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Document 52017IE1220

Title and reference
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Seguridad social sostenible y sistemas de protección social en la era digital» (Dictamen de iniciativa)

OJ C 129, 11.4.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Text

11.4.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 129/7


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Seguridad social sostenible y sistemas de protección social en la era digital»

(Dictamen de iniciativa)

(2018/C 129/02)

Ponente:

Petru Sorin DANDEA

Decisión del Pleno

26.1.2017

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

 

 

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

8.11.2017

Aprobado en el pleno

6.12.2017

Pleno n.o

530

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

157/3/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La digitalización da lugar a nuevas formas de empleo que representan una gran presión para los sistemas de seguridad social. El CESE recomienda a los Estados miembros, pero también a los tribunales europeos, que regulen esas nuevas formas de empleo de modo que se pueda identificar con claridad el empleador y el trabajador. A este respecto, el CESE recomienda basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reconocido el estatuto de trabajador a personas que, a pesar de carecer de un contrato de trabajo clásico, se encontraban en una situación en la que ejercían una actividad en el marco de una relación de dependencia remunerada.

1.2.

En muchos casos, el contrato de trabajo individual constituye la base de financiación de los sistemas actuales de seguridad social. Muchas de las nuevas formas de actividad económica y empleo surgidas por el auge de las nuevas tecnologías parecen quedar fuera del ámbito de aplicación del contrato de trabajo. El CESE considera que esta situación representa una gran amenaza para los trabajadores que desempeñan su actividad en estas condiciones, ya que no están protegidos por la normativa en materia de salarios, condiciones de trabajo y seguridad social.

1.3.

El CESE considera que los Estados miembros deberían considerar la introducción, en la legislación que rige los regímenes de jubilación, de una disposición que obligue a pagar una cotización por todas aquellas personas que generen ingresos de tipo profesional. Se trata de una necesidad imperiosa dado que, en muchos casos, los trabajadores que desempeñan nuevas formas de trabajo derivadas de la digitalización no pueden acogerse de manera adecuada a la normativa sobre los regímenes de jubilación.

1.4.

El CESE considera que los Estados miembros deberían sopesar la interconexión de los sistemas electrónicos de los gestores de sus respectivos regímenes nacionales de jubilación y de sus mecanismos de seguro de enfermedad con los de sus administraciones tributarias. Así, podrían identificar rápidamente a las personas que, a pesar de percibir ingresos de tipo profesional, nunca han gozado del estatuto de asegurado en los regímenes públicos de jubilación y seguro de enfermedad.

1.5.

Los sistemas de protección social de los Estados miembros prevén, asimismo, otros derechos regulados que permiten a sus beneficiarios percibir prestaciones. Se trata, en particular, del permiso parental y los subsidios familiares, para los hijos o de otro tipo. Aunque esos derechos tienen a menudo carácter no contributivo, la concesión de las correspondientes prestaciones se efectúa sobre la base de la admisibilidad al beneficio, que en numerosos casos supone que el beneficiario potencial posea el estatuto de asalariado. El CESE recomienda a los Estados miembros que busquen soluciones a fin de garantizar una cobertura adecuada de esas prestaciones para los trabajadores empleados con arreglo a las nuevas formas de trabajo nuevas formas de trabajo.

1.6.

Por lo que respecta a los trabajadores que ejercen nuevas formas de trabajo propias de la era digital, el CESE considera que se podría dar una solución global a los problemas vinculados al reconocimiento de sus derechos en materia de seguridad social procediendo a una reforma general del modo de financiación del sistema. Solicita a los Estados miembros que busquen soluciones que permitan financiar los sistemas de seguridad social recurriendo a instrumentos que garanticen su sostenibilidad y respondan a la necesidad de ofrecer acceso a las personas que desempeñan su actividad según las nuevas formas de trabajo. Podría considerarse dedicar una parte de los dividendos procedentes de la digitalización a garantizar la sostenibilidad de los sistemas sociales, también en el futuro, y a aliviar las cargas que pesan sobre el factor trabajo.

1.7.

