[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS | Bruselas, 29.10.2008 COM(2008) 706 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN De la crisis financiera a la recuperación: Un marco europeo de acción COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN De la crisis financiera a la recuperación: Un marco europeo de acción Actuar de forma coordinada a nivel de la UE La crisis sin precedentes de los mercados financieros internacionales le ha planteado a la Unión Europea retos de primer orden. La actuación coordinada a nivel de la Unión por parte de los 27 Estados miembros ha sido eficaz y ha estabilizado el sistema bancario europeo. La ejecución de medidas debe ser rápida para devolver al sistema financiero la liquidez que tanto necesita. Pero la crisis financiera aún no ha pasado y ya está provocando una grave desaceleración que afecta a la economía en general y alcanza a la vivienda, los negocios y el empleo. Las perturbaciones a que ha estado sometida la economía europea se prevé que reduzcan de forma significativa tanto la tasa de crecimiento potencial a medio plazo como el crecimiento real en 2009 y 2010. Dado que el riesgo ahuyenta las inversiones, la productividad sufrirá presiones a la baja y la innovación puede resentirse. La fuerza de Europa radica en su solidaridad y en la capacidad de actuar conjuntamente. Todos los Estados miembros se verán afectados, si bien de distintas maneras y en distintos grados, y es probable que aumente el desempleo, disminuya la demanda y se deteriore la situación fiscal. Actuando conjuntamente la respuesta será más efectiva y creíble. Por el contrario, si cada Estado miembro actúa por su cuenta, sus esfuerzos no serán suficientes. También se corre el peligro de que se produzcan efectos secundarios no deseados en otros Estados miembros. El hecho de que la UE haya sido capaz de emprender una acción colectiva cuando la presión sobre los mercados financieros era máxima ha sido crucial para la estabilización del sector bancario. Coordinar la actuación nacional dentro de una serie de principios comunitarios claros, completados con la acción directa de la Unión, ha demostrado ser la respuesta adecuada. Respuesta respaldada por una actuación decidida, coordinada y efectiva: a nivel de la UE por la Comisión, el Banco Central Europeo y la Presidencia francesa del Consejo y a nivel nacional por los Estados miembros, con pleno respaldo y cooperación del Parlamento Europeo. La UE deberá apoyarse en este éxito y decidirse a encarar las próximas fases de la crisis de forma unida y coordinada, convirtiendo estos retos en oportunidades, añadiendo a la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo una selección de medidas a corto plazo. Este documento expone un planteamiento con tres facetas que se desarrollará en un plan de acción/marco general de recuperación de la UE: - Una nueva arquitectura de los mercados financieros a nivel de la UE - Hacer frente al impacto sobre la economía real - Una respuesta global a la crisis financiera La presente Comunicación constituye una aportación de la Comisión al debate en curso dentro de la UE y con nuestros socios internacionales sobre cuál es la mejor respuesta a la crisis actual y sus consecuencias. El 26 de noviembre la Comisión propondrá un marco de recuperación UE más detallado, dentro de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, agrupando una serie de iniciativas específicas a corto plazo concebidas para contrarrestar los efectos adversos sobre la economía en general y adaptar a medio y largo plazo las medidas de la Estrategia de Lisboa para tener en cuenta la crisis. 1. UNA NUEVA ARQUITECTURA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS A NIVEL DE LA UE Sacar de la crisis al sector financiero europeo Trabajando hombro con hombro, los Estados miembros y la Comisión han acordado una serie de medidas inmediatas para proteger los ahorros de nuestros ciudadanos y salvar a los bancos en dificultades. La reacción inicial a los diversos paquetes de medidas en los mercados crediticios ha sido positiva pero habrán de ser aplicados rápidamente y evaluarse su impacto de forma continua. La política de competencia contribuye significativamente a una reacción coordinada, a la vez que preserva la posibilidad de los Estados miembros de intervenir cuando sea necesario según las circunstancias nacionales[1]. La Comisión seguirá garantizando condiciones equitativas a beneficiarios y no beneficiarios de la ayuda del sector público. No obstante, la situación del sistema financiero global sigue siendo muy frágil y