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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea {COM(2006) 690 final} {COM(2006) 691 final}

/* COM/2006/0689 final */
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52006DC0689

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea {COM(2006) 690 final} {COM(2006) 691 final} /* COM/2006/0689 final */


[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 14.11.2006

COM(2006) 689 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea

{COM(2006) 690 final}{COM(2006) 691 final}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea

Síntesis

Para garantizar un mercado justo y competitivo, el bienestar de los ciudadanos y la buena protección de la salud pública y el medio ambiente es fundamental la reglamentación. El programa «Legislar mejor» trata de cumplir este cometido de manera que se incrementen al máximo los beneficios al tiempo que se minimizan los costes. Puede suponer un claro impulso a la productividad y el empleo, contribuyendo con ello a la creación de puestos de trabajo y al crecimiento. En Europa la Unión y los Estados miembros desarrollan el entorno reglamentario en un contexto internacional. Legislar mejor es, por lo tanto, una responsabilidad conjunta.

El presente estudio estratégico, acompañado de documentos sobre la simplificación y los costes administrativos, analiza el avance conseguido y proyecta los principales retos para el futuro.

La estrategia para legislar mejor abarca la adopción de normas, desde la concepción inicial hasta su aplicación y ejecución, y empieza por la aplicación meticulosa del principio de subsidiariedad. Actualmente, al formular políticas, queda garantizada la sistemática consideración de los puntos de vista de los interesados a través de amplias consultas. Al objeto de informar y facilitar las decisiones de la Comisión, se han preparado más de 160 evaluaciones de impacto conforme a directrices exhaustivas y se están calculando los costes administrativos. La Comisión actual ha examinado las propuestas que estaban pendientes de adopción cuando tomó posesión en 2004 y ha retirado 68, y para 2007 prevé la retirada de otras 10 propuestas.

Las disposiciones ya recogidas como Derecho comunitario son de la máxima importancia para los ciudadanos y las empresas, y, por ello, la Comisión puso en marcha un programa importante de simplificación para el periodo 2005-2008 que contenía más de 100 iniciativas. Para finales de 2006, se habrán adoptado alrededor de 50 propuestas, de las que más de 20 están pendientes de trámites con el Consejo y el Parlamento Europeo. Hay que dar prioridad a estas propuestas.

El Parlamento Europeo y el Consejo han firmado el Acuerdo interinstitucional sobre cómo legislar mejor y están tomando medidas para aplicar en la práctica esta estrategia (por ejemplo, llevando a cabo algunas evaluaciones de impacto sobre modificaciones importantes a propuestas de la Comisión), pero cabe hacer mucho más.

Se han producido grandes progresos a nivel de los Estados miembros desde la adopción de las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo; 19 Estados miembros ya han introducido o están a punto de desarrollar una estrategia para legislar mejor y 17 Estados miembros ya han calculado los costes administrativos o están procediendo a hacerlo. Varios Estados miembros se han fijado objetivos globales para reducir las cargas administrativas. Se están llevando a cabo más evaluaciones de impacto, si bien a menudo son parciales. Nueve Estados miembros tienen programas de simplificación, y ocho disponen de iniciativas de simplificación ad hoc . La consulta es obligatoria en solamente nueve Estados miembros.

El panorama es alentador: ha habido progresos importantes, tanto a nivel europeo como nacional, pero conviene tener en cuenta que el desarrollo del principio de legislar mejor es un proceso, no un episodio aislado y quedan retos importantes a los que hacer frente. Las prioridades que establece la Comisión para las distintas partes son:

Comisión Europea

- Un programa de simplificación actualizado, dirigido a generar beneficios económicos tangibles, particularmente a través de la reducción de las cargas administrativas e integrado en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión. Para 2007, están programadas 47 iniciativas[1].

- Mayor control de las evaluaciones de impacto mediante la creación de un Comité independiente de evaluaciones de impacto sometido a la autoridad del Presidente.

- Intensificación de la ejecución del Derecho comunitario.

Consejo y Parlamento Europeo:

- Incremento de las evaluaciones sistemáticas de impacto de las principales modificaciones a propuestas de la Comisión.

