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Las revisiones de los tratados

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Las revisiones de los tratados

INTRODUCCIÓN

La revisión de los tratados constitutivos es esencial para la Unión Europea (UE). Permite adaptar la legislación y las políticas europeas a los nuevos desafíos que debe afrontar la UE. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, solo existía un procedimiento de revisión de los tratados. Este procedimiento necesitaba la convocatoria obligatoria de una Conferencia Intergubernamental (CIG).

El Tratado de Lisboa flexibiliza el procedimiento de revisión mejorando al mismo tiempo su carácter democrático. Modifica ligeramente el procedimiento ordinario de revisión reforzando la participación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. En especial, el Tratado de Lisboa crea dos tipos de procedimientos simplificados para facilitar la revisión de determinadas disposiciones de los Tratados.

Sin embargo, la flexibilización de la revisión de los tratados debe relativizarse mediante el mantenimiento de la unanimidad como regla de voto. De este modo, independientemente del procedimiento iniciado, los Estados miembros deben adoptar por unanimidad la revisión de las disposiciones afectadas.

Los procedimientos de revisión figuran en el artículo 48 del Tratado sobre la UE.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ORDINARIO

El procedimiento de revisión ordinario afecta a las modificaciones más importantes aportadas a los Tratados, como la ampliación o la reducción de las competencias de la UE. Implica sobre todo la convocatoria de una CIG que adoptará los proyectos de revisión por consenso. Las modificaciones aportadas a los Tratados no entrarán en vigor hasta su ratificación por el conjunto de los Estados miembros.

El Tratado de Lisboa consagra la práctica actual cuyo objetivo es reunir una Convención Europea ante la CIG. Esta Convención tiene por objeto examinar los proyectos de revisión y emitir una recomendación para la CIG. Está compuesta por representantes de los Jefes de Estado o de Gobierno, de la Comisión, pero también de representantes de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El Tratado de Lisboa también pretende democratizar el proceso de revisión de los tratados. Otra innovación importante es la adquisición por parte del Parlamento Europeo del derecho de iniciativa. A partir de ahora, puede proponer proyectos de revisión al igual que los gobiernos de los Estados miembros y la Comisión.

El Consejo también puede decidir, previa aprobación del Parlamento Europeo, no convocar la Convención si las modificaciones son de menor magnitud. En tal caso, establece directamente un mandato para la CIG.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN SIMPLIFICADO

El Tratado de Lisboa crea un procedimiento simplificado para la revisión de las políticas y acciones internas de la UE. El objetivo es facilitar la construcción europea en dichos ámbitos. Un procedimiento tal permite, de hecho, evitar la convocatoria de una Convención Europea y de una Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, las competencias de la UE no pueden ampliarse mediante un procedimiento de revisión simplificada.

Al igual que el procedimiento ordinario, el gobierno de todo Estado miembro, la Comisión o el Parlamento Europeo pueden someter un proyecto de revisión al Consejo Europeo. El Consejo Europeo adopta entonces una decisión que enuncia las modificaciones aportadas a los tratados. El Consejo Europeo vota por unanimidad, previa consulta a la Comisión, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, si la revisión afecta al ámbito monetario. Las nuevas disposiciones de los tratados no entran en vigor hasta su ratificación por el conjunto de los Estados miembros conforme a sus normas constitucionales respectivas.

LA «CLAÚSULA PASARELA» GENERAL

La cláusula pasarela establecida por el Tratado de Lisboa constituye un segundo procedimiento de revisión simplificada. Esta cláusula permite la adopción de un acto según modalidades distintas a las previstas por los tratados constitutivos, sin implicar una modificación formal de los tratados. La cláusula pasarela general afecta a dos casos:

  • cuando los tratados prevén que un acto sea adoptado por el Consejo por unanimidad, el Consejo puede adoptar una decisión que autorice al Consejo a decidir por mayoría cualificada;
  • cuando los tratados prevén que se adopten actos según un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo puede adoptar una decisión que autorice la adopción de dichos actos según el procedimiento legislativo ordinario.

En ambos casos, el Consejo Europeo decide por unanimidad y debe obtener la aprobación del Parlamento Europeo. Cada parlamento nacional dispone de más de un derecho de oposición y puede impedir la activación de la cláusula pasarela general.

La cláusula pasarela, tal y como se define en el artículo 48 del Tratado de la UE, se aplica al conjunto de las políticas europeas, a excepción de la defensa y las decisiones que tienen implicaciones militares. Sin embargo, el Tratado de la UE y el Tratado de Funcionamiento de la UE prevén cláusulas pasarela aplicables a determinados ámbitos específicos (ficha «procedimientos legislativos»). El valor añadido de estas cláusulas respecto a la cláusula general reside en ciertas particularidades procesales. En concreto, los parlamentos nacionales no disponen generalmente del derecho de oposición.

Última modificación: 29.01.2010

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