18.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 247/6

(1)

El artículo 3, letra c), de la Directiva 2010/40/UE establece, como acción prioritaria, la recopilación de datos y procedimientos para facilitar, cuando sea posible, información mínima sobre el tráfico universal en relación con la seguridad vial, con carácter gratuito para el usuario.

(2)

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/40/UE establece que la Comisión debe adoptar las especificaciones necesarias para garantizar la compatibilidad, interoperabilidad y continuidad de la implantación y la explotación operativa de los sistemas de transporte inteligentes (STI) para las acciones prioritarias.

(3)

La Comunicación «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (2) considera que los STI «tienen el potencial de contribuir de forma significativa a la mejora de la seguridad del tráfico, por ejemplo, mediante la adopción de sistemas para detectar incidentes y supervisar el tráfico capaces de proporcionar información a los usuarios de la carretera en tiempo real».

(4)

A los fines de la prestación de servicios de información, la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (3), establece los requisitos mínimos para la reutilización de la información del sector público en toda la Unión y exhorta a los Estados miembros a ir más allá adoptando políticas que permitan una amplia utilización de la información o los datos en poder de los organismos públicos.

(5)

La implantación y utilización de aplicaciones y servicios de STI implica el tratamiento de datos personales, que debe llevarse a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión, tal como se establece, en particular, en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4), así como en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (5). Por tanto, los principios de limitación de la finalidad y minimización de los datos deben aplicarse a las aplicaciones y a los servicios de STI.

(6)

Para lograr la compatibilidad, la interoperabilidad y la continuidad, es necesario definir los requisitos mínimos aplicables a los servicios de información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial. Estos requisitos deben referirse a la definición y utilización de una lista normalizada de incidentes o circunstancias de tráfico relacionadas con la seguridad vial que deben comunicarse a los usuarios finales, así como al contenido de la información que debe facilitarse a los usuarios finales. Si los usuarios finales reciben información a través de varios canales de difusión bajo el control de gestores de infraestructuras, proveedores de servicios y radiodifusores públicos y/o privados especializados en información de tráfico, dicha información no debe ser contradictoria y, por consiguiente, debe comunicar los mismos elementos y basarse en la misma descripción del incidente o circunstancia en cuestión.

(7)

Los datos de tráfico relacionados con la seguridad vial son esenciales para la prestación de información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial. Son recogidos y almacenados por gestores de infraestructuras de carreteras y proveedores de servicios públicos y/o privados. Para que estos datos puedan ser intercambiados y reutilizados con facilidad con fines de suministro de servicios de información, los gestores de infraestructuras viarias y los proveedores de servicios públicos y/o privados deben hacerlos accesibles a través de puntos de acceso individuales o velar por que sean accesibles a través de puntos de acceso nacionales establecidos y gestionados por los Estados miembros. Estos puntos de acceso nacionales pueden adoptar la forma de un depósito de datos, de un registro, de un portal web o una forma similar.

(8)

Estos datos de tráfico en relación con la seguridad vial deberían ser accesibles de conformidad con los requisitos de protección de datos (por ejemplo, recurriendo al anonimato de datos personales). Si el servicio de información debe basarse en la recogida de datos, incluida la localización geográfica, de los usuarios finales, directamente o por medio de sistemas cooperativos en el futuro, es necesario que dichos usuarios sean claramente informados sobre la recogida de estos datos, de las modalidades utilizadas al efecto, del seguimiento potencial y de la duración de conservación de tales datos. Conviene que los gestores de red viaria y los proveedores de servicios públicos y/o privados, así como la industria del automóvil, implanten medidas técnicas adecuadas para garantizar el anonimato de los datos recibidos de los usuarios o de sus vehículos.

(9)

Los Estados miembros que ya ofrecen en su territorio algún tipo de información de tráfico en relación con la seguridad vial deben poder seguir utilizando sus métodos actuales, en la medida en que sean coherentes con los requisitos del presente Reglamento. A fin de aprovechar al máximo los efectos positivos de la prestación de servicios de información sobre la seguridad vial y la situación del tráfico en la reducción del número de accidentes de carretera y de víctimas mortales en la Unión, la prestación de servicios de información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial debe ser compatible, interoperable y continua entre los Estados miembros, responder a un nivel mínimo de calidad y, en la medida de lo posible, ser gratuita para todos los usuarios.

(10)

A fin de que todos los Estados miembros apliquen un enfoque armonizado y homogéneo de la prestación de servicios de información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial en toda la Unión, procede definir requisitos para los servicios en cuestión válidos en el conjunto de la Unión. Los Estados miembros pueden basarse en las soluciones técnicas y en las normas abiertas existentes, facilitadas por los organismos de normalización europeos e internacionales, a fin de garantizar la interoperabilidad y la continuidad de la prestación de servicios de información mínima universal sobre el tráfico en relación con seguridad vial en la Unión.

