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Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y el fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros {SEC(2005) 641}

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52005DC0195

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y el fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros {SEC(2005) 641} /* COM/2005/0195 final */


[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 19.5.2005

COM(2005) 195 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y el fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros{SEC(2005) 641}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y el fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros

Introducción

1. Presentado en 1999 como "piedra angular" de la construcción del espacio judicial europeo en el Consejo Europeo de Tampere, y consagrado en el texto de la Constitución, el principio de reconocimiento mutuo (RM) vio reafirmado su carácter esencial en el programa de La Haya que vincula su desarrollo al aumento de la confianza mutua entre Estados miembros.

2. Casi cinco años después de la aprobación por el Consejo y la Comisión del programa de reconocimiento mutuo destinado a aplicar las orientaciones del Consejo Europeo de Tampere, la presente Comunicación tiene por objeto presentar las reflexiones de la Comisión, por una parte sobre la llevanza de los trabajos de aplicación del principio de RM a la luz de las primeras experiencias ya realizadas, y por otra sobre los elementos de un programa de acción destinado a fortalecer la confianza mutua entre los Estados miembros.

3. Esta Comunicación se inscribe en el planteamiento general de la Comisión de elaborar el plan de acción para aplicar el programa de La Haya. Al trazar las perspectivas generales para los próximos cinco años (véase SEC(2005)641), insiste especialmente en la primera fase de aplicación (2005-2007), sabiendo que será necesaria una revisión a medio camino tras la entrada en vigor de la Constitución. Por otra parte, al haber hecho hincapié el programa de La Haya en la importancia de la evaluación de la aplicación de las políticas, deberán tenerse en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas, lo que permitirá adaptar las prioridades establecidas.

Proseguir la aplicación del principio de Reconocimiento Mutuo

4. La aplicación del principio de RM es desde hace unos años uno de los principales ámbitos de actividad de la Unión Europea en materia de justicia penal y, sin duda, uno de los más prometedores. Después de más de cuatro años de aplicación del programa adoptado en diciembre de 2000, aproximadamente la mitad de las medidas consideradas ha dado lugar a instrumentos legislativos, ya adoptados o en fase de adopción. Entre éstos, no obstante, el plazo de transposición a las legislaciones nacionales solamente ha vencido en el caso de la Decisión marco del Consejo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega[1].

5. La presente Comunicación se centra en los aspectos aún no aplicados del programa de RM, con el fin de redefinir las prioridades de los próximos años a la luz de las orientaciones del programa de La Haya y del análisis de los primeros logros.

Reconocimiento mutuo en la fase previa al proceso penal

Principio de reconocimiento mutuo y recogida de pruebas[2]

6. E n el programa de La Haya se solicita al Consejo la adopción de la propuesta relativa al mandato de obtención de prueba antes de finales de 2005. Tras la aprobación de la Decisión marco sobre el embargo preventivo de bienes[3], dicho texto constituye la primera etapa importante para la aplicación del principio de RM en la fase de investigación de las pruebas que precede al proceso penal. Sin embargo, el mandato de obtención de prueba no cubrirá toda la gama de las pruebas necesarias. Indagaciones como los interrogatorios de sospechosos, testigos, peritos, o la imposición de vigilancia sobre cuentas bancarias o líneas telefónicas también deberán poder incluirse en los instrumentos de RM. El objetivo final es crear un único instrumento legislativo que facilite la investigación de la prueba penal, sea cual sea, en el territorio de la Unión. Según la Comisión, la aplicación en esta materia del principio de RM debe llevar a dejar el control de las indagaciones al Estado de emisión, ya que la decisión de obtener tal o cual elemento de prueba no puede cuestionarse en el Estado miembro de ejecución. Por esta razón en particular, la Comisión preconiza el abandono del principio de doble tipificación en todas las materias vinculadas a la investigación de la prueba. Por lo que se refiere a las modalidades de obtención de la prueba, deberán respetarse las normas nacionales aplicables en cada Estado miembro para el tipo de investigación de que se trate, sin perjuicio de la aplicación, ya prevista por el artículo 4.1 del Convenio de 29 de mayo de 2000, por el Estado miembro de ejecución de determinados trámites o procedimientos expresamente indicados por el Estado miembro de emisión. Por último, la adopción de elementos mínimos de armonización en materia de recogida de la prueba (véase 3.1.1.2 infra ) debería contribuir a que los elementos de prueba legalmente recogidos en el territorio de un Estado miembro puedan utilizarse ante los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros.

