Help Print this page 
Title and reference
Propuesta de decisión marco del Consejo sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre los Estados miembros de la Unión Europea {SEC(2006)1079} {SEC(2006)1080}

/* COM/2006/0468 final - CNS 2006/0158 */
Multilingual display
Text

52006PC0468




[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 29.8.2006

COM(2006) 468 final

2006/0158 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre los Estados miembros de la Unión Europea {SEC(2006)1079}{SEC(2006)1080}

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta

Uno de los principales objetivos de la Unión Europea es desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia donde esté garantizada la libre circulación de personas.

Según tanto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) como los principios generales del Derecho, la detención provisional debe considerarse una medida excepcional y debería recurrirse de la manera más extensa posible a las medidas de vigilancia no privativas de libertad.

Actualmente , sin embargo, los ciudadanos de la UE que no residen en el territorio del Estado miembro donde son sospechosos de haber cometido un delito se encuentran a veces – principalmente debido a la falta de vínculos comunitarios y al riesgo de fuga – en detención provisional o quizá sujetos a una medida de vigilancia no privativa de libertad de larga duración en un entorno extraño para ellos. El sospechoso de haber cometido un delito en un país en el que reside se beneficiaría, en una situación similar, de una medida de vigilancia menos coercitiva, como la obligación de presentarse periódicamente ante la policía o la prohibición de viajar.

Normalmente, un sospechoso extranjero siempre se encontrará en una posición más vulnerable que una persona que resida habitualmente en el país. Además del hecho de que se vea más o menos privado de los contactos con familiares y amigos, hay un riesgo claro de que pueda perder su trabajo, ya que una medida coercitiva (por ejemplo, la prohibición de viajar) impuesta al sospechoso por la autoridad judicial del Estado del juicio le impediría volver a su país de residencia habitual. En general, existe un riesgo evidente de trato desigual entre las dos categorías, que también puede verse como un obstáculo a la libre circulación de personas en la Unión.

Esto supone gastos no sólo para el sospechoso; la detención provisional también genera gastos considerables para las autoridades públicas. Además, la imposición y duración excesivas o innecesarias de la detención provisional contribuye al fenómeno de la masificación de las cárceles, que sigue afectando a los sistemas penitenciarios de toda Europa y dificulta gravemente la mejora de las condiciones de detención.

El problema es que, en la actualidad, las diferentes alternativas a la detención provisional y otras medidas cautelares de vigilancia (por ejemplo, presentarse periódicamente ante la policía) actualmente no pueden transponerse ni transferirse más allá de las fronteras, ya que los Estados no reconocen las resoluciones judiciales extranjeras en estas materias. Ello significa que la puesta en práctica del derecho a la libertad y la presunción de inocencia en la Unión Europea vista en su conjunto debe considerarse incompleta.

El mandato para presentar esta propuesta de Decisión Marco sobre la orden de vigilancia europea en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre Estados Miembros de la Unión Europea se indica claramente en el Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (en lo sucesivo, “Programa de reconocimiento mutuo”) de 20 de noviembre de 2000 (medida 10).[1] El Consejo Europeo de Tampere (1999) había declarado que un mayor reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales facilitaría la cooperación entre autoridades y la protección judicial de los derechos individuales . Por lo tanto, respaldó el principio de reconocimiento mutuo como piedra angular de la cooperación judicial tanto en los asuntos civiles como penales, que debe también aplicarse a las medidas cautelares. En el programa de trabajo de la Comisión para 2005 (2005/JLS/035) figura una propuesta sobre reconocimiento mutuo de medidas cautelares de vigilancia no privativas de libertad figura, presentada como prioridad en la Comunicación de la Comisión sobre el Programa de La Haya[2] (2004), así como en el Plan de Acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de la Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2005)[3].

Contexto general

El Programa de reconocimiento mutuo mencionaba que determinados aspectos del reconocimiento mutuo todavía no se habían abordado a nivel internacional y, en particular, los referentes a las medidas cautelares. Esto sigue siendo cierto por lo que se refiere al reconocimiento mutuo de las medidas cautelares de vigilancia.

Sin embargo, varios estudios señalan graves problemas relativos a la detención provisional en la Unión Europea. En su Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros en 2002, la red de expertos independientes en derechos fundamentales de la UE aportó estadísticas del Consejo de Europa que muestran un alto número de detenciones provisionales en varios Estados miembros. Por otra parte, las respuestas a un cuestionario sobre datos estadísticos de la población carcelaria, incluida la detención provisional, que la Comisión elaboró en 2003 a petición de la Presidencia italiana, muestran que hay diferencias considerables entre los Estados miembros de la UE tanto en el índice de detención provisional por 100 000 habitantes como en la proporción de detenidos nacionales frente a detenidos extranjeros. Se observaba una tendencia general creciente en el recurso a la detención provisional.

En este contexto, debe señalarse que el Parlamento Europeo en sus Resoluciones sobre la situación de los derechos básicos en la Unión Europea instaba a la Comisión a actuar en varios ámbitos de la detención provisional y sus alternativas. En 2001, el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que aumentaran sus esfuerzos en esta materia para limitar en la medida de lo posible la detención y evitar incluir a los niños en esta medida salvo en casos absolutamente excepcionales. El Parlamento Europeo hizo un llamamiento al Consejo para que adoptara una decisión marco sobre normas comunes de Derecho procesal, por ejemplo, sobre las normas que rigen las medidas cautelares, con el fin de garantizar un nivel común de protección de los derechos fundamentales en toda la UE. Esta petición se reiteró al año siguiente. En su resolución de 2002, el Parlamento Europeo consideró esencial que los Estados miembros examinaran los procedimientos de detención a fin de garantizar que los derechos humanos no se violen, que los períodos de detención no sean innecesariamente largos y que los motivos de detención se revisen regularmente.

En su publicación de las “Normas CPT” (2003), el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (en lo sucesivo, “el Comité CPT”) del Consejo de Europa subrayó que la masificación carcelaria suele ser particularmente grave en los establecimientos de detención provisional. En estas circunstancias, el Comité CPT observó que seguir dedicando cada vez más dinero al estado de las cárceles no resuelve el problema; habría que revisar más bien la legislación y práctica actuales sobre prisión provisional. El problema era lo suficientemente grave como para instar a la cooperación a nivel europeo.

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

Como se ha dicho, actualmente no hay instrumentos internacionales que permitan específicamente la transferencia de medidas cautelares de vigilancia de un Estado miembro a otro.

Sin embargo, la introducción de un sistema de reconocimiento mutuo de las medidas cautelares de vigilancia a nivel de la Unión Europea debe evidentemente considerarse a la luz del marco jurídico que rige la detención provisional en general. Esto se desprende igualmente de lo exigido por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Todos los Estados miembros de la UE han ratificado tanto el CEDH como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Deben, por tanto, respetar el derecho a la libertad, la presunción de inocencia, los motivos legales para la detención previstos por dichos instrumentos, los tipos de autoridades competentes para adoptar decisiones sobre detención, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal y los plazos aproximados aplicables a las diversas fases del procedimiento antes del juicio.

