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Comunicación de la Comisión al Consejo - Política europea de vecindad - Recomendaciones para Armenia, Azerbaiyán y Georgia y para Egipto y Líbano {SEC(2005) 285} {SEC(2005) 286} {SEC(2005) 287} {SEC(2005) 288} {SEC(2005) 289}

/* COM/2005/0072 final */
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52005DC0072

Comunicación de la Comisión al Consejo - Política europea de vecindad - Recomendaciones para Armenia, Azerbaiyán y Georgia y para Egipto y Líbano {SEC(2005) 285} {SEC(2005) 286} {SEC(2005) 287} {SEC(2005) 288} {SEC(2005) 289} /* COM/2005/0072 final */


Bruselas, 2.3.2005

COM(2005) 72 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

Política europea de vecindad Recomendaciones para Armenia, Azerbaiyán y Georgia y para Egipto y Líbano

{SEC(2005) 285}{SEC(2005) 286}{SEC(2005) 287}{SEC(2005) 288}{SEC(2005) 289}

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

El Documento de estrategia de la Comisión sobre la política europea de vecindad (PEV)[1], fechado en mayo de 2004 y aprobado por el Consejo en junio de 2004[2], fijó las orientaciones de esa política para los próximos años, definiendo sus objetivos y principios, su ámbito geográfico y los métodos requeridos para su aplicación. El documento, que se acompañó de siete informes consagrados a Israel, Jordania, Moldavia, Marruecos, la Autoridad Palestina, Túnez y Ucrania, fue seguido en diciembre del mismo año por una Comunicación[3] de la Comisión con propuestas de planes de acción para esos países. Dichos planes fueron adoptados por el Consejo y están ahora pendientes de su aprobación por los países socios.

Basándose en ese Documento de estrategia, el Consejo decidió también en junio de 2004 incluir en la PEV a Armenia, Azerbaiyán y Georgia, lo que, al abrir las puertas a una colaboración más intensa, supuso un importante paso en el compromiso de la UE con la región del Cáucaso meridional. En este contexto, los servicios de la Comisión han elaborado para cada uno de esos tres países un informe en el que se hace un estudio completo de su situación.

Asimismo, tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación con Egipto, a la que seguirá próximamente la del Acuerdo con Líbano[4], los servicios de la Comisión han preparado para estos dos países sendos informes sobre su situación política y económica.

La presente Comunicación expone los principales contenidos de esos cinco informes (elaborados con la colaboración del Alto Representante en materia de cooperación política y de PESC) y hace algunas recomendaciones para los planes de acción.

2. INFORMES POR PAÍSES

Cáucaso meridional[5]

Armenia

Durante los primeros años que siguieron a la independencia de Armenia, las relaciones de la UE con este país se centraron básicamente en la difícil situación humanitaria provocada por la disolución de la Unión Soviética y el conflicto con Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabakh. No obstante, tras la adopción de algunas medidas destinadas a sentar las bases de la transición a la democracia y a la economía de mercado, la entrada en vigor en 1999 del Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) con Armenia marcó el inicio de una importante fase en sus relaciones con la UE.

Armenia ha alcanzado en los últimos años unos buenos resultados macroeconómicos –con un impresionante índice de crecimiento-, y hay ya señales de cierto impacto en los altos niveles de pobreza del país. Su entrada en la OMC el año 2003 pone de manifiesto que Armenia ha hecho progresos en las reformas que son necesarias para su paso a una economía de mercado. Progresos ha habido también en la aproximación de su legislación a la de la UE. La adopción de una estrategia de lucha contra la corrupción y la creación de un consejo competente en esta materia son, asimismo, dos importantes pasos en la buena dirección.

