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Orden de detención europea

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Orden de detención europea

La decisión marco de la Unión Europea relativa a la orden de detención y a los procedimientos de entrega entre países de la UE hace que los procedimientos sean más rápidos y sencillos, por lo que los ciudadanos de la UE que hayan cometido un delito grave en otro país de la UE puedan devolverse a dicho país para comparecer ante la justicia.

ACTO

Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

SÍNTESIS

La orden de detención europea adoptada en 2002 sustituye alsistema de extradición obligando a cada autoridad judicial nacional (autoridad judicial de ejecución) a reconocer y ejecutar, con controles mínimos y en plazos estrictos, la solicitud de entrega de una persona formulada por una autoridad judicial de otro país de la UE (autoridad judicial de emisión). La decisión marco entró en vigor el 1 de enero de 2004 y sustituyó a la legislación previa de la UE en la materia.

Sin embargo, los países de la UE siguen siendo libres para aplicar y concluir acuerdos bilaterales o multilaterales en la medida en que faciliten más o simplifiquen los procedimientos.

Principios generales

La decisión define la orden de detención europea como cualquier decisión judicial adoptada por un país de la UE para la detención o la entrega por otro país de la UE de una persona a efectos de:

  • el ejercicio de actuaciones penales;
  • la ejecución de una pena o de una medida policial de privación de libertad.

Aplicación

La orden será aplicable en los casos de:

  • un delito para el cual esté prevista una pena de cárcel o una medida policial de privación de libertad que tenga, al menos, una duración de un año;
  • una condena definitiva a una pena de cárcel o medida policial de privación de libertad que tenga, al menos, una duración de cuatro meses.

La entrega puede estar sujeta a la condición de que los hechos por los que se solicita dicha entrega sea constitutivo de delito respecto del Derecho del país de la UE de ejecución (norma de doble tipificación).

Sin embargo, si están castigados en el país de la UE de emisión por una pena de un máximo de al menos tres años, los delitos que puedan dar lugar a entrega sin control de la doble tipificaciónde los hechos son, entre otros: terrorismo, trata de seres humanos, corrupción, participación en una organización criminal, falsificación de moneda, homicidio, racismo y xenofobia, violación, tráfico de vehículos robados y fraude, incluido el fraude en detrimento de los intereses financieros de la UE.

La orden de detención europea deberá contener información relativa la identidad de la persona, la autoridad judicial de emisión, el juicio definitivo, la naturaleza del delito, la pena, etc. (un ejemplo del formulario se adjunta a la decisión marco).

Procedimientos

Por regla general, la autoridad de emisión comunicará la orden de detención europea directamente a la autoridad judicial de ejecución. Se prevé la colaboración con el Sistema de Información de Schengen (SIS) y con Interpol. Si la autoridad del Estado miembro de ejecución no es conocida, la Red Judicial Europea y Eurojust prestarán su asistencia al Estado miembro de emisión.

Todos los países de la UE deben garantizar que realizan un uso proporcionado de la orden. En otras palabras, deben tener en cuenta la gravedad del delito, la sentencia, y los costes y beneficios de ejecutar dicha orden.

Tres Directivas relativas a los derechos procesales adoptadas desde 2010 garantizarán que las personas que estén sujetas a una orden de detención europea tengan derecho a contar con la asistencia de un abogado y de un intérprete, y a recibir información sobre sus derechos.

En noviembre de 2013, la Comisión propuso tres Directivas más. Una vez adoptadas, estas Directivas mejorarán el sistema de la orden de detención europea, especialmente durante procedimientos de justicia gratuita.

En cualquier caso, la autoridad de ejecución tiene derecho a decidir mantener a la persona en detención o liberarla si se cumplen determinadas condiciones.

A la espera de una decisión, la autoridad de ejecución (con arreglo a las disposiciones nacionales) procederá a oír a la persona afectada. A más tardar en los sesenta días siguientes a la detención. Si la persona detenida decide dar su consentimiento a la entrega, se debe adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden en un plazo de diez días tras el consentimiento.

Motivos de denegación de la ejecución y la entrega

Un país de la UE no debe ejecutar la orden europea de detención si:

  • un país de la UE ya pronunció una sentencia definitiva para el mismo delito y la misma persona (principio ne bis in idem, es decir, nadie puede ser enjuiciado ni condenado dos veces por los mismos hechos o por la misma conducta punible);
  • la infracción está cubierta por una amnistía en el Estado miembro de ejecución;
  • la persona interesada no puede ser considerada responsable por el Estado miembro de ejecución debido a su edad.