El CESE estima que, en el ámbito de los debates iniciados por la Comisión Europea sobre el desarrollo de una base europea de derechos sociales, se debería abordar necesariamente la situación de los trabajadores que ejercen nuevas formas de trabajo y, en particular, el modo de reconocimiento de su estatuto, así como la manera de garantizar que tienen un acceso adecuado a los sistemas de seguridad y de protección social.

2.   Contexto: el paso a la era digital y sus efectos en los sistemas de seguridad y de protección social

2.1.

El paso a la era digital induce profundos cambios en la economía, los mercados de trabajo y la sociedad en su conjunto, a escala de países, de regiones del mundo y del planeta entero. Aunque hay que reconocer las evidentes ventajas derivadas de ello, está claro que la digitalización planteará un desafío a muchas estructuras de la sociedad y la economía, que deberán encontrar nuevas maneras de adaptarse al nuevo contexto. Uno de los ámbitos en los que puede tener una incidencia perjudicial es el del régimen de seguridad social.

2.2.

Los sistemas de seguridad social, tal y como los conocemos hoy en Europa, se crearon hace más de un siglo. Descansan a menudo en un vínculo directo con el mercado laboral y están financiados en gran parte por las cotizaciones que pagan trabajadores y empleadores, y en diversos grados mediante impuestos. En muchos Estados miembros, la existencia de un contrato de trabajo individual registrado oficialmente es el requisito esencial que determina el estatuto de asegurado en los tres grandes pilares del sistema de seguridad social, a saber: el seguro de jubilación, el seguro de enfermedad y el seguro de desempleo.

2.3.

La digitalización ha generado cambios importantes en el mercado laboral y sigue haciéndolo. Estas transformaciones pueden verse en la multiplicidad de formas de empleo que se diferencian de las basadas en un contrato de trabajo individual permanente, que predominó en las relaciones laborales de los últimos decenios. En efecto, en algunos casos estas nuevas formas de trabajo, escondidas bajo la denominación de «contrato independiente» o «asociado», se han creado precisamente para evitar conceptos tradicionales como «trabajador asalariado», «empresario» o «trabajador por cuenta propia» (1). En un entorno de este tipo, habrá que proceder a adaptar los regímenes de seguridad social para que sigan siendo sostenibles y adecuados a largo plazo.

2.4.

Los sistemas de protección social sufrirán una gran presión a medida que las cohortes de trabajadores de la generación del baby boom vayan abandonando el mercado laboral para verse reemplazados, en cierta medida, por trabajadores que ejerzan nuevas formas de empleo como son los contratos «de cero horas», «a petición» y de Derecho civil, y dicha presión no hará sino aumentar a medida que se acentúe el fenómeno del envejecimiento de la población europea.

2.5.

En este contexto, es evidente que los regímenes de seguridad y de protección social deberán adaptarse a los cambios que induce ya la digitalización en el mercado laboral. En algunos Estados miembros, los interlocutores sociales han entablado el diálogo necesario para identificar las decisiones políticas, y las medidas necesarias para su aplicación, con el fin de que el sistema de protección social siga siendo viable y adecuado en el nuevo contexto de la digitalización. Del mismo modo, son necesarias directrices para aclarar posibles zonas grises del estatuto laboral de los trabajadores en materia de fiscalidad y seguridad social.

2.6.

Es posible que una parte cada vez mayor de la mano de obra no contribuya a los sistemas establecidos de seguridad social y, por consiguiente, no pueda beneficiarse de ellos, en particular por lo que se refiere a las prestaciones o seguros de desempleo, enfermedad y jubilación. Los interlocutores sociales y los gobiernos de los Estados miembros deben examinar seriamente esta situación, pero conviene ampliar el debate a la UE y propiciar la participación de los entes locales, otros agentes de la sociedad civil, asociaciones y prestatarios, a fin de definir medidas viables y sostenibles de carácter político y legislativo y disposiciones complementarias que garanticen el acceso de toda la población activa a grados adecuados de protección social, incluidos los trabajadores autónomos.

3.   Políticas en favor de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad y de protección social en la era digital

3.1.

