—

Poner en práctica a tiempo para las próximas elecciones las recomendaciones de la Oficina de las instituciones democráticas y de los derechos humanos de la OSCE en relación con el proceso electoral.

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Adoptar una Ley sobre Policía.

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Introducir las enmiendas constitucionales necesarias para la aplicación de la reforma del sistema judicial con arreglo a las recomendaciones de la Comisión de Venecia. A continuación, adoptar y aplicar las medidas necesarias para dotar a los jueces de mayor independencia (en particular, mediante la reforma del Consejo Judicial y de su sistema de elección), mejorar los planes de formación de los jueces y fiscales, agilizar la gestión de la carga que suponen los casos pendientes y reducir los retrasos acumulados.

—

Simplificar los procedimientos de inscripción en el registro mercantil y de concesión de concesión de licencias, entre otras cosas, mediante la aplicación del sistema de «ventanilla única» al registro mercantil.

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Garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación, en particular, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y de las aduanas.

—

Consolidar el Estado de Derecho en todo el territorio, en particular, mediante la aplicación de las reformas destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los plazos oportunos.

—

Subsanar las deficiencias observadas en el proceso electoral y garantizar que las próximas elecciones parlamentarias se desarrollarán en el respeto de los principios de libertad y justicia.

—

Perseguir el fraude electoral y las irregularidades.

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Aplicar plenamente la Ley sobre la Función Pública. Despolitizar la contratación y los ascensos de los funcionarios y otros agentes, e introducir un sistema de ascensos basado en los méritos.

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Dotar de mayor transparencia a la Administración.

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Adoptar y aplicar una ley sobre acceso público a la información.

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Garantizar la efectiva aplicación del Código de Conducta de la Función Pública.

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Garantizar una cooperación adecuada de todos los órganos estatales con el Defensor del Pueblo y mejorar el seguimiento de sus recomendaciones.

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Instaurar administraciones locales transparentes y capaces de rendir cuentas, y establecer auditorías y controles internos en relación con la gestión de fondos descentralizados.

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Garantizar la aplicación de la Estrategia y del Plan de Acción sobre la Reforma del sistema judicial en los plazos oportunos a fin incrementar su independencia, mejorando la eficacia de los tribunales y reforzando la capacidad del sistema judicial en su conjunto.

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Mejorar la ejecución de las causas civiles y establecer un sistema eficaz de citaciones a juicio y de notificación.

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Aplicar plenamente las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

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Aumentar la transparencia de la toma de decisiones públicas y de la gestión de los activos del Estado (incluidos los terrenos de propiedad estatal, las concesiones y la contratación pública).

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Poner en práctica las recomendaciones formuladas por la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción y continuar mejorando la coordinación y la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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Revisar los poderes discrecionales de determinados funcionarios y adoptar normas claras en materia de conflicto de intereses.

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Garantizar la aplicación de la legislación sobre financiación de los partidos políticos y sobre control del patrimonio de los funcionarios, e imponer sanciones eficaces en caso de infracción.

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Determinar el alcance del fenómeno de la corrupción en ámbitos fundamentales de la vida pública a fin de establecer medidas efectivas de prevención y detección.

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Reforzar la capacidad de la policía de investigación y de la fiscalía para hacer frente a los casos de corrupción. Garantizar una coordinación adecuada entre la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción y el Fiscal del Estado.

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Garantizar la aplicación efectiva del marco legislativo adoptado con arreglo al Acuerdo Marco de Ohrid, con vistas a incrementar, entre otras cosas, la confianza interétnica.

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Completar el marco legislativo necesario para acometer el proceso de descentralización y garantizar que los municipios cuentan con los medios necesarios para ejercer sus nuevas competencias.

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Adoptar y empezar a aplicar un plan estratégico a medio plazo con vistas a una representación equitativa de las minorías en la Administración (incluidos los Tribunales) y en las empresas públicas.

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Respetar plenamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, así como otros convenios internacionales importantes.

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Estrechar la cooperación entre el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo.

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Adoptar la Ley sobre Interceptación de las Comunicaciones.

