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Document 52015IR6329

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La lucha contra la radicalización y el extremismo violento: los mecanismos de prevención de ámbito local y regional

OJ C 17, 18.1.2017, p. 33–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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18.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/33


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La lucha contra la radicalización y el extremismo violento: los mecanismos de prevención de ámbito local y regional

(2017/C 017/07)

Ponente:

Bart SOMERS (BE/ADLE), alcalde de Malinas y presidente del Open VLD en el Parlamento flamenco

El COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES,

INTRODUCCIÓN

1.

manifiesta su satisfacción con la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo relativa a la prevención de la radicalización violenta y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas, así como con las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Cultura y Educación;

2.

subraya que la lucha contra el terrorismo y la prevención de la radicalización violenta y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas continúan siendo esencialmente competencia de los Estados miembros, pero que la cooperación local, europea e internacional también resulta de una importancia fundamental para la elaboración de un planteamiento efectivo; manifiesta su consternación por los recientes atentados terroristas perpetrados por personas radicalizadas y sin escrúpulos y expresa sus más sentidas condolencias a las víctimas y a sus familiares y amigos; destaca que estos acontecimientos demuestran una vez más la urgente necesidad de cooperación europea e internacional para luchar contra la radicalización violenta y el terrorismo internacional; está convencido de que son necesarios un intercambio de información y una cooperación mucho mayores entre todos los niveles de las fuerzas de seguridad y policiales, así como entre los agentes sociales, la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno para defender los valores de una sociedad abierta, respetuosa, inclusiva y diversa y prevenir la violencia;

3.

subraya que no se puede permitir ni tolerar ningún tipo de modelo de sociedad paralelo que contradiga estos valores;

4.

anima a los entes nacionales y europeos a que compartan la máxima información posible con los entes locales, sin poner en peligro la seguridad;

5.

considera que es necesario afrontar el fenómeno de la radicalización violenta, que constituye una amenaza para los ciudadanos de Europa y para los valores universales de Europa, que se basan en su herencia cultural y humanista;

6.

a este respecto, subraya que la convivencia requiere esfuerzos en materia de educación para garantizar que los miembros de las comunidades comparten la democracia, el Estado de Derecho y el principio de dignidad de las personas en la Unión;

7.

pide a la Comisión, los Estados miembros, los entes locales y regionales, así como la sociedad civil y, en particular, la comunidad científica que redoblen sus esfuerzos y su cooperación intersectorial y transnacional con el fin de investigar las principales causas de la radicalización violenta, el proceso y las distintas influencias y factores que conducen a la radicalización violenta para que, a través de dicha investigación, se desarrollen herramientas con las que los Estados miembros y la UE puedan elaborar una política fundamentada en la realidad;

8.

afirma que la radicalización violenta es un fenómeno internacional sobre el que puede aprenderse en muchos otros lugares del mundo. A este respecto, acoge con satisfacción la creación de redes multidisciplinarias, como la red de ciudades fuertes (Strong Cities Network), y la extensión de las ya existentes que aspiran a promover la conexión de las ciudades y demás entes locales a escala internacional para impulsar los enfoques locales destinados a prevenir el extremismo violento. Subraya la necesidad de desarrollar una red de la UE para contribuir a reforzar la colaboración local y regional en toda la Unión en lo que respecta a la lucha contra la radicalización, el extremismo y el terrorismo; anima, asimismo, a la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización y a la Red de Comunicaciones Estratégicas a que continúen con el desarrollo de medidas preventivas efectivas, en especial a través de la mejora de la detección temprana de los signos de radicalización a nivel local, la lucha contra la retórica mediante las estrategias de comunicación y el desarrollo de programas de rehabilitación sólidos;

9.

constata que en Europa ya existe una serie de instrumentos para hacer frente a la radicalización violenta de los ciudadanos europeos, y que corresponde a la UE y a sus Estados miembros utilizarlos plena e íntegramente e intentar mejorarlos para que respondan a los actuales desafíos que afrontan la UE y sus Estados miembros;

