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Document 52016XC0723(01)

Title and reference
Comunicación de la Comisión — Orientaciones para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

C/2016/4384

OJ C 269, 23.7.2016, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Text

23.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 269/1


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Orientaciones para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

(2016/C 269/01)

Índice

1.

Introducción 1

2.

Contenido y estatuto jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales 2

2.1.

Contenido de la Carta 2

2.2.

Estatuto jurídico y aplicabilidad de la Carta 3

2.2.1.

Estatuto jurídico de la Carta 3

2.2.2.

Aplicabilidad de la Carta 3

3.

Ejecución de los Fondos EIE y la Carta 3

3.1.

Establecimiento de la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparación de los documentos de programación (preparación de marcos estratégicos, Acuerdos de asociación, programas, etc.) 4

3.2.

Establecimiento de los sistemas de gestión, seguimiento y control 5

3.3.

Ejecución de programas y realización de acciones concretas establecidas en una descripción del proyecto para trabajos realizados al ejecutar los Fondos EIE 5

3.4.

Aplicabilidad de la Carta en el contexto de la Política de cohesión: ¿por qué es relevante la Carta para las autoridades estatales que gestionan los Fondos EIE? 6

4.

Cómo evaluar la conformidad con la Carta: Lista de control de los Derechos Fundamentales 6

Anexos

Anexo I — Ejemplos de ejecución del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros en el contexto de los Fondos EIE

Anexo II — Derechos fundamentales en la UE más allá de la Carta

Anexo III — Preguntas fundamentales

1.   INTRODUCCIÓN

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») adquirió carácter jurídico vinculante en la UE con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, y ahora tiene la misma validez jurídica que los Tratados de la UE. Por ello, el respeto de los derechos fundamentales consagrado en la Carta es una obligación jurídica para las instituciones, órganos, organismos y oficinas de la UE en todos sus actos, así como para los Estados miembros en la ejecución del Derecho de la UE.

El propósito de esta guía es explicar a los Estados miembros la importancia de garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en la ejecución de los Fondos EIE, así como proporcionar una herramienta práctica, la «Lista de control de los Derechos Fundamentales», para ayudar a los Estados miembros a controlar que los Fondos EIE no ejecuten medidas que vayan en contra de la Carta.

La guía contiene explicaciones sobre el contenido, el estatuto jurídico y la aplicabilidad de la Carta en general, así como en el marco de los Fondos EIE. También explica su ejecución en el contexto de los Fondos EIE y las posibles consecuencias del incumplimiento de la Carta. Estas Orientaciones también contienen recomendaciones para los agentes implicados sobre cómo llevar a cabo la evaluación de la conformidad de las acciones con la Carta e identifica acciones en el contexto de los Fondos EIE que se consideran acciones de ejecución del Derecho de la UE.

2.   CONTENIDO Y ESTATUTO JURÍDICO DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1.   Contenido de la Carta

La Carta contiene derechos y principios relacionados con seis temas: Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia, como se resume en la siguiente tabla.

Capítulo I «Dignidad» (artículos 1-5):

dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado;

Capítulo II «Libertades» (artículos 6-19):

derecho a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión y de información, libertad de reunión y de asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición;

Capítulo III «Igualdad» (artículos 20-26):

igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, derechos del niño, derechos de las personas mayores, integración de personas con discapacidad;

Capítulo IV «Solidaridad» (artículos 27-38):

derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores;

Capítulo V «Ciudadanía» (artículos 39-46):

derecho de ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, derecho a acudir al Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular;

Capítulo VI «Justicia» (artículos 47-50):

derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito.

El texto de la Carta puede consultarse en el siguiente enlace:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales ofrecen orientación acerca del significado de las disposiciones de la Carta y pueden consultarse en el siguiente enlace:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32007X1214(01)

Para contribuir a una mayor concienciación en materia de derechos fundamentales, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) ha desarrollado una sencilla herramienta en línea denominada Charterpedia, que recopila el Derecho internacional, el Derecho de la UE y las constituciones nacionales en el ámbito de los derechos fundamentales en relación con los temas, capítulos y artículos de la Carta (1).

2.2.   Estatuto jurídico y aplicabilidad de la Carta

2.2.1.   Estatuto jurídico de la Carta

El Tratado de Lisboa otorga a la Carta el mismo valor jurídico que a los Tratados de la UE. Tiene carácter jurídico vinculante y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta es un requisito legal.

De conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos, organismos y oficinas de la UE sujetos al principio de subsidiariedad, y a los Estados miembros en su ejecución del Derecho de la UE. De acuerdo con esto, deben respetar los derechos y observar los principios consagrados en la Carta, así como fomentar su aplicación con arreglo a sus respectivas competencias al adoptar y ejecutar normativas. El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 51, apartado 2, de la Carta precisan que las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.

El requisito de respetar los derechos definidos en la Carta solo es vinculante para los Estados miembros cuando actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. En relación con los Estados miembros, la Carta se aplica a todas las «manifestaciones del Estado». Por lo tanto, se aplica tanto a las autoridades centrales, como a las autoridades regionales, locales y otras autoridades públicas en la ejecución el Derecho de la UE.

En el contexto de la ejecución de los Fondos EIE, todas las acciones de los Estados miembros realizadas para ejecutar los reglamentos aplicables se encuentran en el ámbito del Derecho de la UE. La Carta puede aplicarse a beneficiarios de Fondos EIE, independientemente de su forma jurídica, a los que se haya responsabilizado, con arreglo a una medida adoptada por un Estado miembro, de prestar un servicio público controlado por el Estado y que, para este fin, tengan facultades especiales que van más allá de las que se derivarían de las normas habituales aplicables a las relaciones entre personas físicas.

Mientras que el respeto de los derechos fundamentales consagrado en la Carta es un requisito legal, no existe ninguna obligación legal en virtud de la Carta de tomar medidas activas de fomento de los derechos consagrados en la misma, pero se anima a los Estados miembros a adoptar estas medidas si lo desean.

2.2.2.   Aplicabilidad de la Carta

De conformidad con el artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

En consonancia con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que interpreta estas disposiciones, el concepto de «Estados miembros que aplican el Derecho de la Unión» no significa que los Estados miembros estén aplicando automáticamente el Derecho de la Unión cuando conceden ayuda en virtud de los Fondos EIE, independientemente de cuál es la «medida nacional» o «legislación nacional» que hay detrás del acto atacado por un denunciante o solicitante.

Para determinar si una normativa nacional guarda relación con la aplicación del Derecho de la Unión, según el Tribunal de Justicia, «se ha de comprobar, entre otros:

si la finalidad de la normativa nacional considerada es aplicar una disposición del Derecho de la Unión;

el carácter de esa normativa,

si persigue objetivos distintos de los previstos por el Derecho de la Unión, aun cuando pueda afectar indirectamente a este último,

si existe una normativa específica del Derecho de la Unión en la materia o que la pueda afectar.»

El razonamiento anterior sería aplicable mutatis mutandis a cualquier medida nacional de ejecución del Derecho de la UE, legislativa o no.

