COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 12.10.2016

COM(2016) 590 final

2016/0288(COD)

NOTE
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Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas

(Refundición)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2016) 303 final/2}
{SWD(2016) 304 final}
{SWD(2016) 305 final}
{SWD(2016) 313 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

Desde la última revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas de 2009, el sector ha evolucionado significativamente y se ha incrementado su papel como fenómeno facilitador de la economía en línea. Las estructuras de mercado han evolucionado, debilitándose cada vez más el poder de mercado monopolístico, al tiempo que la conectividad se ha convertido en un elemento ampliamente presente en la vida económica. Los consumidores y las empresas recurren cada vez más a los servicios de datos y acceso a Internet en lugar de a la telefonía y otros servicios de comunicación tradicionales. Esta evolución ha supuesto la irrupción de tipos de agentes del mercado anteriormente desconocidos que compiten con los operadores tradicionales de telecomunicaciones [p. ej. los denominados operadores de transmisión libre (OTT): proveedores de servicios que ofrecen una gran variedad de aplicaciones y servicios, incluidos los servicios de comunicaciones, a través de Internet]. Al mismo tiempo, se ha incrementado asimismo la demanda de conectividad fija e inalámbrica de alta calidad, con el aumento del número y la popularidad de los servicios de contenidos en línea, tales como la computación en la nube, la Internet de las cosas (IoT), la comunicación de máquina a máquina (M2M), etc. Las redes de comunicaciones electrónicas también han evolucionado. Entre los cambios principales cabe citar los siguientes: i) la transición en curso hacia un entorno exclusivamente IP, ii) las posibilidades que brindan las nuevas y mejoradas infraestructuras de red subyacentes, que sustentan la capacidad de transmisión, prácticamente ilimitada, de las redes de fibra óptica, iii) la convergencia de las redes fijas y móviles hacia ofertas de servicios sin fisuras para los usuarios finales, con independencia de la ubicación o del dispositivo utilizado y iv) el desarrollo de enfoques técnicos innovadores de gestión de las redes, en particular las redes definidas por software y la virtualización de las funciones de la red (NFV). Estos cambios operativos y de uso exponen las normas vigentes a nuevos retos cuya importancia se incrementará probablemente a medio y largo plazo, y, por tanto, deben tenerse en cuenta a efectos de la revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas.

Esta revisión debe abordarse a la luz de la Estrategia para el Mercado Único Digital (MUD) de Europa 1 . La Estrategia para el Mercado Único Digital reconocía la importancia de los cambios de paradigma que está experimentando el sector digital y afirmaba que los particulares y las empresas deben poder acceder sin fisuras a actividades en línea y realizarlas en condiciones de competencia leal. Además, anunciaba que «La Comisión presentará propuestas en 2016 para una revisión ambiciosa del marco reglamentario centrándose en i) un enfoque de mercado único coherente sobre la política y gestión del espectro, ii) proporcionar las condiciones para un verdadero mercado único, abordando la fragmentación normativa para permitir economías de escala en los operadores de redes y proveedores de servicios eficientes y una protección eficaz de los consumidores, iii) garantizar la igualdad de condiciones para todos los operadores del mercado y la coherencia en la aplicación de las normas, iv) incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad (incluida una revisión de la Directiva de servicio universal) y v) un marco regulatorio institucional más efectivo».

En función de este compromiso, y de acuerdo con los requisitos de «Legislar mejor» 2 , la Comisión llevó a cabo una evaluación ex post. Se examinaron la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE del marco regulador de la Unión, y se pusieron de relieve ámbitos en los que existe un potencial de simplificación, sin detrimento de los objetivos de dicho marco.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

Como los servicios de conectividad prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas constituyen la espina dorsal de los servicios y productos digitales, la presente propuesta encierra un alto grado de sinergia con otras iniciativas incluidas en la estrategia del mercado único digital.

La propuesta complementa asimismo la reglamentación sectorial existente. En particular, la propuesta es plenamente coherente con la Directiva 2014/61/UE (Directiva de reducción de costes de la banda ancha), estableciéndose así a través de ambas un conjunto global de normas que facilitan el despliegue de infraestructuras de banda ancha. Junto con el recientemente adoptado Reglamento (UE) 2015/2120, que garantiza una Internet abierta y suprime los recargos por itinerancia, la presente propuesta proporciona un elevado nivel de protección de los usuarios finales en otros ámbitos que requieren normas sectoriales. Las normas propuestas en materia de gestión del espectro se basan en instrumentos actualmente existentes en este ámbito, especialmente la Decisión 676/2002/CE sobre el espectro radioeléctrico, la Decisión 2002/622/CE por la que se crea un Grupo de política del espectro radioeléctrico y la Decisión 243/2012/UE por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (PPER). Por último, también allana el camino para la revisión de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, anunciada como parte de la estrategia del mercado único digital.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

Aunque la propuesta aborda cuestiones de reglamentación que obedecen a las características específicas del sector de las comunicaciones electrónicas en cuanto industria de red, se basa en la actual legislación de la UE en varios ámbitos y la complementa. En el ámbito de la regulación del mercado, las propuestas se basan en los principios de la legislación de la UE en materia de competencia, al igual que el marco regulador existente. Establece medidas adicionales, como la cartografía de los despliegues de red, que también proporcionan información útil a efectos de las ayudas estatales y, por lo tanto, mejora la coherencia de ambas políticas.

En lo concerniente a la protección del usuario final, las normas propuestas complementan la legislación horizontal de protección de los consumidores, atendiendo a las especificidades del sector, por un lado, y racionalizando, por otro, las actuales normas específicas del sector en ámbitos en los que la anterior legislación ha experimentado una evolución desde la última revisión realizada en 2009. De esta manera, la propuesta evita solapamientos en ámbitos en los que las normas horizontales bastan por sí solas para garantizar un nivel adecuado de protección de los usuarios finales.

La política de cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) constituyen una herramienta importante para colmar las lagunas de conectividad en zonas donde el mercado presenta deficiencias y deben asignarse de forma que puedan aprovecharse al máximo los recursos disponibles. La propuesta contribuye al logro de este objetivo proporcionando unas condiciones adecuadas para las inversiones privadas, de modo que los fondos públicos puedan canalizarse hacia donde son más necesarios.

La propuesta conserva la actual complementariedad entre las comunicaciones electrónicas y la política de servicios de comunicación audiovisual, pues continúa garantizando el mantenimiento del marco sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel de la Unión o a nivel nacional, de conformidad con el Derecho de la UE, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular, los relacionados con la regulación de los contenidos y la política audiovisual. La distinción entre la regulación de la transmisión de la señal de radiodifusión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, con el fin de garantizar, en particular, el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores.

•Coherencia con las obligaciones derivadas del Derecho internacional

La propuesta es coherente con las obligaciones del Derecho internacional existentes, incluido el AGCS y su anexo sobre telecomunicaciones y el documento de referencia del AGCS.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que su objetivo es establecer el mercado interior de las comunicaciones electrónicas y garantizar su funcionamiento.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Dado que la propuesta es una revisión del marco actual, el análisis de subsidiariedad que figura a continuación se centra en lo siguiente: el nuevo objetivo de conectividad ubicua y sin condicionamientos, la armonización de las competencias de las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), la armonización de las cuestiones relacionadas con el espectro y la revisión de las normas sobre servicios.

Conectividad ubicua y sin condicionamientos

Sin conectividad ubicua de muy alta capacidad, el mercado único no puede aprovechar una parte significativa de su capital humano. Ello va en detrimento tanto de la cohesión territorial como de la capacidad de las empresas para producir de manera eficiente y ofrecer servicios innovadores y competitivos. La conectividad puede desempeñar un papel socioeconómico esencial para prevenir el aislamiento y la despoblación y servir de nexo entre las regiones periféricas y las regiones centrales de la UE. La situación de los Estados miembros en lo que concierne a la conectividad presenta notables divergencias. Existen discrepancias muy importantes, que no pueden explicarse exclusivamente por las diferencias en cuanto a paisaje, población, PIB o poder adquisitivo, sino que son el reflejo de las distintas opciones políticas elegidas tanto en la actualidad como en el pasado. La falta de intervención de la UE encaminada a la meta de lograr una conectividad ubicua y sin condicionamientos como objetivo específico del marco daría lugar a que se perpetuase este mosaico, con efectos negativos sobre el mercado único y los intereses de los consumidores. 

Armonización de las competencias de las ANR

La configuración institucional otorga un alto grado de flexibilidad a las autoridades nacionales de reglamentación y los Estados miembros, lo que permite adaptar la reglamentación a las circunstancias nacionales o locales concretas. Sin embargo, este sistema comporta importantes deficiencias en ámbitos en los que la coherencia es esencial o contribuiría en mayor medida al interés común europeo. La reglamentación de algunos ámbitos requiere un enfoque más armonizado o coordinado a nivel de la UE. Ello puede lograrse, en particular, a través de la armonización de las tareas de las ANR, que posteriormente participan en el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), en tanto en cuanto pilares de la configuración institucional. La armonización de las tareas de las ANR no debe traducirse en una reducción de su independencia política, sino, por el contrario, en la ampliación a todos los nuevos ámbitos de competencia del principio de no recibir instrucciones.

Armonización de las cuestiones relacionadas con el espectro

El espectro, al igual que otros recursos como los números y, en cierta medida, el territorio, es un recurso escaso que pertenece a los Estados miembros y en cuya gestión y asignación se deben tener en cuenta las especificidades y necesidades nacionales. Al mismo tiempo, es necesario disponer de una normativa más convergente y coherente a nivel de la UE en lo relativo a la entrada en el mercado, con objeto de eliminar los obstáculos a que dan lugar las divergencias indebidas de las condiciones para la asignación de derechos individuales de utilización del espectro, los números o el territorio. Se necesita una normativa coherente a nivel de la UE a fin de i) permitir a los proveedores extender sus servicios a otros Estados miembros; ii) crear un efecto de escala de mercado suficiente que pueda ser aprovechado por los Estados miembros que se encuentran en la vanguardia; iii) proporcionar a los ciudadanos y empresas de la UE un acceso oportuno a las capacidades y servicios inalámbricos más avanzados, de modo que puedan beneficiarse del entorno digital y de aplicaciones y servicios innovadores y desarrollar comercialmente y consolidar las ventajas de la economía digital, que evoluciona sin cesar hacia una economía «móvil» en la que la política del espectro juega un papel importante; iv) permitir a los países que van a la zaga ponerse a la altura y participar en el mercado único digital, lo que redundará además en que los Estados miembros más avanzados puedan intensificar los intercambios comerciales y de ciudadanos dentro de sus fronteras; y v) tratar de manera coherente a todos los usuarios del espectro en toda la Unión. Por último, para que la UE pueda situarse a la cabeza del mundo en lo que se refiere a nuevos y mejores servicios, como la 5G, los fabricantes de equipos y los proveedores de servicios de comunicaciones necesitan una escala suficiente. Ello implica no solo la armonización técnica, sino, lo que es más importante, un mercado interior cuyo desarrollo discurra en buena medida por los mismos cauces, de modo que los servicios y los dispositivos puedan beneficiarse de la existencia de unas normas estables y armonizadas.

Servicios

En lo concerniente a los servicios, la competencia entre los proveedores locales de servicios de comunicaciones electrónicas que agrupan el acceso a la red con los servicios y los proveedores globales de servicios de transmisión libre por las redes refuerza el derecho de la UE a intervenir para asegurar unas condiciones de competencia equitativas. También es necesario actuar a nivel de la UE para reducir la fragmentación de las normas de protección de los usuarios finales, que genera costes administrativos para los proveedores de servicios transfronterizos y obstaculiza el desarrollo de servicios innovadores, desembocando en un nivel de protección desigual e insuficiente de los consumidores en el conjunto de la Unión.

•Proporcionalidad

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, ya que no excede de lo estrictamente necesario para la consecución de los objetivos. Realiza ajustes específicos del marco actual con el fin de responder a los cambios tecnológicos y de mercado y, en particular, a la necesidad de abordar a nivel de la Unión la disponibilidad y la implantación generalizada de redes de muy alta capacidad que constituyan el fundamento de un mercado único digital que funcione plenamente.

En cuanto a la regulación del acceso, las autoridades nacionales de reglamentación siguen siendo competentes a la hora de garantizar que las deficiencias del mercado se aborden mediante soluciones adecuadas y que la regulación contribuya a la consecución de los objetivos políticos comunes. Las normas propuestas proporcionan a los reguladores instrumentos adicionales para hacer frente al actual reto de la conectividad, pero la forma en que vaya a hacerse uso de ellas dependerá de circunstancias nacionales que corresponde sopesar a los reguladores nacionales. El refuerzo selectivo de la supervisión reglamentaria, principalmente dando mayor relieve a la función del ORECE, se justifica por la falta de coherencia constatada en la aplicación de la normativa, elemento fundamental para impulsar el mercado interior.

La gestión del espectro es asimismo una competencia que comparten la Comisión y los Estados miembros. Las normas propuestas proporcionan un marco global para la gestión coherente del espectro en la UE, disponiendo los Estados miembros de la discrecionalidad necesaria para ejecutar y aplicar las normas en función de las circunstancias nacionales. Debido a que la gestión del espectro tiene importantes implicaciones transfronterizas y ejerce un amplio impacto sobre la conectividad en el mercado interior, son necesarios determinados procedimientos de coordinación a nivel de la Unión.

Aunque las normas de protección del usuario final introducen una armonización completa, con algunas excepciones específicas (por ejemplo, en materia de duración máxima del contrato), la armonización se limita a los ámbitos abarcados por la propuesta.

Además, la elección del instrumento jurídico de la Directiva dará lugar a que los Estados miembros dispongan de cierta discrecionalidad para adaptar la aplicación a su legislación nacional.

•Elección del instrumento

La propuesta de Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas consiste en una refundición horizontal 3 de las cuatro Directivas existentes (marco, autorización, acceso y servicio universal), que las agrupa en una sola Directiva. Cada una de las Directivas contiene medidas aplicables a las redes de comunicaciones electrónicas y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. La revisión brinda la oportunidad de simplificar la estructura actual, con objeto de reforzar su coherencia y accesibilidad, en consonancia con el objetivo de la adecuación de la normativa. También ofrece la posibilidad de adaptar su estructura a la nueva realidad del mercado, en que la prestación de servicios de comunicaciones ya no lleva necesariamente aparejado el suministro de una red.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente

En general, el documento de trabajo que acompaña a la propuesta y evalúa la idoneidad, desde el punto de vista reglamentario, de la normativa actual llega a la conclusión de que el marco regulador de las comunicaciones electrónicas ha alcanzado globalmente su objetivo general de garantizar un sector competitivo que brinda importantes beneficios al usuario final. No obstante, si bien los principales objetivos específicos del marco regulador —fomentar la competencia, desarrollar el mercado interior y promover los intereses de los usuarios finales— siguen siendo pertinentes, es necesaria su revisión a fin de hacer frente a la creciente necesidad de una mayor conectividad en el mercado único digital y de racionalizar las disposiciones a la luz de la evolución del mercado y los avances tecnológicos.

Más concretamente, por lo que se refiere a los criterios específicos de evaluación, las constataciones pueden resumirse como sigue:

Pertinencia - En términos generales, la evaluación ha puesto de manifiesto que los objetivos específicos del marco —fomentar la competencia, realizar el mercado único y proteger los intereses de los consumidores— siguen siendo tan válidos como siempre, habiendo adquirido mayor pertinencia el objetivo del mercado único. Una competencia eficaz y sostenible impulsa la inversión eficiente y es un acicate para el desarrollo del mercado interior. En última instancia, redunda en beneficio de los usuarios finales, ya que estimula la innovación y proporciona el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad.

Al mismo tiempo, la conectividad ha emergido como la fuerza motriz que subyace a la sociedad y la economía digitales, respaldada por los cambios tecnológicos y la evolución de las demandas del mercado y de los consumidores: la realización del mercado único digital resulta clave para el compromiso político de la Comisión Juncker. Es preciso, por lo tanto, proceder a un ajuste de los actuales objetivos políticos e instrumentos de regulación para contribuir en mayor grado al despliegue de infraestructuras y la adopción generalizada de los servicios de conectividad correspondientes, en consonancia con las necesidades futuras.

La mayoría de los ámbitos de regulación mantienen, o incluso ven aumentada, la relevancia que tenían en 2009, en particular la gestión del espectro, al tratarse de un insumo esencial, aunque escaso, para el despliegue de la actual y de la próxima generación de redes inalámbricas móviles y fijas, así como la regulación del acceso como medio para abordar las persistentes barreras de entrada en las redes. Por ejemplo, mientras los cambios experimentados por el mercado están poniendo en tela de juicio la pertinencia de determinados componentes específicos de las normas sobre servicio universal, el concepto de una «red de seguridad» garante de que todos los ciudadanos queden incluidos en una sociedad digital plenamente desarrollada está adquiriendo incluso mayor importancia en el mercado único digital. Del mismo modo, si bien algunas disposiciones específicas enmarcadas en el objetivo de protección de los usuarios finales podrían tener que ajustarse como consecuencia de los cambios tecnológicos, legislativos o del mercado, las necesidades fundamentales de protección del usuario final a las que obedecen esas disposiciones siguen siendo pertinentes y sus fines específicos continúan siendo esenciales.

Eficacia - Se coincide generalmente en reconocer la eficacia del marco regulador para lograr un sector globalmente competitivo. Ello, a su vez, ha generado importantes beneficios para los usuarios finales, tales como la amplia disponibilidad de la banda ancha (básica), un descenso significativo de los precios y mayores posibilidades de elección.

La regulación del acceso y el espectro, en particular, pero también las disposiciones de entrada en el mercado, han contribuido a la intensificación de la competencia. Sin embargo, la regulación del acceso ha contribuido a la competencia a nivel de servicios más que a nivel de la red, y, si bien han avanzado las inversiones en redes de muy alta capacidad, estas no se han producido en todos los Estados miembros al ritmo contemplado en las agendas políticas públicas dadas las necesidades futuras previstas. Es importante señalar que, aunque la liberación de una cantidad significativa de espectro para la banda ancha inalámbrica es un logro considerable, los avances en la gestión del espectro no han cumplido las expectativas de la última revisión, de modo que el despliegue y la adopción de la 4G se han producido con retraso y de forma fragmentada.

Los esfuerzos para lograr el objetivo del mercado único se han traducido en unos resultados bastante modestos. La coherencia en la regulación únicamente se ha alcanzado en una medida limitada, lo que afecta a las actividades de los proveedores transfronterizos y reduce la previsibilidad en el caso de todos los operadores y sus inversores. El actual marco armoniza muy pocas de las competencias asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación responsables de la regulación ex ante del mercado y permite a los Estados miembros asignar tareas dentro del marco a otras autoridades que no cumplen los mismos requisitos de independencia. El resultado es un mosaico, ya que, salvo en lo que concierne a la regulación ex ante del mercado, no hay ninguna otra competencia que tenga también atribuida la totalidad de las veintiocho autoridades nacionales de reglamentación que son miembros del ORECE.

Lo que es más importante, los instrumentos de cooperación y coherencia disponibles han conducido a una situación en que no siempre se ha optado por las mejores soluciones reguladoras, lo cual ha tenido consecuencias para los usuarios finales. Los controles de coherencia a escala de la UE, a través de la actual estructura de gobernanza, contribuyen a la previsibilidad de la regulación del acceso en toda la Unión, si bien su influencia se ve considerablemente limitada en lo que respecta a los proyectos de soluciones de regulación. Del mismo modo, la falta de coherencia en la gestión del espectro, así como la ausencia de una configuración institucional para coordinar las asignaciones de este, han tenido consecuencias negativas para los usuarios finales, como el retraso en el despliegue de la 4G en la mayor parte de la UE.

Aunque son significativos los logros del marco en lo que atañe a la protección de los usuarios finales y la garantía de una red de seguridad (servicio universal), la satisfacción de los consumidores ha crecido de forma relativamente lenta. Asimismo, es evidente que no todas las disposiciones sectoriales de protección de los usuarios finales siguen siendo adecuadas para la finalidad que perseguían, dados los cambios acaecidos a nivel de la tecnología, del mercado y de la legislación en general.

Eficacia - Aunque no ha sido posible efectuar un cálculo preciso de los costes, la evaluación ha puesto de manifiesto que los beneficios del marco -para la mayoría de los operadores, los usuarios finales y la sociedad en su conjunto- superan con creces el coste de su aplicación. No obstante, si bien una intervención bien calibrada (por ejemplo, una regulación adecuada del acceso) podría requerir cierto nivel de complejidad, se han determinado una serie de ámbitos donde resultaría factible reducir la carga administrativa sin comprometer la eficacia de las disposiciones, e incluso mejorándola en algunos casos: por ejemplo, ciclos más largos en la regulación ex ante del mercado, procedimientos simplificados para la imposición de soluciones en los mercados de terminación, racionalización de algunas disposiciones de protección de los consumidores que se solapan.

Valor añadido de la UE - El marco regulador ha resultado clave para hacer realidad la competencia en el mercado único, lo que, en cierta medida, no habría sido factible ni probable a escala nacional. Ha contribuido a la mejora de las prácticas reguladoras nacionales del sector, promoviendo -con éxito variable en ámbitos de regulación concretos- modelos de «el mejor de su clase» en toda la Unión Europea. La actuación de la UE también ha contribuido a proporcionar a los usuarios finales una protección más amplia, aunque no homogénea, que la que se habría conseguido de otro modo.

Coherencia - En general, los distintos instrumentos que integran el marco regulador de las comunicaciones electrónicas se han reforzado mutuamente en la consecución de sus objetivos. No obstante, dos cuestiones merecen especial atención en el proceso de revisión: la coherencia entre i) la reglamentación encaminada a incentivar el despliegue de una red competitiva y ii) las normas sobre financiación de la UE y ayudas estatales en este sector, así como los posibles solapamientos entre determinadas disposiciones sectoriales y la legislación horizontal de defensa de los intereses de los consumidores.

•Consultas con las partes interesadas

El 11 de septiembre de 2015 se puso en marcha una consulta pública abierta específica, de doce semanas de duración, que permitió recoger aportaciones para el proceso de evaluación con el fin de examinar las disposiciones en vigor y recabar puntos de vista sobre posibles adaptaciones del marco, a la luz de la evolución del mercado y la tecnología. Abarcó una evaluación general del marco actual, así como una evaluación y revisión más detalladas de sus elementos específicos, es decir, i) la regulación del acceso a la red, ii) la gestión del espectro y la conectividad inalámbrica, iii) la regulación sectorial para los servicios de comunicaciones electrónicas, iv) las normas sobre el servicio universal y v) el marco institucional y la gobernanza.

La consulta fue a la vez amplia y detallada, y concitó una gran abundancia de aportaciones de consumidores, proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, asociaciones de operadores nacionales y de la UE, organizaciones de la sociedad civil, organismos de radiodifusión, proveedores de tecnología, proveedores de Internet y de servicios en línea, empresas dependientes de la conectividad y agentes de la economía digital en sentido amplio, autoridades nacionales de todos los niveles, reguladores nacionales y otras partes interesadas. Entre las aportaciones recibidas figuran las de las partes interesadas afectadas por la política, que tienen que aplicarla o que tienen un interés declarado en dicha política. La consulta recibió un total de 244 respuestas en línea de partes interesadas de todos los Estados miembros, así como de fuera de la Unión. Se complementó con una audiencia pública celebrada el 11 de noviembre de 2015, en el ecuador de la consulta pública.

Además de esta consulta, el ORECE contribuyó a la evaluación y el proceso de revisión y publicó su dictamen en diciembre de 2015 4 . Además, el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSGP) también ha dado a conocer su dictamen sobre el mercado único digital y la revisión del marco 5 .

En el proceso de consulta se han puesto de manifiesto las siguientes tendencias:

• La conectividad goza de amplio reconocimiento como fuerza motriz subyacente a la sociedad y la economía digitales, bajo el influjo de los cambios tecnológicos y las demandas cambiantes del mercado y de los consumidores.

• Una buena conectividad se considera una condición necesaria para la realización del mercado único digital. Muchos de los participantes señalaron que se precisan medidas políticas, y posiblemente ajustes de la política actual y de los instrumentos reguladores, para favorecer el despliegue de infraestructuras en consonancia con las necesidades futuras.

• En algunas aportaciones se afirmaba que el actual marco regulador no impulsa suficientemente el mercado interior. Existe una percepción general de que es necesario que dicho marco se adapte a la dinámica actual del mercado. Sin embargo, muchos de los participantes han reconocido los logros propiciados por la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, especialmente en lo que se refiere a la competencia y los beneficios para los usuarios finales en la mayoría de los mercados nacionales.

• En relación con el espectro, se reconoce la importancia de la conectividad inalámbrica y de la banda ancha inalámbrica. En general, el sector está a favor de un enfoque más coordinado y reclama una mayor certidumbre para las inversiones y las posibilidades de desarrollar en toda la UE nuevas comunicaciones inalámbricas y móviles, incluida la 5G. Se ha destacado la creciente importancia de una mayor flexibilidad en el acceso al espectro y en su utilización.

• Las autoridades de los Estados miembros subrayan en general los logros conseguidos en el ámbito de la armonización técnica y la necesidad de que toda coordinación adicional se produzca en sentido ascendente y tenga carácter voluntario; algunas de ellas instan a alcanzar un mejor equilibrio entre armonización y flexibilidad. Hay unanimidad en reconocer la importancia de una mayor flexibilidad en el acceso al espectro y en su utilización en el futuro.

• Las Administraciones de varios Estados miembros señalan que es preciso actualizar la normativa sobre telecomunicaciones, por razones que varían desde la necesidad de promover la inversión en infraestructuras de próxima generación a la necesidad de responder a los cambios tecnológicos y del mercado. También se pide mayor flexibilidad de las normas y su simplificación.

• Mientras que, en opinión de las empresas de telecomunicaciones tradicionales, se han primado los intereses económicos en lugar de la inversión y la innovación a largo plazo, los operadores alternativos, el ORECE y las organizaciones de consumidores consideran que el marco ha cumplido en gran medida sus objetivos actuales.

• Por lo general, los usuarios de las telecomunicaciones están a favor de la vigente regulación del acceso, si bien algunos estiman que se debería hacer hincapié en la competencia en los servicios en lugar de en la infraestructura subyacente, y que debe ponerse el acento en el uso compartido de las infraestructuras.

• La inmensa mayoría de los participantes considera que debería aprovecharse la revisión para reconsiderar en su integridad el régimen de servicio universal. Las Administraciones de los Estados miembros estiman necesario mantener un servicio universal, con flexibilidad a nivel de cada Estado miembro en cuanto a la financiación y la aplicación a la banda ancha. El ORECE apoya el mantenimiento de la actual gama de instrumentos para la obligación del servicio universal.

• Mientras que, para las Administraciones de diversos Estados miembros, los entes reguladores y las organizaciones de consumidores, sigue siendo necesaria una protección sectorial de los usuarios finales basada en una armonización mínima a alto nivel, el sector de las telecomunicaciones reclama una mayor preeminencia de la legislación horizontal y la plena armonización, en particular en materia de servicios. El sector de las telecomunicaciones en general, pero también algunas Administraciones, alegan que deberían aplicarse las mismas normas a servicios similares, mientras que otras Administraciones, así como los denominados operadores de transmisión libre (OTT), los proveedores de equipos y programas informáticos, los operadores de cable y algunos entes de radiodifusión son de la opinión de que el concepto de servicio de comunicaciones electrónicas, según se define actualmente, ha demostrado su solidez.

• Si bien se celebra en general la función que han venido desempeñando las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades de gestión del espectro, un gran número de participantes subraya que debe revisarse la configuración institucional a escala de la UE para mejorar la seguridad jurídica y la rendición de cuentas.

Como parte del proceso de evaluación, la Comisión también ha contratado la realización de una serie de estudios. La ejecución de estos estudios incluyó la organización de seminarios públicos donde las partes interesadas pudieron presentar sus observaciones y dar a conocer sus reacciones a la labor de evaluación en curso:

el 6 de abril de 2016, se celebró un seminario público para validar los resultados provisionales del estudio SMART 2015/002, llevado a cabo por WIK, IDATE y Deloitte, sobre «Regulatory, in particular access, regimes for network investments models in Europe» (Regímenes de regulación, en particular del acceso, para los modelos de inversiones en redes en Europa), y

el 2 de mayo de 2016, se celebró un seminario público para validar los resultados provisionales del estudio SMART 2015/003, llevado a cabo por WIK, CRIDS y Cullen, sobre «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-user issues» (Cuestiones de fondo que deben revisarse en los ámbitos de entrada en el mercado, gestión de recursos escasos y cuestiones generales relativas a los usuarios finales).

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

La Comisión se basó en el siguiente asesoramiento externo:

Recomendaciones políticas de otras instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo 6 y el Consejo Europeo 7 .

Tres estudios de evaluación específicos:

«Support for the preparation of the impact assessment accompanying the review of the regulatory framework for e-communications» (Contribución a la preparación de la evaluación de impacto que acompaña a la revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas) (SMART 2015/0005),

«Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe» (Regímenes de regulación, en particular del acceso, para los modelos de inversiones en redes en Europa) (SMART 2015/0002),

«Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general consumer issues» (Cuestiones de fondo que deben revisarse en los ámbitos de entrada en el mercado, gestión de recursos escasos y cuestiones generales relativas a los usuarios finales) (SMART 2015/0003).

Además, han contribuido al proceso de revisión algunos otros estudios, que se enumeran en la sección 6.1.4 de la evaluación de impacto.

Panel de expertos de alto nivel en el marco del estudio SMART 2015/0005 8 .

•Evaluación de impacto

Regulación del acceso

Acceso de próxima generación y regulación centrada en la conectividad de alta calidad

Esta opción considera que, si bien los principios esenciales del marco siguen siendo válidos, es necesario introducir ajustes importantes que proporcionen los incentivos necesarios para que tanto los operadores históricos como los competidores realicen inversiones o inversiones conjuntas viables en redes futuras que, en principio, sean capaces de ofrecer conectividad de muy alta capacidad a todos los ciudadanos y empresas de Europa.

Espectro

Normas vinculantes y que puedan hacerse cumplir para mejorar la coordinación de la gestión del espectro en la UE, haciendo mayor hincapié en la adaptación de las normas del espectro a los futuros retos de la 5G

El objetivo que se persigue es adaptar el marco a la evolución de los acontecimientos en lo que se refiere a la conectividad ubicua y el despliegue de la 5G, así como garantizar una mayor coherencia en lo que respecta a las medidas de los Estados miembros, en particular las que afectan a unas condiciones de mercado competitivas y la regulación económica. Se pretende hacerlo mediante la introducción de mayores adaptaciones del marco, de instrumentos jurídicamente vinculantes y de un mecanismo de revisión por pares, lo que permitirá al ORECE, a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación examinar aquellos elementos de los procedimientos nacionales de asignación previstos en cada uno de los Estados miembros que inciden en mayor medida en la evolución del mercado y las empresas. Además, esta opción hará más hincapié en el entorno de inversión en redes de 5G densas.

Servicio universal

Adaptación gradual a las tendencias, con especial atención a la asequibilidad de las comunicaciones vocales y la banda ancha

Esta opción centra la obligación de servicio universal en la UE en el aspecto de la asequibilidad, incluyendo en su ámbito de aplicación el suministro en la UE de comunicaciones vocales y banda ancha básica en condiciones asequibles, así como el derecho de los consumidores que se benefician de tarifas universales especiales a suscribir contratos. A nivel de la UE, la banda ancha se definiría por referencia a una conexión funcional de acceso a Internet establecida sobre la base de una lista mínima de servicios en línea, y que los Estados miembros pueden determinar con más detalle a nivel nacional, gracias a los cuales los usuarios finales podrán participar en la sociedad civil. Debe garantizarse la asequibilidad de estos servicios prestados en una ubicación fija, en particular a través de una ayuda directa, si bien los Estados miembros tendrán la posibilidad de incluir medidas de asequibilidad de los servicios móviles en el caso de los usuarios finales más vulnerables cuando esté acreditada esa falta de asequibilidad. La disponibilidad de estos servicios se impulsará principalmente mediante otros instrumentos políticos (incentivos a la inversión privada, ayudas estatales, obligaciones de cobertura relacionadas con el espectro, etc.) y solo podrán incluirse excepcionalmente a nivel nacional si su necesidad se acredita debidamente. Teniendo en cuenta que la banda ancha universal tiene una gama más amplia de beneficiarios (y no solo en el sector de las telecomunicaciones), esta opción recurre a la financiación con cargo a los presupuestos generales, por ser la forma más equitativa y menos distorsionadora de destinar fondos a la prestación del servicio universal.

Servicios

Servicios de acceso a Internet (SAI) y obligaciones reglamentarias para los servicios de comunicaciones electrónicas vinculados principalmente al uso de recursos de numeración

Esta opción se basa en otras opciones. Propone, además de la regulación de los SAI, aplicar un conjunto limitado de normas sectoriales a los servicios de comunicaciones interpersonales, prestados tanto tradicionalmente (telefonía vocal o SMS) como a través de los SAI. En particular, la opción determina los ámbitos que aún requieren una protección sectorial en razón de sus características y propone aplicar por igual las normas correspondientes a todos los proveedores de servicios que sean funcionalmente equivalentes. En muchos casos, se tratará de los SAI más los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan números (se entiende por «utilización» el suministro de números a los propios abonados del servicio, o el suministro de un servicio que permite la comunicación con los abonados de otros proveedores a través de tales números). En ámbitos clave como la seguridad y la facultad de imponer la interoperabilidad, las normas pertinentes deben aplicarse a todos los servicios de comunicaciones interpersonales. Se propone que las normas para el usuario final estén plenamente armonizadas en la medida de lo posible, en lugar del actual enfoque de armonización mínima, a fin de aliviar la carga del cumplimiento y de evitar distorsiones en las condiciones de mercado entre los Estados miembros. A fin de reducir la carga reguladora, se propone suspender las obligaciones reglamentarias que ya no sean necesarias o se encuentren adecuadamente cubiertas por la legislación general de protección del consumidor. Un ejemplo destacado de ello es la supresión de la facultad de las ANR de imponer directamente la regulación de los precios al por menor.

Por lo que se refiere a las obligaciones reglamentarias aplicables a los servicios de comunicaciones interpersonales, la mayor parte se vincularían a la utilización de recursos de numeración públicos, lo que confirma un enfoque definido por los reguladores 9 al menos desde la última revisión del marco, pero que es muy cuestionado por los proveedores de servicios pertinentes y no está muy difundido en la práctica. Se redefine el alcance del acceso a los servicios de emergencia utilizando el concepto de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números, si bien teniendo en cuenta la incapacidad de algunos servicios en línea para garantizar la calidad del servicio de este tipo de llamadas. Las normas para los servicios de comunicaciones interpersonales basados en números abarcarían, entre otras cosas, la duración de los contratos, la transparencia, la información sobre la calidad del servicio, la conservación del número, dirigida por el proveedor receptor, las herramientas de seguimiento del consumo, las herramientas de comparación de precios y calidad del servicio o las normas de cambio de proveedor en el caso de las ofertas conjuntas, a fin de evitar efectos de cautividad.

Además, en determinados ámbitos, ciertos asuntos de interés público, como la seguridad, exigirán la aplicación de obligaciones reglamentarias a todos los servicios de comunicaciones interpersonales, es decir, incluso a los que se prestan a través de los SAI pero no utilizan recursos de numeración.

Obligación de transmisión y guías electrónicas de programas (EPG)

Mantenimiento de la posibilidad para los Estados miembros de imponer obligaciones de transmisión y de EPG

Esta opción permitiría mantener las actuales obligaciones de transmisión y de EPG. Se aclara, no obstante, que las obligaciones de transmisión pueden incluir datos que complementen los canales de radio y de televisión que soportan los EPG y servicios de televisión conectados.

Numeración

Adaptación del marco de la UE sobre numeración para abordar cuestiones de competencia en el mercado

Con arreglo a esta opción, el marco se adaptaría para permitir a los Estados miembros asignar números a empresas que no sean proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas o redes. También permitiría el uso extraterritorial de determinados recursos de numeración dentro de la UE, sujeto a las salvaguardias adecuadas para proteger a los usuarios finales en todos los Estados miembros en los que se utilicen los números.

Gobernanza

Función consultiva del ORECE/RSPG, atribuyendo determinadas facultades normativas al ORECE, y mejora del proceso de revisión del mercado y asignación de espectro

Esta opción prevé, en particular, un conjunto mínimo de competencias armonizadas para las ANR y la alineación de las tareas de las ANR y el ORECE, así como un alineamiento sustancial de la estructura de gobernanza del ORECE con el enfoque común sobre las agencias descentralizadas.

Además, se atribuirán al ORECE tareas adicionales, como la facultad de adoptar decisiones vinculantes relativas a la identificación de los mercados transnacionales y en relación con una plantilla resumida de contrato; unas competencias casi vinculantes en relación con los procedimientos del mercado interior para los proyectos de medidas nacionales de regulación del mercado (el «sistema de doble llave» — véase más abajo) y la fijación de una única tarifa máxima de terminación para la UE; y el establecimiento de directrices en una serie de ámbitos: estudios geográficos, planteamientos comunes para responder a la demanda transnacional, criterios mínimos para las ofertas de referencia, criterios comunes de gestión de los recursos de numeración, parámetros de calidad del servicio, métodos de medición aplicables y características técnicas del modelo de costes que deben aplicar las ANR cuando fijen las tarifas de terminación simétricas máximas. También estará facultado para solicitar información directamente a los operadores.

El ORECE se encargará asimismo de la creación de un registro para el uso extraterritorial de números y los acuerdos transfronterizos, así como otro registro de la UE de proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Además, se pedirá a este organismo que asista a la Comisión y las ANR en el ámbito de la normalización, ayudándoles a identificar la falta de interoperabilidad o la existencia de una amenaza para la conectividad de extremo a extremo o para el acceso efectivo a los servicios de emergencia.

Por lo que se refiere a las medidas reguladoras, se propone un «sistema de doble llave» que, en aquellos casos en que el ORECE y la Comisión compartan una misma posición en relación con el proyecto de medidas propuesto por una ANR, la Comisión pueda exigir a dicha ANR que modifique o retire el proyecto de medida y, en caso necesario, vuelva a notificar el análisis de mercado. Se atribuirán al ORECE determinadas tareas adicionales relacionadas con la normativa y el asesoramiento.

En lo que concierne al espectro, las ANR solo adquirirán competencias en la toma de decisiones relativas a las condiciones de regulación y configuración del mercado de la asignación de espectro para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Además, se introduce en el ORECE un sistema de «revisión por pares» como nuevo mecanismo de coordinación. En virtud de este mecanismo, las ANR deberán notificar sus proyectos de medidas sobre estos aspectos de la asignación del espectro al ORECE, que las examinará y emitirá un dictamen no vinculante.

Por otra parte, se atribuirán a la Comisión facultades normativas generales adicionales en lo tocante al establecimiento de criterios para definir determinados elementos de la asignación del espectro, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el asesoramiento del RSPG y sobre la base de su adopción mediante comitología (Cocom) – a fin de orientar a las distintas ANR, así como la «revisión por pares» dentro del ORECE. El RSPG seguirá siendo un órgano consultivo y proporcionará dictámenes a la Comisión antes de adoptar las medidas de ejecución mediante el procedimiento de comitología.

•Adecuación regulatoria y simplificación

Las medidas políticas propuestas dentro del grupo de opciones preferidas se ajustan al programa REFIT y abordan el objetivo de simplificación y reducción de la carga administrativa, en consonancia con los resultados del ejercicio de evaluación sobre el potencial REFIT de la revisión. Varios de los cambios que se proponen en materia de acceso, espectro, servicio universal, servicios/usuarios finales, numeración y gobernanza persiguen el fin de aclarar las normas, permitir que las partes comprendan fácilmente sus derechos y obligaciones y evitar el exceso de reglamentación y las cargas administrativas.

Los cambios propuestos incluyen, en concreto: la racionalización y la individualización geográfica de la regulación del acceso; la utilización (siempre que sea posible) de la autorización general, que se preferirá a las licencias individuales para el espectro; el fomento de los mercados secundarios de espectro; la supresión de obligaciones de servicio universal redundantes, tales como el requisito de garantizar el suministro de teléfonos de pago y guías de teléfonos físicas; la limitación del ámbito de las obligaciones de disponibilidad del servicio universal y la supresión del mecanismo de reparto sectorial; la clarificación del alcance del marco regulador y la eliminación de las obligaciones de protección de los consumidores redundantes cuando estén ya cubiertas por la legislación horizontal o por el mercado; la armonización y clarificación de las normas y la gobernanza de la numeración en el contexto de la M2M, así como la adaptación al ORECE de las competencias de las ANR.

Las medidas de simplificación de las opciones preferidas tienen asimismo una dimensión que favorece la coherencia del mercado, ya que garantizarán que ésta sea mayor en las soluciones de acceso y en los procedimientos de asignación del espectro, que, por el momento, suelen conllevar complejidad para los operadores que desean utilizar el espectro en varios Estados miembros y también pueden (en caso de calendarios divergentes) provocar interferencias en las zonas fronterizas. Asimismo, la introducción de soluciones al por mayor estandarizadas, por ejemplo en relación con el acceso de las empresas, facilita que estas puedan operar en más de un Estado miembro, y la prolongación de las licencias de espectro propicia la creación de un mercado secundario de espectro paneuropeo, así como un entorno más favorable a la inversión para los titulares de tales licencias.

•Derechos fundamentales

La propuesta también tiene plenamente en cuenta los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, las medidas propuestas pretenden lograr un mayor nivel de conectividad con la modernización del conjunto de normas de protección de los usuarios finales. Ello, a su vez, garantizará el acceso no discriminatorio a todos los contenidos y servicios, incluidos los servicios públicos, contribuirá a promover la libertad de expresión y de empresa y permitirá a los Estados miembros cumplir con la Carta a un coste mucho menor en el futuro.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

El seguimiento de la aplicación seguirá corriendo a cargo de la Comisión, sobre las siguientes bases:

Informe sobre los avances digitales en Europa

El Informe sobre los avances digitales en Europa abarca los veintiocho Estados miembros y aporta análisis y datos exhaustivos sobre la evolución de los mercados, los consumidores y las disposiciones reguladoras en la economía digital, e incluye:

El Cuadro de indicadores digitales 10 , que mide los progresos de la economía digital europea. Se nutre de los datos transmitidos por las autoridades nacionales de reglamentación, Eurostat y otras fuentes relevantes e incluye información sobre la situación general de todas las dimensiones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales en los Estados miembros de la UE 11 . Los indicadores incluidos en el informe permiten comparar los avances entre los países europeos, así como a lo largo del tiempo.

Los Informes de telecomunicaciones sobre la regulación y los mercados europeos de las comunicaciones electrónicas, que aportan análisis y datos exhaustivos sobre la evolución del sector en lo que concierne a los mercados, los consumidores y las disposiciones reguladoras.

Encuesta anual de los hogares del Eurobarómetro

La actual encuesta del Eurobarómetro proporciona información sobre el modo en que ha funcionado el mercado de las comunicaciones electrónicas para los usuarios finales y sobre las actitudes de los consumidores en relación con la adopción de las plataformas de servicios y la utilización de tales servicios, así como sobre una serie de cuestiones en torno a la protección de los consumidores.

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

La propuesta modifica el marco actual, con los siguientes cambios sustanciales:

Modificaciones de los objetivos políticos:

El artículo 3 racionaliza la presentación de los objetivos actuales y les añade un nuevo objetivo de generalización del acceso y de la implantación de la conectividad de muy alta capacidad en toda la UE, que se suma a los actuales objetivos de promoción de la competencia, del mercado interior y de los intereses de los usuarios finales.

Modificaciones relacionadas con la regulación del acceso:

Los objetivos de las modificaciones relacionadas con la regulación del acceso son reforzar y mejorar el régimen de acceso de los operadores con peso significativo en el mercado (PSM) actualmente en vigor, a fin de seguir fomentando la competencia en las infraestructuras y el despliegue de redes por parte de todos los operadores, y apoyar el despliegue de redes de muy alta capacidad en todo el territorio de la Unión.