Estos instrumentos internacionales también prevén que una persona pueda ser privada de su libertad cuando haya sospechas fundadas de que ha cometido un delito y debe haber uno o varios motivos específicos para su detención relativos al riesgo de reincidencia, destrucción de pruebas y fuga. Además, el levantamiento de la detención provisional puede estar sujeto a garantías de comparecencia en el juicio.

Sin embargo, hay que señalar que los instrumentos internacionales no contienen ninguna disposición sobre el límite mínimo para poder imponer la detención provisional en función de la pena prevista para el delito en cuestión. Este límite mínimo depende del Derecho de cada Estado miembro, lo que significa que varía según el país. En algunos Estados miembros, la pena con que se castiga el delito en cuestión no es un factor que se tenga en cuenta a la hora de resolver sobre la prisión provisional. Algunos Estados miembros permiten la detención provisional con independencia de la pena con que se castigue el delito cuando el sospechoso no tenga una dirección fija en el territorio y exista riesgo de fuga, aunque el límite mínimo general para la detención provisional sea mucho mayor.

En algunos Estados miembros, el límite mínimo para imponer medidas cautelares de vigilancia no privativas de libertad es inferior al de la detención provisional. Sin embargo, se aplican los mismos principios generales a las medidas no privativas de libertad que a la detención provisional. El principio de proporcionalidad implica, por ejemplo, que las medidas coercitivas sólo se apliquen en caso absolutamente necesario y durante el tiempo imprescindible.

Por último, cabe señalar que el CEDH no contiene muchas disposiciones que se refieran ni siquiera indirectamente a la extradición y otras cuestiones transfronterizas. Un ejemplo lo constituye el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, que establece que una persona pueda ser arrestada con vistas a la expulsión o extradición. Esto se explica porque el CEDH no se elaboró con el fin de crear un espacio judicial común para los Estados miembros del Consejo de Europa, sino para establecer normas mínimas aplicables a cada uno de los sistemas legales nacionales.

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

El objetivo general de esta propuesta de Decisión marco del Consejo es reforzar el derecho a la libertad y la presunción de inocencia en la Unión Europea considerada en su conjunto y promover la igualdad de trato a todos los ciudadanos en el espacio común de libertad, seguridad y justicia.

Este objetivo es coherente con el Programa de La Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, aprobado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre 2004. El programa de La Haya menciona, entre otras cosas, que la libertad y la justicia deberían en lo sucesivo considerarse como un todo en el conjunto de la Unión .

Debe subrayarse que la actual propuesta de Decisión marco forma parte del programa de reconocimiento mutuo en materia penal que, según el Programa de La Haya, debe completarse. El programa de reconocimiento mutuo enumera una serie de medidas específicas de reconocimiento. Las medidas de este programa no pueden separarse porque están diseñadas para interactuar entre sí. En particular, esta propuesta debería considerarse en relación con la propuesta de la Comisión con vistas a una Decisión marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea (2004)[4], que, entre otras cosas, contiene disposiciones sobre el derecho al asesoramiento jurídico y a la interpretación.

2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Consulta de las partes interesadas

El primer paso en el proceso de consulta era elaborar un cuestionario para detectar posibles obstáculos a la cooperación entre Estados miembros en el ámbito de la detención provisional y sus alternativas. Las cuestiones se referían a los motivos legítimos para la detención provisional, por ejemplo, el límite mínimo para dictar auto de prisión provisional contra un sospechoso (ligado a la pena por ese delito), la duración máxima de la detención provisional, los motivos de la detención provisional (grado de sospecha y los “motivos especiales”), si hay una presunción en favor de dictar auto de prisión provisional contra los sospechosos de delitos graves, las diferentes medidas “alternativas” a la detención provisional, si el incumplimiento de una obligación cuando se está sometido a una medida cautelar de vigilancia constituye un delito, las autoridades competentes en esta materia y las categorías especiales de detenidos y el trato a los mismos. Los entonces 15 Estados miembros de la UE respondieron al cuestionario. Las respuestas se compilaron en un documento que se distribuyó a los Estados miembros.

Sobre la base de las respuestas al cuestionario, la Comisión preparó un documento de debate. Este documento, que se envió a una serie de expertos en esta materia de los Estados miembros de la UE (y los entonces países adherentes), propone, entre otras cosas, la introducción de la llamada “orden europea de comparecencia ante una autoridad” como una medida cautelar de vigilancia no privativa de libertad a nivel de la Unión Europea. El documento de debate también considera los límites y posibilidades para actuar en el ámbito de la detención provisional general.

Con el fin de explorar el alcance del futuro instrumento, se celebró una primera reunión de expertos el 12 de mayo de 2003 en Bruselas. Varios expertos - algunos representantes de ONG - habían sido invitados a título particular, mientras que otros representaban a sus Estados miembros. Eurojust también estaba representado. En esta reunión, se trataron diferentes aspectos de la detención provisional y sus alternativas, en particular la idea de la Comisión sobre la orden europea de comparecencia ante una autoridad. El resultado de la reunión y el debate que siguió era que el trabajo debía centrarse en el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares de vigilancia no privativas de libertad y dejar al margen las cuestiones relativas a las garantías procesales - tratadas en otro Libro Verde - y las condiciones de detención.

El 17 de agosto de 2004, la Comisión adoptó el Libro Verde sobre el reconocimiento mutuo de las medidas de control no privativas de libertad[5] y el correspondiente Documento de trabajo de los servicios de la Comisión[6], que tienen plenamente en cuenta el resultado de la primera reunión (preparatoria) de expertos, así como de la información proporcionada en las respuestas al primer cuestionario (antes mencionado). En el anexo 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión correspondiente al Libro Verde figura un resumen de las respuestas referentes, entre otras cosas, a las medidas de vigilancia (alternativas a la detención provisional) y a las penas aplicables en caso de incumplimiento (como exige la medida 9 del programa de reconocimiento mutuo). El anexo 3 del Documento de trabajo de la Comisión también contiene un resumen de la respuestas de los Estados miembros y de los entonces 10 países candidatos al cuestionario sobre datos estadísticos de la población carcelaria, incluida la detención provisional, que la Comisión elaboró en 2003 a petición de la Presidencia italiana (antes mencionado).

Durante la elaboración del Libro Verde, la Comisión también tuvo acceso a documentos del Comité de expertos sobre prisión provisional y sus implicaciones para la gestión de las instituciones penitenciarias (PC-DP) del Consejo de Europa, en el que la Comisión participó como observadora, y en particular a un cuestionario sobre la legislación y práctica de los Estados miembros en materia de prisión provisional, que comprendía un análisis de las respuestas a dicho cuestionario.