10.

subraya la importancia de actuar sobre las causas para hacer frente al problema de la radicalización y la captación de terroristas, sobre todo potenciando la prevención mediante la supervisión de internet y el diálogo con las comunidades y líderes religiosos, así como encuentros, jornadas, y acciones de sensibilización y de concienciación general de la sociedad civil sobre estas cuestiones;

11.

destaca en este sentido el importante papel de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) y su Centro de Excelencia recientemente constituido, y acoge con satisfacción los progresos alcanzados por la Presidencia de los Países Bajos en el Consejo de la Unión Europea;

12.

subraya que la RSR debe hacer un esfuerzo adicional para llegar hasta las ciudades y comunidades más pequeñas, y así permitir a las pequeñas entidades un acceso igualitario a la RSR;

Definición del concepto de radicalización

13.

pide a la Comisión Europea que intente llegar rápidamente a un acuerdo para elaborar una definición común del fenómeno de la radicalización violenta como punto de partida para adoptar un enfoque más coordinado por parte de los diferentes países, con la contribución de los entes locales y regionales, teniendo en cuenta, asimismo, que la experiencia de cada Estado miembro se ve profundamente determinada por elementos políticos, culturales y jurídicos específicos;

14.

dada la falta de una definición comúnmente aceptada de «radicalización violenta», entiende el concepto de radicalización como el fenómeno por el cual una persona considera legítimo el uso de la violencia o el recurso a la misma para lograr sus objetivos políticos, objetivos que subvierten el ordenamiento jurídico democrático y conculcan los derechos fundamentales en los que este se basa;

15.

considera la radicalización violenta como una corriente ideológica bajo la cual los individuos y los grupos radicalizados quieren acabar, haciendo uso de la violencia, con el modelo europeo basado en los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de religión o creencias, el Estado de Derecho, la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, e imponer sus convicciones, que son incompatibles con estos valores;

16.

destaca que la radicalización violenta constituye un fenómeno complejo y dinámico que se basa en un conjunto de factores globales, sociológicos, políticos y geopolíticos y también personales, y que no se puede considerar de forma aislada; asimismo, señala que parece confirmarse una preocupante tendencia reciente en la que no solo radicales de distintas ideologías intentan empujar a un mayor número de personas hacia la violencia, sino también que algunos grupos deliberadamente intentan radicalizar a personas con un pasado delictivo y experiencia en el uso de la violencia;

17.

advierte de que el reclutamiento con vistas al radicalismo violento ocurre cada vez más a puerta cerrada, en comunidades o foros en línea, donde se accede por múltiples canales a mensajes muy persuasivos de ideología violenta y donde estos pueden llegar a personas vulnerables a su contenido;

18.

resalta que esta radicalización violenta no corresponde a un perfil único, sino que afecta a hombres, mujeres y, sobre todo, jóvenes europeos de diverso origen social que con frecuencia comparten la sensación, debido a conflictos de identidad, a experiencias de injusticia —reales o supuestas—, a la discriminación o la exclusión social, de hallarse excluidos de la sociedad;

19.

señala que, en muchos casos, son ciudadanos europeos que han nacido y se han formado en Europa pero que eligen adherirse a ideas radicales violentas.

20.

advierte de que el terrorismo y la radicalización violenta conducen a múltiples estereotipos en lo que respecta a las religiones, lo que a su vez es utilizado para justificar la radicalización de sentido contrario, incluido el ámbito de movimientos neonazis y neofascistas, con la consiguiente escalada de los delitos de odio y la incitación al odio motivados por el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia frente a una opinión, una creencia o una religión;

21.