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Aplicar plenamente las normas en materia de deontología, control interno y competencia profesional en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como en las administraciones judiciales y penitenciarias.

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Sensibilizar a la policía, los jueces, los fiscales y otros órganos competentes sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos, y garantizar que dichas obligaciones se desempeñan de acuerdo con las exigencias internacionales.

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Garantizar la plena aplicación del principio constitucional de separación entre las comunidades o grupos religiosos y el Estado, y revisar el marco legislativo aplicable a dichas comunidades y grupos.

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Aplicar la nueva Ley sobre Radiodifusión a fin de garantizar la independencia de los operadores y la calidad de los servicios por ellos prestados.

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Fomentar el respeto de las minorías y garantizar su protección, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con los principios establecidos en el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales, en consonancia con las mejores prácticas ejercidas en los Estados miembros de la UE.

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Favorecer el acceso de todas las comunidades étnicas a la educación.

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Garantizar la cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad, en particular redoblando los esfuerzos para encontrar una solución negociada y mutuamente aceptable del problema del nombre que se plantea con Grecia, en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 817/93 y 845/93.

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Celebrar acuerdos con los países vecinos y llevarlos a la práctica, en particular, por lo que respecta al libre comercio, la cooperación transfronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico ilegal y el contrabando, la cooperación judicial, la gestión de las fronteras, el medio ambiente, el transporte y la energía.

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Dotar de mayor seguridad jurídica a los operadores económicos. Acelerar los procedimientos legales y formular aclaraciones sobre los derechos de propiedad. Adoptar medidas decisivas para completar el registro de propiedad del terreno y otros bienes inmuebles.

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Reforzar la capacidad del Estado en materia de resolución de conflictos mercantiles.

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Garantizar que las decisiones administrativas se basen en normas transparentes y que las decisiones adoptadas en virtud de poderes discrecionales estén sujetas a un control administrativo y judicial efectivo.

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Mejorar el clima empresarial general, entre otras cosas, reforzando la aplicación y la observancia de la legislación en ámbitos tales como la auditoría y la contabilidad consolidada. Mejorar la capacidad de atracción de inversión directa nacional y extranjera por parte del país.

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Acortar la duración de los procedimientos de quiebra, eliminar los retrasos acumulados en relación con dichos procedimientos y reducir el número de empresas en quiebra que no han sido objeto de liquidación.

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Garantizar un trato equitativo de todos los sujetos pasivos. Atajar la permisividad existente en relación con el impago de los impuestos y de las cotizaciones a la seguridad social por parte de determinados contribuyentes. Eliminar los retrasos acumulados en el pago de los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. Lograr el procesamiento de los particulares y empresas que hayan participado en mecanismos de evasión fiscal denominados «de pirámide».

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Completar la liberalización del mercado. En particular, continuar el proceso de privatización y la liberalización de las industrias de red.

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Abordar el problema del desempleo y apoyar la creación de puestos de trabajo. Proceder a una pronta aplicación de la Ley sobre relaciones laborales así como de la reforma de la Agencia de Empleo. Redoblar esfuerzos para fomentar la creación de empleo, en particular en favor de las mujeres y los jóvenes.

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Endurecer las normas cautelares y de supervisión en los sectores bancario y de seguros.

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Continuar adaptando el marco legislativo en el sector financiero y garantizar una rápida aplicación de la legislación, principalmente, a fin de ponerse al día con respecto a las normas y prácticas internacionales.

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Profundizar en la mejora de la gestión de las finanzas públicas. En particular, proceder a una descentralización presupuestaria y proseguir la diversificación de la estructura salarial de la función pública.

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Completar la reestructuración del marco institucional vigente a fin de garantizar la separación de competencias en materia de reglamentación, acreditación, normalización y certificación de los productos.

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Acelerar el ritmo de adopción de normas europeas.

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Adoptar legislación en materia de designación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad, y establecer una infraestructura de evaluación de la conformidad operativa.

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Adoptar una nueva Ley sobre seguridad de los productos.

