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Mercados de instrumentos financieros (MiFID) y servicios de inversión

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Mercados de instrumentos financieros (MiFID) y servicios de inversión

Por medio de una directiva, la Unión Europea (UE) establece un marco regulador general que regula la ejecución organizada de las transacciones de los inversores por las bolsas, los demás sistemas de negociación y las empresas de inversión. Así, establece un verdadero pasaporte único para las empresas de inversión con el fin de permitirles operar en toda la UE con un mínimo de trámites, reforzando al mismo tiempo la protección de los clientes frente a los operadores deshonestos. Al amparo de una autorización otorgada por el Estado miembro de origen, las empresas de inversión pueden operar en el conjunto del territorio europeo. Además, la Directiva permite a las empresas de inversión tramitar órdenes de clientes fuera de los mercados regulados.

ACTO

Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo [Diario Oficial L 145 de 30.4.2004] [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

De acuerdo con el plan de acción de servicios financieros , la UE ha adoptado una nueva directiva destinada a reforzar el marco legislativo comunitario de los servicios de inversión y de los mercados regulados, con el fin de alcanzar dos grandes objetivos en cuanto a reglamentación:

  • por una parte, proteger a los inversores y preservar la integridad del mercado, estableciendo requisitos armonizados para la actividad de los intermediarios autorizados;
  • por otra parte, fomentar la equidad, la transparencia, la eficacia y la integración de los mercados financieros.

La Directiva 2004/39/CE se ha refundado recientemente en el marco de la Directiva 2014/65/UE (MiFID 2), en un esfuerzo para incorporar las modificaciones importantes del texto.

Condiciones y procedimientos de autorización

La Directiva exige a los Estados miembros armonizar las normas que regulan los servicios de inversión y el ejercicio de actividades de inversión. Para ello, los Estados miembros deberán establecer un sistema de pasaporte único que permita a las empresas de inversión ofrecer sus servicios en todo el territorio de la UE. Dichas empresas deben registrarse y el registro debe ser público. Todas las autorizaciones se notificarán a la Autoridad Europea de Valores (AEV).

La AEV puede elaborar proyectos de normas técnicas de regulación. Además, asiste a la Comisión en el marco de sus relaciones con los terceros países y en la evaluación de sus mercados.

En otras palabras, la Directiva permite a las empresas de inversión, a los bancos y a las bolsas ofrecer sus servicios a través de las fronteras, conforme a la autorización otorgada por el Estado miembro de origen . Dado que responde a las mismas condiciones de concesión en todos los Estados miembros, la autorización favorecerá la armonización de las normas que regulan a las empresas de inversión.

En este contexto, la Directiva tiene por objeto la aproximación de las normas nacionales relativas a la prestación de los servicios de inversión y al funcionamiento de las bolsas, con el objetivo último de crear un único marco regulador europeo para los valores negociables . La Directiva sirve a los intereses de los inversores, emisores y otros agentes del mercado, favoreciendo mercados eficaces y competitivos.

Evaluación prudencial

Esta Directiva tiene asimismo por objeto la armonización de las normas de procedimiento y los criterios de evaluación relativos a la adquisición de una participación cualificada . Su objetivo es, entre otros, armonizar al máximo los umbrales de notificación de las adquisiciones previstas o de la cesión de participaciones cualificadas, el procedimiento y la lista de criterios de evaluación.

En relación con una adquisición propuesta, las autoridades competentes realizan de manera concertada una evaluación prudencial de los accionistas y de la dirección, con arreglo a criterios muy precisos.

La Directiva prevé, concretamente, que las autoridades competentes verifiquen la idoneidad del adquirente potencial y la solidez financiera de la adquisición propuesta sobre la base de:

  • la reputación y experiencia de toda persona que vaya a dirigir la actividad de la empresa de inversión a raíz de la adquisición propuesta;
  • la solvencia financiera del adquirente potencial;
  • la existencia de indicios racionales que permitan sospechar que se están efectuando o intentando efectuar operaciones de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo.

Protección de los inversores

La Directiva tiene asimismo por objeto el refuerzo de la protección de los inversores mediante la integración de normas de conducta para la prestación de servicios a clientes, normas mínimas relativas al mandato y a los poderes que debe otorgarse a las autoridades nacionales competentes. También establece mecanismos eficaces de cooperación en tiempo real con objeto de investigar las infracciones a la Directiva y emprender las oportunas acciones.