El Tribunal también ha confirmado que, en la política de cohesión, al igual que en otros ámbitos, el concepto de «aplicar el Derecho de la Unión» requiere un cierto grado de vinculación más allá de que las cuestiones cubiertas estén estrechamente relacionadas entre sí o que alguna de ellas tenga un impacto indirecto sobre la otra.

La consecuencia de esta jurisprudencia es que será necesario examinar si en un caso práctico una medida nacional está destinada a aplicar una disposición de Derecho de la Unión o no.

La aplicación del Derecho de la UE en el contexto de la ejecución de los Fondos EIE se explica en la sección 3 más abajo y en el anexo I.

3.   EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EIE Y LA CARTA

En el contexto de la ejecución de la política de cohesión, las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales serán aplicables en las condiciones indicadas a continuación.

El principio de no discriminación se ha reforzado en el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, «el RDC») a través de la introducción de una comprobación ex ante de la existencia de las disposiciones para asegurar que se respeten.

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, los Estados miembros y la Comisión deben garantizar que se respeten los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación en la preparación y ejecución de los programas.

En lo relativo al principio de no discriminación por razón de discapacidad y el principio de integración de personas con discapacidad, conviene especificar que la UE es Parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas (3). Las consecuencias jurídicas de la ratificación de la CDPD de las Naciones Unidas por parte de la Unión para la gestión de los Fondos EIE se describen en el anexo II.

El artículo 4, apartado 2 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 exige a la Comisión y los Estados miembros que garanticen que el respaldo de los Fondos EIE sea coherente con las políticas y los principios horizontales pertinentes como se establece, entre otros, en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y las prioridades de la Unión.

El marco jurídico aplicable a la política de cohesión se ha reforzado aún más para garantizar que los Estados miembros dispongan de un sistema para gestionar reclamaciones, incluidas aquellas que aleguen una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales.

En el contexto de los Fondos EIE, la disposición del Derecho de la UE que desencadena la aplicación de la Carta puede hallarse en los siguientes Reglamentos y Directivas de la UE:

1.

El RDC.

2.

Reglamentos específicos relativos a cada Fondo.

3.

Reglamentos delegados y de ejecución de la Comisión adoptados sobre la base del RDC o los reglamentos específicos relativos a cada Fondo.

4.

Otros Reglamentos y Directivas de la UE aplicables a las acciones de los Estados miembros destinadas a ejecutar los Fondos EIE. Va más allá del propósito de estas Orientaciones identificar las medidas nacionales de ejecución del resto de Reglamentos y Directivas de la UE aplicables a las acciones de los Estados miembros destinadas a ejecutar los Fondos EIE. Sin embargo, las autoridades nacionales están obligadas a respetar la Carta también en este contexto.

En el ámbito de los Fondos EIE, los Estados miembros están aplicando el Derecho de la UE al establecer la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparar los documentos de programación (1), al establecer el sistema de gestión, seguimiento y control (2), y al ejecutar programas (3) con arreglo al conjunto de Reglamentos citados en los puntos 1 a 3. Por ello, en las siguientes fases los Estados miembros deberían velar por la conformidad con la Carta  (4):

3.1.   Establecimiento de la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparación de los documentos de programación (preparación de marcos estratégicos, Acuerdos de asociación, programas, etc.)

Se considera que los Estados miembros actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE cuando adoptan actos o elaboran documentos con arreglo a una obligación incluida en el RDC o cualquiera de sus actos delegados y de ejecución. Esto incluye, a modo de ejemplo, la preparación del Acuerdo de asociación o de programas operativos (PO).

Cuando los Estados miembros elaboran este tipo de documentos, deben asegurarse, con ayuda de la «Lista de control de los Derechos Fundamentales», de que el contenido del documento es conforme con las disposiciones de la Carta. El contenido del documento debe respetar los derechos protegidos por la Carta y observar los principios que esta contiene.

En este contexto, los derechos y principios más relevantes son los siguientes: igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, derecho a la propiedad y protección del medio ambiente.

3.2.   Establecimiento de los sistemas de gestión, seguimiento y control

Se considera que los Estados miembros actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE cuando establecen las estructuras y los procedimientos que requiere el RDC para la gestión, el seguimiento y el control de los Fondos EIE o, si no se requieren de forma explícita, cuando establecen dichas estructuras para la ejecución del RDC, Reglamentos específicos relativos a los Fondos o cualquiera de sus actos delegados y de ejecución. Esto incluye la designación de las autoridades y los organismos intermedios, los acuerdos de trabajo entre ellos, el establecimiento del Comité de Seguimiento y la adopción de manuales de procedimientos.

Al hacerlo, las autoridades de los Estados miembros deben asegurarse de que se respeten los derechos y principios de la Carta. En este contexto, las disposiciones más relevantes son los artículos 7, 8 y 41 y 47 de la Carta.

El artículo 47 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluido el derecho a ser oído. El artículo 7 versa sobre el respeto de la vida privada y familiar. El artículo 8 trata sobre la protección de los datos de carácter personal, mientras que el artículo 41 trata de la obligación de la administración a motivar sus decisiones.

El derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial debe garantizarse en todos los procedimientos que se realicen para dar cumplimiento a las disposiciones del RDC, los Reglamentos específicos relativos a los Fondos o sus actos delegados y de ejecución.

Por ejemplo, en el caso del TJUE C-562/12 Liivimaa Lihaveis MTÜ vs. Eesti-Läti programmi 2007-2013, el Seirekomitee (Comité de Seguimiento) ha estado siguiendo la ejecución del programa de cooperación transfronteriza entre Estonia y Letonia: el Seirekomitee, un organismo formado por representantes de ambos Estados miembros, tomó las decisiones finales acerca de la evaluación cualitativa de las aplicaciones del proyecto en virtud de dicho programa. El Comité también adoptó un manual del programa, que estipulaba que sus decisiones no podían estar sujetas a apelación ante un órgano jurisdiccional nacional. Aunque la adopción de un manual del programa no se establecía de forma explícita ni en la legislación aplicable del período de programación 2007-2013 ni en ninguna disposición de aplicación de la UE, el TJUE concluyó que era evidente que el manual se había adoptado con la intención de aplicar el Derecho de la UE y que era vinculante para cualquier persona que deseara obtener ayuda con arreglo a dicho programa. Por este motivo, se consideró que la Carta, incluido el artículo 47, era aplicable en este caso. El TJUE sostuvo que excluir del manual del programa la revisión judicial ante un órgano jurisdiccional nacional de una sentencia de denegación de concesión no es conforme con el artículo 47.

En relación con la organización de la asociación, los derechos y principios más relevantes de la Carta incluyen los siguientes: no discriminación, diversidad lingüística, igualdad entre mujeres y hombres e integración de las personas con discapacidad, mientras que en lo relativo a la formulación de normas de afiliación, por ejemplo, sería necesario prestar especial atención a los derechos y principios de no discriminación, diversidad lingüística e igualdad entre mujeres y hombres.