señala que, a pesar de que la principal preocupación de seguridad que se plantean legítimamente los Estados miembros es el fenómeno de los integristas que vuelven después de una estancia en las zonas en conflicto, la radicalización violenta no debe asociarse con ninguna ideología o confesión en concreto sino que puede darse dentro de diversas ideologías y la utilización desviada de cualquier creencia, y que por ello la lucha contra la radicalización violenta no debe limitarse a la radicalización integrista de índole islámica;

22.

hace hincapié en que el compromiso político en todos los niveles de gobernanza es un instrumento clave en la lucha contra la radicalización violenta; esto implica, asimismo, la necesidad de aprender tanto de las malas como de las buenas experiencias del pasado y de anteponer la apertura para cooperar con todas las fuerzas sociales que puedan ser de ayuda a los tantos políticos;

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Los derechos humanos y la diversidad como punto de partida

23.

opina que los derechos humanos han de ocupar un lugar central en las políticas de la Unión de lucha contra el terrorismo y prevención de la radicalización violenta;

24.

hace un llamamiento para que, en todas las medidas que adopten los Estados miembros y la UE para la prevención y lucha contra la radicalización violenta, se respeten absolutamente los derechos fundamentales y las libertades civiles, a saber, el derecho a la vida privada, el derecho a la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial, la libertad de expresión, la libertad de creencias y la libertad de asociación;

25.

hace hincapié en que una sociedad en la que se respetan plenamente los derechos humanos de todos los sectores de la población y que cumple las normas internacionales y regionales, incluida la lucha contra la discriminación, el racismo y otras formas de intolerancia, desempeña un papel fundamental en la prevención y la lucha contra la radicalización violenta;

26.

considera los valores democráticos de la Unión Europea un medio que garantiza la libertad de los ciudadanos europeos;

27.

resalta la importancia de erradicar posibles elementos que sirven de caldo de cultivo para llevar a la radicalización violenta, empezando por el racismo y la discriminación. Si bien no existe una relación directa entre el racismo, la discriminación y la radicalización violenta y, además, el racismo y la discriminación tampoco pueden ser excusa para la radicalización violenta, solo podrá garantizarse una sociedad en la que cada uno participa de manera activa si existe una política consecuente de igualdad de oportunidades y no discriminación;

28.

hace un llamamiento a la Comisión para que anime a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales a elaborar políticas más activas y voluntariosas contra la discriminación, sobre todo en los ámbitos de la educación, el mercado laboral y la vivienda, inspirándose también en las políticas que ya llevan a cabo las regiones que han aplicado medidas de integración como, por ejemplo, la «acogida difusa»; de hecho, para hacer frente a la emergencia del radicalismo, es prioritario aspirar a una verdadera integración social y cultural basada en el diálogo constructivo sobre las diferencias y la educación. Para ello es necesario que todos los agentes de la sociedad civil cuyas actividades se concentren en este fin, sean apoyados, valorizados y puestos en condiciones de operar del modo más eficaz;

29.

subraya la importancia de instaurar, tanto en los distintos niveles de gobierno —europeo, nacional y regional— como en las comunidades de ciudadanos nacionales y europeas, códigos, paquetes de medidas o modelos de buenas prácticas intercomunitarias, interétnicas, interreligiosas, interpolíticas, etc., que permitan adquirir un conocimiento mutuo más profundo de los agentes susceptibles de participar en un conflicto o de verse expuestos a alguna forma de radicalización violenta. Concebidos primero teóricamente, podrán establecerse con la contribución de las autoridades regionales, nacionales y europeas;

30.

pide a la Comisión que fomente iniciativas de recuperación en los Estados miembros y en los entes regionales y locales en materia de diversidad, destinadas al mercado de trabajo en general;

31.

urge a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales a que aúnen sus fuerzas con las instituciones de la UE para promover el modelo europeo como un modelo en el que la diversidad en Europa constituya un elemento fundamental de su estructura social y un bien cultural esencial. En ningún caso deberán ponerse en duda los derechos fundamentales de la Unión Europea que garantizan esta diversidad, como la libertad de expresión, el Estado de Derecho, la separación entre religión y Estado, ni a causa de las ideas totalitarias de grupos radicales ni a la hora de adoptar medidas para luchar contra la radicalización violenta;

