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En relación con este motivo, se alega que la Decisión impugnada adolece de un defecto de instrucción, de desnaturalización de los hechos y del consiguiente error de Derecho, por cuanto no se aplicó al presente asunto el artículo 106, apartado 1, último párrafo, del Reglamento no 966/2012. La demandante considera que, en particular, la Comisión actuó erróneamente al no reconocer que en el caso de autos concurrían los requisitos exigidos por el artículo 106, apartado 1, letra b), del Reglamento no 966/2012 y al no examinar debidamente la prueba documental aportada por Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA durante la fase de instrucción, destinada a acreditar que se habían adoptado las «medidas adecuadas» respecto del Sr. E. Maltauro.

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Se alega a este respecto, con carácter subsidiario, que la Decisión impugnada incurre en una desnaturalización de los hechos y adolece de falta de motivación, en la medida en que imputó a la demandante una falta profesional grave, con arreglo al artículo 106, apartado 1, letra c), del Reglamento no 966/2012. De la documentación relativa a los asuntos judiciales en que estuvo implicado el Sr. E. Maltauro no resulta que Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA incumpliera las obligaciones contractuales de vigilancia y lealtad que le incumbían, ni tampoco que se hubiera beneficiado de las actividades ilegales imputadas a su antiguo Consejero Delegado. Por consiguiente, no existían motivos para imputar a Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA una falta profesional de tal entidad que justificara la aplicación de dicho criterio de exclusión.

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En lo que atañe a este motivo, se aduce, también con carácter subsidiario, que la Decisión impugnada viola el principio de contradicción, en la medida en que se funda en datos que la Comisión no había mencionado en el escrito de incoación del procedimiento, en relación con los cuales Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA no tuvo la posibilidad de presentar observaciones. A juicio de la demandante, este hecho no le permitió defenderse adecuadamente respecto de elementos que posteriormente se revelaron determinantes para su exclusión de todos los procedimientos de adjudicación de contratos y para la concesión de subvenciones a cargo del presupuesto general de la Unión Europea y del Fondo Europeo de Desarrollo.

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A este respecto se alega, con carácter subsidiario de segundo grado, que la Decisión de exclusión adoptada viola el principio de proporcionalidad, en particular por cuanto fija un período de exclusión de dos años y diez meses. Según la demandante, esta duración resulta totalmente injustificada porque contraviene el espíritu y el fin último de las disposiciones del Reglamento no 966/2012 y del Reglamento no 1268/2012, que regulan las causas de exclusión, y es manifiestamente desproporcionada, habida cuenta de que los factores que podían haber llevado a cuestionar la ética profesional de Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA fueron eliminados por ésta y no existían razones que hicieran temer que la Comisión sufriera un perjuicio económico o viera dañada su reputación.