Transparencia e integridad del mercado

La Directiva establece la obligación de preservar la integridad del mercado, de declarar las operaciones y de llevar un registro. La AEV tiene acceso a dicha información.

Instaura principalmente la obligación de transparencia antes de la negociación (prenegociación). También impone a los operadores que practiquen la internalización (negociación de instrumentos financieros por cuenta propia por parte de los operadores, ejecutando las órdenes de los clientes fuera de un mercado regulado o de un SMN ) la obligación de indicar los precios a los que estén dispuestos a comprar o vender a sus clientes. No obstante, esta obligación de indicar los precios se limita a las transacciones que no superen un volumen normal de mercado, es decir, el volumen medio de las órdenes ejecutadas en el mercado.

Cada Estado miembro se encarga de establecer una lista de mercados regulados y los comunica al resto de Estados miembros así como a la AEV.

En estas condiciones, los mercados europeos al por mayor no están sujetos a esta norma de transparencia previa a la negociación, y los operadores por cuenta ajena/propia al por mayor no verán amenazado su papel de creadores de mercado.

Protección de los operadores

La Directiva incluye una serie de medidas de protección para los operadores que internalizan cuando se ven obligados a fijar un precio, de modo que puedan ofrecer este servicio esencial a sus clientes sin correr riesgos excesivos. Tendrán, en particular, la posibilidad de actualizar y de retirar estos precios.

La Directiva crea también un mercado equitativo para los pequeños inversores. Impide a las instituciones financieras la discriminación de los pequeños inversores, ofreciendo, por ejemplo, a algunos de ellos un mejor precio que el precio público indicado.

Designación de las autoridades competentes

Los Estados miembros deben designar a sus autoridades competentes y transmitir la información necesaria a la Comisión, la AEV, así como al resto de las autoridades competentes del resto de Estados miembros. Las autoridades competentes sirven de punto de contacto en los Estados miembros. La AEV actualiza la lista de dichas autoridades. Estas últimas deben colaborar estrechamente con la AEV.

Los Estados miembros y la AEV pueden celebrar acuerdos de cooperación relativos a:

  • la supervisión de entidades de crédito;
  • la liquidación y quiebra de empresas;
  • las auditorías de cuentas obligatorias de las empresas de inversión;
  • la supervisión de los órganos que intervienen en la liquidación y la quiebra de las empresas de inversión;
  • la supervisión de las personas encargadas de efectuar las auditorías de cuentas obligatorias de empresas de seguros, entidades de crédito, empresas de inversión y otras entidades financieras.

Disposiciones finales

La Directiva tiene por objeto la mejora de la normativa comunitaria sobre los mercados de valores negociables. Se limita, por tanto, a exponer las obligaciones generales que las autoridades de los Estados miembros deben hacer respetar.

En este contexto, la Comisión elaborará disposiciones de aplicación, informes y revisiones, previa consulta a los participantes del mercado de los Estados miembros, y habida cuenta del dictamen del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores.

REFERENCIAS

Acto

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembros

Diario Oficial

Directiva 2004/39/CE

30.4.2004

31.1.2007

DO L 145, 30.4.2004

Acto(s) modificativo(s)

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembros

Diario Oficial

Directiva 2006/31/CE

28.4.2006

31.1.2007

DO L 114, 27.4.2006

Directiva 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

DO L 247, 21.9.2007

Directiva 2008/10/CE

20.3.2008

-

DO L 76, 19.3.2008

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

DO L 331, 15.12.2010

Directiva 2014/65/UE

2.7.2014

3.7.2016

DO L 173, 12.6.2014

Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 2004/39/CE se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada tiene un valor meramente documental.

ACTOS CONEXOS

Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010 [Diario Oficial L 174 de 1.7.2011].

Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva [Diario Oficial L 241 de 2.9.2006].

Esta Directiva tiene por objeto instaurar un marco armonizado de requisitos de organización y condiciones de ejercicio a los que están sujetas las empresas de inversión.

Última modificación: 30.07.2014

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