21.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 19/9

1.

considera que la política de cohesión es una de las que más caracteriza al modelo europeo, así como la más adecuada, por su potencial reformista de las economías y de las administraciones y por su influencia general y multinivel, para contribuir a una estructura que permita a la Unión y sus territorios responder a los grandes desafíos de nuestra época, desde la globalización al cambio climático, el suministro energético y el desarrollo sostenible;

2.

subraya que, durante la crisis económica, la política de cohesión ha demostrado su contribución al mantenimiento del nivel de las inversiones públicas en diferentes Estados miembros, desde el punto de vista tanto de su cantidad como de su calidad, gracias a mecanismos de selección que garantizan su coherencia con las estrategias europeas;

3.

considera que los entes territoriales son, en muchos casos, los principales responsables administrativos del gasto público en inversiones y que la política de cohesión, instrumento esencial para su protagonismo europeo, debe aumentar la capacidad de prestar servicios de calidad a los ciudadanos;

4.

estima que las consecuencias de la crisis financiera y económica para las finanzas públicas en toda Europa aumentan la necesidad de prever una reactivación de inversiones públicas y privadas sostenibles, así como de prestar una mayor atención a los procesos de gasto para asegurar su eficiencia, regularidad y rapidez;

5.

hace hincapié en la necesidad de articular mejor la política de cohesión y la Estrategia Europa 2020, cuya revisión intermedia dará comienzo en 2015. Concretamente, esta articulación podría hacerse a través de la integración en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento presentado anualmente en septiembre al inicio del Semestre Europeo, de un capítulo dedicado a la cohesión económica, social y territorial en sustitución de los informes intermedios sobre la cohesión publicados en el pasado entre los informes sobre la cohesión;

6.

considera que el papel de la política de cohesión es fundamental en un momento en el que el equilibrio entre medidas de austeridad y crecimiento y la definición de un nuevo modelo de desarrollo que responda a las presiones de la globalización son cuestiones cruciales de la agenda europea. Y es precisamente en este contexto — y en una perspectiva de presión sobre las finanzas públicas — en el que la intervención europea debe seguir apoyando el crecimiento, dirigiendo las intervenciones hacia fines estratégicos para los diferentes territorios y para la economía europea, y construyendo un sistema administrativo eficaz para afrontar los desafíos de la globalización. A este respecto, y precisamente para el comienzo del período de programación 2014-2020, considera útil reflexionar sobre las modalidades para asegurar el máximo papel a la política de cohesión, explotar las sinergias con otros instrumentos y mejorar su conocimiento entre los ciudadanos europeos;

7.

acoge favorablemente el Sexto informe, por considerar que constituye un importante instrumento de información sobre el curso de la política de cohesión, sus resultados y sus dificultades operativas, así como los problemas que está llamada a afrontar en los próximos años y las posibilidades brindadas por su eficaz utilización;

8.

subraya que un adecuado funcionamiento de la gobernanza multinivel, con una estructura eficaz para responder a las demandas de ciudadanos y empresas y un sistema de contratación pública transparente e innovador, es crucial para mejorar el impacto de la política de cohesión. A tal fin, el Comité, de acuerdo con el Sexto informe, recomienda la utilización de los recursos y de los conocimientos facilitados por la política de cohesión para un decidido refuerzo de la capacidad administrativa, incluso a través de un mayor recurso a las nuevas tecnologías y la apuesta por agilizar los trámites burocráticos;

9.

considera que, para mejorar la calidad del gasto público, además de la eficacia en la asignación de los recursos, deben considerarse las diferencias territoriales y específicas que puedan constituir un obstáculo al crecimiento, así como analizar sus efectos en las intervenciones y tratar de adaptar estas últimas a fin de aumentar el impacto de la política de cohesión (1);

10.

subraya que, dada la específica vulnerabilidad de muchas economías en la actual situación de crisis, las políticas públicas deben concentrarse en la capacidad de respuesta rápida y eficaz a las perturbaciones económicas. El Comité considera que los Fondos Estructurales, concebidos para el ajuste estructural y económico a largo plazo, deben ir acompañados de medias de estímulo a corto plazo;

11.

subraya, como se indica en el Sexto informe, que el desarrollo de un nuevo emprendimiento depende, en parte, de la facilidad de hacer empresa y que tal aspecto varía considerablemente en el interior de los Estados miembros. A este respecto el Comité considera necesario proceder a la simplificación de normas e instrumentos, la reducción de cargas administrativas y la mejora de las condiciones generales para las inversiones, así como al fomento de las habilidades emprendedoras en el ámbito de la educación y la formación;