En la primera y en la segunda categoría (el refuerzo del régimen PSM y el fomento de la competencia en las infraestructuras y el despliegue de redes por parte de todos los operadores), son destacables las siguientes disposiciones y modificaciones:

Los artículos 61 y 65 modifican los procedimientos de análisis del mercado, codificando las mejores prácticas actuales y yendo en pos de una regulación del acceso más afinada y segura desde el punto de vista jurídico, así como más restringida en cuanto a su alcance geográfico, a fin de garantizar que solo se imponen obligaciones de acceso en el momento y en el lugar en que resultan necesarias para hacer frente a las deficiencias del mercado minorista y garantizar resultados para los usuarios finales. Las normas también obligan a los reguladores a tener en cuenta en sus análisis de mercado los acuerdos de acceso comercial, así como cualesquiera otras obligaciones reglamentarias ya impuestas, por ejemplo, las obligaciones simétricas. Además, el artículo amplía el actual período máximo de análisis del mercado de tres años a cinco, lo que permitirá a los operadores realizar una planificación a más largo plazo y proporcionará una mayor flexibilidad a las autoridades nacionales de reglamentación en lo que respecta al momento de realización de esos análisis. El artículo 66 refleja esos objetivos mediante la actualización y modificación de las correspondientes normas de imposición y revisión de las obligaciones reglamentarias, por ejemplo, cuando cambian las condiciones del mercado.

El artículo 70 favorece una mayor competencia en infraestructuras, garantizando el acceso a la infraestructura de obra civil, como los conductos, mástiles, etc., si están en manos de operadores con PSM.

También con vistas a apoyar la competencia en infraestructuras, el artículo 59 aclara las condiciones en que es posible imponer obligaciones a todos los operadores (obligaciones simétricas) para garantizar el acceso a los activos de red no reproducibles, tal como el cableado interior. Para proteger los incentivos a la inversión, dicho acceso queda limitado al primer punto de concentración desde el usuario final, pero puede ampliarse más allá de este en circunstancias limitadas, para facilitar el despliegue de redes alternativas en las zonas más difíciles y con menor densidad de población.

Los artículos 63 y 64 facultan al ORECE para identificar mercados transnacionales, así como demanda transnacional incluso cuando los mercados siguen siendo nacionales o subnacionales. El ORECE puede establecer directrices para que los reguladores nacionales adopten enfoques comunes cuando impongan soluciones que puedan ayudar a satisfacer esa demanda transnacional. El artículo 64 faculta asimismo a la Comisión, con la ayuda del ORECE, para establecer especificaciones técnicas armonizadas en relación con determinados productos de acceso al por mayor, a efectos de satisfacer la demanda de comunicaciones transfronterizas, en particular de usuarios empresariales, en aquellos casos en que la ausencia de tales productos armonizados constituye un obstáculo para el mercado interior.

El artículo 73 introduce un procedimiento a escala de la UE a fin de determinar una metodología vinculante para fijar las tarifas de terminación de voz, un mercado estable que está regulado de manera similar en la mayoría de los Estados miembros. Además, crea un mecanismo para establecer unas tarifas de terminación máximas a escala de la UE, con miras a reducir la carga administrativa de los reguladores nacionales y permitirles concentrar sus esfuerzos en el análisis de los mercados de banda ancha más complejos.

Por último, para respaldar el despliegue de redes de muy alta capacidad en todo el territorio de la Unión, se proponen las siguientes modificaciones:

El artículo 22 obliga a los reguladores nacionales a supervisar la situación de las redes de banda ancha y los planes de inversión en todo el territorio nacional, a fin de permitirles tener en cuenta más adecuadamente las particularidades geográficas en los análisis de mercado. Los reguladores nacionales deben identificar asimismo las llamadas «zonas de exclusión digital», donde ningún operador ni autoridad pública ha desplegado o tiene previsto desplegar una red de muy alta capacidad o ha mejorado o ampliado la red heredada hasta un rendimiento de al menos 100 Mbps de velocidad de descarga, ni tiene previsto hacerlo. Pueden publicar las zonas de exclusión digital designadas y organizar allí una convocatoria de manifestaciones de interés a fin de promover el despliegue de redes de muy alta capacidad en esas zonas difíciles.

El artículo 72 aclara las circunstancias en las que puede concederse flexibilidad tarifaria a los operadores con PSM, sin poner en peligro la competencia. La flexibilidad tarifaria puede ser beneficiosa para los inversores en nuevas redes, siempre que no obstaculice la competencia descendente.

El artículo 74, junto con el anexo IV, introduce disposiciones para facilitar la coinversión comercial en nuevas infraestructuras y extraer las consecuencias necesarias para la regulación. El hecho de que un propietario de red con PSM comparta con solicitantes de acceso nuevos elementos de red supone un mayor grado de reparto del riesgo en comparación con los productos tradicionales de acceso y puede además constituir una base más duradera para una competencia sostenible si el diseño de la coinversión reúne las condiciones adecuadas. Ello debería permitir adaptar el acceso regulado, de modo que todos los coinversores se beneficiarían de las ventajas del pionero en relación con otras empresas. Puede seguir siendo apropiado que los productos de acceso regulado continúen estando a disposición de las empresas no participantes, hasta la capacidad disponible antes de la inversión.

El artículo 77 ofrece un modelo de regulación simplificado para las redes exclusivamente al por mayor con un peso significativo en el mercado, limitado a unas normas de acceso justas, razonables y no discriminatorias y sujeto a la resolución de conflictos cuando sea necesario. Las disposiciones imponen condiciones estrictas para que una red se conceptúe como «exclusivamente al por mayor» y pueden ser especialmente apropiadas para redes locales de muy alta capacidad, que, no obstante, podría considerarse en el futuro que tienen un peso significativo en el mercado. El artículo 76 contiene aclaraciones sobre el proceso de separación voluntaria, aportando seguridad jurídica gracias a los compromisos que contrae el operador inmerso en un proceso de separación.

Por último, el artículo 78 aclara el papel de los reguladores nacionales en el acompañamiento de los operadores con PSM que migran de las redes heredadas a las nuevas redes (p. ej., desconexión de las redes de cobre heredadas), a fin de favorecer aún más la transición a las nuevas redes.

Modificaciones relacionadas con la gestión del espectro:

El artículo 45 aclara los principios y objetivos generales a fin de orientar a los Estados miembros en relación con la gestión del espectro a nivel nacional. Se abordan la cuestión de la coherencia y la proporcionalidad en los procedimientos de autorización, la importancia de garantizar una cobertura apropiada, las consideraciones de calendario al poner a disposición el espectro, la prevención de interferencias transfronterizas o perjudiciales, el establecimiento del principio de «se usan o se pierden» y el fomento del uso compartido del espectro, así como de su comercio y arrendamiento. El artículo también establece un mecanismo para permitir la utilización alternativa temporal del espectro armonizado con arreglo a unas condiciones claramente definidas.

El artículo 46 da más prominencia a las autorizaciones generales frente a las licencias individuales, así como a un uso compartido del espectro en consonancia con el Derecho de la Unión, con el fin de garantizar que las autoridades nacionales desarrollen de forma prospectiva modelos de autorización más adecuados a la 5G. También otorga competencias a la Comisión para adoptar medidas vinculantes con las que lograr la coherencia entre los diferentes tipos de regímenes de autorización.

El artículo 47 define las condiciones de autorización aplicables a una autorización general de radiofrecuencias y de sus derechos de uso y prevé medidas de ejecución de la Comisión a fin de lograr la coherencia en lo que se refiere a determinadas condiciones, tales como los criterios para definir y medir las obligaciones de cobertura, cuya importancia se refuerza como parte de la eficiencia del espectro. También hace hincapié en determinadas obligaciones, tales como la puesta en común de las infraestructuras, a fin de mejorar la conectividad de los usuarios finales, en particular en zonas de menor densidad.

Los artículos 48-54 abordan aspectos esenciales de la autorización del espectro con objeto de que exista mayor coherencia entre las prácticas de los Estados miembros, tales como i) duración mínima de las licencias (veinticinco años), ii) un procedimiento más claro y sencillo para el comercio y arrendamiento del espectro, iii) criterios objetivos para una aplicación coherente (basada en los principios de la normativa sobre competencia) de las medidas de fomento de la competencia, como límites de espectro, reserva de espectro para nuevos operadores y obligaciones de acceso al por mayor; iv) procedimientos para mejorar la coherencia y previsibilidad cuando se concedan y renueven derechos individuales de uso del espectro; v) condiciones más claras para restringir derechos existentes o para suprimirlos, incluso mediante la aplicación del principio de «se usan o se pierden», y refuerzo de la función ejecutoria de las autoridades nacionales. Estos artículos también otorgan competencias a la Comisión para adoptar medidas en relación con el establecimiento de plazos máximos comunes para la autorización del uso de espectro armonizado en todos los Estados miembros y para la coordinación de los principales elementos de los procedimientos de selección y la fijación de los criterios aplicables a su diseño.

Los artículos 55 y 56 simplifican las condiciones de acceso a las redes wifi, para satisfacer la demanda exponencial de conectividad, así como de despliegue y suministro de acceso inalámbrico de banda ancha y baja potencia (celdas pequeñas), a fin de reducir los costes del despliegue de las redes muy densas.

El artículo 28 establece una obligación de coordinación entre los Estados miembros para abordar los problemas de interferencia transfronteriza, con la participación del RSPG, acompañada de la atribución a la Comisión de competencias de ejecución para adoptar medidas vinculantes que permitan resolver los litigios transfronterizos, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del RSPG.

La propuesta otorga a los reguladores nacionales competencias en relación con los aspectos reglamentarios, económicos y de mercado de la asignación del espectro para los servicios de comunicaciones electrónicas. También se les atribuyen competencias para decidir la imposición de medidas excepcionales en relación con el uso compartido de la red y del espectro y la itinerancia nacional con vistas a cubrir puntos con lagunas de conectividad. Los reguladores nacionales deben fundamentar sus actuaciones en este ámbito en un sólido análisis económico y de la competencia en los mercados. Con vistas a garantizar una aplicación coherente en toda la Unión de las condiciones de asignación que tienen un impacto en las condiciones económicas, del mercado y de la competencia y, por consiguiente, en el funcionamiento del mercado, el artículo 35 establece en el caso del ORECE un mecanismo de revisión por pares para examinar los aspectos reglamentarios, económicos y de mercado de los proyectos nacionales de asignación del espectro y emitir dictámenes no vinculantes.

El artículo 37 introduce un marco para los Estados miembros con vistas a facilitar los procedimientos voluntarios de asignación paneuropeos o plurinacionales.

Modificaciones del régimen de servicio universal:

La propuesta tiene por objeto modernizar el régimen de servicio universal, eliminando de él la inclusión obligatoria a nivel de la UE de servicios heredados (teléfonos públicos de pago, guías telefónicas completas y servicios de información sobre números de abonados) y centrándose en la banda ancha del servicio universal básico, que se definiría por referencia a una lista básica y dinámica de servicios en línea utilizables mediante una conexión de banda ancha. La intervención de los Estados miembros debería centrarse en la asequibilidad de la conectividad disponible, en lugar de hacerlo en el despliegue de redes, para lo cual existen instrumentos más apropiados.

La asequibilidad del servicio universal deberá garantizarse al menos desde una ubicación fija, si bien los Estados miembros tendrán flexibilidad para ampliar las medidas de asequibilidad también a los servicios móviles en el caso de los usuarios más vulnerables.

El artículo 79 establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el acceso asequible de todos los usuarios finales a los servicios de acceso funcional a Internet de banda ancha y a los servicios de comunicaciones vocales, como mínimo desde una ubicación fija. Con el fin de garantizar la asequibilidad, el artículo 80 faculta a los Estados miembros para exigir a las empresas que dispongan de opciones tarifarias especiales para los usuarios finales con rentas bajas o con necesidades sociales especiales y/o para prestar apoyo directo a esos usuarios finales, y establece un derecho de contrato para los consumidores que se benefician de tarifas universales especiales.

Si bien la intervención de los Estados miembros debería centrarse en la asequibilidad de la conectividad disponible, en lugar de hacerlo en el despliegue de redes, el artículo 81 autoriza a un Estado miembro a incluir en el ámbito de aplicación el suministro de una conexión desde una ubicación fija (disponibilidad) si se demuestra que tal conexión no puede garantizarse en condiciones normales de explotación comercial o a través de otros instrumentos públicos a su disposición.

Habida cuenta de la necesaria flexibilidad para abordar las diferentes circunstancias nacionales, el artículo 82 permite a los Estados miembros seguir exigiendo a nivel nacional servicios que forman parte actualmente de la obligación de servicio universal de la UE, como los teléfonos públicos de pago, las guías telefónicas y los servicios de información sobre números de abonados, si la necesidad en cuestión está debidamente demostrada, a condición de que adapten también el régimen de financiación.

El artículo 85 establece que el servicio universal debe financiarse con cargo al presupuesto general y no mediante una financiación sectorial como hasta ahora.

Modificaciones de los servicios y las normas de protección de los usuarios finales:

A fin de reflejar la evolución experimentada por el mercado y la normativa en el transcurso de los últimos años y la necesidad continua de normas sectoriales, el artículo 2, apartado 4, redefine el concepto de «servicio de comunicaciones electrónicas». Distingue tres tipos de categorías de servicios: i) servicio de acceso a Internet, ii) servicio de comunicaciones interpersonales, que incluye dos subcategorías de servicios: a saber, uno que se basa en números y otro que es independiente de los números, y iii) servicios que consisten total o principalmente en el transporte de señales, tales como los servicios de transmisión utilizados para las comunicaciones M2M y la radiodifusión. Muchas de las disposiciones relativas a los usuarios finales se aplicarán solamente a los servicios de acceso a Internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales basados en números.

Los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números solo estarán sujetos a obligaciones si determinados asuntos de interés público exigen la aplicación de obligaciones reglamentarias específicas a todos los tipos de servicios de comunicaciones interpersonales, independientemente de si utilizan números o no. Ello afecta, en particular, a las disposiciones en materia de seguridad (artículo 40). Además, en caso de que exista una amenaza real para la conectividad de extremo a extremo o el acceso efectivo a los servicios de emergencia, la Comisión podrá determinar la necesidad de adoptar medidas para garantizar la interoperabilidad, por ejemplo a través de la puesta en marcha de un proceso de normalización. Las correspondientes normas podrían ser impuestas por las ANR en caso necesario (artículo 59).

La propuesta reduce la carga normativa, pues suprime las obligaciones reglamentarias que ya no son necesarias o se encuentran adecuadamente cubiertas por la legislación general de protección del consumidor. Un ejemplo destacado de ello es la supresión de la facultad de los reguladores nacionales de imponer directamente la regulación de los precios al público a los operadores con PSM (derogación del artículo 17 de la Directiva de servicio universal). También se han racionalizado y suprimido parcialmente determinadas disposiciones relativas a los contratos, la transparencia, la equivalencia de acceso de los usuarios discapacitados, los servicios de guía telefónica y la interoperabilidad de los equipos de televisión digital de los consumidores, porque se solapan con las normas horizontales o resultan redundantes por otros motivos (artículos 95 a 98 y 103 a 105).

Entre las nuevas disposiciones, un número limitado de ellas tiene por objeto hacer frente a nuevos retos, por ejemplo, una mejor legibilidad de los contratos mediante un impreso que resuma la información esencial del contrato, el suministro de herramientas de control del consumo para informar a los usuarios finales de cómo utilizan las comunicaciones en cada momento, unas disposiciones mejoradas sobre herramientas de comparación de la calidad y de los precios, unas normas de cambio de proveedor para los paquetes, cuyo número está experimentando un rápido aumento, a fin de evitar los efectos de cautividad (disposiciones sectoriales esenciales, como la duración máxima del contrato y el derecho de rescisión de contrato, que se aplicarían a la totalidad del paquete) y una disposición que prohibiría la discriminación basada en la nacionalidad o en el país de residencia (artículos 92, 95, 96, 98 y 100).

Si bien la duración máxima general de un contrato de servicio es de dos años, están autorizados los acuerdos más prolongados a nivel individual con los usuarios finales como medio para facilitar el reembolso de las aportaciones para el despliegue de una conexión física y respaldar el despliegue de las redes a través de aportaciones a plazos a los costes de capital de la red (planteamiento de «agregación de la demanda») (artículo 98).

Modificaciones de las disposiciones sobre numeración:

Con el fin de abordar los problemas de competencia en el mercado M2M (fundamentalmente, la cautividad respecto de un proveedor determinado), la propuesta permite a los reguladores nacionales asignar números a empresas distintas de los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, aunque sin obligarlos a ello (artículo 88). El mismo artículo también exige a los reguladores nacionales determinar ciertos recursos de numeración para el uso extraterritorial de números nacionales dentro de la UE, a fin de responder a la creciente demanda de este uso extraterritorial de recursos de numeración, en particular para las aplicaciones M2M.

En lo que respecta a las normas sobre los números armonizados para los servicios de valor social, el interés sigue centrado en la aplicación efectiva de la línea directa para casos de niños desaparecidos (artículo 90), mientras que el marco general para los números 116 sigue basándose en la Decisión 2007/116/CE de la Comisión. Debido a la falta de demanda a lo largo de los últimos años del Espacio Europeo de Numeración Telefónica, se ha suprimido la disposición correspondiente (artículo 27 de la Directiva de servicio universal).

Modificaciones de las disposiciones sobre las comunicaciones de emergencia:

Se aporta claridad jurídica en relación con el acceso a los servicios de emergencia por parte de todos los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números. Las disposiciones propuestas sustituyen el actual mandato de la Comisión de imponer medidas técnicas de ejecución por la facultad de adoptar actos delegados a fin de garantizar, de manera coherente en toda la UE, el acceso efectivo al número único europeo de llamada de emergencia 112 en lo que respecta a la ubicación de quien efectúa la llamada, el encaminamiento de llamadas a los «puntos de respuesta de seguridad pública» y el acceso de los usuarios finales con discapacidad. Este enfoque garantiza un despliegue transfronterizo y el funcionamiento de soluciones técnicas para las comunicaciones de emergencia (artículo 102).

Modificaciones de la gobernanza:

Los artículos 5, 6 y 8 refuerzan la función de los reguladores nacionales independientes, con el establecimiento de un conjunto mínimo de competencias para los reguladores en toda la UE, y refuerzan los requisitos de independencia, fijando requisitos de designación y obligaciones de información.

El artículo 12 introduce algunos cambios en lo que se refiere al procedimiento de autorización general. Los proveedores tienen que presentar notificaciones al ORECE, que debe actuar como punto de contacto único y transmitir las notificaciones a las respectivas autoridades nacionales de reglamentación. El ORECE debe establecer un registro a nivel de la UE.

El artículo 27 establece un procedimiento de resolución de litigios transfronterizos entre empresas y refuerza la función del ORECE obligando a autoridades nacionales de reglamentación a consultar a este organismo.

El artículo 33 establece un «sistema de doble llave», en aquellos casos en que el ORECE y la Comisión están de acuerdo sobre su posición en relación con un proyecto de medidas, propuesto por un regulador nacional y notificado a la Comisión y al ORECE de conformidad con el artículo 32. En tales casos, la Comisión podrá exigir al regulador que modifique o retire el proyecto de medidas y, si es necesario, que vuelva a notificar su análisis del mercado.

ê 2002/19/CE (adaptado)

2016/0288 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) Ö por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas Õ

(Refundición)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea Ö de Funcionamiento de la Unión Europea Õ, y en particular su artículo 95 Ö 114 Õ,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 12 ,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 13 ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

ê

(1)La Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 14 , la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 15 , la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 16 y la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 17 se han modificado considerablemente. Dado que hay que modificarlas de nuevo, conviene efectuar una refundición por motivos de claridad.

ê 2002/21/CE considerando 1 (adaptado)

El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha conseguido crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al de plena competencia.

ê 2002/21/CE considerando 2 (adaptado)

El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones». En esta Comunicación la Comisión pasaba revista al actual marco regulador de las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones 18 , y se presentaba para consulta pública una serie de propuestas políticas relativas a un nuevo marco regulador de la infraestructura de las comunicaciones electrónicas y los servicios asociados.

ê 2002/21/CE considerando 3 (adaptado)

El 26 de abril de 2000, la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los resultados de la consulta pública sobre la Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco regulador. En esta Comunicación se resumía la consulta pública y se establecían algunas orientaciones clave para la preparación de un nuevo marco en materia de infraestructura de comunicaciones electrónicas y servicios asociados.

ê 2002/21/CE considerando 4 (adaptado)

El Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el paso a una economía digital y basada en el conocimiento. En particular, insistió en la importancia de que las empresas y los ciudadanos de Europa puedan acceder a una infraestructura de comunicaciones de primera línea y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios.

ê 2009/136/CE considerando 1 (adaptado)

ð nuevo

(2)El funcionamiento de las cinco Directivas que constituyen Ö forman parte Õ del marco regulador en vigor para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a saber, la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva sobre acceso) 19 , la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva sobre autorización) 20 , la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) 21 , la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre servicio universal) 22 y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) 23 , denominadas conjuntamente en lo sucesivo «la Directiva marco y las Directivas específicas», está sujeto a revisiones periódicas por parte de la Comisión, con objeto, en particular, de determinar si es necesario introducir alguna modificación, habida cuenta de la evolución de la tecnología y del mercado ð  24  ï.

ò nuevo

(3)En la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión señaló que la revisión del marco de las telecomunicaciones se centrará en medidas que estén encaminadas a incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad, aporten un enfoque de mercado único más coherente sobre la política y gestión del espectro, proporcionen las condiciones para un verdadero mercado único, abordando la fragmentación normativa, garanticen la igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado y la coherencia en la aplicación de las normas, y ofrezcan un marco regulador institucional más efectivo.

(4)La presente Directiva forma parte de un ejercicio de «adecuación de la normativa» cuyo ámbito de aplicación comprende cuatro de las Directivas (Directiva marco, Directiva sobre autorización, Directiva sobre acceso y Directiva sobre servicio universal) y un Reglamento (Reglamento ORECE 25 ). Cada una de las Directivas comprende en la actualidad medidas aplicables a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de modo coherente con el pasado regulador del sector en el que las empresas estaban integradas de modo vertical, es decir, participaban en la provisión tanto de redes como de servicios. La revisión brinda la oportunidad de refundir las cuatro Directivas y simplificar así la estructura actual, con vistas a mejorar su coherencia y accesibilidad, en consonancia con el objetivo de REFIT. Asimismo, brinda la posibilidad de adaptar la estructura a la nueva realidad del mercado, en el que la prestación de servicios de comunicaciones ya no está necesariamente unida a la provisión de una red. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, la refundición consiste en la adopción de un nuevo acto jurídico que integra, en un único texto, a la vez las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y las disposiciones de este último que permanecen inalteradas. La propuesta de refundición se ocupa de las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y, de manera subsidiaria, incluye la codificación de las disposiciones no modificadas del acto anterior con las citadas modificaciones de fondo.

ê 2002/20/CE considerando 3 (adaptado)

(5)El objeto de lLa presente Directiva es Ö debe Õ crear un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sujeto únicamente a las condiciones establecidas en la presente Directiva y a toda limitación con arreglo al apartado 1 del artículo 46 Ö 52 Õ, apartado 1, del Tratado, en particular medidas en materia de orden público y seguridad y salud públicas.

ê 2002/21/CE considerando 7 (adaptado)

ð nuevo

(6)Tanto lLo dispuesto en la presente Directiva como en las directivas específicas se entiende sin perjuicio de que cada Estado miembro pueda tomar las medidas necesarias, ð basándose en lo dispuesto en los artículos 87 y 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ï para asegurar la protección de sus intereses esenciales de seguridad, para salvaguardar la seguridad ð, la moralidad ï y el orden públicos y para permitir la investigación, la detección y el procesamiento de delitos.

ê 2002/21/CE considerando 5 (adaptado)

ð nuevo

(7)La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión ð de comunicaciones electrónicas ï deben estar sometidos Ö en la medida de lo posible Õ a un único Ö Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establecido mediante una Directiva única, salvo los asuntos que se gestionen mejor con normas aplicables directamente establecidas mediante reglamentos Õ marco regulador. Dicho marco regulador se compone de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) 26 , Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) 27 , Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) 28 , Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones 29 (en lo sucesivo denominadas las directivas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión ð los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas ï de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco Ö Código Õ no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información y, por tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel comunitario Ö de la Unión Õ o nacional en relación con dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ, con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 30 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 31 . ð La regulación de la política audiovisual y de los contenidos tiene como finalidad alcanzar objetivos de interés general, como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social, la protección de los consumidores y la protección de los menores. ï La separación entre la regulación de la transmisión ð las comunicaciones electrónicas ï y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores.

ê 2002/21/CE considerando 8

ð nuevo

(8)La presente Directiva no se aplica a los equipos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad 32  ð afecta a la aplicación a los equipos radioeléctricos de la Directiva 2014/53/UE ï, pero sí se aplica a los equipos de consumo utilizados para la televisión digital.

ê 2009/140/CE considerando 11 (adaptado)

ð nuevo

(9)Para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan alcanzar los objetivos establecidos en la Ö presente Õ Directiva marco y las Directivas específicas, en especial los referentes a la interoperabilidad de extremo a extremo, debe ampliarse el ámbito de aplicación de la Directiva marco para debe incluir determinados aspectos de los equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, según lo definido en la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad 33  Ö Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 34 Õ, así como a de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital, para facilitar el acceso a los usuarios con discapacidad. ð Es importante que los organismos reguladores animen a los operadores de redes y los fabricantes de equipos a que colaboren para facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas. La utilización no exclusiva del espectro para el uso personal de equipos terminales de radiocomunicación, aunque no esté vinculada a una actividad económica, también debe estar sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva, a fin de garantizar un enfoque coordinado en cuanto a su régimen de autorización. ï

ê 2002/21/CE considerando 6 (adaptado)

La política audiovisual y la normativa sobre contenidos tienen por objeto el logro de objetivos de interés general tales como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad cultural y lingüística, la integración social, la protección de los consumidores y la protección de los menores. La Comunicación de la Comisión «Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital» y las conclusiones del Consejo del 6 de junio de 2000 en las que expresa su satisfacción por esta Comunicación, exponen las medidas básicas que deberá emprender la Comunidad para aplicar su política audiovisual.

ê 2002/22/CE considerando 50 (adaptado)

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva no impiden a un Estado miembro tomar medidas justificadas por las razones enunciadas en los artículos 30 y 46 del Tratado, y en particular por razones de orden público y de moralidad y seguridad públicas.

ê 2002/21/CE considerando 9 (adaptado)

Los servicios de la sociedad de la información entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 35 .

ê 2002/21/CE considerando 10 (adaptado)

ð nuevo

(10)La definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 36 , abarca una amplia gama de actividades económicas que tienen lugar en línea; la mayoría de estas actividades no están cubiertas por la presente Directiva por no tratarse total o principalmente del transporte de señales en redes de comunicaciones electrónicas. ð Determinados servicios de comunicaciones electrónicas regulados por la presente Directiva podrían ajustarse también a la definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Las disposiciones que regulan los servicios de la sociedad de la información se aplican a esos servicios de comunicaciones electrónicas en la medida en que no haya más disposiciones específicas aplicables a los servicios de comunicaciones electrónicas en la presente Directiva o en otros actos de la Unión. ï Ö No obstante, los servicios de comunicaciones electrónicas como Õ Lala telefonía vocal, ð la mensajería ï y los servicios de correo electrónico están cubiertos por la presente Directiva. Una misma empresa, por ejemplo un proveedor de servicios de Internet, puede ofrecer tanto un servicio de comunicaciones electrónicas, tal como el acceso a Internet, como servicios no cubiertos por la presente Directiva, tales como el suministro de contenidos en forma de páginas de Internet ð y contenidos no relacionados con la comunicación ï.

(11)Una misma empresa, por ejemplo un operador de cable, puede ofrecer un servicio de comunicaciones electrónicas, como el transporte de señales televisivas, y servicios no contemplados en la presente Directiva, como la comercialización de una oferta de sonido o servicios de contenidos de emisión televisiva, por lo que se podrán imponer a dicha empresa obligaciones adicionales en relación con su actividad como proveedor o distribuidor de contenidos, con arreglo a disposiciones distintas a las de la presente Directiva, sin perjuicio de la lista de condiciones establecida en el anexo I de la presente Directiva.

ò nuevo

(12)El marco regulador debe cubrir el uso del espectro radioeléctrico por parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, incluido el incipiente uso personal del espectro radioeléctrico por los nuevos tipos de redes constituidas exclusivamente de sistemas autónomos de equipos radioeléctricos móviles que están conectados a través de enlaces inalámbricos sin gestión central o un operador de red centralizado, y no necesariamente en el ejercicio de cualquier actividad económica específica. En el entorno naciente de las comunicaciones móviles de quinta generación, es probable que estas redes se desarrollen en particular fuera de los edificios y en las carreteras, para el transporte, la energía, I+D, la sanidad en línea, la protección pública y el socorro en caso de catástrofes, la Internet de las Cosas, la comunicación máquina a máquina y los vehículos conectados. En consecuencia, la aplicación por parte de los Estados miembros, de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/53/UE, de requisitos nacionales adicionales relativos a la puesta en servicio o la utilización, o ambas, de tales equipos radioeléctricos en relación con el uso eficaz y eficiente del espectro y la evitación de interferencias perjudiciales, debe reflejar los principios del mercado interior.

(13)Los requisitos relativos a las capacidades de las redes de comunicaciones electrónicas están en constante aumento. Mientras que antes la atención se centraba principalmente en el aumento de ancho de banda disponible en general y para cada usuario individual, otros parámetros, como la latencia, la disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez más importantes. La respuesta actual a esta demanda está acercando más y más la fibra óptica al usuario y las futuras «redes de muy alta capacidad» exigirán parámetros de rendimiento que sean equivalentes a los que puede ofrecer una red basada en elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución en la ubicación de servicio. Esto corresponde, en el caso de la conexión a una línea fija, a un rendimiento de red equivalente al que se puede lograr mediante una instalación de fibra óptica hasta un edificio de viviendas, considerado como la ubicación de servicio, y en el caso de una conexión móvil, a un rendimiento de red similar al que puede lograrse con una instalación de fibra óptica hasta la estación de base, considerada como la ubicación de servicio. Las variaciones en la experiencia de los usuarios finales que obedezcan a características diferentes del medio a través del cual se conecta en última instancia la red con el punto de terminación de esta, no deben tenerse en cuenta a efectos de determinar si puede considerarse, o no, que una red inalámbrica ofrece un rendimiento de red similar. De conformidad con el principio de neutralidad con respecto a la tecnología, no hay que excluir otras tecnologías y medios de transmisión cuando sus capacidades sean comparables a las de esta hipótesis de base. El desarrollo de estas «redes de muy alta capacidad» aumentará aún más las capacidades de las redes y preparará el camino para el despliegue de futuras generaciones de redes móviles, basándose en interfaces aéreas mejoradas y en una arquitectura de red más compacta.

ê 2009/136/CE considerando 13 (adaptado)

ð nuevo

(14)Es necesario adaptar las definiciones con el fin de ajustarse al principio de neutralidad con respecto a la tecnología y seguir el ritmo de la evolución tecnológica. ð La evolución tecnológica y de los mercados ha hecho que las redes se dirijan a la tecnología del protocolo de Internet, y ha posibilitado que los usuarios finales escojan entre una serie de proveedores de servicios vocales competidores. Por consiguiente, el término «servicio telefónico disponible al público», utilizado exclusivamente en la Directiva 2002/22/CE y que mayoritariamente se entiende que hace referencia a los servicios telefónicos analógicos tradicionales, debe sustituirse por el término «comunicaciones vocales», más frecuente y tecnológicamente neutro. ï Concretamente, cConviene separar las condiciones de prestación de un servicio de los elementos que definen un servicio telefónico disponible al público Ö de comunicaciones vocales Õ, es decir, un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir llamadas nacionales o nacionales e internacionales, directa o indirectamente, ya se base este servicio en una tecnología de conmutación de circuitos o de conmutación de paquetes. La bidireccionalidad es inherente a un servicio de esta índole, lo que permite la comunicación entre ambas partes. Un servicio que no cumple todas estas condiciones, como por ejemplo una aplicación de hacer «clic» sobre un enlace contenido en un sitio web de servicios de atención al cliente en línea, no es un servicio telefónico disponible al público Ö de este tipo Õ. Los servicios telefónicos disponibles al público Ö de comunicaciones vocales Õ incluyen también medios de comunicación específicamente destinados a usuarios con discapacidad que utilicen servicios de conversión a texto o de conversación total en modo texto.

ò nuevo

(15)Los servicios utilizados en las comunicaciones y los medios técnicos empleados para ello han evolucionado considerablemente. Los usuarios finales sustituyen cada vez más la telefonía vocal tradicional, los mensajes de texto (SMS) y los servicios de correo electrónico por servicios en línea de función equivalente, como voz sobre IP, servicios de mensajería y servicios de correo electrónico basados en la red. Para garantizar que los usuarios finales estén eficaz y equitativamente protegidos cuando utilicen servicios de función equivalente, una definición de los servicios de comunicaciones electrónicas que vaya a utilizarse en el futuro no debe basarse puramente en parámetros técnicos, sino más bien en un planteamiento funcional. El ámbito de aplicación de la reglamentación necesaria debe ser el adecuado para alcanzar sus objetivos de interés público. Si bien el «transporte de señales» sigue siendo un parámetro importante para determinar los servicios que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, conviene que la definición abarque también otros servicios que permiten la comunicación. Desde la perspectiva del usuario final, no hace al caso si un proveedor transporta las señales él mismo o si la comunicación se ofrece mediante un servicio de acceso a Internet. La definición modificada de servicios de comunicaciones electrónicas debe abarcar, pues, tres tipos de servicios que pueden solaparse parcialmente, a saber: servicios de acceso a Internet que se ajustan a la definición del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2120; servicios de comunicaciones interpersonales, como se definen en la presente Directiva, y servicios que consisten total o principalmente en el transporte de señales. La definición de servicio de comunicaciones electrónicas debe eliminar las ambigüedades observadas en la aplicación de la definición anterior y permitir una aplicación particularizada, disposición por disposición, de los derechos y obligaciones específicos que comprende el marco a los diferentes tipos de servicios. El tratamiento de datos personales mediante servicios de comunicaciones electrónicas, ya sea como remuneración o de otro modo, debe ajustarse a la Directiva 95/46/CE, que será sustituida por el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos) el 25 de mayo de 2018 37 . 

(16)Para entrar en el ámbito de aplicación de la definición de servicio de comunicaciones electrónicas, un servicio debe prestarse habitualmente a cambio de una remuneración. En la economía digital, es cada vez más frecuente que quienes participan en el mercado consideren que la información sobre los usuarios tiene un valor monetario. Los servicios de comunicaciones electrónicas se prestan con frecuencia mediante una contraprestación distinta del dinero, por ejemplo, facilitando el acceso a datos personales o de otro tipo. El concepto de remuneración debe englobar, pues, situaciones en las que el proveedor de un servicio solicita datos personales, como el nombre o la dirección de correo electrónico, u otros datos, y el usuario final se los proporciona activamente, de forma directa o indirecta. También debe englobar situaciones en las que el proveedor recopila información sin que el usuario final se la proporcione activamente, como datos personales, entre ellos la dirección IP, u otra información generada automáticamente, como la recopilada y transmitida por una cookie. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el artículo 57 del TFUE 38 , también hay remuneración a tenor del Tratado cuando al proveedor del servicio le paga un tercero y no el destinatario del servicio. Por consiguiente, el concepto de remuneración también debe abarcar situaciones en las que el usuario final se halla expuesto a anuncios publicitarios como condición para tener acceso al servicio o situaciones en las que el proveedor del servicio monetiza los datos personales que haya recopilado.

(17)Los servicios de comunicaciones interpersonales son servicios que permiten el intercambio interpersonal e interactivo de información y que comprenden servicios como las llamadas de voz tradicionales entre dos personas, así como también todo tipo de correos electrónicos, servicios de mensajería o charlas en grupo. Los servicios de comunicaciones interpersonales solo abarcan las comunicaciones entre un número finito, es decir, potencialmente no ilimitado, de personas físicas, que está determinado por el remitente de la comunicación. Las comunicaciones en las que intervengan personas jurídicas deben entrar en el ámbito de aplicación de la definición cuando las personas físicas actúan en nombre de esas personas jurídicas o intervienen al menos en un lado de la comunicación. La comunicación interactiva supone que el servicio permite que el receptor de la información responda. Los servicios que no cumplan esos requisitos, como la radiodifusión lineal, el vídeo a la carta, los sitios web, las redes sociales, los blogs o el intercambio de información entre máquinas, no deben ser considerados servicios de comunicaciones interpersonales. En circunstancias excepcionales, un servicio no debe ser considerado un servicio de comunicaciones interpersonales si el dispositivo de comunicación interpersonal e interactiva es sencillamente un elemento auxiliar de otro servicio y, por razones técnicas objetivas, no puede utilizarse sin dicho servicio principal y su integración no es un medio para eludir la aplicabilidad de las normas que regulan los servicios de comunicaciones interpersonales. Un ejemplo de este tipo de excepción podría ser, en principio, un canal de comunicación de un juego en línea, dependiendo de las características del dispositivo de comunicación del servicio.

(18)Los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan números de un plan nacional e internacional de numeración telefónica conectan con la red telefónica pública conmutada (paquetes o circuitos). Esos servicios de comunicaciones interpersonales basados en números engloban tanto los servicios en los que los números de los usuarios finales se asignan para garantizar la conectividad extremo a extremo, como los servicios que posibilitan que los usuarios finales entren en contacto con las personas a las que se han asignados esos números. No debe considerarse que la mera utilización de un número en tanto que identificador equivale a la utilización de un número para conectar con la red telefónica pública conmutada y, por lo tanto, no debe considerarse suficiente por sí misma para calificar un servicio como servicio de comunicaciones interpersonales basado en números. Los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números solo deben estar sujetos a obligaciones cuando el interés público exija la aplicación de obligaciones reglamentarias específicas a todos los tipos de servicios de comunicaciones interpersonales, con independencia de que utilicen números para la prestación de su servicio. Está justificado dar un trato diferente a los servicios de comunicaciones interpersonales basados en números, ya que participan en un ecosistema interoperable garantizado públicamente y, por consiguiente, también se benefician de él.

ê 2002/22/CE considerando 6 (adaptado)

ð nuevo

(19)El punto de terminación de la red constituye una frontera para el propósito reglamentario entre el marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el reglamento del equipo terminal de telecomunicación. Determinar la localización del punto de terminación de la red es responsabilidad de la autoridad nacional de reglamentación, de ser necesario sobre la base de una propuesta de las empresas competentes. ð A la luz de la práctica de las autoridades nacionales de reglamentación, y habida cuenta de la variedad de tipologías fijas e inalámbricas, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas («ORECE») debe adoptar, colaborando estrechamente con la Comisión, directrices sobre el modo de determinar el punto de terminación de la red, con arreglo a la presente Directiva, en diferentes circunstancias concretas. ï

ò nuevo

(20)La evolución técnica hace posible que los usuarios finales accedan a los servicios de emergencia no solo mediante llamadas de voz, sino también mediante otros servicios de comunicaciones interpersonales. El concepto de comunicación de emergencia debe abarcar, pues, todos los servicios de comunicaciones interpersonales que permiten el acceso a tales servicios de emergencia. Ese concepto se basa en los elementos del sistema de emergencia que ya se recogen en la legislación de la Unión, a saber, el «punto de respuesta de seguridad pública» («PSAP») y el «PSAP más apropiado» 39 , y en los «servicios de emergencia» 40 .

ê 2002/21/CE considerando 16 (adaptado)

ð nuevo

(21)Las autoridades nacionales de reglamentación ð y otras autoridades competentes ï deben contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios en que fundamentarse Ö su trabajo Õ y, en caso necesario, coordinar su actuación con las autoridades de reglamentación de otros Estados miembros ð y con el ORECE ï cuando desempeñen su labor al amparo de este marco regulador.

ê 2002/21/CE considerando 17 (adaptado)

ð nuevo

(22)Las actividades de las autoridades nacionales de reglamentación ð competentes ï establecidas con arreglo a la presente Directiva y las directivas específicas contribuyen a la realización de políticas de alcance más general en el ámbito de la cultura, el empleo, el medio ambiente, la cohesión social y la ordenación territorial y urbana.

ò nuevo

(23)Para que los objetivos políticos de la Estrategia del Mercado Único Digital se traduzcan en condiciones reglamentarias, además de los tres objetivos primordiales existentes —promover la competencia, el mercado interior y los intereses de los usuarios finales—, el marco debe perseguir un objetivo adicional de conectividad, articulado en forma de resultados: acceso generalizado a una conectividad fija y móvil de muy alta capacidad, y utilización generalizada de ella, para todos los ciudadanos y empresas de la Unión, sobre la base de un precio y una oferta razonables, cuya consecución sea posible gracias a una competencia eficaz y leal, a una inversión eficiente y una innovación abierta, a un uso eficiente del espectro, a unas normas comunes y unos planteamientos reguladores previsibles en el mercado interior y a las normas sectoriales necesarias para salvaguardar los intereses de los ciudadanos. En el caso de los Estados miembros, las autoridades nacionales de reglamentación y las demás autoridades competentes y las partes interesadas, ese objetivo de conectividad se traduce, por un lado, en aspirar a unas redes y servicios de la máxima capacidad que sean económicamente sostenibles en una zona determinada, y, por otro, en perseguir la cohesión territorial, entendida como la convergencia de la capacidad disponible en diferentes zonas.

ê 2002/21/CE considerando 18 (adaptado)

ð nuevo

(24)La obligación de El Ö principio según el cual Õ los Estados miembros ð deben aplicar el Derecho de la UE de forma tecnológicamente neutra ï de velar por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de que la regulación sea tecnológicamente neutra, es decir, que Ö una autoridad nacional de reglamentación Õ ð u otra autoridad competente ï no impongan el uso de un tipo de tecnología particular ni discriminen en su favor, se entiende sin perjuicio de la adopción de medidas proporcionadas para fomentar determinados servicios específicos cuando esté justificado ð con el fin de lograr los objetivos del marco regulador ï, por ejemplo, en el caso de la televisión digital como instrumento para mejorar la eficiencia del espectro. ð Además, dicho principio no excluye la consideración de que determinados medios de transmisión poseen características físicas y arquitectónicas que pueden ser superiores desde el punto de vista de la calidad del servicio, la capacidad, el coste de mantenimiento, la eficiencia energética, la flexibilidad de gestión, la fiabilidad, la solidez y la escalabilidad, y, en última instancia, en términos de rendimiento, lo que puede reflejarse en actuaciones realizadas con vistas a lograr los diferentes objetivos reguladores. ï 

ê 2009/140/CE considerando 53

(25)Es preciso fomentar conjuntamente las inversiones eficientes y la competencia, con el fin de incrementar el crecimiento económico, la innovación y la elección de los consumidores.

ê 2009/140/CE considerando 54

(26)La mejor forma de fomentar la competencia es un nivel económicamente eficiente de inversiones en infraestructuras nuevas y existentes, completándolo en su caso con una normativa dirigida a establecer una competencia eficaz en los servicios al por menor. El nivel eficiente de competencia basada en las infraestructuras se relaciona con el grado de duplicación de las infraestructuras para las que quepa esperar de forma razonable que las inversiones obtengan una rentabilidad justa basándose en las previsiones razonables relativas a la evolución de las participaciones en el mercado.

ê 2009/140/CE considerando 8 (adaptado)

ð nuevo

(27)Con vistas a conseguir los objetivos de la Agenda de LisboaeEs necesario ofrecer incentivos adecuados para las inversiones en nuevas redes de Ö muy Õ alta velocidad ð capacidad ï que favorezcan la innovación en servicios de Internet ricos en contenidos y refuercen la competitividad internacional de la Unión Europea. Estas redes tienen un enorme potencial para ofrecer beneficios a los consumidores y las empresas en toda la Unión Europea. Por tanto, es de vital importancia promover la inversión sostenible en el desarrollo de estas nuevas redes, manteniendo a la vez la competencia e impulsando la variedad de oferta para el consumidor, a través de una regulación previsible y coherente.

