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Acceso público a la información medioambiental

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Acceso público a la información medioambiental

SÍNTESIS DE:

Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental

SÍNTESIS

¿QUÉ HACE ESTA DIRECTIVA?

La presente Directiva adapta totalmente las legislaciones nacionales al Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información.

  • Garantiza el acceso público a información medioambiental* que obre en poder de las autoridades públicas* o de otras entidades en su nombre, tanto cuando se les solicite como mediante divulgación activa.
  • Establece los términos básicos, las condiciones y las modalidades prácticas en que se puede ejercer el acceso previa solicitud.

PUNTOS CLAVE

Acceso previa solicitud

  • Las autoridades públicas deben poner la información medioambiental que obre en su poder a disposición de cualquier solicitante sin que este esté obligado a dar un motivo.
  • La información debe facilitarse a más tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud. Podrá ampliarse a dos meses cuando se trate de solicitudes de gran volumen y complejidad.
  • Las autoridades públicas deben realizar todos los esfuerzos razonables para que la información que obre en su poder sea de fácil reproducción y acceso mediante medios electrónicos.
  • La información debe facilitarse en la forma indicada por el solicitante, excepto si resulta accesible al público en otro formato.
  • Los países de la UE deben asegurarse de que los funcionarios públicos ayudan al público que desea acceder a la información y disponer de una lista de autoridades públicas accesibles.
  • Entre las modalidades prácticas para gestionar las solicitudes se incluyen:
    • la designación de responsables de información;
    • medios de consulta de la información; y
    • registros o listas de la información poseída y de los puntos de información.
  • Se puede denegar una solicitud si:
    • es manifiestamente irrazonable;
    • es excesivamente general;
    • se refiere a material inconcluso; o
    • se refiere a comunicaciones internas.
  • También se puede denegar, parcial o totalmente, si la divulgación pudiera afectar a uno de los amplios ámbitos pretendidos, por ejemplo:
    • las relaciones internacionales;
    • la buena marcha de la justicia;
    • los derechos de propiedad intelectual; o
    • el carácter confidencial de datos de carácter comercial o industrial.
  • El acceso a cualquier lista o registro públicos debe ser gratuito. Las autoridades públicas pueden aplicar contraprestaciones económicas por el suministro de información medioambiental, pero el importe debe ser razonable.
  • Los solicitantes que consideren que su solicitud ha sido ignorada o rechazada sin fundamento deben tener acceso a medidas correctivas, entre otras, el recurso a un tribunal de justicia o a otra entidad independiente.

Difusión activa

  • La información medioambiental accesible por medios electrónicos debe contener al menos:
    • los textos de tratados, convenios o acuerdos internacionales y de las políticas, programas y planes;
    • los informes sobre los avances en la aplicación de los puntos anteriormente mencionados;
    • los informes sobre el estado del medio ambiente;
    • los datos derivados del seguimiento de las actividades que puedan afectar al medio ambiente;
    • las autorizaciones que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente;
    • los estudios sobre el impacto medioambiental y las evaluaciones de riesgo.
  • En cuanto a puntos distintos de los mencionados, la difusión activa se puede hacer de forma progresiva teniendo en cuenta los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios.
  • Los países de la Unión Europea deben asegurarse de que la información recogida por ellos o en su nombre está actualizada y es precisa y susceptible de comparación.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR LA DIRECTIVA?

Está en vigor desde el 14 de febrero de 2003. Los países de la UE debían incorporarla al Derecho nacional antes del 14 de febrero de 2005.

TÉRMINOS CLAVE

* Información medioambiental: Toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma sobre las cuestiones tratadas en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/4/CE.

* Autoridad pública: En particular, el gobierno o cualquier otra Administración pública nacional, regional o local, incluidos los órganos públicos consultivos y las personas cubiertas por la legislación. Los gobiernos de la UE pueden disponer que esta definición no incluya las instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano jurisdiccional o legislativo.

ANTECEDENTES

Convenio de Aarhus

ACTO

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, pp. 26-32)

ACTOS CONEXOS

Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, pp. 43-48)

Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19)

última actualización 03.02.2016

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