12.

está de acuerdo en la importancia de un crecimiento «inteligente» como oportunidad para promover economías regionales más competitivas y menos vulnerables a perturbaciones externas. Por ello, el Comité anima a las regiones y ciudades a desarrollar de manera orgánica y continua iniciativas para estimular el emprendimiento en los sectores innovadores y concentrar las propias inversiones en sectores «de futuro» como la agroalimentación (tecnologías agrarias, veterinaria y tecnología de los alimentos), la economía verde, las industrias creativas, las iniciativas de sanidad electrónica (e-Health), el turismo y los servicios sociales, la denominada «economía plateada». Por ello el Comité invita a la Comisión a apoyar a los entes regionales a la hora de ejecutar eficazmente en el ámbito regional las «estrategias de especialización inteligente» que estos elaboren con arreglo a lo estipulado en la UE;

13.

considera que los cambios vinculados a la economía globalizada tienen un gran efecto sobre el empleo, por lo que es necesario centrar la atención en la modernización del mercado laboral, para ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo, y en la formación orientada a crear las competencias que requieren los nuevos desafíos de la economía. En este sentido, el Comité señala el papel fundamental del Fondo Social Europeo (en adelante, el FSE) para apoyar políticas activas y, en particular, las dirigidas a mejorar los conocimientos de los trabajadores y su adaptación a los cambios sociales, tecnológicos y culturales;

14.

subraya que la política de cohesión destina una parte de su financiación a apoyar iniciativas en el ámbito de la formación y educación, y recuerda que uno de los efectos de la crisis es el notable aumento del desempleo juvenil. El Comité subraya el papel clave que los entes regionales y locales desempeñan en este ámbito, y considera necesario el refuerzo de los vínculos entre el paquete de medidas sobre el empleo juvenil (2) y las actividades financiadas por el FSE, con especial atención a la Garantía Juvenil y los instrumentos de acceso al trabajo;

15.

considera que, a la luz del aumento de la pobreza y de la exclusión social registrado en la sociedad europea, las políticas públicas deben reforzar los instrumentos a favor de las personas más necesitadas, recurriendo incluso a iniciativas de nivel europeo y la utilización de los recursos de la cohesión;

16.

reconoce que las cuestiones urbanas ocupan un lugar destacado en el análisis del Sexto informe sobre cohesión, a la luz de la importancia del fenómeno metropolitano en las economías globalizadas y de las posibles repercusiones en términos de sostenibilidad, pero lamenta que no se preste una mayor atención a las enormes diferencias de desarrollo entre zonas rurales y urbanas y, por ello, mantiene la exigencia de promover un crecimiento geográficamente equilibrado y policéntrico entre los diversos territorios, incluso a través de una acción que afronte con decisión la cuestión de la brecha digital y una política de transporte sostenible basada en una estrategia diferenciada en función de las especificidades territoriales;

17.

recuerda la importancia de un crecimiento que cree nuevas oportunidades económicas a través del desarrollo de energías limpias y eficientes. El Comité valora positivamente que, en los últimos años, los entes locales hayan aumentado las inversiones públicas en el sector medioambiental, y hace hincapié en el afán de las ciudades y regiones europeas por una transición hacia un crecimiento más verde. A este respecto el Comité solicita el refuerzo del Pacto de los Alcaldes para aumentar y completar el esfuerzo de las administraciones territoriales en la lucha contra el cambio climático;

18.

considera que la política de cohesión de la UE, con sus objetivos de lograr la cohesión económica, social y territorial, aportará también en el futuro una importante contribución a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Debido a la vinculación más estrecha existente entre los objetivos de crecimiento y de convergencia, la política de cohesión respaldará la reducción de los desequilibrios en la Unión Europea en lo que respecta a la consecución de los objetivos centrales de la Estrategia y contribuirá así a crear un bienestar duradero en el conjunto de Europa. Este potencial se aprovechará de manera coherente si, en virtud del enfoque de asociación de la política de cohesión, se abordan de manera concreta las condiciones locales y posibilidades de cada territorio mediante estrategias regionales.