ê 2009/140/CE considerando 5 (adaptado)

(28)El objeto es reducir progresivamente las normas ex ante de carácter sectorial, conforme avance el desarrollo de la competencia en los mercados para conseguir, en último término, que las comunicaciones electrónicas se rijan tan solo por las leyes de la competencia. Considerando que los mercados de las comunicaciones electrónicas han mostrado una dinámica fuertemente competitiva en los últimos años, es esencial que las obligaciones reglamentarias ex ante solo se impongan cuando no exista una competencia auténtica y sostenible Ö en los mercados minoristas de que se trate Õ .

ò nuevo

(29)Las comunicaciones electrónicas se están volviendo fundamentales para un número de sectores cada vez mayor. La Internet de las Cosas ilustra cómo la transmisión de señales radioeléctricas en la que se basan las comunicaciones electrónicas sigue evolucionando y dando forma a la realidad social y empresarial. Con el fin de obtener las máximas ventajas de esa evolución, es fundamental que la gestión del espectro conlleve la implantación y adaptación de nuevas tecnologías y aplicaciones para las comunicaciones inalámbricas. Dado que otras tecnologías y aplicaciones basadas en el espectro están sujetas también a una demanda cada vez mayor, y pueden mejorarse mediante la integración en las comunicaciones electrónicas, o la combinación con ellas, la gestión del espectro debe adoptar, en su caso, un planteamiento intersectorial para mejorar la eficiencia de la utilización del espectro.

ê 2009/140/CE considerando 28 (adaptado)

ð nuevo

(30)Si bien la gestión del espectro sigue siendo competencia de los Estados miembros, lLa planificación estratégica, la coordinación y, cuando proceda, la armonización a nivel comunitario Ö de la Unión Õ pueden ayudar a asegurar que los usuarios del espectro obtengan todos los beneficios del mercado interior y que los intereses de la UE Ö Unión Õ se defiendan de forma efectiva a escala mundial. A tal efecto, deben elaborarse Ö pueden adoptarse Õ, cuando proceda, programas legislativos plurianuales en materia de espectro radioeléctrico, ð el primero de ellos definido mediante la Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 41 , ï Ö que fijen Õ con el fin de definir las orientaciones y los objetivos de la planificación estratégica, así como para armonizar la utilización del espectro radioeléctrico en la Comunidad Ö Unión Õ. Estas orientaciones y objetivos pueden referirse a la disponibilidad y la utilización eficaz del espectro radioeléctrico, en aras del establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, Ö de acuerdo con la presente Directiva Õ así como, cuando proceda, a la armonización de los procedimientos de concesión de autorizaciones generales o derechos individuales de utilización de radiofrecuencias, cuando sea necesario, para superar las barreras que obstaculicen el desarrollo del mercado interior. Estas orientaciones y objetivos deben ser conformes a la presente Directiva y las Directivas específicas.

ê 2009/140/CE considerando 32 (adaptado)

ð nuevo

(31)El sistema actual de gestión y distribución del espectro se basa en términos generales en decisiones administrativas que no son suficientemente flexibles para hacer frente a la evolución de la tecnología y la economía, en especial con el desarrollo rápido de la tecnología inalámbrica y la demanda cada vez mayor de ancho de banda. Ö Las fronteras nacionales resultan cada vez menos pertinentes para determinar la utilización óptima del espectro radioeléctrico. Õ La fragmentación indebida entre las políticas nacionales ð con respecto a la gestión del espectro radioeléctrico, incluidas unas condiciones diferentes injustificadas para el acceso al espectro radioeléctrico, y la utilización de este, según el tipo de operador, puede ï generar costes cada vez mayores, y hacer perder oportunidades de mercado a los usuarios del espectro. y Asimismo, Ö puede Õ retrasar la innovación, ð limitar la inversión, reducir las economías de escala de los fabricantes y los operadores, así como crear tensiones entre los titulares de derechos y discrepancias en el coste de acceso al espectro. De forma general, esta fragmentación puede distorsionar el funcionamiento ï en detrimento del mercado interior, Ö y perjudicar Õ de a los consumidores y de a la economía en su conjunto. Por otra parte, las condiciones de acceso a las radiofrecuencias y de uso de las mismas pueden variar según el tipo de operador, mientras que los servicios electrónicos prestados por estos operadores se superponen cada vez más, creándose así tensiones entre titulares de los derechos, discrepancias en el coste del acceso al espectro y distorsiones potenciales en el funcionamiento del mercado interior. 

ê 2009/140/CE considerando 33 (adaptado)

Las fronteras nacionales resultan cada vez menos pertinentes a la hora de determinar el uso óptimo del espectro radioeléctrico. La fragmentación de la gestión del acceso a los derechos sobre el espectro limita la inversión y la innovación e impide a operadores y fabricantes de equipos conseguir economías de escala, obstaculizando así el desarrollo del mercado interior de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas que utilizan el espectro radioeléctrico.

ê 2009/140/CE considerando 30 (adaptado)

(32)Las disposiciones relativas a la gestión del espectro de la presente Directiva deben ser coherentes con el trabajo de las organizaciones internacionales y regionales que se ocupan de la gestión del espectro radioeléctrico, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), con el fin de asegurar la gestión eficiente y la armonización del uso del espectro en toda la Comunidad Ö Unión Õ y entre los Estados miembros y otros miembros de la UIT.

ê 2002/21/CE considerando 11

ð nuevo

(33)De conformidad con el principio de separación de las funciones de regulación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación ð y de las demás autoridades competentes ï con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este requisito de independencia se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de neutralidad con respecto a las normas de los Estados miembros por las que se rige el régimen de la propiedad establecido en el artículo 295 del Tratado. Las autoridades nacionales de reglamentación ð y las demás autoridades competentes ï deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones.

ò nuevo

(34)Es necesario elaborar una lista de tareas que los Estados miembros puedan asignar solo a los organismos que designen como autoridades nacionales de reglamentación, cuyas independencia política y capacidad reguladora estén garantizadas, a diferencia de otras tareas reguladoras que puedan asignar a las autoridades nacionales de reglamentación o a otras autoridades competentes. Por lo tanto, cuando la presente Directiva disponga que un Estado miembro debe asignar una tarea a una autoridad competente, o facultar a esta, el Estado miembro podrá asignar la tarea a una autoridad nacional de reglamentación o a otra autoridad competente.

ê 2009/140/CE considerando 13 (adaptado)

ð nuevo

(35)Debe reforzarse lLa independencia de las autoridades nacionales de reglamentación Ö se reforzó en la revisión de 2009 Õ para garantizar una aplicación más efectiva del marco regulador y para aumentar su autoridad y la previsibilidad de sus decisiones. A tal efecto, debe Ö hubo que Õ disponerse expresamente en el Derecho nacional que, en el ejercicio de sus cometidos, la autoridad nacional de reglamentación responsable de la regulación ex ante del mercado o de la solución de litigios entre empresas esté protegida de intervenciones exteriores o presiones políticas que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que se le sometan. Tal influencia exterior hace que un órgano legislativo nacional resulte inadecuado para actuar como autoridad nacional de reglamentación con arreglo al marco regulador. A tal efecto, deben Ö hubo que Õ establecerse desde el inicio las normas relativas a los motivos de cese del responsable de la autoridad nacional de reglamentación a fin de disipar cualquier duda razonable en cuanto a la neutralidad de este organismo y su impermeabilidad a factores exteriores. ð Con el fin de evitar ceses arbitrarios, el miembro cesado debe gozar del derecho a solicitar que los tribunales competentes comprueben la existencia de una razón válida para el cese, entre las previstas en la presente Directiva. Ese cese debe referirse únicamente a las cualificaciones personales o profesionales del responsable o miembro. ï Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación responsables de la regulación ex ante del mercado dispongan de su propio presupuesto, que les permita, en particular, contratar personal cualificado en número suficiente. Para garantizar la transparencia, este presupuesto debe hacerse público anualmente. ð Dentro de los límites de su presupuesto, deben contar con autonomía para gestionar sus recursos humanos y financieros. Con objeto de garantizar la imparcialidad, los Estados miembros que conserven la propiedad o el control de las empresas que contribuyen al presupuesto de la autoridad nacional de reglamentación o de otras autoridades competentes mediante tasas administrativas, deben velar por que haya una separación estructural efectiva entre las actividades asociadas con el ejercicio de la propiedad o el control y las relativas al ejercicio del control del presupuesto. ï

ò nuevo

(36)Debe reforzarse más la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación para garantizar la impermeabilidad de su responsable y de sus miembros a las presiones exteriores, estableciendo unas cualificaciones mínimas para los nombramientos y una duración mínima del mandato. Además, la limitación de la posibilidad de renovar más de una vez su mandato y la exigencia de que la junta directiva y los altos cargos estén sometidos a un sistema de rotación apropiado contrarrestarán el riesgo de captura del regulador, garantizarán la continuidad y mejorarán la independencia.

(37)Las autoridades nacionales de reglamentación deben rendir cuentas e informar sobre el modo en que desempeñan sus tareas. Esa obligación debe traducirse en la presentación de un informe anual, más que en solicitudes especiales de presentación de informes, que, en caso de ser desproporcionadas, podrían limitar su independencia o dificultarles la realización de sus tareas. De hecho, según la jurisprudencia reciente 42 , unas obligaciones de información exhaustivas o incondicionales pueden afectar indirectamente la independencia de una autoridad.

(38)Los Estados miembros deben notificar a la Comisión la identidad de las autoridades nacionales de reglamentación y de las demás autoridades competentes. En el caso de las autoridades competentes para otorgar derechos de paso, el requisito de notificación puede cumplirse mediante una referencia al punto de información único establecido con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 43 .

ê 2002/20/CE considerando 4

La presente Directiva contempla la autorización de todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, se suministren o no al público. Esto es importante para garantizar que las dos categorías de suministradores puedan beneficiarse de derechos, condiciones y procedimientos objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

ê 2002/20/CE considerando 5

La presente Directiva se aplica únicamente a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias, cuando dicho uso implique el suministro de una red o servicio de comunicaciones electrónicas, normalmente a cambio de una remuneración. El uso personal de equipos terminales de radio, basado en el uso no exclusivo de radiofrecuencias específicas por parte de un usuario y no relacionado con una actividad económica, como por ejemplo el uso de una banda ciudadana por radioaficionados, no constituye suministro de una red o servicio de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, no está incluido en la presente Directiva. Dicho uso se regula en la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad 44 .

ê 2002/20/CE considerando 6 (adaptado)

Las disposiciones relativas a la libre circulación de sistemas de acceso condicional y la libre prestación de servicios protegidos basados en dichos sistemas se establecen en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso 45 . Por tanto, no es preciso que la presente Directiva incluya la autorización de dichos sistemas y servicios.

ê 2002/20/CE considerando 7 (adaptado)

(39)Debe aplicarse el sistema de autorización menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y de redes y servicios de comunicaciones paneuropeos y hacer posible que proveedores de servicios y consumidores se beneficien de las economías de escala del mercado único.

ê 2002/20/CE considerando 8 (adaptado)

ð nuevo

(40)La mejor manera de alcanzar ð las ventajas que ofrece el mercado único a los suministradores de servicios y los usuarios finales ï estos objetivos es la autorización general de ð las redes de comunicaciones electrónicas y los servicios de comunicaciones electrónicas, distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números, ï todas las redes y todos los servicios de comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la una mera notificación ð declaratoria ï. Cuando los Estados miembros exijan a los suministradores de redes o servicios de comunicaciones Ö comunicaciones Õ electrónicas una notificación en el momento en que inicien sus actividades, ð esta deberá presentarse al ORECE, que actúa como punto único de contacto. Dicha notificación no debe acarrear costes administrativos a los suministradores y puede ofrecerse mediante un punto de entrada en el sitio web de las autoridades nacionales de reglamentación. El ORECE debe enviar a su debido tiempo las notificaciones a la autoridad nacional de reglamentación de todos los Estados miembros en los que los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas tengan la intención de suministrar dichas redes o servicios. Los Estados miembros también pueden exigir una prueba de que la notificación se ha realizado mediante un acuse de recibo postal o electrónico legalmente reconocido de la notificación al ORECE. Dicho acuse de recibo no debe consistir en ningún caso en un acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación o de cualquier otra autoridad, ni requerirloï también podrán exigir prueba de que dicha notificación se ha efectuado mediante un acuse de recibo de la misma, por correo o por vía electrónica, que esté legalmente reconocido. Dicho acuse de recibo nunca debe consistir en un acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación a quien deba presentarse la notificación, ni requerirlo.

ò nuevo

(41)La notificación al ORECE debe consistir en una mera declaración de la intención del suministrador de iniciar el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas. Al sumistrador solo se le puede pedir que adjunte a esa declaración la información que figura en el artículo 12 de la presente Directiva. Los Estados miembros no deben imponer requisitos de notificación adicionales o diferentes.

(42)A diferencia de las demás categorías de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que se definen en la presente Directiva, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números no disfrutan de la utilización de los recursos públicos de numeración ni participan en un ecosistema interoperable garantizado públicamente. No procede, por lo tanto, someter estos tipos de servicios al régimen de autorización general.

ð nuevo

(43)Al otorgar derechos de uso de radiofrecuencias del ð espectro ï radioeléctrico, números o derechos de instalar recursos, las autoridades pertinentes Ö competentes Õ podrán Ö deben Õ informar a las empresas a las que otorguen dichos derechos de las condiciones correspondientes de la autorización general.

ê 2002/20/CE considerando 18 (adaptado)

ð nuevo

(44)Las autorización Ö autorizaciones Õ generales deben contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No deben estar sujetas a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica del dicho sector de las comunicaciones. No obstante, ð Por ejemplo, ï las autoridades nacionales de reglamentación pueden informar a los operadores de redes y a los suministradores de servicios de ð los requisitos aplicables sobre medio ambiente y ordenación territorial ï otras normativas relacionadas con su ámbito de actividad, por ejemplo, mediante una referencia a las mismas en su sitio de Internet.

ê 2009/140/CE considerando 73

(45)Las condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones deben cubrir las condiciones específicas que rigen la accesibilidad de los usuarios con discapacidad y la necesidad de que los poderes públicos y los servicios de emergencia se comuniquen entre sí y con la población antes, durante y después de catástrofes importantes. Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de la innovación técnica, los Estados miembros deben poder expedir autorizaciones para el uso del espectro con fines experimentales, con supeditación a restricciones y condiciones específicas que la naturaleza experimental de tales derechos justifique estrictamente.

ê 2002/20/CE considerando 9 (adaptado)

(46)Es necesario incluir expresamente en dichas autorizaciones los derechos y obligaciones que incumben a las empresas en virtud de las autorizaciones generales, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Comunidad Ö Unión Õ y facilitar la negociación transfronteriza de la interconexión entre redes públicas de comunicaciones.

ê 2002/20/CE considerando 10 (adaptado)

(47)La autorización general da derecho a las empresas que suministren al público redes y servicios de comunicaciones electrónicas a negociar la interconexión con arreglo a las condiciones de la Ö presente Õ Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)  46 . Las empresas que suministren redes y servicios de comunicaciones electrónicas a destinatarios distintos del público podrán negociar la interconexión en términos comerciales.

ê 2002/20/CE considerando 11 (adaptado)

Puede seguir siendo necesario el otorgamiento de derechos específicos para el uso de radiofrecuencias y números, incluidos códigos abreviados, del plan nacional de numeración. Los derechos a los números pueden también atribuirse a partir de un plan europeo de numeración, incluyendo por ejemplo el indicativo de país virtual «3883» que se ha atribuido a los países miembros de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Estos derechos de uso no deben restringirse, salvo cuando resulte inevitable ante la escasez de radiofrecuencias y la necesidad de garantizar el uso eficiente de las mismas.

(48)En el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que no se suministren al público, resulta conveniente imponer condiciones menos numerosas y estrictas de las que están justificadas en el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas suministradas al público.

(49)Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de conformidad con la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ, a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y ð servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números ï en razón de su peso significativo en el mercado según se define en la Ö presente Õ Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)  47 deben imponerse separadamente de los derechos y obligaciones generales que deriven de la autorización general.

ê 2002/20/CE considerando 25

ð nuevo

(50)Los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueden necesitar una confirmación de sus derechos con arreglo a la autorización general en materia de interconexión y derechos de paso, en particular para facilitar las negociaciones con otros niveles, regionales o locales, de la administración o con los proveedores de servicios de otros Estados miembros. A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación ð el ORECE, que recibe la notificación del suministro de redes o servicios de comunicaciones públicos o privados, ï deben facilitar estas declaraciones a las empresas, bien previa solicitud o bien como respuesta automática a una notificación al amparo de la autorización general. Dichas declaraciones no deben constituir por sí mismas un título para ejercer derechos, ni tampoco deben depender de ellas derecho alguno en virtud de la autorización general, ni derechos de uso ni el ejercicio de los mismos.

ê 2002/20/CE considerando 30

ð nuevo

(51)Pueden imponerse tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación ð o de otra autoridad competente ï relativas a la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación ð y de las demás autoridades competentes ï mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los gastos administrativos y las tasas guardan un equilibrio entre sí.

ê 2002/20/CE considerando 31 (adaptado)

ð nuevo

(52)Los sistemas que regulen las tasas administrativas no deben distorsionar la competencia ni crear barreras a la entrada en el mercado. Con un sistema de autorización general, ya no será posible asignar los costes administrativos, y por ende las tasas, a las empresas, excepto en lo que se refiere a la autorización de derechos de Ö de Õ uso de números, frecuencias de ð espectro ï radioeléctrico y derechos de instalar recursos. Las tasas administrativas aplicables deben ajustarse a los principios de un sistema de autorización general. Un ejemplo justo, sencillo y transparente de criterio de asignación de tasas podría ser una clave de distribución en función del volumen de negocios. Cuando las tasas administrativas sean muy bajas, también podrían resultar apropiadas unas tasas uniformes o bien unas tasas que combinen una base uniforme con un componente en función del volumen de negocios. ð En la medida en que el sistema de autorización general se hace extensivo a las empresas con unas cuotas de mercado muy pequeñas, como los proveedores de redes de alcance local, o a proveedores de servicios cuyo modelo empresarial genera unos ingresos muy limitados incluso cuando la penetración en el mercado, en términos de volúmenes, es considerable, los Estados miembros deben evaluar la posibilidad de fijar un umbral de minimis apropiado para la imposición de tasas administrativas. ï

ê 2002/20/CE considerando 33

ð nuevo

(53)A los Estados miembros puede serles necesario modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones relacionados con las autorizaciones generales y derechos de uso cuando esté objetivamente justificado. Tales modificaciones deben notificarse debida y oportunamente a todas las partes interesadas, dándoles adecuada oportunidad de expresar su opinión sobre las mismas. ð Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y fomentar la previsibilidad normativa, toda restricción o retirada de derechos existentes de uso del espectro radioeléctrico o de instalación de recursos debe estar supeditada a procedimientos previsibles y transparentes; por consiguiente, cuando los derechos de uso se hayan asignado con arreglo a procedimientos competitivos o comparativos, podrían imponerse requisitos más estrictos o un mecanismo de notificación. Hay que evitar los procedimientos innecesarios en caso de modificaciones de menor importancia de los derechos existentes de instalación de recursos o de uso del espectro, cuando esas modificaciones no afecten a los intereses de terceros. El cambio de uso del espectro debido a la aplicación de los principios de neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio no debe considerarse una justificación suficiente para la retirada de derechos, ya que no constituye la concesión de un nuevo derecho. ï 

ê 2002/20/CE considerando 34

El objetivo de transparencia exige que los proveedores de servicios, los consumidores y otras partes interesadas puedan acceder fácilmente a toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias y números, derechos de instalación de recursos, planes nacionales de uso de frecuencias y planes nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen la importante misión de facilitar dicha información y mantenerla actualizada. Cuando esos derechos sean gestionados por otros niveles de la administración, las autoridades nacionales de reglamentación deben tratar de crear una herramienta de fácil utilización para acceder a la información referente a tales derechos.

ê 2002/20/CE considerando 35

La Comisión debe supervisar el adecuado funcionamiento del mercado único sobre la base de los regímenes nacionales de autorización con arreglo a la presente Directiva.

ê 2002/20/CE considerando 36

Con el fin de lograr una fecha de aplicación única para todos los elementos del nuevo marco regulador aplicable al sector de las comunicaciones electrónicas, es importante que el proceso de incorporación de la Directiva a los Derechos nacionales y la adaptación de las licencias existentes a las nuevas normas tengan lugar simultáneamente. No obstante, en casos específicos en los que la sustitución de las autorizaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva por la autorización general y los derechos de uso individuales de conformidad con la presente Directiva supongan un incremento de las obligaciones de los proveedores de servicios que operan al amparo de una autorización existente o una reducción de sus derechos, los Estados miembros podrán disponer de un plazo adicional de nueve meses a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva para adaptar dichas licencias, a menos que ello tenga consecuencias negativas para los derechos y obligaciones de otras empresas.

ê 2002/20/CE considerando 37

Puede ocurrir que la supresión de una condición de autorización relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas plantee graves dificultades a una o varias de las empresas que se hayan beneficiado de dicha condición. En estos casos, la Comisión podrá permitir la aplicación de otras medidas transitorias, a petición de un Estado miembro.

ê 2002/20/CE considerando 38

Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas no pueden ser alcanzadas de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medida, de acuerdo con el principio de subsidiaridad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

ê 2009/140/CE considerando 70

(54)Las modificaciones menores de los derechos y las obligaciones son aquellas modificaciones, principalmente de orden administrativo, que no modifican sustancialmente las autorizaciones generales y los derechos individuales de utilización y que, por consiguiente, no pueden generar ningún tipo de ventaja comparativa en favor de las demás empresas.

ê 2002/21/CE considerando 13 (adaptado)

ð nuevo

(55)Las autoridades nacionales de reglamentación ð y las demás autoridades competentes ï necesitan recabar información de los agentes del mercado para desempeñar eficazmente su cometido. También puede Ö podría Õ resultar necesario recoger tal información por cuenta de la Comisión ð o del ORECE ï, para que ésta Ö estos Õ puedan cumplir las Ö sus respectivas Õ obligaciones que les impone la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ. Las solicitudes de información deben ser proporcionadas y no suponer una carga excesiva para las empresas. La información recogida por las autoridades nacionales de reglamentación ð y las demás autoridades competentes ï debe estar a disposición del público, salvo en la medida en que tenga carácter confidencial con arreglo a las normas nacionales sobre el acceso del público a la información y sujeto a las legislaciones comunitaria Ö de la Unión Õ y nacional en materia de secreto comercial.

ê 2009/140/CE considerando 16

ð nuevo

(56)Para garantizar que las autoridades nacionales de reglamentación llevan a cabo sus tareas reguladoras de manera eficaz, la información que estas recojan debe incluir datos contables sobre los mercados minoristas asociados con los mercados mayoristas en los que un operador tiene peso significativo en el mercado y, por ello, están regulados por la autoridad nacional de reglamentación. La información debe también incluir datos que permitan a la autoridad nacional de reglamentación evaluar ð el cumplimiento de las condiciones impuestas a los derechos de uso, ï el posible impacto de las mejoras o cambios de la topología de red previstos sobre el desarrollo de la competencia o sobre los productos al por mayor puestos a disposición de otras partes. ð La información sobre el cumplimiento de las obligaciones de cobertura impuestas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico es fundamental para garantizar la integridad de los estudios geográficos de los despliegues de las redes realizados por las autoridades nacionales de reglamentación. A este respecto, dichas autoridades deben poder exigir que la información se facilite desagregada a nivel local con una granularidad adecuada para realizar un estudio geográfico de las redes. ï 

ê 2002/20/CE considerando 28 adaptado (adaptado)

ð nuevo

(57)Someter a los proveedores de servicios a ð Para suavizar ï las obligaciones de información y de presentación de informes a que están sometidos Ö los proveedores Õ ð de redes y ï Ö servicios Õ puede resultar engorroso tanto para las empresas como para y la autoridad nacional de reglamentación ð competente ï afectada., Por tanto, tales obligaciones deben ser proporcionadas, tener una justificación objetiva y limitarse a lo estrictamente necesario. ð En particular, deben evitarse la duplicación de solicitudes de información por parte de la autoridad competente y del ORECE ï No es necesario exigir de manera Ö y la Õ prueba sistemática y regular una prueba del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la Ö una Õ autorización general o a los Ö un Õ derechos de uso. Las empresas ð deben ï tienen derecho a conocer para qué fines se utilizará Ö la utilización que se prevé dar a Õ la información Ö solicitada Õ que deben facilitar. La aportación de información no debe ser una condición para el acceso al mercado. Por motivos estadísticos, puede requerirse una notificación de los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas cuando cesen sus actividades.

ê 2002/20/CE considerando 29 adaptado (adaptado)

ð nuevo

(58)La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de Ö No deben verse afectadas Õ las obligaciones de los Estados miembros de facilitar la información necesaria para la defensa de los intereses comunitarios Ö de la Unión Õ en el contexto de Ö establecidas en virtud de Õ acuerdos internacionales. Tampoco debe afectar a Ö ni Õ las obligaciones de presentación de informes establecidas en virtud de una legislación que no sea específica del sector de las comunicaciones electrónicas, como la relativa al Derecho de la competencia.

ê 2002/21/CE considerando 14 (adaptado)

ð nuevo

(59)La información considerada confidencial por una autoridad nacional de reglamentación ð competente ï, de conformidad con la normativa comunitaria Ö de la Unión Õ y nacional sobre secreto comercial ð y protección de los datos personales ï , sólo puede intercambiarse con la Comisión y con otras autoridades nacionales de reglamentación ð y con el ORECE ï cuando dicho intercambio resulte imprescindible necesario para aplicar lo dispuesto en la presente Directiva o en las directivas específicas. El intercambio se debe limitar a la información que resulte pertinente y proporcionada con la finalidad del intercambio.

ò nuevo

(60)Las redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha son cada vez más diversas en cuanto a tecnología, topología, medio utilizado y propiedad, por lo que, para ser eficaz y destinarse a los ámbitos en los que se necesite, la intervención reguladora debe apoyarse en una información y unas previsiones detalladas sobre el despliegue de las redes. Esa información debe abarcar planes relativos tanto al despliegue de redes de muy alta capacidad, como a mejoras o ampliaciones importantes de las redes de cobre u otras redes existentes que podrían no ajustarse a las características de rendimiento de las redes de muy alta capacidad en todos los aspectos, como el despliegue de fibra hasta el distribuidor asociado a tecnologías activas como la vectorización. Es conveniente que el nivel de pormenorización y de granularidad territorial de la información que las autoridades nacionales de reglamentación deben recopilar se guíe por el objetivo regulador específico y se adecue a los fines reguladores que persigue. Por consiguiente, el tamaño de la unidad territorial variará también entre los Estados miembros, dependiendo de las necesidades reguladoras que surjan en las circunstancias nacionales específicas y de la disponibilidad de datos locales. Es poco probable que el nivel 3 de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) sea una unidad territorial suficientemente pequeña en la mayoría de las circunstancias. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar como guía las directrices del ORECE sobre las mejores prácticas para acometer esa tarea; esas directrices podrán basarse en la experiencia de aquellas en la realización de estudios geográficos del despliegue de las redes. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poner herramientas a disposición de los usuarios finales con respecto a la calidad del servicio, con objeto de contribuir a mejorar su conocimiento de los servicios de conectividad disponibles.

(61)En el caso de zonas de exclusión digital específicas y bien definidas, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener la posibilidad de organizar una convocatoria de declaraciones de interés para saber qué empresas desean invertir en redes de muy alta capacidad. Con vistas a lograr unas condiciones de inversión previsibles, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder compartir información con las empresas que muestren interés en seguir desplegando redes de muy alta velocidad sobre si, en la zona en cuestión, se están realizando o están previstas otras mejoras de las redes, como las relativas a una velocidad de descarga inferior a 100 Mbps.

ê 2002/21/CE considerando 15 (adaptado)

ð nuevo

(62)Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación ð y otras autoridades competentes ï consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas, ð les den tiempo suficiente, vista la complejidad del asunto, para presentar sus observaciones ï y las tengan en cuenta sus observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos sobre el mercado único u otros objetivos del Tratado, las autoridades nacionales de reglamentación también deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación ciertos proyectos de decisiones, para darles oportunidad de formular observaciones. Conviene que las autoridades nacionales de reglamentación consulten a las partes interesadas a propósito de cualquier proyecto de medidas que tenga una incidencia sobre los intercambios entre los Estados miembros. Los casos en que se aplican los procedimientos de los artículos 6 Ö 24 Õ y 7 Ö 34 Õ se definen en la presente Directiva y en las directivas específicas.

ê 2009/136/CE considerando 49 (adaptado)

(63)Para subsanar las deficiencias existentes en el ámbito de las consultas a los consumidores y para responder debidamente a los intereses de los ciudadanos, los Estados miembros deben instaurar un mecanismo adecuado de consulta. Este mecanismo podría adoptar la forma de un organismo, que, actuando con independencia de la autoridad nacional de reglamentación y de los prestadores de servicios, se encargaría de la investigación de cuestiones relacionadas con los consumidores, por ejemplo el comportamiento de los consumidores y los procedimientos para cambiar de proveedor, funcionaría de manera transparente y participaría en los mecanismos existentes de consulta de los interesados. Además, podría establecerse un mecanismo con el fin de permitir la cooperación apropiada en los asuntos relativos a la promoción de los contenidos legales. Ninguno de los procedimientos de cooperación acordados de conformidad con tal mecanismo debe sin embargo permitir la vigilancia sistemática del uso de Internet.

ê 2002/21/CE considerando 32 (adaptado)

ð nuevo

(64)En caso de litigio entre empresas de un mismo Estado miembro en algún ámbito regulado por la presente Directiva o por las directivas específicas, por ejemplo en relación con las obligaciones de acceso e interconexión o con los medios de transferir listas de suscriptores ð usuarios finales ï , la parte perjudicada que haya negociado de buena fe pero no haya llegado a acuerdo alguno debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para resolver el litigio. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer una solución a las partes. La intervención de una autoridad nacional de reglamentación en la resolución de un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro debe tratar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Directiva o de las directivas específicas.

ê 2002/21/CE considerando 33 (adaptado)

ð nuevo

(65)Además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria Ö de la Unión Õ , es necesario que exista un procedimiento simple, que se inicie a instancia de una de las partes en el litigio, para la resolución de litigios transfronterizos que excedan de la competencia de una sola autoridad nacional de reglamentación ð entre empresas que suministren o estén autorizadas a suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en diferentes Estados miembros ï.

ê 2009/140/CE considerando 50

ð nuevo

(66)Una tarea importante asignada al ORECE es la de adoptar, cuando proceda, dictámenes en relación con los litigios transfronterizos. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, por lo tanto, ð reflejar en sus medidas todo dictamen adoptado por el ORECE imponiendoï tener en cuenta los eventuales dictámenes del ORECE alguna ð obligación a una empresa o resolviendo el litigio ï en estos casos.

ò nuevo

(67)La falta de coordinación entre los Estados miembros al organizar el uso del espectro en su territorio puede crear interferencias a gran escala que afecten gravemente al desarrollo del mercado único digital. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar las interferencias transfronterizas y perjudiciales y cooperar mutuamente con ese fin. A petición de uno o varios Estados miembros o de la Comisión, debe encomendarse al Grupo de política del espectro radioeléctrico que aporte la coordinación transfronteriza necesaria. Sobre la base de la solución propuesta por el mencionado Grupo, en algunas circunstancias podrá ser necesaria una medida de ejecución para resolver definitivamente las interferencias transfronterizas o para hacer cumplir, al amparo del Derecho de la Unión, una solución coordinada que haya sido acordada por dos o más Estados miembros en negociaciones bilaterales.

(68)El Grupo de política del espectro radioeléctrico es un grupo consultivo de alto nivel de la Comisión creado mediante la Decisión 2002/622/CE de la Comisión 48 para que contribuya al desarrollo del mercado interior y apoye el avance de una política del espectro radioeléctrico a nivel de la Unión, teniendo presentes consideraciones económicas, políticas, culturales, estratégicas, sanitarias y sociales, así como parámetros técnicos. El grupo debe estar compuesto por los responsables de los organismos con competencias generales en la política estratégica del espectro. Debe asesorar a la Comisión en la elaboración de objetivos estratégicos, prioridades y hojas de ruta para la política del espectro. Todo ello debe contribuir a aumentar la visibilidad de la política del espectro en los diferentes ámbitos normativos de la UE y ayudar a garantizar la coherencia intersectorial a nivel nacional y de la Unión. Asimismo, el grupo debe asesorar al Parlamento Europeo y al Consejo a petición suya. Además, el grupo debe ser también el foro en el que se coordine el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones con respecto al espectro radioeléctrico en virtud de la presente Directiva y ha de desempeñar una función principal en ámbitos fundamentales para el mercado interior, como la coordinación transfronteriza o la normalización. Asimismo, podrían crearse grupos de trabajo técnicos o de expertos que presten ayuda en las reuniones plenarias, en las que la política estratégica se formula por mediación de altos representantes de los Estados miembros y la Comisión.

ê 2002/22/CE considerando 47 (adaptado)

ð nuevo

(69)En el contexto de un entorno competitivo, las autoridades nacionales de reglamentación han de tener en cuenta la opinión de las partes interesadas, incluidos los consumidores y los usuarios, a la hora de abordar cuestiones relacionadas con los derechos de los usuarios finales. ð Los procedimientos de resolución extrajudicial de litigios pueden ser una vía rápida y rentable para que los usuarios finales hagan valer sus derechos, en particular los consumidores y las microempresas y pequeñas empresas. ï Ö Tratándose de los consumidores, Õ ð la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 49 ya garantiza ï Conviene establecer procedimientos eficaces ð , no discriminatorios y económicos ï para la solución de Ö solucionar sus Õ litigios que opongan, por una parte, a los consumidores y, por otra, a las empresas que prestan Ö con los proveedores de Õ servicios de comunicaciones Ö electrónicas Õ disponibles al público, ð en la medida en que se trate de litigios contractuales pertinentes y que el consumidor sea residente y la empresa esté establecida en la Unión ï . ð Dado que muchos Estados miembros han establecido procedimientos de resolución de litigios también para los usuarios finales distintos de los consumidores, a los que no se aplica la Directiva 2013/11/UE, es razonable mantener el procedimiento de resolución de litigios específico del sector para los consumidores y, cuando los Estados miembros lo amplíen, también para otros usuarios finales, en particular microempresas y pequeñas empresas. ï Los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo 50 . ð Habida cuenta de los profundos conocimientos sectoriales de las autoridades nacionales de reglamentación, procede que los Estados miembros permitan que la autoridad nacional de reglamentación actúe como entidad de resolución de litigios, valiéndose de un organismo de esa autoridad que no debe recibir instrucciones. Los procedimientos de resolución de litigios previstos en la presente Directiva que afecten a los consumidores deben atenerse a los requisitos de calidad establecidos en el capítulo II de la Directiva 2013/11/UE. ï 

ê 2009/140/CE considerando 72 (adaptado)

ð nuevo

(70)Las autoridades nacionales de reglamentación ð competentes ï deben estar facultadas para adoptar medidas efectivas para supervisar y garantizar el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o Ö y Õ los derechos de uso, ð y, en particular, para garantizar un uso eficaz y eficiente del espectro y el cumplimiento de las obligaciones de cobertura y calidad del servicio, mediante ï así como para imponer sanciones económicas o administrativas, ð incluidos requerimientos y retiradas de derechos de uso, ï efectivas en caso de incumplimiento. ð Las empresas deben proporcionar la información más exacta y completa posible a las autoridades competentes para que estas puedan cumplir sus tareas de vigilancia. Para evitar la creación de barreras de entrada en el mercado, concretamente, mediante el acaparamiento anticompetitivo, es preciso que los Estados miembros mejoren la aplicación de las condiciones asociadas a los derechos del espectro y que participen todas las autoridades competentes, aparte de las autoridades nacionales de reglamentación. Entre las condiciones de aplicación debe figurar el empleo de la solución «se usan o se pierden», para contrapesar la larga duración de los derechos. A tal efecto, el comercio y el alquiler de espectro deben considerarse modalidades que aseguran un uso eficaz por parte del titular original del derecho. Con objeto de velar por la seguridad jurídica en cuanto a la posible exposición a sanciones por la falta de uso del espectro, procede fijar por anticipado umbrales de uso, entre otros, en términos de tiempo, cantidad o identidad del espectro. ï

ê 2002/20/CE considerando 15 (adaptado)

(71)Las condiciones, que pueden asociarse a las autorización Ö autorizaciones Õ generales y a los derechos de uso específicos Ö individuales Õ, deben limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones que establecen la legislación comunitaria y la legislación nacional de conformidad con Ö y Õ la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ.

ê 2002/21/CE considerando 12 (adaptado)

ð nuevo

(72)Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación ð competentes ï debe tener derecho a recurrir ante un organismo independiente de las partes interesadas ð y de toda intervención exterior o presión política que pueda poner en peligro su evaluación independiente de los asuntos que se le sometan ï. Este Ö Ese Õ organismo puede ser un tribunal. Además, toda empresa que considere que su solicitud de derechos de instalación de recursos no ha sido tramitada con arreglo a los principios expuestos en la presente Directiva debe tener el derecho de recurrir estas decisiones. Este Ö Ese Õ procedimiento de recurso debe entenderse sin perjuicio de la división de competencias en el seno de los sistemas judiciales nacionales y de los derechos de las personas físicas o jurídicas en virtud del Derecho nacional. ð En cualquier caso, los Estados miembros deben conceder control jurisdiccional efectivo frente a tales decisiones. ï

ê 2009/140/CE considerando 14

ð nuevo

(73)Para garantizar la seguridad jurídica de los agentes del mercado, los organismos de recurso deben desempeñar sus funciones con eficacia; en concreto, los procedimientos de recurso no deben prolongarse indebidamente. Deben poder concederse medidas cautelares de suspensión del efecto de la decisión de una autoridad nacional de reglamentación ð competente ï únicamente si existe la necesidad urgente de evitar daños graves e irreparables a la parte que solicita esas medidas y si lo exige el equilibrio de intereses.

ê 2009/140/CE considerando 15 (adaptado)

ð nuevo

(74)Ha habido sensibles divergencias en la manera en que los organismos de recurso han aplicado medidas cautelares para suspender las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación. Para lograr una mayor coherencia en el planteamiento, debe aplicarse una norma común en consonancia con la jurisprudencia comunitaria Ö de la Unión Õ. Los organismos de recurso también han de poder solicitar la información disponible que publique el ORECE. Dada la importancia de los recursos para el funcionamiento global del marco regulador, debe crearse un mecanismo de recogida de información sobre los recursos y las decisiones de suspensión adoptadas por las autoridades reguladoras ð competentes ï en todos los Estados miembros y de transmisión de dicha información a la Comisión ð y al ORECE ï . ð Ese mecanismo debe garantizar que la Comisión o el ORECE puedan recabar de los Estados miembros el texto de las decisiones o las sentencias, con vistas a la creación de una base de datos. ï

ê 2002/21/CE considerando 15 (adaptado)

ð nuevo

(75)La Comisión previa consulta al Comité de Comunicaciones, ð tras tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE ï , debe poder solicitar a una autoridad nacional de reglamentación que retire un proyecto de medida en aquellos casos en que se refiera a la definición de los mercados en cuestión o a la designación o no de las empresas con un peso significativo en el mercado, así como cuando estas decisiones pudieran obstaculizar el mercado único europeo o fueran incompatibles con el derecho comunitario Ö de la Unión Õ y, en particular, con los objetivos políticos que deben seguir las autoridades nacionales de reglamentación. Este procedimiento debe entenderse sin perjuicio del procedimiento de notificación previsto en la Directiva 98/34/CE2015/1535/UE, ni de las prerrogativas de la Comisión en virtud del Tratado en caso de infracción de la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ.

ê 2009/140/CE considerando 17 (adaptado)

(76)La consulta nacional prevista en el artículo Ö 24 Õ 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) debe efectuarse antes de la consulta comunitaria Ö de la Unión Õ prevista en los artículos 7 Ö 34 Õ y 7 bis Ö 35 Õ de la misma Ö presente Õ Directiva, a fin de que las opiniones de las partes interesadas puedan reflejarse en la consulta comunitaria Ö de la Unión Õ. Así se evitaría la necesidad de una segunda consulta comunitaria Ö de la Unión Õ en caso de modificarse una propuesta de medida a consecuencia de la consulta nacional.

ê 2009/140/CE considerando 20 (adaptado)

(77)Es importante que el marco regulador se aplique con arreglo a determinados plazos. Cuando la Comisión haya adoptado una decisión por la que exija a una autoridad nacional de reglamentación la retirada de un proyecto de medida, dicha autoridad debe presentar una medida revisada a la Comisión. Debe establecerse un plazo para la notificación de la medida revisada a la Comisión con arreglo al artículo 7 Ö 34 Õ de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) para que los agentes de mercado puedan conocer la duración de la revisión del mercado y para reforzar la seguridad jurídica.

ê 2009/140/CE considerando 19 (adaptado)

ð nuevo

(78)El mecanismo comunitario Ö de la Unión Õ que permite a la Comisión exigir de las autoridades nacionales de reglamentación la retirada de un proyecto de medida sobre definición de mercados y designación de operadores con peso significativo en el mercado ha contribuido perceptiblemente a la coherencia en la determinación de las circunstancias en que puede aplicarse la regulación ex ante y en las que puede aplicarse a los operadores. El seguimiento del mercado efectuado por la Comisión, y en particular lLa experiencia con el los Ö procedimientos Õ del artículo 7 Ö y 7 bis Õ de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), ha demostrado que las incoherencias en la aplicación de las soluciones por parte de las autoridades nacionales de reglamentación, incluso cuando las condiciones del mercado son similares, pueden socavar socavan el mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Por consiguiente, la Comisión ð y el ORECE ï puede Ö deben Õ aportar su participación garantizando ð , en el ámbito de sus competencias respectivas, ï una mayor coherencia en la aplicación de soluciones adoptando recomendaciones sobre los proyectos de medidas que propongan las autoridades nacionales de reglamentación. ð Además, cuando el ORECE comparta las preocupaciones de la Comisión, esta deberá poder exigir a una autoridad nacional de reglamentación que retire un proyecto de medida. ï Para aprovechar los conocimientos especializados de las autoridades nacionales de reglamentación sobre el análisis de los mercados, la Comisión debe consultar al ORECE antes de adoptar sus decisiones y/o recomendaciones.

ê 2009/140/CE considerando 21 (adaptado)

(79)Dado lo ajustado de los plazos en el mecanismo de consulta comunitaria Ö de la Unión Õ, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte recomendaciones o directrices para simplificar los procedimientos de intercambio de información entre la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación, por ejemplo en los casos relativos a mercados estables o que suponen solo una ligera modificación de medidas ya notificadas. Debe facultarse igualmente a la Comisión para permitir la introducción de una exención de notificación a fin de simplificar los procedimientos en algunos casos.

ê 2002/21/CE considerando 37 (adaptado)

ð nuevo

(80)Las autoridades nacionales de reglamentación deben cooperar entre ellas, ð con el ORECE ï y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de las disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas específicas. Esta cooperación podrá tener lugar, inter alia, en el seno del Comité de Comunicaciones o en el de un grupo en el que figuren reguladores europeos. Los Estados miembros deben decidir qué organismos son autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a la presente Directiva y a las Directivas específicas.

ê 2009/140/CE considerando 18

(81)Es preciso conciliar el margen de apreciación de las autoridades nacionales de reglamentación con el desarrollo de unas prácticas reguladoras coherentes y la aplicación coherente del marco regulador para contribuir eficazmente al desarrollo y a la realización del mercado interior. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, por lo tanto, apoyar las actividades relativas al mercado interior de la Comisión y las del ORECE.

ê 2002/21/CE considerando 38

(82)Las medidas que podrían repercutir sobre los intercambios entre los Estados miembros son aquellas medidas que pueden tener un efecto directo o indirecto, real o potencial sobre la estructura de los intercambios entre los Estados miembros de modo que podrían crear una barrera al mercado interior. Estas incluyen medidas que tienen repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros y abarcan, entre otras, las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros, las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros, las medidas que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas, y, en particular, las medidas que afectan a la posibilidad de prestar servicios a nivel transnacional; así como las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros Estados miembros.