- Mayor prioridad a propuestas pendientes de simplificación, a la codificación y a la derogación de la legislación obsoleta.

Estados miembros:

- Desarrollo y aplicación de los mecanismos de consulta, cuando no existan.

- Evaluación más sistemática de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales, mediante la elaboración de las directrices y el empleo de los recursos adecuados, y mayor transparencia en la presentación de los resultados.

- Desarrollo de programas de simplificación, cuando no existan.

- Mejora de la aplicación del Derecho comunitario.

UE y Estados miembros:

La Comisión propone la puesta en marcha de una estrategia ambiciosa para reducir las cargas administrativas. Como estas se originan tanto en la legislación europea como en la nacional, la Comisión propone que el Consejo Europeo de Primavera de 2007 fije el objetivo conjunto de reducir las cargas administrativas en un 25 %, para su consecución antes de 2012.

Mientras tanto, los Estados miembros deben adoptar medidas similares a escala nacional y expresar un compromiso claro con la reducción de las cargas administrativas en el mismo periodo. Conviene que los avances conseguidos a este respecto se reflejen en los programas nacionales de reforma y se evalúen en el marco de los Informes anuales de situación presentados en el Consejo Europeo de Primavera.

I. EL PROGRAMA «LEGISLAR MEJOR»

La Unión Europea quiere promover un marco normativo que proteja a los ciudadanos y al mismo tiempo apoye a las empresas europeas para que puedan competir más eficazmente y tener un mayor grado de innovación en un entorno mundial muy competitivo. Gran parte de la legislación europea se creó para poner en marcha el mercado único, pero también regula otros ámbitos políticos en los que los Estados miembros de la UE han llegado a acuerdos sobre políticas comunes (por ejemplo, agricultura, pesca, comercio, aduanas) o sobre el valor añadido de la actuación a nivel europeo (medio ambiente, salud y protección de los consumidores), políticas todas ellas que requieren normas acordadas de aplicación regular.

Legislar a nivel europeo ha contribuido a reducir en gran manera los trámites burocráticos. Es mucho más simple y más eficiente promulgar una norma común de aplicación en todos los Estados miembros que un complejo entramado de normas diversas a escala nacional y regional. La legislación europea ha sido efectiva en la eliminación de barreras perjudiciales a la competencia y normas nacionales conflictivas.

El desarrollo de la legislación comunitaria ha sido un proceso gradual y acumulativo que ha consistido en añadir nuevas normas a una base ya existente. Ahora es el momento de analizar, en la mayor parte de las ámbitos políticos que han alcanzado la madurez, esta legislación para ver si puede simplificarse, al objeto de aligerar las cargas que pesan sobre los operadores y ciudadanos y garantizar su claridad, actualización, eficiencia y fácil aplicación. Hay que someter a las leyes a constante estudio para adaptarlas a los progresos tecnológicos y a los mercados mundiales.

La actual Comisión ha dado la máxima prioridad a la simplificación y mejora del marco reglamentario. Basándose en iniciativas anteriores, en 2005 puso en marcha el programa «Legislar mejor» para implantar iniciativas de calidad y modernizar y simplificar la legislación existente. Este programa se aplica a todas las etapas del ciclo político:

( Respecto de la legislación vigente, se está procurando simplificar y modernizar el acervo recurriendo a técnicas legislativas como la refundición, derogación, codificación y revisión. Asimismo, se analizan maneras de reducir las cargas administrativas y se da prioridad a la aplicación correcta y puntual de las disposiciones.

( En cuanto a las nuevas propuestas, se ha instaurado un sistema completo para evaluar el impacto económico, social y medioambiental y para consultar a las partes interesadas[2] y a expertos a fin de mejorar la calidad y la coherencia en la concepción de las distintas políticas. Se procura garantizar que las propuestas guarden proporción con el problema que se quiere resolver y que se adopten las medidas al nivel correcto, respetando el principio de la subsidiariedad.

( La Comisión está también estudiando propuestas que están pendientes ante el colegislador, para dilucidar si los retrasos en su adopción se deben a su calidad y pertinencia y, en consecuencia, si sería conveniente retirarlas.