19.

reitera su solicitud de no incluir los gastos públicos realizados por los Estados miembros y los entes territoriales en el marco de la cofinanciación de los Fondos Estructurales y de Inversión entre los gastos estructurales, públicos o asimilados definidos en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Así, en efecto, se liberarían recursos para inversiones seleccionadas sobre la base de criterios de interés europeo y se agilizarían los procesos de gasto;

20.

subraya, como se indica en el Sexto Informe, que las orientaciones para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte establecen el objetivo de contar con una auténtica red multimodal a escala de la UE, que debe incluir las vías ferroviarias, mediante la creación de una infraestructura nueva, pero también mejorando la existente. A este respecto, el Comité considera necesario disponer de unos medios de transporte sostenibles, competitivos y eficientes desde el punto de vista energético y más ecológicos, favorecer la intermodalidad, el uso complementario de los distintos modos de transporte, así como la necesidad de proyectos en infraestructuras en las zonas menos desarrolladas, las que sufren barreras físicas al mercado interior (como las zonas periféricas y de montaña) y las que tienen problemas de cohesión territorial;

21.

para aumentar y completar el volumen de las inversiones destinadas al crecimiento, aboga por la mejora de las sinergias entre los instrumentos presupuestarios de los diferentes niveles de gobierno nacionales y los instrumentos financieros de la UE. En este contexto, el Comité considera prioritario profundizar la reflexión sobre el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Europeo de Inversiones para conseguir una ampliación de su mandato y su refuerzo patrimonial. El Comité señala que el inicio del período de programación podría ser adecuado para definir financiaciones del BEI específicamente destinadas al desarrollo regional, con una duración y condiciones determinadas por las necesidades de la administración de los gastos. Además, hay que sopesar la posibilidad de asegurar al BEI un papel de vigilancia de determinadas inversiones promovidas por las administraciones territoriales. La institución financiera de la Unión, en particular, podría evaluar su calidad y coherencia respecto de las grandes opciones estratégicas europeas, incluso a fin de conseguir un trato privilegiado de los préstamos necesarios para su realización a los fines del Pacto de Estabilidad.

22.

reitera su inquietud por el hecho de que, debido a la condicionalidad macroeconómica, la eficacia y utilidad de los Fondos Estructurales y de Inversión se vean comprometidas por las políticas macroeconómicas de los Estados miembros;

23.

solicita a la Comisión que evalúe en qué medida los requisitos previos en materia de condicionalidad han contribuido al considerable retraso en la conclusión de los acuerdos de asociación y de los programas operativos;

24.

señala que los indicadores utilizados en el marco del procedimiento para los desequilibrios macroeconómicos introducidos en el llamado paquete legislativo «Six-pack» tienen un carácter exclusivamente económico. El Comité pide que también se tengan en cuenta los indicadores sociales, medioambientales y territoriales en el marco de evaluación utilizado por la Comisión para decidir la adopción de una recomendación preventiva a un Estado miembro o, en los casos más graves, para dar comienzo al procedimiento para subsanar los desequilibrios macroeconómicos, en el sentido de los objetivos centrales de la Estrategia Europa 2020. El Comité considera que el estrecho vínculo entre los objetivos financieros y fiscales y la política de cohesión podría debilitar la aplicación de las medidas de cohesión territorial;

25.

aboga por un mayor respeto del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en materia de cohesión territorial, con especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por procesos de transición industrial y a las regiones que presentan grandes y permanentes desventajas naturales o demográficas, como las más septentrionales con baja densidad de población, así como las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. Por otra parte, hay que considerar otros aspectos demográficos que tienen un impacto importante en las regiones, como la despoblación, el envejecimiento y la elevada dispersión demográfica. El Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea que, a la hora de aplicar la política de cohesión, preste especial atención a las zonas más desfavorecidas desde el punto de vista geográfico y demográfico;

26.

subraya el apoyo esencial de la política de cohesión, como motor de crecimiento y de cambio, a las regiones menos desarrolladas que necesitan esfuerzos sostenidos a largo plazo;

27.

solicita asimismo que, en el ámbito de la definición y aplicación de la política de cohesión, se preste una mayor atención a las especificidades y limitaciones de las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del TFUE;

28.

considera que, también a la luz de las diferencias que presenta el grado de innovación, la dimensión territorial debe considerarse totalmente en la definición y puesta en práctica de la Estrategia Europa 2020. Para ello, estima que la atribución de un papel más importante a los entes locales y regionales aumentaría su nivel de responsabilidad, favoreciendo una toma de decisiones más eficaz por lo que respecta a las inversiones prioritarias, y sugiere la creación de indicadores regionales para el control de los progresos obtenidos;