ê 2009/140/CE considerando 6 (adaptado)

(83)En la revisión de la aplicación de la Ö presente Õ Directiva marco y de las Directivas específicas, la Comisión debe evaluar si, a la luz de la evolución en el mercado y con relación a la competencia y a la protección del consumidor, siguen siendo necesarias las disposiciones respecto de la regulación ex ante específica del sector establecidas en los artículos 8 a 13 bis de la Directiva 2002/19/CE (Directiva sobre acceso) y el artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre servicio universal), o si dichas disposiciones deben ser modificadas o derogadas.

ê 2002/21/CE considerando 40

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 51 .

ò nuevo

(84)En virtud de su saber económico y su conocimiento del mercado globales, así como del carácter objetivo y técnico de sus evaluaciones, y con el fin de velar por la coherencia con sus demás tareas de regulación del mercado, las autoridades nacionales de reglamentación deben determinar los elementos de los procedimientos de selección y las condiciones asociadas a los derechos de uso del espectro que influyen más en las condiciones de mercado y en la situación competitiva, sin olvidar las condiciones de entrada y expansión. Ello comprende, por ejemplo, los parámetros de la valoración económica del espectro con arreglo a la presente Directiva, la especificación de las medidas reguladoras y de conformación del mercado —como el uso de límites del espectro o la reserva de este, o la imposición de obligaciones de acceso al por mayor— o los medios para definir las condiciones de cobertura asociadas a los derechos de uso. La existencia de un mecanismo de coordinación mediante el cual el ORECE, la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación de los demás Estados miembros revisen los proyectos de medidas antes de la concesión de los derechos de uso por parte de un determinado Estado miembro, paralelamente a la consulta pública nacional, favorecería una mayor convergencia en el uso y la definición de esos elementos. La medida determinada por la autoridad nacional de reglamentación solo puede ser un subconjunto de una medida nacional más amplia, que, de forma más general, puede consistir en la concesión, comercio y alquiler, duración, renovación o modificación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, así como en el procedimiento de selección o las condiciones asociadas a los derechos de uso. Por consiguiente, al notificar un proyecto de medida, las autoridades nacionales de reglamentación pueden facilitar información sobre otros proyectos de medidas nacionales relativos al procedimiento de selección pertinente para limitar los derechos de uso del espectro radioeléctrico a los que no se aplica el mecanismo de revisión por pares.

ê 2002/20/CE considerando 24 (adaptado)

(85)Cuando la asignación armonizada de radiofrecuencias a empresas particulares se haya acordado a nivel europeo, los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales acuerdos a la hora de otorgar derechos de uso de Ö relativos a Õ radiofrecuencias con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.

(86)Conviene animar a los Estados miembros a estudiar la opción de las autorizaciones conjuntas para la concesión de derechos de uso, cuando el uso previsto comprende situaciones transfronterizas.

ê 2009/140/CE considerando 58

(87)Toda decisión de la Comisión que se presente de conformidad con el artículo 1940, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) debe limitarse a los principios reguladores, a las estrategias y a las metodologías. Con el fin de descartar cualquier posible duda, no debe imponer detalles que reflejen normalmente circunstancias nacionales ni tampoco prohibir estrategias alternativas de las que, de forma razonable, quepa esperar efectos equivalentes. Dicha decisión debe ser proporcionada y no debe afectar a las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación que no obstaculicen el desarrollo del mercado interior.

ê 2002/21/CE considerando 29 (adaptado)

(88)La Comunidad Ö Unión Õ y los Estados miembros han contraído compromisos en relación con las normas y con el marco regulador de las redes y servicios de telecomunicaciones en la Organización Mundial del Comercio.

ê 2002/21/CE considerando 30 (adaptado)

(89)La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante, pueden darse aún situaciones en que convenga exigir el cumplimiento de determinadas normas a nivel comunitario Ö de la Unión Õ para garantizar la interoperabilidad en el mercado único. A nivel nacional, los Estados miembros están sujetos a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE 2015/1535/UE. La Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión 52 no imponía un servicio o sistema de televisión digital específico. A través del Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas de transmisión de televisión que han sido normalizados por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Toda decisión de hacer obligatorio el cumplimiento de estas normas debe ir precedida de una consulta pública completa. Los procedimientos de normalización establecidos en virtud de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 1999/5/CE, la Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 53 , y la Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética 54 Directiva 2014/53/UE (equipos radioeléctricos), la Directiva 2014/35/UE (baja tensión) y la Directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética).

ê 2002/21/CE considerando 31

Debe fomentarse la interoperabilidad de los servicios de televisión digital interactiva y de los equipos avanzados de televisión digital, a nivel de los consumidores, para asegurar el libre flujo de información, el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural. Es deseable que los consumidores tengan la posibilidad de recibir, independientemente del modo de transmisión, todos los servicios de televisión digital interactiva teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica, los avances tecnológicos futuros, la necesidad de impulsar el establecimiento de la televisión digital, y la situación de la competencia en los mercados de servicios de televisión digital. Los operadores de plataformas de televisión digital interactiva deben esforzarse por adoptar una interfaz de programas de aplicación (API) abierta que se adecue a las normas o especificaciones adoptadas por un organismo europeo de normalización. La transición de las API existentes a nuevas API abiertas debe fomentarse y organizarse a través, por ejemplo, de memorandos de acuerdo entre todos los agentes del mercado en cuestión. Las API abiertas facilitan la interoperabilidad, es decir, la portabilidad de los contenidos interactivos entre mecanismos de suministro y la plena funcionalidad de estos contenidos en los equipos avanzados de televisión digital. No obstante, debe tenerse en cuenta la necesidad de no obstaculizar el funcionamiento de los equipos receptores y de protegerlos de ataques malintencionados como, por ejemplo, virus.

ò nuevo

(90)Hay que exigir a los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, o de ambos, que adopten medidas para salvaguardar la seguridad de sus redes y servicios, respectivamente. Habida cuenta del estado actual de la técnica, esas medidas deben garantizar un nivel de seguridad de las redes y los servicios apropiado a los riesgos que plantean. Las medidas de seguridad deben tener en cuenta, como mínimo, todos los aspectos pertinentes de los siguientes elementos: respecto a la seguridad de las redes y recursos: la seguridad física y medioambiental, la seguridad de los suministros, el control de acceso a las redes y la integridad de estas; respecto a la gestión de incidentes: procedimientos de gestión de incidentes, capacidad de detección de incidentes, y notificación y comunicación de incidentes; respecto a la gestión de la continuidad de las actividades: estrategia de continuidad de los servicios y planes de contingencia, y capacidades de recuperación en caso de catástrofes; y respecto al seguimiento, la auditoría y las pruebas: políticas de seguimiento y registro, planes de contingencia durante los ejercicios, pruebas de las redes y servicios, evaluaciones de la seguridad y seguimiento del cumplimiento de la normativa; y cumplimiento de las normas internacionales.

(91)Dada la creciente importancia de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números, es necesario velar por que también estén supeditados a unos requisitos de seguridad apropiados con arreglo a sus características específicas e importancia económica. Así pues, los proveedores de tales servicios deben garantizar un nivel de seguridad proporcionado al grado de riesgo existente para la seguridad de los servicios de comunicaciones interpersonales que prestan. Dado que los proveedores de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números habitualmente no ejercen un control real sobre la transmisión de las señales en las redes, el grado de riesgo de tales servicios puede considerarse en algunos aspectos inferior al de los servicios de comunicaciones electrónicas tradicionales. Por lo tanto, siempre que la evaluación real de los riesgos que se planteen para la seguridad lo justifique, los requisitos de seguridad de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números deben ser menos estrictos. En tales circunstancias, los proveedores deben estar en condiciones de decidir las medidas que consideren apropiadas para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de sus servicios. El mismo enfoque ha de aplicarse mutatis mutandis a los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan números y que no ejercen un control real sobre la transmisión de las señales.

(92)Las autoridades competentes deben velar por que se mantengan la integridad y la disponibilidad de las redes de comunicaciones públicas. La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) debe contribuir a un mayor nivel de seguridad de las comunicaciones electrónicas, entre otras cosas, proporcionando conocimientos técnicos y asesoramiento y fomentando el intercambio de las mejores prácticas. Las autoridades competentes deben contar con los medios necesarios para desempeñar sus cometidos, entre ellos la facultad de solicitar la información necesaria para evaluar el nivel de seguridad de las redes o servicios. Asimismo, deben estar facultadas para solicitar datos exhaustivos y fiables de los incidentes de seguridad reales que hayan tenido repercusiones importantes en el funcionamiento de las redes o los servicios. En caso necesario, deben estar asistidas por los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) que se crean en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/1148 55 . En particular, a los CSIRT se les puede exigir que faciliten a las autoridades competentes información sobre los riesgos e incidentes que afecten a las redes de comunicaciones públicas y a los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y recomienden medios para combatirlos.

(93)Cuando el suministro de comunicaciones electrónicas se base en recursos públicos cuya utilización esté supeditada a una autorización específica, los Estados miembros podrán otorgar a la autoridad competente para la concesión de aquella el derecho a imponer cánones para garantizar la utilización óptima de esos recursos, con arreglo a los procedimientos previstos en la presente Directiva. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros no pueden imponer tasas ni cánones con respecto al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en la presente Directiva. A ese respecto, los Estados miembros deben seguir un planteamiento coherente al fijar esas tasas o cánones con objeto de no crear una carga financiera indebida vinculada al procedimiento de autorización general o a los derechos de uso para las empresas que suministran redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

ê 2002/20/CE considerando 32

ð nuevo

(94)ð Para garantizar una utilización óptima de los recursos, los cánones deben reflejar la situación económica y técnica del mercado de que se trate, así como cualquier otro factor significativo que determine el valor de aquellos. Al mismo tiempo, los cánones deben fijarse de modo que se posibiliten la innovación en el suministro de redes y servicios y la competencia en el mercado. Los Estados miembros deben velar, pues, por que los cánones de los derechos de uso se fijen en función de un mecanismo que prevea defensas apropiadas que impidan el falseamiento del valor de los cánones debido a políticas de maximización de los ingresos, licitaciones anticompetitivas o comportamientos equivalentes. ï Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. La presente Directiva no afecta a los fines a los que se destinan los cánones de derecho de uso ð y de derecho a instalar recursos ï. Dichos cánones podrán utilizarse, por ejemplo, para financiar actividades de las autoridades nacionales de reglamentación ð y las autoridades competentes ï que no puedan cubrirse mediante tasas administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, los cánones por el ejercicio de derechos de uso del radiofrecuencias ð espectro ï radioeléctrico consistan entera o parcialmente en un importe a tanto alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en la práctica dichos cánones no conducen a una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo de garantizar el uso óptimo del las radiofrecuencias ð espectro ï radioeléctrico. La Comisión Europea podrá publicar periódicamente estudios comparativos ð y otras orientaciones, según convenga, ï relativos a las mejores prácticas de asignación del radiofrecuencias ð espectro ï radioeléctrico, de asignación de números o de concesión de derechos de paso.

ò nuevo

(95)Con arreglo a su función de asegurar el uso óptimo del espectro radioeléctrico, los cánones vinculados a los derechos de uso de este último pueden influir en las decisiones sobre la solicitud de esos derechos y el aprovechamiento de recursos del espectro radioeléctrico. Al fijar precios de reserva como medio para determinar la valoración mínima que asegure el uso óptimo, los Estados miembros deben velar, pues, por que esos precios, con independencia del tipo de procedimiento de selección utilizado, también reflejen los costes adicionales asociados con el cumplimiento de las condiciones de autorización impuestas para promover unos objetivos estratégicos que en buena lógica no se espera alcanzar con las normas comerciales habituales, como las condiciones de cobertura territorial. Al hacerlo, también debe tenerse presente la situación competitiva del mercado de que se trate.

(96)El uso óptimo de los recursos del espectro radioeléctrico depende de la disponibilidad de redes apropiadas y recursos asociados. A ese respecto, los cánones de los derechos de uso del espectro radioeléctrico y los derechos a instalar recursos deben tener en cuenta la necesidad de facilitar el desarrollo continuo de las infraestructuras con vistas a lograr el uso más eficiente de los recursos. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer modos de pago de los cánones de los derechos de uso del espectro radioeléctrico vinculados a la disponibilidad real de los recursos, de manera que se faciliten las inversiones necesarias para promover ese desarrollo. Esos modos deben especificarse de forma objetiva, transparente, proporcionada y no discriminatoria antes de incoar procedimientos para la concesión de derechos de uso del espectro.

ê 2002/21/CE considerando 22

(97)Debe velarse por que existan procedimientos oportunos, no discriminatorios y transparentes para el otorgamiento de derechos de instalación de recursos, con el fin de garantizar que se dan las condiciones para una competencia leal y efectiva. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales que regulan la expropiación o el uso de la propiedad, el ejercicio normal de los derechos de propiedad o la utilización normal del ámbito público, ni del principio de neutralidad con respecto a las disposiciones de los Estados miembros aplicables al régimen de la propiedad.

ê 2009/140/CE considerando 42

(98)Los permisos expedidos a empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de los cuales quedan autorizadas para acceder a la propiedad pública o privada son factores esenciales en el establecimiento de redes de comunicaciones electrónicas o nuevos elementos de red. La complejidad y las demoras innecesarias en los procedimientos de concesión de derechos de paso pueden, por lo tanto, representar un obstáculo importante para el desarrollo de la competencia. En consecuencia, debe simplificarse la adquisición de derechos de paso por las empresas autorizadas. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder coordinar la adquisición de derechos de paso, haciendo accesible en sus sitios web la información pertinente.

ê 2009/140/CE considerando 43 (adaptado)

ð nuevo

(99)Es necesario reforzar las competencias de los Estados miembros en relación con los titulares de derechos de paso para garantizar que la entrada o el despliegue de las nuevas redes se realice de manera equitativa, eficiente y respetuosa del medio ambiente y con independencia de la eventual obligación de un operador con peso significativo en el mercado de facilitar el acceso a su red de comunicaciones electrónicas. Un mejor uso compartido de los recursos puede mejorar significativamente la competencia y rebajar los costes financieros y ambientales para las empresas del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas, y en particular de nuevas redes de acceso ð contribuir a la salud y la seguridad públicas y cumplir los objetivos de la ordenación territorial ï. Las autoridades nacionales de reglamentación ð competentes ï deberían estar facultadas para imponer a los titulares Ö las empresas que hayan disfrutado Õ de derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de ella, la obligación de compartir dichos recursos o propiedades (incluida la coubicación física) con el fin de promover la inversión eficaz en infraestructuras y la innovación, tras un período apropiado de consulta pública, durante el cual todas las partes interesadas deben tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista ð , en las zonas específicas en las que esas razones de interés general impongan el uso compartido. Como puede ocurrir, por ejemplo, cuando el subsuelo esté muy congestionado o haya que cruzar una barrera natural. ï Tales sistemas de uso compartido o de coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades, y garantizar que se compense adecuadamente el riesgo entre las empresas implicadas. En particular, las autoridades nacionales de reglamentación ð competentes ï deben poder exigir el uso compartido de los elementos de redes y recursos asociados, como los conductos, cámaras subterráneas, mástiles, bocas de inspección, distribuidores, antenas, torres y otras estructuras de soporte, edificios o entradas a edificios, así como una mejor coordinación de las obras civiles, ð por motivos medioambientales u otras razones de orden público. Al contrario, compete a las autoridades nacionales de reglamentación establecer reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades, para garantizar que se compense adecuadamente el riesgo a las empresas afectadas ï. Ö A la luz de las obligaciones impuestas por la Directiva 2014/61/UE, Õ Llas autoridades competentes, y en especial las autoridades locales, deben establecer asimismo procedimientos adecuados de coordinación, en cooperación con las autoridades nacionales de reglamentación, en lo que atañe a las obras públicas y a cualesquiera otros recursos o propiedades públicas, que garanticen que las partes interesadas dispongan de información sobre los recursos o propiedades públicas pertinentes y sobre las obras públicas en curso o previstas, que se les informe en el momento oportuno de dichas obras, y que se facilite el uso compartido en el máximo grado posible.

ê 2002/21/CE considerando 23

ð nuevo

El uso compartido de recursos puede resultar beneficioso por motivos de ordenación territorial, de salud pública o medioambientales y las autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios. Cuando las empresas no dispongan de alternativas viables, puede resultar adecuado imponer la obligación de compartir recursos o propiedades. Ello incluye, entre otras cosas, la coubicación física y el uso compartido de conductos, edificios, repetidores, antenas o sistemas de antenas. La obligación de compartir recursos o propiedades sólo debe imponerse a las empresas tras una consulta pública completa.

ê 2002/21/CE considerando 24

ð nuevo

(100)En caso de que los operadores de telefonía móvil estén obligados a compartir torres o mástiles por motivos medioambientales, esta exigencia puede suponer una reducción en los niveles máximos de potencia transmitida autorizada a cada operador por razones de salud pública, lo que, a su vez, puede requerir que los operadores instalen más emplazamientos de transmisión para garantizar la cobertura nacional. ð Las autoridades competentes deben procurar compaginar los motivos medioambientales y de salud pública de que se trate, teniendo debidamente en cuenta el criterio de precaución previsto en la Recomendación n.º 1999/519/CE del Consejo. ï 

ê 2002/20/CE considerando 29

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros de facilitar la información necesaria para la defensa de los intereses comunitarios en el contexto de los acuerdos internacionales. Tampoco debe afectar a las obligaciones de presentación de informes establecidas en virtud de una legislación que no sea específica del sector de las comunicaciones electrónicas, como la relativa al Derecho de la competencia.

ê 2002/21/CE considerando 19 (adaptado)

ð nuevo

(101)Las radiofrecuencias son ð El espectro radioeléctrico es un recurso público escaso con un importante valor público y de mercado. ï Ö Es Õ un elemento esencial para Ö las redes y Õ los servicios de comunicaciones electrónicas basados en las radiocomunicaciones y, por consiguiente y en la medida en que guarden Ö guarde Õ relación con estoas Ö redes y Õ servicios, deben ser atribuidaso y asignadaso ð eficientemente ï por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al conjunto de objetivos y principios armonizados que regulen su actuación, y en función de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios teniendo en cuenta los intereses democráticos, sociales, lingüísticos y culturales relacionados con el uso de dichas las frecuencias. Es importante gestionar la atribución y la asignación de frecuencias del modo más eficiente posible. La transferencia de radiofrecuencias puede constituir un medio eficaz de potenciar un uso eficiente del espectro, siempre que existan suficientes salvaguardias para proteger el interés público, en particular la necesidad de garantizar la transparencia y la vigilancia en la regulación de tales transferencias. La Decisión non.º 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) 56 establece un marco para la armonización del las radiofrecuencias ð espectro radioeléctrico ï , y cualquier medida adoptada en virtud de la presente Directiva debe ir encaminada a facilitar los trabajos realizados al amparo de dicha Decisión.

ê 2009/140/CE considerando 25 (adaptado)

ð nuevo

(102)Las actividades relacionadas con la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Ö Unión Õ deben llevarse a cabo sin perjuicio de las medidas adoptadas a escala comunitaria Ö de la Unión Õ o nacional, de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que se refiere a la regulación de los contenidos y a la política audiovisual y de los medios de comunicación, así como al derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar su espectro radioeléctrico para fines de el orden público, la seguridad pública y la defensa. ð Como el uso del espectro para fines militares y otros fines de seguridad pública nacional repercute en la disponibilidad de aquel en el mercado interior, la política del espectro radioeléctrico debe tener en cuenta todos los sectores y aspectos de las políticas de la Unión y sopesar sus necesidades respectivas, respetando al mismo tiempo los derechos de los Estados miembros. ï

ò nuevo

(103)Garantizar una conectividad ubicua en cada Estado miembro es fundamental para el desarrollo económico y social, la participación en la vida pública y la cohesión social y territorial. Como la conectividad se está convirtiendo en un elemento integral de la sociedad y el bienestar europeos, procede que la cobertura a escala de la UE se consiga mediante la imposición por los Estados miembros de unos requisitos apropiados sobre este particular, que han de adaptarse a cada zona atendida y limitarse a unas cargas proporcionadas para no entorpecer el despliegue por parte de los proveedores de servicios. La cobertura del territorio y la conectividad en todos los Estados miembros deben estar maximizadas y ser fiables, con vistas a promover servicios y aplicaciones dentro de las fronteras y transfronterizos, como los coches conectados y la sanidad electrónica. Por consiguiente, con objeto de aumentar la seguridad normativa y la previsibilidad de las necesidades de inversión, así como para garantizar una conectividad proporcionada y equitativa para todos los ciudadanos, conviene que la aplicación de las obligaciones de cobertura por parte de las autoridades competentes se coordine a nivel de la Unión. Teniendo presentes las especificidades nacionales, esa coordinación debe limitarse a los criterios generales que se utilicen para definir y medir las obligaciones de cobertura, como la densidad de población o las características topográficas y topológicas.

(104)Para asegurar unas condiciones coherentes de despliegue, la necesidad de velar por que los ciudadanos no estén expuestos a campos electromagnéticos de un nivel nocivo para la salud pública debe plantearse de forma coherente en toda la Unión, prestando una particular atención al enfoque cautelar adoptado en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo 57 .

(105)La armonización y coordinación del espectro y la regulación de los equipos que la normalización apoya son necesidades complementarias que deben coordinarse estrechamente para que cumplan sus objetivos conjuntos de modo eficaz, con el apoyo del Grupo de política del espectro radioeléctrico. La coordinación entre el contenido y el calendario de los mandatos a la CEPT en virtud de la Decisión del espectro radioeléctrico y las solicitudes de normalización a los organismos correspondientes, como el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, incluso con respecto a los parámetros de los receptores de radio, debe facilitar la implantación de futuros sistemas, apoyar las oportunidades de uso compartido del espectro y asegurar la gestión eficiente del espectro.

(106)La demanda de espectro radioeléctrico armonizado no es uniforme en todas las partes de la Unión. Cuando no haya demanda de una banda armonizada a nivel regional o nacional, los Estados miembros deben poder permitir excepcionalmente un uso alternativo de la banda, mientras persista la falta de demanda, y siempre que el uso alternativo no perjudique el uso armonizado de la citada banda por parte de otro Estado miembro y cese cuando surja la demanda de uso armonizado.

ê 2009/140/CE considerando 34 (adaptado)

(107)Hay que reforzar lLa flexibilidad en la gestión del espectro y en el acceso al mismo, Ö se ha establecido Õ al amparo de autorizaciones neutras con respecto a la tecnología y los servicios, para que sus usuarios puedan elegir las mejores tecnologías y servicios aplicables en bandas de frecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en los planes nacionales pertinentes de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ («principios de neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio»). La determinación administrativa de las tecnologías y servicios Ö solo Õ debe aplicarse cuando estén en juego objetivos de interés general, y ha de estar claramente justificada y ser objeto de revisiones periódicas.

ê 2009/140/CE considerando 35 (adaptado)

(108)Las restricciones al principio de neutralidad con respecto a la tecnología deben ser apropiadas y justificarse por la necesidad de evitar interferencias perjudiciales, por ejemplo imponiendo máscaras de emisión y niveles de potencia, garantizar la protección de la salud pública, limitando la exposición del público a los campos electromagnéticos, garantizar el correcto funcionamiento de los servicios gracias a una calidad técnica del servicio de nivel adecuado, sin que se excluya necesariamente la posibilidad de utilizar más de un servicio en la misma banda de frecuencia, garantizar un uso compartido adecuado de las frecuencias, en especial cuando su uso esté supeditado solamente a autorizaciones generales, salvaguardar el uso eficiente de las frecuencias, o cumplir un objetivo de interés general de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ.

ê 2009/140/CE considerandos 36 y 37 (adaptado)

(109)Los usuarios del espectro deben también poder elegir libremente los servicios que desean ofrecer a través del espectro, sin perjuicio de las medidas transitorias para hacer frente a situaciones heredadas. Por otra parte, debe autorizarse la adopción de determinadas medidas cuando se precise la prestación de un servicio específico para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos, tales como la seguridad de la vida, la necesidad de promover la cohesión social, regional y territorial o evitar el uso ineficiente del espectro, cuando fuera necesario y proporcionado. Estos objetivos incluirían también la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación según definan los Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ. Salvo cuando sea necesario para proteger la seguridad de la vida o, excepcionalmente, para lograr otros objetivos de interés general definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ, las excepciones no deben traducirse en un uso exclusivo de determinados servicios, sino más bien en una prioridad, de manera que puedan coexistir en la misma banda, en la medida de lo posible, otros servicios o tecnologías. Entra dentro de las competencias de cada Estado miembro definir el alcance y la naturaleza de eventuales excepciones relacionadas con la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.

ê 2009/140/CE considerando 38

(110)Dado que la atribución de espectro a tecnologías o servicios específicos constituye una excepción a los principios de neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio y reduce la libertad de elegir el servicio prestado o la tecnología utilizada, cualquier propuesta de atribución de ese tipo debe ser transparente y someterse a consulta pública.

ò nuevo

(111)En los casos excepcionales en que los Estados miembros decidan limitar la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública, deberán explicar los motivos de esa limitación.

ê 2009/140/CE considerando 31 (adaptado)

ð nuevo

(112)Las radiofrecuencias ð El espectro ï radioeléctrico deben gestionarse de manera que se asegure que se evitan las interferencias perjudiciales. Debe, por lo tanto, definirse correctamente este concepto básico de interferencia perjudicial para garantizar que la intervención reguladora se limite a lo imprescindible para evitarla, ð teniendo en cuenta también la necesidad de que el equipo de red y los dispositivos de los usuarios finales incorporen una tecnología resiliente para los receptores. El transporte posee un marcado elemento transfronterizo y su digitalización plantea problemas. Los vehículos (metro, autobús, coches, camiones, trenes, etc.) son cada vez más autónomos y están cada vez más conectados. En un mercado único de la UE, los vehículos viajan más allá de las fronteras nacionales con mayor facilidad. Disponer de unas comunicaciones fiables y evitar las interferencias perjudiciales son factores fundamentales para lograr un funcionamiento seguro y correcto de los vehículos y de los sistemas de comunicaciones que llevan a bordo.ï

ò nuevo

(113)Ante el aumento de la demanda de espectro y las nuevas y variadas aplicaciones y tecnologías que requieren un acceso al espectro, y un uso de este, más flexible, los Estados miembros deben promover el uso compartido de espectro, determinando los regímenes de autorización más apropiados para cada situación y definiendo normas y condiciones apropiadas y transparentes. El uso compartido de espectro garantiza cada vez más el uso eficaz y eficiente de este, al permitir que varios usuarios o dispositivos independientes accedan a la misma banda de frecuencias con arreglo a varios tipos de regímenes jurídicos, para que se disponga de recursos de espectro adicionales, mejore la eficiencia en el uso y se facilite el acceso al espectro a los nuevos usuarios. El uso compartido puede basarse en autorizaciones generales o en un uso sin licencia que permite, en condiciones específicas de uso compartido, que varios usuarios accedan al mismo espectro, y lo utilicen, en zonas geográficas o momentos diferentes. También puede basarse en derechos individuales de uso con arreglo a acuerdos como el acceso de uso compartido autorizado, en el que todos los usuarios (un usuario ya existente y nuevos usuarios) acuerdan las condiciones del acceso compartido, bajo la supervisión de las autoridades competentes, de modo que se asegure una calidad mínima garantizada de la radiotransmisión. Al autorizar el uso compartido con diferentes regímenes de autorización, los Estados miembros no deben fijar duraciones muy diversas para tal uso en los diferentes regímenes de autorización.

(114)Con objeto de velar por la previsibilidad y mantener la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones, procede que los Estados miembros definan por anticipado unos criterios apropiados para determinar el cumplimiento del objetivo de uso eficiente del espectro por parte de los titulares de los derechos cuando apliquen las condiciones asociadas a los derechos individuales de uso y a las autorizaciones generales. Conviene que las partes interesadas participen en la definición de esas condiciones y sean informadas de forma transparente sobre el modo de evaluación del cumplimiento de sus obligaciones.

(115)Teniendo presente la importancia de la innovación técnica, los Estados miembros deben poder establecer derechos de uso del espectro con fines experimentales, que estén supeditados a restricciones y condiciones específicas que el carácter experimental de esos derechos justifique de forma estricta.

(116)El uso compartido de infraestructura de red, y en algunos casos el uso compartido de espectro, puede permitir un uso más eficiente y eficaz del espectro radioeléctrico y asegurar el despliegue rápido de redes, sobre todo en zonas con menor densidad de población. Al establecer las condiciones asociadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico, las autoridades competentes deben pensar también en la posibilidad de autorizar formas de uso compartido o de coordinación entre empresas con vistas a garantizar un uso eficaz y eficiente del espectro o el cumplimiento de las obligaciones de cobertura, de conformidad con los principios del Derecho de competencia.

(117)Tanto las condiciones de mercado, como la pertinencia y el número de agentes, pueden variar entre los Estados miembros. Si bien la necesidad y la oportunidad de asociar condiciones a los derechos de uso del espectro radioeléctrico pueden estar sujetas a características específicas nacionales que hay que tener debidamente en cuenta, la forma de cumplir esas obligaciones debe coordinarse a nivel de la UE con medidas de ejecución de la Comisión, para asegurar un planteamiento coherente al resolver problemas semejantes en toda la UE.

ê 2002/20/CE considerandos 12 y 13 (adaptado)

ð nuevo

(118)ð Los requisitos de neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio al conceder derechos de uso, junto con la posibilidad de transferir derechos entre empresas, respaldan la libertad y los medios para prestar servicios de comunicaciones electrónicas a los ciudadanos, facilitando asimismo con ello la consecución de objetivos de interés general. ï La presente Directiva no afecta al hecho de que las radiofrecuencias ð el espectro ï radioeléctrico se asignen directamente a suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o a entidades que utilicen dichas redes o servicios. Dichas entidades podrán ser suministradores de contenidos de radiodifusión o televisión. Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para otorgar derechos de uso de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos, para perseguir los objetivos de interés general de conformidad con la legislación comunitaria, el procedimiento para otorgar radiofrecuencias debe ser, en cualquier caso, objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cualquier restricción nacional a los derechos garantizados por el artículo 49 del Tratado debería estar objetivamente justificada, ser proporcionada y no exceder lo necesario para alcanzar los objetivos de interés general definidos por los Estados miembros con arreglo al Derecho comunitario. La responsabilidad de cumplir las condiciones anejas al derecho de uso de una radiofrecuencia y las correspondientes condiciones asociadas a la autorización general deben recaer, en cualquier caso, en la empresa a la que se haya otorgado el derecho de uso del la radiofrecuencia ð espectro ï radioeléctrico. ð Algunas obligaciones impuestas a los organismos de radiodifusión para la prestación de servicios de comunicación audiovisual pueden requerir la utilización de criterios y procedimientos específicos para la concesión de derechos de uso del espectro con el fin de lograr un objetivo específico de interés general establecido por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión. ï Ö No obstante, el procedimiento para la concesión de ese derecho debe ser, en cualquier caso, objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que toda restricción nacional de los derechos que garantiza el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe estar objetivamente justificada, ser proporcionada y no exceder de lo necesario para alcanzar esos objetivos. Õ ð Además, el espectro concedido sin aplicar un procedimiento abierto no debe utilizarse para fines distintos del objetivo de interés general para el que se haya concedido. En tal caso, se debe dar a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo razonable. ï Como parte del procedimiento de solicitud de otorgamiento de derechos de uso de una radiofrecuencia, los Estados miembros podrán Ö deben Õ verificar si el solicitante será capaz de cumplir las condiciones Ö que se Õ asociadasen a dichos derechos. ð Estas condiciones deben reflejarse en criterios de admisibilidad establecidos de forma objetiva, transparente, proporcionada y no discriminatoria antes de la puesta en marcha de cualquier procedimiento de selección competitiva. ï Con este Ö el Õ fin Ö de aplicar estos criterios Õ, podrá pedirse al solicitante que presente la información necesaria para demostrar su capacidad de cumplir dichas condiciones. Cuando no se facilite dicha información, la solicitud de derecho de uso de una radiofrecuencia podrá ser rechazada.

ò nuevo

(119)Antes de la concesión de derechos, los Estados miembros solo deben imponer la comprobación de elementos que pueden ser demostrados razonablemente por un solicitante ejerciendo la diligencia ordinaria, teniendo debidamente en cuenta el importante valor público y de mercado del espectro radioeléctrico en cuanto recurso público escaso. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de una comprobación posterior del cumplimiento de los criterios de admisibilidad, por ejemplo mediante objetivos intermedios, cuando los criterios no se hayan podido cumplir de forma razonable inicialmente. Para mantener un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, los Estados miembros no deben conceder derechos cuando su evaluación ponga de manifiesto la incapacidad de los solicitantes para cumplir las condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de facilitar un uso experimental limitado temporalmente. Una duración suficientemente larga de las autorizaciones de uso del espectro debe aumentar la previsibilidad de las inversiones para contribuir a un despliegue más rápido de las redes y a mejores servicios, así como la estabilidad para apoyar el comercio y el alquiler del espectro. Salvo que el uso del espectro se autorice por un espacio de tiempo ilimitado, esa duración debe tener en cuenta los objetivos perseguidos y debe bastar para facilitar la recuperación de las inversiones realizadas. Si bien una duración más prolongada puede garantizar la previsibilidad de las inversiones, medidas para asegurar un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, como la facultad de la autoridad competente para modificar o retirar el derecho en caso de incumplimiento de las condiciones asociadas a los derechos de uso, o la facilitación de la comercialización y el alquiler del espectro radioeléctrico, servirán para evitar una acumulación inapropiada de espectro radioeléctrico y propiciarán una mayor flexibilidad en la distribución de recursos del espectro. Recurrir con más frecuencia a los cánones anualizados es también una forma de garantizar una evaluación continua del uso del espectro por el titular del derecho.

(120)Al decidir si renuevan derechos de uso del espectro radioeléctrico ya concedidos, las autoridades competentes deben tener en cuenta en qué medida la renovación fomentará los objetivos del marco regulador y otros objetivos del Derecho nacional y de la Unión. Una decisión de ese tipo debe supeditarse a un procedimiento abierto, no discriminatorio y transparente y basarse en un examen sobre el modo en que se han cumplido las condiciones asociadas a los derechos en cuestión. Al evaluar la necesidad de renovar derechos de uso, los Estados miembros deben ponderar la repercusión competitiva de la ampliación de los derechos ya asignados frente a la promoción de una explotación más eficiente o de unos usos nuevos e innovadores que podría lograrse si se abriese la banda a nuevos usuarios. Las autoridades competentes pueden tomar una decisión a este respecto permitiendo solo una ampliación limitada con objeto de evitar alteraciones importantes del uso establecido. Si bien las decisiones sobre la ampliación de los derechos asignados antes de la aplicabilidad de la presente Directiva deben respetar cualesquiera normas que ya sean aplicables, los Estados miembros deben velar también por no perjudicar los objetivos de la presente Directiva.

(121)Al renovar derechos de uso existentes, los Estados miembros, junto a la evaluación de la necesidad de renovar el derecho, deben examinar los cánones anejos a este con vistas a garantizar que dichos cánones siguen fomentando el uso óptimo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la fase de mercado y la evolución tecnológica. Por motivos de seguridad jurídica, conviene que todo ajuste de los cánones existentes se base en los mismos principios que los aplicables a la concesión de nuevos derechos de uso.

(122)La gestión eficaz del espectro radioeléctrico puede asegurarse facilitando un uso eficiente continuo del espectro que ya se haya asignado. Con objeto de garantizar la seguridad jurídica a los titulares de derechos, conviene pensar en la posibilidad de renovar los derechos de uso dentro de un plazo apropiado con anterioridad a la expiración de los derechos de que se trate. Con el fin de lograr una gestión continua de los recursos, las autoridades competentes deben poder realizar esa reflexión por propia iniciativa o en respuesta a una petición del beneficiario. La renovación del derecho de uso no puede concederse en contra de la voluntad de este último.

ê 2009/140/CE considerando 39 (adaptado)

ð nuevo

(123)ð La cesión de derechos de uso del espectro puede ser una forma eficaz de aumentar el uso eficiente del espectro. ï En aras Ö Con el fin Õ de preservar la flexibilidad y la eficiencia, ð y para permitir la valoración del espectro por el mercado, ï las autoridades nacionales de reglamentación deben poder ð los Estados miembros deben ï permitir, ð por defecto ï, que los usuarios del espectro cedan o arrienden libremente sus derechos de uso ð de este ï a terceros ð mediante un procedimiento sencillo y sin perjuicio de las condiciones asociadas a esos derechos y las normas de competencia, bajo la supervisión de las autoridades nacionales de reglamentación competentes ï . Ello permitiría la valoración del espectro por el mercado. Teniendo en cuenta que están facultadas para garantizar el uso efectivo del espectro ð Con el fin de facilitar esas cesiones o arrendamientos, siempre que se respeten las medidas de armonización adoptadas en virtud de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico ï, las autoridades nacionales de reglamentación ð los Estados miembros ï Ö también Õ deben tomar medidas a fin de asegurarse de que este comercio no lleve a un falseamiento de la competencia por quedar espectro sin usar ð prestar atención a las solicitudes de división o desagregación de los derechos del espectro y de revisión de las condiciones de uso ï.

ò nuevo

(124)Las medidas adoptadas específicamente para promover la competencia cuando se otorgan o renuevan derechos de uso del espectro radioeléctrico deben decidirlas las autoridades nacionales de reglamentación, que poseen los conocimientos económicos, técnicos y de mercado necesarios. Las condiciones de asignación de espectro pueden influir en la situación competitiva de los mercados de las comunicaciones electrónicas y en las condiciones de entrada. El acceso limitado al espectro, en particular cuando este escasea, puede crear barreras a la entrada o dificultar la inversión, el despliegue de redes, la prestación de nuevos servicios o aplicaciones, la innovación y la competencia. Los nuevos derechos de uso, incluidos los adquiridos por cesión o arrendamiento, y la implantación de criterios nuevos y flexibles de uso del espectro también pueden influir en la competencia existente. Si se aplican indebidamente, determinadas condiciones utilizadas para promover la competencia pueden causar otros efectos; por ejemplo, las restricciones y reservas de espectro pueden crear escasez artificial, las obligaciones de acceso al por mayor pueden constreñir indebidamente los modelos empresariales a falta de peso significativo en el mercado y la limitación de las cesiones puede obstaculizar el desarrollo de los mercados secundarios. Por consiguiente, la imposición de esas condiciones requiere la aplicación coherente de una prueba de competencia coherente y objetiva. La utilización de tales medidas debe basarse, pues, en una evaluación profunda y objetiva del mercado y de sus condiciones de competencia, que realicen las autoridades nacionales de reglamentación.

(125)Sobre la base de dictámenes del Grupo de política del espectro radioeléctrico, la adopción de un plazo común para permitir el uso de una banda que se haya armonizado al amparo de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico puede ser necesaria para evitar interferencias transfronterizas y beneficiosa para garantizar el aprovechamiento de todas las ventajas de las medidas afines de armonización técnica para los mercados de equipos y para el despliegue de redes y servicios de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad. Con el fin de contribuir de forma significativa a los objetivos de este marco y facilitar la coordinación, la fijación de estos plazos comunes debe realizarse mediante actos de ejecución de la Comisión.

ê 2002/20/CE considerandos 21 y 22 (adaptado)

ð nuevo

(126)Cuando la demanda de Ö una banda de espectro radioeléctrico Õ radiofrecuencias en un intervalo determinado supere las disponibles Ö su disponibilidad Õ ð y, a consecuencia de ello, un Estado miembro llegue a la conclusión de que conviene limitar los derechos de uso del espectro radioeléctrico ï , deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la asignación Ö concesión Õ de tales frecuencias Ö derechos, Õ a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso de estos Ö del Õ recursos escasos. ð Tal limitación debe estar justificada, ser proporcionada y basarse en una evaluación exhaustiva de las condiciones del mercado, ponderando debidamente los beneficios globales para los usuarios y para los objetivos de los mercados interior y nacional. Los objetivos que gobiernen cualquier procedimiento de limitación deben quedar claramente definidos de antemano. Cuando se estudie el procedimiento de selección más adecuado, y de conformidad con las medidas de coordinación adoptadas a nivel de la Unión, los Estados miembros deben consultar de manera oportuna y transparente con todas las partes interesadas sobre la justificación, los objetivos y las condiciones del procedimiento. ï Los Estados miembros pueden recurrir, entre otras cosas, a procedimientos de selección competitiva o comparativa para la asignación de radiofrecuencias ð espectro radioeléctrico ï y Ö o Õ de números con valor económico excepcional. En la gestión de estos procedimientos, las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar en consideración las disposiciones del artículo 8 ð los objetivos de la presente Directiva ï . ð Si un Estado miembro entiende que pueden ofrecerse más derechos en una banda, debe iniciar el proceso correspondiente. ï

ê 2002/20/CE considerando 23

Las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar, al establecer los criterios para los procedimientos de selección competitiva o comparativa, que se cumplen los objetivos del artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Por consiguiente, no sería contrario a esta Directiva que la aplicación de criterios de selección objetivos, no discriminatorios y proporcionados para fomentar el desarrollo de la competencia tuviera el efecto de excluir a determinadas empresas de un procedimiento de selección competitiva o comparativa para una radiofrecuencia específica.

ò nuevo

(127)El enorme crecimiento de la demanda de espectro radioeléctrico y de la demanda de capacidad de banda ancha inalámbrica por parte de los usuarios finales exige soluciones de acceso alternativas, complementarias y espectralmente eficientes, incluidos los sistemas de acceso inalámbrico de baja potencia y alcance restringido a zonas pequeñas, como las redes de área local radioeléctricas (RLAN), así como las redes de puntos de acceso celulares de pequeño tamaño y baja potencia. Estos sistemas de acceso inalámbrico complementarios, y en particular los puntos de acceso RLAN accesibles al público, potencian el acceso a Internet por parte de los usuarios finales y descongestionan el tráfico de los operadores móviles. Las RLAN utilizan espectro radioeléctrico armonizado sin requerir ni autorización individual ni derecho de uso del espectro. La mayoría de los puntos de acceso RLAN han sido utilizados hasta el momento por usuarios privados, como extensión inalámbrica local de su conexión fija de banda ancha. No debe impedirse que los usuarios finales, dentro de los límites de su abono a Internet, compartan con otros el acceso a su RLAN, aumentando de este modo el número de puntos de acceso disponibles, en particular en las zonas densamente pobladas, maximizando la capacidad de datos inalámbrica a través de la reutilización del espectro radioeléctrico y creando una infraestructura de banda ancha inalámbrica complementaria y rentable, accesible a otros usuarios finales. En consecuencia, deben también suprimirse las restricciones innecesarias al despliegue y la interconexión de puntos de acceso RLAN. Las autoridades públicas o los proveedores de servicios públicos que utilizan puntos de acceso RLAN en sus dependencias para su personal, los visitantes o los clientes, por ejemplo para facilitar el acceso a servicios de administración electrónica o para la información sobre el transporte público o la gestión del tráfico por carretera, podrían también ofrecer estos puntos de acceso para su uso general por parte de la ciudadanía como servicio accesorio a los ofrecidos al público en dichas dependencias, en la medida que lo permitan las normas de contratación pública y competencia. Además, al proveedor de este acceso local a redes de comunicaciones electrónicas dentro o alrededor de una propiedad privada o una zona pública limitada con carácter no comercial o como servicio accesorio a otra actividad que no depende de dicho acceso (como los hotspots RLAN puestos a disposición de los clientes de otras actividades comerciales o del público general en esa zona) puede imponérsele el cumplimiento de las autorizaciones generales de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, pero no de las eventuales condiciones o requisitos anejos a las autorizaciones generales aplicables a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones públicas, ni las obligaciones relativas a los usuarios finales o a la interconexión. No obstante, tal proveedor debe estar sujeto a las normas sobre responsabilidad del artículo 12 de la Directiva 2000/31/CE relativa al comercio electrónico 58 . Están surgiendo tecnologías nuevas, como el LiFi, que complementarán las actuales capacidades espectrales de las RLAN y los puntos de acceso inalámbrico, incluyendo puntos de acceso ópticos basados en la luz visible, y desembocarán en redes de área local híbridas que permitirán comunicaciones inalámbricas ópticas.

