4.5.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 115/15

(1)

El objetivo del Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, de 1996 («Convenio SNP de 1996»), es garantizar una indemnización adecuada, puntual y efectiva a las personas que sufran daños derivados de vertidos o sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, con ocasión de su transporte por mar. El Convenio SNP de 1996 vino a subsanar una laguna importante de la normativa internacional sobre responsabilidad en el contexto del transporte marítimo.

(2)

En 2002, el Consejo adoptó la Decisión 2002/971/CE (2). De conformidad con la Decisión 2002/971/CE, los Estados miembros debían tomar todas las medidas necesarias para depositar los instrumentos de ratificación o de adhesión al Convenio SNP de 1996 en un plazo razonable y, a ser posible, antes del 30 de junio de 2006. Cuatro Estados miembros ratificaron el Convenio SNP de 1996, El Convenio SNP de 1996 no llegó a entra en vigor.

(3)

El Convenio SNP de 1996 fue modificado por el Protocolo de 2010 al Convenio SNP de 1996 («Protocolo de 2010»). De conformidad con el artículo 2 y con el artículo 18, apartado 1, del Protocolo de 2010, el Convenio SNP de 1996 y el Protocolo de 2010 deben leerse, interpretarse y aplicase de manera conjunta, como un único instrumento, entre las Partes en el Protocolo de 2010.

(4)

La Secretaría de la Organización Marítima Internacional («OMI») preparó un texto consolidado del Convenio SNP de 1996 y del Protocolo de 2010 («Convenio SNP de 2010»), que fue aprobado por el Comité jurídico de la OMI en su 98.o período de sesiones. El Convenio SNP de 2010 no es un instrumento abierto a firma o ratificación. El Convenio SNP de 2010 surtirá efectos a partir de la entrada en vigor del Protocolo de 2010 en los Estados miembros.

(5)

De conformidad con el artículo 20, apartado 8, del Protocolo de 2010, la manifestación de consentimiento en considerarse obligado por el Protocolo de 2010 por parte de un Estado anula toda manifestación de consentimiento previa considerarse obligado por el Convenio SNP de 1996 por parte del mismo Estado. Como consecuencia de ello, los Estados que son Partes Contratantes en el Convenio SNP de 1996 dejarán de serlo desde el momento en el que manifiesten su consentimiento en considerarse obligados por el Protocolo de 2010, de conformidad con el artículo 20 de este último y, en particular, con sus apartados 2, 3 y 4.

(6)

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) pretende evitar y remediar daños medioambientales causados por numerosas actividades profesionales, incluido también el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Sin embargo, no se aplica a las lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada o a ningún tipo de pérdida económica, ni afecta a ningún derecho de compensación por este tipo de daños. Por consiguiente, el ámbito de dicha Directiva y el del Convenio SNP de 2010 coinciden parcialmente pero no en gran parte. Los Estados miembros mantienen su competencia en los aspectos del Convenio SNP de 2010 que no afectan a las normas comunes.

(7)

Al igual que su predecesor, el Convenio SNP de 2010 reviste especial importancia para los intereses de la Unión y de sus Estados miembros, pues mejora la protección de las víctimas de los daños derivados del transporte marítimo de SNP, incluso en el contexto de daño medioambiental, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

(8)

Los Estados, para convertirse en Partes Contratantes en el Protocolo de 2010 y, por tanto, en el Convenio SNP de 2010, deben presentar al Secretario General de la OMI, junto con el instrumento por el que manifiesten su consentimiento, datos sobre las cantidades totales de carga sujeta a contribución con arreglo al Convenio SNP de 2010 («carga SNP sujeta a contribución»), durante el año civil precedente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 20, apartado 4. A tal efecto, se insta a los Estados a que implanten un sistema de comunicación de la carga SNP sujeta a contribución antes de manifestar su consentimiento en obligarse por el Protocolo de 2010.

(9)

En su 100.o período de sesiones, el Comité jurídico de la OMI refrendó unas Directrices sobre la notificación de cargas SNP sujetas a contribución, desarrolladas para facilitar la adopción por los Estados ratificantes de legislación sobre notificación antes de la entrada en vigor del Protocolo de 2010 y contribuir a la aplicación mundial, uniforme y eficaz de los respectivos requisitos del Convenio SNP de 2010.

(10)

Con objeto de velar por la seguridad jurídica de todos los respectivos interesados, los Estados miembros se comunicarán mutuamente y comunicarán al Consejo y la Comisión de un modo adecuado sus sistemas de notificación de cargas SNP sujetas a contribución. Dicha información podría facilitarse de un modo informal a través de los cauces existentes, como los órganos preparatorios del Consejo.

(11)

El intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros sobre la creación del sistema de notificación de cargas SNP sujetas a contribución facilitaría los esfuerzos de los Estados miembros al desarrollar tal sistema de notificación.

(12)

Al igual que con el Convenio SNP de 1996, a falta de una cláusula de organización de integración económica regional («REIO»), únicamente los Estados soberanos podrán ser parte en el Protocolo de 2010. Por esta razón, la Unión no puede ratificar el Protocolo de 2010 ni adherirse a él ni, por consiguiente, al Convenio SNP de 2010.

(13)

La ratificación del Protocolo de 2010 por parte de todos los Estados miembros en un plazo determinado debe garantizar la igualdad de condiciones dentro de la Unión a todas las partes afectadas por la aplicación del Convenio SNP de 2010.

(14)

Teniendo en cuenta el carácter internacional del régimen SNP, es preciso conseguir una igualdad de condiciones global para todas las partes afectadas por la aplicación del Convenio SNP de 2010. Por tal motivo, es necesaria una cobertura global del Protocolo de 2010.

(15)

Por tanto, debe autorizarse a los Estados miembros a ratificar el, o adherirse al, cuando proceda, Protocolo de 2010, respecto de las partes que sean competencia exclusiva de la Unión, con excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil. Las disposiciones del Convenio SNP de 2010 que entran en el ámbito de la competencia conferida a la Unión en lo que respecta a la cooperación judicial en materia civil serán objeto de una Decisión adoptada en paralelo a la presente Decisión.