Las cuestiones planteadas en el Libro Verde se discutieron en una segunda reunión de expertos los días 4 y 5 de noviembre de 2004. Tras estudiar las respuestas escritas[7] al Libro Verde, la Comisión organizó una tercera reunión de expertos el 8 de abril de 2005. Con el fin de avanzar, los servicios de la Comisión habían preparado un documento de trabajo que debatieron los participantes en la reunión (representantes de los Estados miembros, ONG, organizaciones internacionales y profesionales del poder judicial). La mayoría de los Estados miembros acogieron con satisfacción la idea de aplicar el principio de reconocimiento mutuo a las medidas cautelares de vigilancia no privativas de libertad. Se expresaron diferentes opiniones en lo relativo al alcance del instrumento (si debía ampliarse a delitos menos graves no cubiertos por la Decisión marco sobre la orden de detención europea, etc.), los motivos de denegación, si era el Estado miembro de expedición o de ejecución el que debía tener la principal responsabilidad sobre la vigilancia de la persona y sobre el procedimiento de traslado de la persona de vuelta al Estado del juicio (si debía recurrirse a la orden de detención europea o debía introducirse un mecanismo específico para dicho instrumento).

Sin embargo, unos pocos Estados miembros cuestionaron el valor añadido de un nuevo instrumento sobre esta cuestión a nivel europeo ya que, en su opinión, dicho instrumento sólo se aplicaría a un número muy restringido de personas.

Evaluación de impacto

Por tanto, se decidió consultar a un asesor externo con el fin de poner a disposición de la Comisión más datos estadísticos para evaluar si una Decisión marco en este ámbito constituiría un valor añadido. Estos datos están disponibles en la Evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta (http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm) .

Por otra parte, las siguientes cinco opciones políticas, decididas por los servicios de la Comisión, fueron evaluadas por el asesor externo de acuerdo con las orientaciones de la Comisión y el manual sobre evaluación del impacto:

1. No hacer nada (statu quo) . Puesto que, actualmente, los Estados miembros no reconocen las resoluciones judiciales extranjeras relativas a las medidas de vigilancia, el statu quo solamente regularía (y solo en cierta medida) la devolución del acusado al Estado del juicio a través de la orden de detención europea. No daría lugar a la vigilancia de la persona. Se aplicarían el alcance y los motivos de denegación de la Decisión marco sobre la orden de detención europea.

2. Nuevo instrumento legislativo para el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares de vigilancia . Los Estados miembros reconocerían mutuamente las medidas cautelares de vigilancia y el sospechoso sería objeto de dichas medidas en el Estado miembro de su residencia habitual en lugar de estar detenido con carácter preventivo o sujeto a una medida coercitiva menos severa en el Estado del juicio. El ámbito del instrumento podría extenderse para cubrir también los delitos menos graves (por debajo del umbral de un año en la orden de detención europea). Los motivos de denegación podrían estar más limitados que en la orden de detención europea. Por otra parte, este instrumento contendría un mecanismo específico de devolución para llevar a una persona que no coopere al Estado del juicio, en caso de que no sea posible una resolución en rebeldía. Los plazos temporales para la devolución serían muy cortos.

3. Nuevo instrumento legislativo para el reconocimiento mutuo de medidas cautelares de vigilancia y extensión de la orden de detención europea a todos los delitos. Esta opción contendría los mismos elementos que la opción 2. La única diferencia sería que no contendría un mecanismo específico de traslado. Una persona que no colaborara debería ser trasladada de vuelta al Estado del juicio de acuerdo con lo dispuesto en la orden de detención europea. Con el fin de abarcar los delitos menos graves (por debajo del citado umbral de la orden de detención europea), debería crearse una nueva categoría de “delito perseguible” (“fugitivo de la justicia”, por ejemplo, incumplimiento de una obligación bajo una medida de vigilancia o incomparecencia al juicio previa citación).

4. Programa de cooperación . Un número limitado de Estados miembros participarían en un programa experimental de cooperación en el campo de las medidas cautelares.

5. Eurofianza . Este modelo está basado en la división de funciones entre el tribunal que conoce del asunto y el tribunal del país de residencia del sospechoso. El tribunal que conoce del asunto realiza una evaluación preliminar para ver si el delito puede ser objeto de fianza. Si la respuesta es positiva, el sospechoso es devuelto a su país de residencia, donde el tribunal adoptará la decisión definitiva sobre la puesta en libertad provisional. El Estado de residencia es responsable de enviar a la persona al Estado del juicio en caso necesario.

La opción política preferida es la segunda: “ Nuevo instrumento legislativo para el reconocimiento mutuo de medidas cautelares de vigilancia y extensión de la orden de detención europea a todos los delitos ”, incorporando un mecanismo específico de devolución. Esta opción aseguraría que los no residentes en la UE no serán discriminados en cuanto a las medidas cautelares en el Estado del juicio. Extendería el derecho a la libertad y la presunción de inocencia a la Unión considerada en su conjunto, sería compatible con los principios generales en este ámbito, en particular el principio de proporcionalidad, y reduciría los costes de detención.

Para conocer más detalles, véase el informe del asesor externo y la evaluación de impacto en: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm .

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de la acción propuesta

La orden europea de vigilancia es una resolución dictada en un Estado miembro por una autoridad judicial (es decir, un tribunal, un juez, un magistrado instructor o un fiscal) que debe ser reconocida por la autoridad competente de otro Estado miembro. El objetivo es permitir que el sospechoso se acoja a una medida cautelar de vigilancia en el entorno habitual de su residencia. Por lo que se refiere al límite mínimo, la orden europea de vigilancia es una opción cuando el Derecho nacional del Estado miembro prevea la posibilidad de ordenar la prisión provisional de un sospechoso, con independencia de que los límites mínimos puedan variar en cada Estado miembro. Sin embargo, la orden europea de vigilancia no sólo es una alternativa a la detención provisional, sino que también puede dictarse en relación con un delito castigado con medidas coercitivas menos severas que la detención provisional (por ejemplo, la prohibición de viajar), es decir, cuando el límite mínimo pueda ser inferior al de la prisión provisional.

La propuesta de Decisión marco no obliga a la autoridad judicial a dictar una orden europea de vigilancia, sino que le “permite” hacerlo. Este tenor indica que corresponde a la autoridad expedidora decidir si quiere hacer uso de esa posibilidad. Aunque el sospechoso puede solicitar la expedición de una orden europea de vigilancia, estrictamente hablando no tiene “derecho” a ella. Sin embargo, la autoridad de expedición siempre debe, como principio general, valorar los elementos del caso a la luz del derecho a la libertad, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Someterse a una vigilancia preventiva en el Estado de la propia residencia suele considerarse menos gravoso que estar sujeto a una medida de vigilancia en el Estado donde se cometió el presunto delito, por no hablar de estar en detención provisional en dicho Estado.