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Desarrollar la estructura de vigilancia del mercado requerida por el acervo comunitario en materia de libre circulación de mercancías.

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Proseguir la incorporación de las directivas de antiguo enfoque y de las de nuevo enfoque y enfoque global.

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Seguir reforzando la estructura para combatir el blanqueo de dinero, en particular, sensibilizando a los organismos de notificación y logrando que las instituciones competentes demuestren fehacientemente el cumplimiento de las disposiciones en la materia. Aplicar la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo.

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Adaptar la legislación sobre contratación pública al acervo comunitario, en particular, en el sector de los servicios públicos.

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Garantizar un sistema de recurso eficaz, concretamente, definiendo cuáles son las partes que pueden acogerse al mismo y ampliando los plazos para la presentación de reclamaciones.

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Lograr un mayor conocimiento y cumplimiento de las normas sobre contratación pública por parte del sector público.

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Crear una Oficina de Contratación Pública y dotarla de personal y equipo suficiente, pensando asimismo en la función que puede desempeñar con vistas a la detección de casos de corrupción.

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Proseguir la reforma del proceso de registro de sociedades a fin de acortar y simplificar los procedimientos.

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Garantizar el adecuado cumplimiento de los requisitos existentes en materia de contabilidad e información financiera. Garantizar la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad.

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Poner en funcionamiento el Comité de Normas Contables.

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Demostrar fehacientemente la aplicación de la legislación en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Garantizar la aplicación efectiva de multas y otras sanciones de efecto disuasorio. Suministrar, a tal fin, los recursos necesarios a nivel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía y la Judicatura.

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Demostrar fehacientemente el cumplimiento de la legislación antimonopolio y relativa al control de las ayudas estatales. Dotar a la Comisión para la Protección de la Competencia de instrumentos eficaces para hacer cumplir la legislación y garantizar la independencia de la Comisión de Ayudas Estatales, suministrándole personal e instalaciones adecuadas.

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Elaborar un inventario que incluya todas las medidas de ayuda en vigor y establecer un sistema de notificación.

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Proseguir la adaptación de la legislación a las normas de la UE en materia de competencia y ayudas estatales.

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Sensibilizar a las instituciones públicas y al sector empresarial.

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Reforzar la legislación y las estructuras de supervisión, incluido el control del cumplimiento, en el sector financiero, y, en particular, en el sector de seguros y en los mercados de valores.

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Crear en el sector de seguros una autoridad de supervisión independiente y dotada del personal adecuado.

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Poner fin al incumplimiento del Acuerdo de Estabilización y Asociación mediante la adopción de todas las medidas necesarias para cumplir con la obligación de liberalizar el sector de las comunicaciones electrónicas, entre otras cosas, mediante la adopción de todo el derecho derivado pertinente y una mayor capacitación de los órganos reguladores.

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Establecer medidas de salvaguardia en materia de competencia frente a los operadores con un peso significativo en el mercado.

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Garantizar que la legislación sobre medios de comunicación se atiene a las recomendaciones formuladas conjuntamente en mayo de 2005 por el grupo de expertos del Consejo de Europa y de la Comisión.

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Garantizar que la legislación sobre difamación refleja las normas europeas.

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Dotar de mayor independencia y capacidad administrativa al Consejo de Medios de Comunicación Electrónicos.

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Acelerar el proceso de inscripción de las superficies agraria en el catastro inmobiliario.

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Adoptar la legislación necesaria y establecer las estructuras administrativas oportunas para la aplicación de los instrumentos de la UE relacionados con el desarrollo rural, en particular, preparar el terreno para la creación de un organismo pagador en este ámbito.

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Proseguir la adaptación de la legislación nacional al acervo comunitario en los ámbitos veterinario y fitosanitario.

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Dotar de mayor capacidad al Servicio Veterinario tanto a nivel central como local a fin de instaurar un sistema de control compatible con el de la UE, en particular, por lo que respecta a las importaciones. Reforzar la gestión y la formación de inspectores.

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Establecer un sistema de identificación y registro de bovinos y de otras especies importantes.