En lo que respecta a las funciones y obligaciones del Comité de Seguimiento, en el marco del establecimiento de un sistema de gestión, seguimiento y control, los derechos y principios más relevantes de la Carta incluirían los de protección de los datos de carácter personal, no discriminación, diversidad lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, igualdad ante la ley y derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

3.3.   Ejecución de programas y realización de acciones concretas establecidas en una descripción del proyecto para trabajos realizados al ejecutar los Fondos EIE

La ejecución de los programas requiere acciones de la autoridad de gestión y los organismos intermedios (5):. Estas acciones, como por ejemplo lanzar convocatorias de propuestas, seleccionar operaciones, firmar acuerdos de subvención, realizar el seguimiento de la ejecución, comprobar las reclamaciones de pago de los beneficiarios, realizar verificaciones in situ, supervisar el trabajo de los organismos intermedios, enviar reclamaciones de pago o preparar y presentar informes, son acciones de aplicación del Derecho de la UE.

Las responsabilidades de las autoridades de certificación en virtud del artículo 126 RDC también suponen tomar medidas de aplicación del Derecho de la UE. También las autoridades de auditoría, cuando preparan una estrategia de auditoría, llevan a cabo la auditoría o preparan un dictamen e informes de auditoría.

Además, como se expone en el capítulo 2.2, Estatuto jurídico de la Carta, esta podría aplicarse a determinados beneficiarios si se cumplen las condiciones mencionadas en el capítulo 2.2 (los Estados miembros adoptan una medida que hace a estos beneficiarios, independientemente de su forma jurídica, responsables de prestar un servicio público controlado por el Estado. Para este fin concreto, disponen de facultades especiales que van más allá de las que se derivarían de las normas habituales aplicables a las relaciones entre personas físicas) (6).

Al desarrollar su cometido, las autoridades nacionales deben asegurarse de que se respeten los derechos y principios de la Carta y, en este contexto, los derechos y principios más relevantes de la Carta son el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la protección de los datos de carácter personal, la igualdad ante la ley y la igualdad de mujeres y hombres, la no discriminación y los derechos del niño, la integración de personas con discapacidad y un nivel elevado de protección del medio ambiente, diversidad lingüística, seguridad en el trabajo, libertad de expresión e información, libertad de reunión y de asociación, derecho a la educación, libertad de empresa, derecho a la propiedad, protección en caso de devolución, expulsión y extradición, respeto de la vida privada y familiar.

3.4.   Aplicabilidad de la Carta en el contexto de la Política de cohesión: ¿por qué es relevante la Carta para las autoridades estatales que gestionan los Fondos EIE?

La violación de un derecho fundamental consagrado en la Carta está sujeta a revisión judicial por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las disposiciones del Derecho de la UE y la legislación nacional basada en el Derecho de la UE deben interpretarse de forma coherente con las obligaciones de la Carta, a fin de dar efecto a los derechos garantizados en virtud de la misma. Cuando un órgano jurisdiccional nacional alberga dudas en cuanto a la aplicabilidad de la Carta o la correcta interpretación de sus disposiciones, puede (y, en el caso de un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, debe) plantear al TJUE una cuestión prejudicial. La respuesta del TJUE permite al órgano jurisdiccional nacional decidir sobre el caso. Los órganos jurisdiccionales nacionales utilizan este procedimiento de forma habitual. Ayuda a desarrollar jurisprudencia relacionada con la Carta y refuerza el papel de estos órganos en su defensa.

La Comisión, como guardiana de los Tratados, tiene el poder de intentar poner fin a las violaciones de la Carta. Puede iniciar procedimientos por incumplimiento en contra de los Estados miembros por la no conformidad con la Carta.

Puesto que la Carta se aplica a los Estados miembros solo cuando ejecutan el Derecho de la Unión, la Comisión no puede iniciar procedimientos por incumplimiento por la no conformidad de la legislación nacional con la Carta, si dicha legislación nacional no aplica el Derecho de la UE. Cuando la Carta no sea aplicable, los derechos fundamentales siguen estando garantizados en el ámbito nacional con arreglo a las constituciones o tradiciones constitucionales de los Estados miembros y los convenios internacionales que han ratificado, cuya observación está garantizada por los órganos jurisdiccionales nacionales.

Además, en el contexto de los Fondos EIE, el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 requiere que las operaciones financiadas con Fondos EIE cumplan con el Derecho aplicable de la UE y la legislación nacional relacionada con su ejecución. Si un Estado miembro no respeta la Carta al realizar acciones o aplicar medidas de ejecución del Derecho de la UE, podría constituir una irregularidad de un operador económico (artículo 2, apartado 36, del RDC). Por ello, la Comisión, cuando proceda, hará uso de los medios de que dispone para asegurar que los Fondos de la UE se utilizan de conformidad con la Carta, en los casos en que sea aplicable, incluidas las interrupciones de los plazos de pago, suspensiones de pagos y correcciones financieras, así como procedimientos por incumplimiento en virtud del artículo 258 TFUE.

El deber de las autoridades nacionales de garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales es especialmente relevante en lo referente a las reclamaciones que reciben los Estados miembros relacionadas con posibles violaciones de la Carta. Relacionada con la cuestión de realizar el seguimiento de la aplicación y ejecución de la Carta en los Estados miembros está la obligación de dichos Estados derivada del artículo 74, apartado 3, del RDC, de establecer mecanismos eficaces para analizar las reclamaciones relacionadas con los Fondos EIE presentadas por personas físicas o jurídicas. Las reclamaciones relacionadas con los Fondos EIE también pueden dirigirse directamente a la Comisión.

4.   CÓMO EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA CARTA: LISTA DE CONTROL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Se invita a las autoridades nacionales responsables de la ejecución de los Fondos EIE a evaluar exhaustivamente si las acciones y medidas (previstas o ya adoptadas) se encuentran en el ámbito del Derecho de la UE y a comprobar si pueden afectar a los derechos fundamentales consagrados en la Carta.

Como herramienta práctica para ayudarles a realizar esta evaluación, se propone la siguiente lista de control opcional.

I.   COMPROBAR si la acción o medida nacional prevista es la medida de aplicación del Derecho de la UE y, por consiguiente, entra en el ámbito de aplicación de la Carta

Nota: esta comprobación no es necesaria para acciones y documentos que, según se indica en estas Orientaciones, aplican el Derecho de la UE

a)

Debe comprobarse si existe alguna obligación en el Derecho de la UE, además de la Carta, aplicable a la acción o medida nacional.

b)

Si existe alguna obligación en el Derecho de la UE, debe comprobarse si la acción o medida nacional está destinada a ejecutarla.

II.   COMPROBAR si existe una posible violación de los derechos fundamentales

1.

¿A qué derechos fundamentales afecta? (Analizar la acción o medida prevista en contra de los derechos fundamentales de la Carta, así como las «Preguntas fundamentales» del anexo III ofrece una primera indicación de a qué derechos fundamentales afecta)

2.

¿Se trata de derechos absolutos? (Como, por ejemplo, la prohibición de la tortura y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre).

Si se determina que la acción o medida analizada limita un derecho absoluto, debería descartarse ya en esta fase, ya que los derechos absolutos no pueden limitarse y no es necesario un análisis más profundo con arreglo a los puntos 3-6.

3.