Existe un refuerzo recíproco entre estas acciones. Antes de proceder a simplificar la legislación, se evalúan las repercusiones y se estudian modos de reducir las cargas administrativas; se detectan coincidencias e incoherencias y se les pone remedio. Al diseñar políticas y disposiciones, así como cuando se revisan y modifican, se presta más atención a las cuestiones ligadas a la ejecución. Se trata de elaborar normativa de gran calidad de la mejor manera posible, no de desregular.

Legislar mejor es responsabilidad de todos. La Comisión presenta propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Los Gobiernos y Parlamentos nacionales transponen al Derecho nacional las normas de la UE, que a menudo se aplican a nivel regional y local. Se corre el riesgo de que las normas, en este itinerario desde su concepción a su ejecución «se vayan embelleciendo». La responsabilidad de legislar bien es, por lo tanto, compartida: la Comisión depende de la estrecha cooperación de las otras instituciones europeas, el Estado miembro en cuestión y las administraciones locales para lograr los objetivos de la estrategia para legislar mejor. En el Acuerdo Interinstitucional de 2003 «Legislar mejor», y en varios acuerdos complementarios, las instituciones expusieron por escrito cómo pueden trabajar juntos para la consecución de este objetivo.

II. PROGRESOS LOGRADOS HASTA LA FECHA Y RETOS EN EL FUTURO

1. Modernización de la legislación actual

Aunque la legislación europea en sí misma representa simplificación (una norma europea vale por 25 nacionales), es esencial, en un mundo en constante evolución, revisar las disposiciones legales, mejorar, eliminar las coincidencias y aprovechar la tecnología en rápido desarrollo.

Simplificación de la legislación vigente de la UE

La Comisión ha intensificado su actuación para modernizar y simplificar la legislación de la UE. De las 100 propuestas previstas originalmente para el periodo 2005-2008 en el programa renovable de simplificación[3], hasta finales de 2006 se habrán adoptado alrededor de 50; entre ellas se encuentran propuestas importantes para las empresas como, por ejemplo, una relativa al código aduanero que facilita el intercambio de datos, y mejora y simplifica procedimientos, otra relativa a los residuos, que aclara definiciones y servirá de estimulo al mercado del reciclado, y, por último, una sobre servicios de pago que simplifica procedimientos.

La Comisión ha actualizado ahora su programa renovable de simplificación[4] que prevé otras iniciativas, por ejemplo, sobre agricultura, pesca, etiquetado, y estadísticas. Mantiene un nivel alto de aspiraciones, ajustando su calendario para poder preparar la normativa en materia de calidad (por ejemplo, evaluación de impacto, consulta y evaluación ex post de la legislación vigente).

Como la simplificación entraña cambios y ajustes, es necesaria la consulta a nivel de sector, y, así, la Comisión está consultando los sectores más afectados, analizando los problemas y encontrando soluciones prácticas. Es importante tener en cuenta el contexto internacional (por ejemplo, en materia de contabilidad, contratación pública y derechos de propiedad intelectual).

El colegislador debe conceder mayor prioridad a las propuestas de simplificación; actualmente más de 20 de ellas están pendientes. Se impone considerar procedimientos para facilitar una adopción de propuestas de simplificación en el momento oportuno.

Los Estados miembros tienen que desarrollar sus propios programas nacionales de simplificación para que las ventajas de un marco reglamentario más ligero no se vean anuladas por nuevas normas nacionales. Generalmente en la fase de transposición de las directivas al Derecho nacional es cuando se introducen puntualizaciones, no prescritas por la norma de la UE. Este proceso, a veces mencionado como el «chapado en oro» puede trascender los requisitos establecidos en la normativa de la UE.