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Adaptar en mayor medida los sistemas de control sanitario de los animales a los requisitos institucionales y a la legislación de la UE, así como a los planes de intervención en relación las enfermedades de la Lista A.

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Elaborar un programa destinado a mejorar la calidad de los establecimientos agroalimentarios a fin de que cumplan los requisitos establecidos por la UE.

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Proseguir la adaptación al acervo comunitario relativo al transporte por carretera, en concreto, en lo que se refiere al acceso a los mercados, el transporte de mercancías peligrosas, y las disposiciones en materia social y fiscal.

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Por lo que respecta al sector de ferrocarriles, crear un órgano regulador independiente del órgano de gestión de las infraestructuras y de las compañías ferroviarias. Establecer una autoridad de seguridad encargada de expedir los certificados de seguridad. Adaptar la legislación a las normas comunitarias sobre transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

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En el sector del trasporte aéreo, profundizar en la adaptación a las normas sobre seguridad y sobre funcionamiento del mercado. Incrementar la capacidad administrativa de la Autoridad de Aviación Civil.

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Celebrar un Acuerdo sobre el Espacio Europeo Aéreo Común con un protocolo sobre las medidas transitorias necesarias para la aplicación de la legislación de la UE sobre transporte aéreo.

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Proseguir la aplicación del Memorándum de Acuerdo sobre Desarrollo de la Red Principal de Transporte Regional de la Europa Sudoriental.

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Iniciar la adaptación al acervo comunitario de la legislación sobre los mercados interiores del gas y la electricidad, la eficiencia energética y las fuentes de energía renovable, a fin de ir abriendo el mercado de la energía a la competencia.

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Reforzar la independencia de la Comisión de Regulación de la Energía.

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Empezar la aplicación del Tratado de la Comunidad de la Energía.

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Incrementar la capacidad administrativa en todos los sectores energéticos.

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Reforzar la capacidad administrativa para la aplicación de la legislación sobre fiscalidad y para la lucha contra la evasión fiscal.

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Adoptar medidas estructurales a fin de proceder a una reforma urgente de los mecanismos de control y mejorar las capacidades de control.

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Desarrollar una estrategia de auditoría y unos sistemas informáticos adecuados.

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Modificar el régimen fiscal aplicado a las labores del tabaco con objeto de poner fin a la actual discriminación entre productos nacionales e importados.

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Respetar los principios establecidos en el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y garantizar que las nuevas medidas fiscales se atienen a dichos principios.

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Reforzar la capacidad del Instituto Nacional de Estadística a fin de permitir la aplicación del censo agrario y del censo empresarial en los plazos previstos, y un desarrollo constante de la contabilidad nacional y de las estadísticas conexas. Intensificar la recopilación y el tratamiento de los datos estadísticos agrarios de acuerdo con las normas y la metodología de la UE.

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Modificar la Ley sobre las estadísticas nacionales a fin de armonizarla plenamente con las normas de la UE y crear las condiciones necesarias para la aplicación del acervo comunitario en el ámbito estadístico.

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Proseguir la aplicación de la Carta Europea de la Pequeña Empresa. Introducir un sistema de bonos en relación con los servicios de formación y consultoría. Explorar la posibilidad de otorgar incentivos fiscales para la puesta en marcha de pequeñas empresas. Mejorar la defensa activa de las pequeñas y medianas empresas y sus canales de representación.

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Establecer una evaluación sistemática del impacto de la nueva reglamentación sobre las empresas.

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Crear un Fondo de garantía de préstamos y garantizar una gestión profesional e independiente del mismo.

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Garantizar una aplicación efectiva de la legislación sobre firma electrónica.

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Elaborar una estrategia global y coherente y un proyecto de ley sobre desarrollo regional.

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Determinar cuáles son las estructuras de asociación que pueden propiciar una cooperación estrecha entre los interlocutores más importantes a escala nacional y regional.