7. La extensión del principio de RM al conjunto del ámbito de la investigación de la prueba suscitará la cuestión del futuro del Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea[4] y su Protocolo de 2001[5], por lo demás, aún no vigentes por falta de suficientes ratificaciones. Además de la instauración de un instrumento global de reconocimiento mutuo para la obtención de la prueba, será necesario prever el reformateado del remanente de disposiciones de estos dos instrumentos tras la entrada en vigor de la Constitución en forma de ley o ley marco europea.

8. A las dificultades detectadas, también hay que añadir las diferencias entre las respectivas competencias de las autoridades judiciales y policiales en los Estados miembros. Éstas pueden desdibujar los límites de cada uno de estos tipos de cooperación, que, no por ser complementarios dejan de regirse por normas diferentes. La Comisión formulará propuestas con motivo de la aplicación del principio de disponibilidad de la información en materia represiva.

Reconocimiento mutuo de las medidas preventivas de control no privativas de libertad

9. La Comisión publicó en agosto de 2004, un Libro Verde sobre el RM de las medidas de control no privativas de libertad[6]. Por constatar que la práctica excesiva de la detención preventiva es una de las principales causas de superpoblación de las prisiones y que las soluciones alternativas existentes en Derecho nacional son a menudo imposibles de aplicar cuando la persona reside en otro Estado miembro, el Libro Verde prevé distintas soluciones. Al término de la consulta iniciada, la Comisión formulará en 2005 propuestas legislativas.

Reconocimiento mutuo de las resoluciones firmes

10. La aplicación del principio de RM implica que l a existencia de una resolución firme en un Estado miembro tiene una serie de consecuencias en los otros Estados miembros. Además de la orden de detención europea, ya se han tratado dos aspectos particulares de esta cuestión en las propuestas de Directivas marco relativas a la aplicación del principio de RM a las sanciones pecuniarias[7], y a las resoluciones de decomiso[8] respectivamente. Quedan, sin embargo, por examinar varios aspectos fundamentales.

Información mutua sobre las condenas

11. El RM de las condenas presupone la buena circulación entre los Estados miembros de la información relativa a éstas. Retomando una idea que ya figuraba en las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2004, el programa de La Haya invitó a la Comisión a presentar propuestas "sobre la mejora del intercambio de información de los registros nacionales de condenas e inhabilitaciones en particular de los delincuentes sexuales, con miras a su adopción por el Consejo antes de que finalice 2005". La Comisión presentó en enero de 2005 un Libro Blanco que analiza las principales dificultades del intercambio de información sobre las condenas penales y formula propuestas para la creación de un sistema informatizado de intercambio de información. En primavera de 2005 se presentarán propuestas tras los primeros debates del Consejo al respecto.

Principio de non bis in idem

12. Según el artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley". La Carta amplía el campo de aplicación territorial del principio non bis in idem a todo el territorio de la Unión, lo que constituye un progreso con relación al Protocolo n° 7 del Convenio europeo de los derechos humanos (CEDDH) que preveía su aplicación únicamente al territorio de cada Estado parte.

13. Este principio dio lugar a dos importantes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[9] que precisa su alcance a tenor de lo dispuesto en el Convenio de aplicación de los acuerdos de Schengen que ya afirma y prevé el principio non bis in idem en sus artículos 54 a 58. Los primeros trabajos relativos a la aplicación de este principio se desarrollaron sobre la base de una iniciativa presentada por Grecia[10], pero se suspendieron por su estrecho vínculo con el problema de los conflictos de competencia (véase infra ). Estas dos cuestiones serán objeto de un Libro Verde de la Comisión en 2005 y, en 2006, de una propuesta legislativa.

