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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Servicios profesionales – Prosecución de la reforma - Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales, COM(2004) 83 de 9 de febrero de 2004 (SEC(2005) 1064)

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52005DC0405

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Servicios profesionales – Prosecución de la reforma - Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales, COM(2004) 83 de 9 de febrero de 2004 (SEC(2005) 1064) /* COM/2005/0405 final */


[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 5.9.2005

COM(2005) 405 final

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Servicios profesionales – Prosecución de la reformaSeguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales, COM(2004) 83 de 9 de febrero de 2004 (SEC(2005) 1064)

ÍNDICE

1. Antecedentes 3

2. Definir mejor el interés general 5

3. Actividades de la Comisión y DE LAS autoridades nacionales de competencia 6

4. Progresos de los Estados miembros 7

5. Aplicación de las normas de competencia de la CE 9

6. Conclusiones 10

7. Camino a seguir 11

ANEXO: Avances de los Estados miembros en la revisión y eliminación de las restricciones de la competencia en el ámbito de los servicios profesionales, SEC(2005) 1064.

ANTECEDENTES

1. Las profesiones liberales son un sector clave de la economía europea a cargo de la prestación de servicios de considerable importancia pública. Las cifras de 2001 muestran que los “servicios empresariales”[1] generaron un volumen de negocios superior a 1 281 millardos de euros, que representan aproximadamente el 8 % del volumen de negocios total de la UE.[2] Esto generó unvalor añadido de más de 660 millardos de euros en 2001. Aproximadamente un tercio puede atribuirse a los “servicios profesionales”. El organismo de defensa de la competencia irlandés, por ejemplo, ha calculado que en Irlanda el gasto sólo en servicios jurídicos en 2001 alcanzó 1 140 millones de euros, casi el 1 % del PIB total. En términos de empleo, los “otros servicios empresariales” emplearon a casi 12 millones de personas en 2004[3], un 6,4 % del empleo total, que fue del 5,7 % en 2002.[4]

2. El sector se caracteriza por un alto nivel de regulación. Suele ser una mezcla de regulación estatal, autorregulación, costumbre y práctica, desarrollada a lo largo de los años.

3. La importancia de liberalizar todos los mercados y eliminar la regulación innecesaria para fomentar una mayor competencia fue destacada por el Informe Kok en noviembre de 2004. Se aboga por una revisión sistemática de la regulación para comprobar que no traba innecesariamente la actividad económica.[5] Para promover este objetivo, la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera de 2005, y la reforzada Estrategia de Lisboa, identifican la mejora de la regulación como aspecto clave del trabajo en el futuro para promover mercados competitivos. Por otra parte, el Consejo Europeo, en sus conclusiones de marzo de 2005, subrayó la importancia de esta tarea instando a los Estados miembros a cotejar la compatibilidad de la legislación nacional con las normas de la UE con el fin de eliminar barreras en el mercado y abrir la competencia en el mercado interior.[6]

4. El trabajo de la Comisión en el campo de los servicios profesionales debería considerarse en este contexto. Se ha propuesto examinar si la actual masa normativa es la más eficiente y menos restrictiva de la competencia, o si una mejor regulación, más adaptada al mundo moderno, podría contribuir a estimular el crecimiento económico y a prestar servicios mejores de mayor valor para los consumidores.

5. Tras un ejercicio de inventario en 2002-2003 para aumentar el conocimiento sobre las actuales prácticas reguladoras, la Comisión publicó un Informe sobre la competencia en los servicios profesionales[7] en febrero de 2004 (en lo sucesivo, “Informe de 2004”). Este informe se completó mediante el Ejercicio de Inventario sobre la regulación de servicios profesionales en los nuevos Estados miembros de la UE, publicado en noviembre de 2004.[8]

6. La Comisión se centró en seis profesiones - abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos y contables (incluida la profesión de asesores fiscales) - y analizó detalladamente cinco restricciones clave sobre la competencia: i) los precios fijos, (ii) los precios recomendados, (iii) la regulación de la publicidad, (iv) los requisitos de entrada y los derechos reservados, y (v) las normativas que rigen la estructura empresarial y las prácticas multidisciplinares.