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Adoptar y aplicar la Ley relativa a la vigilancia de las fronteras, incluidas las disposiciones relacionadas con la Estrategia para la Gestión Integrada de las Fronteras, y la Ley de Extranjería. Poner en práctica el Plan de Actuación sobre la Gestión Integrada de las Fronteras. Elaborar manuales en consonancia con el manual de Schengen que deberá utilizarse en todos los puestos de control fronterizo.

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Crear las principales bases de datos y asegurar su interconexión. Actualizar el equipo utilizado para el análisis de los documentos y la vigilancia de las fronteras. Introducir documentos de identidad y pasaportes de calidad. Impartir formación complementaria al personal procedente del Ministerio de Defensa de acuerdo con un programa de formación plurianual.

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Proseguir la aplicación del Plan de Acción para la Reforma de la Policía. Reforzar la coordinación y la cooperación entre los servicios de policía y entre la policía y otros cuerpos de seguridad del Estado.

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Desarrollar y aplicar una estrategia global de recursos humanos y de formación destinada a la policía. Actualizar el equipo, en particular, en los ámbitos de investigación especializados.

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Continuar la aplicación del conjunto de medidas prácticas para la lucha contra la delincuencia organizada. Crear un sistema de inteligencia integrado que pueda ser utilizado por los diversos cuerpos en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular, el tráfico de seres humanos, de armas y de estupefacientes.

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Elaborar una estrategia nacional sobre estupefacientes en consonancia con la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga 2005-2012 y una unidad convenientemente estructurada y especializada en operaciones policiales secretas, y garantizar la formación en materia de actuación policial basada en la inteligencia. Garantizar los recursos necesarios para la protección de testigos. Reforzar las capacidades para la investigación de los delitos informáticos.

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Mejorar la aplicación de la legislación y el control medioambiental.

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Reforzar el Servicio de Inspección Ambiental y de otros órganos encargados de hacer cumplir la ley. Aportar pruebas fehacientes del cumplimiento de la legislación en materia ambiental. Garantizar la efectiva aplicación de multas y otras sanciones y el efecto disuasorio de las mismas.

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Incrementar la capacidad administrativa a escala nacional y local e iniciar la preparación de planes estratégicos, incluidas estrategias de financiación.

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Desarrollar una estrategia de inversión ambiental basada en la estimación de los costes que llevará aparejados la adaptación.

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Adaptar las tasas generales de despacho de aduana a las fijadas en el acervo comunitario. Suprimir la tasa especial de 100 euros por cada solicitud de concesión de contingentes arancelarios, ya que se opone al derecho comunitario y constituye una infracción a las disposiciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

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Incrementar la capacidad administrativa para la aplicación de la legislación de aduanas y para la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

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Adoptar todas las medidas necesarias para una aplicación adecuada de las normas de origen.

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Aproximar en mayor medida la legislación y los procedimientos al acervo comunitario, en particular, en el ámbito de tránsito, la simplificación de procedimientos y los contingentes arancelarios.

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Preparar el futuro Acuerdo de Libre Comercio con Europa Sudoriental.

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Adoptar y aplicar una legislación coherente en el ámbito del control interno en su conjunto que abarque todos los aspectos fundamentales en materia de responsabilidad de la gestión, auditoría interna independiente, armonización a nivel central, así como prevención del fraude.

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Elaborar un documento orientativo o de estrategia sobre control interno de las finanzas públicas que sirva de base para la aplicación de las prioridades a medio plazo en este ámbito.

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Completar el establecimiento de servicios de auditoría interna independientes desde el punto de vista operativo en el seno de los organismos centrales del Estado y crear dichos servicios a escala municipal. Reforzar las atribuciones del Ministerio de Finanzas en materia de coordinación. Dotarle de los recursos humanos, del equipo y de la formación adecuados.

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Crear un servicio de armonización de la gestión y el control financieros en el Ministerio de Finanzas.

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Desarrollar sistemas eficaces de auditoría, control, seguimiento y gestión para la aplicación de los programas adoptados en virtud de los instrumentos de preadhesión, y con arreglo a condiciones de ejecución descentralizadas.

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Reforzar la independencia operativa y financiera del Tribunal Nacional de Cuentas y garantizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas en sus informes.