Consideración de las condenas de los otros Estados miembros en los procesos penales

14. En la mayoría de los Estados miembros, la existencia de condenas penales previas surte efectos sobre un nuevo proceso penal: la reincidencia puede, por ejemplo, influir sobre las normas de procedimiento aplicables, la calificación penal elegida o, más frecuentemente, modificar la naturaleza y gravedad de la pena. La Comisión acaba de presentar una propuesta de Decisión marco relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias por los Estados miembros de la Unión Europea que establece, como norma general, que cada Estado miembro debe atribuir a la condena pronunciada en otro Estado miembro los mismos efectos que a una condena nacional previa, y precisa determinadas normas de aplicación de esta norma. Por otra parte, el principio de reconocimiento de la reincidencia ya se había afirmado con motivo de la Decisión marco de 6 de diciembre de 2001 sobre la protección del euro[11]. Este nuevo texto constituirá una contribución importante al dispositivo de RM de las resoluciones firmes.

Ejecución de las resoluciones condenatorias

15. Una condena impuesta en un Estado miembro debe poder ejecutarse en todo el territorio de la Unión. En abril de 2004 la Comisión inició una consulta sobre la aproximación, el RM y la ejecución de penas sobre la base de un Libro Verde[12]. Austria, Suecia y Finlandia presentaron una iniciativa encaminada a permitir la ejecución en el Estado miembro de nacionalidad o de residencia de una condena a una pena de cárcel impuesta en otro Estado miembro. Este texto también debería facilitar la aplicación de determinadas disposiciones de la orden de detención europea que autorizan la denegación de la entrega cuando la pena se va a ejecutar en el Estado de ejecución.

16. Sin embargo, no aborda ni la cuestión de la ejecución de las medidas no privativas de libertad, ni la de la suspensión y los eventuales requisitos de su revocación por una pena pronunciada en otro Estado miembro. Estas cuestiones darán lugar a propuestas legislativas por parte de la Comisión en 2007.

Reconocimiento mutuo de las privaciones de derechos

17. Las condenas penales dan frecuentemente lugar a privaciones de derechos (derecho a trabajar con niños, a participar en contratos públicos, a conducir, etc.) que, según los Estados miembros, derivan o bien de disposiciones legislativas, o bien de resoluciones judiciales, o bien son de naturaleza administrativa. Esta cuestión es especialmente delicada, tanto por la gran diversidad de estas privaciones de derechos, como de las dificultades de circulación de la información que les concierne. Podrán realizarse los primeros progresos importantes cuando la buena circulación de la información sobre las condenas penales esté garantizada por la instauración del sistema informatizado de intercambio de información sobre las condenas penales. De manera general, la Comisión preconiza adoptar en este sector un enfoque sectorial, por tipos de infracción penal, y en 2005 presentará una Comunicación al respecto. Bélgica ya presentó en noviembre de 2004 una iniciativa relativa al RM de la privación del derecho a trabajar con niños consecuencia de condenas por delitos en materia de pornografía infantil . El trabajo sectorial continuará en 2006, con la presentación de una propuesta relativa al RM de las resoluciones de privación del derecho a conducir.

FORTALECER LA CONFIANZA MUTUA

18. EL fortalecimiento de la confianza mutua es la clave del buen funcionamiento del RM. Es uno de los mensajes importantes del programa de La Haya e implica, por una parte, una acción legislativa destinada a garantizar un elevado nivel de protección de los derechos de las personas en el territorio de la UE y, por otra, una serie de acciones prácticas de cara a los profesionales de la justicia destinados a reforzar en ellos el sentimiento de compartir una "cultura judicial común".

Fortalecer la confianza mutua mediante medidas legislativas

19. Las primeras aplicaciones del principio de RM, en particular, la orden de detención europea, pusieron de manifiesto una serie de dificultades que podrían solucionarse en parte por la aprobación, en la Unión, de medidas legislativas de armonización. Éstas pueden articularse en torno a dos ejes: por una parte, garantizar que las resoluciones judiciales que son objeto del RM responden a normas exigentes en términos de garantías de los derechos de las personas; por otra parte, garantizar que los órganos jurisdiccionales que pronunciaron estas resoluciones estaban efectivamente en la mejor situación para hacerlo. La profundización en el RM podrá implicar también proseguir la reflexión sobre determinadas medidas de aproximación de las legislaciones de Derecho sustantivo penal.

