21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/43

1.

El Acuerdo de París es un logro considerable en el sentido de que es universal, vinculante y equilibrado. Establece un plan de acción mundial para mantener el aumento de la temperatura para este siglo considerablemente por debajo de 2 grados e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento aún más, hasta 1,5 grados con respecto a los niveles de 1990. Es especialmente importante porque la senda diseñada hacia la descarbonización proporciona una orientación fiable a los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles, evita un costoso bloqueo de inversiones con gran intensidad de carbono y ofrece seguridad y previsibilidad a las empresas y los inversores. La 22.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC CP22) será la encargada de mantener el ímpetu positivo de París y la puesta en práctica de los diferentes mecanismos del Acuerdo.

2.

No obstante, incluso si se aplica plenamente, las promesas actuales de las Partes no serán suficientes para alcanzar los objetivos acordados. Se precisará una acción reforzada de las regiones y ciudades, que están estrechamente vinculadas a las comunidades locales y los territorios, mientras que las Partes deberán presentar contribuciones actualizadas lo antes posible, ya en 2018. Por lo que respecta a la UE, en particular, el Comité Europeo de las Regiones mantiene su posición anterior en relación con la necesidad de reducir en un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, con el objetivo de que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo lo antes posible y se supriman para 2050 o poco tiempo después.

3.

La UE, con su sistema de gobernanza multinivel altamente desarrollado, tiene una responsabilidad especial para mostrar un liderazgo unido y ambicioso en la lucha contra el cambio climático; por lo tanto, el CDR acoge favorablemente la oportuna ratificación por parte de la UE del Acuerdo de París y pide a los Estados miembros que todavía no lo han hecho que procedan a ratificarlo lo antes posible. Asimismo, solicita a la Comisión Europea y los Estados miembros que actualicen y especifiquen el marco de actuación hasta 2030 y su Hoja de ruta para 2050 con el fin de cumplir la obligación del Acuerdo de elaborar estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para la mitad del siglo; este proceso debería iniciarse cuanto antes, para poder celebrar un debate exhaustivo en el que participen estrechamente los representantes de las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y el sector empresarial.

4.

El Acuerdo de París reconoció la importancia de la gobernanza multinivel en la política sobre el clima. Ahora, este principio debe ponerse en práctica en todos los niveles de gobierno con el fin de desarrollar conexiones y colmar las lagunas existentes entre las políticas sobre cambio climático de los niveles nacional, regional y local, junto con un marco de transparencia reforzado y el desarrollo de los instrumentos necesarios para el balance global, una mejor comprensión del impacto diferenciado del cambio climático, las pérdidas y los daños, así como la financiación y el apoyo a las capacidades adecuados para la lucha contra el cambio climático.

5.

Por este motivo, el CDR pide que se apoye el desarrollo de la Agenda de Acción Lima-París (AALP) y su correspondiente plataforma, la Zona de los Agentes No Estatales para la Acción Climática (el portal NAZCA). Estas podrían integrarse plenamente en la Secretaría de la CMNUCC a través del programa de acción mundial contra el cambio climático lanzado por los recientemente creados Climate Champions (1). Esto debería constituir, a su vez, la base de una auténtica gobernanza multinivel en la acción por el clima, como también se señala en la Resolución del Parlamento Europeo.

6.

Dado que son los principales contribuyentes a la Agenda y la Zona, las regiones y ciudades ya han mostrado su grado de compromiso con la lucha contra el cambio climático y su potencial para reforzar la acción. Las iniciativas voluntarias, como el Pacto de los Alcaldes y el Memorando de Acuerdo «Under 2 Degrees», tienen un particular valor añadido, ya que aportan datos cuantificados a la Agenda y la Zona y apuntan a metas más ambiciosas que las de los legisladores nacionales. Los gobiernos nacionales y subnacionales, así como las organizaciones internacionales, deberían reconocer la contribución de estas iniciativas para promover medidas a todos los niveles y alentarlas. Habría que tener en cuenta e incluir sus esfuerzos en las respectivas contribuciones determinadas a escala nacional, como ya es el caso, por ejemplo, de México. Asimismo, deberían fomentarse otras iniciativas y mecanismos de seguimiento e información para medir la reducción de emisiones y evaluar las políticas de mitigación y adaptación.

7.