(128)Dado que los puntos de acceso inalámbrico de alcance restringido y baja potencia son muy pequeños y hacen uso de equipos muy discretos, similares a los enrutadores RLAN domésticos, y teniendo en cuenta sus efectos positivos sobre el uso del espectro y sobre el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, sus características técnicas (como la potencia de salida) deben especificarse a nivel de la Unión de una manera proporcionada para el despliegue local y su uso debe someterse únicamente a autorizaciones generales (a excepción de las RLAN, que no deben someterse a ningún requisito de autorización, aparte de lo necesario para el uso del espectro radioeléctrico), debiendo limitarse en la mayor medida posible cualquier restricción adicional en virtud de ordenaciones individuales u otros permisos.

ê 2002/19/CE considerando 1 (adaptado)

(129)La Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) 59 establece los objetivos de una marco comunitario que regule las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que figuran las redes de telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de televisión por cable, las redes utilizadas para radiodifusión terrenal, las redes satelitales y las redes de Internet, independientemente de que se utilicen para la transmisión de voz, fax, datos o imágenes. Dichas redes pueden haber sido autorizadas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) 60 o en virtud de medidas reglamentarias anteriores. Las disposiciones de la presente Directiva Ö referidas al acceso y a la interconexión Õ se aplican a las redes utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. La presente Directiva es aplicable a los acuerdos de acceso e interconexión celebrados entre proveedores de servicios. Las redes no públicas no están sometidas a las obligaciones Ö referidas al acceso o la interconexión Õ de la presente Directiva salvo cuando, por beneficiarse del acceso a redes públicas, puedan quedar sujetas a las condiciones establecidas por los Estados miembros.

ê 2002/19/CE considerando 2

Los servicios que ofrecen contenidos tales como la oferta para la venta de un conjunto de radiodifusión sonora o televisiva no están cubiertos por el marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

ê 2002/19/CE considerando 3 (adaptado)

(130)El término «acceso» puede tener múltiples acepciones, motivo por el cual es necesario definir precisamente el sentido en el que se utiliza en la presente Directiva, sin perjuicio del uso que de él se haga en otras medidas comunitarias Ö de la Unión Õ. Un operador puede poseer la red o los recursos subyacentes, o arrendarlos total o parcialmente.

ê 2002/19/CE considerando 5

ð nuevo

(131)En un mercado abierto y competitivo no debe existir ninguna restricción que impida a las empresas negociar acuerdos de acceso e interconexión con otras empresas, en particular de carácter transfronterizo, a condición de que se respeten las normas del Tratado en materia de competencia. En el marco de la consecución de un auténtico mercado paneuropeo más eficiente, con una competencia eficaz, servicios competitivos y una mayor oferta para los consumidores ð usuarios finales ï, las empresas que reciban solicitudes de acceso o de interconexión ð de otras empresas que estén sujetas a una autorización general para suministrar al público redes o servicios de comunicaciones electrónicas ï deben en principio concluir dichos acuerdos sobre una base comercial y negociar de buena fe.

ê 2002/19/CE considerando 6

ð nuevo

(132)En los mercados en que aún persisten importantes diferencias de capacidad de negociación entre las empresas y en los que algunas empresas dependen de las infraestructuras que proporcionan otras para el suministro de sus servicios, conviene establecer un marco para garantizar un funcionamiento eficaz. En interés de los usuarios finales, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios cuando fracasen las negociaciones comerciales. En particular, pueden garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo imponiendo a las empresas que ð están sujetas a la autorización general y que ï controlan el acceso a los usuarios finales obligaciones proporcionadas; el control de los medios de acceso puede conllevar la propiedad o el control de la conexión física con el usuario final (ya sea fijo o móvil) o la capacidad de modificar o retirar el número o los números nacionales necesarios para acceder al punto de terminación de la red del usuario final. Tal sería el caso, por ejemplo, si los operadores de las redes decidieran imponer restricciones excesivas a la libre elección de acceso a portales y servicios de Internet por parte de los usuarios finales.

ò nuevo

(133)A la luz del principio de no discriminación, las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que todos los operadores, con independencia de su tamaño y de su modelo de negocio y de si están verticalmente integrados o separados, se puedan interconectar en condiciones razonables, con vistas a suministrar conectividad de extremo a extremo y acceso a la Internet global.

ê 2002/19/CE considerando 7

(134)Las medidas nacionales de carácter legal o administrativo que vinculan los términos y condiciones de acceso o interconexión a las actividades que lleva a cabo el candidato a la interconexión (y, en concreto, a su nivel de inversión en infraestructura de red), en lugar de hacerlo a los servicios de interconexión o acceso proporcionados, podrían provocar una distorsión del mercado, resultando por ello incompatibles con las normas de competencia.

ê 2002/19/CE considerando 8

ð nuevo

(135)Los operadores de redes que controlan el acceso a sus propios clientes, lo hacen sobre la base de un único número o dirección que figura en una serie publicada de números o direcciones. Los operadores de otras redes tienen que poder entregar tráfico a dichos clientes, motivo por el cual deben poder estar interconectados directa o indirectamente entre sí. Por lo tanto, es necesario mantener los derechos y obligaciones que existen en la actualidad ð Procede, por lo tanto, establecer derechos y obligaciones ï en el ámbito de la negociación de las interconexiones Asimismo, es oportuno conservar las obligaciones establecidas por la Directiva 95/47/CE, en virtud de las cuales las redes de comunicaciones electrónicas totalmente digitales utilizadas para la distribución de servicios de televisión y abiertas al público tienen que poder distribuir programas y servicios de televisión de formato amplio, a fin de permitir a los usuarios la recepción de dichos programas en el formato en el que hayan sido transmitidos.

ê 2002/19/CE considerando 9

(136)La interoperabilidad redunda en beneficio del usuario final y es un objetivo importante del presente marco normativo. Fomentar la interoperabilidad es uno de los objetivos de las autoridades nacionales de reglamentación previstos en este marco, que también prevé la publicación por la Comisión de una lista de normas y/o especificaciones referidas a la prestación de servicios, interfaces técnicas y/o funciones en red, como base para fomentar la armonización en el sector de las comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros deben fomentar el uso de normas y/o especificaciones publicadas en la medida en que resulte estrictamente necesario para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para mejorar la libertad de elección del usuario.

ò nuevo

(137)En la actualidad tanto la conectividad de extremo a extremo como el acceso a los servicios de emergencia dependen de la adopción, por parte del usuario final, de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números. Futuros avances tecnológicos o un mayor uso de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números podrían dar lugar a una ausencia de interoperabilidad suficiente entre los servicios de comunicaciones. En consecuencia, podrían aparecer importantes barreras para la entrada en el mercado y obstáculos para la ulterior innovación, lo que supondría una amenaza apreciable tanto para la conectividad efectiva de extremo a extremo entre usuarios finales como para un acceso efectivo a los servicios de emergencia.

(138)En caso de presentarse problemas de interoperabilidad de este tipo, la Comisión podrá solicitar un informe del ORECE que evalúe objetivamente la situación del mercado a nivel de la Unión y de los Estados miembros. Sobre la base del informe del ORECE y de otros datos disponibles, y teniendo en cuenta los efectos sobre el mercado interior, la Comisión debe decidir si es necesaria una intervención reguladora por parte de las autoridades nacionales de reglamentación. Si la Comisión considera necesario que dichas autoridades contemplen tal intervención reguladora, podrá adoptar medidas de ejecución que especifiquen la naturaleza y el alcance de las posibles intervenciones reguladoras por parte de las ANR, incluyendo en particular medidas encaminadas a imponer a todos los suministradores o a algunos de ellos el uso obligatorio de normas o especificaciones. Los términos «normas europeas» y «normas internacionales» se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 61 . Las autoridades nacionales de reglamentación deben evaluar, en función de las circunstancias específicas nacionales, si resulta necesaria y se justifica una intervención para garantizar la conectividad de extremo a extremo o el acceso a los servicios de emergencia y, en su caso, imponer obligaciones proporcionadas conformes a las medidas de ejecución de la Comisión.

(139)En situaciones en que las empresas no dispongan de alternativas viables a activos no replicables hasta el primer punto de distribución, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer obligaciones de acceso a todos los operadores, sin perjuicio de su respectivo peso en el mercado. En este contexto, dichas autoridades deben tomar en consideración todas las barreras técnicas y económicas que se oponen a la futura replicación de las redes. No debe interpretarse necesariamente el mero hecho de que exista ya más de una de tales infraestructuras como prueba de que sus activos son replicables. El primer punto de distribución debe determinarse remitiéndose a criterios objetivos.

(140)Podría estar justificado hacer extensivas las obligaciones de acceso a hilos y cables situados más allá del primer punto de concentración en zonas con baja densidad de población, siempre que tales obligaciones se circunscriban a puntos tan próximos a los usuarios finales como sea posible, cuando se demuestre que la replicación sería también imposible más allá de ese primer punto de concentración.

(141)En tales casos, para respetar el principio de proporcionalidad, puede resultar conveniente que las autoridades nacionales de reglamentación excluyan de las obligaciones que vayan más allá del primer punto de distribución a determinadas categorías de propietarios, empresas o ambos, sobre la base de que una obligación de acceso no basada en el PSM podría poner en peligro la justificación comercial de elementos de red recientemente implantados. Las empresas estructuralmente separadas no deben estar sujetas a estas obligaciones de acceso si ofrecen un acceso alternativo eficaz a una red de muy alta capacidad sobre una base comercial.

(142)El uso compartido de infraestructuras pasivas o activas utilizadas en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas, o la implantación conjunta de tales infraestructuras, en consonancia con los principios de la legislación sobre competencia, puede resultar especialmente útil para maximizar la conectividad de muy alta capacidad en toda la Unión, en particular en zonas de menor densidad en las que la replicación resulta impracticable y los usuarios finales corren el riesgo de verse privados de dicha conectividad. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas, excepcionalmente, para imponer el uso compartido o el despliegue conjunto, o el acceso itinerante localizado, de conformidad con el Derecho de la Unión, a condición de que se demuestren los beneficios del uso compartido o el acceso en términos de superación de obstáculos muy significativos a la replicación y de evitación de restricciones de la capacidad de elección del usuario final, la calidad del servicio o ambos, que en otro caso serían graves, o de la cobertura territorial, teniendo en cuenta diversos elementos, entre ellos, en particular, la necesidad de mantener los incentivos al despliegue de infraestructuras.

ê 2009/140/CE considerando 65 (adaptado)

(143)Aun cuando en algunas circunstancias proceda que una autoridad nacional de reglamentación imponga obligaciones a operadores sin peso significativo en el mercado para lograr objetivos tales como la conectividad extremo a extremo o la interoperabilidad de los servicios, es necesario garantizar que tales obligaciones se impongan de conformidad con el marco reglamentario de la UE y, en particular, con sus procedimientos de notificación.

ê 2002/19/CE considerando 10 (adaptado)

ð nuevo

(144)Las normas de competencia pueden no ser suficientes por sí mismas para garantizar la diversidad cultural y el pluralismo de los medios en el sector de la televisión digital. La Directiva 95/47/CE proporcionó un marco reglamentario inicial para el sector entonces naciente de la televisión digital, cuyo mantenimiento es necesario, en especial por lo que respecta a la obligación de proporcionar un acceso condicional en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, para asegurarse de que esté disponible una amplia variedad de programas y servicios. La evolución de las tecnologías y los mercados impone la necesidad de revisar estlas obligaciones ð de proporcionar acceso condicional en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias ï de manera periódica, ya sea por parte de un Estado miembro en relación con su mercado nacional o por parte de la Comisión con respecto a la Comunidad Ö Unión Õ , en particular con objeto de determinar si se justifica su ampliación a nuevas pasarelas, como las guías electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación (API), en la medida necesaria que permita garantizar que los usuarios finales de determinados servicios digitales de radiodifusión puedan acceder a ellos. Los Estados miembros pueden determinar los servicios digitales de radiodifusión cuyo acceso por parte de los usuarios finales deberán garantizar por los medios legislativos, reglamentarios o administrativos que estimen necesarios.

ê 2002/19/CE considerando 11

(145)Los Estados miembros podrán también permitir que sus autoridades nacionales de reglamentación revisen las obligaciones relativas al acceso condicional a los servicios digitales de radiodifusión con objeto de evaluar mediante un análisis del mercado si deben suprimir o modificar las condiciones impuestas a los operadores que no tengan un peso significativo en el mercado en cuestión. Dicha supresión o modificación no debe incidir negativamente en el acceso de los usuarios finales a dichos servicios ni en las perspectivas de una competencia eficaz.

ê 2002/19/CE considerando 12 (adaptado)

Para garantizar la continuidad de los acuerdos existentes en la actualidad y evitar el vacío jurídico, es necesario velar por que las obligaciones relativas al acceso y a la interconexión impuestas en virtud de los artículos 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 14 de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) 62 , las obligaciones de acceso especial impuestas en virtud del artículo 16 de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo 63 , y las obligaciones de suministro de capacidad de transmisión en líneas arrendadas impuestas con arreglo a la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas 64 , queden incorporadas en una primera fase al nuevo marco regulador, para su inmediata revisión a la luz de las condiciones de mercado. Dicha revisión podría hacerse extensiva a las organizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n o 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local 65 .

ê 2002/19/CE considerando 13 (adaptado)

La revisión debe llevarse a cabo mediante la realización de un análisis económico del mercado, basado en la metodología del Derecho de la competencia. El objeto es reducir progresivamente las normas ex ante de carácter sectorial, conforme avance el desarrollo de la competencia en el mercado. Con todo, el procedimiento establecido también contempla los problemas transitorios en el mercado, como los relacionados con la itinerancia internacional, y la posibilidad de que el desarrollo de nuevas tecnologías dé lugar a situaciones de estrangulamiento que requieran la aplicación de la reglamentación ex ante, por ejemplo en el ámbito de las redes de acceso de banda ancha. Habida cuenta de que es muy posible que el desarrollo de la competencia se produzca a ritmos diferentes en función de los segmentos de mercado y de los Estados miembros de que se trate, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para suavizar las obligaciones reglamentarias en los mercados donde la competencia permita obtener los resultados previstos. Para garantizar que en todos los Estados miembros los agentes del mercado reciban el mismo trato en circunstancias similares, la Comisión debe poder velar por la aplicación armonizada de las disposiciones de la presente Directiva. Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de competencia deben, en caso necesario, coordinar sus actuaciones con el fin de garantizar que se aplique el remedio más apropiado. La Comunidad y sus Estados miembros han asumido compromisos en materia de interconexión de redes de telecomunicaciones, en el marco del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre telecomunicaciones básicas, que deben ser respetados.

ê 2002/19/CE considerando 14 (adaptado)

La Directiva 97/33/CE estableció una serie de obligaciones destinadas a las empresas con un peso significativo en el mercado, relativas a la transparencia, la no discriminación, la separación de cuentas, el acceso y el control de precios, en particular por lo que respecta a la orientación en función de los costes. Es conveniente conservar esta serie de posibles obligaciones, así como precisar que constituyen un conjunto máximo aplicable a las empresas, a fin de evitar el exceso de regulación. A título excepcional, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los compromisos internacionales o el Derecho comunitario, puede resultar oportuna la imposición de obligaciones de acceso o interconexión a todos los agentes del mercado, como ya ocurre en el caso de los sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital.

ê 2002/21/CE considerando 25 (adaptado)

ð nuevo

(146)Existe la necesidad de imponer obligaciones ex ante en determinadas circunstancias para garantizar el desarrollo de un mercado competitivo, ð cuyas condiciones favorezcan el despliegue y la difusión de la conectividad de muy alta capacidad y la maximización de los beneficios para el usuario final ï. La definición de peso significativo en el mercado contenida en la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) 66 ha demostrado su eficacia en las primeras fases de la apertura del mercado en tanto que umbral de las obligaciones ex ante, aunque ahora debe ser adaptada para ajustarla a unos mercados más complejos y dinámicos. Por esta razón, la definición utilizada en la presente Directiva es equivalente al concepto de posición dominante que se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

ê 2002/21/CE considerando 26

(147)Puede considerarse que dos o más empresas ocupan una posición dominante conjunta no sólo cuando entre ellas existen vínculos estructurales o de otro tipo, sino también cuando la estructura del mercado de referencia propicia los efectos coordinados, es decir, fomenta un comportamiento paralelo o alineado del mercado que es anticompetitivo.

ê 2002/21/CE considerando 27 (adaptado)

ð nuevo

(148) Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias ex ante sólo puedan imponerse ð en un mercado mayorista en el ï cuando no exista competencia efectiva, esto es, en los mercados en los que existan una o más empresas con un peso significativo ð en el mercado con vistas a garantizar la competencia sostenible en un mercado minorista conexo ï, y cuando las soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y comunitaria Ö de la Unión Õ no basten para remediar el problema. Así pues, es necesario que lLa Comisión Ö debe Õ elaborear unas directrices a nivel comunitario Ö de la Unión Õ de conformidad con los principios del Derecho de competencia, a las que deban ajustarse las autoridades nacionales de reglamentación cuando analicen si existe competencia efectiva en un mercado dado y evalúen el peso significativo en el mercado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar si el mercado de un determinado producto o servicio es realmente competitivo en una determinada zona geográfica, que puede ser todo el territorio del Estado miembro en cuestión o una parte del mismo, o zonas limítrofes del territorio de distintos Estados miembros consideradas de forma conjunta. El análisis de la competencia efectiva debe incluir un análisis de si, en prospectiva, el mercado es competitivo y, por tanto, de si la falta de competencia efectiva tiene carácter duradero. Estas directrices Ö deben Õ abordarán asimismo la cuestión de los nuevos mercados en expansión, en los que, si bien es probable que el líder del mercado posea de hecho una cuota de mercado sustancial, no debe ser sometido a obligaciones inadecuadas. La Comisión debe revisar periódicamente las directrices, ð en particular con ocasión de una revisión de la legislación existente, teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia, el pensamiento económico y la experiencia real del mercado, con vistas a ï para asegurarse de que sigan estando en consonancia con un mercado en rápida evolución. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que cooperar entre sí cuando el mercado afectado resulte ser transnacional.

ê 2002/21/CE considerando 28 (adaptado)

(149)A la hora de determinar si una empresa tiene un peso significativo en un mercado dado, las autoridades nacionales de reglamentación deben actuar con arreglo al Derecho comunitario Ö de la Unión Õ y tener en cuenta en la mayor medida posible las directrices de la Comisión Ö sobre el análisis del mercado y la evaluación del peso significativo en el mercado Õ .

ò nuevo

(150)Las autoridades nacionales de reglamentación deben definir los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio, teniendo en cuenta en la mayor medida posible la Recomendación de la Comisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes adoptada de conformidad con la presente Directiva y teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y locales. Por consiguiente, las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar por lo menos los mercados contenidos en la Recomendación, incluidos aquellos que figuran en ella, pero ya no están regulados en el contexto nacional o local específico. Dichas autoridades también deben analizar los mercados que no figuren en la Recomendación, pero estén regulados en el territorio de su jurisdicción sobre la base de anteriores análisis del mercado, u otros mercados si tienen motivos suficientes para considerar que puede satisfacerse la prueba de los tres criterios contemplada en la presente Directiva.

(151)Es posible definir mercados transnacionales cuando así se justifique por la definición del mercado geográfico, teniendo en cuenta todos los factores tanto del lado de la oferta como del de la demanda, de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia. El ORECE es el organismo más adecuado para acometer estos análisis, gracias a la amplia experiencia colectiva de las autoridades nacionales de reglamentación a la hora de definir los mercados a nivel nacional. Si se definen mercados transnacionales y se justifica la intervención reguladora, las autoridades nacionales de reglamentación afectadas deben cooperar para determinar la respuesta reguladora adecuada, incluso en el proceso de notificación a la Comisión. También pueden cooperar de la misma manera cuando no se definan mercados transnacionales, pero las condiciones del mercado en sus territorios sean suficientemente homogéneas para que resulte beneficioso un enfoque regulador coordinado, como por ejemplo en términos de costes, estructuras de mercado u operadores similares, o en caso de demanda de los usuarios finales transnacional o comparable.

(152)En algunas circunstancias los mercados geográficos se definen como nacionales o subnacionales, a causa por ejemplo de la naturaleza nacional o local del despliegue de red que determina los límites del peso en el mercado potencial de las empresas en relación con la oferta mayorista, pero sigue existiendo una importante demanda transnacional de una o más categorías de usuarios finales. Este puede ser el caso, concretamente, de la demanda de los usuarios finales que son empresas con operaciones en instalaciones multiemplazamiento en diferentes Estados miembros. Si esa demanda transnacional no queda suficientemente atendida por los proveedores, por ejemplo si están fragmentados con arreglo a las fronteras nacionales o localmente, surge un posible obstáculo al mercado interior. Así pues, el ORECE debe estar facultado para facilitar orientaciones a las autoridades nacionales de reglamentación sobre planteamientos reguladores comunes a fin de garantizar que pueda atenderse satisfactoriamente la demanda transnacional, haciendo posibles las eficiencias y las economías de escala a pesar de la fragmentación de la oferta. Las orientaciones del ORECE deben configurar las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación a fin de alcanzar el objetivo del mercado interior cuando se impongan obligaciones reglamentarias a los operadores con PSM a nivel nacional.

(153)Si las autoridades nacionales de reglamentación no han seguido el enfoque común recomendado por el ORECE para satisfacer la demanda transnacional detectada, con la consecuencia de que la demanda transnacional de los usuarios finales no se ve satisfecha de modo eficiente, y surgen obstáculos evitables al mercado interior, podría ser necesario armonizar las especificaciones técnicas de los productos de acceso al por mayor capaces de satisfacer una determinada demanda transnacional, teniendo en cuenta las orientaciones del ORECE.

(154)El objetivo de cualquier intervención reguladora ex ante es en definitiva beneficiar a los usuarios finales en términos de precio, calidad y variedad, haciendo que los mercados minoristas sean realmente competitivos sobre una base sostenible. Es probable que las autoridades nacionales de reglamentación puedan determinar progresivamente que muchos mercados minoristas son competitivos incluso en ausencia de regulación al por mayor, especialmente teniendo en cuenta las esperadas mejoras de la competencia y la innovación.

(155)Para las autoridades nacionales de reglamentación, el punto de partida en la identificación de mercados susceptibles de regulación ex ante es el análisis de los mercados minoristas correspondientes. El análisis de la competencia efectiva a nivel minorista y mayorista se lleva a cabo desde una perspectiva de futuro a lo largo de un horizonte temporal dado, y se rige por el Derecho de la competencia, incluida la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, según proceda. Si se llega a la conclusión de que un mercado minorista sería realmente competitivo en ausencia de regulación mayorista ex ante sobre el mercado o mercados pertinentes correspondientes, esto debería conducir a la autoridad nacional de reglamentación a concluir que la regulación no resulta ya necesaria en el nivel mayorista pertinente.

(156)Durante la transición gradual hacia unos mercados desregulados, los acuerdos comerciales entre operadores irán haciéndose más frecuentes de forma progresiva y, si son sostenibles y mejoran la dinámica competitiva, pueden contribuir a concluir que determinado mercado mayorista no requiere regulación ex ante. Una lógica similar se aplicaría inversamente a la rescisión imprevisible de acuerdos comerciales en un mercado desregulado. El análisis de tales acuerdos deben tener en cuenta que la perspectiva de la regulación puede ser motivo para que los propietarios de una red entablen negociaciones comerciales.Con vistas a garantizar que se tenga debidamente en cuenta el impacto de la regulación impuesta en mercados conexos al determinar si cierto mercado precisa de regulación ex ante, las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que los mercados se analizan de manera coherente y, cuando sea posible, al mismo tiempo o lo más cerca posible en el tiempo.

(157)Al evaluar la regulación mayorista para resolver problemas a nivel minorista, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta que varios mercados mayoristas pueden ofrecer insumos al por mayor ascendentes para un mercado al por menor determinado e, inversamente, un mercado mayorista puede ofrecer insumos al por mayor ascendentes para una variedad de mercados minoristas. Además, la dinámica competitiva en un mercado determinado puede verse influida por mercados que sean contiguos, pero no en una relación vertical, como puede ser el caso de ciertos mercados fijos y móviles. Las autoridades nacionales de reglamentación deben llevar a cabo esa valoración para cada mercado mayorista cuya posible regulación se estudie, empezando por soluciones de acceso a la infraestructura de obra civil, ya que estas medidas suelen desembocar en una competencia más sostenible, incluida la competencia de infraestructuras, y analizando posteriormente los mercados mayoristas considerados susceptibles de regulación ex ante en cuanto a su posible idoneidad para subsanar determinados problemas de competencia detectados a nivel minorista. Al decidir la solución específica que procede imponer, las autoridades nacionales de reglamentación deben evaluar su viabilidad técnica y llevar a cabo un análisis de costes y beneficios, teniendo en cuenta su grado de adecuación para resolver los problemas de competencia detectados a nivel minorista. Dichas autoridades deben tener en cuenta las consecuencias de imponer una solución específica que, si es viable únicamente en determinadas topologías de red, podría constituir un factor disuasorio para el despliegue de redes de muy alta capacidad en interés de los usuarios finales. En cada fase de la evaluación, antes de decidir si se impone alguna solución adicional al operador con PSM, la autoridad nacional de reglamentación debe tratar de determinar si el mercado minorista afectado sería realmente competitivo a la luz de los acuerdos comerciales pertinentes u otras circunstancias del mercado mayorista, incluidos otros tipos de regulación ya en vigor, como por ejemplo las obligaciones generales de acceso a los activos no replicables o las obligaciones impuestas con arreglo a la Directiva 2014/61/UE, así como cualquier regulación que la autoridad nacional de reglamentación haya considerado ya apropiada para un operador con PSM. Aun en el caso de que tales diferencias no den lugar a la definición de mercados geográficos distintos, pueden justificar una diferenciación en las soluciones apropiadas impuestas en función de la diferente intensidad de las presiones competitivas.

(158)La regulación ex ante impuesta a nivel mayorista, que en principio es menos intrusiva que la impuesta a nivel minorista, se considera suficiente para hacer frente a posibles problemas de la competencia en el mercado o mercados minoristas descendentes conexos. Los avances en el funcionamiento de la competencia desde que está vigente el marco regulador de las comunicaciones electrónicas quedan demostrados por la desregulación progresiva de los mercados minoristas en toda la Unión. Además, procede simplificar y hacer más previsibles, en la medida de lo posible, las normas relativas a la imposición de soluciones ex ante a las empresas con PSM. Por consiguiente, debe derogarse la facultad de imponer controles reglamentarios ex ante sobre la base del peso significativo en mercados minoristas. 

(159)Cuando una autoridad nacional de reglamentación retire la regulación del nivel mayorista, debe definir un período de preaviso adecuado para garantizar una transición sostenible hacia un mercado desregulado. Al definir tal período, dicha autoridad debe tener en cuenta los acuerdos existentes entre proveedores de acceso y solicitantes de acceso que se hayan celebrado sobre la base de las obligaciones reglamentarias impuestas. En particular, dichos acuerdos pueden ofrecer una protección jurídica contractual a los solicitantes de acceso durante un período determinado. La autoridad nacional de reglamentación debe tener asimismo en cuenta la posibilidad efectiva de que los participantes en el mercado acepten alguna oferta de acceso mayorista comercial o de coinversión que pueda estar presente en el mercado y la necesidad de evitar un largo período de posible arbitraje regulatorio. Las disposiciones transitorias establecidas por la autoridad nacional de reglamentación deben tomar en consideración el alcance y el calendario de la supervisión normativa de los acuerdos preexistentes, una vez iniciado el período de preaviso.

ê 2009/140/CE considerando 48

(160)Para proporcionar seguridad a los agentes de mercado en cuanto a las condiciones reglamentarias, es necesario fijar un plazo para las revisiones de los mercados. Es importante llevar a cabo un análisis de los mercados periódicamente y en un plazo razonable y apropiado , que tenga en cuenta si un mercado particular ha sido sometido previamente a un análisis y debidamente notificado. Si una autoridad nacional de reglamentación no consigue analizar un mercado dentro de plazo, puede comprometer el mercado interior y los procedimientos de infracción normales pueden no producir a tiempo el efecto deseado. En su lugar, la autoridad nacional de reglamentación de que se trate debe estar en condiciones de solicitar la colaboración del ORECE con el fin de concluir el análisis del mercado. Esta colaboración puede asumir, por ejemplo, la forma de un grupo de trabajo específico formado por representantes de otras autoridades nacionales de reglamentación.

ê 2009/140/CE considerando 49 (adaptado)

(161)Dado que el sector de las comunicaciones electrónicas se caracteriza por un alto nivel de innovación tecnológica y unos mercados sumamente dinámicos, es necesario adaptar rápidamente la regulación de manera coordinada y armonizada a nivel comunitario Ö de la Unión Õ , pues la experiencia ha demostrado que la divergencia entre las autoridades nacionales de reglamentación en la aplicación del marco regulador de la UE puede crear un obstáculo al desarrollo del mercado interior.

ò nuevo

(162)Sin embargo, en aras de una mayor estabilidad y previsibilidad de las medidas normativas, el plazo máximo permitido entre los análisis del mercado debe ampliarse de tres a cinco años, siempre y cuando la evolución del mercado entretanto no exija un nuevo análisis. A la hora de determinar si una autoridad nacional de reglamentación ha respetado su obligación de analizar los mercados y notificar el proyecto de medida correspondiente como mínimo cada cinco años, se considerará que solo una notificación que incluya una nueva evaluación de la definición del mercado y del peso significativo en el mercado marca el inicio de un nuevo ciclo quinquenal. No bastará para que se considere cumplida esta obligación una simple notificación de medidas reguladoras nuevas o modificadas, impuestas sobre la base de un análisis del mercado previo y no revisado. 

ê 2002/19/CE considerando 15

ð nuevo

(163)La imposición de una obligación específica a una empresa con un peso significativo en el mercado no requerirá proceder a un análisis del mercado adicional sino una justificación de que dicha obligación es adecuada y proporcionada con respecto a la índole del problema detectado ð en el mercado de que se trate y en el mercado minorista conexo ï .

ê 2009/140/CE considerando 56

ð nuevo

(164)Al evaluar la proporcionalidad de las obligaciones y condiciones que se impongan, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta las distintas condiciones de competencia que imperen en las diferentes zonas de los Estados miembros ð tomando especialmente en consideración los resultados del estudio geográfico llevado a cabo de conformidad con la presente Directiva ï .

ê 2009/140/CE considerando 57 (adaptado)

(165)Al imponer Ö estudiar la imposición de Õ medidas para evitar el control de los precios Ö y la manera de hacerlo en caso necesario Õ, las autoridades nacionales de reglamentación deben contemplar que se permita un rendimiento justo para el inversor en un determinado proyecto de inversión. En particular, puede haber riesgos asociados a los proyectos de inversión e inherentes específicamente a las nuevas redes de acceso que actúen como soporte para productos cuya demanda sea incierta en el momento en que se efectúe la inversión.

ò nuevo

(166)Las revisiones de las obligaciones impuestas a los operadores designados como poseedores de PSM durante el período correspondiente a un análisis del mercado deben permitir a las autoridades nacionales de reglamentación tener en cuenta las repercusiones sobre las condiciones competitivas de novedades tales como los acuerdos voluntarios entre operadores concluidos recientemente, por ejemplo acuerdos de acceso y coinversión, aportando así una flexibilidad que resulta particularmente necesaria ante la mayor duración de los ciclos reguladores. Una lógica similar debería aplicarse en caso de rescisión imprevisible de acuerdos comerciales. En caso de que dicha rescisión tenga lugar en un mercado desregulado, podrá resultar necesario un nuevo análisis del mercado.

ê 2002/19/CE considerando 16 (adaptado)

(167)La transparencia de los términos y condiciones de acceso e interconexión, incluida la tarificación, permite acelerar las negociaciones, evitar litigios y generar confianza en los agentes del mercado en cuanto a la prestación no discriminatoria de los servicios. La apertura y transparencia de las interfaces técnicas puede resultar de particular importancia a la hora de garantizar la interoperabilidad. Cuando una autoridad nacional de reglamentación imponga obligaciones en el sentido de hacer pública información, podrá especificar asimismo la manera en la que deberá facilitarse la información, señalando, por ejemplo, el tipo de publicación (papel o electrónico) y si es o no gratuita, habida cuenta de la naturaleza y propósito de la información en cuestión.

ò nuevo

(168)Habida cuenta de la variedad de topologías de red, productos de acceso y circunstancias del mercado que han surgido desde 2002, los objetivos del anexo II de la Directiva 2002/19/CE, en lo que respecta a la desagregación del bucle local y los productos de acceso para los prestadores de los servicios digitales de radio y televisión, pueden lograrse mejor y de manera más flexible mediante orientaciones sobre los criterios mínimos para una oferta de referencia que elabore y actualice periódicamente el ORECE. Procede suprimir, en consecuencia, el anexo II de la Directiva 2002/19/CE.

(169)El principio de no discriminación garantiza que las empresas con un peso significativo en el mercado no falseen la competencia, en particular cuando se trata de empresas integradas verticalmente que prestan servicios a empresas con las que compiten en mercados descendentes.

ò nuevo

(170)A fin de abordar y prevenir el comportamiento discriminatorio no relacionado con los precios, la equivalencia de insumos (EdI) es, en principio, la manera más segura de conseguir una protección efectiva frente a la discriminación. Por otra parte, es probable que la oferta de insumos al por mayor regulados sobre la base de la EdI genere costes de cumplimiento más elevados que otras formas de las obligaciones de no discriminación. Estos costes de cumplimiento superiores deben contrastarse con los beneficios de una competencia más vigorosa en los mercados descendentes y con la importancia de las garantías de no discriminación en circunstancias en las que el operador con peso significativo en el mercado no está sujeto a controles directos de los precios. En particular, las autoridades nacionales de reglamentación podrían considerar más probable que el suministro de insumos al por mayor en los sistemas nuevos sobre la base de la EdI genere suficientes beneficios netos, y por lo tanto resulte proporcionado, dado que los costes de cumplimiento incrementales para garantizar que los sistemas de nueva creación se ajustan a la EdI son relativamente más bajos. Por otra parte, dichas autoridades también deben sopesar los posibles desincentivos para la implantación de sistemas nuevos, en contraposición a mejoras más incrementales, en caso de que los primeros estuvieran sujetos a obligaciones reglamentarias más restrictivas. En los Estados miembros en los que existe un elevado número de pequeños operadores con PSM, la imposición de la EdI a cada uno de estos operadores podría resultar desproporcionada.

ê 2002/19/CE considerando 18

(171)La separación de cuentas permite hacer patentes los precios de transferencia y habilita a las autoridades nacionales de reglamentación a comprobar, cuando proceda, el cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. La Comisión publicó a este respecto su Recomendación 98/322/CE de 8 de abril de 1998 sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado (Parte 2: Separación contable y contabilidad de costes) 67  2005/698/CE, de 19 de septiembre de 2005, relativa a la separación contable y los sistemas de contabilidad de costes.

ò nuevo

(172)Los activos de obra civil que puedan acoger una red de comunicaciones electrónicas son fundamentales para el éxito de la implantación de las nuevas redes de muy alta capacidad, debido al elevado coste que supone replicarlos y a los importantes ahorros que pueden conseguirse si se reutilizan. Por esta razón, además de las normas relativas a las infraestructuras físicas contenidas en la Directiva 2014/61/UE, es necesaria una solución específica para el caso en que los activos de obra civil sean propiedad de un operador designado como poseedor de peso significativo en el mercado. Cuando los activos de obra civil existan y sean reutilizables, disponer de un acceso efectivo a ellos tiene un gran efecto positivo sobre el despliegue de infraestructuras competidoras y, por consiguiente, es preciso garantizar que el acceso a estos activos pueda ser utilizado como una solución autónoma para la mejora de la dinámica competitiva y del despliegue en cualquier mercado descendente, que debe considerarse antes de evaluar la necesidad de imponer otras soluciones potenciales, y no como una solución meramente accesoria a otros productos o servicios al por mayor o como una solución limitada a las empresas que disponen de estos otros productos o servicios al por mayor. Las autoridades nacionales de reglamentación deben valorar normalmente los activos de obra civil heredados reutilizables sobre la base del valor contable regulatorio neto de la amortización acumulada en el momento del cálculo, indizada mediante un índice de precios apropiado, como el de precios al consumo, y excluyendo los activos totalmente amortizados, durante un período no inferior a cuarenta años, pero aún en uso.

ê 2009/140/CE considerando 55 (adaptado)

ð nuevo

(173)Al imponer obligaciones para el acceso a unas infraestructuras nuevas y mejores, las autoridades reguladoras nacionales deberían garantizar que las condiciones de acceso reflejen las circunstancias en que se basa la decisión de inversión, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los costes de la expansión, la tasa estimada de aceptación de los nuevos productos y servicios y los niveles de los precios al por menor previstos. Por otra parte, y con el fin de facilitar a los inversores la seguridad de planificación necesaria, las autoridades reguladoras nacionales deben poder fijar, cuando proceda, unos términos y condiciones de acceso coherentes con los adecuados períodos de revisión. ð En caso de que se consideren apropiados los controles de precios, ï eEstos términos y condiciones pueden incluir acuerdos sobre los precios en función del volumen o la duración del contrato, de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ, siempre y cuando no tengan efectos discriminatorios. La imposición de cualquier condición de acceso debe respetar la necesidad de preservar una competencia eficaz en los servicios prestados a los consumidores y a las empresas.

ê 2002/19/CE considerando 19

(174)Aunque la obligatoriedad de la concesión de acceso a la infraestructura de la red es justificable como instrumento para aumentar la competencia, las autoridades nacionales de reglamentación han de llegar a un equilibrio entre el derecho del propietario de una infraestructura a la explotación de la misma en beneficio propio y el derecho de otros proveedores de servicios competidores a acceder a recursos que resulten esenciales para el suministro de sus servicios.

ò nuevo

(175)En las zonas geográficas donde cabe esperar de cara al futuro que existan dos redes de acceso, es más probable que los usuarios finales puedan beneficiarse de mejoras en la calidad de la red, en virtud de la competencia basada en las infraestructuras, que allí donde solo exista una. La adecuación de la competencia en relación con otros parámetros, como el precio y la variedad, dependerá probablemente de las circunstancias competitivas nacionales y locales. En caso de que al menos uno de los operadores de red ofrezca acceso al por mayor a cualquier empresa interesada en condiciones comerciales razonables que permitan una competencia sostenible en el mercado minorista, es improbable que las autoridades nacionales de reglamentación deban imponer o mantener obligaciones de acceso mayorista basadas en el PSM, aparte del acceso a la infraestructura de obra civil, y puede confiarse en la aplicación de la normativa general sobre competencia. Esto se aplica, con mayor razón, si los dos operadores de red ofrecen acceso al por mayor en condiciones comerciales razonables. En tales casos, puede resultar más conveniente que las autoridades nacionales de reglamentación apliquen un seguimiento específico con carácter ex post. Cuando, de cara al futuro, están presentes o se espera que estén presentes tres operadores de redes de acceso que compiten de forma sostenible en los mismos mercados minorista y mayorista (como puede ser el caso de las redes móviles, y como puede suceder en algunas zonas geográficas con respecto a las redes fijas, especialmente cuando existe un acceso eficaz a la infraestructura de obra civil y/o coinversión, de manera que tres o más operadores tienen control efectivo sobre los activos de red de acceso necesarios para satisfacer la demanda minorista), es menos probable que las autoridades nacionales de reglamentación designen a un operador como poseedor de PSM, salvo que determinen la existencia de una posición dominante colectiva, o si cada una de las empresas de que se trate tiene peso significativo en mercados mayoristas distintos, como en el caso de los mercados de terminación de llamadas vocales. La aplicación de la normativa general sobre competencia debe resultar suficiente en estos mercados caracterizados por una competencia efectiva y sostenible basada en las infraestructuras.

ê 2002/19/CE considerando 19 (adaptado)

ð nuevo

(176)Aunque la obligatoriedad de la concesión de acceso a la infraestructura de la red es justificable como instrumento para aumentar la competencia, las autoridades nacionales de reglamentación han de llegar a un equilibrio entre el derecho del propietario de una infraestructura a la explotación de la misma en beneficio propio y el derecho de otros proveedores de servicios competidores a acceder a recursos que resulten esenciales para el suministro de sus servicios. Cuando se impongan a los operadores obligaciones que les exijan acceder a las solicitudes razonables de acceso y uso de elementos de redes y recursos asociados, dichas solicitudes sólo deben poder denegarse sobre la base de criterios objetivos como la viabilidad técnica o la necesidad de preservar la integridad de la red. En caso de que la solicitud sea denegada, la parte perjudicada debe poder someter el caso a los procedimientos de resolución de litigios a que se refieren los artículos 20 27 y 21 28 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). No debe exigirse de un operador sujeto a la obligación de conceder el acceso que suministre tipos de acceso que no esté en condiciones de Ö su mano Õ suministrar. La imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de conceder acceso a las infraestructuras, de la que se deriva un incremento de la competencia a corto plazo, no debe ser en detrimento del incentivo de los competidores a invertir en instalaciones alternativas que garantizarán una mayor competencia ð más sostenible ï Ö y/o un aumento del rendimiento y de los beneficios para el usuario final Õ a largo plazo. La Comisión ha publicado una Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones 68 en la que se tratan estas cuestiones. Las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer condiciones técnicas u operativas al proveedor o a los beneficiarios del acceso obligado de conformidad con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ. En particular, la imposición de normas técnicas debe ser conforme a la Directiva 1535/2015/UE 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 69 .

ê 2002/19/CE considerando 20 (adaptado)

ð nuevo

(177)Las medidas de control de precios pueden ser necesarias cuando el análisis de mercado ponga de manifiesto la ineficacia de la competencia en un sector concreto. La intervención reguladora puede ser relativamente leve, como en el caso de la obligación de fijar precios razonables para la selección del operador que establece la Directiva 97/33/CE, o revestir una envergadura mucho mayor, como ocurre con la obligación de orientación de los precios en función de los costes, a fin de justificarlos plenamente en los casos en que la competencia no esté lo suficientemente desarrollada para evitar una tarificación excesiva. En concreto, los operadores con un peso significativo en el mercado deben evitar la práctica de una compresión de precios tal que la diferencia entre los precios al por menor y los precios de interconexión Ö y/o acceso Õ aplicados a los competidores que ofrecen servicios minoristas similares no sea la adecuada para garantizar una competencia sostenible. Cuando una autoridad nacional de reglamentación calcule los costes generados por la creación de un servicio impuesto en virtud de la presente Directiva, procede permitir una rentabilidad razonable sobre el capital empleado, incluidos los costes de los trabajos pertinentes y de la construcción, con el valor de capital adaptado, en caso necesario, para reflejar la evaluación actual del activo y la eficacia de las operaciones. El método de la recuperación de costes debe ser adecuado a las circunstancias teniendo en cuenta la necesidad de fomentar la eficacia, y la competencia sostenible ð y el despliegue de redes de muy alta capacidad ï y de lograr Ö en consecuencia Õ el máximo beneficio para los consumidores ð el usuario final ï ð y debe tener en cuenta el interés en unos precios mayoristas previsibles y estables en beneficio de todos los operadores que se proponen desplegar redes nuevas y mejoradas, de conformidad con las orientaciones de la Comisión 70 . ï 

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(178)Debido a la incertidumbre sobre el ritmo de materialización de la demanda de servicios de banda ancha de próxima generación, es importante, a fin de promover la inversión eficiente y la innovación, conceder a los operadores que invierten en redes nuevas o mejoradas cierto grado de flexibilidad tarifaria. Para evitar precios excesivos en los mercados donde haya operadores designados como poseedores de peso significativo en el mercado, la flexibilidad de precios debe ir acompañada de salvaguardias adicionales para proteger la competencia y los intereses de los usuarios finales, tales como obligaciones estrictas de no discriminación, medidas encaminadas a garantizar la replicabilidad técnica y económica de los productos descendentes, y una presión demostrable sobre los precios minoristas resultante de la competencia en infraestructuras, de un anclaje de los precios derivado de otros productos de acceso regulados, o de ambos. Estas salvaguardias competitivas no son óbice para que las autoridades nacionales de reglamentación encuentren otras circunstancias en las que sería adecuado no imponer precios de acceso regulados a determinados insumos mayoristas, por ejemplo cuando una gran elasticidad de precios de la demanda de los usuarios finales haga que no resulte beneficioso para el operador con PSM aplicar precios sensiblemente por encima del nivel competitivo.