persiste el riesgo de una grave crisis crediticia. Por consiguiente, no puede haber autocomplacencia al aplicar la estrategia que saque al sector financiero europeo de la crisis. La UE debe seguir actuando de manera coordinada para maximizar el éxito de su respuesta. Lo que se necesita, en concreto, es: - Un fuerte apoyo continuado del BCE y otros bancos centrales al sistema financiero. Los bancos centrales han demostrado una flexibilidad y una creatividad impresionantes al aportar liquidez suficiente al sector bancario y asegurar que la crisis no se extienda a otras partes del sistema financiero. - Una ejecución rápida y coherente de los planes de rescate de bancos establecidos por los Estados miembros. Es esencial devolver rápidamente la confianza en el sector bancario de la Unión Europea, limitando así el daño a la economía y creando las condiciones para una recuperación fuerte y sostenida. Es necesaria la coherencia para optimizar el impacto global de los planes de rescate en toda la UE, evitar la fragmentación del mercado interior y mantener unas condiciones equitativas entre beneficiarios y no beneficiarios de la ayuda del sector público. - Medidas decisivas para frenar la expansión de la crisis en los Estados miembros. La crisis financiera ha empezado ya a afectar a los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental. Para hacer frente a esta amenaza, la UE está dispuesta a aportar ayuda financiera importante a medio plazo, junto con el FMI, a aquellos Estados miembros cuya balanza de pagos sufra presiones o vean gravemente amenazada su estabilidad financiera. Garantizar una mayor regulación y supervisión Paralelamente a la estabilización de la crisis, será necesario pasar a la fase de reestructuración del sector bancario y, más adelante, devolver los bancos al sector privado. La Comisión trabajará directamente con los Estados miembros para garantizar que la reestructuración de ciertas partes del sector bancario se haga de manera que garantice en el futuro una competencia leal y saneada en el sector. Los particulares y las empresas privadas necesitan tener acceso a un sistema bancario estable y sólido para poder financiar sus planes de inversión y la sociedad en su conjunto se beneficiará de las medidas adoptadas para garantizar el acceso a créditos en condiciones razonables. La Comisión ha presentado propuestas en materia de garantías de depósitos y requerimientos de capital y de contención del riesgo de los efectos periódicos de la regulación y las normas de contabilidad. Próximamente hará también propuestas sobre las agencias de calificación crediticia y sobre las remuneraciones de los directivos. También está trabajando en la adecuación de la supervisión de los mercados de capitales y la gestión del riesgo, incluso en instrumentos financieros derivados, fondos de inversión libre y fondos de capital inversión. La Comisión anima al Consejo y al Parlamento Europeo a tratar prioritariamente sus propuestas de forma que pueda aplicarse una regulación y supervisión más firme lo antes posible y a desempeñar su papel en la devolución de la confianza en el sistema. Estas medidas abordarán los fallos encontrados y contribuirán a restaurar la confianza en el sistema en su conjunto. Necesitamos volver a definir el modelo regulador y de supervisión del sector financiero de la UE, especialmente para las grandes instituciones financieras transfronterizas. La actual organización de la supervisión de la Unión Europea, de tipo nacional, limita el alcance de una supervisión macrocautelar eficaz. La Comisión ha encomendado al Grupo De Larosière[2] el estudio del tipo de sistema de supervisión que necesitamos para el futuro. 2. HACER FRENTE AL IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA REAL: UN MARCO PARA LA RECUPERACIÓN El impacto de la crisis crediticia sobre la economía en general se dejará sentir en el aumento de los niveles de desempleo y en la reducción de la demanda de bienes y servicios de las empresas de todos los tamaños. Los instrumentos de las políticas para luchar contra el desempleo y estimular la demanda están principalmente en manos de los Estados miembros. No obstante, la dimensión europea aporta un valor añadido a las acciones nacionales. Como han demostrado los resultados positivos de la Estrategia de Lisboa, cuando los Estados miembros y la Comisión trabajan conjuntamente para crear crecimiento y empleo, se pueden conseguir beneficios adicionales considerables. Sin embargo, en la crisis actual la UE necesita adaptar las medidas a medio y largo plazo de la Estrategia de Lisboa para