Se necesita una mejor integración de las regiones y ciudades en el proceso de la CMNUCC, lo que permitiría recabar información procedente del terreno y transmitirla a las Naciones Unidas de forma oportuna. Los países tendrían así acceso a la información más completa, lo que les permitiría tomar decisiones eficaces desde el punto de vista de los costes que puedan ser aplicadas por las regiones y ciudades sobre el terreno. Por lo tanto, es necesario establecer un diálogo directo y permanente entre los diferentes niveles, empezando por el nivel regional y local.

8.

Entre las medidas para reforzar este diálogo se hallan las siguientes:

9.

Tras la CP21, la Comisión Europea y el Consejo han incrementado su colaboración con el CDR para integrar mejor el enfoque local en la legislación de la UE, en particular a través de la Agenda Urbana de la UE. Por otra parte, la hoja de ruta para la aplicación del Acuerdo de París en la Unión Europea respalda plenamente el principio de gobernanza multinivel.

10.

La Comisión Europea también ha puesto en marcha la ampliación y el refuerzo del Pacto de los Alcaldes de la UE, que ahora tiene también un componente de adaptación, además de desarrollarse en diferentes partes del mundo.

11.

Desde la perspectiva del CDR, es de vital importancia aprovechar este reconocimiento y garantizar un enfoque equilibrado que reconozca las contribuciones específicas tanto de las regiones como de las ciudades en este contexto.

12.

El CDR desea subrayar que el principio de gobernanza multinivel es integrador y eficaz desde el punto de vista de los costes, ya que permite que todos los niveles de gobierno coordinen sus esfuerzos y, de este modo, maximicen su potencial de acción.

13.

Las regiones desempeñan un papel clave a la hora de proporcionar el marco para las políticas urbanas en un territorio de mayor extensión y vincularlas con otras políticas, tales como la silvicultura, las infraestructuras verdes y azules, la cohesión territorial y la agricultura. Esta función es especialmente importante en la UE ya que el territorio se compone de ciudades pequeñas y medianas, que a menudo tienen recursos y una capacidad de acción limitados. Las regiones contribuyen a evitar una costosa duplicación de esfuerzos y a asegurar una cohesión amplia entre las zonas urbanas y no urbanas.

14.

El Pacto de los Alcaldes de la UE, por ejemplo, cuenta con numerosas regiones como coordinadores regionales. Estos pueden apoyar a varias ciudades simultáneamente para que puedan adherirse al Pacto.

15.

Por lo tanto, el CDR toma nota del papel fundamental de las regiones de los Estados miembros para impulsar este tipo de coordinación vertical entre todos los niveles de gobierno.

16.

En Italia, por ejemplo, las regiones han establecido un comité interregional sobre la adaptación al cambio climático. Este comité reúne al gobierno nacional y a todas las regiones, y vela por que la estrategia italiana de adaptación, que se desarrolló sobre la base de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, se ejecute a nivel regional.

A su vez, las regiones también son responsables de ayudar a las ciudades y municipios en su territorio para desarrollar planes locales de adaptación en consecuencia.

17.

Sobre la base de este ejemplo, el CDR pide a las regiones de la UE que den muestras de liderazgo en la aplicación de las estrategias nacionales y europeas de lucha contra el cambio climático, y a la hora de impulsar el cambio a nivel local. Asimismo, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que incorporen este papel en su definición de la gobernanza inclusiva en materia de clima y energía, así como en su estrategia para poner en práctica el Acuerdo de París. Esto incluye la necesidad de tener debidamente en cuenta el papel de los «coordinadores regionales» en el marco del Pacto de los Alcaldes a la hora de diseñar nuevas herramientas de apoyo destinadas a los firmantes.

18.

Además de la coordinación vertical, el CDR considera necesario mejorar la coordinación horizontal entre las diferentes políticas. La integración de la acción por el clima en todas las políticas permitirá que las poblaciones locales se beneficien de muchas ventajas colaterales, como una mayor calidad de vida y empleo local. También permitirá crear sinergias y reducir los costes de la acción. Por ejemplo, se calcula que el paquete de la economía circular de la UE podría ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 2 y un 4 % anual (2) si se lleva a cabo correctamente. Por lo tanto, el CDR pide a la COP22 que aborde el papel clave de la reducción de la explotación de las materias primas y una gestión sostenible de los residuos en el contexto de la lucha contra el cambio climático.