32.

pide a la UE que adopte iniciativas, en estrecha cooperación con los Estados miembros y los entes regionales y locales, para abordar la situación de las barriadas y regiones en las que prevalezcan diferentes formas de delincuencia organizada. Estas zonas específicas deben determinarse en el mapa y priorizarse según criterios cuantitativos y cualitativos, y deben recibir un apoyo especial. Los circuitos ilegales en los que se lleva a cabo el blanqueo de dinero y se socava el Estado de Derecho deben combatirse con eficiencia, tanto desde el punto de vista policial como judicial. De esta manera dejarán de existir zonas en las que no impera el Estado de Derecho, en las que dominan la ausencia de normas y la ilegalidad y en las que en la realidad social y en la vida individual de las personas ya no se perciben las bases del Estado de Derecho democrático. Este vacío forma el caldo de cultivo perfecto para que las redes extremistas puedan reunir medios financieros a través de actividades ilegales, captar individuos y socavar así la legitimidad del Estado de Derecho democrático;

33.

urge a los Estados miembros y a la Comisión a hacer efectivo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas, en especial de los objetivos 1, 4, 8, 11 y 16. El cumplimiento de dichos objetivos, con los que ya están comprometidos todos los Estados miembros de la UE, podría atajar las principales causas de la radicalización y el extremismo en Europa y en el mundo. Cabe recordar que los ODS también deben aplicarse en el territorio de la Unión y que el desarrollo humano de todos los ciudadanos del mundo se construye desde la dignidad, la inclusión, la capacidad de resistencia y la sostenibilidad. Esta senda hacia el desarrollo humano sostenible no es simplemente una medida preventiva contra la radicalización y el extremismo sino el camino para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de este planeta finito;

34.

destaca la importancia de prevenir la aparición de zonas marginadas desprovistas de diversidad y en las que predomina una comunidad étnico-cultural. La Comisión Europea debe ayudar a los Estados miembros y a los entes regionales y locales a promover la cohesión social como punto de apoyo para prevenir la radicalización violenta, así como animar a los Estados miembros a poner a disposición los medios necesarios para lograr dicha cohesión;

35.

pide a la Comisión Europea que proporcione los medios financieros que permitan a los entes locales identificar y conectar a las personas y las redes capaces de generar discursos alternativos;

36.

opina que es importante que se elaboren discursos alternativos dentro de la comunidad islámica y que se movilice a aquellos musulmanes que rechazan los intentos de los extremistas para apropiarse de su religión; pide a los alcaldes que trabajen con sus comunidades islámicas locales para fomentar estos discursos alternativos;

37.

pide que se ofrezca a los refugiados y a los migrantes recién llegados verdaderas oportunidades para empezar en nuestra sociedad, facilitándoles orientación sobre la oferta de itinerarios de integración adaptados en cada Estado miembro, región y ente local en los que se podría trabajar activamente por cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, la separación entre religión y Estado, la importancia de la democracia y la tolerancia, los principios jurídicos aplicables a todos los residentes y los códigos de conducta de validez general en la esfera pública, así como de sus efectos en la sociedad a través de ejemplos prácticos y en los que el idioma del país tenga una importancia fundamental, también como vehículo de valores, conocimientos e identidades compartidos;

38.

urge asimismo a la Comisión a que emplee todos sus esfuerzos para evitar el desempleo y el abandono escolar de las minorías en cooperación con los entes locales y las ciudades y regiones que están especialmente afectadas por estas realidades, puesto que estos problemas y la consiguiente falta de perspectiva para los jóvenes constituyen un importante caldo de cultivo de la radicalización violenta;

39.