Reducción de las cargas administrativas

La mayoría de los costes creados por la legislación tienen que ver con la inversión (por ejemplo, instalación de equipos de seguridad) que se requiere para cumplir la normativa, pero hay otros costes de tipo administrativo, como los contraídos para hacer frente a los requisitos de información. En la medida de lo posible, estos costes deben reducirse sin, por ello, comprometer la consecución de los objetivos de la legislación. La experiencia de los Estados miembros pone de manifiesto que los poderes públicos pueden hacer mucho para reducir las cargas administrativas de la legislación que sean injustificables; los beneficios económicos derivados de dicha acción se estiman en un aumento de cerca del 1,5 % en el nivel del PIB o hasta 150 000 millones de euros[5].

La Comisión ha desarrollado una metodología común para evaluar los costes administrativos y la aplica a la nueva legislación en sus propias evaluaciones de impacto ex ante .

La prioridad reside ahora en reducir las cargas administrativas impuestas por la legislación vigente y la Comisión, junto con los Estados miembros, está trabajando para desarrollar orientaciones para la cuantificación conjunta de las cargas que supone la legislación vigente en la UE. Los problemas que la Comisión está analizando (por ejemplo, la comparabilidad de las cuantificaciones, la determinación del origen de las obligaciones, los objetivos de reducción y reparto de las cargas) y las conclusiones sacadas de un proyecto experimental se glosan más detalladamente en el documento de trabajo de la Comisión.

Además, la Comisión está dilucidando la mejor manera de fijar objetivos cuantitativos en la reducción del acervo de legislación vigente. Algunos Estados miembros ya han llevado a cabo la cuantificación y concluido que la reducción de las cargas administrativas en un 25 % es un objetivo ambicioso pero factible. La experiencia adquirida en algunos Estados miembros demuestra que ese tipo de objetivos, que deben ser diferenciados según donde recaigan las cargas, han funcionado bien al facilitar un marco y generar la urgencia e impulso necesarios. En ciertas áreas (por ejemplo, agricultura y aduanas) la acción realizada a nivel europeo puede directamente reducir cargas; en otros, será la intervención de los Estados miembros lo que contribuirá más a la reducción de cargas. Los Estados miembros y la Comisión tendrán que convenir en una base de referencia general en ámbitos prioritarios y unos objetivos de reducción comunes a la Comunidad y los Estados miembros, según el origen de las cargas administrativas.

La Comisión presentará un Plan de acción para la cuantificación y reducción de las cargas administrativas a principios de 2007. El Plan propondrá actuaciones inmediatas, así como un planteamiento coordinado a más largo plazo para objetivos conjuntos de la UE y los Estados miembros referentes al cálculo y la reducción. La Comisión invitará a las instituciones a considerar un procedimiento rápido de aprobación para las actuaciones inmediatas.

Se pedirá al Consejo Europeo de Primavera de 2007 que apruebe:

- Un objetivo global conjunto de reducción del 25 % en las cargas administrativas de la UE y la legislación nacional para 2012 y posibles objetivos intermedios adecuados. Como se trata de una responsabilidad compartida, es necesario un esfuerzo conjunto de las instituciones europeas y los Estados miembros por igual.

- Áreas prioritarias de actuación - a nivel europeo y nacional, tanto con carácter inmediato como a más largo plazo.

- El ejercicio y la metodología de la cuantificación.

Codificación y derogación de la legislación obsoleta

La legislación europea ha tenido un desarrollo progresivo y las normas se han ido modificando con el transcurso del tiempo, pero las modificaciones no han sido reincorporadas sistemáticamente a la normativa original. La codificación es el proceso que reúne en una ley las disposiciones de los actos vigentes y todas sus posteriores modificaciones; este proceso contribuye a la reducción del volumen de la legislación comunitaria, proporcionando textos más transparentes y claros desde el punto de vista jurídico que facilitan su aplicación y son de utilidad para las PYME en especial. En el programa de codificación de la Comisión entran alrededor de 500[6] actos provenientes de todos los sectores. De entre ellos, 85 han sido ultimados por la Comisión: 52 ya han sido adoptados y publicados en el Diario Oficial y 33 están pendientes ante el Consejo y el Parlamento. Estos 85 actos sustituyen a 300 actos existentes y los 500 actos del programa de codificación reemplazarían a cerca de 2 000 actos en total.