7. En muchos casos, las normas restrictivas tradicionales en estas áreas buscan restringir la competencia y pueden eliminar o limitar la competencia entre los prestadores de servicios y reducir así los incentivos para que los profesionales trabajen de manera eficiente, bajen los precios, aumenten la calidad u ofrezcan servicios innovadores. Esto es malo para los consumidores, la economía y la sociedad en general. La disponibilidad de servicios profesionales mejores y más variados también podría aumentar la demanda, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la creación de empleo en este sector importante donde los puestos son altamente cualificados y están bien pagados.[9]

8. En el Informe de 2004, la Comisión sugirió realizar un test de proporcionalidad para comprobar hasta qué punto una normativa profesional anticompetitiva contribuye verdaderamente al interés general y puede justificarse objetivamente. El Informe de 2004 sugería que, para lograr este objetivo, sería útil que cada norma contuviera un objetivo explícito, así como una explicación de cómo la medida reguladora elegida constituye el mecanismo menos restrictivo de la competencia para la consecución efectiva del objetivo establecido. La Comisión invitó a todos – a las autoridades reguladoras de los Estados miembros y organismos profesionales[10] – a trabajar coordinadamente para revisar las normas existentes teniendo en cuenta si esas normas son necesarias para el interés general, proporcionadas y justificadas. A efectos de la presente Comunicación, las restricciones que no superan ese test de proporcionalidad se denominarán “injustificadas” o “desproporcionadas”, como sugería el Informe de 2004.

9. La presente Comunicación informa sobre el progreso en la tarea de revisión y supresión de tales restricciones injustificadas[11] por los Estados miembros, utilizando el detallado análisis que contiene el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a esta Comunicación.[12]

DEFINIR MEJOR EL INTERÉS GENERAL

10. Hay razones por las que puede ser necesaria una regulación muy específica de los servicios profesionales:

11. en primer lugar, porque hay una "asimetría de información" entre clientes y prestadores de servicios profesionales en la medida en que se requiere que los profesionales posean un alto nivel de conocimientos técnicos. Los consumidores pueden no tener estos conocimientos y puede resultarles, por tanto, difícil juzgar la calidad de los servicios que adquieren;

12. en segundo lugar, el concepto de "externalidades", en la medida en que la prestación de un servicio puede tener un impacto en terceros al igual que en el comprador del servicio. Un buen ejemplo es una auditoría inexacta que puede inducir a error a acreedores y a inversores;

13. en tercer lugar, se considera que ciertos servicios profesionales producen “bienes públicos” que son valiosos para la sociedad en general, por ejemplo, la buena administración de la justicia. Es posible que si no existiera regulación alguna, el suministro de estos servicios fuera insuficiente o inadecuado.

14. Estos factores, sin embargo, no afectan de la misma manera a todos los usuarios de servicios profesionales. Teniendo esto en cuenta y tras intercambiar impresiones con los profesionales, los usuarios y los Estados miembros (autoridades reguladoras y de competencia), la Comisión ha llegado a la conclusión de que sería útil perfeccionar y profundizar su análisis económico del mercado de los servicios profesionales y, en particular, dar más consideración a lo que significa el interés público en los diversos mercados. Esto facilitaría una mejor comprensión de la interacción entre la oferta y la demanda de cada servicio profesional considerado y ayudaría a establecer el marco para la revisión de la regulación existente.

15. La Comisión ha realizado un análisis de los diversos mercados afectados, que figura en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo. Se identifica de modo general quién compra o utiliza diversos servicios – si es una empresa pequeña o grande, los consumidores o el sector público – y entonces identifica con mayor precisión cómo la práctica reguladora existente afecta a estos usuarios.