19.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que promuevan la cooperación entre administraciones. Cabe señalar el éxito del modelo de la Comisión interadministrativa sobre desarrollo sostenible de Espoo (Finlandia). Gracias a este enfoque integrado, Espoo se clasificó recientemente como la ciudad más sostenible de la UE, según un estudio encargado por la Presidencia neerlandesa de la UE.

20.

Más allá de la cooperación horizontal a nivel local y regional, también deberían evitarse los compartimentos estancos a la hora de diseñar las medidas de apoyo de la UE disponibles para las regiones y las ciudades. A tal fin, el CDR espera con interés la ventanilla única anunciada por la Comisión Europea en su Comunicación «El camino desde París» y subraya asimismo la importancia de este servicio para responder a las necesidades de las regiones.

21.

En preparación de la CP22 y de citas posteriores, el CDR se compromete a apoyar a la Comisión Europea y al Consejo en sus esfuerzos para lograr que la aplicación del Acuerdo sea un éxito, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo.

22.

El CDR debería aspirar como institución a la neutralidad en emisiones de carbono y seguirá en contacto con las demás instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo, en este empeño.

23.

Dentro de la UE, el CDR se ha comprometido a informar a las regiones y ciudades sobre su papel clave en el refuerzo de la acción por el clima, en particular facilitando los mecanismos necesarios para apoyar una actuación de abajo arriba.

24.

El CDR, en su calidad de pilar firme del Pacto de los Alcaldes de la UE, está animando a sus miembros a participar en la iniciativa, y ha creado un grupo propio de embajadores del Pacto para promover la iniciativa en sus respectivos países.

25.

Por lo tanto, el CDR también se ha comprometido a predicar con el ejemplo. Participa en el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) y se compromete a seguir trabajando conjuntamente con la administración y sus miembros para reducir las emisiones de carbono y limitar su consumo de combustibles fósiles. A tal fin, el CDR examinará la manera de compensar las inevitables emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los desplazamientos de sus miembros y personal. Esto implica calcular la huella de carbono del CDR, incluyendo todas las misiones y reuniones fuera de la sede en dicho cálculo. La compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero debería financiar proyectos sostenibles en la UE. Las nuevas tecnologías, como las videoconferencias, deberían utilizarse de forma más generalizada, incluso en las reuniones de las comisiones del CDR.

26.

Con el fin de reducir el uso del papel, el CDR debería seguir el ejemplo del Parlamento Europeo que no imprime expedientes para la sesión plenaria ni las reuniones de comisión, salvo que los miembros lo hayan solicitado explícitamente o que otras razones imperiosas requieran documentos impresos.

27.

Más allá de las fronteras de la UE, el CDR se compromete a trabajar en coordinación con la DG CLIMA, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros en el marco de la Red de Diplomacia Verde para apoyar la aplicación de los compromisos existentes de Partes no pertenecientes a la UE y animar a que adopten nuevos compromisos similares a los de la Unión Europea.

28.

En particular, el CDR empleará sus estructuras, como la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental, el Grupo Operativo para Ucrania y los comités consultivos mixtos y grupos de trabajo con los países candidatos y precandidatos a mantener la política del clima en un lugar destacado de la agenda política y apoyar su aplicación por los entes regionales y locales en todo el mundo.

29.

El CDR participará activamente en la MEDCOP22 organizada en Tánger a fin de seguir capacitando a las ciudades y regiones de la zona para actuar sobre el cambio climático y la energía. En particular, apoyará la atención prestada a la financiación y desarrollo de capacidades de los entes regionales y locales en el área euromediterránea, y someterá estas cuestiones a la atención de la delegación de la UE en la COP22.

30.

Concretamente, el CDR contribuirá a promover la iniciativa del Pacto de los Alcaldes a escala mundial, comenzando con el Pacto de los Alcaldes Euromediterráneos y posiblemente con el Pacto de los Alcaldes del Este en 2016.

31.

Asimismo, el CDR seguirá participando en la CMNUCC en apoyo de la ambiciosa posición de la Delegación de la UE en materia de clima, y en particular del modelo de gobernanza multinivel europeo, entre sus interlocutores del Grupo Principal de Autoridades Locales.

32.