¿Cuál es el efecto de la acción o medida prevista teniendo en cuenta los derechos fundamentales? Este paso pretende identificar, para todas las partes interesadas, cualquier efecto positivo (fomento de los derechos fundamentales) o negativo (limitación de los mismos).

4.

¿Tiene la acción o medida prevista un efecto tanto positivo como negativo, en función de los derechos fundamentales afectados (por ejemplo, un efecto negativo en la libertad de expresión y positivo en la propiedad intelectual)?

Si el análisis revela que la acción o medida prevista no tendría una incidencia importante en los derechos fundamentales o solo efectos positivos, no se requiere un análisis más profundo con arreglo a los puntos 5 y 6. Si identifica efectos negativos, considere lo siguiente:

5.

¿Prevería la legislación de forma clara y predecible la limitación de los derechos fundamentales o el efecto negativo sobre los mismos?

6.

Esta limitación o efecto negativo:

¿Cumplirían realmente un objetivo del interés general de la Unión o protegerían los derechos y libertades de los demás? (Este paso debería identificar qué objetivo de interés general o protección de derechos y libertades de los demás.)

¿Serían necesarios para lograr el objetivo deseado? (Este paso debe analizar si la medida es adecuada y efectiva para lograr el objetivo perseguido sin ir más allá de lo necesario para conseguirlo. ¿Por qué no existe una medida igual de efectiva, pero que suponga una menor injerencia?)

¿Serían proporcionales al objetivo perseguido?

¿Se ajustarían al contenido esencial de los derechos fundamentales en cuestión?

Si todas estas preguntas pueden responderse afirmativamente, la limitación del derecho fundamental afectado puede considerarse legítima.

Para ilustrar el uso de esta lista de control, más abajo se ofrece un ejemplo concreto de cómo se utiliza basado en los hechos del caso C-401/11 Blanka Soukupová vs. Ministerstvo zemědělství y la evaluación del Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de abril de 2013.

El Estado miembro en cuestión había establecido un plan de ayuda por cese anticipado de la actividad para agricultores cofinanciado por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). El concepto de «edad de jubilación» para poder participar en este plan fue definido por la legislación nacional. La legislación nacional determinó una edad de jubilación que variaba en función del sexo del solicitante y, en el caso de las mujeres, del número de hijos criados.

Si se aplica la lista a este caso concreto, deben analizarse las siguientes preguntas:

1.

¿A qué derechos fundamentales afecta?

El plan de ayuda por cese anticipado de la actividad afecta al principio de igualdad de trato y no discriminación consagrado en los artículos 20, 21, apartado 1, y 23 de la Carta.

2.

¿Se trata de derechos absolutos?

No, los derechos consagrados en los artículos 20, 21, apartado 1, y 23 de la Carta no son derechos absolutos.

3.

¿Cuál es el efecto de la acción o medida prevista teniendo en cuenta los derechos fundamentales? Este paso pretende identificar, para todas las partes interesadas, cualquier efecto positivo (fomento de los derechos fundamentales) o negativo (limitación de los mismos).

Debido a que la «edad de jubilación normal» se determina de modo distinto en función del sexo del solicitante para optar a la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria y que, en el caso de las solicitantes mujeres, depende del número de hijos criados por la solicitante, el plan de ayuda por cese anticipado de la actividad tiene un impacto negativo en el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres y deja a las agricultoras en situación de desventaja respecto a los agricultores.

4.

¿Tiene la acción o medida prevista un efecto tanto positivo como negativo, en función de los derechos fundamentales afectados?

La acción prevista solo tiene un efecto negativo en el derecho afectado, en especial para las mujeres que han criado más hijos. Las mujeres que han criado más hijos disponen objetivamente de un plazo más corto que los hombres y mujeres que han criado menos hijos para presentar la solicitud de registro en el plan de ayudas al cese anticipado de la actividad.

5.

¿Prevería la legislación de forma clara y predecible la limitación de los derechos fundamentales o el efecto negativo sobre los mismos?

Sí, el concepto de «edad de jubilación normal» se definió en la legislación nacional.

6.

Esta limitación o efecto negativo:

¿Cumple realmente un objetivo del interés general de la Unión o protege los derechos y libertades de los demás?

No, la diferencia de trato no cumple ningún objetivo de interés general de la Unión ni protege los derechos y libertades de los demás.

¿Son necesarios para lograr el objetivo deseado? (Este paso debe analizar si la medida es adecuada y efectiva para lograr el objetivo perseguido sin ir más allá de lo necesario para conseguirlo. ¿Por qué no existe una medida igual de efectiva, pero que suponga una menor injerencia?);

No, la medida no es necesaria para lograr el objetivo deseado, que es incitar a estos agricultores a que, con independencia de su sexo y del número de hijos que hayan criado, abandonen prematuramente y de modo definitivo sus actividades agrarias, a fin de garantizar una mayor viabilidad de las explotaciones agrarias. Dichos agricultores, tanto hombres como mujeres, pueden solicitar dicha ayuda siempre que hayan abandonado definitivamente toda actividad agraria con fines comerciales tras haberla ejercido durante los diez años anteriores a la cesión de su explotación y no sean menores de cincuenta y cinco años, pero no tengan aún la edad de jubilación normal en el momento de dicha cesión. El objetivo deseado también podría haberse logrado evitando hacer una distinción basada en el sexo o el número de hijos criados.

Puesto que las preguntas no pueden responderse afirmativamente, la limitación del derecho fundamental afectado (igualdad de trato) no puede considerarse legítima y constituye una violación de los artículos 20, 21, apartado 1, y 23 de la Carta.


(1)  https://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infobaseFrontEndCountryHome.do?btnCountryLinkHome_1

(2)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

(3)  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (adoptada por la Asamblea General en su resolución 61/106 de 13 de diciembre de 2006. Entró en vigor el 3 de mayo de 2008 con la 20.a ratificación)-https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html

(4)  Los ejemplos de acciones de los Estados miembros que se consideran ejecuciones del Derecho de la UE se proporcionan en el contexto del marco jurídico para el período de programación 2014-2020. Sin embargo, desde 2009 las disposiciones de la Carta deben aplicarse, entre otros, en el contexto de ejecución de los Fondos EIE en virtud de las condiciones que se recuerdan en estas Orientaciones.

(5)  Por ejemplo, los Grupos de Acción Local (GAL) a los que hacen referencia los artículos 34, apartado 1, y 125 del RDC cuando actúan como organismos intermedios.

(6)  La lista de verificación que se incluye en el capítulo 4 de estas Orientaciones puede utilizarse para evaluar si una acción determinada de estos beneficiarios representa una acción de aplicación del Derecho de la UE.


ANEXO I

Ejemplos de ejecución del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros en el contexto de los Fondos EIE

En el capítulo 3 de estas Orientaciones, se identificaron las tres fases de ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) que requieren la conformidad con la Carta.

Más adelante se incluye la lista de las disposiciones más relevantes del RDC que requieren acciones y documentos de una autoridad u organismo nacional (central, regional o local). También se ofrecen ejemplos del derecho o principio de la Carta que podría ser relevante para el caso concreto, así como ejemplos de posibles cuestiones relacionadas con derechos fundamentales.