16. El descubrimiento clave es que los usuarios ocasionales, que son generalmente clientes y hogares particulares, pueden necesitar una protección específica. Por otra parte, los principales usuarios de servicios profesionales – empresas y sector público – pueden no necesitar, o apenas necesitar , de esa protección regulatoria, ya que están más preparados para elegir a los proveedores que mejor se adaptan a sus necesidades. La situación no está del todo clara por lo que a la pequeña empresa se refiere, y es necesario profundizar en el análisis para hacer una evaluación más completa de sus necesidades de protección a través de la regulación. Por otra parte, hay poco margen para que surjan servicios nuevos e innovadores que respondan a la demanda en el actual marco regulador. Esto, a su vez, puede generar costes para la actividad empresarial. Los diversos intereses de estos grupos deberían, por tanto, ser primordiales a la hora de revisar la regulación y normas existentes.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN Y DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE COMPETENCIA

17. DURANTE 2004 LA COMISIÓN estableció un diálogo estructurado con los organismos profesionales europeos de abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, contables, asesores fiacles y farmacéuticos y con las autoridades reguladoras nacionales para debatir la justificación de las normas profesionales existentes y explorar la manera de adaptarlas en pro de la competencia. El nivel de receptividad de la reforma varió en función del grado de apertura y desregulación de cada una de las profesiones objeto de debate.

18. La mayoría de las autoridades nacionales de competencia han estado trabajando en esta materia en 2004-2005, lo que supone un cambio decisivo. Entre las acciones emprendidas cabe citar:

19. discusiones bilaterales con autoridades reguladoras nacionales y organismos profesionales;

20. participación en seminarios y conferencias sobre la competencia en las profesiones liberales;

21. la emisión de dictámenes sobre proyectos legislativos, que contienen disposiciones que pueden ser restrictivas de la competencia;

22. ejercicios de inventario y estudios de sector.

23. Este trabajo ha dado lugar a la supresión de algunas restricciones injustificadas a tenor del apartado 8 supra y ha sido un factor clave en la creación de comités con respaldo gubernamental para el estudio pormenorizado de las recomendaciones realizadas y para la presentación de propuestas para un cambio más radical. En 2004 el Órgano de Vigilancia de la AELC también inició un análisis de la situación de la regulación existente en el área de los servicios profesionales en los tres países de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega).[13]

PROGRESOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

24. El cuadro 1 infra muestra el nivel de progreso realizado en cada Estado miembro en 2004/2005 en la revisión y eliminación derestricciones desproporcionadas en la legislación y en lanormativa de los organismos profesionales.[14] Las cifras individuales se han elaborado utilizando la información proporcionada por los Estados miembros. El nivel de progreso realizado debe considerarse en el contexto del nivel de regulación existente en estos países. En algunos países existe un nivel bajo de regulación y tienen menos trabajo de reforma (véanse los cuadros 1 y 2).

25. El cuadro muestra que los mayores progresos se han realizado en los países donde hay un programa estructurado de reformas en pro de la competencia o de reformas de la normativa: Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido. Estos países están entre los que tienen un menor nivel de regulación. Por otra parte, cabe destacar que en estos países hay una estrecha colaboración entre el Gobierno y las autoridades nacionales de competencia y que, con frecuencia, la reforma sustancial en un sector dado es precedida de un análisis profundo de las restricciones existentes por la autoridad de competencia. La experiencia muestra igualmente que en estos países se han abordado primero los precios fijos y las restricciones de publicidad y, posteriormente, las reformas estructurales de mayor envergadura.

26. Teniendo en cuenta lo anterior, es prometedor que más de un tercio (9 en total) de los Estados miembros hayan comunicado que el trabajo analítico está en curso, por lo que cabe esperar una reforma sustancial en un futuro próximo. Otros seis países han informado de reformas menores, por ejemplo, una ligera facilitación de los requisitos cualitativos de entrada. En los otros sietepaíses el proceso de reforma se ha iniciado lentamente y aún no han dado cuenta de actividad alguna.

Cuadro 1: Nivel de actividad de los Estados miembros en 2004-2005 para reformar la legislación, normas profesionales y normativas en el sector de los servicios profesionales

Nivel de actividad | Estados miembros |

Inactividad | República Checa, Chipre, Finlandia, Grecia, Malta, España, Suecia |

Reformas menores | Austria, Estonia, Hungría, Letonia, Eslovenia, Portugal |

Trabajo analítico en curso | Bélgica, Italia, Luxemburgo y Polonia |

Reformas menores y trabajo analítico | Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Eslovaquia |

Reforma estructural sustancial | Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido |

Nota: No tiene en cuenta la actividad de las autoridades nacionales de competencia en la materia.