Dada la escala que requiere la acción sobre el clima, tenemos que cambiar la manera en que producimos y consumimos. En consecuencia, y a fin de ganar la aceptación pública de cambios de envergadura, las regiones y ciudades tienen la gran responsabilidad de comprometerse con los ciudadanos y capacitarlos para que puedan desempeñar un papel activo en esta transición.

33.

Las regiones y las ciudades deben desempeñar un papel fundamental a la hora de facilitar la difusión de información sobre el cambio de los comportamientos y las medidas para apoyar la acción individual sobre el clima.

34.

Las regiones y las ciudades también tienen que identificar y eliminar los cuellos de botella, que impiden a los ciudadanos participar plenamente en la transición hacia sociedades resilientes e hipocarbónicas, mediante la coordinación con los niveles superiores de la administración (nacional, de la UE y mundial).

35.

Las asociaciones a largo plazo entre las regiones y las ciudades y las empresas, universidades, comunidades locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los establecimientos escolares son esenciales para impulsar la acción sobre el clima.

36.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que desempeñen plenamente su papel en la defensa de los proyectos llevados a cabo por una multiplicidad de agentes a nivel subnacional, con el fin de crear una cultura del desarrollo sostenible que estimule los esfuerzos a nivel nacional y europeo, poniendo de relieve que existen diferencias importantes en términos de necesidades y vulnerabilidad frente al cambio climático entre las diferentes partes de la UE y entre regiones y ciudades.

37.

El papel de la investigación en la formulación de respuestas políticas adecuadas al reto del cambio climático es crucial. Establecer vínculos estrechos con el mundo académico contribuirá a una buena elaboración de políticas cuyas decisiones se basen en un asesoramiento sólido por parte de expertos.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que construyan vínculos estrechos con universidades y centros de investigación dentro y fuera de sus territorios y apoyen la cooperación interregional en estos ámbitos.

38.

La coproducción de conocimientos desde una fase temprana y la evaluación cruzada entre responsables políticos y académicos impulsarán la cooperación a la hora de determinar los problemas y resolverlos conjuntamente a lo largo de todo el proceso de investigación y todo el ciclo de elaboración de políticas.

39.

El CDR observa con satisfacción que la reciente decisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de redactar un informe especial sobre las ciudades y el clima en 2023 impulsará la investigación a partir de ahora sobre la importancia de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Pide a la Comisión Europea que participe activamente en la elaboración de este informe, que asocie al CDR en este proceso, y que defienda una visión territorial multinivel de la acción por el clima. En particular, el CDR pide a la Comisión Europea que promueva la investigación en estos ámbitos con el fin de contribuir de manera constructiva al informe especial que se utilizará en las futuras negociaciones de la CMNUCC, en particular el balance global, que evaluará el estado de la aplicación del Acuerdo de París de aquí a 2023.

40.

El CDR anima a incluir a representantes del mundo de la investigación en la planificación y puesta en práctica de las políticas de adaptación y mitigación.

41.

Es importante señalar que el Acuerdo de París reconoce el importante impacto positivo de las medidas de adaptación y mitigación.

42.

El CDR elaborará un dictamen específico centrado en la revisión de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, prevista para 2017. En este contexto, el CDR pide un firme compromiso para integrar las medidas de mitigación y adaptación, así como para incorporar la adaptación en todas las políticas pertinentes.

43.

El Comité de las Regiones señala que, debido al potencial efecto negativo del cambio climático en la población y los activos, debería capacitarse a las regiones y ciudades para aumentar su resiliencia tan pronto como sea posible. No obstante, el CDR insiste en que la adaptación al cambio climático exige una cooperación vertical y horizontal, y que las regiones y ciudades también tienen que estar conectadas con el fin de adaptarse al cambio climático.

44.

El CDR acoge favorablemente la publicación del Plan de Acción de la Comisión Europea sobre el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, así como la integración de la resiliencia a las catástrofes en el Acuerdo de la COP21. Deben reforzarse los vínculos entre la construcción de infraestructuras resilientes y la adaptación al cambio climático a fin de promover la coordinación intersectorial entre los servicios de protección civil y las acciones de adaptación al cambio climático en todos los niveles.

45.

