24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/1

(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a dichas categorías de ayudas estatales. En virtud del Reglamento (CE) no 994/98, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que las ayudas de minimis podían constituir una de dichas categorías. Sobre esa base, se considera que las ayudas de minimis, entendiendo como tales las que se conceden a una única empresa durante un cierto espacio de tiempo y no superan una cantidad fija determinada, no cumplen todos los criterios que establece el artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al procedimiento de notificación.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a un límite máximo de minimis por debajo del cual pueda considerarse que no es de aplicación el artículo 107, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis  (3) y, posteriormente, en los Reglamentos de la Comisión (CE) no 69/2001 (4) y (CE) no 1998/2006 (5). A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) no 1998/2006, resulta oportuno revisar algunas de las condiciones que en él se establecen y sustituirlo por un nuevo texto.

(3)

Procede mantener el límite máximo de 200 000 EUR como importe de la ayuda de minimis que una única empresa puede recibir por Estado miembro a lo largo de un período de tres años. Este límite máximo sigue siendo necesario para garantizar que ninguna de las medidas a las que se aplica el presente Reglamento pueda considerarse que tiene efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos de falseamiento efectivo o potencial de la competencia.

(4)

A efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación (6). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que todas las entidades que estén controladas (de hecho o de Derecho) por una misma entidad deben considerarse una única empresa (7). En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el presente Reglamento debe establecer una lista exhaustiva de criterios claros para determinar cuándo dos o más empresas del mismo Estado miembro deben ser consideradas una única empresa. De los criterios perfectamente consolidados para determinar qué se entiende por «empresas vinculadas» en el contexto de la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) que figura en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (8) y en el anexo I del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (9), esta ha seleccionado aquellos que son apropiados a los efectos del presente Reglamento. Las autoridades públicas ya están familiarizadas con los criterios, que deben ser aplicables, dado el ámbito de aplicación del Reglamento, tanto a las PYME como a las grandes empresas. Esos criterios deben garantizar que un grupo de empresas vinculadas se considere una única empresa a efectos de la aplicación de la norma de minimis, pero que las empresas que no tengan ninguna relación entre sí, excepto el hecho de que cada una de ellas tenga un vínculo directo con el mismo organismo público, u organismos públicos, no sean tratadas como vinculadas entre sí. Por consiguiente, la situación específica de las empresas controladas por el mismo organismo público, u organismos públicos, que puedan tener un poder de decisión autónomo, se tendrá en cuenta.

(5)

A fin de tener en cuenta el reducido tamaño medio de las empresas del sector del transporte de mercancías por carretera, procede mantener el límite máximo de 100 000 EUR para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. La prestación de un servicio integrado en el que la operación de transporte solo sea un elemento, como los servicios de mudanza, los servicios de correo postal o de mensajería, o los servicios de recogida y transformación de residuos, no debe considerarse un servicio de transporte. Ante el exceso de capacidad existente en el sector del transporte de mercancías por carretera, y dados los objetivos de la política de transporte por lo que se refiere a la congestión de las carreteras y al transporte de mercancías, las ayudas para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera por parte de las empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dada la evolución registrada en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya no procede seguir aplicando a dicho sector un límite máximo más bajo.

(6)

Habida cuenta de las normas especiales que se aplican a los sectores de la producción primaria de productos agrícolas, la pesca y la acuicultura y del riesgo de que ayudas de importes inferiores al límite máximo establecido en el presente Reglamento pudieran, no obstante, cumplir en estos sectores los criterios que figuran en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichos sectores.

(7)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el presente Reglamento debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No deben considerarse como transformación o comercialización a este respecto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el envasado de huevos, ni la primera venta a revendedores o transformadores.

(8)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que, desde el momento en que la Unión adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un determinado sector agrícola, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa (10). Por esta razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se determine en función del precio o de la cantidad de productos comprados o comercializados. Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas a una obligación de compartir la ayuda con productores primarios.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales con preferencia sobre los importados. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otros Estados miembros o terceros países. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales, o los costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado en otro Estado miembro o un tercer país no constituyen normalmente ayudas a la exportación.