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Incrementar la capacidad de la administración con vistas a la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

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Imprimir mayor impulso a la participación activa de la sociedad civil, interlocutores sociales incluidos, en los procesos de toma de decisiones.

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Completar la aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción en materia de Reforma Judicial. Garantizar la independencia y la eficacia del poder judicial.

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Lograr resultados tangibles por lo que respecta a la mejora del funcionamiento del sistema judicial, incrementando el porcentaje de ejecución de causas civiles.

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Dar mayor impulso a la Academia de formación de jueces y fiscales.

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Dotar a los sistemas judiciales de mayor capacidad para hacer frente a la delincuencia organizada y a la delincuencia económica.

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Dotar a los tribunales del equipo y de los medios informáticos adecuados.

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Aplicar en mayor medida la estrategia de lucha contra la corrupción y conceder mayor importancia a las iniciativas de sensibilización a nivel de la Administración y del público en general. Garantizar una aplicación efectiva de las medidas y de la legislación sobre lucha contra la corrupción.

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Desarrollar una metodología e implantar un sistema para la recopilación y la puesta en común de información procedente de los servicios de inteligencia y garantizar el acceso recíproco a las bases de datos.

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Completar el proceso de descentralización y continuar la aplicación de la estrategia sobre representación equitativa de las minorías en la Administración y en las empresas públicas.

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Fomentar en mayor medida el respeto de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como en los centros de detención y centros penitenciarios.

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Proseguir la mejora del entorno empresarial. En particular, completar la inscripción de los terrenos e inmuebles en el catastro y desarrollar este último. Garantizar el respeto de los derechos de los acreedores, inscribiéndolos en un marco jurídico transparente. Mejorar las condiciones para los inversores.

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Mejorar la gobernanza, manteniendo al mismo tiempo unas finanzas públicas saneadas.

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Adoptar medidas para integrar la economía sumergida en la legal, con objeto de afiliar a los trabajadores a la seguridad social y eliminar la competencia desleal por parte de empresas no inscritas en el registro.

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Promover un cambio estructural y la diversificación de la actividad económica, a fin de explotar mejor las ventajas comparativas del país.

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Proseguir la integración económica regional. Modernizar las infraestructuras de transporte y comunicaciones. Ampliar la integración comercial del país en la región.

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Reducir la proporción, relativamente alta, del gasto improductivo, incrementando al mismo tiempo los recursos para la financiación de la educación, las infraestructuras, y la investigación y el desarrollo.

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Modernizar el sistema educativo. Adecuar el sistema educativo a los niveles de calidad europeos. Modernizar los planes de estudio de la enseñanza secundaria y universitaria. Esforzarse por implantar un sistema de formación profesional y de formación continua moderno.

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Incrementar la capacidad administrativa de recaudación fiscal y de control del gasto. Aumentar el control interno y aplicar las normas de auditoría.

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Acelerar los esfuerzos para convertirse en miembro de pleno derecho del Comité Europeo de Normalización (CEN), del Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC) y del Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI). Garantizar un nivel de competencia adecuado del personal del Instituto de Normalización.

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Reforzar la capacidad administrativa requerida para lograr una vigilancia efectiva del mercado.

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Introducir en la legislación cláusulas de reconocimiento mutuo.

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Dotarse de capacidad administrativa suficiente para aplicar la normativa comunitaria en materia de coordinación de los regímenes de la seguridad social.

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Adoptar legislación en materia de reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras y establecer las estructuras administrativas y los procedimientos necesarios a tal fin.

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Adoptar una política postal basada en las Directivas postales, incluido el establecimiento de una autoridad nacional de reglamentación independiente en el ámbito de los servicios postales.

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Garantizar un elevado nivel de competencia en el ejercicio de la profesión de auditor.

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Ir completando los logros en los ámbitos de la política antimonopolio y de control de las ayudas estatales.

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Incorporar y aplicar el marco jurídico de la UE en lo relativo a la sociedad de la información y los medios de comunicación.

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Adoptar la legislación relativa al comercio electrónico y los servicios de acceso condicionado.