anima a los Estados miembros y a los entes regionales y locales a elaborar un planteamiento político en el que los instrumentos de política social (como el empleo, la educación y la formación, la integración y la lucha contra la discriminación), la ayuda humanitaria y otras políticas se combinen con medidas específicas para prevenir y luchar contra la radicalización violenta;

El papel de los entes locales y regionales

40.

resalta que lo fundamental es que todos los participantes a nivel europeo, nacional, regional y local sean conscientes de su responsabilidad en la prevención y la lucha contra la radicalización violenta;

41.

destaca el papel crucial que desempeñan los entes locales y regionales en la prevención y la lucha contra la radicalización violenta, dado que dichas autoridades son las primeras y más gravemente afectadas por este problema, y tienen competencia para cooperar con otros participantes que desempeñan un papel importante a la hora de abordar este fenómeno;

42.

subraya la importancia de asignar fondos europeos a las ciudades y regiones de Europa, y de animar a los entes locales y regionales a recurrir a ellos, con vistas a desarrollar proyectos o programas de prevención de la radicalización violenta y campañas destinadas a determinar los problemas subyacentes a los conflictos y a sensibilizar a la población;

43.

es consciente de que pueden existir grandes diferencias entre los diversos Estados miembros en cuanto a la medida en que estos se implican en la lucha contra el peligro que supone la radicalización violenta y la prevención del reclutamiento por organizaciones terroristas, y de que algunos ya han tomado medidas efectivas, mientras que otros llevan cierto retraso en este aspecto;

44.

está de acuerdo en que es necesario intensificar el intercambio de información y la cooperación operativa, avanzar en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego y luchar contra la financiación del terrorismo; además, considera que es necesario ejercer un control eficaz de «la internet oculta» (también denominada «web profunda» y «red oscura»), que a menudo se utiliza para difundir contenidos radicales, así como reforzar los controles en las fronteras exteriores, sobre la base de indicadores de riesgo;

45.

urge a la Comisión a que asista a los Estados miembros en la coordinación de sus estrategias propias para difundir la información y experiencia de que disponen los entes locales y regionales, recabar buenas prácticas y competencias, evaluar las medidas adoptadas y cooperar para la adopción de nuevas iniciativas en relación con la lucha contra la radicalización violenta;

46.

urge a la Comisión a que destaque el papel fundamental que desempeñan los entes locales en relación con la prevención de la radicalización violenta y el extremismo violento y muestre su apoyo a esta función central concediendo prioridad a la creación de un marco de actuación europeo para la lucha contra la radicalización violenta a nivel local, regional y nacional en el que se proporcionen recomendaciones a los Estados miembros para que desarrollen (o sigan desarrollando) sus propias políticas en torno a este problema;

47.

pide a la Comisión que se centre en poner en común y difundir las mejores prácticas a través de un manual en línea con orientaciones ya disponibles, entre otros, a través del Centro de Excelencia de la RSR, con el fin de garantizar que los gobiernos locales, que a menudo tienen una capacidad limitada, reciban apoyo para adoptar su enfoque local;

48.

advierte de la necesidad de que la Comisión ofrezca su apoyo a los entes locales y regionales en el desarrollo de estrategias de prevención locales y nacionales para la lucha contra la radicalización violenta, por ejemplo poniendo a disposición de las administraciones interesadas expertos en la materia del CE de la RSR; subraya la importancia del intercambio de experiencias entre los entes locales y regionales, por ejemplo buenas prácticas y conclusiones extraídas en la materia;

49.

opina que una política integral para abordar la radicalización violenta se compone de tres niveles: prevención (evitar la radicalización violenta, por ejemplo acabando con su caldo de cultivo), notificación, intervención (acompañamiento especializado de personas que son vulnerables a la radicalización violenta) y represión (respuesta judicial consecuente al fenómeno de la radicalización violenta);

50.