tener en cuenta la crisis. Necesita añadir medidas a corto plazo a su agenda de reforma estructural y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el futuro mediante: - el aumento de la inversión en I+D+i y educación; - el fomento de la flexiguridad como forma de proteger y equipar a las personas más que a los puestos de trabajo específicos; - la libertad de las empresas, especialmente las PYME, para crear mercados nacionales e internacionales; - la mejora de la competitividad europea haciendo nuestra economía cada vez más ecológica como forma de crear nuevos empleos y tecnologías, superando nuestros límites de seguridad energética y logrando nuestras metas medioambientales. Cuanto más eficaz sea Europa en su coordinación, más se multiplicarán los beneficios positivos de esas medidas. Sobre la base del enfoque de asociación que caracteriza la Estrategia de Lisboa, invitamos a los Estados miembros a acordar niveles más elevados de coordinación, para hacer frente a estos nuevos retos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Habida cuenta de la dimensión europea de las perturbaciones y del hecho de que las presiones inflaccionarias se van suavizando, la política monetaria y fiscal puede contribuir a apoyar la demanda. La situación presupuestaria de los gobiernos probablemente se deteriorará considerablemente en los próximos años, reflejando el descenso de los ingresos. Si bien la disminución de los ingresos está relacionada en parte con la desaceleración, la parte relacionada con el ajuste en algunos sectores, como la burbuja inmobiliaria, tendrá consecuencias de carácter más permanente sobre los ingresos. Las previsiones apuntan a un deterioro presupuestario en toda la UE superior a 1 punto porcentual del PIB durante el próximo año, con grandes variaciones de un Estado miembro a otro. Esto podría amortiguar en parte el impacto de la desaceleración a corto plazo pero a costa de un deterioro fiscal, incluso antes de que se tengan en cuenta los planes de rescate financiero. No obstante, y debido en gran parte a la aplicación anterior del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el déficit de la Unión Europea, y en especial de la zona euro, se espera que se mantenga por debajo del 3 % del PIB. Aunque la mayoría de las medidas anunciadas en apoyo de la estabilidad financiera (garantías) no tendrá una repercusión inmediata sobre el déficit, se incurrirá en costes fiscales reales en la medida en que se haga uso de las garantías públicas. Al mismo tiempo, las medidas adoptadas para recapitalizar los bancos están aumentando ya los niveles de la deuda. Junto con la evidencia de que ya se está produciendo un deterioro estructural en los balances presupuestarios, esto podría suscitar preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, especialmente en los países más expuestos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento brinda el marco político adecuado, equilibrando las necesidades de estabilización a corto plazo con los requisitos de reformas estructurales a largo plazo, principalmente respaldando el proceso de ajuste. La aplicación del Pacto garantizará que cualquier deterioro de las finanzas públicas irá acompañado de reformas estructurales adecuadas a la situación, garantizando al mismo tiempo la restauración de posiciones sostenibles. Las políticas presupuestarias deberán inscribirse plenamente en el grado de flexibilidad permitido por el Tratado y por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado y tomar en cuenta los principios siguientes: - la política fiscal se mantendrá en un rumbo sostenible, sustentando las expectativas de una resolución ordenada de la crisis; - al considerar el margen de maniobra fiscal, que depende de instituciones presupuestarias nacionales y marcos presupuestarios a medio plazo sólidos y creíbles, se tendrá en cuenta la situación específica de cada país; - para determinar el grado de importancia de la agenda de reformas estructurales deberá prestarse especial atención a aquellas reformas que refuercen la capacidad de recuperación y mejoren la sostenibilidad a largo plazo; - las reformas destinadas a apoyar la demanda a corto plazo serán oportunas, específicas y temporales. El procedimiento de déficit excesivo debe considerarse como un apoyo mutuo para superar los problemas actuales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Hay que distinguir claramente entre consecuencias presupuestarias derivadas de errores de política y efectos cíclicos, incluidas las consecuencias del paquete de rescate de la crisis financiera. En