La digitalización ha generado cambios importantes en el mercado laboral y sigue haciéndolo. Hoy existen numerosas formas de contratación que no entran dentro del marco de la relación tradicional de tipo empleador-trabajador, como los trabajadores de las plataformas que a menudo son considerados trabajadores autónomos. Este fenómeno somete a los sistemas de seguridad social a una gran presión. El CESE recomienda a los Estados miembros que aborden y, en su caso, regulen estos fenómenos cuando introduzcan reformas en su mercado de trabajo y sus sistemas de seguridad social.

3.2.

Según la legislación relativa al mercado laboral de la mayoría de Estados miembros, la base de la relación de empleo es el contrato individual de trabajo. Muchas de las nuevas formas de empleo surgidas por el auge de las nuevas tecnologías no recurren ya al contrato de trabajo. El CESE considera que la situación de estos trabajadores debería clarificarse de modo que pueda garantizárseles una cobertura adecuada, de conformidad con los principios fundamentales de los sistemas nacionales en materia de mercado de trabajo y seguridad social. En caso de pérdida del empleo, esos trabajadores pasarían directamente a la categoría de personas necesitadas, al carecer de la protección de un sistema de seguridad social.

3.3.

Los regímenes públicos de jubilación de los Estados miembros se basan en el principio de la solidaridad intergeneracional. No obstante, el importe de la pensión de empleo suele calcularse en función de las cotizaciones pagadas por el trabajador y el empleador durante su vida activa. De ello resulta que los trabajadores que han ejercido actividades atípicas, no respaldadas por un contrato de trabajo clásico, en muchos casos tendrán dificultades para acumular derechos de pensión adecuados en función de esos períodos. Al haber carecido de un contrato de trabajo durante largos períodos de tiempo, la pensión de jubilación que percibirán será muy reducida, por lo que podrían encontrarse por debajo del umbral de pobreza. El CESE considera que los Estados miembros deberían introducir, en la legislación que rige los regímenes de jubilación, una disposición que obligue a pagar una cotización por todas aquellas personas que generen ingresos de tipo profesional.

3.4.

En el marco de la legislación sobre las pensiones, la mayoría de los Estados miembros impone a los trabajadores autónomos la obligación de cotizar para su pensión. Las definiciones respectivas de actividad autónoma y asalariada se rigen por el Derecho fiscal o el laboral. No obstante, en muchos casos, las autoridades tienen dificultades para discernir la naturaleza de la actividad de que se trata, en particular cuando los trabajadores ejercen nuevas formas de trabajo. El CESE recomienda a los Estados miembros que aclaren su legislación, cuando proceda, a fin de facilitar la identificación de las formas de actividad asalariada. Así, será más fácil identificar a los trabajadores que ejercen su actividad en línea o practican nuevas formas de trabajo y los Estados miembros tendrán la posibilidad de proteger mejor la constitución de sus derechos de pensión.

3.5.

Para poder censar más fácilmente a los trabajadores que, por ejercer una nueva forma de trabajo en un momento dado, no disponen del estatuto de asegurado con arreglo al sistema público de pensiones, el CESE considera que los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de interconectar los sistemas electrónicos de los gestores de sus respectivos regímenes nacionales de jubilación y administraciones tributarias. Así, podrían identificar a las personas que, a pesar de percibir ingresos de tipo profesional, nunca han gozado del estatuto de asegurado con arreglo al régimen público de jubilación, e integrarlos rápidamente como personas aseguradas.

3.6.

Por lo que respecta al seguro de desempleo, el CESE recomienda que se examine más a fondo, entre otras, la propuesta presentada relativa a la creación de un seguro que abarque a toda la UE (2), si tal régimen de seguro se financiara mediante contribuciones abonadas por todas las empresas de la Unión. Además, debería examinarse también la posibilidad de incluir normas mínimas europeas en los regímenes de desempleo nacionales a fin de garantizar que cualquier solicitante de empleo pueda disfrutar de una ayuda financiera, incluidos aquellos que hayan ejercido su actividad en nuevas formas de empleo.

3.7.