Siempre que los Estados miembros redacten documentos y adopten actos que ejecuten el Derecho de la UE (sea cual sea su forma: decisión, carta, manual, ley, etc.), deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones de respetar todos los derechos consagrados en la Carta.

Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la propiedad, la protección de datos, y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial deben garantizarse en todos los procedimientos que se realicen para dar cumplimiento a las disposiciones del RDC o sus actos delegados y de ejecución.

1.   Definición de la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparación de los documentos de programación

En relación con la preparación de la estrategia de intervención de los Fondos EIE y los documentos de programación, el RDC prevé ciertas acciones de los Estados miembros que son medidas nacionales de ejecución del Derecho de la UE y requieren la conformidad con la Carta. Acciones de los Estados miembros:

preparación y modificación del Acuerdo de asociación: los Estados miembros deben garantizar que se respete la Carta en este proceso conducente a la presentación del documento a la Comisión, así como en el propio documento,

preparación y modificación de programas (artículo 26, apartado 2, y 30 del RDC, artículos 4, apartado 4, 7, 8, 19, apartado 1, y anexo XI del RDC; FEDER, FSE, FC: 96, apartado 2, 96, apartado 4, letra a), 96, apartado 7, 96, apartado 10, del RDC; FEDER: artículo 8, apartados 7 y 12, del Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1); Feader: artículos 10 y 11 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2); FEMP: artículos 17, 18 y 20 del Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 771/2014 de la Comisión (4) y el Reglamento Delegado (UE) n.o 1046/2014 de la Comisión (5),

programas.

Los siguientes derechos/principios de la Carta podrían ser de especial importancia: igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, derecho a la propiedad y protección del medio ambiente.

2.   Establecimiento de los sistemas de gestión, seguimiento y control

Se recomienda a los Estados miembros o a las autoridades que estos designen prestar especial atención a la conformidad con la Carta al establecer el sistema de gestión, seguimiento y control. Los Reglamentos exigen la siguiente lista no exhaustiva de acciones y documentos:

I.    Estados miembros: las acciones pertinentes son las siguientes: establecer un sistema de gestión y control para los programas, organizar una asociación y formular las normas de composición del Comité de Seguimiento.

A)

Establecer sistemas de gestión y control para los programas (artículo 74, apartado 2, del RDC), artículos 7, 72, 74, apartado 2, del RDC, FEDER, FSE, FC, FEMP: 123 del RDC, Feader: artículos 65 y 66 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 y disposiciones relevantes del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6); FEMP: artículos 97 y 99 del Reglamento (UE) n.o 508/2014 y Reglamento Delegado (UE) n.o 1014/2014 de la Comisión (7).

Documentos vinculados al establecimiento de sistemas de gestión y control para los programas:

documentos que contengan las reglas que establecen sistemas de gestión y control,

documentos relativos a procedimientos para garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas [artículo 125, apartado 4, letra c), del RDC],

documentos relativos a procedimientos para respaldar el trabajo del Comité de Seguimiento,

documentos relativos a procedimientos para que un sistema recoja, registre y almacene en formato informatizado los datos de cada operación necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluidos, en su caso, los datos sobre los participantes individuales y, cuando resulte pertinente, un desglose de los datos sobre los indicadores, clasificados por género,

documentos relativos a procedimientos para la supervisión de las funciones delegadas formalmente por la autoridad de gestión con arreglo al artículo 123, apartados 6 y 7, del RDC,

documentos relativos a procedimientos para evaluar, seleccionar y aprobar operaciones y garantizar su conformidad, durante todo el período de ejecución, con la normativa aplicable (artículo 125, apartado 3, del RDC), que comprendan instrucciones y orientación sobre cómo garantizar la contribución de las operaciones a la consecución de los objetivos específicos y los resultados de las prioridades pertinentes, en virtud de las disposiciones del artículo 125, apartado 3, letra a), inciso i), del RDC, y procedimientos destinados a garantizar que las operaciones no se seleccionan donde se han completado físicamente o se han ejecutado íntegramente antes de que el beneficiario solicite la financiación (incluidos los procedimientos aplicados por los organismos intermediarios cuando se han delegado la evaluación, selección y aprobación de las operaciones),

documentos relativos a procedimientos destinados a garantizar la entrega al beneficiario de un documento en el que figuren las condiciones de la ayuda para cada operación, incluidos los procedimientos que persiguen que los beneficiarios mantengan un sistema de contabilidad independiente o un código de cuentas adecuado para todas las transacciones relacionadas con una operación,

documentos relativos a procedimientos para las verificaciones de las operaciones (en consonancia con los requisitos previstos en los artículos 125, apartados 4 a 7, del RDC), incluidos los procedimientos que pretenden garantizar la conformidad de las operaciones con las políticas de la Unión (como las relativas a la asociación y a la gobernanza multinivel, a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, a la no discriminación, a la accesibilidad de las personas con discapacidad, al desarrollo sostenible, a la contratación pública, a la ayuda estatal y a las normas medioambientales), y la identificación de las autoridades o los organismos que efectúan tales verificaciones,

documentos relativos a los procedimientos mediante los cuales se reciben de parte de los beneficiarios las solicitudes de reembolso, se verifican y se validan, y mediante los cuales se autorizan, ejecutan y contabilizan los pagos efectuados a los beneficiarios, de conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 122, apartado 3, del RDC a partir de 2016 (incluidos los procedimientos que usan los organismos intermediarios cuando se ha delegado la labor de tramitación de las solicitudes de reembolso), a fin de respetar el plazo de 90 días de pago a los beneficiarios establecido en el artículo 132 del RDC,

documentos relativos a procedimientos para elaborar y presentar a la Comisión los informes anuales y finales de ejecución [artículo 125, apartado 2, letra b), del RDC], incluidos los procedimientos para recabar y registrar datos fiables sobre los indicadores de resultados [artículo 125, apartado 2, letra a), del RDC];

documentos relativos a procedimientos para elaborar la declaración del órgano directivo [artículo 125, apartado 4, letra e), del RDC],

documentos relativos a procedimientos para la elaboración del resumen anual de los informes de auditoría definitivos y de los controles realizados, incluido un análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y deficiencias detectados en los sistemas, así como las medidas correctoras adoptadas o previstas [artículo 125, apartado 4, letra e), del RDC],

documentos relativos a procedimientos para comunicar al personal los procedimientos anteriores, así como una indicación de la formación organizada o prevista y de cualquier orientación publicada (fecha y referencia),

documentos relativos a procedimientos de los organismos intermedios utilizados para desempeñar las tareas delegadas, así como de los procedimientos de la autoridad de certificación para supervisar la eficacia de las tareas delegadas en los organismos intermedios,

documentos relativos al procedimiento de notificación y corrección de irregularidades (incluido el fraude) y su seguimiento, y registro de los importes retirados y recuperados, de los que deben recuperarse, de los irrecuperables y de los relacionados con operaciones suspendidas en virtud de un procedimiento judicial o un recurso administrativo con efecto suspensivo;

documentos relativos al procedimiento destinado a cumplir la obligación de notificación de irregularidades a la Comisión de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del RDC,

