelguistas, en particular teniendo en cuenta la denuncia de intimidación de mineros que han sido amenazados de muerte si siguen trabajando; pide a todas las partes implicadas que garanticen que las protestas seguirán siendo pacíficas;

12.

Manifiesta su preocupación porque la confrontación en la mina Gold One Modder East es una señal de que la conflictividad laboral puede extenderse al sector del oro, lo que a su vez podría provocar una extensión de la violencia;

13.

Recuerda a todas las partes su obligación de respetar la legislación internacional, incluidos los principios y prioridades de la OIT, y la Constitución de Sudáfrica, que garantiza los derechos de asociación y reunión y la libertad de expresión;

14.

Pide a las autoridades sudafricanas, a los sindicatos y a la empresa Lonmin que sigan haciendo todo lo posible para encontrar una solución rápida, general y justa al conflicto y a la disputa salarial con el objetivo de llevar la paz y la estabilidad a la región;

15.

Pide que se resuelvan urgentemente las disputas y conflictos pendientes entre el NUM y la AMCU;

16.

Insiste en que debe abordarse las cuestiones de unos sueldos apropiados para los trabajadores de las minas sudafricanas y de la desigualdad en la escala salarial;

17.

Reconoce que el Gobierno sudafricano ha tomado una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales en la industria minera, y pide a las autoridades que continúen sus esfuerzos;

18.

Pide al Gobierno sudafricano que aborde la necesidad de desarrollar las competencias de la policía sudafricana, en particular para contener las manifestaciones violentas y utilizar balas reales; pide que se intensifique la cooperación entre la UE y Sudáfrica en materia de formación;

19.

Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de control destinado a impedir la importación a la UE de productos de la minería extraídos sin garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad; anima a la Comisión a establecer una etiqueta de calidad para los productos de la minería extraídos de acuerdo con normas sociales, laborales, ambientales y de seguridad mínimas;

20.

Pide al Gobierno sudafricano que aborde las causas profundas de estos hechos violentos, incluida la preocupante brecha existente entre ricos y pobres, el aumento del desempleo juvenil y las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y que con ello ponga fin a la desigualdad económica extrema;

21.

Manifiesta su disposición a apoyar a Sudáfrica, y hace hincapié en la necesidad de una colaboración continuada y más específica para ayudar al país a responder a los retos socioeconómicos a los que se enfrenta;

22.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Parlamento y el Gobierno de Sudáfrica, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Parlamento Panafricano y a la Unión Africana.