(1)

El Reglamento Delegado (UE) n.o 153/2013 de la Comisión (2) establece normas técnicas de regulación relativas a los requisitos que deben cumplir las entidades de contrapartida central (ECC) en lo que respecta a los horizontes temporales a efectos del período de liquidación a considerar para las diferentes categorías de instrumentos financieros. Es necesario ajustar esas normas técnicas a la evolución de las disposiciones reglamentarias pertinentes.

(2)

A efectos del cálculo de los márgenes obligatorios necesarios para cubrir la exposición al riesgo de mercado de una ECC, determinadas estructuras de cuentas basadas en un período mínimo de liquidación de un día calculado en términos brutos proporcionan un nivel suficiente de cobertura a las ECC, brindan una mejor protección a los clientes y mitigan los riesgos sistémicos. Por lo tanto, es oportuno autorizar ese período mínimo de liquidación para la compensación de las posiciones de los clientes en instrumentos financieros distintos de los derivados extrabursátiles (OTC) cuando se cumplan ciertas condiciones.

(3)

Teniendo en cuenta que las cuentas separadas individuales garantizan a los clientes un nivel de protección aun mayor que las cuentas ómnibus brutas, tales cuentas deben poder aplicar un período mínimo de liquidación para calcular márgenes de idéntica duración que las cuentas ómnibus.

(4)

En lo que respecta a las ECC que no asignan las operaciones a cada cliente durante el día, la reducción del período mínimo de liquidación de dos días a un día puede implicar que, en el caso de las nuevas operaciones compensadas durante el día y no asignadas a los distintos clientes, la ECC constituya los márgenes correspondientes sobre una base neta a un día. Ello puede exponer a la ECC a pérdidas significativas en caso de movimientos de precios intradía que no activen el ajuste de los márgenes intradía. Por consiguiente, se ha de fijar un umbral determinado que garantice que las ECC exijan el ajuste de los márgenes intradía y sigan estando suficientemente protegidas con independencia del acortamiento del período de liquidación.

(5)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento Delegado (UE) n.o 153/2013.

(6)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión previa consulta de la Autoridad Bancaria Europea y el Sistema Europeo de Bancos Centrales.

(7)

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 de dicho Reglamento.

1)

Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

2)

En el apartado 4, el texto de la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

(1)

En la revisión del Reglamento (CE) n.o 771/2008 de la Comisión (2) se concluyó que dicho Reglamento debía modificarse en varios aspectos.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) faculta a la Agencia para tomar determinadas decisiones individuales y otorga a la Sala de Recurso establecida con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 la competencia para decidir sobre los recursos interpuestos contra las decisiones a las que se refiere el artículo 77, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Por consiguiente, es preciso establecer normas relativas a los recursos interpuestos contra las decisiones a las que se refiere el artículo 77, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012.

(3)

Las tasas aplicables a los recursos contra una decisión de la Agencia con arreglo al artículo 77 del Reglamento (UE) n.o 528/2012 están establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 564/2013 de la Comisión (4). Por consiguiente, es preciso establecer normas relativas a las tasas aplicables a los recursos contra las decisiones de la Agencia con arreglo al artículo 77 del Reglamento (UE) n.o 528/2012.

(4)

Puesto que la Sala de Recurso está actualmente establecida como estructura permanente dentro de la Agencia, es necesario garantizar que los recursos puedan tramitarse a un ritmo satisfactorio. Por lo tanto, debe disponerse la posibilidad de asignar los recursos a miembros adicionales o suplentes.

(5)

De acuerdo con la práctica actual, conviene dar a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso. A fin de aumentar la transparencia, debe nombrarse a un miembro de la Sala de Recurso para que facilite el acuerdo amistoso. En el sitio web de la Agencia debe hacerse público un resumen del acuerdo amistoso.

(6)

Para garantizar la independencia de la Sala de Recurso, es preciso que el secretario sea nombrado directamente por el presidente de la Sala de Recurso.

(7)

Por razones de seguridad jurídica, también conviene aclarar las disposiciones vigentes sobre las peticiones de confidencialidad, en particular especificando que los elementos solicitados en el anuncio no pueden considerarse confidenciales.

(8)

A fin de garantizar la participación efectiva de los interesados, debe racionalizarse el procedimiento de legitimación para garantizar una mayor claridad y debe ampliarse el plazo para solicitar la legitimación. En los litigios relacionados con el título VI, capítulo 2, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, debe permitirse a los Estados miembros que soliciten la legitimación sin que tengan que justificar su interés en el resultado del litigio.