La orden europea de vigilancia impondría una o más obligaciones al sospechoso destinadas a reducir los tres peligros clásicos que permiten imponer la detención provisional en Derecho nacional: destrucción de pruebas, reincidencia y, en particular, el peligro de fuga. Las obligaciones corresponden en cierta medida a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la prisión provisional. Las obligaciones que puedan imponerse por la autoridad expedidora son todas optativas, excepto i) la obligación de que el sospechoso esté disponible a efectos de citación al juicio (sin embargo, cuando el Derecho del Estado expedidor prevea la posibilidad de una resolución en rebeldía, el sospechoso puede no ser obligado a comparecer en el juicio), y ii) la obligación de no obstruir el curso de la justicia ni ejercer una actividad delictiva. Las otras obligaciones (“opcionales”) también corresponden a las recomendaciones del Consejo de Europa y al ordenamiento nacional (por ejemplo, prohibición de viajar, obligación de presentarse periódicamente ante la policía, imposición de un régimen horario y arresto domiciliario).

El Estado miembro de residencia habitual del sospechoso es responsable de su vigilancia y está obligado a comunicar cualquier incumplimiento a la autoridad judicial de expedición, que podrá decidir la detención o el traslado del sospechoso al Estado de expedición en caso necesario. Se aplican plazos temporales estrictos. Antes de adoptar dicha decisión, el sospechoso tiene derecho a ser oído por la autoridad de expedición. Este requisito puede satisfacerse a través de una conexión por vídeo[8] entre los Estados de expedición y de ejecución. El procedimiento de traslado es proporcionado al objetivo de la propuesta, a saber, reducir la detención provisional en la medida de lo posible y es, por tanto, compatible con los requisitos del artículo 5, apartado 1, del CEDH (en particular, su letra b)).

La propuesta se basa en principio en la obligación del Estado habitual de residencia del sospechoso de ejecutar la orden de vigilancia expedida por el Estado del juicio. Sin embargo, hay una serie limitada de motivos de denegación que puede invocar el Estado de ejecución.

La propuesta también se basa en los contactos directos entre las autoridades de expedición y de ejecución.

Base jurídica

Artículo 31, apartado 1, letras a) y c), y artículo 34, apartado 2, letra b), del TUE.

Principios de subsidiariedad y proporcionalidad

Actualmente los Estados miembros no reconocen las resoluciones judiciales extranjeras en materia de medidas cautelares de vigilancia no privativas de libertad. Por tanto, a falta de acción común y con el fin de avanzar en materia de reconocimiento mutuo, los Estados miembros tendrían que actuar unilateralmente para prever en su Derecho nacional el reconocimiento de dichas medidas. Se considera que este enfoque tiene pocas posibilidades de éxito, ya que requeriría la uniformidad de las disposiciones nacionales de los 25 Estados miembros que actúan por separado. Dicha uniformidad (en términos tanto de aplicación material como temporal) sería realizable más fácilmente mediante una acción común en forma de Decisión marco del Consejo. La presente Decisión marco no va más allá de lo necesario para lograr dicho objetivo. Tampoco afecta al artículo 33 TUE.

Instrumento elegido

Decisión marco basada en el artículo 34, apartado 2, letra b), del TUE.

4. Repercusiones presupuestarias

La aplicación de la Decisión marco propuesta no implicaría ningún gasto operativo adicional a cargo de los presupuestos de los Estados miembros ni del presupuesto de la Unión Europea.

2006/0158 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre los Estados miembros de la Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 31, apartado 1, letras a) y c) y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión[9],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[10],

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(2) Según las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 36, el principio de reconocimiento mutuo debe aplicarse a los autos anteriores al juicio. El Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal trata en la medida nº 10 el reconocimiento mutuo de medidas de vigilancia.

(3) Las medidas previstas en la presente Decisión marco deberían tender, en particular, a fortalecer el derecho a la libertad y la presunción de inocencia en la Unión Europea considerada en su conjunto y a garantizar la cooperación entre los Estados miembros cuando se someta a una persona a obligaciones o vigilancia estando la causa pendiente.

(4) En el ámbito de la detención provisional, existe el riesgo de tratar de manera diferente a los sospechosos que son residentes en el Estado del juicio y a los que no lo son: un no residente se arriesga a ser sometido a prisión provisional aunque, en circunstancias similares, un residente no lo sería. Esto se debe a la percepción de que el primero, por el hecho de no residir en el Estado del juicio, podría huir a su Estado de origen y obstruir así el curso de la justicia. En un espacio europeo común de justicia sin fronteras internas, es necesario actuar para garantizar que un sospechoso no residente en el Estado del juicio no sea tratado en absoluto de manera diferente de un sospechoso que sí que es residente.

(5) Con el fin de evitar gastos innecesarios y dificultades en relación con el transporte del sospechoso a efectos de la audiencia preliminar o el juicio, debería autorizarse a los Estados miembros a utilizar las conexiones por vídeo.

(6) La presente Decisión marco debería aplicarse sin perjuicio de la Decisión marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros[11], ni de las solicitudes de extradición presentadas por países terceros, ni del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Por otra parte, no debería impedirse al Estado miembro de ejecución incoar o proseguir un procedimiento penal propio.

(7) Dado que el objetivo del reconocimiento mutuo de las medidas cautelares de vigilancia no puede alcanzarse de manera suficiente por la acción unilateral de los Estados miembros y, por tanto, en razón de su escala y efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, el Consejo podrá adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad según el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, tal y como establece este último artículo, la presente Decisión marco no va más allá de lo necesario para lograr dicho objetivo.

(8) La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

CAPÍTULO 1 - PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

La presente Decisión marco establece la orden europea de vigilancia y el procedimiento de traslado cautelar entre los Estados miembros.

La orden europea de vigilancia es una resolución judicial dictada por una autoridad competente de un Estado miembro en relación con un sospechoso no residente destinada a devolverle a su Estado miembro de residencia siempre que observe las medidas de vigilancia, con el fin de asegurar el debido curso de la justicia y, en particular, que la persona esté disponible para comparecer en juicio en el Estado miembro de expedición.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

a) “Estado de expedición”: el Estado miembro en cuyo territorio se dicta la orden europea de vigilancia;

b) “Estado de ejecución”: el Estado miembro en cuyo territorio se ejecuta la orden europea de vigilancia;

c) “autoridad de expedición”: el tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal competente, con arreglo a la normativa nacional, para dictar la orden europea de vigilancia;

d) “autoridad de ejecución”: el tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal competente, con arreglo a la normativa nacional, para ejecutar la orden europea de vigilancia.

Artículo 3

Obligación de ejecutar la orden europea de vigilancia

Los Estados miembros ejecutarán las órdenes europeas de vigilancia sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de acuerdo con lo dispuesto en la presente Decisión marco.

Artículo 4 Determinación de las autoridades competentes

Cada Estado miembro comunicará al Consejo las autoridades competentes de conformidad con su Derecho nacional para dictar y ejecutar la orden europea de vigilancia.

La Secretaría General del Consejo pondrá la información recibida a disposición de todos los Estados miembros y de la Comisión.