El CDR pide una mejor sensibilización y mecanismos de apoyo para el desarrollo de estrategias nacionales de adaptación orientadas a las regiones. Su concretización en planes de acción regionales coherentes y aplicables a nivel local debe ser objeto de un estrecho seguimiento con etapas claras establecidas a nivel de la UE que deben alcanzarse a intervalos regulares.

46.

La cuestión de la financiación y el acceso a la financiación, en especial para las regiones y las ciudades, es fundamental para la aplicación del Acuerdo de París.

47.

Aunque existen diversas posibilidades de financiación dentro de la UE, las regiones y ciudades se enfrentan a diversos obstáculos que les impiden acceder a las medidas de apoyo disponibles a escala de la UE, tanto de los fondos de la UE como a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Tras numerosos debates en su seno y con distintas partes interesadas, el CDR pide a la Comisión Europea, el BEI y los Estados miembros que se centren en desarrollar la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades de forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de financiación pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular en el caso de las entidades territoriales de menor tamaño.

48.

Las instituciones de la UE deberían hacer un esfuerzo particular de comunicación e información sobre las distintas posibilidades. El CDR se compromete a apoyar a la Comisión Europea y al BEI en el desarrollo de las herramientas de comunicación específicas necesarias.

49.

El CDR también está alarmado por el uso potencialmente ineficaz de los Fondos Estructurales en varios Estados miembros. Aun cuando el 20 % del presupuesto de la UE se dedica a la lucha contra el cambio climático, el criterio climático no se aplica sistemáticamente ni se verifica en los proyectos financiados por los Fondos Estructurales, lo que implica el riesgo de que los fondos de la UE se utilicen para proyectos que son contrarios a los objetivos climáticos de la UE. La Comisión Europea y los Estados miembros deben mantenerse especialmente vigilantes, examinar estas cuestiones y adoptar las medidas correctoras pertinentes, teniendo en cuenta el principio de la neutralidad tecnológica y el derecho de los Estados miembros a elegir entre las diferentes fuentes de energía.

50.

El CDR insta a los Estados miembros a que cumplan su compromiso de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles. Además, el CDR considera que la reforma en curso del RCDE debe dar lugar a fijar un precio del carbono justo y que no dañe la competitividad de los Estados miembros, así como un mecanismo que permita a las regiones apoyar los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El CDR desea llamar la atención de la Comisión Europea y del Consejo sobre el exitoso ejemplo de mercado de carbono creado entre California y Quebec. Miles de millones de dólares se reinvierten ahora en la economía local para apoyar a las empresas, las ciudades y los ciudadanos en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. El CDR pide a la UE que se inspire en este ejemplo para la asignación de cuotas. Asimismo, pide a los Estados miembros que permitan a las regiones desempeñar un papel activo en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), en particular mediante la gestión de una parte de los ingresos procedentes de las subastas y su reinversión en proyectos sostenibles.

51.

Asimismo, la UE debe revisar su propia legislación para facilitar la inversión en energías renovables; por ejemplo, en la actualidad, las tasas reducidas de que se benefician los combustibles ecológicos se consideran ayudas estatales, por lo que tienen el carácter de exención temporal. Para los productores y proveedores de combustibles renovables, ello implica condiciones de inversión inciertas y cargas administrativas.

Dado el gran volumen de financiación necesario, las regiones y las ciudades deben atraer financiación tanto pública como privada. Aún hay un gran potencial sin explotar para las empresas de los sectores relacionados con la aplicación del Acuerdo de París.

52.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que favorezcan un cambio de mentalidad de la «concesión de fondos» a la «financiación» de planes empresariales viables para un desarrollo sostenible.

53.

A tal fin, debe reforzarse el diálogo entre los sectores público y privado. Además, las regiones y las ciudades deberían colaborar en mayor grado con el BEI y el sector bancario para aumentar su conocimiento de los mecanismos de financiación innovadores para proyectos hipocarbónicos y resilientes.

En este contexto, el CDR insiste en que la seguridad y previsibilidad de la reglamentación constituyen condiciones fundamentales para que dichos proyectos puedan materializarse. El CDR destaca asimismo la importancia de compartir buenas prácticas sobre la integración de criterios de sostenibilidad en el sector financiero. Los productos financieros deben evaluarse y etiquetarse respecto de su exposición a los riesgos relacionados con el clima, así como su contribución a la transición hacia una economía hipocarbónica, con el fin de orientar a los inversores públicos y privados.