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Derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia

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Derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia

En una Directiva de la Unión Europea (UE) sobre el derecho de los ciudadanos de la UE a circular libremente y a residir en todos los países de la UE se refunden todas las medidas dispersas en el complejo corpus legislativo que había regulado esta materia previamente. Entre otras cosas, las medidas tienen por objeto facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos en los países de la UE, reducir a lo estrictamente necesario los trámites administrativos, ofrecer una mejor definición del estatuto de los miembros de la familia y limitar la posibilidad de denegar o poner fin a la residencia; e introducir un nuevo derecho de residencia permanente.

ACTO

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

SÍNTESIS

La presente Directiva reúne en un único texto el complejo corpus legislativo vigente en materia de derecho de entrada y residencia de los ciudadanos de la UE, ámbito que ha venido siendo regulado hasta la fecha por dos reglamentos y nueve directivas. Esta simplificación tiene por objeto beneficiar a los ciudadanos en la aplicación de dicho derechos. Además, la Directiva simplifica al máximo los trámites para el ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la UE y de sus familias.

Disposiciones generales

La presente Directiva tiene por objeto regular:

  • las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y de residencia en los países de la UE por parte de los ciudadanos de la UE y de los miembros de sus familias, independientemente de su nacionalidad;
  • el derecho de residencia permanente;
  • la restricción de dichos derechos por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Derecho de desplazamiento y de residencia de hasta tres meses

Todo ciudadano de la UE que disponga de un documento de identidad o de un pasaporte válidos tiene derecho a desplazarse a otro país de la UE. En ningún caso se le podrá exigir visado de entrada ni de salida. Si el ciudadano en cuestión no dispone de documento de viaje alguno, el país anfitrión dará todas las oportunidades razonables al interesado para que pueda obtener o pueda hacerse mandar los documentos necesarios.

Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún país de la UE se benefician del mismo derecho que el ciudadano del que vayan acompañados o con el que se reúnan, pero podrán verse sujetos a la obligación de obtener un visado para residencias de breve duración de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no539/2001. Las tarjetas de residencia expedidas de conformidad con la presente Directiva se considerarán equivalentes a los visados para residencias de breve duración.

Para residencias de menos de tres meses, la única formalidad que se requiere de un ciudadano de la UE y a los familiares de los que vayan acompañados o con los que se reúnan es estar en posesión de un documento de identidad o de un pasaporte válidos. El país anfitrión podrá pedir al interesado que dé parte de su presencia en su territorio en un plazo razonable y no discriminatorio.

Derecho de residencia de duración superior a tres meses

El derecho de residencia por un período superior a tres meses está sujeto a una de las siguientes condiciones:

  • trabajar por cuenta ajena o propia en el país anfitrión;
  • disponer de recursos suficientes para sí mismos y sus familiares para no convertirse en una carga para la asistencia social del país anfitrión durante su período de residencia y disponer de un seguro de enfermedad. A este respecto, los países de la UE no podrán fijar el importe de los recursos que consideren suficientes, sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del interesado;
  • cursar estudios, incluidos de formación profesional, como estudiante y disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no convertirse en una carga para los servicios de asistencia social del país anfitrión durante su período de residencia;
  • o ser miembro de la familia del que vaya acompañado un ciudadano de la Unión o con el que se reúna y cumplir alguna de las condiciones antedichas.

Se suprime el permiso de residencia para los ciudadanos de la UE. No obstante, los países de la UE podrán pedir al interesado que se registre ante las autoridades competentes en un plazo no inferior a los tres meses a partir de su llegada. Un certificado de registro se expedirá con carácter inmediato previa presentación de la siguiente documentación:

  • un documento de identidad o un pasaporte válidos;
  • una prueba de que se cumplen los requisitos anteriormente mencionados (véanse en el artículo 8 de la Directiva las pruebas que pueden exigirse).

Los miembros de la familia de un ciudadano de la UE que no tengan la nacionalidad de ningún país de la UE deberán solicitar una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la UE (para obtener información sobre las condiciones de expedición de tarjetas de residencia, véase el artículo 10) con una validez de cinco años a partir de su expedición.

Mantenimiento del derecho de residencia

En general, los ciudadanos de la UE mantienen el derecho de residencia durante los tres primeros meses mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. Pasados tres meses, estos deben seguir cumpliendo las condiciones para su estancia (artículo 7) si bien los Estados miembros no pueden comprobar sistemáticamente si se continúan cumpliendo las condiciones. El recurso a la asistencia social puede conllevar medidas de expulsión, pero no como consecuencia automática.

En determinadas condiciones, ni el fallecimiento, ni la salida del territorio del país anfitrión del ciudadano de la UE, ni el divorcio, ni la anulación del matrimonio, ni el fin de la unión registrada afectan al derecho de residencia de los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un país de la UE. Las personas que trabajan por cuenta propia o ajena conservan su estado, por ejemplo, si sufren una incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente o si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se han inscrito con el fin de encontrar un trabajo (para obtener más ejemplos, véase el artículo 7, apartado 3).