Armonización del Derecho procesal penal

Mejorar las garantías en los proce sos penales

20. En abril de 2004, la Comisión presentó una propuesta de Decisión marco relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea[13]. Ésta tiene por objeto garantizar que las personas implicadas en procesos penales se beneficien de derechos mínimos definidos y determinados en todos los Estados miembros de la Unión, en materia de acceso al abogado y a los intérpretes y traductores, de derecho a la comunicación, en particular, con las autoridades consulares, de información sobre los derechos y de protección de las personas vulnerables. El Consejo europeo de Bruselas ha pedido que se adopte esta Decisión marco antes de finales de 2005.

21. Ello no es más que la primera etapa. Los trabajos en esta materia deberán proseguirse en los años venideros y constituir un acompañamiento permanente al desarrollo del RM. Tres ámbitos, en particular, deberán ser objeto de los trabajos: la presunción de inocencia, la recogida de la prueba penal y las resoluciones en rebeldía[14]. Para cada uno de estos temas, un importante trabajo de análisis y consulta previa deberá tener lugar tanto con los 25 Estados miembros, como con los profesionales de la justicia penal con el fin de detectar las dificultades y las posibles soluciones teniendo en cuenta las tradiciones jurídicas de los Estados miembros.

Reforzar la presunción de inocencia

22. La presunción de inocencia constituye uno de los fundamentos esenciales del Derecho penal. Consagrada en el artículo 6 de la CEDDH y recogida en el artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, existe en todos los Estados miembros, pero con alcance desigual. La Comisión publicará en 2005 un Libro Verde sobre este tema, destinado a delimitar el contenido de este concepto, examinar su fortalecimiento y determinar sus eventuales límites .

Elaborar normas mínimas en materia de recogida de pruebas

23. La acción judicial transfronteriza implica que los elementos de prueba recogidos en un Estado miembro puedan utilizarse en otro. El respeto de los derechos de la defensa implica, sin embargo, que se respeten en toda la Unión algunas normas mínimas relativas a la recogida de pruebas. Sobre la base de un estudio[15], la Comisión publicará en 2006 un Libro Verde proponiendo una armonización mínima de las normas relativas a la recogida y a la difusión de pruebas, a los criterios de admisibilidad en el juicio y a las eventuales excepciones que deben preverse.

24. Tras la conclusión de una consulta pormenorizada sobre la base de los dos Libros Verdes antes mencionados, la Comisión presentará una propuesta de Decisión marco sobre la presunción de inocencia y las normas mínimas en materia de recogida de pruebas.

Regular las resoluciones dictadas en rebeldía

25. La cuestión de las resoluciones dictadas en rebeldía ha sido a menudo objeto de debates en la UE y resurge regularmente en los distintos instrumentos adoptados. En la práctica, también da lugar a debate, y tanto la experiencia como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ponen de manifiesto que suscita dificultades. La Comisión propondrá en 2006 un Libro Verde que podrá ir seguido de propuestas legislativas con el fin de superar las dificultades constatadas y aumentar la seguridad jurídica.

Garantizar la transparencia de la elección del órgano jurisdiccional competente

26. En materia penal, cuando varios Estados miembros son competentes para un mismo asunto, cada uno de ellos puede emprender investigaciones y ejercer la acción penal simultáneamente. Estas acciones múltiples pueden afectar gravemente a los derechos de las personas y la eficacia del proceso penal. Por tanto, la instauración de un procedimiento que permita determinar el lugar más conveniente para el ejercicio de la acción penal resulta cada vez más necesaria y constituirá un elemento esencial para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. En efecto, debería facilitar tanto la investigación de la prueba en la fase anterior al juicio (los Estados miembros habrán acordado previamente el lugar de la celebración del juicio, el cual determinará también la legislación aplicable), como la ejecución de la resolución firme (los Estados miembros habrán reconocido de antemano que el asunto se juzgó en el lugar más apropiado). Debería también contribuir a evitar los casos a los que sería aplicable el principio de non bis in idem .