particular, el aumento de los niveles de deuda debido a los planes de rescate se tendrá en cuenta en el proceso de supervisión. Acelerar la reforma y las inversiones Las perturbaciones que afectan a la economía europea previsiblemente reducirán la tasa de crecimiento potencial y aumentarán el desempleo, reduciendo así la demanda. Las reformas estructurales son, por tanto, esenciales para mantener la demanda a corto plazo, facilitar las transiciones a corto y medio plazo al mercado laboral y dentro de éste y aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo. Será especialmente importante garantizar que la inversión se destine allí donde sea más efectiva, lo que significa que utilizar la ayuda del sector público nacional y de la UE a las empresas tendrá un doble impacto: contrarrestar el descenso de la demanda a corto plazo, pero haciéndolo de forma que contribuya a las reformas y a la modernización a largo plazo. Dentro de las prioridades actuales de reforma, identificadas en la Estrategia de Lisboa, los Estados miembros deberán dar prioridad inmediata a reformas clave que respalden la innovación y la inversión que mejore la productividad, que junto con la reducción de la inflación y el apoyo al ingreso de los hogares mediante medidas específicas de protección social sustentarán la demanda. Además, con el sistema financiero embarcado en un prolongado proceso de desapalancamiento, y dado el previsible cambio en la actitud del sector bancario hacia el riesgo, deberá abordarse la cuestión de cómo financiar tecnologías innovadoras, preservar la competitividad internacional de la industria europea y financiar las PYME. Por otra parte, se requerirá atención permanente a la apertura de mercados de terceros países a las empresas europeas, incluidas las pequeñas y medianas. La Comisión examinará con los Estados miembros las siguientes medidas: - tras el ECOFIN informal del mes pasado, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones reunió un paquete global de 30 000 millones de euros para préstamos a pequeñas y medianas empresas en Europa concedidos por los bancos comerciales. Se trata de un aumento sustancial con respecto a sus préstamos habituales en este sector pero debe ejecutarse con urgencia; - cooperando estrechamente con la Comisión, el BEI podría acelerar su labor de financiación del cambio climático, seguridad energética y proyectos de infraestructuras, en particular los de carácter transfronterizo. Puede ser necesario reforzar la base financiera del BEI, avanzando, por ejemplo, la fecha de su próximo aumento de capital que actualmente está previsto en el año 2010; - el BERD ha estado desempeñando un papel clave en las reformas del sector financiero y en la financiación del sector privado en los nuevos Estados miembros de la Unión. En el entorno de financiación actual sus actividades en esos países podrían reforzarse; - con una dotación financiera superior a 350 000 millones de euros para el periodo 2007-2013, la política de cohesión ofrece una ayuda considerable a la inversión pública por parte de los Estados miembros y regiones de la UE. La Comisión examinará con los Estados miembros la posibilidad de acelerar los proyectos de inversión y adelantar los pagos a los Estados miembros; - buscar financiación innovadora para toda una serie de proyectos de infraestructura, incluido el transporte, la energía y las redes de alta tecnología, por ejemplo, mediante un mejor uso de las asociaciones público-privadas; - estimular la eficiencia energética y la tecnología verde, por ejemplo en edificios y coches limpios, que brinden nuevas oportunidades a la economía, incluidas las PYME, ayudando al mismo tiempo a la UE a cumplir sus objetivos sobre el cambio climático; - aumentar la demanda de bienes y servicios con eficiencia energética mediante la reducción de impuestos y otras medidas fiscales específicas; - crear y mantener nuevas oportunidades de exportación para las empresas de la UE, entre ellas las PYME, mediante un programa proactivo de apertura de mercados, que incluya la celebración de acuerdos comerciales y aplicando nuestra estrategia de acceso a los mercados; - utilizar las políticas nacionales y de la Unión Europea sobre competencia y protección del consumidor para mejorar el funcionamiento de los mercados, bajando los precios al consumo y aprovechando al máximo el mercado único. Actuando juntos con espíritu de asociación y coordinando sus actividades, los Estados miembros y las instituciones europeas pueden movilizar fondos importantes para acelerar la tan necesaria inversión y equipar a la UE para