(11)

En aras de la fiabilidad y utilidad de la prestación de servicios de información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial, es necesario garantizar un nivel mínimo de calidad. Los Estados miembros deben continuar sus trabajos y compartir su experiencia en relación con la definición de los criterios de calidad pertinentes, los métodos de medida y de control de la calidad, así como los objetivos de calidad para cada tipo de incidente o de circunstancia relacionada con la seguridad vial, las redes de carreteras y/o el entorno operativo. Los Estados miembros deben intercambiar sus conocimientos y sus mejores prácticas comunicando a la Comisión los resultados de sus análisis y su experiencia sobre esta cuestión.

(12)

Si bien la información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial debe proporcionarse, en la medida de lo posible, en forma de servicio universal y gratuito para los usuarios, es posible que estos últimos deban correr con ciertos costes residuales relacionados con los gastos de telecomunicaciones, el coste de las licencias de radio o la adquisición del material de recepción de la información.

(13)

La información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial debería alcanzar a un público de usuarios tan amplio como permita la técnica, teniendo en cuenta las diversas capacidades técnicas de los vehículos, la pluralidad de canales de difusión y los dispositivos de recepción disponibles en el mercado.

(14)

Los gestores de la red viaria y los proveedores de servicios, tanto públicos como privados, deben tener como objetivo armonizar la presentación del contenido de la información facilitada a los usuarios, con independencia de la lengua de comunicación. Los Estados miembros signatarios de la Convención de Viena sobre señalización vial de 1968, aprobada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1968, deberían basarse en esta última y, en particular, en la Resolución consolidada sobre señalización vial elaborada por el grupo de trabajo sobre seguridad vial (6).

(15)

Sobre la base de una evaluación nacional, los Estados miembros deben poder definir la cobertura del servicio del información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial en la parte de la red transeuropea de carreteras situada en su territorio, con el fin de concentrarse en los tramos de carretera y las zonas en las que las circunstancias de tráfico y las condiciones de seguridad requieren la prestación de servicios de información y justifican la inversión requerida. No obstante, se entiende que, debido a la diversidad de incidentes y de partes interesadas, los requisitos del presente Reglamento no se deben aplicar a los nodos urbanos. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la cobertura nacional del servicio de información.

(16)

El artículo 17, apartado 4, de la Directiva 2010/40/UE establece que la Comisión debe presentar cada tres años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de los progresos realizados en la aplicación de dicha Directiva. El informe debe ir acompañado de un análisis sobre el funcionamiento y la aplicación de los artículos 5 a 11 y del artículo 16 y evaluar la necesidad de modificar la presente Directiva, si procede. Esta revisión debe evaluar asimismo la necesidad de modificar y/o de completar las especificaciones adoptadas para las acciones prioritarias, en su caso, a la luz de su implantación nacional, de la evolución tecnológica y de los avances de la normalización.

a)

carretera temporalmente resbaladiza;

b)

presencia de animales, personas, obstáculos o escombros en la carretera;

c)

zona de accidentes no protegida;

d)

obras de corta duración en la carretera;

e)

visibilidad reducida;

f)

vehículo en sentido contrario;

g)

obstrucción no gestionada de una carretera;

h)

condiciones meteorológicas excepcionales.

a)

localización del incidente o de la circunstancia;

b)

categoría de incidente o de circunstancia a que se refiere el artículo 3 y, si procede, breve descripción de estos;

c)

consejos de conducción, cuando proceda.

a)

de forma no discriminatoria;

b)

en toda la Unión, con independencia del Estado miembro de establecimiento;

c)

de conformidad con los derechos de acceso y los procedimientos previstos en la Directiva 2003/98/CE;

d)

en un plazo que garantice la prestación oportuna del servicio de información;

e)

a través del punto de acceso nacional.

a)

se prestará de modo que llegue a un público de usuarios lo más amplio posible afectados por el incidente o la circunstancia a que se refiere el artículo 3;

b)

deberá ser puesto a disposición de los usuarios por los gestores de la red viaria, los proveedores de servicios y/o los radiodifusores especializados en información de de tráfico, públicos y/o privados, gratuitamente en la medida de lo posible.

a)

las categorías relacionadas con la seguridad vial cubiertas y la cobertura de la red vial facilitada por el servicio de información;

b)

la información sobre su punto de acceso a los datos de tráfico relacionados con la seguridad vial y sus condiciones de utilización;

c)

el formato de los datos de tráfico relacionados con la seguridad vial accesibles a través de su punto de acceso;

d)

los medios de difusión del servicio de información a los usuarios finales.

a)

el organismo nacional designado para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3 a 8;

b)

la descripción del punto de acceso nacional existente o previsto.

a)

los progresos alcanzados en la puesta en práctica del servicio de información, incluidos los criterios utilizados para definir su nivel de calidad y los medios utilizados para controlar su calidad;

b)

los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3 a 8;

c)

si procede, una descripción de las modificaciones del punto de acceso nacional.