Límites al desplazamiento o residencia por razones de orden público

1) OBJETIVO

Coordinar las disposiciones aplicables en todos los Estados miembros para hacer valer las razones de orden público, seguridad y salud públicas en materia de desplazamiento y de residencia de los nacionales de otros Estados miembros y de sus familias.

2) ACTO

Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de seguridad, salud u orden públicos [Diario Oficial L 56 de 4.4.1964].

Modificada por los siguientes actos:

Directiva 72/194/CEE del Consejo, de 18 de mayo de 1972 [Diario Oficial L 121 de 26.5.1972];

Directiva 75/35/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974 [Diario Oficial L 14 de 20.1.1975].

Abrogada por:

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

3) SÍNTESIS

Al principio, la Directiva se aplicaba a los nacionales de un Estado miembro que residían en otro Estado miembro de la Comunidad o se desplazaban al mismo, bien con vistas a ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, bien en calidad de destinatarios de servicios. La Directiva se aplicaba también al cónyuge y a los miembros de la familia. Actualmente, el ámbito de aplicación de la Directiva incluye también a las personas que se beneficien del derecho a permanecer en el territorio de un Estado miembro en el que han dejado de ejercer un empleo (Directiva 72/194/CEE) y a las personas no activas (Directivas 90/364, 90/365 y 93/96).

La Directiva se refiere a las disposiciones relativas a la entrada en el territorio, a la concesión o renovación del permiso de residencia, o a la expulsión del territorio, que sean adoptadas por razones de orden público, seguridad o salud públicas. Estas razones no podrán ser invocadas con fines económicos.

Las medidas de orden público o de seguridad pública deberán estar fundamentadas exclusivamente en el comportamiento personal del individuo al que se apliquen. La mera existencia de condenas penales no constituye por sí sola motivo para la adopción de dichas medidas y la caducidad del documento de identidad del individuo no podrá justificar la expulsión del territorio.

Las únicas enfermedades o incapacidades que podrán justificar la denegación de la entrada en el territorio o de la concesión del primer permiso de residencia son las enumeradas en la lista del Anexo (por ejemplo: tuberculosis, sífilis, toxicomanía, psicosis). Las que sobrevengan tras la concesión del primer permiso no podrán justificar la denegación de la renovación del mismo ni la expulsión del territorio. Los Estados miembros no podrán introducir nuevas disposiciones ni prácticas más restrictivas que las que estén en vigor en la fecha de la notificación de la Directiva.

La decisión de conceder o denegar el primer permiso de estancia deberá adoptarse en el más breve plazo, y a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la solicitud del permiso. En caso de considerarlo indispensable, el país de acogida podrá pedir informes a otro Estado miembro sobre los antecedentes penales del solicitante, pero dichas consultas no tendrán carácter sistemático.

La decisión de denegar la concesión o la renovación de un permiso de estancia o la decisión de expulsión del territorio, así como las razones de orden público, seguridad o salud públicas, serán notificadas al interesado, a menos que existan motivos de seguridad del Estado. Salvo urgencia, el plazo concedido para abandonar el territorio no podrá ser inferior a quince días cuando el interesado no haya recibido aún un permiso de residencia, y a un mes en los demás casos.

El interesado deberá poder interponer contra la decisión de entrada, de denegación de concesión o de renovación del permiso de estancia, o contra la decisión de expulsión del territorio, los mismos recursos de que disponen los nacionales contra los actos administrativos. En algunos casos específicos (por ejemplo si no existen posibilidades de recursos jurisdiccionales o si dichos recursos no tienen efecto suspensivo), están previstas garantías adicionales relativas al procedimiento.

Última modificación: 28.07.2004