(10)

El período de tres años que se ha de tener en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda de minimis, haya que tomar en consideración el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

(11)

Si una empresa opera en sectores excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento y también opera en otros sectores o desarrollan otras actividades, el presente Reglamento debe aplicarse a esos otros sectores o actividades siempre y cuando el Estado miembro de que se trate garantice, por medios apropiados como la separación de actividades o la distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas de minimis. Este principio debe aplicarse asimismo a las empresas que operan en sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores. Si no se puede garantizar que las actividades de los sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores se beneficien de las ayudas de minimis únicamente hasta dichos límites máximos inferiores, debe aplicarse a todas las actividades de la empresa el límite máximo más bajo.

(12)

Procede establecer en el presente Reglamento normas que garanticen la imposibilidad de eludir las intensidades máximas de ayuda fijadas en determinados reglamentos o en determinadas decisiones de la Comisión. El presente Reglamento debe establecer también normas de acumulación claras y de fácil aplicación.

(13)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que se considere que una medida no es ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos distintos de los previstos en el presente Reglamento, por ejemplo porque cumpla el principio del operador privado en una economía de mercado o porque no lleve aparejada una transferencia de recursos públicos. En concreto, la financiación de la Unión gestionada centralmente por la Comisión que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro, no constituye ayuda estatal y no debe tenerse en cuenta a la hora de determinar si se respeta el límite máximo.

(14)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del control, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad alguna de efectuar una evaluación del riesgo («ayuda transparente»). Ese cálculo puede realizarse con precisión, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, las bonificaciones de intereses, las exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope que garantiza que no se supere el límite máximo pertinente. La fijación de un tope supone que, si se desconoce o no se conoce todavía el importe exacto de la ayuda, el Estado miembro ha de asumir que dicho importe es igual al tope, con el fin de evitar que varias ayudas juntas sobrepasen el límite máximo establecido en el presente Reglamento y de aplicar las normas sobre acumulación.

(15)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos los Estados miembros deben aplicar el mismo método de cálculo. Para facilitar este cálculo, los importes de las ayudas que no sean en concepto de subvención en efectivo deben convertirse en su equivalente de subvención bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre ayudas estatales, debe entenderse que los tipos de mercado aplicables a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia contemplados en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (11).

(16)

Las ayudas consistentes en préstamos, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de préstamos, deben considerarse ayudas de minimis transparentes si se ha calculado su equivalente de subvención bruta sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de simplificar la tramitación de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del préstamo. Basándose en la experiencia de la Comisión, los préstamos que estén garantizados por una garantía que cubra, como mínimo, el 50 % del préstamo y que non superen ya sea 1 000 000 EUR a lo largo de cinco años, ya sea a 500 000 EUR a lo largo de diez años, puede considerarse que tienen un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis. Teniendo en cuenta las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas que no sean capaces de rembolsar el préstamo, dicha regla no debe aplicarse a tales empresas.

(17)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, salvo si el importe total de la aportación pública no sobrepasa el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital privado, según se establece en las directrices sobre financiación de riesgos (12), no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, a menos que la medida en cuestión aporte una cantidad de capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(18)

Las ayudas consistentes en garantías, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de garantías, deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión para el tipo de empresa de que se trate (13). A fin de simplificar la tramitación de las garantías de corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la duración de la garantía. Esta norma no debe aplicarse a garantías sobre operaciones subyacentes que no constituyan un préstamo, tales como las garantías sobre transacciones de capital; Cuando la garantía no supera el 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 1 500 000 EUR y la duración de la garantía no supera cinco años, puede considerarse que la garantía tiene un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis. Lo mismo se aplica cuando la garantía no supera el 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 750 000 EUR y la duración de la garantía no supera diez años. Además, los Estados miembros deben poder utilizar un método para calcular el equivalente de subvención bruta de la garantía que haya sido notificado a la Comisión en virtud de otro reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento y que haya sido aceptado por la Comisión por considerar que se ajustaba a la Comunicación sobre la garantía, o cualquier comunicación que le suceda, siempre y cuando el método aceptado se refiera expresamente al tipo de garantía y al tipo de operación subyacente en cuestión en el contexto de la aplicación del presente Reglamento. Teniendo en cuenta las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas que no sean capaces de rembolsar el préstamo, dicha regla no debe aplicarse a tales empresas.

