4.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 287/1

(1)

El Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo) (3), dispone en su anexo que los objetivos específicos del programa Galileo consisten en permitir que puedan utilizarse las señales emitidas por el sistema resultante de dicho programa en particular para ofrecer un servicio público regulado («PRS») reservado a los usuarios autorizados por los Gobiernos, para las aplicaciones sensibles que requieren un control de acceso eficaz y una gran continuidad de servicio.

(2)

Aunque las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 683/2008 se aplican también a los servicios enumerados en su anexo, incluido el PRS, teniendo en cuenta la interconexión existente entre el sistema resultante del programa Galileo y el PRS desde una perspectiva jurídica, técnica, operativa, financiera y de propiedad, es oportuno reproducir la normativa relevante en lo concerniente a la aplicación de las normas de seguridad a efectos de la presente Decisión.

(3)

El Parlamento Europeo y el Consejo han reiterado en varias ocasiones que el sistema resultante del programa Galileo es un sistema civil bajo control civil, es decir, creado sobre la base de normas civiles a partir de exigencias civiles y bajo el control de las instituciones de la Unión.

(4)

El programa Galileo goza de importancia estratégica para la independencia de la Unión por lo que se refiere a los servicios de radionavegación, posicionamiento y temporización por satélite, y realiza una importante contribución a la aplicación de la Estrategia «Europa 2020» para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

(5)

De los diferentes servicios ofrecidos por los sistemas europeos de radionavegación por satélite, el PRS es el más protegido y el más importante, por lo que es conveniente para los servicios en los que debe garantizarse una elevada solidez y total fiabilidad. En beneficio de sus explotadores, debe garantizar una continuidad de servicio aun en las peores situaciones de crisis. Las consecuencias de una infracción a las normas de seguridad cuando se utilice este servicio no se limitan al usuario afectado, sino que se extienden potencialmente a otros usuarios. Por consiguiente, la utilización y la gestión del PRS apelan a la responsabilidad común de los Estados miembros en defensa de la seguridad de la Unión y de su propia seguridad. En consecuencia, el acceso al PRS debe limitarse estrictamente a determinadas categorías de usuarios que serán objeto de un control permanente.

(6)

Procede, por tanto, definir las modalidades de acceso al PRS y sus normas de gestión, precisando en especial los principios generales relativos a dicho acceso, las funciones de las diferentes entidades de gestión y control, las condiciones relativas a la fabricación de los receptores y a la seguridad y el régimen de control de las exportaciones.

(7)

En lo que se refiere a los principios generales del acceso al PRS, el propio objeto de este servicio, así como sus características, imponen que su utilización esté estrictamente limitada, debiendo concederse a los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior («SEAE») acceso a discreción y de manera ilimitada e ininterrumpida en cualquier parte del mundo. Además, cada Estado miembro debe poder decidir de forma soberana los usuarios del PRS autorizados y las utilizaciones que se deriven, incluidas las relativas a la seguridad, con arreglo a unas normas mínimas comunes.

(8)

Para fomentar la utilización de la tecnología europea a escala mundial, debe ser posible que determinados terceros países y organizaciones internacionales se conviertan en explotadores del PRS a través de acuerdos separados celebrados con ellos. Para las aplicaciones gubernamentales protegidas en materia de radionavegación por satélite, conviene prever las condiciones en las que terceros países y organizaciones internacionales puedan recurrir al PRS en acuerdos internacionales, dándose por entendido que el respeto de los requisitos de seguridad debe ser siempre obligatorio. En el contexto de dichos acuerdos, debe permitirse la fabricación de los receptores del PRS, con arreglo a condiciones y requisitos específicos, con un nivel por lo menos equivalente a las condiciones y requisitos de aplicación en los Estados miembros. Sin embargo, dichos acuerdos no deben incluir cuestiones de seguridad especialmente sensibles, como la fabricación de los módulos de seguridad.

(9)

Los acuerdos con terceros países u organizaciones internacionales deben negociarse teniendo plenamente en cuenta la importancia de garantizar el respeto de la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como de la libertad de expresión e información, la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad, así como el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

(10)

La normativa en materia de seguridad de la Agencia Espacial Europea debe ofrecer un grado de protección al menos equivalente al que ofrecen las normas en materia de seguridad establecidas en el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (4) y en la Decisión 2011/292/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (5).

(11)

La Unión y sus Estados miembros deben hacer todo lo posible para garantizar la seguridad y la protección del sistema resultante del programa Galileo y de la tecnología y los equipos del PRS para evitar que personas físicas o jurídicas no autorizadas puedan utilizar las señales emitidas para el PRS y para impedir una utilización del PRS que les resulte hostil.