En caso de que existan otras condiciones (en caso de prescripción de la acción penal o de la pena, es decir, que no puede presentarse ante un tribunal porque ha transcurrido mucho tiempo, en aplicación de las disposiciones del país de la UE de ejecución o si un otro país ha emitido una sentencia definitiva por un mismo hecho) el país de la UE de ejecución puede rechazar dar ejecución a la orden. También podrá negarse a ejecutar la orden judicial si la persona en cuestión no se personó en el juicio en el momento de presentar la decisión, a menos que se hayan tomado las salvaguardias adecuadas. En cualquier caso, se deben explicar los motivos del rechazo al país de ejecución.

Previa presentación de determinados documentos (orden de detención, naturaleza de la infracción, identidad de la persona, etc.), todo país de la UE permitirá el tránsito en su territorio de una persona que sea objeto de una entrega.

La orden será traducida en la lengua oficial del país de la UE de ejecución, y se enviará por cualquier medio que permita conservar una prueba escrita y verificar la autenticidad por el país de ejecución.

Más información disponible en el sitio web de la Dirección General de Justicia.

REFERENCIAS

Acto

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembros

Diario Oficial

Decisión Marco 2002/584/JAI

7.8.2002

31.12.2003

DO L 190, 18.7.2002

Acto(s) modificativo(s)

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembros

Diario Oficial

Decisión Marco 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

DO L 81, 27.3.2009

ACTOS CONEXOS

Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales (Diario Oficial L 280 de 26.10.2010).

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a la información en los procesos penales (Diario Oficial L 142 de 1.6.2012).

Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad(Diario Oficial L 294 de 6.11.2013).

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de abril de 2011, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [ COM(2011) 175 final – no publicado en el Diario Oficial].

El Informe realiza un balance de los siete años de aplicación de la orden de detención europea. La iniciativa se muestra exitosa en el plano operativo: se han emitido 54 689 órdenes y se han ejecutado 11 630. En la actualidad, una extradición entre países de la UE tarda de catorce a diecisiete días, si la persona acepta su traslado, y cuarenta y ocho días si no acepta, cuando anteriormente se tardaba más de un año. La libertad de circulación de personas en la UE se ha visto reforzada gracias a este mecanismo que garantiza que la apertura de fronteras no beneficie a los que quieren huir de la justicia. No obstante, la Comisión señala insuficiencias, sobre todo en materia de respeto de los derechos fundamentales. Pide a los Estados miembros que ajusten su legislación a la Decisión-marco 2002/584/JAI en el caso de que no lo hayan hecho y que apliquen instrumentos ya adoptados para mejorar el funcionamiento de la orden. Asimismo, el informe indica que se emiten demasiadas órdenes por infracciones menores e insta a los Estados miembros solicitantes a aplicar el principio de proporcionalidad.

Informe de la Comisión, de 24 de enero de 2006, basado en el artículo 34 de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (versión revisada) [ COM(2006) 8 final - no publicado en el Diario Oficial].

En su versión revisada el informe examina principalmente la legislación italiana, que se adoptó después de la entrega del informe inicial. La Comisión considera que, a pesar del retraso inicial, la orden de detención europea funciona en la mayoría de los casos previstos en los Estados miembros. Un segundo informe, programado para junio de 2006, permitirá poner al día la evaluación del conjunto de los Estados miembros.

Informe de la Comisión, de 23 de febrero de 2005, basado en el artículo 34 de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [ COM(2005) 63 final - no publicado en el Diario Oficial].

Según la evaluación de la Comisión, el impacto de la orden de detención europea desde su entrada en aplicación el 1 de enero de 2004 parece positivo, tanto en términos de despolitización y eficacia así como de rapidez del procedimiento de entrega, todo ello respetando los derechos fundamentales de los implicados.

Declaraciones contempladas en el apartado 2 del artículo 31 de la decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [Diario Oficial L 246 de 29.9.2003].

Dinamarca, Finlandia y Suecia declaran que su legislación uniforme vigente permite profundizar y ampliar las disposiciones de la decisión marco. Estos Estados van a mantener la legislación uniforme vigente entre ellos, es decir:

  • Dinamarca: Ley nórdica sobre extradición (Ley no 27 de 3.2.1960 en su versión modificada);
  • Finlandia: Ley nórdica sobre extradición (270/1960);
  • Suecia: Ley (1959:254) relativa a la extradición hacia Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega por delitos penales.

Última modificación: 29.04.2014

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