CAPÍTULO 2 - LA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA

Artículo 5 Información al sospechoso

1. La orden europea de vigilancia podrá dictarse por la autoridad de expedición tras haber informado al sospechoso de las obligaciones que se le imponen con arreglo al artículo 6 y de sus consecuencias, en particular, las establecidas en los artículos 17 y 18.

2. La autoridad de expedición registrará la información facilitada al sospechoso de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa nacional del Estado de expedición.

Artículo 6 Imposición de medidas cautelares de vigilancia y obligaciones del sospechoso

1. La autoridad de expedición impondrá al sospechoso la obligación de estar disponible a efectos de notificaciones para el juicio y comparecer en él cuando se le cite.

Obstruir el curso de la justicia o realizar actividades delictivas puede constituir un incumplimiento de la orden europea de vigilancia.

La autoridad de expedición podrá imponer al sospechoso una o más de las siguientes obligaciones:

a) asistir a las audiencias preliminares relativas al delito que se le imputa;

b) no acceder a determinados lugares del Estado de expedición sin autorización;

c) reembolsar los gastos ocasionados por su traslado a la audiencia preliminar o al juicio.

2. Previo acuerdo entre la autoridad de expedición y la autoridad de ejecución, la autoridad de expedición podrá imponer una o más obligaciones al sospechoso, entre otras, las siguientes:

a) viajar en una fecha y hora determinadas a una dirección precisa del Estado de ejecución;

b) presentarse ante la autoridad de ejecución en un lugar o lugares precisos a determinadas horas;

c) entregar su pasaporte o pasaportes u otros documentos de identidad a la autoridad de ejecución;

d) encontrarse a determinadas horas en su lugar preciso de residencia, que puede ser un centro de acogida o una institución especializada para jóvenes delincuentes del Estado de ejecución;

e) encontrarse a determinadas horas en su lugar preciso de trabajo del Estado de ejecución;

f) no abandonar o no acceder a determinados lugares o áreas del Estado de ejecución sin autorización;

g) no realizar determinadas actividades, lo que podrá incluir ejercer determinadas profesiones o trabajar en determinados sectores;

h) someterse a determinados tratamientos médicos.

3. Toda obligación impuesta por la autoridad de expedición de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se consignará en la orden europea de vigilancia.

4. Además de las obligaciones previstas en la orden europea de vigilancia, la autoridad de ejecución podrá, de acuerdo con su normativa nacional, modificar las obligaciones contenidas en la orden europea de vigilancia en la medida estrictamente necesaria a efectos de ejecutar la orden europea de vigilancia.

Artículo 7 Forma y contenido de la orden europea de vigilancia

1. La orden europea de vigilancia será como se establece en el Impreso A del anexo. Será cumplimentada y firmada por la autoridad de expedición, que certificará la exactitud de lo consignado en ella. Se adjuntará a la orden europea de vigilancia una prueba escrita de la información mencionada en el artículo 5, apartado 2.

2. El Estado de expedición traducirá la orden europea de vigilancia a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución.

3. Los Estados miembros podrán consignar en una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo que aceptarán las órdenes europeas de vigilancia que estén traducidas a una o más lenguas oficiales de las Instituciones de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 3 - PROCEDIMIENTO

Artículo 8 Transmisión

1. La autoridad de expedición transmitirá la orden europea de vigilancia directamente a la autoridad de ejecución por cualquier medio que pueda constituir una prueba escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecución acreditar su autenticidad.

2. Si se desconoce la autoridad de ejecución, la autoridad de expedición hará las indagaciones necesarias, incluso a través de los puntos de contacto de la Red Judicial Europea, para obtener del Estado de ejecución los datos de la autoridad de ejecución.

3. Si la autoridad del Estado de ejecución que recibe la orden europea de vigilancia no es la autoridad de ejecución competente con arreglo al artículo 4, transmitirá automáticamente la orden europea de vigilancia a la autoridad de ejecución competente e informará de ello a la autoridad de expedición.

Artículo 9 Reconocimiento y ejecución

Salvo que la presente Decisión marco disponga otra cosa, la autoridad de ejecución reconocerá la orden europea de vigilancia, transmitida de conformidad con el artículo 8, sin más formalidades y adoptará inmediatamente las medidas necesarias para su ejecución.

Artículo 10 Motivos para denegar el reconocimiento y la ejecución

1. El tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal del Estado requerido denegará el reconocimiento y ejecución de la orden europea de vigilancia si es evidente que el procedimiento penal para el delito respecto del cual se ha dictado la orden infringiría el principio de ne bis in idem .

2. El tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal del Estado requerido denegará el reconocimiento y ejecución de la orden europea de vigilancia si concurren uno o más de los motivos siguientes:

a) si, de conformidad con la ley del Estado requerido, el sospechoso no puede, por razón de su edad, ser considerado penalmente responsable de los actos en que se basa la orden europea de vigilancia;

b) si existe una inmunidad o privilegio con arreglo a la ley del Estado requerido que impida la ejecución de la orden europea de vigilancia;

c) si el delito al que se refiere la orden europea de vigilancia es objeto de una amnistía en el Estado requerido, cuando dicho Estado sea competente para perseguir el delito con arreglo a su propio Derecho penal.

Artículo 11 Garantías que el Estado de expedición debe prestar en casos particulares

Si una persona sujeta a una orden europea de vigilancia es un nacional o residente del Estado de ejecución, la ejecución de la orden podrá someterse al requisito de que dicha persona, después del juicio, sea trasladada al Estado de ejecución con el fin de cumplir allí la pena privativa de libertad o la orden de detención dictada contra él en el Estado de expedición.

Artículo 12 Decisión sobre la ejecución

1. El tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal del Estado requerido, lo antes posible y, en todo caso, en el plazo de cinco días a partir de la recepción de la orden europea de vigilancia, decidirá si la reconoce y ejecuta o si alega motivos para denegar el reconocimiento y la ejecución. La autoridad competente del Estado requerido informará a la autoridad de expedición de tal decisión por cualquier medio que pueda constituir una prueba escrita.

2. Cuando en casos excepcionales no sea posible adoptar una decisión sobre el reconocimiento y ejecución de la orden europea de vigilancia dentro del plazo establecido en el apartado 1, la autoridad competente del Estado requerido lo comunicará sin tardanza a la autoridad de expedición, así como las razones para ello y el número de días requeridos para adoptar la decisión.

3. Cuando la orden europea de vigilancia esté incompleta, el tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal del Estado requerido podrá aplazar su decisión sobre el reconocimiento y la ejecución de la orden hasta que haya sido completada por la autoridad de expedición.

4. Si, de conformidad con el apartado 3, el reconocimiento y ejecución de la orden europea de vigilancia se aplaza, el tribunal, juez, magistrado instructor o fiscal del Estado requerido comunicará inmediatamente un informe detallando los motivos del aplazamiento directamente a la autoridad de expedición por cualquier medio que pueda constituir una prueba escrita.