ê 2002/19/CE considerando 21

(179)Cuando una autoridad nacional de reglamentación imponga obligaciones de aplicar un sistema de contabilidad de costes con objeto de permitir controles de los precios, debe poder efectuar a su vez una auditoría anual para garantizar el cumplimiento de dicho sistema de contabilidad de costes, siempre y cuando posea el necesario personal cualificado, o exigir que la auditoría sea efectuada por otro organismo cualificado, independiente del operador en cuestión.

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(180)El sistema de tarificación de la terminación de llamadas vocales al por mayor en la Unión se basa en el principio de que «el que llama paga». Un análisis de la sustituibilidad de la demanda y la oferta muestra que ni en la actualidad ni en un futuro previsible existen sustitutos a nivel mayorista que puedan disciplinar el establecimiento de las tarifas de terminación en una red dada. Teniendo en cuenta el carácter bidireccional del acceso en los mercados de terminación, otro de los problemas que pueden afectar a la competencia es la interfinanciación entre operadores. Estos problemas potenciales en relación con la competencia son comunes a los mercados fijo y móvil de terminación de llamadas vocales. Por lo tanto, a la vista de la capacidad y de los incentivos que tienen los operadores de terminación para situar los precios sustancialmente por encima de los costes, se considera que la orientación a costes constituye la intervención más apropiada para abordar este problema a medio plazo. 

(181)A fin de reducir la carga reglamentaria que supone hacer frente a los problemas de la competencia relacionados con la terminación de llamadas vocales al por mayor de forma coherente en toda la Unión, la presente Directiva debe establecer un enfoque común como base para el establecimiento de obligaciones de control de precios, que se completará con la metodología común vinculante que defina la Comisión y las orientaciones técnicas que elabore el ORECE.

(182)Con el fin de simplificar su fijación y de facilitar su imposición cuando proceda, las tarifas de terminación de llamadas vocales al por mayor en los mercados fijo y móvil de la Unión se establecerán mediante un acto delegado. La presente Directiva debe establecer los criterios y parámetros detallados que servirán de base para establecer los valores de las tarifas de terminación de llamadas vocales. Al aplicar ese conjunto de criterios y parámetros, la Comisión debe tener en cuenta, entre otras cosas, que solo deben incluirse los costes que sean incrementales a la prestación del servicio de terminación de llamadas al por mayor; que los cargos por el espectro dependen de los abonados y no del tráfico, por lo que deberían excluirse, y que el espectro adicional se atribuye principalmente para datos, y por tanto es irrelevante para el incremento de la terminación de llamadas; que se reconoce que, aun cuando en las redes móviles se considera que la escala de eficiencia mínima se sitúa en una cuota de mercado de al menos el 20 %, en las redes fijas los operadores más pequeños pueden alcanzar las mismas eficiencias y producir a los mismos costes unitarios que el operador eficiente, con independencia de su tamaño. A la hora de determinar la tarifa máxima exacta, la Comisión debe incluir una ponderación adecuada para tener en cuenta el número total de usuarios finales en cada Estado miembro, siempre que resulte necesario en razón de las divergencias de costes restantes. Cuando la Comisión determine esa tarifa, resultará muy valiosa, y deberá ser tenida en cuenta, la experiencia del ORECE y de las autoridades nacionales de reglamentación en la elaboración de modelos de costes adecuados. 

(183)La presente Directiva establece las tarifas máximas de la terminación de llamadas vocales al por mayor para las redes fijas y móviles por debajo de las cuales situará el acto delegado inicial la tarifa exacta que deban aplicar las autoridades nacionales de reglamentación. La tarifa inicial será actualizada posteriormente. Sobre la base de los modelos de LRIC puros ascendentes aplicados por los reguladores nacionales hasta la fecha, y aplicando los criterios anteriores, las tarifas de terminación vocal varían actualmente entre 0,4045 y 1,226 céntimos por minuto en las redes móviles y entre 0,0430 y 0,1400 céntimos por minuto en las redes fijas en la capa de interconexión más local (calculadas como media ponderada entre las tarifas de hora punta y de fuera de hora punta). La variación de las tarifas obedece a las diferentes condiciones locales y estructuras de precios relativas existentes en la actualidad, así como al diferente calendario de cálculos del modelo en los distintos Estados miembros. Además, en las redes fijas, el nivel de las tarifas de terminación eficientes en términos de costes depende también de la capa de red en la que se presta el servicio de terminación. 

(184)Debido a la incertidumbre actual por lo que respecta al porcentaje de materialización de la demanda de servicios de banda ancha de muy alta capacidad, así como las economías generales de escala y densidad, los acuerdos de coinversión ofrecen importantes beneficios en términos de puesta en común de costes y riesgos, permitiendo a los operadores de menor tamaño invertir en condiciones económicamente racionales y promoviendo, por ende, la competencia sostenible a largo plazo, en particular en zonas en las que la competencia basada en infraestructuras pueda no ser eficiente. Cuando un operador con PSM lanza una convocatoria abierta, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, de coinversión en nuevos elementos de red que contribuyan significativamente al despliegue de redes de capacidad muy alta, la autoridad nacional de reglamentación debe abstenerse normalmente de imponer obligaciones previstas en la presente Directiva a los nuevos elementos de red, sin perjuicio de una ulterior reconsideración en posteriores análisis del mercado. Siempre que se tengan debidamente en cuenta los efectos procompetitivos prospectivos de la coinversión a nivel mayorista y minorista, las autoridades nacionales de reglamentación pueden seguir considerando oportuno, a la luz de la estructura presente del mercado y de la dinámica desarrollada en condiciones de acceso al por mayor regulado, y en ausencia de una oferta comercial a tal efecto, salvaguardar los derechos de los demandantes de acceso que no participan en una coinversión determinada a través del mantenimiento de los productos de acceso existentes o, en caso de que en su momento se desmantelen los elementos de red heredados, mediante la imposición de productos de acceso de funcionalidad comparable a la disponible previamente en la infraestructura heredada.

ê 2009/140/CE considerando 61 (adaptado)

(185)La finalidad de la separación funcional, en virtud de la cual se exige que el operador integrado verticalmente establezca entidades empresariales operativamente separadas, es garantizar el suministro de productos de acceso plenamente equivalentes a todos los operadores que actúan en los mercados posteriores, incluidas las propias divisiones del operador integradas verticalmente que actúan en dichos mercados. La separación funcional puede mejorar la competencia en varios mercados pertinentes al reducir significativamente el incentivo para la discriminación y facilitar la comprobación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. En casos excepcionales la separación funcional puede justificarse como solución cuando reiteradamente no haya podido conseguirse la no discriminación efectiva en varios de los mercados afectados, y cuando la perspectiva de una competencia en las infraestructuras en un plazo razonable sea escasa o nula después del recurso a una o más soluciones que se consideraron antes apropiadas. No obstante, es muy importante garantizar que su imposición mantenga los incentivos de la empresa afectada para invertir en su red y no comporte efectos negativos potenciales sobre el bienestar del consumidor. Su imposición exige un análisis coordinado de diversos mercados pertinentes relacionados con la red de acceso, de conformidad con el procedimiento de análisis de mercados enunciado en el artículo 6716 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Al llevar a cabo el análisis de los mercados y diseñar los detalles de esta solución, las autoridades nacionales de reglamentación deben prestar especial atención a los productos que deben gestionar las entidades empresariales separadas, teniendo en cuenta el grado de despliegue empresariales separadas, teniendo en cuenta el grado de despliegue de la red y el nivel de progreso tecnológico, que pueden afectar a la sustituibilidad de los servicios fijos e inalámbricos. Para evitar falseamientos de la competencia en el mercado interior, las propuestas de separación funcional deben ser aprobadas previamente por la Comisión.

ê 2009/140/CE considerando 62

(186)La aplicación de la separación funcional no debe ir en detrimento de unos mecanismos de coordinación apropiados entre las diversas entidades empresariales separadas para garantizar la protección de los derechos de supervisión económica y de gestión de la sociedad matriz.

ê 2009/140/CE considerando 64 (adaptado)

ð nuevo

(187)Cuando una empresa integrada verticalmente decida transferir una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad o estableciendo una entidad empresarial separada para encargarse de los productos de acceso, la autoridad nacional de reglamentación debe evaluar la incidencia de la transacción prevista, ð incluidos los eventuales compromisos de acceso ofrecidos por esta empresa ï , sobre todas las obligaciones reglamentarias existentes impuestas al operador integrado verticalmente a fin de velar por la compatibilidad de cualquier nuevo acuerdo con la Ö presente Õ Directiva2002/19/CE (Directiva acceso) y la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal). La autoridad nacional de reglamentación en cuestión debe emprender un nuevo análisis de los mercados en que opere la entidad segregada e imponer, mantener, modificar o retirar obligaciones en función de dicho análisis. A tal efecto, la autoridad nacional de reglamentación debe estar facultada para solicitar información a la empresa.

ò nuevo

(188)Los compromisos vinculantes pueden añadir previsibilidad y transparencia al proceso de separación voluntaria por parte de una empresa integrada verticalmente que haya sido designada como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados pertinentes, al definir el proceso de aplicación de la separación prevista, por ejemplo estableciendo una hoja de ruta con unos plazos claros para su aplicación y consecuencias previsibles en caso de que no se cumpla alguno de ellos. La autoridad nacional de reglamentación debe examinar los compromisos adquiridos desde una perspectiva de sostenibilidad en el futuro, en particular en lo que respecta a la elección del período durante el cual resulten obligatorios, y debe tener en cuenta el valor que concedieron en la consulta pública las partes interesadas a unas condiciones de mercado estables y previsibles. 

(189)Los compromisos pueden incluir el nombramiento de un administrador que vigile su cumplimiento, cuya identidad y mandato deben ser aprobados por la autoridad nacional de reglamentación, y la obligación de que el operador que los ofrezca presente informes periódicos sobre su aplicación. 

(190)Los propietarios de redes que no tienen actividades en los mercados minoristas y cuyo modelo de negocio se limita, por tanto, a la prestación de servicios mayoristas a otros, pueden beneficiarse de la creación de un mercado mayorista próspero, con efectos positivos en la competencia minorista descendente. Además, su modelo de negocio puede resultar atractivo para potenciales inversores financieros en activos de infraestructuras menos volátiles y con perspectivas a plazo más largo sobre el despliegue de redes de capacidad muy alta. Sin embargo, la presencia de un operador exclusivamente mayorista no conduce necesariamente a una competencia efectiva en los mercados minoristas, y cabe designar a dichos operadores como poseedores de peso significativo en el mercado, en particular en los mercados de productos y geográficos. Los riesgos para la competencia derivados del comportamiento de los operadores que siguen modelos de negocio solo mayoristas podrían ser inferiores a los de un operador integrado verticalmente, siempre que el modelo solo mayorista sea genuino y no existan incentivos para discriminar entre los proveedores descendentes. Por lo tanto, la respuesta reguladora debe ser proporcionalmente menos intervencionista. Por otra parte, las autoridades nacionales de reglamentación deben ser capaces de intervenir si se han planteado problemas de competencia en detrimento de los usuarios finales. 

(191)Con el fin de facilitar la migración de las redes de cobre heredadas hacia las redes de próxima generación, proceso de interés para los usuarios finales, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder supervisar las iniciativas propias de los operadores de redes al respecto y establecer, en caso necesario, un proceso de migración adecuado, por ejemplo mediante notificación previa, transparencia y productos de acceso comparables aceptables, una vez claramente demostradas la intención y la disposición del propietario de la red de abandonar la red de cobre. A fin de evitar dilaciones injustificadas en la migración, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para retirar las obligaciones de acceso relativas a la red de cobre una vez se haya establecido un adecuado proceso de migración.

ê 2002/22/CE considerando 1 (adaptado)

(192) La liberalización del sector de las telecomunicaciones, la intensificación de la competencia y la libre elección de los servicios de comunicaciones son paralelas con el establecimiento de un marco regulador armonizado que garantice la prestación del servicio universal. El concepto de servicio universal debe adaptarse a la evolución tecnológica, el desarrollo del mercado y las modificaciones en la demanda de los usuarios. El marco regulador establecido con motivo de la liberalización total del mercado comunitario de las telecomunicaciones en 1998 establecía el alcance mínimo de las obligaciones de servicio universal, así como las normas para el cálculo de su coste y para su financiación.

ê 2002/22/CE considerando 2 (adaptado)

(193)Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 Ö 169 Õ del Tratado Ö de Funcionamiento de la Unión Europea Õ , la Comunidad Ö Unión Õ debe contribuir a la protección de los consumidores.

La Comunidad y sus Estados miembros han asumido compromisos en materia de regulación de las redes y servicios de telecomunicaciones en el marco del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre telecomunicaciones básicas. Todo Miembro de la OMC tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desee mantener. No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas per se, a condición de que sean administradas de manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el Miembro.

ê 2002/22/CE considerando 51 (adaptado)

Dado que los objetivos de la acción pretendida, especialmente establecer un nivel común de servicio universal de telecomunicaciones para todos los usuarios europeos y armonizar las condiciones de acceso y utilización de las redes telefónicas públicas desde una ubicación fija y de los servicios telefónicos conexos disponibles al público, así como conseguir un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

ê 2002/22/CE considerando 5

En un mercado competitivo conviene aplicar determinadas obligaciones a todas las empresas que ofrezcan servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija, mientras que otras obligaciones sólo deben aplicarse a empresas que disfruten de un peso significativo en el mercado o que hayan sido designadas como operador de servicio universal.

ò nuevo

(194)El servicio universal constituye una red de seguridad que garantiza que todos los usuarios finales dispongan de un conjunto mínimo de servicios a un precio asequible, cuando exista riesgo de que la exclusión social provocada por la ausencia de tal acceso impida a los ciudadanos la plena participación social y económica en la sociedad.

(195)El acceso básico a Internet de banda ancha está disponible casi universalmente en toda la Unión y se utiliza mucho para una amplia gama de actividades. Sin embargo, el porcentaje de asimilación global es inferior a la disponibilidad, ya que todavía hay quienes siguen desconectados por razones de desconocimiento, costes o capacitación, o porque así lo prefieren. El acceso funcional a Internet asequible ha adquirido una importancia crucial para la sociedad y la economía en general, ya que sienta las bases para la participación en la economía y la sociedad digitales a través de los servicios de Internet en línea esenciales.

ê 2002/22/CE considerando 8 (adaptado)

ð nuevo

(196)LUna exigencia básica del servicio universal es Ö garantizar que todos los usuarios finales tengan acceso a un precio asequible a los servicios de acceso funcional a Internet y a los servicios de comunicaciones vocales disponibles, al menos en Õ proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y a un precio asequible. ð Los Estados miembros deben también contar con la posibilidad de garantizar la asequibilidad de los servicios no prestados en una ubicación fija, sino a ciudadanos que se desplazan, cuando lo juzguen necesario para garantizar su plena participación social y económica en la sociedad. ï Esta exigencia se limita a una única conexión a la red de banda estrecha cuyo suministro pueden limitar los Estados miembros a la residencia o situación principal del usuario final y no se refiere a la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) que ofrece dos o más conexiones que pueden utilizarse simultáneamente. No deben imponerse restricciones Ö limitaciones Õ en cuanto a los medios técnicos utilizados para el establecimiento de la conexión, de modo que pueda recurrirse tanto a las tecnologías por cable como a las tecnologías inalámbricas, ni por lo que se refiere a Ö la categoría de Õ los operadores designados para cumplir Ö que prestan Õ la totalidad o parte de las obligaciones de servicio universal. Las conexiones a la red telefónica pública desde una ubicación fija deben permitir la transmisión de voz y datos a velocidades suficientes para acceder a servicios en línea como los que se ofrecen a través de la Internet pública. La velocidad del acceso a Internet de un usuario determinado en la práctica puede depender de una serie de factores, entre ellos el proveedor o proveedores de la conexión a Internet y la aplicación concreta que se utilice en la conexión. La velocidad de transmisión de datos que puede mantener una única conexión de banda estrecha a la red telefónica pública depende tanto de las capacidades del equipo terminal del abonado como de la conexión. Por esta razón, no procede imponer una velocidad específica, ya sea binaria o de transmisión de datos, a escala comunitaria. Los módems de banda vocal disponibles en la actualidad suelen ofrecer una velocidad de transmisión de datos de 56 kbit/s, pero utilizan sistemas automáticos de adaptación en función de la calidad variable de las líneas, motivo por el cual la velocidad de transmisión real puede ser inferior a la mencionada. Es necesaria la flexibilidad, por una parte para que los Estados miembros puedan en caso necesario adoptar medidas para garantizar que las conexiones puedan soportar esa velocidad de transmisión de datos y, por otra parte, para que los Estados miembros puedan permitir, si procede, velocidades de transmisión de datos inferiores a ese límite superior de 56 kbit/s por ejemplo para aprovechar las posibilidades de las tecnologías inalámbricas (incluidas las redes inalámbricas celulares) para poner el servicio universal a disposición de un mayor porcentaje de población. Esto puede ser especialmente importante en algunos países en vías de adhesión en los que la presencia de conexiones telefónicas tradicionales en los hogares se mantiene en niveles relativamente bajos. En los casos en que la conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija sea manifiestamente insuficiente para garantizar un acceso satisfactorio a Internet, los Estados miembros deben estar facultados para exigir la mejora de dicha conexión hasta un nivel similar al disfrutado por la mayoría de los abonados, a fin de que su velocidad de transmisión sea suficiente para acceder a Internet. Cuando estas medidas generen una carga para los consumidores afectados en términos de costes netos, la incidencia neta podrá incluirse en el cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal.

ê 2009/136/CE considerando 5

ð nuevo

(197)Las conexiones para datos a la red pública de comunicaciones desde una ubicación fija deben permitir la transmisión de datos a velocidades suficientes para acceder a servicios en línea como los que se ofrecen a través de la Internet pública. La velocidad del acceso a Internet en la práctica de un usuario determinado puede depender de una serie de factores, entre ellos el proveedor o proveedores de la conexión a Internet y la aplicación concreta que se utilice en la conexión. La velocidad de transmisión de datos que puede mantener una única conexión a la red pública de comunicaciones depende tanto de las capacidades del equipo terminal del abonado como de la conexión. Por esta razón, no procede imponer una velocidad específica, ya sea binaria o de transmisión de datos, a escala comunitaria. ð El servicio de acceso funcional a Internet asequible debe ser suficiente para hacer posible el acceso y el uso de un conjunto mínimo de servicios básicos que reflejen los utilizados por la mayoría de los usuarios finales. Esta lista mínima de servicios deben detallarla los Estados miembros, a fin de hacer posible un nivel adecuado de inclusión social y participación en la sociedad y la economía digitales en su territorio. ï Se necesita flexibilidad para que los Estados miembros puedan adoptar medidas en caso necesario con el fin de garantizar que las conexiones puedan soportar velocidades de transmisión de datos satisfactorias para acceder de forma funcional a Internet, según la definición de los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias específicas de los mercados nacionales, por ejemplo el ancho de banda que usa predominantemente la mayoría de abonados en el Estado miembro y la viabilidad tecnológica, siempre que estas medidas vayan destinadas a minimizar la distorsión en el mercado. Cuando de tales medidas se derive una carga injusta para una empresa determinada, teniendo en cuenta los costes e ingresos, así como los beneficios intangibles derivados de la prestación de los servicios en cuestión, este aspecto puede incluirse en el cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal. Puede aplicarse asimismo la financiación alternativa de la infraestructura de red subyacente que entrañe financiación comunitaria o medidas nacionales con arreglo al Derecho comunitario.

ò nuevo

(198)No debe obligarse a los usuarios finales a acceder a servicios que no desean y, por lo tanto, debe ser posible para los usuarios finales beneficiarios limitar, previa solicitud, el servicio universal asequible a solamente el servicio de comunicaciones vocales.

ê 2009/136/CE considerando 17

(199) Es conveniente que las autoridades nacionales de reglamentación puedan supervisar la evolución y el nivel de las tarifas al público en los servicios incluidos en el ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio universal, incluso en los casos en los que un Estado miembro todavía no ha designado a una empresa para proporcionar el servicio universal. En este caso, lLa supervisión debe realizarse de tal forma que no represente una carga administrativa excesiva ni para las autoridades nacionales de reglamentación ni para las empresas que presten tal servicio.

ê 2002/22/CE considerando 10 (adaptado)

ð nuevo

(200)Por precio asequible se entiende un precio que los Estados miembros definen a nivel nacional teniendo en cuenta las circunstancias nacionales específicas, para lo cual pueden recurrir al establecimiento de tarifas comunes e independientes de la ubicación o de tarifas especiales ð o paquetes ï dirigidaos a cubrir las necesidades de los usuarios con rentas bajas Ö o con necesidades sociales especiales, incluidas las personas ancianas o con discapacidad y los usuarios finales que habitan zonas rurales o aisladas geográficamente. Estas ofertas deben facilitarse con características básicas, a fin de no falsear el funcionamiento del mercado. Õ Desde el punto de vista del consumidor la asequibilidad de los precios está vinculada a ð de los usuarios finales la asequibilidad de los precios ï ð debe fundarse en su derecho a contratar con una empresa, la disponibilidad de un número, la conexión continuada del servicio y ï su capacidad de vigilar y controlar los propios gastos.

ò nuevo

(201)No debe seguir siendo posible denegar a los usuarios finales el acceso al conjunto mínimo de servicios de conectividad. El derecho a celebrar un contrato con una empresa debe significar que los usuarios finales que puedan verse rechazados, en particular los de rentas bajas o necesidades sociales especiales, deben tener la posibilidad de contratar servicios de acceso funcional a Internet y de comunicaciones vocales asequibles, como mínimo desde una ubicación fija, a cualquier empresa que preste tales servicios en dicha ubicación. Con el fin de reducir al mínimo riesgos financieros tales como el impago de facturas, las empresas deben tener libertad para ofrecer el contrato en régimen de prepago, sobre la base de unas unidades de prepago asequibles.

(202)Con el fin de garantizar la posibilidad de comunicar con un ciudadano a través de los servicios de comunicaciones vocales, los Estados miembros deben garantizar la disponibilidad de un número de teléfono durante un período razonable, y también durante los períodos de no utilización del servicio de comunicaciones vocales. Las empresas deben poder implantar mecanismos para comprobar que el usuario final sigue interesado en mantener la disponibilidad del número.

ê 2002/22/CE considerando 4 (adaptado)

(203)Garantizar el servicio universal (es decir, la prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible) puede implicar la prestación de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran de los resultantes de unas condiciones de mercado normales. No obstante, lLa compensación a las empresas encargadas de facilitar Ö que prestan Õ dichos servicios en dichas condiciones no tiene por qué dar lugar a una distorsión de la competencia, siempre que se compense a dichas empresas por los costes netos específicos en que se incurra y la carga en términos de costes netos se recupere de modo neutral desde el punto de vista de la competencia.

ò nuevo

(204)Con objeto de evaluar la necesidad de medidas de asequibilidad, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder supervisar la evolución y los detalles de las ofertas de opciones tarifarias o paquetes para los usuarios finales con rentas bajas o necesidades sociales especiales.

(205)Cuando las medidas adicionales a las opciones tarifarias básicas o los paquetes propuestos por las empresas resulten insuficientes para garantizar la asequibilidad a los usuarios finales con rentas bajas o necesidades especiales, una ayuda directa, como por ejemplo cheques para estos usuarios finales, puede resultar una alternativa adecuada teniendo en cuenta la necesidad de minimizar el falseamiento del mercado.

ê 2009/136/CE considerando 9 (adaptado)

ð nuevo

(206)Los Estados miembros deben introducir medidas para fomentar la creación de un mercado amplio de productos y servicios disponibles Ö asequibles Õ que incorporen facilidades para los usuarios finales con discapacidad Ö , incluidos los equipos con tecnologías asistenciales Õ . Esto puede lograrse, por ejemplo, haciendo referencia a las normas europeas, Ö o Õ mediante la introducción de requisitos de acceso electrónico Ö de conformidad con la Directiva xxx/YYYY/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 71  Õ en los procedimientos de contratación pública y licitaciones relativos a la prestación de servicios, así como aplicando la legislación que confirme los derechos de los usuarios finales con discapacidad. ð Los Estados miembros deben definir unas medidas adecuadas, según las circunstancias nacionales, que ofrezcan flexibilidad para que los Estados miembros tomen medidas específicas, por ejemplo si el mercado no entrega productos y servicios asequibles que incorporen facilidades para los usuarios finales con discapacidad en condiciones económicas normales. ï 

ò nuevo

(207)Para las comunicaciones de datos a velocidades suficientes para permitir un acceso funcional a Internet, se dispone casi universalmente de conexiones de línea fija que utilizan la mayoría de los ciudadanos en toda la Unión. La cobertura y disponibilidad de la banda ancha fija estándar en la Unión alcanzaba en 2015 el 97 % de los hogares, con un porcentaje medio de asimilación del 72 %, y los servicios basados en tecnologías inalámbricas tienen una difusión incluso mayor. Sin embargo, existen diferencias entre los Estados miembros en lo relativo a la disponibilidad y asequibilidad de la banda ancha fija en las zonas urbanas y rurales.

(208)El mercado desempeña un papel destacado a la hora de garantizar la disponibilidad del acceso a Internet de banda ancha con una capacidad en constante aumento. En los ámbitos en los que el mercado no basta, otros instrumentos de política pública para favorecer la disponibilidad de conexiones de acceso funcional a Internet parecen, en principio, más rentables y menos proclives a falsear el mercado que las obligaciones de servicio universal, por ejemplo el recurso a instrumentos financieros como los disponibles en virtud del FEIE y del Mecanismo «Conectar Europa», el uso de financiación pública con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la asociación a los derechos de uso del espectro radioeléctrico de obligaciones de cobertura encaminadas a favorecer el despliegue de redes de banda ancha en las zonas menos densamente pobladas y la inversión pública respetuosa de la normativa sobre ayudas estatales de la Unión.

ê 2009/136/CE considerando 4

ð nuevo

(209)Una exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red pública de comunicaciones desde una ubicación fija y a un precio asequible. ð En caso de que la debida evaluación muestre, habida cuenta de los resultados del estudio geográfico sobre el despliegue de redes llevado a cabo por la autoridad nacional de reglamentación, que es probable que ni el mercado ni los mecanismos de intervención pública ofrezcan a los usuarios finales en determinadas zonas una conexión capaz de entregar el servicio de acceso funcional a Internet según lo definan los Estados miembros de conformidad con el artículo 79, apartado 2, y los servicios de comunicaciones vocales en una ubicación fija, el Estado miembro debe tener la posibilidad, con carácter excepcional, de designar a diferentes empresas o grupos de empresas para que presten estos servicios en las diferentes partes pertinentes del territorio nacional. ï Esta exigencia se refiere a la prestación de servicios de llamadas telefónicas locales, nacionales e internacionales, así como de comunicaciones de fax y datos, que los Estados miembros pueden limitar ð Los Estados miembros pueden restringir las obligaciones de servicio universal encaminadas a favorecer la disponibilidad del servicio de acceso funcional a Internet ï a la residencia o ubicación principal del usuario final. No deben imponerse restricciones en cuanto a los medios técnicos utilizados para dichas prestaciones ð prestar servicios de acceso funcional a Internet y de comunicaciones vocales en una ubicación fija ï , de modo que pueda recurrirse tanto a las tecnologías por cable como a las tecnologías inalámbricas, ni por lo que se refiere a los operadores designados para cumplir la totalidad o parte de las obligaciones de servicio universal.

ê 2009/136/CE considerando 16

(210)De conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros decidir, sobre la base de criterios objetivos, qué empresas designa como proveedoras de servicio universal, si procede, teniendo en cuenta la capacidad y la voluntad de las empresas de aceptar total o parcialmente dichas obligaciones. Ello no obsta para la posible inclusión en el proceso de designación por parte de los Estados miembros de condiciones específicas en aras de una mayor eficiencia que incluyan, entre otras, la agrupación de zonas geográficas o componentes o el establecimiento de un período mínimo de designación.

ò nuevo

(211)Los costes que lleva aparejados garantizar la disponibilidad de una conexión capaz de suministrar servicio de acceso funcional a Internet con arreglo al artículo 79, apartado 2, y servicio de comunicaciones vocales en una ubicación fija a un precio asequible dentro de las obligaciones de servicio universal deben calcularse, en particular, evaluando la carga financiera esperada para las empresas y los usuarios en el sector de las comunicaciones electrónicas.

(212)Es probable que los requisitos a priori para garantizar la cobertura territorial nacional impuestos en el procedimiento de designación excluyan o disuadan a algunas empresas de solicitar su designación como proveedoras del servicio universal. La designación de los proveedores con obligaciones de servicio universal por un período excesivo o indefinido pueden también dar lugar a la exclusión a priori de determinadas empresas.

ê 2002/22/CE considerando 9

Las disposiciones de la presente Directiva no impiden que los Estados miembros designen diferentes empresas para la prestación de los elementos de servicio y red del servicio universal. Las empresas designadas para proveer elementos de la red podrán estar obligadas a garantizar que dicha construcción y mantenimiento, en la medida en que sean necesarios y proporcionados, respondan a todas las solicitudes razonables de conexión desde una ubicación fija a la red telefónica pública y de acceso a los servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija.

ê 2002/22/CE considerando 11 (adaptado)

Las guías telefónicas y los servicios de información sobre números de abonados constituyen herramientas esenciales para el acceso a los servicios telefónicos disponibles al público y forman parte de la obligación de servicio universal. Los usuarios y los consumidores desean que las guías y el servicio de información sobre números de abonados cubran a todos los abonados al teléfono inscritos en las listas y sus números (incluidos los números de teléfonos fijos y móviles) y que esta información se presente de manera no preferencial. La Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones 72 protege el derecho de los abonados a la intimidad en lo que respecta a la inclusión de información personal en las guías disponibles al público.

ê 2002/22/CE considerando 12 (adaptado)

Es importante que se ofrezca a los ciudadanos una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y también lo es que los usuarios puedan utilizar los números de urgencia, y en particular el número único europeo de urgencia («112»), gratuitamente desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin necesidad de utilizar medios de pago. La falta de información sobre la existencia del número «112» priva a los ciudadanos de la seguridad adicional a nivel europeo que dicho número proporciona, principalmente en sus desplazamientos a otros Estados miembros.

ê 2002/22/CE considerando 13

Los Estados miembros han de tomar las medidas adecuadas para garantizar a los usuarios con discapacidad o con necesidades sociales especiales el acceso y la asequibilidad de todos los servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija. Dichas medidas específicas podrían incluir, por ejemplo, el acceso a teléfonos públicos asequibles, a teléfonos de texto públicos o medidas similares para las personas sordas o con dificultades de locución, la prestación gratuita del servicio de información sobre números de abonados o de medidas similares a las personas ciegas o con dificultades de visión o el envío a estas personas de una facturación detallada en formatos alternativos, cuando así lo soliciten. Podría ser asimismo necesaria la adopción de medidas específicas para que los usuarios con discapacidad o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a los servicios de urgencia (112) y disfruten de la misma posibilidad de elección entre distintos operadores o prestadores de servicios que los demás consumidores. Se han desarrollado unas normas de calidad de los servicios en relación con una serie de parámetros para evaluar la calidad de los servicios recibidos por los abonados y el grado de cumplimiento de estas normas por las empresas designadas con obligaciones de servicio universal. Aún no existen normas de calidad de los servicios por lo que se refiere a los usuarios con discapacidad. Deben desarrollarse normas de rendimiento y parámetros pertinentes para usuarios con discapacidad, y están previstos en el artículo 11 de la presente Directiva; asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para pedir la publicación de datos relativos al grado de calidad de los servicios cuando se hayan desarrollado estos parámetros y normas. El prestador del servicio universal no debe adoptar medidas que impidan a los usuarios el pleno disfrute de los servicios ofrecidos por otros operadores o prestadores de servicios distintos, en combinación con los servicios que él mismo ofrece como parte del servicio universal.

ê 2002/22/CE considerando 14

El acceso a la red telefónica pública desde una ubicación fija y su utilización son de una importancia tal que deben ponerse a disposición de cualquiera que razonablemente lo solicite. De conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros decidir, sobre la base de criterios objetivos, qué empresas tienen obligaciones de servicio universal a los efectos de la presente Directiva, si procede, teniendo en cuenta la capacidad y la voluntad de las empresas de aceptar total o parcialmente dichas obligaciones. Es importante que el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal se efectúe de la manera más eficaz, a fin de que los usuarios paguen, por lo general, unos precios correspondientes a una prestación rentable. Asimismo, es importante que los operadores de servicio universal conserven la integridad de la red y mantengan la continuidad y la calidad del servicio. El desarrollo de la competencia y el aumento de la libertad de elección incrementan las posibilidades de que las obligaciones de servicio universal sean asumidas, total o parcialmente, por empresas distintas de las que poseen un peso significativo en el mercado. Por lo tanto, las obligaciones de servicio universal podrían asignarse, en algunos casos, a los operadores que den prueba de utilizar los medios más rentables para suministrar acceso y prestar servicios, incluso mediante procedimientos comparativos de selección o licitaciones. Entre las condiciones que figuran en las autorizaciones para prestar servicios disponibles al público podrían incluirse obligaciones en este sentido.

ê 2009/136/CE considerando 10 (adaptado)

(213)Cuando una empresa designada para prestar un servicio universal Ö garantizar la disponibilidad en una ubicación fija de los servicios de acceso funcional a Internet o de comunicaciones vocales Õ , conforme al artículo 81 4 de Ö la presente Õ Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre servicio universal), opte por entregar una parte sustancial, desde el punto de vista de su obligación de servicio universal, o la totalidad de sus activos de red de acceso local en el territorio nacional a una entidad jurídica independiente perteneciente a un propietario definitivo diferente, la autoridad nacional de reglamentación debe evaluar los efectos de la transacción con el fin de garantizar la continuidad de las obligaciones de servicio universal en todo el territorio nacional o en partes del mismo. A este fin, la empresa debe informar por adelantado de la entrega a la autoridad nacional de reglamentación que impuso las obligaciones de servicio universal. La evaluación de la autoridad nacional de reglamentación debe entenderse sin perjuicio de la realización de la transacción.

ò nuevo

(214)Con el fin de ofrecer estabilidad y apoyar una transición gradual, los Estados miembros deben poder seguir garantizando la prestación en su territorio de servicios universales, distintos de los servicios de acceso funcional a Internet y de comunicaciones vocales en una ubicación fija, incluidos en el ámbito de sus obligaciones universales sobre la base de la Directiva 2002/22/CE en el momento de entrada en vigor de la presente Directiva, siempre que no se disponga de los servicios, o de servicios comparables, en circunstancias comerciales normales. Permitir la continuación de la oferta de teléfonos públicos de pago, guías telefónicas y servicios de información sobre números de abonados en régimen de servicio universal, en la medida en que se siga pudiendo demostrar su necesidad, daría a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para tener debidamente en cuenta las diferentes circunstancias nacionales. Sin embargo, la financiación de estos servicios debe efectuarse a través de fondos públicos, lo mismo que las demás obligaciones de servicio universal.

ê 2002/22/CE considerando 15

ð nuevo

(215)Los Estados miembros han de supervisar la situación de los consumidores ð usuarios finales ï por lo que se refiere a la utilización que hacen ð de los servicios de acceso funcional a Internet y de comunicaciones vocales ï de los servicios telefónicos disponibles al público, y, en particular, a la asequibilidad de tales servicios. La asequibilidad de ð los servicios de acceso funcional a Internet y de comunicaciones vocales ï del servicio telefónico está relacionada con la información que reciben los usuarios sobre los gastos de uso de teléfono y con el coste de este ð relativo del uso ï en relación con otros servicios, así como también lo está con la capacidad de los usuarios para controlar sus propios gastos. Por consiguiente, la asequibilidad pasa por el otorgamiento de determinadas facultades a los consumidores, a través de la imposición de obligaciones a las empresas designadas para la prestación del servicio universal. Entre dichas obligaciones cabe mencionar la presentación de facturas con un nivel de desglose determinado, la posibilidad de que los consumidores bloqueen de manera selectiva determinadas llamadas (como las llamadas más costosas a servicios de tarifa superior) o controlen su propio gasto a través de instrumentos de prepago y la posibilidad de escalonar los gastos de conexión iniciales. Existe la posibilidad de que estas medidas hayan de ser revisadas o modificadas a la luz de la evolución del mercado. Las condiciones vigentes no imponen a los operadores con obligaciones de servicio universal la exigencia de prevenir a los abonados cuando estos superan un nivel máximo de gastos previamente establecido o cuando se produce una pauta de llamadas anómala. En la revisión futura de las disposiciones legales pertinentes debe tenerse en cuenta la posible necesidad de alertar a los abonados en tales circunstancias.

ê 2002/22/CE considerando 16 (adaptado)

ð nuevo

(216)Salvo en casos reiterados de retraso en los pagos o de impago de facturas, los consumidores ð con derecho a tarifas asequibles ï deben estar protegidos de la desconexión inmediata de la red por impago de una factura y, en particular cuando se produzcan litigios derivados de facturas elevadas por servicios de tarifas superiores, deben seguir disfrutando del acceso a los servicios telefónicos Ö de comunicaciones vocales Õ esenciales mientras se resuelva la situación. Los Estados miembros podrán decidir que dicho acceso sólo pueda mantenerse a condición de que el abonado siga pagando cuotas de alquiler de la línea.

ê 2002/22/CE considerando 17

La calidad y el precio son factores clave en un mercado competitivo y es necesario que las autoridades nacionales de reglamentación puedan controlar el nivel de calidad del servicio de las empresas que hayan sido designadas para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal. En relación con la calidad de los servicios prestados por dichas empresas, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para adoptar las medidas adecuadas cuando lo consideren necesario. Las autoridades nacionales de reglamentación también han de estar facultadas para controlar la calidad de los servicios prestados por otras empresas que ofrecen a los usuarios redes telefónicas públicas y/o servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija.

ò nuevo

(217)Cuando de la prestación de servicios de acceso funcional a Internet y de comunicaciones vocales o de la prestación de otros servicios universales de conformidad con el artículo 85 se derive una carga injusta para una empresa, teniendo debidamente en cuenta los costes y los ingresos, así como los beneficios intangibles derivados de la prestación de los servicios en cuestión, esta carga injusta puede incluirse en el cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal.

ê 2002/22/CE considerando 18 (adaptado)

(218)Si fuera necesario, los Estados miembros deben establecer mecanismos que permitan la financiación del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal en los casos en que quede demostrado que dichas obligaciones sólo pueden cumplirse con pérdidas o a un coste neto no conforme a las prácticas comerciales normales. Es importante garantizar que el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal sea objeto de un cálculo adecuado y que cualquier financiación al respecto se efectúe causando la menor distorsión posible al mercado y a las empresas, y resulte compatible con lo dispuesto en los artículos 87 Ö 107 Õ y 88 108 del Tratado Ö de Funcionamiento de la Unión Europea Õ .

ê 2002/22/CE considerando 19

(219)Todo cálculo del coste neto del servicio universal ha de tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como los beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero no debe obstaculizar el objetivo general de garantizar que las estructuras tarifarias reflejen los costes. Todos los costes netos de las obligaciones de servicio universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes.

ê 2002/22/CE considerando 20

(220)Tener en cuenta los beneficios intangibles significa que, para determinar los costes globales, del coste neto directo derivado de las obligaciones de servicio universal debe deducirse un cálculo estimado en términos monetarios de los beneficios indirectos que una empresa obtiene en virtud de su condición de proveedor de servicio universal.

ê 2002/22/CE considerando 21

ð nuevo

(221)Cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para una empresa, conviene permitir que los Estados miembros establezcan mecanismos de recuperación eficaz de los costes netos. ð Los costes netos derivados de las obligaciones de servicio universal deben recuperarse a través de fondos públicos. El acceso funcional a Internet aporta beneficios no solo para el sector de las comunicaciones electrónicas, sino para el conjunto de la economía en línea y para toda la sociedad. Proporcionar una conexión de banda ancha que soporte velocidades de banda ancha a un mayor número de usuarios finales les permite utilizar los servicios en línea y, por ende, participar activamente en la sociedad digital. Garantizar dichas conexiones sobre la base de obligaciones de servicio universal sirve al interés general al menos tanto como a los intereses de los proveedores de comunicaciones electrónicas. Por consiguiente, los Estados miembros deben compensar los costes netos de estas conexiones que soportan velocidades de banda ancha dentro del servicio universal utilizando fondos públicos, entendiéndose incluidos los fondos procedentes de los presupuestos generales del Estado. ï La recuperación con cargo a fondos públicos de los Estados miembros constituye uno de los métodos de recuperación de los costes netos que se derivan de las obligaciones de servicio universal. También parece razonable que la recuperación de los costes netos establecidos se haga de manera transparente mediante la contribución de todos los usuarios a través de exacciones recaudadas a las empresas. Los Estados miembros deben poder financiar los costes netos de distintos elementos del servicio universal por diferentes mecanismos o financiar los costes netos de alguno o de todos los elementos por cualquiera de los mecanismos, o combinar ambas posibilidades. En caso de recuperación de costes mediante exacciones aplicadas a las empresas, los Estados miembros deben velar por que el método de reparto de las exacciones se base en criterios objetivos y no discriminatorios, y respete el principio de proporcionalidad. Este principio no impide que los Estados miembros establezcan una exención para las nuevas empresas que no tengan aún una presencia significativa en el mercado. Los mecanismos de financiación que se adopten deben velar por que los participantes en el mercado contribuyan exclusivamente a financiar las obligaciones de servicio universal, y no otras actividades no vinculadas directamente con el cumplimiento de dichas obligaciones. En todos los casos, los mecanismos de recuperación deben respetar los principios del Derecho comunitario. En particular, cuando se trate de mecanismos de reparto a través de un fondo, deben respetarse asimismo los principios de no discriminación y proporcionalidad. Todo mecanismo de financiación debe evitar que los usuarios de un Estado miembro contribuyan a la recuperación de los costes de servicio universal en otros Estados miembros, por ejemplo cuando efectúen llamadas de un Estado miembro a otro.

ê 2002/22/CE considerando 22

Si un Estado miembro decidiese financiar el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal con cargo a fondos públicos, debe entenderse que dichos fondos están compuestos por fondos procedentes de los presupuestos generales, incluidas otras fuentes de financiación pública, como las loterías del Estado.

ê 2002/22/CE considerando 23

El coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal podrá repartirse entre todas o determinadas categorías específicas de empresas. Los Estados miembros deben velar por que el mecanismo de reparto respete los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad. La distorsión mínima del mercado implica que las contribuciones deben recaudarse de modo que se reduzca al mínimo posible la repercusión de las cargas financieras en los usuarios finales, por ejemplo repartiendo las contribuciones sobre una base lo más amplia posible.