salir reforzada de la crisis. Abordar el empleo y el impacto social La desaceleración económica afectará a las familias, los hogares y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Ya se está dejando sentir en el desempleo. La UE necesita actuar para minimizar el impacto sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo y utilizar las palancas de que dispone para amortiguar el impacto social. Aunque la responsabilidad principal recae en los Estados miembros, una buena coordinación entre la actuación comunitaria y nacional será muy útil. La Comisión trabajará con los interlocutores sociales para dar la mejor respuesta a la crisis. Se continuarán fomentando las áreas de crecimiento en términos de empleo, tales como los servicios a las personas, de atención sanitaria y sociales, para que sean una rica fuente de creación de empleo que sirva también como instrumento de acceso y oportunidades. Europa ha adolecido en el pasado de una ausencia de aplicación de medidas activas en el mercado laboral para ayudar a los trabajadores a reconvertirse para el futuro, a buscar y crear nuevos empleos. Ahora hay una necesidad más urgente de respaldar la transición al mercado laboral y dentro de éste, aumentando y equilibrando la oferta y la demanda laboral e incrementando la productividad. Esto significa aplicar las medidas preconizadas por la Estrategia de Lisboa, entre otras: Contrarrestar los efectos del desempleo ofreciendo a los Estados miembros la posibilidad de reprogramar fondos del Fondo Social Europeo para respaldar medidas para reintegrar con rapidez a los desempleados en el mercado laboral; - revisar la eficacia del Fondo de Ajuste a la Globalización; - ayudar a los desempleados a crear nuevas empresas de forma rápida y barata; - supervisar el impacto de la crisis en distintos sectores afectados por ajustes estructurales y utilizar las posibilidades que ofrece el régimen de ayudas estatales para aportar ayuda oportuna, específica y temporal cuando sea adecuado; - procurar conseguir la flexiguridad: en particular, medidas políticas activas para el mercado laboral, reformas fiscales y de prestaciones sociales, y adecuar las cualificaciones a los puestos de trabajo. Probablemente, la situación será particularmente difícil en la escala inferior del mercado laboral, lo que hace especialmente importante suavizar su inevitable reestructuración y ofrecer ayudas a la renta y protección social específica. 3. UNA RESPUESTA GLOBAL A LA CRISIS FINANCIERA Todas las regiones del mundo se han visto afectadas por la crisis y ninguna por sí sola será capaz de vencer sus efectos. Hay signos claros de que la crisis se extiende a los mercados emergentes, lo que incrementará aún más la presión sobre los países en desarrollo. Es importante frenar el contagio y el FMI deberá estar listo para intervenir con financiación de emergencia cuando proceda. Europa trabajará con el FMI y utilizará su instrumento de ayuda macrofinanciera, especialmente para ayudar a sus países vecinos. Europa es y seguirá siendo un protagonista activo en la respuesta global coordinada. La actual crisis financiera ha puesto de manifiesto más que nunca la interacción entre políticas macroeconómicas y mercados financieros a escala global. Abordarla exigirá, pues, solventar tanto los fallos de regulación y supervisión, como los desequilibrios macroeconómicos y de los tipos de cambio, que son algunas de las causas de la crisis actual. La crisis financiera ha suscitado cuestiones de gobernanza global que van más allá del sector puramente financiero. La cuestión de los desequilibrios globales ha saltado a primera plana pero hay que contemplarla también en el contexto, más amplio, de la necesidad de mantener el compromiso de la UE de abrir mercados comerciales y de servicios y de profundizar la cooperación multilateral, luchando contra las tendencias proteccionistas y buscando una salida positiva para la Ronda de Doha de la OMC. Se trata también de compartir con los países en desarrollo los beneficios del crecimiento sostenible, especialmente en un momento de volatilidad de los precios de las materias primas, y de afrontar retos como el cambio climático, la prosperidad y la consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio. A raíz de una iniciativa de la UE en la que la Comisión desempeñó un papel clave, los EE.UU. acogerán el 15 de noviembre la primera Cumbre Internacional sobre la Crisis Financiera. Uno de los objetivos de la Cumbre es emprender la mejora de la coordinación a nivel global, revisar el papel de las instituciones internacionales en la