29.

lamenta que el Sexto informe sobre la cohesión no incluya una evaluación explicita del impacto territorial de las políticas sectoriales de la UE en la política de cohesión. El Comité, considerando la interdependencia existente entre la política de cohesión y las demás políticas sectoriales, propone a la Comisión incluir en el informe un capítulo específico sobre tal aspecto, tal como sucedía en el pasado y en línea con lo contemplado en el TFUE, que impone a las políticas europeas la obligación de promover la cohesión en Europa;

30.

recuerda la importancia de adoptar instrumentos de evaluación del impacto territorial de las políticas, cuyo principal objetivo es examinar el impacto territorial de las políticas europeas en los entes locales y regionales y aumentar la visibilidad de tal impacto en el proceso legislativo;

31.

aboga, por tanto, por el establecimiento de un eje territorial prioritario en los programas operativos, integrando los temas vinculados a la Estrategia Europa 2020, para que la cohesión territorial pueda asegurar una estructura del territorio equilibrada y capaz de garantizar la interdependencia entre las regiones;

32.

recuerda a la Comisión Europea su anterior trabajo sobre más allá del PIB y la necesidad de considerar más atentamente los desafíos regionales (como la forma en que podrían apoyarse las TIC y los proyectos de banda ancha de alta velocidad con cargo al FEDER); considera que basarse en el PIB de una región tiene una serie de puntos débiles que socavan la credibilidad de la política de cohesión, sobre todo a la hora de clasificar las regiones y asignar recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

33.

a fin de asegurar una aplicación rápida de los programas, aboga por la adopción de acciones para simplificar y racionalizar los procedimientos de acceso a las financiaciones europeas, la gestión de las actuaciones y los mecanismos de control, con el fin de conseguir una mayor eficiencia;

34.

insta a las autoridades responsables a que realicen un esfuerzo especial en la homogeneización y correcta transposición de las normas básicas de carácter horizontal sobre las que se asienta la gestión de los recursos de la política de cohesión, en especial las relativas a los procedimientos de contratación (3);

35.

considera que la Comisión debe evitar que la excesiva cantidad de trámites burocráticos constituya un freno a la eficacia de las intervenciones; insta a la Comisión a que revise la práctica que impone a los programas operativos más eficientes las mismas cargas burocráticas que se aplican a programas caracterizados por altos porcentajes de error y fraude. Por otra parte, el Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea a que adopte las medidas necesarias para llegar a una aprobación rápida de los programas operativos, a fin de comenzar el nuevo período de programación lo antes posible;

36.

está de acuerdo, como subraya el informe, en la necesidad de concentrar los Fondos Estructurales y de inversión en un número reducido de objetivos a fin de maximizar sus efectos sobre el territorio. Sin embargo, el Comité manifiesta su preocupación por la falta de flexibilidad en la elección de los objetivos temáticos que, en cambio, deben definirse sobre la base de las especificidades y necesidades de los diferentes territorios;

37.

manifiesta su preocupación por el debilitamiento del principio de adicionalidad para el período 2014-2020, durante el cual la verificación solo se requiere en catorce Estados miembros, y pide a la Comisión que evalúe la aplicación de este principio en toda la UE, a fin de evitar que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se utilicen en sustitución de las inversiones de los Estados miembros;

38.

no está de acuerdo con la creación de una reserva de eficacia y eficiencia comunitaria a nivel nacional, por considerar que tal mecanismo puede llevar a la definición de objetivos con resultados modestos y fácilmente factibles. El Comité considera que uno de los mayores desafíos respecto al marco de rendimiento estriba en formular objetivos cuantificados e indicadores ambiciosos y, al mismo tiempo, factibles;

39.

recuerda que las inversiones públicas y privadas se han reducido en el curso de los últimos años, presentando números negativos en algunos Estados. Las restricciones presupuestarias y los recortes de gastos han comprometido gravemente las inversiones en los sectores capaces de estimular el crecimiento económico. A este respecto, el Comité solicita a la Comisión Europea que, teniendo en cuenta las eventuales repercusiones en el plano del empleo y el crecimiento, evalúe detenidamente los casos en los que se introduzcan rectificaciones financieras o suspensión de pagos;