La Comisión aspira a concluir el programa en 2008. Se está acelerando el proceso de traducción y se procederá, siempre que sea posible, a una «retención» de enmiendas sustanciales. La Comisión invita a las demás instituciones a hacer un esfuerzo concertado para acabar el programa de codificación mediante la adopción a la mayor brevedad posible de los actos correspondientes.

En el futuro será importante, para evitar que se vuelvan a producir retrasos en la codificación, garantizar de forma más sistemática, a través de la refundición[7], la integración de las modificaciones en la legislación vigente en el momento de su adopción.

Deben eliminarse los actos obsoletos que ya no tienen efecto real, pero que formalmente siguen en vigor por no haber sido derogados expresamente. En 2003 la Comisión puso en marcha un proceso para localizar estos actos y crear procedimientos simplificados para su eliminación. Sería conveniente continuar este proceso, que podría acelerarse si se acordaran procedimientos rápidos entre el Parlamento Europeo y el Consejo.

2. Mejorar la preparación de las propuestas

Evaluación de impacto

Tener una visión completa de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales, incluido el contexto internacional, de la normativa de que se trate constituye una parte importante en la elaboración de mejores normas. Además de la consulta a las partes interesadas, la Comisión ha creado un sistema integrado para la evaluación de impacto, ha publicado directrices y las ha aplicado a las principales propuestas de medidas. Desde 2003 la Comisión ha llevado a cabo más de 160 evaluaciones de impacto y, desde septiembre de 2006, se traduce a todas las lenguas oficiales un resumen de los informes de la evaluación de impacto de la Comisión. Las decisiones de la Comisión sobre si proceder con una iniciativa, y cómo hacerlo, se basan en un análisis exhaustivo de opciones; como práctica rutinaria se analiza la opción de no intervención por parte de la UE junto a alternativas a la normativa jurídicamente vinculante (autorregulación y corregulación). En consecuencia, algunas medidas previstas han sido objeto de claros ajustes: evaluaciones de impacto sobre la biomasa, el medio ambiente urbano, y los derechos de propiedad intelectual en el sector de la música en línea llevaron a la conclusión de que no eran necesarias medidas vinculantes.

Un nuevo elemento importante para mejorar el proceso de toma de decisiones en la Comisión es la creación de un Comité de la evaluación de impacto, que ofrecerá asesoramiento y apoyo al desarrollo de una cultura de la evaluación de impacto en el seno de la Comisión. Facilitará consejo y control en materia de calidad garantizando al tiempo que la responsabilidad de la preparación de las evaluaciones y las correspondientes propuestas recaigan en los departamentos y en los Miembros de la Comisión pertinentes. El Comité, integrado por funcionarios de alto nivel, actúa con independencia de los departamentos de formulación de políticas y despacha directamente con el Presidente; su función es emitir dictámenes sobre la calidad de las evaluaciones de impacto. Este Comité contribuye a comprobar que las evaluaciones son de gran calidad, que analizan las distintas políticas y que pueden utilizarse a través de todo el proceso legislativo; el Comité puede recurrir a expertos exteriores para que le asistan en su tarea. La Comisión espera que se convierta en un Centro de excelencia.

Entre las acciones importantes en curso se encuentra una evaluación exterior del sistema de evaluación de impacto de la Comisión. Asimismo, la Comisión adoptará un Plan de acción[8] para mejorar el uso de la evaluación ex post en el proceso de desarrollo de medidas.

Las otras instituciones deben también evaluar sistemáticamente las repercusiones de las principales modificaciones que introducen en las propuestas de la Comisión, ateniéndose en la medida de lo posible a la misma metodología que utiliza la Comisión. En el ámbito del título VI del TUE (cooperación policial y judicial en materia penal), las propuestas realizadas por el Consejo/los Estados miembros deben ir acompañadas por evaluaciones de impacto.

Examen y retirada de propuestas pendientes

En algunos Estados miembros los programas legislativos del Gobierno y el Parlamento se elaboran automáticamente al final de cada legislatura. Esta clase de discontinuidad legislativa no está prevista en los Tratados de la UE. Teniendo en cuenta los retos concretos a los que se enfrenta la integración europea y el carácter del marco institucional europeo, la aplicación general de dicha práctica podría alterar de manera importante el actual equilibrio entre las principales instituciones y producir largas interrupciones del flujo de trabajo.