documentos relativos a procedimientos para la elaboración y presentación de solicitudes de pago,

documentos relativos a las disposiciones vigentes para que la autoridad de certificación pueda acceder a toda la información sobre las operaciones necesaria para la elaboración y presentación de solicitudes de pago, incluidos los resultados de las verificaciones de la gestión (en consonancia con el artículo 125 del RDC) y todas las auditorías pertinentes,

documentos relativos al procedimiento aplicado para elaborar las solicitudes de pago y presentarlas a la Comisión, incluido el procedimiento para garantizar el envío de la solicitud final de pago intermedio antes del 31 de julio, tras finalizar el ejercicio anterior;

documentos relativos al sistema contable utilizado como base para la certificación de las cuentas de gastos a la Comisión [artículo 126, letra d), del RDC],

documentos relativos a los procedimientos en vigor para establecer las cuentas a que se hace referencia en el artículo 59, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) [artículo 126, letra b), del RDC],

documentos relativos a disposiciones para la certificación de la exhaustividad, la exactitud y la veracidad de las cuentas y de que el gasto anotado en las cuentas cumple el Derecho aplicable (artículo 126, letra c del RDC), teniendo en cuenta los resultados de todas las verificaciones y auditorías,

documentos relativos al sistema destinado a garantizar la rápida recuperación de ayuda pública, incluida la ayuda de la Unión,

documentos relativos a procedimientos apropiados para garantizar una pista de auditoría adecuada mediante la conservación de registros contables en formato digital, incluidos los importes recuperados, las cuantías que cabe recuperar, las cuantías retiradas a partir de una solicitud de pago, los importes irrecuperables y las cuantías relacionadas con las operaciones suspendidas en virtud de alguna resolución judicial o algún recurso contencioso-administrativo con efecto suspensivo, para cada operación, incluidas las recuperaciones resultantes de la aplicación del artículo 71 del RDC sobre la durabilidad de las operaciones,

documentos relativos a disposiciones para deducir los importes recuperados o los que se deben retirar del gasto que se ha de declarar,

documentos relativos al sistema de información, incluido el diagrama de flujo (sistema de red central o común o sistema descentralizado con conexiones entre los sistemas),

documentos relativos a procedimientos para verificar que la seguridad de los sistemas informáticos está garantizada,

legislación nacional sobre subvencionabilidad para programas operativos y programas de desarrollo rural,

adopción de reglas de subvencionabilidad de los gastos para programas de cooperación.

Los Estados miembros deben respetar los derechos protegidos por la Carta y observar los principios que contiene al establecer la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparar los documentos de programación. En este contexto, las disposiciones más relevantes son el artículo 47 de la Carta, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluido el derecho a ser oído, el artículo 7 relativo al respeto de la vida privada y familiar, y el artículo 8 sobre la protección de los datos de carácter personal.

B)

Organización de una asociación (artículo 5, apartados 1 y 2, del RDC), artículos 5, 7, 15, apartado 1, letras c) y d), del RDC, artículos 2, 3, 4 del Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión (9)

Documentos relevantes para la organización de una asociación: documentos relativos a disposiciones para la asociación en el Acuerdo de asociación y otros documentos relativos a la organización de la asociación

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen:

no discriminación, diversidad lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad

C)

Formulación de las normas de composición del Comité de Seguimiento así como el reglamento interno del Comité de Seguimiento (artículo 10, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión), artículos 7, 47, apartados 1 a 3 (10), 48, apartado 1, del RDC

Documentos pertinentes: documentos relativos a las normas de composición del Comité de Seguimiento y el reglamento interno del Comité de Seguimiento

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, diversidad lingüística

II.    Comité de seguimiento

Análisis y aprobación de la estrategia de comunicación para el programa operativo y cualquier modificación de la estrategia, los criterios de selección de operaciones [artículo 110, apartado 2, letras a) y d), del RDC, Feader: artículo 74, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1305/2013]

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: protección de los datos de carácter personal, no discriminación, diversidad lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad

Establecimiento de normas adicionales de subvencionabilidad de los gastos en virtud de los programas CTE (artículo 18, apartado 2 del Reglamento CTE)

Documentos pertinentes: documento que establezca normas adicionales de subvencionabilidad de los gastos en virtud de los programas CTE

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, diversidad lingüística, integración de personas con discapacidad, igualdad ante la ley, derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

3.   Ejecución de los programas:

En la ejecución de los programas, a continuación se ofrece una lista de ejemplos de acciones y documentos derivados del RDC, en los que los Estados miembros o las autoridades que estos designen deberían prestar especial atención a la conformidad con la Carta.

I.    Autoridad de gestión/organismo intermedio

Acción pertinente: preparación y, una vez aprobados por el Comité de Seguimiento, aplicación de los procedimientos y criterios de selección apropiados, incluida la preparación de convocatorias de propuestas [artículo 125, apartado 3, letra a), del RDC, artículos 4, apartado 4, 7, 8, 34, 36, apartado 3, 47, apartado 1, del RDC], FEDER, FSE, FC, FEMP: artículo 125, apartado 3, letra a), del RDC y Reglamentos Delegados (UE) 2015/288 (11) y (UE) 2015/852 (12), Feader: artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, artículo 113 del Reglamento (UE) n.o 508/2014, artículo 12 del Reglamento CTE (13), artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea

Documentos pertinentes para esta acción:

documentos relativos al proceso de selección,

documentos relativos a los criterios de selección.

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: protección de los datos de carácter personal, diversidad lingüística, igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, protección del medio ambiente, derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, seguridad en el trabajo.

Acción pertinente: ejecución de programas que permitan recabar datos sobre las operaciones seleccionadas para recibir financiación, artículos 4, apartados 4 y 5, 7, 8, 74 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, FEDER, FSE, FC, FEMP: 122, 123 del RDC, artículo 21 del Reglamento CTE, Feader: artículos 65 y 66 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 y disposiciones relevantes del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, artículo 97 FEMP del Reglamento (UE) n.o 508/2014 y Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1242/2014 (14) y (UE) n.o 1243/2014 (15) de la Comisión.

Documentos pertinentes para esta acción:

documentos que establezcan las condiciones de la ayuda para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución [artículo 125, apartado 3, letra c), del RDC],

notificaciones de los proyectos de gran envergadura seleccionados [artículo 102, apartado 1, párrafo primero, del RDC, artículo 1 y anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1011/2014 de la Comisión (16)].

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: protección de los datos de carácter personal, libertad de expresión y de información, libertad de reunión y de asociación, derecho a la educación, libertad de empresa, derecho a la propiedad, protección en caso de devolución, expulsión y extradición, igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, protección del medio ambiente, derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Acción pertinente: facilitar a los beneficiarios potenciales información sobre las oportunidades de financiación [artículo 115, apartado 1, letra c), del RDC]: artículos 7, FEDER, FSE, FC: 115, apartado 1, letra c del RDC, Feader: artículo 66, apartado 1, letra i), del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 (17)

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: igualdad ante la ley, no discriminación

Acción pertinente: mantener y proporcionar acceso a la lista de operaciones accesible a través del sitio o portal web únicos (artículo 115, apartado 2, del RDC): FEDER, FSE, FC: artículo 115, apartado 2, del RDC (18); anexo V FEMP al Reglamento 508/2014 y Reglamento de Ejecución (UE) n.o 763/2014 (19).