27. La Comisión presentará en 2005 un Libro Verde sobre los conflictos de competencias y el non bis in idem, el cual, sin afectar a los mecanismos nacionales de determinación de la competencia jurisdiccional, propondrá soluciones para regular los conflictos de jurisdicción en la Unión Europea, teniendo en cuenta, en particular, el papel de Eurojust a tenor del artículo III-273 de la Constitución y las solicitudes formuladas por el programa de La Haya a este respecto.

Proseguir la aproximación del Derecho sustantivo penal

28. En este ámbito se ha realizado un importante trabajo de aproximación en el transcurso de los años. Debe proseguirse la reflexión sobre el interés de promover a nivel de la Unión tipos de sanción más diversificados, y no sólo las penas de cárcel. También habrá que insistir, por una parte, en la evaluación de la aplicación de los instrumentos adoptados cuyos primeros resultados son decepcionantes y, por otra, en el funcionamiento del mecanismo de la lista positiva de infracciones que dan lugar a la supresión del control de la doble tipificación en los instrumentos de RM a fin, en la medida de lo posible, de remediar las posibles dificultades encontradas.

29. En el Libro Verde sobre las sanciones se plantearon las primeras cuestiones relativas a la necesidad de definir a nivel de la Unión conceptos como la responsabilidad de las personas jurídicas, o la aproximación de las penas de multa. A raíz del Libro Verde, la Comisión presentará en 2007 una propuesta de Decisión marco sobre estos temas.

Fortalecer la confianza mutua mediante medidas prácticas de acompañamiento

Fortalecer los mecanismos de evaluación

30. El Consejo Europeo destacó que la evaluación de la aplicación y de los efectos de cada medida es indispensable para que la acción de la Unión sea eficaz. La futura evolución del principio de RM en materia penal deberá efectivamente estar estrechamente vinculada en lo venidero a mecanismos de evaluación. Éstos deberían permitir cumplir dos objetivos de carácter metodológico, distintos de la comprobación de la transposición correcta y dentro de plazo de los actos aprobados por la Unión:

31. evaluar las necesidades concretas de la justicia, en particular, definir cuáles son los obstáculos potenciales, antes de la adopción de nuevos instrumentos; y

32. evaluar las condiciones prácticas específicas de la aplicación de los instrumentos adoptados por la UE, en particular, las mejores prácticas y concretamente la forma en que responden a las necesidades detectadas en la fase previa.

Estos dos objetivos deberán aplicarse a todos los instrumentos. Requieren un refuerzo de las herramientas de análisis de las prácticas judiciales de que dispone la Comisión.

33. Un tercer objetivo, el de proceder a una evaluación más general de las condiciones en que se elaboran las resoluciones judiciales con el fin de garantizar que responden a elevadas normas de calidad que permiten fortalecer la confianza mutua entre sistemas judiciales, sin la que el RM no podrá funcionar, supone una acción más global y a más largo plazo. El programa de La Haya afirma el principio según el cual la confianza mutua debe descansar en la certeza de que todos los ciudadanos europeos tienen acceso a un sistema judicial que satisface las exigencias de calidad más elevadas y pide la instauración de un sistema de evaluación objetiva e imparcial de la aplicación de las políticas de la UE que, al mismo tiempo, respete plenamente la independencia del poder judicial. Por lo que se refiere a fortalecer la confianza mutua mediante la certeza de que los sistemas judiciales de los que emanan resoluciones ejecutables en todo el territorio de la Unión respetan unas normas de calidad elevadas, esta evaluación debe permitir aprehender los sistemas judiciales nacionales en su globalidad. La credibilidad y eficacia de un sistema judicial deben ser objeto de una valoración de conjunto, que se refiera tanto a los mecanismos institucionales como a los aspectos procesales. Esta es una operación indudablemente delicada que debe respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como la independencia del poder judicial. Este ejercicio deberá permitir la emisión de informes regulares, elaborados con arreglo a estrictos criterios de independencia y transparencia, que pongan especialmente de relieve las buenas prácticas.