ê 2002/22/CE considerando 24 (adaptado)

ð nuevo

(222)Las autoridades nacionales de reglamentación deben comprobar que lLas empresas que se beneficien de una financiación del servicio universal presentan Ö deben presentar a las autoridades nacionales de reglamentación Õ, con suficiente nivel de detalle, los elementos específicos que requieren financiación con el objeto de justificar su solicitud. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión sus sistemas de cálculo de costes y de financiación de las obligaciones de servicio universal, de modo que esta pueda verificar su compatibilidad con el Tratado. Habida cuenta de que los operadores designados pueden tener interés en sobrestimar el coste neto de las obligaciones de servicio universal, lLos Estados miembros han de velar por que se mantengan la transparencia y el control reales de los importes imputados a la financiación de dichas obligaciones. ð El cálculo de los costes netos de la prestación del servicio universal deben basarse en una metodología objetiva y transparente para garantizar la mejor relación coste-eficacia en la prestación del servicio universal y promover unas condiciones de igualdad entre los operadores del mercado. Dar a conocer por adelantado la metodología que se va a utilizar para calcular los costes netos de cada elemento del servicio universal antes de aplicar el cálculo podría contribuir a lograr una mayor transparencia. ï 

ê 2002/22/CE considerando 25

Los mercados de las comunicaciones no dejan de evolucionar en términos de servicios utilizados y medios técnicos empleados para prestar tales servicios a los usuarios. Las obligaciones de servicio universal, que son definidas a escala comunitaria, deben ser objeto de una revisión periódica, a fin de proponer la modificación o redefinición de su alcance. En dicha revisión debe tenerse en cuenta la evolución de las condiciones sociales, comerciales y tecnológicas, junto con el hecho de que cualquier modificación del alcance de las obligaciones estará condicionada a la prueba de que los servicios pasarán a estar disponibles para la gran mayoría de la población, con el riesgo consiguiente de exclusión social para quienes no pueden costeárselos. Es preciso velar por que la modificación del alcance de las obligaciones de servicio universal no fomente artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras, ni imponga una carga financiera desproporcionada a las empresas del sector (haciendo peligrar con ello el desarrollo del mercado y la innovación) o repercuta injustamente la carga de la financiación en los consumidores con rentas bajas. Cualquier modificación del alcance de las obligaciones de servicio universal implica de manera automática que los costes netos que se deriven puedan financiarse a través de los métodos que contempla la presente Directiva. Los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Cada Estado miembro es libre de imponer medidas especiales (ajenas al alcance de las obligaciones de servicio universal) y de financiarlas de conformidad con el Derecho comunitario, si bien no puede hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.

ê 2002/22/CE considerando 26

La intensificación de la competencia en todos los mercados de acceso y de servicios ampliará la libertad de elección de los usuarios. Los niveles efectivos de competencia y libertad de elección varían tanto en la Comunidad como dentro de cada Estado miembro, ya sea en función de las áreas geográficas o de los distintos mercados de acceso y servicios. Algunos usuarios pueden depender por completo de una empresa con un peso significativo en el mercado para el suministro de acceso y la prestación de servicios. Por lo general es importante, en aras de la eficacia y a fin de fomentar una competencia real, que los servicios prestados por una empresa con un peso significativo en el mercado reflejen los costes. Por otra parte, existen razones de eficacia y de índole social que aconsejan que las tarifas aplicadas a los usuarios finales reflejen la situación tanto de la demanda como de los costes, siempre que ello no implique un falseamiento de la competencia. Existe el riesgo de que una empresa con un peso significativo en el mercado se sirva de distintos medios para impedir el acceso o para falsear la competencia, por ejemplo aplicando precios excesivos o abusivos, imponiendo la agrupación de los servicios al público o favoreciendo de manera injustificada a algunos clientes. En consecuencia, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para imponer, como último recurso y tras la debida consideración, la regulación de las tarifas al público de una empresa con un peso significativo en el mercado. Podrá recurrirse a instrumentos de limitación de precios, equiparación geográfica u otros similares, así como a medidas no regulatorias, como comparaciones públicas de tarifas al público, para lograr el doble objetivo de fomento de una competencia efectiva y defensa del interés público, a través, por ejemplo, del mantenimiento de la asequibilidad de los servicios telefónicos disponibles al público para determinados consumidores. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener acceso a las informaciones pertinentes en materia de contabilidad de costes, al objeto de ejercer sus competencias reglamentarias en este ámbito, por ejemplo mediante el establecimiento de controles tarifarios. No obstante, los controles de regulación de los servicios al público sólo deben imponerse cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren que las medidas aplicadas al mercado al por mayor relativas a la selección o preselección de operadores no harían posible alcanzar el objetivo de garantizar la competencia eficaz y el interés público.

ê 2002/22/CE considerando 27

Cuando una autoridad nacional de reglamentación obligue a aplicar un sistema de contabilidad de costes a fin de apoyar controles de precios, podrá realizar ella misma una auditoría anual para garantizar la observancia de dicho sistema de contabilidad de costes, siempre y cuando disponga del personal cualificado necesario, o podrá exigir que dicha auditoría la lleve a cabo otro organismo habilitado, independiente del operador de que se trate.

ê 2002/22/CE considerando 29

Las autoridades nacionales de reglamentación también pueden, teniendo en cuenta un análisis del mercado pertinente, exigir a operadores de redes móviles con un poder de mercado significativo que permitan a sus abonados el acceso a cualquier proveedor interconectado de servicios de telefonía disponibles al público, ya sea llamada a llamada o por preselección.

ò nuevo

(223)Con el fin de apoyar eficazmente la libre circulación de bienes, servicios y personas en el interior de la Unión, debe ser posible utilizar determinados recursos de numeración nacionales, en particular determinados números no geográficos, de forma extraterritorial, es decir, fuera del territorio del Estado miembro que los asigna y en todo el territorio de la Unión. Teniendo en cuenta el considerable riesgo de fraude en relación con las comunicaciones interpersonales, tal uso extraterritorial debe autorizarse para los servicios de comunicaciones electrónicas exceptuados los servicios de comunicaciones interpersonales. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar que la legislación nacional pertinente, en particular la normativa sobre protección de los consumidores y otras normas relacionadas con la utilización de números, se aplica con independencia del Estado miembro en el que se hayan concedido los derechos de uso de los números. Esto debe implicar que las autoridades nacionales de reglamentación y demás autoridades competentes de los Estados miembros en los que se utiliza un número sean competentes para aplicar su legislación nacional a la empresa a la que se ha asignado el número. Además, las autoridades nacionales de reglamentación de dichos Estados miembros deben tener la posibilidad de solicitar la asistencia de la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación del número para ayudarles a garantizar el respeto de las normas aplicables en los Estados miembros en que se utiliza el número. Dicha asistencia debe incluir sanciones disuasorias, en particular, en caso de incumplimiento grave, la retirada del derecho de uso extraterritorial de los números asignados a la empresa de que se trate. Los requisitos sobre el uso extraterritorial deben entenderse sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para bloquear, caso por caso, el acceso a números o servicios cuando se justifique por motivos de fraude o uso indebido. El uso extraterritorial de números debe entenderse sin perjuicio de la normativa de la Unión sobre la prestación de servicios de itinerancia, incluida la encaminada a prevenir un uso anómalo o abusivo de los servicios de itinerancia sometidos a regulación de los precios al por menor y que se benefician de tarifas de itinerancia al por mayor reguladas. Los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de celebrar acuerdos específicos con terceros países sobre el uso extraterritorial de los recursos de numeración.

(224)Los Estados miembros deben promover el aprovisionamiento inalámbrico (OTAP) de recursos de numeración para facilitar el cambio de proveedores de comunicaciones electrónicas. El aprovisionamiento inalámbrico de recursos de numeración permite la reprogramación de los identificadores de los equipos de telecomunicaciones sin acceso físico a los dispositivos en cuestión. Este aspecto es especialmente relevante para los servicios máquina a máquina, es decir, servicios que impliquen una transferencia automatizada de datos e información entre dispositivos o aplicaciones de software con escasa o nula interacción humana. Los proveedores de tales servicios máquina a máquina podrían no disponer de acceso físico a sus dispositivos debido a su uso a distancia, al elevado número de dispositivos desplegados o a sus pautas de utilización. Ante la aparición de un mercado máquina a máquina y de nuevas tecnologías, los Estados miembros deben esforzarse en garantizar la neutralidad tecnológica promoviendo el aprovisionamiento inalámbrico.

ê 2002/21/CE considerando 20 (adaptado)

ð nuevo

(225)Para que las empresas puedan competir en el sector de las comunicaciones electrónicas, resulta esencial que el acceso a los recursos de numeración se base en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. ð Los Estados miembros deben poder conceder derechos de uso de números a empresas que no sean suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en vista de la creciente importancia de los números para diversos servicios de la Internet de las Cosas. ï Todos los elementos de los planes nacionales de numeración deben ser gestionados por las autoridades nacionales de reglamentación, incluidos los códigos de punto utilizados en el direccionamiento de las redes. Cuando sea necesaria una armonización de los recursos de numeración en la Comunidad Ö Unión Õ para apoyar el desarrollo de los servicios paneuropeos ð o de los servicios transfronterizos, en particular los nuevos servicios de máquina a máquina tales como los vehículos conectados, y cuando no se pueda atender la demanda sobre la base de los recursos de numeración existentes ï , la Comisión podrá Ö puede Õ adoptar medidas técnicas de aplicación haciendo uso de sus competencias de ejecución ð con la asistencia del ORECE ï . Cuando resulte oportuno para garantizar la plena interoperabilidad de los servicios, los Estados miembros deben, de conformidad con el Tratado, coordinar sus posiciones nacionales en las organizaciones y foros internacionales en los que se adoptan decisiones referentes a la numeración. Las disposiciones de la presente Directiva no atribuyen a las autoridades nacionales de reglamentación ningún nuevo ámbito de competencia con respecto al sistema de nombres y direcciones de Internet.

(226)El requisito de publicar las decisiones sobre el otorgamiento de derechos de Ö de Õ uso de frecuencias o números podrá satisfacerse haciendo accesibles al público dichas decisiones en un sitio de Internet.

ê 2009/136/CE considerando 43 (adaptado)

ð nuevo

(227)Considerando los aspectos particulares relacionados con la notificación de la desaparición de niños perdidos y la disponibilidad actualmente limitada de ese servicio, los Estados miembros Ö deben mantener su compromiso de Õ no solo deben reservar un número a tal efecto, sino hacer todo lo posible para garantizar que esté realmente disponible en su territorio de manera inmediata un servicio ð que funcione correctamente ï para dar parte de la desaparición de niños en el número «116000». A tal fin, los Estados miembros deben, en su caso y entre otros procedimientos, organizar licitaciones para que las partes interesadas en prestar este servicio puedan manifestarse.

ê 2009/136/CE considerando 46 (adaptado)

ð nuevo

(228)Un mercado único implica que los usuarios finales pueden acceder a todos los números incluidos en los planes nacionales de numeración de otros Estados miembros, y acceder a los servicios utilizando números no geográficos Ö , incluidos los números de llamada gratuita y de tarificación adicional, Õ dentro de la Comunidad Ö Unión Õ, por ejemplo los servicios de llamada gratuita y los números de teléfono de tarificación adicional ð salvo cuando el usuario final que recibe la llamada haya decidido, por motivos comerciales, limitar el acceso desde determinadas zonas geográficas ï . Los usuarios finales deben también tener acceso a los números del Espacio Europeo de Numeración Telefónica (ETNS) y a los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita (UIFN). No debe impedirse el acceso transfronterizo a los recursos de numeración y a su servicio asociado, excepto en casos objetivamente justificados, tales como la lucha contra el fraude o los abusos (por ejemplo, en relación con determinados servicios de tarificación adicional), cuando el número se defina como de alcance exclusivamente nacional (por ejemplo, un código nacional abreviado), o cuando no sea viable desde el punto de vista técnico o económico. ð Las tarifas aplicadas a las partes que llamen desde fuera del Estado miembro de que se trate no tienen por qué coincidir con las aplicadas a las partes que llamen desde dentro de ese Estado miembro. ï Debe informarse de antemano a los usuarios de manera completa y clara de cualquier carga aplicable a los números de teléfono gratuitos, como las cuotas de las llamadas internacionales para los números accesibles a través de los códigos internacionales estándar.

ê 2002/22/CE considerando 38

ð nuevo

El acceso por parte de los usuarios finales a todos los recursos de numeración en la Comunidad es un requisito fundamental para un mercado único. Este acceso debe abarcar el servicio de llamada gratuita, las tarifas superiores y otros números no geográficos, excepto si el abonado llamado ha decidido, por motivos comerciales, limitar el acceso desde determinadas zonas geográficas. Las tarifas aplicadas a partes que llaman desde fuera del Estado miembro de que se trate no necesitan ser las mismas aplicadas a las partes que llaman desde dentro de dicho Estado miembro.

ò nuevo

(229)La realización del mercado único de las comunicaciones electrónicas exige la supresión de los obstáculos que dificultan a los usuarios finales el acceso transfronterizo a los servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público no deben denegar ni restringir el acceso a los usuarios finales ni discriminarlos por su nacionalidad o Estado miembro de residencia. Debe ser posible, no obstante, una diferenciación sobre la base de diferencias de costes y riesgos objetivamente justificables, que puede ir más allá de las medidas previstas en el Reglamento (UE) n.º 531/2012 en relación con el uso anómalo o abusivo de los servicios de itinerancia al por menor regulados.

(230)Las divergencias en la aplicación de la normativa sobre protección del usuario final han creado obstáculos significativos en el mercado interior, que afectan tanto a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas como a los usuarios finales. Conviene reducir estos obstáculos mediante la aplicación de las mismas normas que aseguran un elevado nivel común de protección en toda la Unión. Una armonización plena y calibrada de los derechos de los usuarios finales cubiertos por la presente Directiva debe aumentar considerablemente la seguridad jurídica, tanto para los usuarios finales como para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, y reducir considerablemente las barreras de entrada y la carga innecesaria que supone el cumplimiento de una normativa fragmentada. La armonización plena contribuye a superar las barreras al mercado único derivadas de tales disposiciones nacionales relativas al usuario final que, al mismo tiempo, protegen a los proveedores nacionales frente a la competencia de otros Estados miembros. A fin de conseguir un elevado nivel común de protección, es preciso reforzar razonablemente en la presente Directiva diversas disposiciones relativas a los usuarios finales a la luz de las mejores prácticas en los Estados miembros. La armonización plena de sus derechos refuerza la confianza de los usuarios finales en el mercado interior, ya que disfrutan de un nivel igualmente elevado de protección cuando utilizan los servicios de comunicaciones electrónicas no solo en su Estado miembro, sino también cuando viven, trabajan o viajan en los demás Estados miembros. Los Estados miembros deben mantener la posibilidad de contar con un nivel de protección de los usuarios finales más elevado cuando la presente Directiva prevea una excepción específica, así como de actuar en los ámbitos no cubiertos por la presente Directiva.

ê 2002/22/CE considerando 30 (adaptado)

(231)Los contratos constituyen un importante instrumento con el que cuentan los consumidores y los usuarios Ö finales Õ para garantizar un nivel mínimo de la transparencia de la información y de la seguridad jurídica. En un entorno competitivo, la mayoría de los prestadores de servicios celebran contratos con sus clientes por razones de conveniencia comercial. Además de las disposiciones de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios electrónicos Ö de comunicaciones electrónicas Õ los requisitos de la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 73 y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia 74  Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores 75 y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En concreto, los consumidores deben gozar de un mínimo de seguridad jurídica en sus relaciones contractuales con los prestadores directos de servicios telefónicos, garantizada por el hecho de que se especifiquen en el contrato las condiciones por las que se rige, la calidad del servicio, las modalidades de resolución del contrato y cese del servicio, así como las medidas de compensación y de resolución de litigios. Los contratos que celebren los consumidores con prestadores de servicios distintos de los anteriores deben contener la misma información. Las medidas que se adopten para mantener la transparencia de los precios, las tarifas y las condiciones por las que se rigen los contratos ayudarán a los consumidores a ejercer de la mejor manera su libertad de elección, sacando así un provecho pleno de la competencia.

ê 2009/136/CE considerando 21 (adaptado)

ð nuevo

(232)Las disposiciones sobre los contratos Ö de la presente Directiva Õ ð deben aplicarse con independencia del importe del eventual pago que deba realizar el consumidor. ï dDeben aplicarse no solo a los consumidores, sino también a otros usuarios finales, principalmente las microempresas y las pequeñas y medianas empresas(PYME) Ö según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, Õ que es posible que prefieran un contrato adaptado a las necesidades de los consumidores ð cuya posición negociadora es comparable a la de los consumidores y que, por lo tanto, deben beneficiarse del mismo nivel de protección ï. Con el fin de evitar cargas administrativas innecesarias para los prestadores de los servicios y la complejidad relacionada con la definición de las PYME, lLas disposiciones relativas a los contratos Ö , incluidas las contenidas en la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores Õ, no deben aplicarse automáticamente a Ö las empresas, Õ los demás usuarios finales, sino únicamente cuando lo soliciten ð a menos que prefieran negociar unas condiciones contractuales individualizadas con los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ï. ð En contraposición con las microempresas y las pequeñas empresas, las grandes empresas suelen disfrutar de un mayor poder de negociación y, en consecuencia, no dependen de los mismos requisitos de información contractual que los consumidores. Otras disposiciones, como la conservación del número, que son también importantes para las grandes empresas, deben seguir aplicándose a todos los usuarios finales. ï Los Estados miembros deben adoptar las medidas apropiadas para fomentar la sensibilización entre PYME acerca de esta posibilidad.

ò nuevo

(233)Las particularidades del sector de las comunicaciones electrónicas exigen, además de las normas contractuales horizontales, un número limitado de disposiciones adicionales de protección del usuario final. Los usuarios finales deben, entre otras cosas, ser informados acerca de los niveles de calidad del servicio ofrecidos, las condiciones de las promociones y la rescisión de los contratos, los planes de precios aplicables y las tarifas de los servicios sujetos a condiciones tarifarias específicas. Esta información es pertinente para la mayoría de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, pero no para los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números. Con el fin de permitir a los usuarios finales elegir con conocimiento de causa, es esencial que la información pertinente exigida se facilite con anterioridad a la celebración del contrato y en un lenguaje claro y comprensible. Por la misma razón, los proveedores deben presentar un resumen de las condiciones contractuales esenciales. Con el fin de facilitar la comparabilidad y reducir los costes de cumplimiento, el ORECE debe presentar un modelo para estos resúmenes de los contratos.

(234)Tras la adopción del Reglamento (UE) 2015/2120, quedaron obsoletas las disposiciones de la presente Directiva relativas a la información sobre las condiciones que limitan el acceso y/o la utilización de los servicios y las aplicaciones y las relativas a la configuración del tráfico, y deben derogarse.

ê 2009/136/CE considerando 24

ð nuevo

(235) En lo que respecta a los equipos terminales, el contrato del cliente debe especificar todas las restricciones impuestas por el proveedor al uso de los mismos, como, por ejemplo, mediante el bloqueo de la tarjeta SIM en los dispositivos móviles, si tales restricciones no estuvieran prohibidas por la normativa nacional, así como todos los gastos relacionados con la resolución del contrato, tanto en la fecha acordada como con anterioridad a la misma, incluidos todos los costes que se impongan para conservar el terminal. ð Los eventuales cargos debidos a la rescisión anticipada en relación con los equipos terminales y otras ventajas promocionales debe calcularse sobre la base de los métodos de depreciación habituales, y sobre una base pro rata temporis, respectivamente. ï 

ê 2009/136/CE considerando 25 (adaptado)

ð nuevo

(236)Sin Ö perjuicio de las obligaciones sustantivas del Õ que de ello se derive ninguna obligación para el proveedor ð relacionadas con la seguridad en virtud de la presente Directiva, ï de adoptar medidas de mayor alcance que los requisitos derivados del Derecho comunitario, el contrato del cliente debe especificar asimismo el tipo de actuación que, eventualmente, emprendería el proveedor en caso de incidentes, amenazas o vulnerabilidades relacionados con la seguridad o la integridad.

ê 2009/136/CE considerando 32 (adaptado)

ð nuevo

(237) La disponibilidad de información transparente, actualizada y comparable sobre ofertas y servicios es un elemento esencial para los consumidores en los mercados competitivos con varios proveedores de servicios. Los usuarios finales y los consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas deben poder comparar fácilmente los precios de los diferentes servicios ofrecidos en el mercado basándose en la información publicada en una forma fácilmente accesible. Para que los consumidores puedan comparar fácilmente los precios ð y servicios ï , las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir a las empresas que proporcionan servicios ð de comunicaciones electrónicas ï o redes de comunicacióones electrónicas ð distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números ï una mayor transparencia con respecto a la información (incluidas las tarifas, ð la calidad del servicio, las restricciones impuestas a los equipos terminales suministrados, ï pautas de consumo y demás estadísticas pertinentes). ð Cualquiera de estos requisitos debe tener debidamente en cuenta las características de estas redes o servicios. ï Ö También deben Õ y para garantizar a terceros el derecho a utilizar gratuitamente la información al público publicada por dichas empresas ð , con vistas a aportar herramientas de comparación ï. Asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben poner a disposición del público guías de precios, en particular, cuando no estén disponibles en el mercado de forma gratuita o a un precio razonable. Las empresas no deben poder percibir remuneración alguna por el uso de información que ya ha sido publicada y que es, por tanto, de dominio público. Además, antes de adquirir un servicio, los usuarios finales y los consumidores deben recibir información adecuada sobre el precio y el tipo de servicio ofrecido, en particular si un número de teléfono gratuito está sujeto a alguna carga adicional. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir que esta información se facilite de forma generalizada y, para determinadas categorías de servicios que ellas determinen, inmediatamente antes de que se efectúe la llamada, salvo que la legislación nacional disponga lo contrario. Para definir las categorías de llamadas que requieren información previa sobre los precios correspondientes, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener debidamente en cuenta la naturaleza del servicio, las condiciones de los precios aplicables y si el prestador del servicio no tiene la condición de prestador de servicios de comunicaciones electrónicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre comercio electrónico), las empresas deben también proporcionar a los abonados, si así lo exigen los Estados miembros, información de interés público ofrecida por las autoridades públicas competentes, entre otras cosas, las infracciones más comunes y sus consecuencias jurídicas.

ò nuevo

(238)A menudo los usuarios finales no son conscientes del coste de sus pautas de consumo o tienen dificultades para estimar su consumo de tiempo o datos al utilizar los servicios de comunicaciones electrónicas. A fin de aumentar la transparencia y permitir un mejor control de su presupuesto de comunicaciones, es importante proporcionar a los usuarios finales recursos que les permitan efectuar un seguimiento de su consumo en el momento oportuno.

(239)Las herramientas de comparación independientes, como sitios web, constituyen un medio eficaz para que los usuarios finales evalúen las ventajas de los distintos proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números, así como de obtener información imparcial, en particular mediante la comparación de precios, tarifas y parámetros de calidad en un solo lugar. Estas herramientas deben aspirar a ofrecer una información clara, concisa, completa y exhaustiva. Deben tener asimismo por objetivo incorporar el mayor abanico posible de ofertas, con el fin de presentar una panorámica representativa y abarcar una parte significativa del mercado. La información que ofrecen estas herramientas debe ser fiable, imparcial y transparente. Los usuarios finales deben estar informados de la disponibilidad de este tipo de herramientas. Los Estados miembros deben garantizar que los usuarios finales tengan acceso gratuito al menos a una de estas herramientas en sus respectivos territorios.

(240)Las herramientas de comparación independientes deben ser operativamente independientes de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Pueden ser gestionadas por empresas privadas, o por las autoridades competentes o en su nombre, pero siempre de conformidad con criterios de calidad especificados, que incluirán el requisito de proporcionar detalles sobre sus propietarios, facilitar información exacta y actualizada, indicar el momento de la última actualización, establecer unos criterios claros y objetivos en los que basar la comparación e incluir un amplio abanico de ofertas de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números, que abarque una parte significativa del mercado. Los Estados miembros deben poder determinar la frecuencia con la que las herramientas de comparación estarán obligados a revisar y actualizar la información que facilitan a los usuarios finales, teniendo en cuenta la frecuencia con la que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números suelen actualizar su información sobre tarifas y calidad. Si existe una sola herramienta en un Estado miembro y deja de operar o de cumplir los criterios de calidad, el Estado miembro debe garantizar que los usuarios finales dispongan de acceso a otra herramienta de comparación a nivel nacional dentro de un plazo razonable.

ê 2009/136/CE considerando 26 (adaptado)

ð nuevo

(241)Con el fin de abordar cuestiones de interés público relacionadas con la utilización de los servicios de comunicaciones ð electrónicas disponibles al público ï y fomentar la protección de los derechos y las libertades de terceras personas, las autoridades nacionales competentes deben estar facultadas para generar y obtener la difusión, con la ayuda de proveedores, de información de interés público relacionada con la utilización de tales servicios. Esto puede incluir información de interés público ð sobre las infracciones más comunes y sus consecuencias jurídicas, por ejemplo ï sobre la vulneración de los derechos de autor, otros usos ilícitos, la difusión de contenidos nocivos, y consejos y medios para protegerse contra los riesgos para la seguridad personal — que puede, por ejemplo, producirse como consecuencia de la revelación de información personal en determinadas circunstancias —, así como los riesgos para el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, y la disponibilidad de programas informáticos fáciles de utilizar y configurables o de opciones informáticas que permitan la protección de los niños o de las personas vulnerables. La información podría coordinarse mediante el procedimiento de cooperación establecido en el artículo 33, apartado 3, de la Ö presente Õ Directiva 2002/22/ CE (Directiva sobre servicio universal). Esta información de interés público debe actualizarse siempre que sea necesario y presentarse en formatos impresos y electrónicos fácilmente comprensibles, según decida cada uno de los Estados miembros, así como en las sedes electrónicas de las autoridades públicas nacionales. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder obligar a los proveedores a difundir esta información normalizada a todos sus clientes en la forma en que dichas autoridades estimen más conveniente. La información debe incluirse también en los contratos cuando así lo exijan los Estados miembros. ð No obstante, la difusión de tal información no debe imponer una carga excesiva a las empresas. Los Estados miembros deben solicitar esta difusión por los medios utilizados por las empresas en las comunicaciones con sus usuarios finales efectuadas en el desarrollo ordinario de su actividad. ï

ê 2009/136/CE considerando 31 (adaptado)

(242)En ausencia de normas de Derecho comunitario Ö de la Unión Õ en este ámbito, los contenidos, las aplicaciones y los servicios se considerarán lícitos o nocivos de conformidad con el Derecho nacional sustantivo y procesal. Corresponde a los Estados miembros, y no a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, decidir de conformidad con los procedimientos adecuados si los contenidos, las aplicaciones o los servicios son lícitos o nocivos. La Ö presente Õ Directiva marco y Ö la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad Õ las Directivas específicas se entienden sin perjuicio de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 76 , que contiene, entre otras cosas, una norma relativa a la «mera transmisión» para los intermediarios en la prestación de servicios, tal como se definen en la misma.

ê 2002/22/CE considerando 31 (adaptado)

ð nuevo

(243)Los usuarios finales deben tener acceso a la información relativa a los servicios de comunicaciones puesta a disposición del público. Los Estados miembros han de poder controlar la calidad de los servicios ofrecidos en su territorio. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen que estar capacitadas Ö deben estar facultadas para controlar la calidad de los servicios y Õ recopilar de forma sistemática datos relativos a la calidad de los servicios Ö , incluidos los relacionados con la prestación de servicios a los usuarios finales con discapacidad. Õ Ö Esta información debe recogerse Õ sobre la base de unos criterios que permitan la comparación entre diversos prestadores de servicios y entre Estados miembros distintos. Es muy probable que las empresas que presten servicios de comunicaciones Ö electrónicas Õ en un entorno competitivo pongan a disposición del público, por razones de conveniencia comercial, una información adecuada y actualizada sobre sus propios servicios. Sea como fuere, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para exigir la publicación de dicha información cuando quede demostrado que el público carece de un acceso efectivo a la misma. ð Las autoridades nacionales de reglamentación deben especificar también los métodos de medición que deberán aplicar los proveedores del servicios, con el fin de mejorar la comparabilidad de los datos facilitados. Con vistas a facilitar la comparabilidad en toda la Unión y reducir los costes de cumplimiento, el ORECE debe adoptar directrices sobre los parámetros de calidad del servicio pertinentes que las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta en la mayor medida posible. ï 

ê 2009/136/CE considerando 47 (adaptado)

ð nuevo

(244)Los consumidores deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y cambiar de proveedor cuando les interese Ö vaya en su mejor interés Õ , con el fin de beneficiarse plenamente del entorno competitivo. Es fundamental que puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas jurídicas, técnicas o prácticas, en particular condiciones contractuales, procedimientos, cuotas Ö etc. Õ y otros. Ello no es óbice para la imposición Ö especificación por parte de las empresas Õ de períodos mínimos de contratación razonables ð de hasta 24 meses ï en los contratos celebrados con los consumidores. ð No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar una duración máxima más corta a la luz de las condiciones nacionales, como los niveles de la competencia y la estabilidad de las inversiones en la red. Independientemente del contrato de servicios de comunicaciones electrónicas, los consumidores pueden preferir un período de reembolso más largo de las conexiones físicas, y beneficiarse de él. Tales compromisos de los consumidores pueden ser un factor importante a la hora de facilitar el despliegue de redes de conectividad de muy alta capacidad hasta los locales del usuario final o sus proximidades inmediatas, en particular mediante sistemas de agregación de la demanda que permitan a los inversores en redes reducir los riesgos iniciales de asimilación. Sin embargo, estos períodos de reembolso en los contratos sobre conexiones físicas no deben restringir el derecho de los consumidores a cambiar de proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas, según lo establecido en la presente Directiva. ï

La posibilidad de conservar el número es un factor clave que favorece las posibilidades de elección de los consumidores y la competencia efectiva en mercados competitivos de comunicaciones electrónicas, y debe implantarse lo antes posible de forma que el número vuelva a estar activo en el plazo de un día hábil y que el usuario no se quede sin servicio más de un día hábil. Las autoridades nacionales competentes podrán prescribir el proceso general de conservación de números, teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en materia de contratos y evolución tecnológica. La experiencia en algunos Estados miembros ha demostrado que existe el riesgo de transferencia de los consumidores a otro proveedor sin que hayan dado su consentimiento. Si bien se trata de un asunto que compete principalmente a las autoridades policiales, los Estados miembros deben poder imponer, en lo que se refiere al proceso de transferencia, las medidas proporcionadas mínimas necesarias para minimizar los riesgos y garantizar que los consumidores queden protegidos durante todo el proceso de transferencia, incluidas las sanciones pertinentes, sin restar por ello atractivo al proceso para los consumidores.

ò nuevo

(245)Los consumidores deben tener la posibilidad de rescindir su contrato sin coste también en caso de prórroga automática tras la expiración del plazo inicial del contrato.

(246)Debe considerarse que toda modificación de las condiciones contractuales impuesta por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números que vaya en detrimento del usuario final, por ejemplo en relación con los cargos, tarifas, limitaciones del volumen de datos, velocidades de datos, cobertura o tratamiento de datos personales, da origen al derecho del usuario final a rescindir el contrato sin coste alguno, incluso si está combinada con alguna modificación ventajosa.

(247)La posibilidad de cambiar de proveedor es un elemento clave para la competencia efectiva en un entorno competitivo. La disponibilidad de información transparente, exacta y oportuna sobre el cambio de proveedor debe aumentar la confianza de los usuarios finales al respecto y alentarles a comprometerse activamente en el proceso competitivo. Los proveedores de servicios deben velar por la continuidad del servicio de modo que los usuarios finales puedan cambiar de proveedor sin que se lo obstaculice el riesgo de pérdida del servicio.

ê 2002/22/CE considerando 40 (adaptado)

ð nuevo

(248)La conservación del número es un elemento clave para facilitar la libre elección del consumidor y el funcionamiento eficaz de la competencia en un entorno de telecomunicaciones competitivo ð los mercados de comunicaciones electrónicas competitivos. ï Por consiguiente, los usuarios finales que así lo soliciten han de poder conservar sus números en la red telefónica pública, con independencia de la entidad Ö empresa Õ que preste el servicio. El suministro de esta facilidad entre conexiones a la red telefónica pública a partir de ubicaciones fijas y no fijas no está contemplado en la presente Directiva. No obstante, los Estados miembros podrán aplicar disposiciones a la conservación de números entre redes que ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y en redes de telefonía móvil.

ê 2002/22/CE considerando 41

(249)La repercusión de la posibilidad de conservar el número se ve considerablemente aumentada cuando existe una información transparente sobre tarifas, tanto para los usuarios finales que conservan el número como para los usuarios finales que llaman a los que han conservado el número. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, siempre que sea factible, facilitar la transparencia de tarifas adecuada, como parte de la aplicación de la posibilidad de conservación del número.

ê 2002/22/CE considerando 42

(250)Al velar por que la interconexión para la conservación de los números sea objeto de una tarifación orientada en función de los costes, las autoridades nacionales de reglamentación también podrán tener en cuenta los precios existentes en mercados comparables.

ê 2009/136/CE considerando 47 (adaptado)

ð nuevo

(251) Los consumidores deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y cambiar de proveedor cuando les interese, con el fin de beneficiarse plenamente del entorno competitivo. Es fundamental que puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas jurídicas, técnicas o prácticas, en particular condiciones contractuales, procedimientos, cuotas y otros. Ello no es óbice para la imposición de períodos mínimos de contratación razonables en los contratos celebrados con los consumidores. La posibilidad de conservar el número es un factor clave que favorece las posibilidades de elección de los consumidores y la competencia efectiva en mercados competitivos de comunicaciones electrónicas, y debe implantarse lo antes posible de forma que el número vuelva a estar activo en el plazo de un día hábil y que el usuario no se quede sin servicio más de un día hábil. Ö A fin de hacer posible una ventanilla única que ofrezca a los usuarios finales una experiencia de cambio de proveedor sin discontinuidades, el proceso de transferencia debe dirigirlo el proveedor de comunicaciones electrónicas al público que reciba al cliente. Õ Las autoridades nacionales competentes ð de reglamentación ï podrán prescribir el proceso general de conservación de números, teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en materia de contratos y evolución tecnológica. La experiencia en algunos Estados miembros ha demostrado que existe el riesgo de transferencia de los consumidores a otro proveedor sin que hayan dado su consentimiento. Si bien se trata de un asunto que compete principalmente a las autoridades policiales, los Estados miembros deben poder imponer, en lo que se refiere al proceso de transferencia, las medidas proporcionadas mínimas necesarias para minimizar los riesgos y garantizar que los consumidores queden protegidos durante todo el proceso de transferencia, incluidas las sanciones pertinentes, sin restar por ello atractivo al proceso para los consumidores.

ò nuevo

(252)Los paquetes integrados por servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números y otros servicios como la radiodifusión lineal, o productos tales como dispositivos, se extienden cada vez más y constituyen un importante elemento de la competencia. Aun cuando a menudo aportan beneficios a los usuarios finales, también pueden hacer más difícil o costoso el cambio de proveedor y plantean riesgos de «cautividad» contractual. Cuando se aplican normas contractuales divergentes sobre la rescisión del contrato y el cambio de proveedor a los diferentes servicios, y a cualquier compromiso contractual relativo a la adquisición de los productos que forman parte de un paquete, los consumidores ven efectivamente mermados los derechos establecidos en la presente Directiva para cambiar a ofertas competitivas respecto a la totalidad del paquete o a partes del mismo. Las disposiciones de la presente Directiva en relación con los contratos, la transparencia, la duración y la rescisión del contrato y el cambio de proveedor deben, por lo tanto, aplicarse a todos los elementos de un paquete, salvo en la medida en que otras normas aplicables a los elementos del paquete distintos de las comunicaciones electrónicas resulten más favorables para el consumidor. Otras cuestiones contractuales, como las soluciones aplicables en caso de no conformidad con el contrato, deben regirse por la normativa aplicable a los elementos correspondientes del paquete, por ejemplo por las normas de los contratos de compraventa de bienes o de suministro de contenidos digitales. Por las mismas razones, los consumidores no deben quedar cautivos de un proveedor a través de una prórroga contractual de facto del período inicial del contrato.

ê 2009/136/CE considerando 23 (adaptado)

ð nuevo

(253)Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que ð interpersonales basadas en números ï permiten llamadas ð tienen la obligación de suministrar acceso a los servicios de emergencia a través de las comunicaciones de emergencia. ï ð En circunstancias excepcionales, a saber, en ausencia de viabilidad técnica, podrían no estar en condiciones de suministrar acceso a los servicios de emergencia o la localización del llamante. En tales casos, deben informar adecuadamente de ello a sus clientes en el contrato. ï deben velar por que sus clientes estén debidamente informados sobre si se facilita o no el acceso a los servicios de emergencia y de toda posible limitación en la utilización del servicio (tales como la limitación de la información sobre la ubicación de la persona que efectúa la llamada o el encaminamiento de las llamadas de emergencia). Dichos proveedores deben facilitar igualmente a sus clientes información clara y transparente en el contrato inicial y posteriormente ð actualizarla ï en caso de modificación de las disposiciones de acceso ð a los servicios de emergencia ï , por ejemplo, en Ö las facturas Õ la información sobre facturación. Esta información debe incluir las posibles restricciones de la cobertura territorial sobre la base de los parámetros técnicos de funcionamiento planificados para el servicio ð de comunicaciones ï y de la infraestructura disponible. Si el servicio no se presta por medio de una red telefónica conmutada ð conexión gestionada para proporcionar una calidad de servicio específica ï , la información debe incluir también el nivel de fiabilidad del acceso y de la información sobre la ubicación del llamante en comparación con un servicio prestado por medio de Ö tal Õ una red telefónica conmutada ð conexión ï , teniendo en cuenta la tecnología actual y las normas de calidad, así como cualquier parámetro de calidad del servicio especificado de acuerdo con la Ö presente Õ Directiva 2002/22/ CE (Directiva sobre servicio universal).

ê 2009/140/CE considerando 22 (adaptado)

(254)En consonancia con los objetivos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el marco regulador debe velar por que todos los usuarios, incluidos los usuarios finales con discapacidad, las personas de la tercera edad y los usuarios con necesidades sociales especiales, tengan fácil acceso a unos servicios asequibles y de alta calidad. La Declaración 22 aneja al Acta final de Ámsterdam prevé que las instituciones de la Comunidad Ö Unión Õ tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad al elaborar medidas con arreglo al artículo 95 del Tratado Ö 114 del TFUE Õ .

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(255)Los usuarios finales deben poder tener acceso a los servicios de emergencia a través de unas comunicaciones de emergencia gratuitas y sin tener que utilizar ningún medio de pago, desde cualquier dispositivo que soporte los servicios de comunicaciones interpersonales basados en números, incluso cuando utilicen servicios en itinerancia en un Estado miembro. Las comunicaciones de emergencia son medios de comunicación que incluyen no solo las comunicaciones vocales, sino también los SMS, mensajes, vídeos u otros tipos de comunicaciones que están habilitadas en un Estado miembro para acceder a los servicios de emergencia. La comunicación de emergencia puede ser activada en nombre de una persona por el sistema eCall integrado en los vehículos, tal como se define en el Reglamento 2015/758/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 77 .

(256)Los Estados miembros deben velar por que las empresas que prestan a los usuarios finales servicios de comunicaciones interpersonales basados en números faciliten un acceso fiable y preciso a los servicios de emergencia teniendo en cuenta los criterios y especificaciones nacionales. Cuando el servicio de comunicaciones interpersonales basado en números no se preste a través de una conexión que se gestiona para entregar una calidad del servicio especificada, es posible que el proveedor de servicios no pueda garantizar que las llamadas de emergencia efectuadas a través de su servicio se encaminen al PSAP más apropiado con la misma fiabilidad. En el caso de estas empresas independientes de la red, a saber, que no están integradas con un suministrador de redes públicas de comunicaciones, es posible que facilitar información sobre la localización del llamante no sea siempre técnicamente viable. Los Estados miembros deben velar por que se apliquen, tan pronto como sea posible, normas que garanticen la exactitud y fiabilidad del encaminamiento y de la conexión a los servicios de emergencia, a fin de permitir que los proveedores independientes de la red de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números cumplan las obligaciones relacionadas con el acceso a los servicios de emergencia y el suministro de información sobre la localización del llamante a un nivel comparable al que se exige a otros proveedores de tales servicios de comunicaciones.

ê 2002/22/CE considerando 36 (adaptado)

Es importante que los usuarios puedan utilizar de forma gratuita el número único europeo de urgencia «112», u otros números de urgencia nacionales, desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin necesidad de utilizar medios de pago. Los Estados miembros ya deben haber adoptado las medidas organizativas necesarias que mejor convengan para la estructuración de los dispositivos nacionales de urgencia, a fin de garantizar que las llamadas a este número obtengan una respuesta y un tratamiento adecuados. La transmisión a los servicios de emergencia, en la medida en que sea técnicamente posible, de información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas mejorará el nivel de protección y seguridad de los usuarios del número «112» y ayudará a estos servicios en su misión, siempre y cuando se garantice la transferencia de las llamadas y los datos correspondientes al servicio de que se trate. La recepción y uso de esta información debe ser conforme a la legislación comunitaria pertinente sobre el tratamiento de datos personales. Los progresos constantes de la tecnología de la información harán posible progresivamente el tratamiento simultáneo de varias lenguas en las redes a un coste razonable. Esta evolución ofrecerá a su vez una seguridad suplementaria a los ciudadanos europeos que utilicen el número de urgencia único

ê 2002/22/CE considerando 37 (adaptado)

La facilidad de acceso a los servicios telefónicos internacionales es indispensable para los ciudadanos y las empresas europeos. El número «00» ya ha sido adoptado como código comunitario de acceso a la red internacional. Es posible adoptar o mantener mecanismos específicos para efectuar llamadas entre lugares adyacentes situados a ambos lados de las fronteras entre Estados miembros. La UIT, de acuerdo con la Recomendación E.164, ha asignado el código «3883» al Espacio Europeo de Numeración Telefónica (ETNS). Para garantizar la conexión de las llamadas al ETNS las empresas operadoras de redes telefónicas públicas deben garantizar que las llamadas que utilicen el «3883» estén directa o indirectamente interconectadas a las redes de servicio del ETNS que se especifiquen en las normas del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) correspondientes. Estos mecanismos de interconexión deben regirse por las disposiciones de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) 78 .

ê 2009/136/CE considerando 41

(257) Los Estados miembros deben tomar medidas específicas para garantizar que los servicios de emergencia, incluido el «112», sean igualmente accesibles a los usuarios finales con discapacidad, en particular los usuarios sordos, con dificultades auditivas o de locución y los sordos invidentes. Estas medidas podrían consistir en el suministro de terminales especiales para usuarios con deficiencias auditivas, servicios de telefonía de texto, u otros equipos específicos.

ê 2009/136/CE considerando 39 (adaptado)

ð nuevo

(258)Los usuarios finales deben poder llamar y tener acceso a los servicios de emergencia proporcionados utilizando cualquier servicio telefónico capaz de efectuar llamadas vocales a través de uno o más números del plan nacional de numeración. Los Estados miembros que, además del «112», utilizan números de emergencia nacionales pueden imponer a las empresas obligaciones similares para el acceso a dichos números. Las autoridades receptoras de las llamadas de emergencia deben poder gestionar y contestar las llamadas al número «112» de una forma al menos tan diligente y eficaz como las llamadas a números de emergencia nacionales. Es importante sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia del «112» para mejorar su nivel de protección y seguridad al desplazarse por la Unión Europea. Con este fin, debe conseguirse que los ciudadanos sean plenamente conscientes cuando viajan a cualquier Estado miembro, en particular proporcionando información en las terminales de autobuses, las estaciones de tren, los puertos o los aeropuertos internacionales y en las guías telefónicas , las cabinas telefónicas, y el material facilitado a los abonados ð usuarios finales ï y la información sobre facturación, de que el «112» puede utilizarse como número de emergencia único en toda la Comunidad Ö Unión Õ . Esta responsabilidad incumbe ante todo a los Estados miembros; ahora bien, la Comisión debe seguir respaldando y complementando las iniciativas de los Estados miembros para promover el conocimiento del «112» y debe evaluar periódicamente su conocimiento entre el público. Conviene reforzar la obligación de facilitar información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas con el fin de aumentar la protección de los ciudadanos. En particular, las empresas deben poner a disposición de los servicios de emergencia la información sobre la ubicación de las personas que efectúan las llamadas tan pronto como la llamada llegue al servicio, independientemente de la tecnología utilizada. Para adaptarse a los progresos tecnológicos, incluidos los que permiten una precisión cada vez mayor de la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas, la Comisión debe poder adoptar medidas técnicas de ejecución para garantizar el acceso efectivo en la Comunidad a los servicios del «112» en beneficio de los ciudadanos. Dichas medidas deben entenderse sin perjuicio de la organización de los servicios de emergencia por parte de los Estados miembros.