Derecho de residencia permanente

Todo ciudadano de la UE y los miembros de su familia obtienen el derecho de residencia permanente en el país anfitrión tras haber residido legalmente en él durante un período ininterrumpido de cinco años a condición de que no haya sido objeto de ninguna medida de expulsión. El derecho de residencia permanente deja de estar sujeto a cualquier tipo de condición. Una vez obtenido, el derecho de residencia permanente únicamente se pierde en caso de una ausencia del país anfitrión superior a dos años consecutivos.

En casos concretos, las personas pueden disfrutar del derecho de residencia permanente en un país de la UE antes de haber residido allí durante cinco años.

Disposiciones comunes al derecho de residencia y al derecho de residencia permanente

Todo ciudadano de la UE titular del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente, así como los miembros de su familia, gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado anfitrión en el ámbito de aplicación del Tratado. No obstante, el país anfitrión no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones sociales durante los tres primeros meses de residencia a las personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los miembros de su familia. Con carácter previo a la concesión del derecho de residencia permanente, los países tampoco estarán obligados a abonar asignaciones por estudios (incluidos también los estudios de formación profesional), en forma de becas o de préstamos a dichas personas. Independientemente de su nacionalidad, los miembros de la familia tendrán derecho a ejercer una actividad económica, por cuenta ajena o por cuenta propia.

Limitaciones del derecho de entrada y de residencia por razones de orden público, seguridad pública o sanidad

Todo ciudadano de la UE o miembro de su familia podrá ser expulsado del territorio del país anfitrión por razones de orden público, seguridad o sanidad. En ningún caso podrá tal decisión fundamentarse en razones económicas. Cualquier medida relativa a la libertad de circulación y residencia deberá respetar el principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La conducta personal del interesado deberá representar genuinamente una amenaza suficientemente grave y real para algún interés fundamental de la sociedad.

La existencia de condenas penales no podrá justificar automáticamente la expulsión. La caducidad del documento que haya permitido la entrada del interesado no es razón que justifique este tipo de medida.

En cualquier caso, antes de tomar una decisión de expulsión, el país anfitrión deberá evaluar elementos tales como el tiempo de residencia del interesado, su edad, estado de salud, integración social, situación familiar y económica en el país anfitrión y sus vínculos con su país de origen. El nivel de protección ante órdenes de expulsión para el ciudadano de la UE aumenta con la duración de la estancia. Así, si el ciudadano de la UE hubiera residido durante los diez últimos años en el territorio del Estado miembro anfitrión (o si es menor de edad), únicamente puede tomarse una decisión de expulsión sobre la base de motivos imperiosos de seguridad pública.

La salud pública únicamente puede utilizarse para justificar la limitación de la libertad de circulación si se refiere a enfermedades con potencial epidémico (según la definición de la Organización Mundial de la Salud, así como a otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas.

Toda denegación de entrada o decisión de expulsión deberá ser notificada por escrito al interesado en condiciones tales que le permitan entender su contenido e implicaciones, y habrá de justificarse e indicarse las vías de recurso y los plazos correspondientes. Salvo en caso de urgencia, el plazo para abandonar el territorio del país anfitrión no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación.

En ningún caso podrá prohibirse de por vida la entrada y residencia en el territorio del Estado anfitrión. El interesado podrá solicitar que se reconsidere su situación tras un período de tres años. Además, la presente Directiva incluye una serie de garantías procesales. Las personas afectadas tendrán acceso, en particular, a las vías jurisdiccionales de recurso y, si procede, administrativas en el Estado miembro anfitrión.

Disposiciones finales

Los países de la UE podrán tomar las medidas que consideren necesarias para denegar, anular o retirar cualquier derecho otorgado en virtud de la presente Directiva en caso de abuso o fraude como, por ejemplo, en el caso de los matrimonios de complacencia.

La Directiva será aplicable sin perjuicio de las disposiciones nacionales legislativas, administrativas o reglamentarias más favorables.

REFERENCIAS

Acto

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembros

Diario Oficial

Directiva 2004/38/CE

30.4.2004

30.4.2006

DO L 158 de 30.4.2004

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de julio de 2009, relativa a las Orientaciones para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros [ COM(2009) 313 final - no publicada en el Diario Oficial].

La presente Comunicación proporciona a los Estados miembros orientaciones para mejorar la aplicación de la Directiva 2004/38/CE.

Estas orientaciones aclaran los derechos de los ciudadanos y de sus familiares e informan a los Estados miembros de las medidas que pueden adoptar, en especial para luchar contra los abusos de derecho y los matrimonios fraudulentos.

Al objeto de garantizar una aplicación correcta de la Directiva 2004/38/CE, la Comisión se compromete a poner en marcha las siguientes iniciativas:

  • la actualización de una guía dirigida a los ciudadanos para que conozcan mejor sus derechos;
  • la organización de encuentros bilaterales con los Estados miembros.

Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores (DO L 128, 30.4.2014, p. 8-14).

04.08.2014

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