Documentos pertinentes para esta acción: información en un sitio o portal web

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal

II.    Comité de seguimiento

Acción pertinente: selección de operaciones (artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1299/2013): artículos 4, apartado 4, 7, 8, 29, apartado 4, 47, apartado 1, del RDC, FEDER, Feader: artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, protección del medio ambiente, derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Acción pertinente: análisis y aprobación del informe anual de ejecución

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: Protección de datos personales

III.    Autoridad de certificación

Acciones pertinentes: elaboración, certificación y presentación de solicitudes de pago, preparación de las cuentas, certificación de la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas y de que el gasto anotado en las cuentas cumple el Derecho aplicable y se ha contraído en relación con operaciones seleccionadas para recibir financiación de conformidad con los criterios aplicables al programa operativo, así como con el Derecho aplicable, garantizar que exista un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los registros contables de cada operación (y otras funciones de conformidad con el artículo 126 del RDC).

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: Protección de datos personales

IV.    Autoridad de auditoría

Acción pertinente: realización de auditorías (artículo 127, apartados 1 y 2, del RDC)

Documentos pertinentes: estrategia de auditoría (artículo 127, apartado 4 del RDC), un dictamen de auditoría de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 59, apartado 5, del Reglamento Financiero, un informe de control [artículo 127, apartado 5, letras a) y b), del RDC]

Los derechos/principios relevantes de la Carta incluyen: protección de los datos de carácter personal, respeto de la vida privada y familiar, no discriminación.


(1)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.

(2)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 487.

(3)  DO L 149 de 20.5.2014, p. 1.

(4)  DO L 209 de 16.7.2014, p. 20.

(5)  DO L 291 de 7.10.2014, p. 1.

(6)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.

(7)  DO L 283 de 27.9.2014, p. 11.

(8)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(9)  DO L 74 de 14.3.2014, p. 1.

(10)  Para los programas CTE.

(11)  DO L 51 de 24.2.2015, p. 1.

(12)  DO L 135 de 2.6.2015, p. 13.

(13)  En virtud del artículo 12, apartado 1, del Reglamento CTE, las operaciones con arreglo a programas CTE son seleccionadas por el Comité de Seguimiento o, si procede, el Comité Director.

(14)  DO L 334 de 21.11.2014, p. 11.

(15)  DO L 334 de 21.11.2014, p. 39.

(16)  DO L 286 de 30.9.2014, p. 1.

(17)  En virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento CTE, esta tarea corresponde a la secretaría conjunta.

(18)  Véase la nota 17 a pie de página.

(19)  DO L 209 de 16.7.2014, p. 1.


ANEXO II

Derechos fundamentales en la UE más allá de la Carta

La Carta es coherente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos adoptado en el marco del Consejo Europeo. Si la Carta contiene derechos que derivan de este Convenio, su significado y alcance serán los mismos (artículo 52, apartado 3 de la Carta) (1).

En lo referente a la integración de personas con discapacidad (artículo 26 de la Carta), la UE ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) en diciembre de 2010. Por consiguiente, la CDPD de las Naciones Unidas es «parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión Europea» (2). Además, los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea tienen prioridad sobre los actos de Derecho derivado. Por ello, estos últimos deben interpretarse de forma coherente con la CDPD de las Naciones Unidas (3). Puesto que tanto la UE como los Estados miembros son partes contratantes independientes y ambos tienen competencia en los ámbitos que cubre la CDPD de las Naciones Unidas, la Convención es un acuerdo «mixto» en el contexto de la UE. Todas las disposiciones de la CDPD de las Naciones Unidas que son competencia de la UE son vinculantes para sus instituciones. Asimismo, el Derecho de la UE obliga a los Estados miembros a aplicar la Convención siempre que sus disposiciones sean de la competencia de la UE. La aplicación de la Convención en los ámbitos que no son competencia de la UE recae exclusivamente en los Estados miembros. A pesar de tener competencias diferentes, la Unión y sus Estados miembros están sujetos al deber de cooperación leal en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los acuerdos «mixtos» citados. En su declaración con motivo de la ratificación, la UE facilitó a las Naciones Unidas una lista de actos de la Unión que «ilustran el alcance de las competencias de la Comunidad, conforme al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. […]». El Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (4), se menciona de forma explícita en esta declaración. Para poder ayudar a los Estados miembros a respetar sus obligaciones en virtud de la CDPD de las Naciones Unidas, los servicios de la Comisión Europea han desarrollado dos Documentos de orientación (5) y un conjunto de instrumentos sobre desinstitucionalización (6).

En relación con la prohibición de discriminación por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales (artículo 21 de la Carta), la Comisión ha publicado un Documento de orientación sobre la lucha contra la segregación en el alojamiento y la educación para las comunidades marginadas (7).

En lo relativo a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales procesales, el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, el «Convenio de Aarhus») fue firmado por la Comunidad y posteriormente aprobado mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo (8). Por consiguiente, las disposiciones de dicho Convenio son parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión Europea (9). Además, prevalecen sobre el Derecho derivado de la UE, por lo que este último debe interpretarse de forma coherente con el Convenio de Aarhus (10).

Además, el artículo 7 TUE puede aplicarse en caso de riesgo de una violación grave por parte de un Estado miembro de los valores de la Unión recogidos en el artículo 2, los cuales incluyen el respeto de los derechos humanos y la igualdad ante la ley. El procedimiento puede dar lugar a la suspensión de determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro en cuestión.

Para terminar, debería tenerse en cuenta que los principios generales del Derecho de la UE establecidos en la jurisprudencia del TJUE son una fuente adicional de derechos fundamentales en el Derecho primario de la UE. De conformidad con el artículo 6 TUE y la jurisprudencia del TJUE, tienen una relevancia permanente para la protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la UE junto con la Carta.

Se aplican los principios generales, junto con la Carta, siempre que los Estados miembros actúen en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. Por ejemplo, el artículo 41 de la Carta, que versa sobre el derecho a una buena administración, no está dirigido a los Estados miembros, sino solo a la Unión. Sin embargo, en los casos en que los Estados miembros actúen en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, podría seguir siendo de aplicación el principio general de buena administración.


(1)  El Servicio de prensa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recopilado fichas de datos por tema sobre la jurisprudencia del Tribunal y los casos pendientes. Estas fichas de datos resultan de gran utilidad en caso de duda sobre interpretaciones de determinados derechos fundamentales. Pueden consultarse en el siguiente enlace:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=#n1347890855564_pointer

Véase, en particular, la reciente ficha de datos sobre medio ambiente y el CEDH, que incluye un resumen de cuestiones relacionadas, entre otras, con las molestias (olores, ruido y humos contaminantes), que, en algunos casos, representaban un incumplimiento del artículo 8 del CEDH relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 7 de la Carta (la redacción del artículo 8 del CEDH y el artículo 7 de la Carta es similar):

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf

(2)  Véase, por ejemplo: TJUE, Asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 HK Danmark, Sentencia de 11 de abril de 2013, apartado 30.