Los regímenes nacionales de seguro de enfermedad de la UE garantizan una cobertura casi universal. Los trabajadores autónomos a menudo están legalmente obligados a cotizar al régimen público del seguro de enfermedad, por lo que disfrutan de la calidad de asegurado o beneficiario. No obstante, determinados trabajadores que ejercen su actividad con arreglo a una de las nuevas formas de trabajo y no declaran formalmente ingresos de carácter profesional pueden carecer de la calidad de asegurados según el régimen público del seguro de enfermedad. El CESE pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para garantizar la cobertura de las personas en esta situación.

3.8.

Además de los derechos de seguridad social basados en el pago de cotizaciones por el asalariado y el empleador, algunos sistemas de protección social de los Estados miembros incluyen otros derechos regulados que permiten a sus beneficiarios percibir prestaciones. Se trata, en particular, del permiso parental y los subsidios familiares, para los hijos o de otro tipo. Aunque esos derechos tienen a menudo carácter no contributivo, la concesión de las correspondientes prestaciones se efectúa sobre la base de la admisibilidad al beneficio, que en algunos Estados miembros y en algunos casos supone que el beneficiario potencial posea el estatuto de asalariado. Esta situación excluye de hecho a los trabajadores que ejercen su actividad con arreglo a las nuevas formas de trabajo, que no pueden disfrutar de esos derechos.

3.9.

El CESE considera que las instituciones europeas y los Estados miembros deberían esforzarse por encontrar soluciones en el ámbito del reconocimiento del estatuto de trabajador a las personas que ejercen actividades de carácter profesional en el marco de los nuevos oficios propios de las tecnologías digitales. A este respecto, el CESE recomienda basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reconocido el estatuto de trabajador a personas que, a pesar de carecer de un contrato de trabajo clásico, se encontraban en una situación en la que ejercían una actividad en el marco de una relación de dependencia remunerada. Conceder a los interesados el estatuto de trabajador podría resolver el problema de darles acceso a las prestaciones del régimen de seguridad y de protección social del mismo modo que a los asalariados clásicos.

3.10.

El CESE celebra que la Comisión Europea haya iniciado el debate sobre la elaboración de una base europea de derechos sociales. Sería conveniente que, en el ámbito de esos debates, se abordase la situación de los trabajadores contratados en las nuevas formas de trabajo y, en particular, el modo de reconocimiento de su estatuto, así como la manera de garantizar su acceso a las prestaciones adecuadas que ofrecen los sistemas de seguridad y de protección social.

3.11.

El CESE recomienda a los Estados miembros que creen plataformas que engloben a los interlocutores sociales y los organismos de la sociedad civil y formulen propuestas para adaptar el mercado laboral al contexto de la digitalización. El CESE considera que, para responder a los retos planteados por la era digital, el mercado laboral debe adecuarse a las nuevas realidades, garantizando la libre circulación de la mano de obra y asegurando, además, que los trabajadores puedan acogerse a los regímenes de seguridad social y las normativas relativas a las condiciones de trabajo.

3.12.

Habida cuenta de la compleja situación en que se encuentran los trabajadores que ejercen nuevas formas de trabajo propias de la era digital, el CESE considera que se podría dar una solución global a los problemas vinculados al reconocimiento de sus derechos en materia de seguridad social procediendo a una reforma general del modo de financiación del sistema. En consecuencia, solicita a los Estados miembros que busquen soluciones que permitan financiar los sistemas de seguridad social recurriendo a instrumentos que garanticen su sostenibilidad y respondan a la necesidad de ofrecer acceso a las personas que desempeñan su actividad según las nuevas formas de trabajo. Podría considerarse dedicar una parte de los dividendos procedentes de la digitalización a garantizar la sostenibilidad de los sistemas sociales, también en el futuro, y a aliviar las cargas que pesan sobre el factor trabajo.

Bruselas, 6 de diciembre de 2017.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Georges DASSIS


(1)  «El futuro del trabajo que queremos», Conferencia OIT-CESE sobre el futuro del trabajo, Bruselas, 15 y 16 de noviembre de 2016.

(2)  DO C 230 de 14.7.2015, p. 24.


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