(12)

Es importante, en este sentido, que los Estados miembros establezcan normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones a lo dispuesto en la presente Decisión y que garanticen su aplicación. Las sanciones establecidas deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(13)

Cuando se trate de las entidades de gestión y control, la mejor solución es la consistente en que los explotadores del PRS designen una «autoridad responsable del PRS» para gestionar y controlar a sus usuarios, porque garantiza una gestión eficaz de la utilización del PRS y al mismo tiempo facilita las relaciones entre los diferentes actores encargados de la seguridad y asegura un control permanente de los usuarios, sobre todo de los usuarios nacionales, respetando unas normas mínimas comunes. Sin embargo, debe haber cierta flexibilidad a fin de permitir a los Estados miembros organizar las responsabilidades con eficacia.

(14)

A la hora de desarrollar la presente Directiva, todo procesamiento de los datos personales debe llevarse a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión, tal como se establece, en particular, en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (6), y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (7).

(15)

Además, uno de los cometidos del Centro de seguridad de Galileo («el Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo» o «el CSSG») contemplado en el artículo 16, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) no 683/2008 debe consistir en garantizar la interfaz operativa entre los diferentes actores encargados de la seguridad del PRS.

(16)

El Consejo y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deben desempeñar un papel en la gestión del PRS, aplicando la Acción Común 2004/552/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2004, sobre los aspectos del funcionamiento del sistema europeo de radionavegación por satélite que afecten a la seguridad de la Unión Europea (8). El Consejo debe aprobar acuerdos internacionales que autoricen el acceso al PRS a un tercer país o a una organización internacional.

(17)

Respecto a la fabricación y la protección de los receptores, los requisitos de seguridad hacen que esta labor no pueda confiarse más que a un Estado miembro que haya designado una autoridad responsable del PRS o a empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro que haya designado una autoridad responsable del PRS. Además, la entidad que fabrique receptores debe haber sido debidamente autorizada por el Consejo de Acreditación de Seguridad para los sistemas GNSS europeos («el Consejo de Acreditación de Seguridad») establecido en el Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y ajustarse a sus decisiones. Corresponde a las autoridades responsables del PRS controlar permanentemente el respeto tanto de dicho requisito de autorización y de dichas decisiones como de los requisitos técnicos concretos derivados de las normas mínimas comunes.

(18)

El Estado miembro que no haya designado una autoridad responsable del PRS debe, en cualquier caso, designar un punto de contacto para la gestión de cualquier interferencia electromagnética perjudicial detectada que afecte al PRS. Dicho punto de contacto debe ser una persona física o jurídica que asuma la función de punto de notificación o una dirección con la que la Comisión pueda ponerse en contacto en caso de interferencia electromagnética potencialmente perjudicial a fin de remediar dicha interferencia.

(19)

En lo que se refiere a las restricciones de las exportaciones, es importante que las exportaciones fuera de la Unión de equipos o tecnología y programas informáticos relativos a la utilización del PRS, a su desarrollo y a las actividades de fabricación destinadas al PRS queden restringidas exclusivamente a los terceros países debidamente autorizados para acceder al PRS con arreglo a un acuerdo internacional celebrado con la Unión, con independencia de que tales equipos, tecnología o programas informáticos figuren o no en la lista que constituye el anexo I del Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (10). Un tercer país en cuyo territorio se instale una estación de referencia con equipo del PRS y que pertenezca al sistema resultante del programa Galileo no se ha de considerar automáticamente explotador del PRS.

(20)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto a las normas mínimas comunes en los ámbitos a que se refiere el anexo y, si procede, para actualizarlo y modificarlo, a fin de tener en cuenta la evolución del programa Galileo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(21)

Dada su incidencia potencial en la seguridad del sistema resultante del programa Galileo, de la Unión y de los Estados miembros, tanto individual como colectivamente, es esencial que se apliquen de manera uniforme en todos los Estados miembros normas comunes sobre el acceso al PRS y sobre la fabricación de receptores del PRS y de módulos de seguridad. Es necesario por ello habilitar a la Comisión para adoptar requisitos detallados, directrices y otras medidas a fin de que las normas mínimas comunes surtan efecto. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de acuerdo con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (11).

(22)

Las auditorías e inspecciones que habrá de efectuar la Comisión con la ayuda de los Estados miembros deben, en su caso, llevarse a cabo de una manera similar a la prevista en la parte VII del anexo III de la Decisión 2011/292/UE.