(19)

En caso de que un régimen de ayudas de minimis se aplique a través de intermediarios financieros, debe garantizarse que estos no reciben ninguna ayuda estatal. Esto puede hacerse, por ejemplo, exigiendo a los intermediarios financieros que se benefician de una garantía del Estado que paguen una prima conforme al mercado o que repercutan completamente cualquier ventaja a los beneficiarios finales, o respetando el límite máximo de minimis y las demás condiciones del presente Reglamento también a nivel de los intermediarios.

(20)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión puede examinar si una medida que no consiste en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de financiación de riesgos que adopte la forma de inversión de capital o cuasicapital privado da lugar a un equivalente de subvención bruta que no excede del límite máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(21)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y, de conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea dotándose de los instrumentos necesarios para garantizar que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa al amparo de la norma de minimis no sea superior al máximo total permisible. A tal efecto, cuando concedan una ayuda de minimis, los Estados miembros deben informar a la empresa en cuestión de la cuantía de la ayuda de minimis concedida y de su carácter de minimis, y hacer referencia expresa al presente Reglamento. Conviene que los Estados miembros estén obligados a controlar la ayuda concedida para garantizar que no se sobrepasan los límites máximos aplicables y que se respetan las reglas en materia de cúmulo. Para cumplir con dicha obligación, antes de conceder ayudas de este tipo, el Estado miembro debe obtener de la empresa una declaración relativa a las demás ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento o por otros reglamentos de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y los dos ejercicios precedentes. Debe permitirse que los Estados miembros opten por una solución alternativa consistente en la creación de un registro central con información completa sobre las ayudas de minimis concedidas y la verificación de que ninguna nueva ayuda supere el límite máximo pertinente.

(22)

Antes de conceder cualquier nueva ayuda de minimis, cada Estado miembro debe verificar que la nueva ayuda de minimis no rebasará en dicho Estado miembro el límite máximo de minimis y que se cumplen las demás condiciones del presente Reglamento.

(23)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y, en particular, de la frecuencia con la que hay que revisar generalmente la política relativa a las ayudas estatales, el presente Reglamento debe tener un período de vigencia limitado. En caso de que el presente Reglamento expire sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

a)

las ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (14);

b)

las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;

c)

las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

d)

las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

e)

las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

a)

una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;

b)

una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra sociedad;

c)

una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;

d)

una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.

a)

el beneficiario no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho interno. En el caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-, y

b)

el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo y ascienda bien a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) a lo largo de cinco años, bien a 500 000 EUR (o 250 000 EUR en el caso de empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) a lo largo de diez años; si el préstamo concedido es de cuantías inferiores a las indicadas o/y tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, su equivalente de subvención bruta se calculará como una parte proporcional del límite máximo pertinente establecido en el artículo 3, apartado 2, o

c)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base del tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión.

a)

el beneficiario no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho interno. En el caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-, y

b)

la garantía no excede del 80 % del préstamo subyacente y bien el importe garantizado es 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera), y la duración de la garantía es de cinco años, bien el importe garantizado es 750 000 EUR (o 375 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y la duración de la garantía es de diez años; si el importe garantizado es inferior a estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, el equivalente de subvención bruta de la garantía se calculará como una parte proporcional del límite máximo pertinente establecido en el artículo 3, apartado 2, o

c)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión, o

d)

antes de aplicarse,