ò nuevo

(259)La información sobre la localización del llamante refuerza el nivel de protección y seguridad de los usuarios finales y facilita a los servicios de emergencia el ejercicio de sus funciones, siempre que la transferencia a los servicios de emergencia correspondientes de la comunicación de emergencia y de los datos asociados esté garantizada por el sistema nacional de PSAP. La recepción y uso de esta información sobre la localización del llamante debe ajustarse a la legislación pertinente de la Unión sobre el tratamiento de datos personales. Las empresas que aportan la localización basándose en la red deben poner la información sobre la localización del llamante a disposición de los servicios de emergencia tan pronto como la llamada llegue a ese servicio, independientemente de la tecnología utilizada. No obstante, las tecnologías de localización basadas en el terminal se han demostrado bastante más exactas y rentables debido a la disponibilidad de datos facilitados por el sistema de satélite EGNOS y Galileo y otros sistemas mundiales de navegación por satélite y datos wifi. Por lo tanto, la información sobre la localización del llamante obtenida del terminal debe complementar la información de localización basada en la red, incluso en caso de que solo se disponga de ella después de establecida la comunicación de emergencia. Los Estados miembros deben garantizar que los PSAP sean capaces de recuperar y gestionar la información disponible sobre la localización del llamante. El establecimiento y la transmisión de dicha información deben ser gratuitos tanto para el usuario final como para la autoridad encargada de tramitar la comunicación de emergencia, independientemente de cuáles sean los medios de establecimiento (por ejemplo, mediante el terminal o la red) o de transmisión (por ejemplo, a través de un canal de voz, SMS o Protocolo de Internet).

(260)Con el fin de dar respuesta a la evolución de la tecnología relacionada con la información exacta sobre la localización del llamante, el acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y el encaminamiento de llamadas al PSAP más apropiado, la Comisión debe estar facultada para adoptar las medidas necesarias para garantizar la compatibilidad, interoperabilidad, calidad y continuidad de las comunicaciones de emergencia en la Unión. Dichas medidas podrán consistir en disposiciones funcionales que determinen el papel de las distintas partes en la cadena de comunicación, por ejemplo proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales, operadores de redes de comunicaciones electrónicas y PSAP, así como en disposiciones técnicas que definan los medios técnicos para cumplir las disposiciones funcionales. Dichas medidas deben entenderse sin perjuicio de la organización de los servicios de emergencia por parte de los Estados miembros.

ê 2009/136/CE considerando 36 (adaptado)

ð nuevo

(261)Para garantizar que los usuarios con discapacidad se benefician de la competencia y de la posibilidad de elección del proveedor de servicio al igual que la mayoría de los usuarios finales, las autoridades nacionales competentes deben precisar, cuando proceda y a la vista de las condiciones nacionales, los requisitos de protección de los consumidores ð para usuarios finales con discapacidad ï que deben cumplir las empresas que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Entre los citados requisitos pueden figurar, en particular, la obligación de las empresas de garantizar que los usuarios finales con discapacidad puedan beneficiarse de sus servicios en las mismas condiciones, incluso de precios, y tarifas ð y calidad ï , que los demás usuarios finales, y a cobrar precios equivalentes por sus servicios, independientemente de los costes adicionales que tuvieran que asumir Ö estas empresas Õ . También pueden figurar otros requisitos en relación con los acuerdos de comercio al por mayor entre empresas. ð A fin de evitar una carga excesiva a los proveedores de servicios, las autoridades nacionales de reglamentación deben verificar si los objetivos de acceso equivalente y posibilidad de elección se alcanzan realmente sin tales medidas. ï 

ò nuevo

(262)Además de las medidas sobre asequibilidad para los usuarios con discapacidad establecidas en la presente Directiva, la Directiva xxx/YYYY/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios, establece varios requisitos obligatorios para la armonización de una serie de características de accesibilidad para los usuarios con discapacidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y los equipos terminales de consumo asociados. Por lo tanto, la obligación correspondiente contenida en la presente Directiva que exigía a los Estados miembros que fomentasen la disponibilidad de equipos terminales para usuarios con discapacidad ha quedado obsoleta y debe derogarse.

ê 2002/22/CE considerando 35 (adaptado)

(263)Ö Se ha desarrollado una competencia efectiva en la Õ La prestación de servicios de información sobre números de abonados y de guías de abonados Ö en virtud, entre otras cosas, del artículo 5 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión 79  Õ. ya está abierta a la competencia. Las disposiciones de la presente Directiva completan las de la Directiva 97/66/CE, en la medida en que confiere a los abonados el derecho a que se introduzcan sus datos personales en una guía impresa o electrónica Ö A fin de mantener esta competencia efectiva, Õ tTodos los prestadores de servicios que asignen números de teléfono a sus abonados deben estar Ö usuarios finales deben seguir Õ obligados a facilitar la información pertinente en unas condiciones equitativas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias.

ò nuevo

(264)Los usuarios finales deben ser informados de su derecho a determinar si desean o no figurar en una guía. Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números deben respetar la decisión de los usuarios finales a la hora de entregar datos a los prestadores de servicios de guía. El artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE garantiza el derecho a la intimidad de los usuarios finales en lo que respecta a la inclusión de información personal suya en una guía pública.

ê 2002/22/CE considerando 32 (adaptado)

(265)Debe ofrecerse a los usuarios finales una garantía de interoperabilidad que abarque a todos los equipos comercializados en la Comunidad Ö Unión Õ para la recepción de programas de televisión digital. En relación con dichos equipos, los Estados miembros han de poder exigir el respeto de un mínimo de normas armonizadas que podrían ser adaptadas periódicamente al progreso técnico y a la evolución de los mercados.

ê 2002/22/CE considerando 33 (adaptado)

ð nuevo

(266)Es deseable permitir que los consumidores logren la conectividad más completa posible con aparatos de televisión digitales. La interoperabilidad es un concepto evolutivo en mercados dinámicos. Los organismos de normalización deben hacer todo lo posible para garantizar que las tecnologías de que se trate vayan acompañadas del desarrollo de normas adecuadas. Es igualmente importante garantizar que los aparatos de televisión ð digitales ï dispongan de conectores que puedan transferir todos los elementos necesarios de una señal digital, incluidos los flujos de audio y vídeo, la información sobre el acceso condicional, la información sobre el servicio, la información sobre el interfaz de programador de aplicaciones (API) y la información sobre la protección contra copias. Por lo tanto, la presente Directiva Ö debe Õ garantizar que las funcionalidades ð asociadas a los conectores y/o implementadas en ellos ï del interfaz abierto para aparatos digitales de televisión no se vea limitada Ö vean limitadas Õ por los operadores de red, los proveedores de servicios ni los fabricantes de equipo y continúen desarrollándose en consonancia con los avances tecnológicos. Para la exhibición y presentación de servicios de televisión digitales interactivos ð conectados ï, la elaboración de una norma común mediante un mecanismo impulsado por el mercado se considera en sí misma un beneficio para el consumidor. Los Estados miembros y la Comisión podrán adoptar iniciativas políticas acordes con el Tratado para fomentar esta tendencia.

ê 2009/136/CE considerando 38 (adaptado)

(267)Los servicios de consulta de números de abonado deben prestarse, y con frecuencia se prestan, en condiciones de competencia comercial, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 80 . Las medidas aplicadas al mercado al por mayor para garantizar la inclusión de datos de usuarios finales (fijos y móviles) en las bases de datos deben respetar las salvaguardias de protección de los datos personales Ö de la Directiva 95/46/CE, que será sustituida por el Reglamento (UE) 2016/697 81 el 25 de mayo de 2018, e Õ incluido el artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). El suministro de dichos datos en función de los costes a los proveedores de servicios, con la posibilidad de que los Estados miembros creen un mecanismo centralizado que facilite información completa y agregada a los proveedores de servicios de guías y la provisión del acceso a la red en unas condiciones razonables y transparentes, debe ponerse en marcha de forma que los usuarios finales se beneficien plenamente de la competencia, con el objetivo último de Ö que ha permitido en gran medida Õ suprimir la regulación de las tarifas al por menor de estos servicios y de ofrecer servicios de guía telefónica con arreglo a condiciones razonables y transparentes.

ò nuevo

(268)Tras la supresión de la obligación de servicio universal para los servicios de guía, y teniendo en cuenta la existencia de un mercado operativo para dichos servicios, el derecho a acceder a los servicios de información sobre números de abonados ya no resulta necesario. No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación deben seguir estando facultadas para imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales, al objeto de mantener el acceso y la competencia en este mercado.

ê 2002/22/CE considerando 43 (adaptado)

ð nuevo

(269)En la actualidad los Estados miembros imponen determinadas obligaciones de transmisión a las redes para la difusión de programas de radio o televisión al público. Los Estados miembros deben estar facultados para imponer, por razones legítimas de orden público, obligaciones proporcionadas a las empresas que se hallen bajo su jurisdicción. Dichas obligaciones sólo han de imponerse en los casos en que sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros con arreglo a la normativa comunitaria Ö de la Unión Õ y deben ser proporcionadas Ö y Õ , transparentes y estar supeditadas a revisión periódica. ð Podrán aplicarse ï Las obligaciones de transmisión Ö a determinados canales de difusión de radio y televisión y servicios complementarios suministrados por determinado proveedor de servicios de comunicación audiovisual. Las obligaciones Õ impuestas por los Estados miembros deberán ser razonables, es decir, deben ser proporcionadas y transparentes a la luz de objetivos de interés general claramente definidos. ð Los Estados miembros deben aportar una justificación objetiva de las obligaciones de transmisión que impongan en su ordenamiento jurídico nacional, con el fin de garantizar que tales obligaciones sean transparentes y proporcionadas y estén claramente definidas. Las obligaciones deben concebirse de una manera que ofrezca suficientes incentivos para la inversión eficiente en infraestructuras. Las obligaciones deben estar sujeta a revisión periódica, como mínimo cada cinco años, a fin de poder actualizarlas con arreglo a la evolución de la tecnología y del mercado y garantizar que siguen guardando proporción con los objetivos que deben alcanzarse. ï y Ö Las obligaciones Õ podrían, en su caso, conllevar una disposición en la que se prevea una remuneración proporcionada. Estas obligaciones podrán incluir la transmisión de servicios especialmente diseñados para permitir un acceso adecuado de los usuarios con discapacidad.

ê 2002/22/CE considerando 44 (adaptado)

ð nuevo

(270)Las redes utilizadas para la distribución de programas de radio y televisión al público incluyen las redes de difusión de televisión por cable, Ö IPTV, Õ las redes vía satélite y las de radiodifusión terrestre. También podrían incluir otras redes en la medida en que un número importante de usuarios finales utilice tales redes como medios principales de recepción de programas de radio y televisión. ð Las obligaciones de transmisión podrán incluir la de servicios diseñados específicamente para permitir un acceso adecuado de los usuarios con discapacidad. En consecuencia los servicios complementarios incluyen, entre otros, los destinados a mejorar la accesibilidad de los usuarios finales con discapacidad, como el videotexto, el subtitulado, la descripción acústica de imágenes y el lenguaje de signos. Habida cuenta del crecimiento de la prestación y recepción de servicios de televisión conectada y de la importancia permanente de las guías electrónicas de programas para las decisiones de los usuarios, la transmisión de datos relacionados con los programas que soportan estas funcionalidades puede incluirse en las obligaciones de transmisión. ï 

ê 2002/22/CE considerando 39

(271)En las centrales telefónicas modernas suelen existir las facilidades de marcación por tonos e identificación de líneas llamantes, motivo por el cual su prestación puede ampliarse progresivamente con un gasto mínimo o nulo. La marcación por tonos se utiliza cada vez en mayor medida para la interacción del usuario con servicios y facilidades especiales, incluidos los servicios de añadido, y la inexistencia de esta facilidad puede privar a los usuarios de dichos servicios. No se exige a los Estados miembros que impongan obligaciones de prestación de estas facilidades cuando las mismas ya estén disponibles. La Directiva 97/66/CE 2002/58/CE protege la intimidad de los usuarios en relación con la facturación detallada, en la medida en que les proporciona los medios para proteger su derecho a la intimidad cuando se aplica la identificación de la línea llamante. El desarrollo de estos servicios a nivel paneuropeo beneficiaría a los consumidores; la presente Directiva anima a que se desarrollen estos servicios a nivel paneuropeo.

ê 2002/19/CE considerando 22

(272)La publicación de información por parte de los Estados miembros garantizará a los agentes del mercado y a las empresas que puedan tener interés en incorporarse al mismo el conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como de las fuentes donde hallar información completa al respecto. La publicación en el Boletín Oficial permitirá a las partes interesadas de los demás Estados la consulta de la información pertinente.

ê 2002/19/CE considerando 23

(273)Con objeto de garantizar la eficacia y la eficiencia del mercado de las comunicaciones electrónicas paneuropeas, la Comisión debe controlar y publicar la información sobre los costes que contribuyen a determinar los precios para los usuarios finales.

ê 2002/19/EC considerando 24

El desarrollo del mercado de las comunicaciones electrónicas y de las infraestructuras asociadas al mismo podría tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y el paisaje. Por tanto, los Estados miembros deben vigilar este proceso y, en caso necesario, actuar con el fin de reducir al mínimo estos efectos mediante los acuerdos oportunos y otros modos de concertación con las autoridades correspondientes.

ê 2002/19/CE considerando 25 (adaptado)

(274)Para poder determinar si la aplicación de la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ es correcta, la Comisión debe tener conocimiento de las empresas designadas como poseedoras de un peso significativo en el mercado y de las obligaciones impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación a los agentes del mercado. Asimismo, es preciso que los Estados miembros transmitan a la Comisión dicha información, como complemento de su publicación a nivel nacional. Cuando los Estados miembros deban remitir información a la Comisión, deberán poder hacerlo por vía electrónica, a condición de que cumplan los adecuados procedimientos de autenticación que se hubieren acordado.

ò nuevo

(275)A fin de tener en cuenta la evolución de la tecnología, la sociedad y el mercado, gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los servicios y garantizar el acceso efectivo a los servicios de emergencia a través de las comunicaciones de emergencia, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la especificación de medidas encaminadas a abordar los riesgos para la seguridad; la adaptación de las condiciones de acceso a los servicios de radio y televisión digitales; al establecimiento de una tarifa única para la terminación de llamadas vocales al por mayor en los mercados fijo y móvil; la adopción de medidas relativas a las comunicaciones de emergencia en la Unión; y la adaptación de los anexos II, IV, V, VI, VIII, IX y X de la presente Directiva. Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, y que dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre «legislar mejor» de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar la participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tener acceso sistemático a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que traten de la preparación de los actos delegados.

(276)A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben concederse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar decisiones encaminadas a resolver las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros; para hacer obligatoria la aplicación de normas, o para eliminar normas y/o especificaciones de la parte obligatoria de la lista de normas; para tomar decisiones que determinen si los derechos en una banda armonizada estarán sujetos a una autorización general o a derechos individuales de uso; para especificar las modalidades de aplicación de los criterios, normas y condiciones relativos al espectro radioeléctrico armonizado; para especificar las modalidades de aplicación de las condiciones que los Estados miembros podrán asociar a las autorizaciones de uso del espectro radioeléctrico armonizado; para determinar las bandas cuyos derechos de uso de radiofrecuencias podrán ser transferidos o alquilados entre empresas; para establecer las fechas límite comunes hasta las que se autorizará la utilización de determinadas bandas del espectro radioeléctrico armonizado; para adoptar medidas transitorias por lo que se refiere a la duración de los derechos de uso del espectro radioeléctrico; para establecer criterios que permitan coordinar la aplicación de determinadas obligaciones; para especificar las características técnicas relativas al diseño, la implantación y la explotación de los puntos de acceso inalámbrico en áreas pequeñas; para hacer frente a la demanda de números transfronteriza o paneuropea no atendida; y para especificar la naturaleza y el alcance de las obligaciones que garanticen el acceso efectivo a los servicios de emergencia o a la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales en uno o varios Estados miembros o en el conjunto de la Unión Europea. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

(277)ð Por último, procede que la Comisión pueda adoptar, según resulte necesario, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, recomendaciones relacionadas con la identificación de los mercados pertinentes de productos y servicios, las notificaciones previstas en el procedimiento de consolidación del mercado interior y la aplicación armonizada de las disposiciones del marco regulador. ï

ê 2002/21/CE considerando 39

(278)Deben revisarse periódicamente las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en particular con vistas a determinar la necesidad de modificarlas a la luz de la cambiante situación de la tecnología o el mercado.

ê 2002/21/CE considerando 42

(279)Deben derogarse algunas Directivas y Decisiones en este ámbito.

ê 2002/21/CE considerando 43 (adaptado)

(280)La Comisión debe supervisar la transición del marco actual al nuevo marco y, en particular, podría presentar, en el momento oportuno, una propuesta encaminada a derogar el Reglamento (CE) n o 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local 82 .

ê 2002/21/CE considerando 34

El Comité ONP instituido por el artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE y el Comité de licencias instituido por el artículo 14 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones 83 ), deben ser sustituidos por un Comité único.

ê 2002/21/CE considerando 35

Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia deben transmitirse mutuamente la información necesaria para la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas específicas para poder establecer una cooperación plena. En lo que respecta a la información que se intercambie, la autoridad receptora debe garantizar el mismo nivel de confidencialidad que la autoridad de origen.

ê 2002/21/CE considerando 36

La Comisión ha indicado su intención de crear un Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas que deben actuar como mecanismo adecuado para fomentar la cooperación y la coordinación entre las autoridades nacionales de reglamentación, a fin de promover el desarrollo del mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y lograr una aplicación coherente en todos los Estados miembros de las disposiciones establecidas en la presente Directiva y en las Directivas específicas, sobre todo en ámbitos en los que las disposiciones nacionales de aplicación de la legislación comunitaria otorgan a las autoridades nacionales de reglamentación una facultad discrecional considerable a la hora de aplicar las normas pertinentes.

ê 2002/21/CE considerando 41 (adaptado)

ð nuevo

(281)Dado que los objetivos de la acción pretendida, especialmente el de conseguir un marco armonizado ð y simplificado ï para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados, ð de las condiciones para la autorización de redes y servicios, del uso del espectro y de los números, de la regulación del acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y de su interconexión y de la protección de los usuarios finales, ï no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario Ö de la Unión Õ , la Comunidad Ö Unión Õ puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

ê 2002/20/CE considerando 1 (adaptado)

El resultado de la consulta pública sobre la revisión de 1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, según se refleja en la Comunicación de la Comisión de 26 de abril de 2000, y las constataciones de la Comisión recogidas en sus comunicaciones referentes a los informes quinto y sexto sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones han confirmado la necesidad de que la regulación del acceso al mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas esté más armonizada y resulte menos gravosa en toda la Comunidad.

ê 2002/20/CE considerando 2

La convergencia entre diferentes redes y servicios de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el establecimiento de un régimen de autorización en el que todos los servicios comparables reciban un trato similar, con independencia de las tecnologías utilizadas.

ê 2002/20/CE considerando 14

No se impone a los Estados miembros ni la obligación ni la prohibición de otorgar derechos de uso de números del plan nacional de numeración o derechos de instalar recursos a empresas distintas de los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

ê 2002/20/CE considerando 26

En caso de que una empresa considere que su solicitud de derechos de instalación de recursos no ha sido tramitada con arreglo a los principios expuestos en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), o cuando la adopción de dicha decisión se retrase indebidamente, debe tener el derecho de recurrir la decisión o el retraso en la adopción de la decisión de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

ê 2002/20/CE considerando 27

Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de la autorización general deben guardar proporción con la infracción. Salvo en circunstancias excepcionales, no sería proporcionado suspender o retirar el derecho a prestar servicios de comunicaciones electrónicas o el derecho a utilizar radiofrecuencias o números a una empresa en caso de que no cumpla una o más de las condiciones de la autorización general. Esto debe entenderse sin perjuicio de las medidas urgentes que las autoridades pertinentes de los Estados miembros puedan verse obligadas a adoptar en caso de amenaza grave para la seguridad o la salud públicas o para los intereses económicos y operativos de otras empresas. La presente Directiva debe entenderse asimismo sin perjuicio de cualquier demanda entre empresas de indemnización por daños y perjuicios al amparo de la legislación nacional.

ê 2002/19/CE considerando 4 (adaptado)

La Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión 84 no imponía un servicio o sistema de televisión digital específico, lo cual dio pie a que los agentes del mercado tomaran la iniciativa y desarrollaran sistemas a ese fin. A través del Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas de transmisión de televisión que han sido adoptados por los organismos de radiodifusión de todo el mundo. Además, estos sistemas de transmisión han sido normalizados por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En relación con el servicio de televisión digital de formato ancho, hay que precisar que la relación de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los programas y servicios de televisión de este tipo; dicho formato ya está implantado en los mercados de los Estados miembros, en aplicación de la Decisión 93/424/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a un plan de acción para la introducción de servicios avanzados de televisión en Europa 85 .

ê 2002/19/CE considerando 26 (adaptado)

Habida cuenta del ritmo de los avances tecnológicos y de la evolución del mercado, es conveniente reexaminar la aplicación de esta Directiva antes de que transcurran tres años desde su fecha de aplicación, con el fin de determinar si con ella se logran los objetivos establecidos.

ê 2002/19/CE considerando 27 (adaptado)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 86 .

ê 2002/19/CE considerando 28 (adaptado)

Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

ê 2002/22/CE considerando 7 (adaptado)

Los Estados miembros deben seguir garantizando que los servicios que establece el Capítulo II se ponen en su territorio a disposición de todos los usuarios finales con la calidad que se especifica independientemente de su situación geográfica y a un precio asequible, teniendo en cuenta las condiciones nacionales específicas. Los Estados miembros, en el contexto de las obligaciones de servicio universal y teniendo en cuenta las condiciones nacionales, podrán adoptar medidas específicas para los consumidores de las zonas rurales o geográficamente aisladas para garantizarles el acceso a los servicios que establece el Capítulo II y que resulten asequibles de dichos servicios, así como para garantizar ese acceso en iguales condiciones, en particular a los ancianos, discapacitados y personas especialmente necesitadas desde el punto de vista social. Dichas medidas podrán también incluir las directamente orientadas a los consumidores con necesidades sociales específicas, proporcionando ayuda a consumidores determinados, por ejemplo mediante medidas específicas como las condonaciones de deuda, adoptadas tras un examen individualizado de las solicitudes.

ê 2002/22/CE considerando 45 (adaptado)

Los servicios que ofrecen contenidos como la oferta de venta de paquetes de contenidos de radiodifusión sonora o televisiva no están cubiertos por el marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Los proveedores de tales servicios no deben estar sometidos a las obligaciones del servicio universal en lo que respecta a esas actividades. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel nacional, de acuerdo con el Derecho comunitario, respecto de tales servicios.

ê 2002/22/CE considerando 46 (adaptado)

Cuando un Estado miembro pretenda garantizar la prestación de otros servicios específicos en la totalidad de su territorio nacional, las obligaciones impuestas a tal efecto deben satisfacer el criterio de rentabilidad y ser ajenas a las obligaciones de servicio universal. Por consiguiente, los Estados miembros pueden adoptar medidas adicionales (como facilitar el desarrollo de infraestructuras o de servicios en los casos en que el mercado no dé una respuesta satisfactoria a las necesidades de los usuarios finales o consumidores) de conformidad con el Derecho comunitario. En respuesta a la iniciativa eEurope de la Comisión, el Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 hizo un llamamiento a los Estados miembros para garantizar que todos los centros de enseñanza dispongan de acceso a Internet y a los recursos multimedios.

ê 2002/22/CE considerando 52 (adaptado)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 87 ,

ò nuevo

(282)De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión, de 28 de septiembre de 2011, sobre los documentos explicativos 88 , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.

ê

(283)La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación sustancial respecto de las Directivas anteriores. La obligación de incorporar las disposiciones no modificadas se deriva de las Directivas anteriores.

(284)La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y las fechas de aplicación de las Directivas, que figuran en el anexo XI, parte B.

ê 2009/140/CE (adaptado)

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Parte I. MARCO (normas generales para la organización del sector)

Título 1I: Ámbito de aplicación, objetivos y definiciones

CAPÍTULO I

Ö ASUNTO Õ ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVO Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación Ö Asunto Õ y objetivo

ê 2009/140/CE, art. 1.1.a) (adaptado)

ð nuevo

1. La presente Directiva establece un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales, destinados a facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad. Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación ð y otras autoridades competentes ï e instaura una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en toda la Comunidad Ö Unión Õ.

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo

12. 1. La presente Directiva tiene como finalidad Ö por un lado, Õ la realización de un mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas mediante la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización para facilitar su suministro en toda la Comunidad.

2. La presente Directiva se aplicará a las autorizaciones de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

ê 2002/19/CE (adaptado)

ð nuevo

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo 

1. La presente Directiva armoniza, dentro del marco que establece la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la manera en que los Estados miembros regulan el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y su interconexión. El objetivo es establecer un marco regulador para las relaciones entre los suministradores de redes y servicios que sea compatible con los principios del mercado interior, haga posible el ð despliegue y adopción de redes de muy alta capacidad, el ï mantenimiento de una competencia sostenible, garantice la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y redunde en beneficio de los consumidores ð usuarios finales ï .

2. La presente Directiva define los derechos y las obligaciones de los operadores y de las empresas que deseen interconectarse y/o acceder a sus redes o recursos asociados. En ella se fijan los objetivos que habrán de perseguir las autoridades nacionales de reglamentación por lo que respecta al acceso y a la interconexión, y se establecen los procedimientos oportunos para garantizar que las obligaciones impuestas por dichas autoridades sean objeto de revisión y, cuando proceda, queden suprimidas una vez alcanzados los objetivos deseados. La presente Directiva no afecta al acceso de los usuarios finales.

ê 2009/136/CE, art. 1.1 (adaptado)

ð nuevo

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. En el marco de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la presente Directiva tiene por objeto el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios finales. La presente Directiva ÖPor otro lado,Õ tiene por objeto garantizar la existencia ð la prestación al público ï  de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, de buena calidad ð y asequibles ï , en toda la Comunidad Ö Unión Õ a través de una competencia y una libertad de elección reales, y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales ð , incluidos los usuarios con discapacidad, ï no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado ð e instaurar los oportunos derechos de los usuarios finales ï . La Directiva incluye asimismo disposiciones relativas a determinados aspectos de los equipos terminales destinados a facilitar el acceso de usuarios finales con discapacidad.

2. La presente Directiva establece los derechos de los usuarios finales y las correspondientes obligaciones de las empresas que proporcionan redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Con vistas a garantizar que se preste un servicio universal dentro de un entorno de mercado abierto y competitivo, la presente Directiva define el conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de condiciones nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la competencia. La presente Directiva también fija obligaciones con vistas a la prestación de ciertos servicios obligatorios.

ê 2002/21/CE (adaptado)

23. La presente Directiva, así como las directivas específicas, se entenderán sin perjuicio de

- las obligaciones impuestas por la legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ o por la legislación comunitaria Ö de la Unión Õ en relación con los servicios prestados mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas. ;

3. Ni la presente Directiva ni las directivas específicas afectarán a - las medidas adoptadas a escala comunitaria Ö de la Unión Õ o nacional, en cumplimiento del Derecho comunitario Ö de la Unión Õ, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular, en lo que respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual.

4. La presente Directiva, así como las directivas específicas, se entenderán sin perjuicio de - lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE1999/5/CE.

ê 544/2009/CE, art. 2 (adaptado)

5. La presente Directiva y las directivas específicas se entenderán sin perjuicio de las medidas específicas que eventualmente se adopten para la regulación de la itinerancia internacional en las redes públicas de comunicaciones móviles dentro de la Comunidad Ö - el Reglamento (UE) n.º 531/2012 y el Reglemento (UE) 2015/2120 Õ.

ê 2009/136/CE (adaptado)

3. La presente Directiva no establece ni prohíbe las condiciones, impuestas por los proveedores de servicios y comunicaciones electrónicos disponibles al público, que limiten el acceso o el uso de los servicios y aplicaciones, cuando así lo permita la legislación nacional y de conformidad con la legislación comunitaria, aunque sí establece una obligación de proporcionar información sobre dichas condiciones. Las medidas nacionales relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, también en lo que se refiere a la intimidad y a un proceso con las debidas garantías, tal como se define en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

4. Las disposiciones de la presente Directiva en relación con los derechos de los usuarios finales se aplicarán sin perjuicio de la normativa comunitaria Ö de la Unión Õ en materia de protección de los consumidores, en particular las Directivas 93/13/CEE , 97/7/CE y Ö 2011/83/UE Õ, y de la normativa nacional conforme con el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ.

ê 2002/21/CE

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

ê 2009/140/CE, art. 1.2.a)

ð nuevo

1a) «red de comunicaciones electrónicas»: los sistemas de transmisión , ð se basen o no en una infraestructura permanente o en una capacidad de administración centralizada, ï y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada;

ò nuevo

2) «red de muy alta capacidad»: una red de comunicaciones electrónicas que se compone totalmente de elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución en la ubicación del servidor o que es capaz de ofrecer un rendimiento de red similar en condiciones usuales de máxima demanda, en términos de ancho de banda disponible para los enlaces ascendente y descendente, resiliencia, parámetros relacionados con los errores, latencia y su variación El rendimiento de la red puede considerarse similar independientemente de si la experiencia del usuario final varía debido a las características intrínsecamente diferentes del medio a través del cual, en última instancia, la red se conecta al punto de terminación de la red.

ê 2009/140/CE, art. 1.2.b) (adaptado)

3b) «mercados transnacionales»: los mercados definidos con arreglo al artículo 1563, apartado 4, que abarcan toda la Comunidad Ö Unión Õ o una parte importante de la misma situada en más de un Estado miembro;

ê 2002/21/CE (adaptado)

ð nuevo

4c) «servicio de comunicaciones electrónicas»: el prestado por lo general a cambio de una remuneración Ö a través de redes de comunicaciones electrónicas, Õ que consiste ð incluye el «servicio de acceso a internet», entendido según la definición del artículo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) 2015/2120; y/o el «servicio de comunicaciones interpersonales»; y/o servicios consistentes ï , en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y Ö , como son los Õ servicios de transmisión en las redes utilizadas ð utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y ï para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos; quedan excluidos asimismo los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas;

ò nuevo

5) «servicio de comunicaciones interpersonales»: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que permite un intercambio de información directo, interpersonal e interactivo a través de redes de comunicaciones electrónicas entre un número finito de personas, y en el que el iniciador de la comunicación o participante en ella determina el receptor o receptores; no incluye servicios que permiten la comunicación interpersonal e interactiva como una mera posibilidad secundaria que va intrínsecamente unida a otro servicio;

6) «servicio de comunicaciones interpersonales basado en números»: servicio de comunicaciones interpersonales que conecta con la red telefónica pública conmutada, bien a través de recursos de numeración asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración telefónica nacional o internacional, o permitiendo la comunicación con un número o números de los planes de numeración telefónica nacional o internacional;

7) «servicio de comunicaciones interpersonales independiente de los números»: servicio de comunicaciones interpersonales que no conecta con la red telefónica pública conmutada, bien a través de de recursos de numeración asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración telefónica nacional o internacional, o permitiendo la comunicación con un número o números de los planes de numeración telefónica nacional o internacional;

ê 2009/140/CE, art. 1.2.c)

8d) «red pública de comunicaciones»: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de información entre puntos de terminación de la red;

ê 2009/140/CE, art. 1.2.d) (adaptado)

ð nuevo

d bis9) «punto de terminación de la red» Ö o «PTR» Õ : el punto físico en el que el abonado ð el usuario final ï accede a una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada a un número o a un nombre de abonado ð usuario final ï ;

ê 2009/140/CE, art. 1.2.e)

e10) «recursos asociados»: los servicios asociados, las infraestructuras físicas y otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello, e incluyan, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;

ê 2009/140/CE, art. 1.2.f)

ð nuevo

e bis11) «servicios asociados»: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios ð , la autoprestación o la prestación automatizada ï a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen, entre otros, la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, ð el comando vocal, la diversidad de lenguas o la traducción lingüística ï así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia;

ê 2002/21/CE

ð nuevo

F12)12) «sistema de acceso condicional»: toda medida técnica, ð sistema de autenticación ï o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual previa;

g) autoridad nacional de reglamentación el organismo u organismos a los cuales ha encomendado un Estado miembro cualquiera de las misiones reguladoras asignadas en la presente Directiva y en las directivas específicas;

h13) «usuario»: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público;

n14) «usuario final»: el usuario que no suministra redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.

i15) «consumidor»: cualquier persona física que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales ð , económicos o comerciales ï ;

j) «servicio universal»: un conjunto mínimo de servicios, definido en la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal), de una calidad determinada y que esté disponible para todo usuario con independencia de su localización geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible;

k) «abonado»: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la prestación de dichos servicios;

ê 2009/140/CE, art. 1.2.g)

l) «Directivas específicas»: la Directiva 2002/20/CE (Directiva de autorización), la Directiva 2002/19/CE (Directiva sobre el acceso), la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre el servicio universal) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) 89 ;

ê 2002/21/CE

m16) «suministro de una red de comunicación electrónica»: la creación, la explotación, el control o la puesta a disposición de dicha red;

o17) «equipo avanzado de televisión digital»: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva;

p18) «interfaz de programa de aplicación (API)»: la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los organismos de radiodifusión o prestadores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio y televisión digital;

ê 2009/140/CE, art. 1.2.h) (adaptado)

ð nuevo

(q19) «atribución ð del espectro radioeléctrico ï de radiofrecuencias» la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen;

(R20)r20) «interferencia perjudicial»: una interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la normativa internacional, comunitaria Ö de la Unión Õ o nacional aplicable;

s21) «llamada» una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas ð interpersonales ï disponible para el público que permita la comunicación de voz bidireccional;.

ò nuevo

22) «seguridad» de las redes o servicios: la capacidad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de resistir, con un determinado nivel de confianza, cualquier acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados, procesados o transmitidos y la seguridad de los servicios conexos que dichas redes y servicios ofrecen o hacen accesibles.

ê 2009/140/CE, art. 3.1 (adaptado)

2. Será asimismo de aplicación la siguiente definición:

23) «autorización general»: un marco jurídico establecido por el Estado miembro que otorgue derechos para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y establezca obligaciones específicas al sector que podrán aplicarse a todos o a determinados tipos de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con la presente Directiva.

ò nuevo

24) «punto de acceso inalámbrico de área pequeña»: un equipo de acceso a una red inalámbrica de baja potencia con un tamaño reducido y corto alcance, utilizando un espectro bajo licencia o una combinación de espectro bajo licencia y exento de licencia que puede formar parte o no de una red pública terrestre de comunicaciones móviles y estar dotado de una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso inalámbrico de los usuarios a redes de comunicaciones electrónicas con independencia de la topología de la red subyacente, sea móvil o fija;

25) «red de área local radioeléctrica» (RLAN): sistema de acceso inalámbrico de baja potencia y corto alcance, con bajo riesgo de interferencia con otros sistemas del mismo tipo desplegados por otros usuarios en las proximidades, que utiliza de forma no exclusiva un espectro cuyas condiciones de disponibilidad y uso eficiente a tal efecto han sido armonizadas a nivel de la Unión;

26) «uso compartido del espectro radioeléctrico»: el acceso por parte de dos o más usuarios a las mismas frecuencias con arreglo a un sistema determinado de uso compartido, autorizado por una autoridad nacional de reglamentación a través de una autorización general, de derechos individuales o de una combinación de ambos, incluidos los enfoques reguladores tendentes a facilitar el uso compartido de una banda de frecuencias (por ejemplo, acceso con licencias compartidas), sobre la base de un acuerdo vinculante para todas las partes interesadas y con arreglo a normas de uso compartido vinculadas a los derechos de uso, al objeto de garantizar a todos los usuarios unas condiciones fiables y previsibles, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de competencia;

27) «espectro radioeléctrico armonizado»: el espectro radioeléctrico cuyas condiciones de disponibilidad y eficiencia del uso se han armonizado a través de una medida técnica de aplicación conforme con el artículo 4 de la Decisión 676/2002/CE (Decisión del espectro radioeléctrico).

ê 2009/140/CE, art. 2.1.a)

ð nuevo

a28) «acceso»: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, ð incluidas las redes emuladas por software, ï en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital y el acceso a servicios de redes virtuales;

   ê 2002/19/CE

b29) «interconexión»: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas;

c30) «operador»: la empresa que proporciona o que está autorizada para proporcionar una red pública de comunicaciones o un recurso asociado;

d) Servicio de televisión de formato ancho el servicio de televisión constituido total o parcialmente por programas producidos y editados para su presentación en formato ancho completo. La relación de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los servicios de televisión de este tipo;

ê 2009/140/CE, art. 2.1.b) (adaptado)

e31) «bucle local»: el circuito físico Ö la trayectoria física seguida por las señales de comunicaciones electrónicas Õ que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.

ê 2002/22/CE, art. 2

a) «Teléfono público de pago» un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación;

ê 2009/136/CE, art. 1.2.b)

ð nuevo

c32) «servicio telefónico disponible al público» ð «comunicaciones vocales» ï : el servicio disponible al público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales, a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica;

d33) «número geográfico»: el número identificado en un plan nacional de numeración telefónica que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red (PTR);

ê 2009/136/CE, art. 1.2.d) (adaptado)

f34) «número no geográfico»: el número identificado en un plan nacional de numeración telefónica que no sea número geográfico. Incluirán, entre otros, Ö tales como Õ los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarifas superiores;.

ò nuevo

35) «punto de respuesta de seguridad pública (PSAP)»: ubicación física en la que se reciben inicialmente las comunicaciones de emergencia y que está bajo la responsabilidad de una autoridad pública o de una organización privada reconocida por el Estado miembro;

36) «PSAP más apropiado»: el definido de antemano por las autoridades responsables para hacerse cargo de las comunicaciones de emergencia procedentes de determinada zona o de las comunicaciones de emergencia de determinado tipo;

37) «comunicación de emergencia»: la emitida a través de los servicios de comunicación interpersonal entre un usuario final y el PSAP con el objeto de pedir y recibir ayuda de emergencia de los servicios de emergencia;

38) «servicio de emergencia»: un servicio, reconocido como tal por el Estado miembro, mediante el que se proporciona asistencia rápida e inmediata en situaciones en que exista, en particular, un riesgo directo para la vida o la integridad física de las personas, para la salud y seguridad públicas o individuales, o para la propiedad pública o privada o el medio ambiente, de conformidad con la normativa nacional.

ê 2002/21/CE (adaptado)

ð nuevo

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

Artículo 83

Objetivos generales y principios reguladores

1. Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las directivas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación ð y otras autoridades competentes ï adopten todas las medidas razonables que estén encaminadas a Ö , necesarias y proporcionadas para Õ la consecución de los objetivos enumerados en el apartado 2, 3 y 4. Estas medidas deberán guardar proporción con dichos objetivos. ð Los Estados miembros y el ORECE contribuirán también a la consecución de estos objetivos ï .

ê 2009/140/CE, art. 1.8.a)

«Salvo que el artículo 9 disponga otra cosa en relación con las radiofrecuencias, los Estados miembros tendrán en cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de elaborar reglamentos neutrales con respecto a la tecnología y velarán por que, al desempeñar las tareas reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Directivas específicas, en particular las destinadas a garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación hagan lo propio.

ê 2002/21/CE

ð nuevo

Las autoridades nacionales de reglamentación ð y otras autoridades competentes ï podrán contribuir, dentro del ámbito de sus competencias, a la aplicación de políticas destinadas a la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, entre otras cosas:

ê 2009/140/CE, art. 1.8.b)

a) velando por que los usuarios, incluidos aquellos con discapacidad, los de la tercera edad y los que tienen necesidades sociales especiales, obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad;

b) velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos;

ê 2002/21/CE

d) promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias y de los recursos de numeración.

ò nuevo

2. Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes, así como el ORECE:

a) promoverán el acceso a la conectividad de datos de muy alta capacidad, tanto fija como móvil, así como su adopción, por todos los ciudadanos y empresas de la Unión;

b) fomentarán la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, incluida la competencia basada en la eficiencia de las infraestructuras, así como en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y servicios asociados;

c) contribuirán al desarrollo del mercado interior eliminando los obstáculos restantes y facilitando la convergencia de las condiciones y la inversión en redes de comunicaciones electrónicas y en su suministro, en recursos y servicios asociados y en servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Unión, para lo que será necesario desarrollar normas comunes y enfoques reglamentarios previsibles, favorecer un uso eficaz, eficiente y coordinado del espectro, así como la innovación abierta, el establecimiento y desarrollo de redes transeuropeas, la disponibilidad e interoperabilidad de servicios paneuropeos y la conectividad de extremo a extremo;

d) promover los intereses, también a largo plazo, de los ciudadanos de la Unión, asegurando la disponibilidad y la adopción de conectividad de muy alta capacidad, tanto fija como móvil, y de servicios de comunicaciones interpersonales, propiciando al máximo los beneficios en cuanto a variedad de elección, precio y calidad a través de una competencia efectiva, garantizando la seguridad de las redes y servicios, así como un nivel elevado y uniforme de protección de los usuarios finales gracias a la normativa sectorial necesaria y a medidas que atiendan a las necesidades (tales como unos precios asequibles) de determinados grupos sociales, en particular de los usuarion con discapacidad, los usuarios de más edad y los usuarios con necesidades sociales especiales.

ê 2002/21/CE

3. Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior, entre otras cosas:

a) suprimiendo los obstáculos que aún se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos y servicios asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo;

b) fomentando el establecimiento y desarrollo de las redes transeuropeas y la interoperabilidad de los servicios paneuropeos y la posibilidad de conexión de extremo a extremo;

ê 2009/140/CE, art. 1.8.e)

d) cooperando mutuamente con la Comisión y con el ORECE para garantizar el desarrollo de prácticas reglamentarias coherentes y una aplicación coherente de la presente Directiva y de las Directivas específicas.

ê 2002/21/CE

4. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación promoverán los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, entre otras cosas:

a) velando por que todos los ciudadanos dispongan de acceso a un servicio universal especificado en la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal);

b) garantizando a los consumidores un alto nivel de protección en su relación con los suministradores, en particular garantizando la disponibilidad de procedimientos sencillos y poco onerosos para la resolución de litigios, efectuados por organismos independientes de las partes interesadas;

c) contribuyendo a garantizar un alto nivel de protección de los datos personales y de la intimidad;

d) fomentando que se facilite información clara, en particular exigiendo la transparencia de las tarifas y condiciones de uso de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público;

ê 2009/140/CE, art. 1.8.f)

e) respondiendo a las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidad, usuarios de la tercera edad y usuarios con necesidades sociales especiales;

ê 2002/21/CE

f) garantizando la integridad y la seguridad de las redes públicas de comunicaciones;

ê 2009/140/CE, art. 1.8.g)

g) promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección.

ê 2009/140/CE, art. 1.8.h) (adaptado)

ð nuevo

35. Las autoridades nacionales de reglamentación ð y otras autoridades competentes ï , para lograr los objetivos a que se refieren los Ö el Õ apartados 2, 3 y 4, aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, por ejemplo, a través de lo siguiente:

a) promoviendo un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador coherente en períodos de revisión apropiados ð y cooperando entre sí y con el ORECE y la Comisión ï ;

b) garantizando que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

c) salvaguardando la competencia en beneficio de los consumidores y promoviendo, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras;

ò nuevo

c) aplicando la legislación de la UE de forma neutral desde el punto de vista de las tecnologías en la medida en que sea coherente con la consecución de los objetivos del apartado 1;

ê 2009/140/CE, art. 1.8.h) (adaptado)

ð nuevo

d) fomentando la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras y permitiendo diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no discriminación;

e) teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la ð infrastructura ï, la competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geográficas de los Estados miembros;

f) imponiendo obligaciones reglamentarias ex ante únicamente cuando no exista ð en la medida necesaria para asegurar ï una competencia efectiva y sostenible Ö en el mercado minorista considerado Õ, y suavizando o suprimiendo dichas obligaciones en cuanto se cumpla dicha condición.

ê 2009/140/CE, art. 1.9 (adaptado)

ð nuevo

Artículo 8 bis4

Planificación estratégica y coordinación de la política sobre el espectro radioeléctrico

1. 1. Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea Ö Unión Õ . Para ello, tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, ð de seguridad pública y defensa, ï de libertad de expresión, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas de la UE, así como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro, con objeto de optimizar el uso del espectro radioeléctrico y evitar interferencias perjudiciales.