34. El Parlamento Europeo adoptó una Recomendación sobre este tema en febrero de 2005[16] y, tras una estrecha concertación con las organizaciones e instituciones judiciales, la Comisión elaborará en 2006 una Comunicación sobre la evaluación de la calidad de la justicia .

Favorecer la constitución de redes de profesionales de la justicia y desarrollar la formación judicial

35. El programa de La Haya hace hincapié en la importancia de mejorar la comprensión mutua entre las autoridades judiciales y los distintos sistemas jurídicos. Para ello, preconiza, en primer lugar, el desarrollo de redes de organizaciones e instituciones judiciales, como la red de Consejos Superiores de la Magistratura y la red europea de Tribunales de Casación, con los que la Comisión desea promover estrechas relaciones. Al multiplicar los encuentros entre profesionales y favorecer la reflexión, en particular, sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión y los temas de preocupación transversales como la calidad de la justicia, dichas redes, que deben también incluir a los abogados, deberán desempeñar un papel clave en la progresiva consolidación de una "cultura judicial común".

36. En segundo lugar, el programa de La Haya insiste en la importancia de la formación para favorecer el desarrollo de la confianza mutua. A petición del Parlamento Europeo, la Comisión está aplicando desde 2004, como complemento al programa AGIS, un programa de intercambios para los magistrados, en el marco de un proyecto piloto. Este programa continuará en 2005 y será objeto de una evaluación en 2006 antes de dar lugar a propuestas.

37. Con el desarrollo del principio de RM, la resolución judicial adquiere un impacto que sobrepasa en gran medida las fronteras nacionales. En consecuencia, la dimensión europea de la función judicial debe integrarse plenamente en los cursos de formación, en todas las etapas de la carrera de los jueces y fiscales. La formación de las autoridades judiciales compete a entidades nacionales responsables de su organización y de la determinación de su contenido. Éstas se agrupan en una red que funciona hoy bajo una forma asociativa. El programa de La Haya destaca la importancia de reforzar esta red para que se convierta en una estructura eficaz de encuentros y cooperación entre las autoridades judiciales. Tras la consulta, la Comisión presentará, a finales de 2005, una Comunicación sobre la formación judicial en la Unión Europea.

Apoyar el desarrollo de una justicia de calidad

38. Para las próximas perspectivas financieras 2007-2012, la Comisión ha presentado tres propuestas de programas de acción que comprenden un programa específico relativo a la justicia penal. Este programa debe reforzar el apoyo de la Unión a la cooperación judicial, al desarrollo del RM y al fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros. Se propone, en particular, favorecer los contactos y los intercambios entre profesionales, reforzar la formación judicial y mejorar las condiciones de acceso de los ciudadanos a la justicia.

[1] DO L 190, de 18.7.2002, p. 1.

[2] Sobre este tema véase igualmente el Libro Verde de la Comisión sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, COM (2001) 715 final, de 11.12.2001.

[3] DO L 196, de 2.3.2003, p. 45; plazo de transposición: 2 de agosto de 2005.

[4] DO C 197, de 12.7.2000.

[5] DO C 326, de 21.11.2001.

[6] COM(2004) 562 final.

[7] DO L 76, de 22.03.2005, p. 16.

[8] DO C 184, de 2.08.2002.

[9] Asuntos C-187/01 y C-385/01, Gozütok y Brügge , de 11 de febrero de 2003, y asunto C-469/03 Miraglia , de 10 de marzo de 2005.

[10] DO C 100, de 26.4.2003, p. 24.

[11] DO L 329, de 14.12.2001, p. 3.

[12] COM (2004) 334 final.

[13] COM (2004) 328 final.

[14] Sobre este tema véase igualmente el Libro Verde de la Comisión sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, COM(2001) 715 final, de 11.12.2001.

[15] Study of the laws of evidence in criminal proceedings throughout the EU , octubre de 2004.

[16] Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros Final A6-0036/2005.

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