5. Tan pronto como los motivos para el aplazamiento hayan dejado de existir, la autoridad competente tomará inmediatamente las medidas necesarias para la ejecución de la orden europea de vigilancia.

Artículo 13 Solicitudes de revisión

1. De conformidad con la ley del Estado de expedición, el sospechoso gozará de los mismos derechos en materia de revisión de la orden europea de vigilancia que si las obligaciones que contiene se le impusieran en forma de medidas cautelares de vigilancia no privativas de libertad ejecutables en el Estado de expedición. Sin embargo, el sospechoso tendrá derecho a solicitar a la autoridad de expedición la revisión de la orden europea de vigilancia en el plazo de 60 días a contar de la expedición o de la última revisión.

2. La autoridad de ejecución podrá solicitar a la autoridad de expedición que revise la orden europea de vigilancia 60 días después de su expedición o de su última revisión.

3. Previa petición de revisión de acuerdo con los apartados 1 o 2, la autoridad de expedición, lo antes posible y en todo caso dentro del plazo de 15 días a partir de la recepción de la petición, revisará la orden europea de vigilancia de acuerdo con la ley del Estado de expedición.

4. El sospechoso tendrá derecho a ser oído por la autoridad de expedición, de acuerdo con la ley del Estado de expedición. Este requisito puede cumplirse mediante conexión por vídeo o teléfono con la autoridad de expedición (audición por videoconferencia o conferencia telefónica). La autoridad de expedición también consultará a la autoridad de ejecución sobre la revisión de la orden europea de vigilancia.

5. El Estado de ejecución podrá designar a una persona, de acuerdo con la normativa de dicho Estado miembro, para participar en la audiencia del sospechoso.

6. La autoridad de expedición podrá, de acuerdo con la normativa del Estado de expedición, decidir:

a) mantener la orden europea de vigilancia en la forma en que se expidió en primer lugar;

b) mantener la orden europea de vigilancia pero, con arreglo a los artículos 5 y 6, modificar una o más de las obligaciones que impone;

c) mantener la orden europea de vigilancia pero revocar una o más de las obligaciones que impone;

d) revocar la orden europea de vigilancia en su integridad.

7. La autoridad de expedición comunicará inmediatamente su decisión al sospechoso y a la autoridad de ejecución.

8. Cuando la orden europea de vigilancia se revise de conformidad con este artículo, el sospechoso tendrá derecho a interpretación y asesoramiento jurídico.

Artículo 14 Revocación

1. De conformidad con la ley del Estado de expedición, la autoridad de expedición:

a) podrá en cualquier momento decidir de oficio la revocación de la orden europea de vigilancia en favor del sospechoso;

b) revocará la orden europea de vigilancia una vez el sospechoso haya cumplido todas las obligaciones que le impone.

2. La autoridad de expedición comunicará inmediatamente la decisión de revocación de una orden europea de vigilancia al sospechoso y a la autoridad de ejecución.

CAPÍTULO 4 - SITUACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 15 Obligaciones concurrentes de entregar o extraditar a cargo del Estado de ejecución

La existencia de una orden europea de vigilancia no afectará a las obligaciones que incumban al Estado miembro de ejecución en virtud de:

a) la orden de detención europea;

b) las solicitudes de extradición presentadas por un país tercero;

c) el Estatuto del Tribunal Penal Internacional.

No impedirá al Estado miembro de ejecución incoar o proseguir un procedimiento penal propio.

CAPÍTULO 5 - INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA

Artículo 16 Obligación de comunicar los incumplimientos

1. La autoridad de ejecución comunicará sin demora a la autoridad de expedición todo incumplimiento de las obligaciones impuestas en la orden europea de vigilancia de que tenga conocimiento. El informe se elaborará utilizando el Impreso B que figura en anexo. El impreso será firmado por la autoridad de ejecución, quien certificará la exactitud de su contenido.

2. El informe será transmitido directamente por la autoridad de ejecución a la autoridad de expedición por cualquier medio que pueda constituir una prueba escrita en condiciones que permitan al Estado de expedición acreditar su autenticidad. Una copia del Impreso A (orden europea de vigilancia), dictada por la autoridad de expedición de acuerdo con el artículo 7, se adjuntará al informe.

Artículo 17 Consecuencias del incumplimiento

1. En caso de incumplimiento de la orden europea de vigilancia, la autoridad de expedición, de acuerdo con la normativa del Estado de expedición, podrá decidir:

a) revocar la orden europea de vigilancia;

b) modificar o revocar una o más de las obligaciones impuestas por la orden europea de vigilancia;

c) detener y trasladar al sospechoso, si la orden europea de vigilancia fue dictada por un delito para el que, con arreglo a la normativa del Estado de expedición, la detención provisional está justificada, en particular, cuando sea necesario para comparecer a la audiencia preliminar o al juicio;

d) detener y trasladar al sospechoso en las siguientes circunstancias:

i) si la orden europea de vigilancia fue dictada por un delito para el que la detención provisional inicialmente no se justificaba con arreglo a la ley del Estado de expedición; y

ii) si la orden europea de vigilancia impone limitaciones de sus libertades en un grado comparable a la privación de libertad; y

iii) si la detención y traslado son necesarios para comparecer a la audiencia preliminar o al juicio.

2. Antes de decidir sobre la detención y el traslado, la autoridad de expedición considerará todas las circunstancias relevantes, como la pena específica prevista, las consecuencias del incumplimiento y, en particular, la voluntad del sospechoso de retornar voluntariamente al Estado de expedición.

3. Si la autoridad de expedición decide que el sospechoso debe ser detenido y trasladado y, en el momento de la decisión, el sospechoso está en el territorio de otro Estado miembro, dicho Estado detendrá y trasladará al sospechoso con arreglo a los requisitos del artículo 18.

4. Antes de adoptar la decisión del apartado 1, el sospechoso tendrá derecho a ser oído por la autoridad de expedición de acuerdo con la ley del Estado de expedición. Este requisito puede cumplirse mediante conexión por vídeo o teléfono con la autoridad de expedición (audición por videoconferencia o conferencia telefónica). La autoridad de expedición también consultará a la autoridad de ejecución.

Artículo 18 Requisitos para detener y trasladar al sospechoso

1. Si el organismo de expedición decide que el sospechoso debe ser detenido y trasladado al Estado de expedición, el sospechoso será oído por la autoridad judicial del Estado miembro en cuyo territorio sea detenido.

2. Si el sospechoso consiente su traslado, el Estado miembro en cuyo territorio se detenga al sospechoso le trasladará inmediatamente al Estado de expedición.

3. Si el sospechoso no consiente su traslado, el Estado miembro en cuyo territorio se detenga al sospechoso le trasladará inmediatamente al Estado de expedición. Éste podrá negarse a proceder a la detención y traslado únicamente:

- si está claro que el juicio penal relativo al delito por el que se ha expedido la orden infringiría entretanto el principio de ne bis in idem ;

- si el sospechoso está siendo juzgado en el Estado miembro de ejecución por los mismos hechos que motivaron la orden europea de vigilancia;

- si ha caducado la acción penal contra el sospechoso o ha prescrito la pena según el ordenamiento del Estado miembro de ejecución y los hechos competen a dicho Estado miembro con arreglo a su ordenamiento penal;

- si la decisión de arresto y traslado se refiere a nuevos hechos no cubiertos por la orden europea de vigilancia.