supervisión de los mercados financieros y adaptar las estructuras de gobernanza global para el futuro. La Comisión ha prestado ayuda activa al esfuerzo internacional de aportar un marco coherente para abordar las cuestiones de inversión a nivel global, incluidos los Principios y Prácticas Generalmente Aceptados del FMI sobre los Fondos de Patrimonio Soberano. Para reducir el riesgo de crisis financieras recurrentes en el futuro deberán concebirse una serie de medidas de reforma de la arquitectura financiera global. En grandes líneas, estas medidas abordarán los siguientes ámbitos: - reforzar la coherencia internacional y la calidad de las normas regulatorias, incluida la aplicación de reformas (reflejadas en las hojas de ruta del ECOFIN y en las recomendaciones del FSF) y hacerlas extensivas a escala global; - reforzar la coordinación internacional entre supervisores financieros; - reforzar la vigilancia macroeconómica y la prevención de crisis, reuniendo aspectos macro y microcautelares, aumentando la estabilidad financiera y desarrollando sistemas de alerta rápida; y - seguir desarrollando la capacidad de gestionar las crisis financieras y las capacidades de resolverlas, a nivel nacional, regional y multilateral. Por último, para aportar estabilidad financiera será esencial emprender una revisión a fondo de las instituciones pertinentes. Solo así podremos fijar de forma sostenible los resultados de la serie de cumbres sobre crisis financieras mundiales. Si bien la crisis actual ha puesto de manifiesto algunos fallos del sistema regulador europeo, la situación de Europa le permite desempeñar un papel activo en el diseño de la nueva arquitectura global y hacer que funcione eficazmente. Deberá basarse en unos principios básicos: - eficacia: es necesario un equilibrio que garantice al mismo tiempo rapidez y calidad en las decisiones evitando una injerencia excesiva; - transparencia y responsabilización: las organizaciones nuevas o reformadas deben asumir debidamente sus responsabilidades de manera que se incrementen los incentivos con respecto a la aplicación y el cumplimiento; - representación: las agrupaciones globales deben incluir a los países emergentes clave para mejorar la legitimidad del proceso de toma de decisiones. Deberá también abordarse el problema de la representación fragmentada de los países europeos y de la zona euro con el fin de incrementar la eficacia e influencia global de la UE. Riesgos y oportunidades La UE necesita actuar con eficacia para contrarrestar la crisis. Esta actuación debe ser inteligente, de manera que fomente los cambios oportunos en nuestra economía, a la vez que garantice que salimos de esta crisis preparados para aprovechar al máximo el repunte cuando éste llegue. Lo mejor para ello es aprovechar las oportunidades de seguir reestructurando nuestras economías, preparar y equipar a nuestros ciudadanos para los nuevos retos, a la vez que nos ocupamos de los más vulnerables de nuestra sociedad en el espíritu del artículo 2 del Tratado. Sabemos por experiencia que nuestro éxito se basa en evitar el nacionalismo económico y que el motor del crecimiento europeo se apoya en la supresión de barreras entre Estados miembros, capitalizando la escala y la fuerza de nuestro mercado interior. La UE ha hecho frente a distintos tipos de crisis en su historia y siempre ha conseguido salir de ellas más fuerte y más unida. Ya hemos demostrado que cuando nuestros 27 Estados miembros y las instituciones europeas deciden actuar juntos, podemos conseguir resultados y hacerlos llegar a nuestros ciudadanos. La crisis actual puede también ser una oportunidad para Europa y las acciones expuestas en este documento muestran cómo podemos trabajar conjuntamente para poner a la UE en la vía de la recuperación. [1] La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial (DO C 270 de 25.10.2008, p.8). [2] El mandato del Grupo consiste en considerar la organización de las instituciones financieras europeas para garantizar su solidez cautelar, el funcionamiento ordenado de los mercados y una cooperación europea más estrecha en la supervisión de la estabilidad financiera en general, mecanismos de alerta rápida y gestión de crisis, incluida la gestión de riesgos transfronterizos transectoriales. Examinará también la cooperación entre la UE y otras jurisdicciones importantes para contribuir a salvaguardar la estabilidad financiera a nivel global. Sus miembros son: Jacques de Larosière (Presidente), Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum McCarthy, Lars Nyberg, José Pérez Fernández y Onno Ruding.