40.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen las negociaciones y los procedimientos de aprobación de los acuerdos de asociación y los programas operativos; subraya la importancia de la financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la actividad inversora en los entes locales y regionales, e insta por ello a la Comisión y a los Estados miembros a una cooperación más estrecha y colaborativa con el fin de garantizar la calidad de los procedimientos y limitar las repercusiones negativas que tendrían unos nuevos retrasos en el inicio del nuevo período de financiación;

41.

invita a la Comisión a definir formas de asistencia administrativa sobre asuntos clave como la determinación de los objetivos de las intervenciones, la evaluación de sus resultados por medio de los indicadores oportunos y la definición de las acciones consiguientes. Se trata de asegurar una puesta en práctica homogénea de estas actividades entre las diferentes administraciones interesadas y contribuir a establecer a nivel europeo una cultura administrativa basada en la supervisión y evaluación de la actividad desarrollada. En este mismo plano, el Comité considera pertinente asegurar la asistencia a las administraciones territoriales para las iniciativas de la llamada «ingeniería financiera», ya que son esenciales para multiplicar los recursos y las inversiones, y sobre el tema de los contratos públicos, que cada vez más deberán configurarse como un instrumento de la administración pública para imprimir un impulso a la innovación y la creatividad;

42.

está convencido de que el Código de Conducta Europeo sobre las Asociaciones reforzará la participación en la actividad de programación sobre los territorios y de que será fundamental para ampliar los efectos de la política de cohesión y consolidar su impacto. El Comité solicita a la Comisión Europea que controle las modalidades de aplicación del Código en los diferentes ordenamientos para asegurar una participación amplia y transparente de las partes interesadas locales, dado que, sin su plena intervención en la preparación de los documentos de programación, su participación será menos eficaz en la fase de aplicación, en particular por lo que respecta a los instrumentos que requieran una programación en la que participen los diferentes niveles de gobierno;

43.

en un momento en el que, para la plena legitimación de la política y la profundización de la construcción europea, hay que sensibilizar e informar a los ciudadanos sobre los resultados de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y sobre los efectos de las políticas de la Unión en su territorio, el Comité señala que el Sexto informe no concede una atención específica a la comunicación e información. Sobre este punto, para maximizar la difusión del conocimiento de la política de cohesión entre los ciudadanos, el Comité solicita a la Comisión Europea y a los Estados miembros una mayor participación de los entes locales y regionales en las campañas de comunicación; Al mismo tiempo, con un amplio recurso a instrumentos informáticos, el Comité subraya la necesidad de hacer efectivas las disposiciones que prescriben la transparencia de las asignaciones efectuadas y de los resultados esperados de las intervenciones y potenciar la utilización de la información recabada (Open Data) respecto de los fines considerados más útiles y eficaces para la ciudadanía;

44.

considera que el informe sobre la cohesión presta poca atención a la cooperación territorial europea, teniendo en cuenta que, desde el período de programación 2007-2013, constituye un objetivo independiente de la política de cohesión. En particular, su componente de cooperación transfronteriza repercute en la cohesión de las regiones transfronterizas. Por tanto, el Comité propone que, en el futuro, dicho informe incorpore una evaluación de la cohesión de las regiones transfronterizas de Europa que incluya un análisis de sus problemas principales, así como una evaluación del impacto de los programas operativos de cooperación transfronteriza. Debería prestarse más atención a este instrumento sobre todo porque promueve la colaboración y el intercambio de experiencias entre las administraciones de los diferentes Estados miembros y pretende pasar a un sistema administrativo cada vez más inspirado en modalidades operativas y valores compartidos;

45.

lamenta que el papel esencial de la política de cohesión en el apoyo a las estrategias macrorregionales no se desarrolle más a fondo en el Sexto informe sobre la cohesión;

46.

aboga por una mayor coordinación entre la política de cohesión y la política de vecindad de la Unión Europea, así como por una mejor evaluación y difusión de los resultados de los proyectos;

47.

recomienda la constitución de un «Consejo para la política de cohesión» compuesto por ministros del nivel de gobierno competente en los Estados miembros responsables de la política de cohesión. De hecho, el Comité considera que dicho consejo puede dar una mayor visibilidad y garantizar un continuo debate político sobre la cohesión. A este respecto el Comité manifiesta que está dispuesto a participar activamente en los debates políticos sobre la creación de tal estructura para asegurar la plena consideración del punto de vista de los entes locales y regionales (4).