Help Print this page 
Title and reference
Normas y procedimientos comunes para el retorno de inmigrantes ilegales

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EN html FR html IT
Multilingual display
Text

Normas y procedimientos comunes para el retorno de inmigrantes ilegales

La presente Directiva establece una serie de normas y procedimientos comunes en los países de la UE para expulsar de su territorio a nacionales de fuera de la UE en situación irregular. La Directiva establece una serie de disposiciones para la finalización de situaciones irregulares y el internamiento de nacionales fuera de la UE para su retorno, y unas garantías procedimentales.

ACTO

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

SÍNTESIS

La presente Directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los países de la UE para el retorno de los nacionales de fuera de la UE que estén en situación irregular en sus territorios, con ciertas excepciones. En el caso de aquellos nacionales de fuera de la UE que queden excluidos del ámbito de aplicación de esta Directiva, los países de la UE garantizarán que el trato y el nivel de protección no sean menos favorables que los establecidos en determinadas disposiciones sobre medidas coercitivas, expulsión, asistencia sanitaria e internamiento. Los países de la UE siempre deben garantizar que las devoluciones de nacionales de fuera de la UE no los ponga en peligro (conocido como principio de no devolución) y tendrán en cuenta el principio del interés superior del niño, la vida familiar y estado de salud de la persona implicada.

Los países de la UE deben dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de fuera de la UE que se encuentre en situación irregular en su territorio. Si un nacional de fuera de la UE posee un permiso de residencia válido u otra autorización equivalente expedido por otro país de la UE, se le exigirá que vuelva de inmediato al territorio de dicho país. Si, en virtud de un acuerdo bilateral, otro país de la UE se hace cargo de un nacional de fuera de la UE en situación irregular, dicho país será el responsable de dictar la decisión de retorno. Un país de la UE puede decidir conceder a un nacional de fuera de la UE que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización similar por razones humanitarias o de otro tipo. Si un nacional de fuera de la UE tiene pendiente un procedimiento de renovación del permiso de residencia, el país de la UE no puede dictar una decisión de retorno hasta que finalice dicho procedimiento.

La decisión de retorno debe establecer un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria del nacional de fuera de la UE en situación irregular. Los países de la UE pueden disponer que este plazo se conceda únicamente a petición del nacional en cuestión. El plazo de salida voluntaria puede prorrogarse en circunstancias especiales. Asimismo, los países de la UE pueden imponer determinadas obligaciones al nacional de fuera de la UE durante este plazo para evitar el riesgo de fuga. Si existe riesgo de fuga, si el nacional de fuera de la UE ha presentado una solicitud de permanencia fraudulenta o si la persona de que se trate representa un riesgo para el orden público o la seguridad nacional, el país de la UE podrá conceder un periodo inferior a siete días o no conceder ningún periodo.

Si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria o si el nacional de fuera de la UE no ha cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo concedido, el país de la UE deberá tomar todas las medidas necesarias para llevar a cabo la expulsión. Los países de la UE podrán utilizar, como último recurso, medidas coercitivas para llevar a cabo la expulsión de un nacional de fuera de la UE; dichas medidas deberán ser proporcionadas y la fuerza ejercida no irá más allá de lo razonable. La expulsión de un nacional de fuera de la UE debe ser aplazada si pone en peligro su vida (principio de no devolución) o si a la decisión de retorno se ha suspendido temporalmente. Los países de la Ue también pueden aplazar una expulsión en circunstancias especiales.

Las decisiones de retorno pueden ir acompañadas de una prohibición de entrada. Además, la decisión deberá ir acompañada obligatoriamente de una prohibición de entrada si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria o si el nacional de fuera de la UE no ha cumplido la obligación de retorno. La duración de la prohibición de entrada se establecerá caso por caso teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la persona implicada. En principio, la duración no será superior a cinco años, salvo que el nacional de un tercer país represente una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Los países de la UE pueden revocar o suspender la prohibición de entrada por razones concretas. Además, por razones humanitarias, el Estado miembro puede decidir no emitir una prohibición.

Las decisiones de retorno y las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión deben dictarse por escrito e ir acompañadas de información sobre las vías de recurso de las que se dispone. Los países de la UE deben proporcionar, previa petición, una traducción de estos documentos a los nacionales de fuera de la Ue, salvo que la decisión se haya consignado a través de un formulario tipo.

Se dará al nacional de fuera de la UE la posibilidad de interponer un recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que éstas se revisen y de obtener asistencia jurídica y representación legal de forma gratuita. Las decisiones deben ser revisadas por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa u otro órgano competente compuesto por miembros imparciales y con garantías de independencia. El órgano encargado de la revisión podrá suspender temporalmente la ejecución de las decisiones.

En casos específicos, y cuando otras medidas menos coercitivas no sean suficientes, los países de la UE podrán mantener internados a los nacionales de fuera de la UE durante el procedimiento de retorno si hay riesgo de fuga o el nacional de un tercer país evita o dificulta la preparación del retorno o el proceso de expulsión. El internamiento debe ser ordenado por una autoridad administrativa o judicial y debe ser revisado regularmente. El periodo de internamiento debe ser tan breve como sea posible y nunca superior a seis meses. Sólo en circunstancias especiales, cuando la operación de expulsión del nacional de fuera de la UE vaya a prolongarse, los países de la UE podrán prorrogar el plazo previsto por un periodo no superior a doce meses más. El internamiento debe llevarse a cabo en centros de internamiento especializados; no obstante, si esto no es factible, los países de la UE podrán recurrir a un centro penitenciario común, aunque los nacionales de fuera de la UE deberán estar separados de los presos ordinarios.

REFERENCIAS

Acto

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembros

Diario Oficial

Directiva 2008/115/CE

13.1.2009

24.12.2010 (24.12.2011 en el caso del artículo 13(4))

DO L 348 de 24.12.08

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de retorno de la UE COM(2014) 199 final de 28.3.2014.

La Comunicación responde a la obligación de la Comisión de presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva sobre el retorno, así como el compromiso político de la Comisión al adoptarse la modificación del Reglamento FRONTEX en 2011 de informar sobre el control de las operaciones de retorno coordinadas por FRONTEX.

La Comunicación examina los progresos realizados desde la adopción de la Directiva sobre el retorno. Esta concluye que todos los países de la UE han introducido importantes cambios legislativos y prácticos para establecer normas justas y transparentes y para mejorar la realización de los procedimientos de retorno. Sin embargo, advierte que es preciso progresar más aún para asegurar que todas las garantías contempladas por la Directiva se apliquen uniformemente en toda la UE. Es necesario seguir trabajando con el fin de (i) garantizar una mejora en la aplicación de las normas existentes; (ii) introducir prácticas más coherentes y compatibles con los derechos fundamentales (por ejemplo, directrices comunes); (iii) desarrollar diálogo y cooperación con terceros países (el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad de la UE); (iv) mejorar la cooperación operativa entre los Estados miembros en materia de retorno (mediante la plataforma de la Red Europea de Migración); (v) dar mayor protagonismo a Frontex en las operaciones de retorno conjuntas.

Última modificación: 16.06.2014

Top