De todos modos, el hecho de que la Comisión realice evaluaciones periódicas de la normativa pendiente a lo largo del ciclo político, desde el principio hasta el final, puede contribuir a reforzar la asunción política y la coherencia general del programa estratégico de la UE.

Por esta razón, tras tomar posesión a finales de 2004, la presente Comisión decidió examinar las propuestas adoptadas por la anterior, que seguían pendientes ante el Consejo y el Parlamento Europeo para ver si se ajustaban a la prioridad de las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo, y se atuvo a las normas para legislar mejor. A principios de 2006 se retiraron 68 propuestas pendientes; se retirarán otras 10 propuestas en 2007 y periódicamente la Comisión seguirá supervisando la normativa pendiente para comprobar que es pertinente y actualizada.

Sin perjuicio de su prerrogativa de retirar las propuestas pendientes en un momento dado, la actual Comisión está realizando un examen periódico de las propuestas pendientes en el marco de la preparación de los programas de trabajo a fin de comprobar que el proyecto de normativa que está examinando el legislador se ajusta a las prioridades políticas y retirar aquellas propuestas que no cumplen este requisito o son obsoletas. Cree que toda nueva Comisión debería llevar a cabo un ejercicio similar en los seis primeros meses después de asumir sus funciones.

3. Aplicación del Derecho de la UE

El esfuerzo realizado por la Comisión para simplificar y mejorar el marco reglamentario no producirá los resultados esperados si no se aplica la legislación en los Estados miembros de forma correcta y eficaz. Además, en el caso de que haya problemas, las empresas, los consumidores y los ciudadanos tienen que poder ejercer rápidamente sus derechos. La Comisión seguirá garantizando la correcta aplicación de la normativa comunitaria, pero es fundamental que los Estados miembros asuman su responsabilidad a este respecto. La mayor parte de la legislación europea son directivas que establecen normas y objetivos generales, pero dejan cierta libertad a los Estados miembros para obtener los resultados necesarios, de conformidad con el Tratado CE y el principio de subsidiariedad. Compete a los Estados miembros la transposición de las directivas al Derecho nacional y la aplicación de las mismas; el no cumplimiento de las obligaciones puede dar lugar a una acción judicial, incluso ante el Tribunal de Justicia. A la vista de la cantidad de los asuntos por infracción contra los Estados miembros, con frecuencia se aprecia que no se cumple el objetivo de la correcta aplicación de la legislación comunitaria, pero el procedimiento de infracción no es el mejor modo para poner remedio a los problemas de los ciudadanos y las empresas.

La Comisión adoptará más medidas preventivas y hará un seguimiento de la actuación de los Estados miembros en una primera fase para facilitar la correcta transposición de las directivas fundamentales. Buscará un compromiso de los Estados miembros de presentar cuadros de correlación, que enlacen las disposiciones contenidas en las directivas y las normas nacionales para facilitar la evaluación de la transposición, la transparencia y el control judicial. Por otra parte, entre los Estados miembros la carga administrativa derivada de la aplicación de las directivas de la UE varía mucho. La Comisión colaborará con los Estados miembros en la determinación y difusión de buenas prácticas en este ámbito.

En los casos en que falle la prevención, la Comisión hará todo lo posible por corregir el error. Si procede, y habida cuenta de su papel como guardiana del Tratado, se centrará en categorías esenciales de casos (no comunicación de las medidas nacionales de transposición de las directivas, infracciones de la legislación europea con un impacto negativo de especial envergadura para los ciudadanos o las empresas o incumplimiento de las sentencias del Tribunal). Seguirá trabajando con los Estados miembros para desarrollar otros mecanismos de solución de problemas, basándose en soluciones prácticas y mecanismos adecuados como SOLVIT[9], al objeto de responder de una manera rápida, eficiente y cuantificable a las preguntas y los problemas de ciudadanos y empresas. La Comisión proporcionará información sistemática sobre la aplicación[10] de la legislación europea y dará más detalles sobre estas iniciativas en una próxima comunicación relativa a la aplicación del Derecho europeo que constituirán un componente importante en el Estudio sobre el mercado único.

III. PROGRESOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LEGISLAR MEJOR

La mejora de las normas reglamentarias en Europa depende de la contribución de los Estados miembros y tiene que ver con la transposición y la aplicación del Derecho de la UE y con la calidad de la normativa nacional y regional. Se han redoblado los esfuerzos para legislar mejor desde la adopción de las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo[11] en marzo de 2005[12], como lo atestiguan los programas nacionales de reforma y los informes de situación.

La mayoría de los Estados miembros cuenta con una estrategia para legislar mejor y una estructura institucional de apoyo. Los mayores progresos tienen que ver con la cuantificación de los costes administrativos y la reducción de las cargas, aspecto en el que la mayor parte de los Estados miembros ha optado por el mismo modelo para calcular los costes administrativos y algunos ya han adoptado objetivos de reducción del porcentaje. Muchos Estados miembros llevan a cabo ahora evaluaciones de impacto y algunos han desarrollado directrices al efecto, pero sólo un número relativamente pequeño de países realiza sistemáticamente evaluaciones integradas de impacto de las nuevas propuestas legislativas y desde fuera del país no se puede acceder a los resultados.

Si bien cerca de la mitad de Estados miembros ha desarrollado un amplio programa de simplificación, se están poniendo en marcha muchas iniciativas ad hoc (por ejemplo, la administración electrónica, las ventanillas únicas y las oficinas centrales de registro). Se incrementa en muchos Estados miembros la consulta a las partes interesadas, pero cabe aún mejorar.

Es evidente que la mejora del proceso de reglamentación requiere tiempo, recursos financieros y humanos, así como el ajuste de las estructuras institucionales actuales, y esto no puede lograrse sin un apoyo político fuerte y continuo.

IV. PRÓXIMAS MEDIDAS

El estudio demuestra que la UE está cumpliendo con su compromiso de legislar bien. No obstante, la acción conjunta de la Comisión, el Parlamento, el Consejo y los Estados miembros, puede llegar más lejos:

Simplificación de la legislación

- Hacer de la simplificación el eje del programa de trabajo de la Comisión a través de la incorporación del programa permanente de simplificación en el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión .

- Reforzar el programa permanente de simplificación con más de 40 iniciativas de simplificación que aparecerán en los próximos años, en un amplio espectro de ámbitos políticos.

- Adopción más rápida por el colegislador de las propuestas de simplificación pendientes y consolidación de la cooperación interinstitucional.

Reducción de las cargas administrativas

- La Comisión propondrá un Plan de acción para la cuantificación de los costes administrativos y la reducción de las cargas administrativas y pondrá en marcha un amplio estudio de cuantificación y reducción de las cargas .

- Sobre esta base, se pedirá al Consejo Europeo que apruebe un objetivo conjunto de reducción del 25 % , y áreas prioritarias para la acción, a nivel comunitario y nacional, como un primer grupo de acciones concretas en las que puede lograrse un avance rápido e importante, así como el ejercicio de cálculo y la metodología que deben utilizarse.

Evaluaciones de impacto

- Un nuevo Comité de la evaluación de impacto (CEI) empezará a revisar sistemáticamente las evaluaciones de impacto de la Comisión.

- En su caso, se aplicarán los resultados de la evaluación exterior del sistema actual de la evaluación de impacto .

- En la revisión de 2008 del «Planteamiento común de la evaluación de impacto», la Comisión espera que las instituciones acepten realizar evaluaciones de impacto de iniciativas de los Estados miembros en el ámbito del Título VI del TUE ( cooperación policial y judicial en materia penal ).

Examen y retirada de propuestas pendientes

- La presente Comisión considera que las futuras Comisiones deben efectuar un examen de las propuestas pendientes en principio en los seis primeros meses de su mandato a fin de verificar que el proyecto de legislación examinado por el legislador se ajusta a las prioridades políticas.

- La actual Comisión seguirá examinando las propuestas pendientes periódicamente en el marco de la preparación del programa de trabajo anual y, en su caso, las retirará.