(3)  Véase, por ejemplo: TJUE, Asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 HK Danmark, Sentencia de 11 de abril de 2013, apartado 29.

(4)  DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.

(5)  Directrices comunes europeas para la transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf, y Nota de orientación temática sobre Transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local (desinstitucionalización), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_deinstitutionalistion.pdf

(6)  Conjunto de instrumentos sobre la utilización de fondos de la Unión Europea para la transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Toolkit-07-17-2014-update-WEB.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf

(8)  DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.

(9)  Asunto C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie [2011] Rec. p. I-01255, apartado 30.

(10)  Véase la nota 3 a pie de página.


ANEXO III

Preguntas fundamentales

Las siguientes preguntas (1) ofrecen orientaciones generales acerca de qué asuntos concretos deberían considerarse al comprobar la conformidad de las acciones y los documentos mencionados en el anexo I con los Derechos fundamentales.

Impacto en los derechos fundamentales

Preguntas fundamentales

Generalidades

¿A qué derechos fundamentales afecta?

¿Se trata de derechos absolutos (que puede que no estén sujetos a limitaciones, como la dignidad humana y la prohibición de la tortura)?

¿Tiene la acción (2) un impacto tanto positivo como negativo, en función de los derechos fundamentales afectados (por ejemplo, un impacto negativo en la libertad de expresión y positivo en la propiedad intelectual)?

Dignidad

¿Afecta la acción a la dignidad humana, el derecho a la vida o la integridad de las personas?

¿Plantea la acción asuntos (bio)éticos (clonación, uso del cuerpo humano o sus órganos con ánimo de lucro, investigación/experimentación genética, uso de información genética)?

¿Conllevaría riesgo de tortura, o castigo o trato inhumano o degradante?

¿Tendría algún efecto relacionado con el trabajo forzado o la trata de seres humanos?

Personas físicas, vida privada y familiar, libertad de conciencia y expresión

¿Afecta al derecho a la libertad de las personas?

¿Afecta la acción al derecho al respeto de la vida privada (incluido el domicilio y las comunicaciones)?

¿Afecta al derecho de las personas físicas a circular libremente por la UE?

¿Afecta al derecho a contraer matrimonio y formar una familia o a la protección jurídica, económica o social de la familia?

¿Afecta la acción a la libertad de pensamiento, conciencia y religión?

¿Afecta a la libertad de expresión e información?

¿Afecta a la libertad de reunión y de asociación?

¿Afecta a la libertad de las artes y de las ciencias?

Datos personales

¿Implica la acción el tratamiento de datos personales?

¿Quién procesa los datos personales y con qué propósito?

¿Se garantiza el derecho de acceso, rectificación y oposición de las personas físicas?

¿Se notificó el tratamiento de datos a la autoridad competente?

¿Implican también transferencias internacionales las cadenas de tratamiento/transferencia de datos? En ese caso, ¿existen garantías adecuadas en el caso de las transferencias internacionales?

¿Se garantiza la seguridad de las actividades de tratamiento de datos desde un punto de vista técnico y organizativo?

¿Existen garantías de que cualquier interferencia en el derecho a la protección de datos sea proporcionada y necesaria?

¿Se aplican mecanismos de revisión y supervisión apropiados/específicos?

Asilo y protección en caso de devolución, expulsión y extradición

¿Afecta la acción al derecho de asilo y garantiza la prohibición de la expulsión colectiva o la extradición de personas a Estados en los que corren el riesgo de ser sometidas a la pena de muerte, a tortura o a otros tratos degradantes?

Derecho a la propiedad y libertad de empresa.

¿Afecta a los derechos de propiedad (terrenos, bienes muebles, activos materiales/inmateriales)? ¿Se limitan los derechos de adquisición, venta o uso de la propiedad?

En caso afirmativo, ¿se produce una pérdida completa de la propiedad? En ese caso, ¿cuáles son las justificaciones y los mecanismos de compensación?

¿Afecta la acción a la libertad de empresa o impone requisitos adicionales que aumentan los costes de la transacción para los operadores económicos implicados?

Igualdad de género, igualdad de trato y oportunidades, no discriminación y derechos de las personas con discapacidad

¿Garantiza esta acción el principio de igualdad ante la ley y afectaría de forma directa o indirecta al principio de no discriminación, igualdad de trato, igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos?

¿Tiene la acción un impacto (directo o indirecto) diferente para mujeres y hombres?

¿Cómo fomenta la acción la igualdad entre mujeres y hombres?

¿Implica la acción algún trato diferente de grupos o personas por razón de género, raza, orígenes étnicos, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual? ¿Podría llevar a una discriminación indirecta?

¿Garantiza la acción el respeto de los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad? ¿Cómo? (Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ESTXT/?uri=CELEX:32010D0048)

Derechos del niño

¿Refuerza o limita los derechos del menor (o grupo)? ¿Qué justificación tiene esa posible limitación?

¿Tiene en cuenta la acción el principio del interés superior del niño?

¿Ayuda la acción a fomentar la protección de los derechos del niño? Al hacerlo, ¿tiene en cuenta también los derechos y principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)? En caso afirmativo, ¿a qué artículos afecta?

¿Cómo se fomentan los principios rectores de la CDN de las Naciones Unidas en la acción?

¿Impide la acción alguno de los principios rectores de la CDN de las Naciones Unidas?

¿Qué pasos se han dado para mejorar o compensar cualquier efecto negativo de la acción?

¿Se ha respetado el derecho del menor a ser oído en todas las cuestiones que le afectan?

¿Contribuye la acción a fomentar sistemas de justicia accesibles a los menores adaptados a sus necesidades, edad y madurez?

Buena administración/Tutela judicial efectiva/Justicia

¿Se convertirán en más onerosos los procedimientos administrativos actuales?

¿Garantizarán el derecho a ser oído, el derecho de acceso al expediente con respeto del secreto profesional y comercial, y la obligación de la administración a motivar sus decisiones?

¿Afecta al acceso a la justicia de las personas físicas?

En el caso de que la acción afecte a derechos y libertades garantizados por la legislación de la Unión, ¿prevé el derecho a una tutela efectiva ante un tribunal?

Si la acción se refiere al Derecho penal o prevé sanciones de Derecho penal, ¿existen medidas de salvaguarda que garanticen la Presunción de inocencia y los derechos de la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción?

Solidaridad y derechos de los trabajadores

¿Respeta la acción los derechos de los trabajadores, como por ejemplo: el derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, el derecho de negociación y de acción colectiva, el derecho de acceso a los servicios de colocación, la protección en caso de despido injustificado, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, la prohibición del trabajo infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo, y el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales?

Protección del medio ambiente

¿Contribuye la acción a un nivel alto de protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad del entorno de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible?


(1)  La Comisión ha desarrollado y utiliza estas preguntas para controlar la evaluación del impacto en el contexto del Paquete «Legislar mejor».

(2)  Acciones para ejecutar programas y realizar acciones concretas establecidas en una descripción del proyecto para trabajos realizados al ejecutar los Fondos EIE (acción).


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