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Continuar el proceso de adaptación a la Convención Europea sobre Televisión Transfronteriza y a la Directiva «Televisión sin fronteras».

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Reforzar la capacidad administrativa de las autoridades de reglamentación.

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Elaborar una estrategia global sobre desarrollo rural.

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Mejorar la capacidad de la administración agraria y ultimar los preparativos para la adopción y la aplicación práctica de los mecanismos de gestión de la Política Agrícola Común, en particular, el sistema integrado de gestión y control y el organismo pagador. Garantizar el corrector funcionamiento del sistema de identificación de parcelas.

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Crear un registro vitícola y hacerlo operativo.

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Adecuar en mayor medida la legislación al acervo comunitario por lo que respecta a las encefalopatías espongiformes transmisibles y a los subproductos animales, aplicarla y controlar su cumplimiento, y establecer los sistemas de recogida y tratamiento necesarios.

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Crear un organismo fitosanitario dotado con el personal adecuado y equipar con los laboratorios necesarios los servicios fitosanitarios. Adecuar en mayor medida la legislación fitosanitaria al acervo comunitario.

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Proseguir los trabajos de plena adecuación con el acervo en el ámbito del transporte por carretera. Continuar asimismo la adecuación con el acervo en el ámbito del transporte por ferrocarril (primer y segundo paquete sobre ferrocarriles e interoperabilidad). Lograr la plena adecuación con la legislación sobre transporte aéreo. Garantizar el cumplimiento de la legislación correspondiente.

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Avanzar en la aplicación del Memorándum de Acuerdo para el desarrollo de la Red Principal de Transporte Regional de la Europa Sudoriental.

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Avanzar en el cumplimiento de los requisitos fijados en el Tratado de la Comunidad de la Energía.

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Preparar la armonización de la legislación con el acervo comunitario en materia de energía nuclear y reforzar la capacidad administrativa en ese ámbito.

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Lograr la plena adecuación de la legislación fiscal nacional con el acervo comunitario, incluida la legislación reciente (por ejemplo, la Directiva sobre energía).

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Proseguir la reforma de la administración fiscal, garantizando su correcto funcionamiento.

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Continuar con los preparativos para garantizar la interconexión con los sistemas informáticos de la UE.

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Lograr una mayor transparencia y mejorar el intercambio de información con los Estados miembros de la UE a fin de facilitar el cumplimiento de las medidas destinadas a evitar la evasión y el fraude fiscal. En este contexto, el intercambio de información con los Estados miembros de la UE podría inspirarse en el modelo de acuerdo de la OCDE sobre intercambio de información.

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Definir regiones estadísticas que sean compatibles con la NUTS e iniciar la producción de estadísticas regionales.

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Establecer un registro de explotaciones agrarias basado en el censo agrario y subsanar las deficiencias aún existentes en relación con las estadísticas agrarias.

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Avanzar en el desarrollo de estadísticas macroeconómicas y de estadísticas sociales.

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Desarrollar estadísticas fiables en el ámbito empresarial basadas en el registro estadístico de empresas y en el censo empresarial.

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Proseguir la adecuación a la legislación de la UE en los ámbitos de seguridad e higiene en el trabajo, Derecho laboral y lucha contra la discriminación, y reforzar las estructuras administrativas correspondientes.

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Dotar a la Inspección de Trabajo con mayores recursos en términos de efectivos y equipo y autorizarla a aplicar sanciones efectivas y disuasorias.

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Desarrollar y aplicar una estrategia global de empleo que incluya a todas las partes interesadas, con vistas a una posterior participación en la Estrategia Europea de Empleo, combinándola con el desarrollo de las adecuadas capacidades de análisis, ejecución y evaluación.

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Definir y aplicar una estrategia industrial que favorezca el crecimiento y la innovación.

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Profundizar en el desarrollo de mecanismos de apoyo en favor de las PYME, y mejorar el acceso de las mismas a los servicios financieros.

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Garantizar una clara distribución de responsabilidades y una coordinación interministerial efectiva con objeto de desarrollar una estrategia de desarrollo regional global y coherente.