Transposición y aplicación de la normativa de la UE

- En el transcurso de 2007 , la Comisión propondrá una nueva iniciativa para procurar anticipar y prevenir problemas de transposición, reforzando la cooperación con los Estados miembros, acelerando el avance en cuanto a determinar las categorías clave de casos e intensificando la información sobre la aplicación.

- Los Estados miembros tienen que seguir avanzando en una mejor transposición de directivas, mayor comunicación de información y solución de problemas para los ciudadanos y empresas y una difusión mayor de los cuadros de correlación.

Codificación y derogación

- La Comisión presentará alrededor de 350 iniciativas de codificación antes de finales de 2008, recomendando la adopción por parte del Consejo y del Parlamento antes de 2009.

- Aplicación de mejores formas de codificar la legislación .

- Determinación continua de actos obsoletos que deben derogarse . La Comisión invita también al Consejo y al Parlamento Europeo a desarrollar procedimientos rápidos para la derogación de la legislación obsoleta.

V. CONCLUSIÓN

En la UE se han conseguido muchos logros en el desarrollo de la estrategia para legislar mejor, pero ahora hay que llevar adelante el programa de forma decidida para conseguir todos los beneficios que puede aportar. La Comisión se ha comprometido firmemente a desempeñar su papel y está tomando nuevas iniciativas para consolidar su sistema de evaluación de impacto y su programa de simplificación, así como para explicar las medidas adoptadas para legislar mejor. También propone poner en marcha una acción sin precedentes para recortar las cargas administrativas. Pero la Comisión sola no puede triunfar en su empeño, por lo que invita al Consejo Europeo, el colegislador de la UE y a los Estados miembros, a respaldar las prioridades destacadas en la presente Comunicación como programa común para legislar mejor en la Unión Europea.

[1] Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007 - COM(2006) 629 de 24.10.2006.

[2] La Comisión informará sobre el resultado de la consulta pública referente a sus normas mínimas para la consulta pública en una próxima comunicación relativa a la Iniciativa europea en materia de transparencia.

[3] COM(2005) 535 de 25.10.2005.

[4] Primer informe de situación sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador - COM(2006) 690.

[5] Véase «Cuantificación de los costes administrativos y reducción de las cargas administrativas en la Unión Europea» - COM(2006) 691.

[6] De los 940 textos originalmente identificados como codificables en 2001, 198 han sido derogados, 16 han prescrito, 8 sufren modificaciones con demasiada frecuencia como para poder codificarlos y 152 son obsoletos o no merecen ser codificados debido al tipo mínimo de modificación.

[7] Por refundición se entiende el proceso mediante el que un nuevo acto legalmente vinculante, que deroga los actos a los que sustituye, combina la modificación de la parte material de la norma y la codificación del resto de las disposiciones que no se pretende modificar.

[8] Próxima Comunicación a la Comisión de la Sra. Grybauskait[pic] de común acuerdo con el Presidente: «Respuesta a necesidades estratégicas: refuerzo del uso de la evaluación».

[9] SOLVIT es us que no se pretende modificar.

[10] Próxima Comunicación a la Comisión de la Sra. Grybauskaitė de común acuerdo con el Presidente: «Respuesta a necesidades estratégicas: refuerzo del uso de la evaluación».

[11] SOLVIT es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos creado por la Comisión para ayudar a los ciudadanos y las empresas de la UE a los que se negó la posibilidad de ejercer sus derechos relativos al mercado interior europeo debido a una mala utilización de la normativa del mercado interior por parte de una administración pública de otro Estado miembro, http://europa.eu.int/solvit/site/index.htm.

[12] La Comisión presenta ya un informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, véase COM(2006) 416.

[13] COM(2005) 141 de 12.4.2005.

[14] Una descripción detallada de las experiencias de los Estados miembros en la introducción de principios para legislar mejor aparece en el Informe sobre la competitividad de 2006 (próximo) y en la Nota para el Comité de Política Económica – Fomento del principio «Legislar mejor», Bruselas, 18 de octubre de 2006.

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