considera de gran importancia que las autoridades nacionales, regionales y locales inviertan en medidas preventivas y de intervención específicas para la lucha contra la radicalización violenta, en lugar de limitarse a introducir políticas de represión reactivas; también es importante financiar programas de investigación para comprender los orígenes del radicalismo y la forma de combatirlo;

51.

considera que las organizaciones de la sociedad civil y los agentes locales desempeñan un papel importante en el desarrollo de proyectos destinados a la prevención y la lucha contra la radicalización violenta adaptados a su comunidad u organización y destaca la necesidad de un enfoque basado en la participación y la consulta que reúna a diversos sectores y partes interesadas: la radicalización violenta es un problema multidisciplinar que exige soluciones multidisciplinares; por tanto, anima a las diferentes partes interesadas de la sociedad civil a que colaboren estrechamente unas con otras en todos los niveles de la política, y a las partes más activas sobre el terreno, como las asociaciones y ONG, a que cooperen más intensamente entre ellas;

52.

subraya que es necesario entablar un diálogo intercultural entre los distintos líderes, expertos y comunidades para alcanzar en primer lugar una mejor comprensión y, a través de ella, una mejor prevención de la radicalización violenta;

53.

considera que los interlocutores sociales y agentes locales desempeñan un papel importante en el desarrollo de proyectos destinados a la prevención y la lucha contra la radicalización violenta adaptados a su comunidad u organización;

54.

considera absolutamente necesario en este sentido impartir formación especializada para los trabajadores de primera línea y trabajadores sobre el terreno a fin de que puedan detectar cambios de comportamiento preocupantes y puedan actuar de forma adecuada en el proceso de acompañamiento de jóvenes susceptibles de adoptar conductas radicales violentas;

55.

considera que las acciones de formación especializada para los responsables políticos y los políticos que actúan en los diferentes niveles de gobierno son imprescindibles, a fin de que se sensibilicen acerca de la importancia de adoptar un enfoque preventivo eficaz y de la necesidad de comunicar obligatoriamente estos problemas;

56.

urge a la Comisión a que ofrezca su apoyo a los Estados miembros para llevar a cabo campañas informativas destinadas a concienciar a adolescentes y jóvenes del problema de la radicalización violenta y que fomenten una reflexión crítica;

57.

considera necesario que cada Estado miembro cree las estructuras necesarias para detectar la radicalización, encargarse de la comunicación estratégica y elaborar discursos alternativos, y que estas estén adaptadas a la realidad y a los grupos de población de cada país; podrían prestar orientación y un acompañamiento individualizado a las personas que están en riesgo de ser radicalizadas y proveer un punto de contacto para comunicar una posible radicalización y para que familias, amigos, profesores y otras personas de contacto reciban orientación sobre cómo reaccionar en estos casos; estas estructuras deberían desarrollarse en estrecha colaboración entre los niveles regional, local, nacional y europeo;

58.

considera necesario que los distintos programas de acompañamiento estén lo suficientemente vinculados con el mundo real y el entorno de la persona objeto de acompañamiento; para ello resulta esencial contar con la implicación de las administraciones locales y regionales en la elaboración de dichos programas, así como de las entidades sociales que trabajan a pie de calle en el problema; considera a este respecto que las instituciones deportivas, culturales y educativas son el marco que puede servir como apoyo para facilitar la integración;

59.

es consciente de que las asociaciones y organizaciones de este sector ajenas a los gobiernos pueden obtener unos resultados excelentes en la reintegración en la sociedad de los ciudadanos que se están radicalizando;

60.

considera que deben promoverse programas educativos que fomenten el pensamiento crítico y la apertura intelectual así como los conocimientos y principios en los que se fundamentan la democracia y el Estado de Derecho;

61.

opina que también deben proporcionarse medidas de acompañamiento para los que retornan tras la sentencia y la salida de prisión con el fin de facilitar su reintegración en la sociedad; en las cárceles también deben desarrollarse estrategias eficaces para prevenir y luchar contra la radicalización;

62.