(9)

Por razones de seguridad jurídica, procede aclarar las disposiciones sobre las costas en el sentido de que cada parte cargue con sus propias costas.

(10)

Para facilitar el acceso a la justicia y reducir los costes, también procede aclarar que las partes pueden estar representadas por cualquier persona con una carta poder y no necesariamente por un representante al que se haya otorgado un poder de representación notarial.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido en virtud del artículo 133 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.

(1)

Es importante reconocer que las autoridades competentes deben recibir información completa sobre la finalidad, estructura y organización de los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y los sistemas organizados de contratación (SOC) que estarán obligadas a supervisar a fin de garantizar que los mercados financieros funcionen de manera eficiente y ordenada.

(2)

Esta información debe basarse en aquella que las empresas de inversión o los organismos rectores del mercado vengan obligados a presentar en el contexto de los requisitos generales de autorización en virtud de la Directiva 2014/65/UE. Debe centrarse en la función específica del sistema de negociación, de modo que las autoridades competentes puedan determinar si el sistema responde a la definición de SMN o de SOC, y si cumple con los requisitos específicos referentes al centro de negociación que establecen la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). La exigencia de una descripción detallada no debe afectar a la obligación de la empresa de inversión o el organismo rector del mercado de facilitar otra información a la autoridad competente, conforme a la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 600/2014, ni al derecho de las autoridades competentes de solicitar otra información en el contexto de su supervisión permanente de los centros de negociación.

(3)

La información recibida por las autoridades competentes debe garantizar que la recopilación de las descripciones detalladas del funcionamiento del SMN o el SOC conforme a la Directiva 2014/65/UE se efectúe de forma uniforme, así como un tratamiento eficiente de la información relativa a SMN ya existentes y en funcionamiento, en virtud de una autorización nacional, en la fecha de entrada en vigor de la obligación de presentar una descripción detallada.

(4)

Los mercados de pyme en expansión se distinguen de otros SMN en que están sujetos a normas adicionales, de acuerdo con la Directiva 2014/65/UE, por lo que es necesario que tales mercados aporten información adicional.

(5)

Dado que los SOC se distinguen de los SMN en que el proceso de negociación puede comportar el recurso a normas discrecionales por parte del organismo rector, y puesto que el organismo rector de un SOC será responsable frente a los usuarios del sistema, los SOC deben facilitar información adicional.

(6)

A fin de garantizar un tratamiento eficiente, la información necesaria debe proporcionarse en formato electrónico.

(7)

De cara a facilitar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) la publicación de la lista de todos los SMN y SOC de la Unión, junto con información sobre los servicios que prestan y el código único que los identifica, debe utilizarse una plantilla normalizada para tal información.

(8)

En aras de la coherencia y a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es necesario que las disposiciones que establece el presente Reglamento y las correspondientes disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2014/65/UE se apliquen a partir de una misma fecha.

(9)

Los datos personales facilitados en virtud del presente Reglamento deben responder a fines determinados, explícitos y legítimos, y no deben ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. De conformidad con el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), los datos personales se conservarán durante un período no superior al necesario para los fines del ejercicio de la función de supervisión, y debe indicarse un período máximo de conservación.

(10)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión.

(11)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

a)

toda empresa de inversión que gestione un sistema multilateral de negociación (SMN);

b)

toda empresa de inversión que gestione un sistema organizado de contratación (SOC);

c)

todo organismo rector del mercado que gestione un SMN;

d)

todo organismo rector del mercado que gestione un SOC;

(a)

una descripción de los mecanismos y sistemas aplicados a fin de gestionar los riesgos a que está expuesto el organismo rector, determinar todos los riesgos significativos que afecten a su gestión y adoptar medidas eficaces para reducir esos riesgos;

(b)

una descripción de las medidas adoptadas para facilitar la finalización eficiente y puntual de las operaciones ejecutadas a través de los sistemas del organismo rector;

(c)

habida cuenta de la naturaleza y el alcance de las operaciones realizadas en el mercado y la variedad y nivel de los riesgos a que está expuesto el organismo rector, una descripción de los recursos financieros considerados suficientes para facilitar su funcionamiento ordenado.

a)

rectificar, actualizar o aclarar información presentada previamente por el organismo rector pertinente a su autoridad competente;

b)

demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 que no se aplicaban al SMN antes de la aplicación del presente Reglamento.