4. Aparte del Estado miembro de ejecución, los demás Estados miembros también podrán negarse a detener y trasladar al sospechoso por uno o más de los motivos enumerados en el artículo 10.

Artículo 19 Notificación de decisiones

La autoridad de expedición notificará inmediatamente a la autoridad de ejecución todas las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 17.

Artículo 20 Plazos para el traslado

1. Se trasladará al sospechoso al Estado de expedición con arreglo al artículo 18 en una fecha designada de mutuo acuerdo por los Estados miembros implicados y, en cualquier caso, en un plazo máximo de tres días a partir de la detención.

2. El traslado de un sospechoso podrá aplazarse provisionalmente de manera excepcional por razones humanitarias graves, por ejemplo, si hay motivos para creer que el traslado pondría manifiestamente en peligro la vida o salud del sospechoso. La autoridad de expedición será inmediatamente informada de dicho aplazamiento y de sus razones. El traslado del sospechoso tendrá lugar en cuanto dichos motivos dejen de existir en una fecha designada de mutuo acuerdo por los Estados miembros implicados.

Artículo 21 Tránsito

1. Los Estados miembros permitirán al sospechoso objeto de traslado transitar por su territorio con arreglo lo dispuesto en la presente Decisión marco, siempre que se les haya informado de:

a) la identidad y nacionalidad de la persona objeto de la orden europea de vigilancia;

b) la existencia de la orden europea de vigilancia;

c) la naturaleza y clasificación jurídica del delito;

d) las circunstancias del delito, entre ellas, la fecha y el lugar.

2. Cada Estado miembro designará a una autoridad responsable de recibir las solicitudes de tránsito y los documentos necesarios, así como el resto de la correspondencia oficial relativa a las solicitudes de tránsito. Los Estados miembros comunicarán esta designación al Consejo.

3. La solicitud de tránsito y la información prevista en el apartado 1 podrán dirigirse a la autoridad designada con arreglo al apartado 2 por cualquier medio que pueda constituir una prueba escrita. El Estado miembro de tránsito notificará su decisión por el mismo procedimiento.

4. La presente Decisión marco no se aplica en caso de transporte aéreo sin escala programada. Sin embargo, si se produce un aterrizaje no programado, el Estado de expedición facilitará a la autoridad designada con arreglo al apartado 2 la información prevista en el apartado 1.

Artículo 22 Deducción del período de privación de libertad

El Estado de expedición deducirá todos los períodos de privación de libertad derivados de la detención y traslado del sospechoso con arreglo a los artículos 17 y 18 del período total de detención que debe cumplir en el Estado de expedición como resultado de la imposición de una pena privativa de libertad o una orden de detención.

A tal efecto, en el momento del traslado, el Estado miembro en cuyo territorio se detuvo al sospechoso comunicará a la autoridad de expedición toda la información relativa a la duración de la detención del sospechoso sobre la base de lo dispuesto en el presente capítulo.

CAPÍTULO 6 - DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 23 Supervisión de la eficacia de la Decisión marco

1. Un Estado miembro que reiteradamente haya experimentado problemas con otro Estado miembro en la ejecución de órdenes europeas de vigilancia informará al Consejo con vistas a evaluar la aplicación de la presente Decisión marco en ese Estado miembro.

2. El Consejo llevará a cabo un estudio, en particular, de la aplicación práctica de lo dispuesto en la presente Decisión marco por los Estados miembros.

Artículo 24 Relación con otros acuerdos y convenios

1. En la medida en que tales acuerdos o convenios permitan la ampliación o extensión de los objetivos de la presente Decisión marco y ayuden a seguir facilitando y simplificando el reconocimiento mutuo de procedimientos de traslado cautelar, los Estados miembros podrán:

a) seguir aplicando acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales vigentes cuando la presente Decisión marco entre en vigor;

b) celebrar acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales después de la entrada en vigor de la presente Decisión marco.

2. Los acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1 no afectarán en ningún caso a las relaciones con los Estados miembros que no sean parte en ellos.

3. Los Estados miembros, en el plazo de tres meses de la entrada en vigor de la presente Decisión marco, notificarán al Consejo y a la Comisión los acuerdos y convenios existentes mencionados en el apartado 1, letra a), que deseen seguir aplicando.

Los Estados miembros también notificarán al Consejo y a la Comisión cualquier nuevo acuerdo o convenio según lo mencionado en el apartado 1, letra b), en el plazo de tres meses de la firma de tal acuerdo o convenio.

Artículo 25 Aplicación

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para atenerse a lo dispuesto en la presente Decisión marco antes del 0 de mes de 0000.

En la misma fecha los Estados miembros transmitirán al Consejo y a la Comisión las disposiciones de transposición en su ordenamiento nacional de las obligaciones que les incumben con arreglo a la presente Decisión marco y una tabla de correlación entre dichas disposiciones y la Decisión marco.

Artículo 26

Informe

La Comisión presentará, a más tardar el 0 de mes de 0000, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se valore el alcance de las medidas necesarias adoptadas por los Estados miembros para atenerse a la presente Decisión marco, en su caso acompañadas de propuestas legislativas.

Artículo 27

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Hecho en Luxemburgo/Bruselas, a 0 de mes de 0000

Por el Consejo

El Presidente N.N.

ANEXO

Impreso A:

ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA[12] La presente orden ha sido expedida por una autoridad de expedición. Solicito que la persona mencionada en la Parte A de la presente orden sea objeto de las medidas cautelares de vigilancia enumeradas en la Parte D de la presente orden. FIRMADO: ……………………………………………………………………………………. FECHA: ………………………………………………………………………..............……… |

PARTE A Información relativa a la identidad de la persona que debe ser objeto de medidas cautelares de vigilancia Apellidos: .......................................................................................................................... Nombre: ……………………………………………………………………………........ Nombre de soltera/o (en su caso): ...................................................................................... Alias (en su caso): .............................................................................................................. Sexo: ................................................................................................................................ Nacionalidad: .................................................................................................................... Fecha de nacimiento: ......................................................................................................... Lugar del nacimiento: ......................................................................................................... Residencia y/o dirección conocida: .................................................................................... Lengua/s que comprende:................................................................................................... Señas particulares/descripción física:................................................................................... …………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………….....…………………. ………………………………………………………………………….....…………….. Fotografía y huellas dactilares, si están disponibles y pueden transmitirse, o datos de contacto del individuo pertinente de quien tal información pueda obtenerse o un perfil de ADN (cuando estas pruebas puedan aportarse pero no se hayan incluido): |