afirma que los expertos en las áreas preventivas de la lucha contra la radicalización y en el tratamiento de presos radicalizados en los centros penitenciarios deben actuar de conformidad con las normas de seguridad nacionales de cada país. En este contexto, subraya la urgencia de alcanzar un espacio de intervención coordinado e integrado en el que la prevención, las políticas de lucha contra el terrorismo y el personal que trabaja en los centros penitenciarios actúen en su conjunto de forma coherente en consonancia con los principios definidos por modelos y normas de seguridad claros;

63.

pide a la Comisión que investigue con urgencia de qué manera pueden validarse estos programas de acompañamiento individualizado como medida de lucha contra la radicalización violenta con el fin de procurar que no solo se dedique la atención a la detección de la radicalización violenta, sino también a la reintegración de las personas en la sociedad;

64.

destaca que es importante combinar programas individuales de desradicalización con medidas como la creación de asociaciones con representantes de las comunidades o la inversión en proyectos sociales y locales de erradicación de la marginación económica y geográfica, así como proyectos de acompañamiento para jóvenes enajenados y excluidos que amenazan con desembocar en una radicalización violenta;

65.

destaca la importancia del apoyo familiar en la lucha contra la radicalización violenta. Algunos expertos sugieren que a menudo se presta demasiada atención al trabajo con las personas en lugar de trabajar con las familias. Las familias podrían ayudar a evitar la radicalización y a integrar a las personas radicalizadas, incluidos los que retornan procedentes de zonas de conflicto, a que vuelvan a conectarse con la sociedad; por lo tanto, insta a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales a reconocer la importancia de este tipo de apoyo y la necesidad de asistir a las familias que se hallan en esta situación desarrollando programas adecuados;

66.

destaca que varios estudios recientes señalan el número cada vez mayor de mujeres jóvenes radicalizadas y reclutadas por organizaciones terroristas y considera que la UE y los Estados miembros deben desarrollar estrategias de prevención de la radicalización violenta que tengan presente en cierta medida la dimensión de género; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con los entes regionales y locales, adopten una política más proactiva con respecto a la igualdad de género, teniendo en cuenta que constituye una piedra angular de nuestro modelo europeo de convivencia; exige en este sentido actuar con más firmeza de manera preventiva y represiva contra el acoso sexual y la violencia;

67.

urge a la Comisión a que preste su apoyo en los programas generales para ayudar a las mujeres jóvenes en su lucha por una mayor igualdad;

68.

considera esencial que en cada Estado miembro, en colaboración con los entes regionales y locales, se implemente un sistema de alerta para apoyo y acompañamiento, de modo que el entorno o la familia puedan recibir ayuda o bien puedan avisar de un modo sencillo y rápido cuando una persona muestre repentinamente una conducta que podría denotar una progresiva radicalización violenta o abandone la familia o el entorno para adherirse a una organización terrorista;

69.

destaca que las líneas directas han dado sus frutos en este sentido pero que es necesario diferenciar entre puntos de aviso de radicalización violenta (líneas de contacto) y el apoyo de amigos y familia a la hora de convivir con esta perturbadora situación (líneas de ayuda);

70.

solicita a la Comisión que investigue si es posible instaurar un sistema de este tipo en los diferentes Estados miembros de la UE;

71.

destaca finalmente que estas medidas solo podrán ponerse en práctica con la ayuda de programas a largo plazo de inversión social y urge tanto a la Comisión como a los Estados miembros y entes regionales y locales a que partan de esta visión para desarrollar una política de prevención y lucha contra la radicalización violenta. Asimismo, urge a la Comisión a que, durante la elaboración de las medidas para la lucha contra la radicalización violenta, preste gran atención al efecto que estas medidas puedan tener a largo plazo en el futuro de una sociedad europea integradora, intercultural e inclusiva.

Bruselas, 16 de junio de 2016.

El Presidente del Comité de las Regiones Europeo

Markku MARKKULA


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