Figura 1: Índice del nivel de regulación en los Estados miembros

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Fuente: Estudio IHS[15] actualizado para incluir a los nuevos Estados miembros y reflejar las reformas comunicadas

Figura 2: Comparación de la actividad de reforma de los Estados miembros (cuadro 1) con el nivel de regulación existente (cuadro 1)

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Nota: Malta no está incluida por no disponerse de información.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA CE

27. Como consecuencia de la modernización de la aplicación de la legislación antitrust, las autoridades nacionales de competencia y los tribunales nacionales pueden aplicar el artículo 81 del Tratado CE en su totalidad, es decir, decidir sobre la existencia de una restricción de conformidad con el artículo 81, apartado 1, y si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 81, apartado 3, de modo que la prohibición no sea aplicable. Por otra parte, las autoridades nacionales de competencia y los tribunales nacionales pueden aplicar directamente el artículo 82 del Tratado CE. Puesto que la gran mayoría de las restricciones de competencia en el ámbito de los servicios profesionales tiene su origen y efecto en un solo Estado miembro, la aplicación administrativa corresponde principalmente a las autoridades nacionales de competencia y la aplicación de estas normas a instancia de los particulares puede lograrse en los órganos jurisdiccionales nacionales.

28. Además, en la sentencia CIF [16] el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) estableció que ante comportamientos de empresas contrarios al artículo 81 CE, apartado 1, que vienen impuestos o se ven favorecidos por una normativa nacional, una autoridad nacional de defensa de la competencia está obligada a excluir la aplicación de dicha normativa nacional y a aplicar los artículos 81 y 82. Los detalles de las actividades de aplicación de la Comisión, las autoridades nacionales de competencia y los tribunales en 2004-2005 en el sector de los servicios profesionales se recogen en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Las autoridades nacionales de competencia incoaron diez procedimientos al amparo de las normas comunitarias de competencia en las seis profesiones estudiadas por la Comisión sobre restricciones de varios tipos relativas a distintas profesiones. Los Estados miembros también están enjuiciando otros casos de ámbito regional al amparo de sus normas nacionales de competencia. La Comisión también publicó una decisión condenando el baremo de honorarios mínimos recomendados practicado por la Asociación de Arquitectos Belgas[17] en junio de 2004. Por otra parte, el 17 de febrero de 2005, el TJCE dictó una decisión prejudicial en el asunto Mauri [18] , relativa al examen del Estado para acceder a la profesión de abogado en Italia. El auto del TJCE valoró los hechos sobre la base de los criterios mencionados en el asunto C-35/99, Arduino .

29. Las acciones de los particulares ante tribunales nacionales no solamente afectan a los artículos 81 y 82 aplicables a las empresas y asociaciones de empresas, sino que también pueden ejercitarse contra los Estados miembros con arreglo al artículo 86, apartado 1, conjuntamente con los artículos 81 y 82 o con arreglo a los artículos 3, apartado 1, letra g) y 10, párrafo segundo, conjuntamente con los artículos 81y 82, también contra ellos.

30. Aparte de aplicar los artículos 81 y 82 frente a empresas y asociaciones de empresas, la Comisión también puede actuar contra el comportamiento restrictivo de un Estado miembro. Hasta ahora, la base jurídica en el sector de los servicios profesionales era el artículo 3, apartado 1, letra g) y el artículo 10, párrafo segundo, conjuntamente con el artículo 81. Sin embargo, cabe utilizar como base jurídica el artículo 86 conjuntamente con los artículos 81 y 82 cuando se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia[19]. El artículo 86, apartado 1, prohíbe a los Estados miembros adoptar o mantener, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que conceden derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del Tratado CE. Está pensado para la situación específica de que un Estado miembro tenga influencia especial sobre empresas públicas debido al hecho de que las tiene bajo su control, o sobre empresas privilegiadas, debido al hecho de que les concede derechos especiales o exclusivos. El artículo 86, apartado 3, faculta especialmente a la Comisión para garantizar la aplicación del artículo 86 y, en su caso, dirigir directivas o decisiones apropiadas directamente a los Estados miembros. Es por lo tanto, discutible que la Comisión deba hacer uso, en su caso, del artículo 86, apartado 3. Por ejemplo, podría utilizarse cuando las restricciones en el número de personas admitidas al ejercicio de la profesión equivalieran a derechos especiales o exclusivos. La valoración de la posibilidad de utilizar el artículo 86 se hará caso por caso.