(23)

Un requisito previo para la ejecución del PRS es la existencia de normas para el acceso al PRS que ofrece el sistema resultante del programa Galileo. La Comisión debe analizar si debe ponerse en marcha una política de tarificación para el PRS, asimismo con respecto a terceros países y organizaciones internacionales, y notificar al Parlamento Europeo y al Consejo el resultado de dicho análisis.

(24)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, definir las modalidades según las cuales los Estados miembros, el Consejo, la Comisión, el SEAE, las agencias de la Unión, los terceros países y las organizaciones internacionales pueden tener acceso al PRS, no puede realizarse de forma suficiente por los Estados miembros y puede, a causa de las dimensiones de la acción, realizarse mejor a escala de la Unión, esta está facultada para tomar medidas de conformidad con el principio de subsidiaridad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)

Tan pronto como el PRS se declare operativo, debe establecerse un mecanismo de revisión y presentación de informes.

a)

un acuerdo sobre seguridad de la información que defina el marco para el intercambio y la protección de la información clasificada y que ofrezca un grado de protección por lo menos equivalente al de los Estados miembros;

b)

un acuerdo que establezca las condiciones y modalidades de acceso al PRS por dicho tercer país o dicha organización internacional. Dicho acuerdo podrá prever la fabricación, en condiciones específicas, de receptores del PRS, con la exclusión de los módulos de seguridad.

a)

informará al autor de los datos clasificados del PRS;

b)

evaluará el posible perjuicio causado a los intereses de la Unión o de los Estados miembros;

c)

notificará a las autoridades oportunas el resultado de dicha evaluación, acompañado de una recomendación para remediar la situación, en cuyo caso, las autoridades oportunas informarán sin dilación a la Comisión de las diligencias que se propongan adoptar o que ya hayan adoptado, incluidas las acciones destinadas a prevenir que se vuelva a repetir, así como de los resultados de tales acciones, e

d)

informará al Parlamento Europeo y al Consejo, en su caso, de tales resultados.

a)

cada Estado miembro que recurra al PRS y cada Estado miembro en cuyo territorio esté establecido cualquiera de los órganos contemplados en el artículo 7, apartado 1. En tales casos, la autoridad responsable del PRS se establecerá en el territorio del Estado miembro de que se trate, que notificará la designación a la Comisión sin dilación;

b)

el Consejo, la Comisión y el SEAE, si recurren al PRS. En tal caso, la Agencia del GNSS Europeo establecida por el Reglamento (UE) no 912/2010 («la Agencia del GNSS Europeo») podrá ser designada como autoridad responsable del PRS, de acuerdo con las disposiciones oportunas;

c)

las agencias de la Unión y las organizaciones internacionales, de acuerdo con las disposiciones de los acuerdos contemplados en el artículo 3, apartados 4 y 5. En tal caso, la Agencia del GNSS Europeo podrá ser designada como autoridad responsable del PRS;

d)

los terceros países, de acuerdo con las disposiciones de los acuerdos contemplados en el artículo 3, apartado 5.

a)

se agrupe a los usuarios del PRS para la gestión del PRS con el CSSG;

b)

se determinen y gestionen los derechos de acceso al PRS para cada grupo o usuario;

c)

las claves del PRS y demás información clasificada conexa se obtengan a partir del CSSG;

d)

se distribuyan a los usuarios las claves del PRS y demás información clasificada conexa;

e)

se gestione la seguridad de los receptores y de la información y la tecnología clasificadas conexas y se evalúen los riesgos;

f)

se cree un punto de contacto para asistir en caso necesario en la notificación de toda interferencia electromagnética potencialmente perjudicial detectada que afecte al PRS.

a)

ha sido debidamente autorizado por el Consejo de Acreditación de Seguridad de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) no 912/2010, y

b)

cumple tanto las decisiones del Consejo de Acreditación de Seguridad como el artículo 8 y el anexo, punto 2, en lo que se refiere al desarrollo y a la fabricación de receptores del PRS o de módulos de seguridad, en la medida en que guarden relación con su actividad.

a)

la Comisión, cuando actúe como gestora del programa Galileo;

b)

los operadores del sistema resultante del programa Galileo, exclusivamente con el fin de respetar el pliego de condiciones al que deben someterse, según se estipule en un acuerdo específico con la Comisión;

c)

la Agencia del GNSS Europeo, para poder llevar a cabo las tareas que se le encomienden, según se estipule en un acuerdo específico con la Comisión;

d)

la Agencia Espacial Europea, exclusivamente con fines de investigación, desarrollo y despliegue de la infraestructura, según se estipule en un acuerdo específico con la Comisión.