PARTE B Información relativa a la autoridad de expedición Nombre oficial de la autoridad de expedición:.......................................................................... …………………………………………………………………………….....……………. Nombre de la persona de contacto: ....................................................................................... Puesto que ocupa (grado/título): ............................................................................................. Dirección: ……………………………………………………………………………..….... ………………………………………………………………………….....……………….. Tfno.: (prefijo del país) (prefijo de la ciudad/zona): .................................................................. Fax: (prefijo del país) (prefijo de la ciudad/zona): .................................................................... Dirección electrónica: ............................................................................................................. Referencia del expediente: .............................................................................................. |

PARTE C Delito que da lugar a la orden europea de vigilancia Duración máxima de la privación de libertad impuesta por la pena u orden de detención por el delito o delitos a que se refiere la presente orden: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….....…………….….. Descripción de las circunstancias en que el delito o delitos a que se refiere la presente orden fueron cometidos, entre otras, la hora, lugar y grado de participación de la persona mencionada en la Parte A: …………………………………………………………………………….…………….. ………………………………………………………………………….....…………….. ………………………………………………………………………….....…………….. ……………………………………………………………………………….....…………….. Naturaleza y clasificación legal del delito o delitos a que se refiere la presente orden y disposición o código aplicable: …………………………………………………………………………….....…………….. ………………………………………………………………………….....……….……….. ……………………………………………………………………………….....…………… …………………………………………………………………………….....…………….. Descripción completa del delito o delitos a que se refiere la presente orden: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . |

PARTE D Medidas cautelares de vigilancia Las siguientes obligaciones constituyen las medidas cautelares de vigilancia a que debe someterse a la persona mencionada en la Parte A de la presente orden. La persona mencionada en la Parte A supra deberá: estar disponible a efectos de notificaciones para el juicio y comparecer en el mismo cuando se le cite; abstenerse de obstruir el curso de la justicia y de ejercer actividad delictiva alguna; y (señale y complete como proceda): asistir a las audiencias preliminares relativas al delito o delitos que se le imputan; abstenerse de acceder a los lugares siguientes del Estado de expedición sin autorización en las horas y fechas precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… abstenerse de abandonar los lugares siguientes del Estado de expedición sin autorización en las horas y fechas precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… reembolsar los gastos de haber sido llevado a la fuerza a la audiencia preliminar o al juicio viajar a la siguiente dirección del Estado miembro de ejecución en la fecha y hora precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… presentarse ante la autoridad de ejecución en el lugar o lugares siguientes en las fechas y horas precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… entregar su pasaporte o pasaportes u otros documentos de identidad a la autoridad de ejecución; residir en la siguiente dirección en las fechas y horas especificadas: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….....………… ……………………………………………………………………………….....…………….. encontrarse en el lugar o lugares de trabajo siguientes en las fechas y horas precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… abstenerse de acceder a los lugares siguientes del Estado de ejecución sin autorización en las horas y fechas precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… abstenerse de abandonar los lugares siguientes del Estado de expedición sin autorización en las horas y fechas precisadas: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… abstenerse de realizar las actividades siguientes (que pueden incluir ejercer determinadas profesiones o trabajar en determinados sectores): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… someterse al siguiente tratamiento médico: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… otras: ……………………………………………………………………………….....…………….. …………………………………………………………………………….....…………….. …………………………………………………………………………….....…………….. ………………………………………………………………………….....…………….. …………………………………………………………………………….....…………….. |

PARTE E Información La persona mencionada en la Parte A supra ha sido informada sobre la orden europea de vigilancia de acuerdo con el artículo 5. Se adjunta al presente documento una prueba escrita de ello. |

ANEXO

Impreso B

INFORME DE INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA[13] El presente informe ha sido redactado por una autoridad de ejecución. Por la presente informo de que la persona mencionada en la Parte A de este informe ha incumplido las medidas cautelares de vigilancia enumeradas en la Parte C infra. Se adjunta una copia de la orden europea de vigilancia a que se refiere este informe. FIRMADO: .………………………………………………………………………… FECHA: ………………………………………………………………………………………. |

PARTE A Información relativa a la identidad de la persona sujeta a una orden europea de vigilancia (véase la orden europea de vigilancia adjunta para tener todos los detalles) Apellidos: ...................................................................................................... Nombre: …………………………………………………………………………………........ Nombre de soltera/o (en su caso):......................................................................... Sexo: ............................................................................................................ Nacionalidad: ................................................................................................... |

PARTE B Información relativa a la autoridad de ejecución Nombre oficial de la autoridad de ejecución: ................................................... ……………………………………………………………………….....…………….. Nombre de la persona de contacto: .................................................................................... Puesto que ocupa (grado/título):................................................................................ Dirección: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….....…………….. Tfno.: (prefijo del país) (prefijo de la ciudad/zona):.................................................................... Fax: (prefijo del país) (prefijo de la ciudad/zona): .................................................................... Dirección electrónica: ............................................................................................. Referencia del expediente: ....................................................................................... |

PARTE C Medidas cautelares de vigilancia La persona mencionada en la Parte A supra ha incumplido las siguientes obligaciones que le imponía la orden europea de vigilancia: estar disponible a efectos de notificaciones para el juicio y comparecer en el mismo cuando se le citó; abstenerse de obstruir el curso de la justicia y de ejercer actividad delictiva alguna; asistir a las audiencias preliminares relativas al delito o delitos que se le imputan; reembolsar los gastos de haber sido llevado a la fuerza a la audiencia preliminar o al juicio; viajar a la dirección determinada del Estado miembro de ejecución en la fecha y hora precisadas; presentarse a la autoridad de ejecución en el lugar o lugares determinados en las fechas y horas precisadas; entregar su pasaporte o pasaportes u otros documentos de identidad a la autoridad de ejecución; encontrarse en los lugares de residencia y trabajo del Estado de ejecución especificados en las fechas y horas especificadas; abstenerse de abandonar o acceder a los lugares o áreas precisados del Estado de ejecución sin autorización; abstenerse de ejercer determinadas actividades; someterse a un determinado tratamiento médico; otras: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Detalles de las circunstancias (entre otras, fecha y lugar) en que tuvo lugar el incumplimiento: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

[1] DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

[2] COM(2005) 184 final, p. 27.

[3] DO C 198 de 12.8.2005, p. 1 (p. 18, letra g).

[4] COM(2004) 328 final.

[5] COM(2004) 562 final.

[6] SEC(2004) 1046.

[7] Disponible en: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

[8] El artículo 10 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 3) ya prevé la audición por videoconferencia.

[9] DO C XXX E, 00.00.0000, p. 000.

[10] Dictamen emitido el x de Xxxxx de 0000 (aún no publicado en el Diario Oficial).

[11] DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

[12] Esta orden debe estar escrita o traducida en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, o en cualquier otra lengua aceptada por ese Estado.

[13] Este informe debe estar escrito o traducido en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, o en cualquier otra lengua aceptada por ese Estado.

Top