Conclusiones

31. La principal conclusión es que si la mayoría de los Estados miembros aceleraran la realización de una reforma sistemática en pro de la competitividad en este sector, se lograrían importantes beneficios económicos y para el consumidor. En la práctica, esto implica que los Estados miembros asuman la “propiedad política” de este trabajo a nivel nacional para dirigir el proceso de reforma. Esto se ha reconocido con carácter más general en la evaluación intermedia de la Agenda de Lisboa y en las conclusiones del Consejo Europeo antes mencionadas, que relanzaron la Agenda de Lisboa priorizando el crecimiento y el empleo, y acordaron que los Estados miembros presentarían programas nacionales de reforma para apoyar el crecimiento y el empleo a nivel nacional y designarían un coordinador nacional para Lisboa.

32. En el ritmo del cambio no hay que subestimar el peso de la tradición y, en muchos países, los reguladores no ven cómo puedan hacerse las cosas de manera distinta. Por otra parte, las mismas profesiones, en general, no lo han promovido activamente. La actual situación también parece indicar que algunos países ejercen un control relativamente débil sobre las profesiones. Esto podría obedecer al fenómeno económico de la “captura del regulador”, que no es infrecuente, especialmente en áreas donde prima la autorregulación.

33. La Comisión reconoce que es prerrogativa de los Estados miembros determinar hasta qué punto quieren regular las profesiones directamente mediante regulación estatal, o dejarlo a la autorregulación de los organismos profesionales. Sin embargo, la buena gobernanza requeriría que los Estados miembros supervisaran el impacto de la autorregulación nacional para evitar efectos excesivamente restrictivos y perjudiciales para los intereses de los clientes.

CAMINO A SEGUIR

34. LA COMISIÓN SIGUE plenamente comprometida con la realización de una reforma de gran escala en este sector y anima a Estados miembros a tomar la iniciativa de la reforma a nivel nacional. En todos los Estados miembros sigue habiendo un margen de mejora.

35. Puesto que la regulación restrictiva está desarrollada en este sector y produce efectos a nivel nacional, incumbe a las autoridades reguladoras nacionales y a los organismos profesionales realizar el cambio teniendo debidamente en cuenta las especificidades de cada profesión en cada país. La experiencia muestra que tal proceso no empezará sin un respaldo político fuerte. Dada la importancia de este sector en la economía de la UE, la Comisión invita a los Estados miembros a abordar el problema de la modernización de las normas que afectan a las profesiones liberales en sus programas nacionales de reforma para aplicar la Agenda de Lisboa, que deben presentarse en otoño 2005. Por tanto, habrá más información en el contexto del proceso global de Lisboa.

36. Para empezar, los Estados miembros deberían iniciar - donde aún no se haya hecho – el trabajo analítico para revisar las restricciones existentes. En una primera fase, podrían identificarse las restricciones de la competencia que puede suprimirse rápidamente sin necesidad de análisis ulterior, por ejemplo, ciertos precios fijos y precios recomendados, y determinadas restricciones publicitarias. Al mismo tiempo, un análisis estructural más sustancial - por ejemplo, de las estructuras reguladoras - debería comenzar por evaluar la necesidad y abrir el camino a reformas más amplias. Esto permitiría a los Estados miembros progresar a buen paso antes de 2010.

37. El avance en el perfeccionamiento de su análisis económico de los diversos mercados de servicios profesionales, lleva a la Comisión a concluir que los consumidores y los usuarios ocasionales pueden tener mayor necesidad de protección específica a través de la regulación. Sin embargo, los principales usuarios de servicios profesionales – empresas y sector público – pueden no tener o tener una necesidad muy limitada de esta protección. La situación respecto de las pequeñas empresas usuarias no es del todo clara y la evaluación de sus necesidades específicas requiere un mayor estudio. El actual marco regulador es insatisfactorio para estos dos últimos grupos dada su falta de flexibilidad y obstaculiza el desarrollo de servicios innovadores y que respondan a la demanda.