a)

información sobre si se recurre a otra empresa de inversión para la creación de mercado en el SOC de forma independiente, de acuerdo con el artículo 20, apartado 5, de la Directiva 2014/65/UE;

b)

una descripción detallada de cómo y en qué circunstancias ejecuta órdenes en el SOC de forma discrecional con arreglo al artículo 20, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE;

c)

las normas, los procedimientos y protocolos que permitan al organismo rector encaminar el interés de un miembro o participante fuera del SOC;

d)

una descripción del uso de la interposición de la cuenta propia que cumpla lo dispuesto en el artículo 20, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE;

e)

las normas y los procedimientos destinados a garantizar la observancia de los artículos 24, 25, 27 y 28 de la Directiva 2014/65/UE en las operaciones realizadas en un SOC, cuando esas normas sean aplicables al organismo rector pertinente en relación con un usuario del SOC.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

Con arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2015/1549 de la Comisión (4), el régimen de intervención pública de leche desnatada en polvo está disponible hasta el 30 de septiembre de 2016.

(2)

Sobre la base de las comunicaciones transmitidas por los Estados miembros el 25 de mayo de 2016 de conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1272/2009, la cantidad total de leche desnatada en polvo ofrecida a la intervención a precio fijo desde el 1 de enero de 2016 ha sobrepasado el límite de 218 000 toneladas establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1370/2013. Por tanto, conviene cerrar las compras de intervención de leche desnatada en polvo a precio fijo para el período de intervención que finaliza el 30 de septiembre de 2016 fijar un coeficiente de asignación para las cantidades ofrecidas a los organismos de intervención de los Estados miembros el 24 de mayo de 2016, y rechazar las ofertas recibidas por los organismos de intervención de los Estados miembros a partir del 25 de mayo de 2016.

(3)

De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1272/2009, la leche desnatada en polvo ofrecida a la intervención debe embalarse en sacos de un peso neto de 25 kg. Por lo tanto, las cantidades de leche desnatada en polvo que hayan sido multiplicadas por un coeficiente de asignación deben redondearse al múltiplo de 25 kg inmediatamente inferior.

(4)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1370/2013, debe abrirse un procedimiento de licitación para la leche desnatada en polvo a fin de determinar el precio máximo de compra.

(5)

El título II, capítulo I, sección III, del Reglamento (UE) n.o 1272/2009 establece las normas que deben seguirse cuando la Comisión abre las compras de intervención de los productos a que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 mediante un procedimiento de licitación.

(6)

De conformidad con el artículo 16, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1272/2009, es necesario fijar los períodos en los que pueden presentarse las ofertas.

(7)

De conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1272/2009, ha de establecerse el plazo para que los organismos de intervención notifiquen todas las ofertas admisibles a la Comisión.

(8)

En aras de la eficacia administrativa, los Estados miembros deben utilizar, para las notificaciones a la Comisión, los sistemas de información de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 792/2009 de la Comisión (5).

(9)

Dado que los organismos de intervención deben informar a los ofertantes inmediatamente después de la publicación del presente Reglamento del cierre de las compras de intervención a precio fijo y del coeficiente de asignación, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea consagra los valores sobre los que se funda la Unión y su artículo 6 confiere a la Carta de los Derechos Fundamentales el mismo valor jurídico que los Tratados y establece que los derechos fundamentales deben constituir principios generales del Derecho de la Unión.

(2)

El 20 de noviembre de 1991, la Comisión Europea decidió incluir las cuestiones éticas en el procedimiento decisorio de las políticas comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico mediante la creación del Grupo de Asesores para los Aspectos Éticos de la Biotecnología (GAAEB).

(3)

El 16 de diciembre de 1997, la Comisión decidió reemplazar el GAAEB por el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías (GEE), haciendo extensivo el mandato del grupo a todos los ámbitos de aplicación de la ciencia y la tecnología. El mandato del GEE fue renovado posteriormente, y en último lugar por la Decisión 2010/1/UE de la Comisión (1). Procede ahora renovar el mandato por un período de cinco años y nombrar consecuentemente a los nuevos miembros.

(4)

El GEE tiene por misión ofrecer a la Comisión Europea orientaciones en el ámbito de la ética, a petición de la Comisión o por propia iniciativa, y previo acuerdo con la Comisión. La Comisión puede someter a la atención del GEE cuestiones que el Parlamento Europeo y el Consejo consideren de gran importancia ética.

(5)

Deben establecerse las normas relativas a la divulgación de información por parte de los miembros del grupo.

(6)

Los datos personales deben ser tratados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(7)

Procede derogar la Decisión 2010/1/UE.

a)

identificará, definirá y analizará las cuestiones éticas planteadas por los avances de la ciencia y las tecnologías;

b)

facilitará directrices, en forma de análisis y recomendaciones, que deberán estar orientadas hacia la promoción de una formulación ética de las políticas de la UE, teniendo debidamente en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.