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Establecer estructuras de asociación que aseguren una estrecha cooperación entre los principales interesados a escala nacional y regional. Implicar tanto a los socios económicos y sociales como a otros socios.

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Velar por que las autoridades competentes de gestión y de pago irán desarrollando progresivamente sus capacidades.

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Elaborar y aplicar planes de desarrollo nacionales y regionales.

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Mejorar los procedimientos de gestión y control financieros, y establecer sistemas de seguimiento y evaluación adecuados.

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Crear una agencia nacional de desarrollo regional.

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Desarrollar las capacidades para la preparación y gestión de proyectos de acuerdo con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, tanto a nivel central como a nivel de la NUTS III.

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Completar la aplicación de la estrategia de gestión integrada de las fronteras.

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Completar la aplicación del plan de acción para la reforma de la policía. Proseguir con la modernización del equipo y la mejora de la formación. Avanzar en el desarrollo del sistema de gestión de recursos humanos.

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Seguir desarrollando el sistema integrado para una actuación policial basada en la inteligencia. Reforzar las capacidades especiales de investigación en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, incluido el tráfico de seres humanos, armas y estupefacientes.

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Aplicar procedimientos de asilo que se adecuen plenamente a las normas internacionales y europeas en la materia, en particular, a través de un mecanismo de recurso revisado. Reforzar la capacidad administrativa mediante la adopción de un plan estratégico para las estructuras administrativas, así como de directrices para el tratamiento de las solicitudes de asilo. Reforzar el sistema de gestión y de ayuda para la aplicación de los procedimientos. Incrementar la capacidad de acogida y crear una base de datos centralizada para extranjeros que abarque los aspectos de asilo, inmigración y visados.

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Desarrollar y aplicar una política de inmigración, en particular, una política activa de repatriación, que se ajuste a las normas de la UE y que resulte efectiva en la lucha contra la inmigración ilegal y los movimientos migratorios secundarios.

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Empezar a proyectar y aplicar una política integrada de investigación.

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Reforzar la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico a fin de garantizar una participación satisfactoria en los programas-marco de la Comunidad.

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Integrar los criterios de protección ambiental en otras políticas sectoriales, en particular, mediante la realización de evaluaciones del impacto ambiental.

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Incrementar las inversiones en infraestructuras medioambientales, haciendo particular hincapié en la recogida y el tratamiento de aguas residuales, el suministro de agua potable, la lucha contra la contaminación atmosférica y la gestión de residuos.

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Proseguir con la adaptación al acervo comunitario en materia de seguridad.

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Adecuar plenamente la legislación y los procedimientos aduaneros a la normativa de la UE y aplicar dichos procedimientos en todo el territorio.

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Seguir consolidando la administración de aduanas y garantizar su correcto funcionamiento a fin de alcanzar los niveles existentes en la UE. Completar la aplicación del Plan Estratégico 2004—2008.

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Continuar con los preparativos para garantizar la interconexión con los sistemas informáticos de la UE.

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Garantizar el pleno respeto de los «Principios rectores de la Unión Europea en relación con los acuerdos entre un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los Estados Unidos relativos a las condiciones de entrega de personas a la Corte» adoptados el 30 de septiembre de 2002.

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Desarrollar y aplicar los principios de descentralización de la responsabilidad de gestión y de función de auditoría interna independiente de acuerdo con las normas aceptadas a escala internacional y con las mejores prácticas de la UE, conforme al modelo de control interno de las finanzas públicas de la UE, mediante la adopción de una legislación coherente y el desarrollo de la capacidad institucional adecuada. Garantizar que el proceso hacia el logro de estos objetivos estará dirigido por el Ministerio de Finanzas, que desempeñará una función de coordinación y armonización.

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Seguir fortaleciendo la capacidad operativa y la independencia funcional y financiera del Tribunal Nacional de Cuentas.

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Desarrollar los procedimientos y la capacidad administrativa que permitan garantizar la protección efectiva de los intereses financieros de la UE.