38. La Comisión continuará actuando como facilitadora en este ejercicio ayudando a extender las mejores prácticas. Intensificará la colaboración trabajando con las autoridades nacionales de competencia, que ya han empezado algunos trabajos prometedores, de modo que asuman una mayor responsabilidad en el avance a nivel nacional. También continuará y mejorará sus relaciones con las autoridades reguladoras nacionales mediante la organización de un debate más estructurado y otorgando mayor relieve a este trabajo. Esto preparará el camino a una mayor cooperación entre las autoridades nacionales de competencia y las autoridades reguladoras.

39. Para empezar, durante los próximos meses la Comisión difundirá los resultados completos de esta Comunicación para asegurarse de que los principales mensajes sobre la necesidad de modernizar las profesiones liberales en Europa sean comprendidos por todos los protagonistas, en especial los parlamentos nacionales y los responsables políticos.

40. La Comisión considerará tomar nuevas medidas de aplicación apropiadas sirviéndose de las normas comunitarias de competencia, interviniendo, si procede, en caso necesario, de conformidad con el artículo 86.

[1] Categoría 72 “Actividades informáticas” y 74 “Otras actividades empresariales” de la clasificación de NACE. La categoría 74 de la clasificación NACE incluye actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoría fiscal; estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial; gestión, consulta y asesoramiento de sociedades de cartera (holdings); servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades de consulta y asesoramiento técnico; ensayos y análisis técnicos; publicidad; selección y contratación de personal; servicios de investigación y seguridad; servicios de limpieza de edificios; otras actividades empresariales n.c.o.p.

[2] Fuente: Eurostat, “Developments for turnover and employment indices for services during the third quarter of 2004”, Statistics in focus 11/2005. Los datos se refieren a los siguientes 14 países: BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE Y UK.

[3] Fuente: Eurostat, Encuesta Europea de Población Activa, 2004.

[4] La recogida de estadísticas sobre servicios empresariales pasará a formar parte de las encuestas anuales regulares que comprenderán los 25 Estados miembros del año de referencia 2006 o 2007 en adelante.

[5] Véase la página 25 del Informe del Grupo de Alto Nivel presidido por Wim Kok, de noviembre de 2004. El informe está disponible en: http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/2004-1866-EN-complet.pdf

[6] Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas, de 22 y 23 de marzo de 2005. Disponibles en: http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_es.htm

[7] El informe está disponible en: http://europa.eu.int/comm/competition/liberal_professions/final_communication_es.pdf

[8] Ejercicio de inventario sobre la regulación de servicios profesionales – Situación de la regulación en los nuevos Estados miembros de la UE con fecha de noviembre de 2004. Puede encontrarse en: http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_in_the_eu_professions.pdf

[9] Ver la publicación de la Comisión “El Empleo en Europa 2004”, capítulo 3, que concluye que, en comparación con los EE.UU., hay un potencial significativo de creación de empleo sin explotar en el sector servicios europeo, incluidos los servicios empresariales y profesionales. Disponible en: http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ keah04001_en.pdf

[10] En este contexto, el término “organismos profesionales” hace referencia a organismos autorreguladores no gubernamentales, mientras que el término “autoridades reguladoras nacionales” se aplica a los organismos y departamentos gubernamentales responsables de la supervisión de la regulación de las profesiones.

[11] Como se define en el apartado 8 supra .

[12] “Avances de los Estados miembros en la revisión y eliminación de las restricciones de la competencia en el ámbito de los servicios profesionales”, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SEC(2005) 1064.

[13] Pueden encontrarse más detalles sobre todas estas actividades en la sección 3 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, véase la nota 12.

[14] Puede encontrarse información detallada sobre la actividad emprendida en la sección 4 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, véase la nota 12.

[15] "Economic Impact of regulation in the field of liberal professions in different EU Member States", Ian Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus, Institut for Advanced Studies, Viena, enero de 2003. Disponible en: http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.html

[16] Asunto C -198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), Rec. 2003, p. I-08055.

[17] Decisión de 26.6.2004, COMP/38.549 - PO/L'Ordre des Architectes belges, http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_77.html#i38_549

[18] Asunto C-250/03, Mauri , Rec. 2005, p. I-0000.

[19] Véase el asunto C-475/99, Ambulanz Glockner , Rec. 2001, p. I-8089.

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