Armenia, sin embargo, tiene todavía por delante algunos retos de primera importancia, especialmente en el terreno de la democracia y de los derechos humanos y en lo que afecta al cumplimiento de sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. El sistema electoral requiere una profunda mejora para poder llevar a efecto las recomendaciones que hiciera la OIDDH tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2003. Se precisa también fortalecer el respeto de los derechos humanos y, a tal fin, es indispensable avanzar hacia el Estado de Derecho y reformar el sistema de ejecución de las leyes. Se necesita asimismo un cambio profundo para desarrollar una sociedad civil y garantizar la libertad de los medios de comunicación. En el plano económico, es esencial el respeto del Estado de Derecho para crear un clima favorable a los negocios y la inversión. Hay que mejorar igualmente el sistema tributario y de aduanas para poder combatir eficazmente la corrupción, y debe aplicarse el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza para poder alcanzar un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza y las disparidades de renta. Es necesario también proseguir la reestructuración del sector de la energía y dar pasos para el desmantelamiento de la central nuclear de Medzamor. Además, toda la vida política y económica de Armenia se ve hoy dominada por el conflicto con Azerbaiyán, y, sólo si se encuentra para él una solución pacífica, justa y duradera, podrá el país desarrollar plenamente su potencial.

El Gobierno armenio, no obstante, ha manifestado su firme decisión de afrontar esos retos, así como de desarrollar sus relaciones con la UE e integrarse más en las estructuras europeas. La Comisión considera, pues, oportuno establecer para este país en el marco de la PEV un plan de acción que, apoyado en esos compromisos, sirva de instrumento para fortalecer sus lazos con la UE e impulsar la ejecución de las reformas necesarias.

Como principales objetivos de ese plan de acción, deberán figurar los siguientes: reforzar el Estado de Derecho, las estructuras democráticas y el pluralismo (por ejemplo, reforma de la normativa electoral con arreglo a las recomendaciones del Consejo de Europa/OSCE y celebración de elecciones democráticas, reforma constitucional basada en las recomendaciones del Consejo de Europa, reforma del autogobierno local, etc.); fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, particularmente las de expresión y reunión; mejorar el clima empresarial y modernizar el sector público; combatir de forma efectiva la corrupción y el fraude; reformar la administración tributaria y de aduanas de acuerdo con las normas internacionales y comunitarias; avanzar en la reducción de la pobreza; garantizar un desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente; desmantelar la central nuclear de Medzamor; progresar en la resolución del conflicto con Azerbaiyán e impulsar la cooperación regional.

En vista de esos objetivos -cuya consecución exige mantener la prudencia en las políticas macroeconómicas aplicadas- y tomando como punto de partida la situación política, económica e institucional que describe el informe consagrado a Armenia, el plan de acción que se adopte para este país deberá ofrecer los resultados siguientes: ampliar el diálogo político; proseguir la aplicación del ACC; apoyar las reformas de economía de mercado que conduzcan al país a una integración económica gradual en el mercado interior de la UE; sostener la rehabilitación económica de las zonas afectadas por el conflicto en el contexto de su resolución; aumentar la ayuda financiera, incluida una prórroga hasta el 2007 del mandato del BEI para Armenia; prestar más apoyo a la cooperación regional; impulsar la cooperación en el campo de la justicia y de los asuntos interiores (con el posible establecimiento de un diálogo sobre cooperación en materia de visados/acuerdo de readmisión); profundizar la cooperación en diversos sectores (energía, comunicaciones electrónicas, transportes, medio ambiente, salud pública y ciencia y tecnología); intensificar los contactos personales, particularmente en los campos de la educación, la formación profesional y la juventud, así como en el contexto del conflicto de Nagorno-Karabakh; y, en caso de que la aplicación del plan avance satisfactoriamente, propiciar la celebración de un nuevo acuerdo más completo que sustituya al ACC a su expiración.

Azerbaiyán

En sus primeros años de independencia, las relaciones de Azerbaiyán con la UE se focalizaron en las dificultades humanitarias derivadas de la disolución de la Unión Soviética, del conflicto de Nagorno-Karabakh con Armenia y de la inestable situación interior del país. Pese a ello, pudieron darse también algunos pasos para sentar las bases de la transición a la democracia y la economía de mercado. La entrada en vigor del Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) en 1999 supuso un importante avance en las relaciones entre ambas Partes, haciendo posible en particular el inicio de un diálogo político sostenido. De hecho, gracias al desarrollo regular de dichas relaciones en los últimos años, el diálogo hoy está mucho más centrado y la cooperación se ha fortalecido de forma muy notable en los sectores de la energía y el transporte.

El principal reto al que sigue enfrentándose Azerbaiyán es la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y el sistema democrático de control y equilibrio de poderes (incluida la celebración de elecciones libres en condiciones de igualdad), así como la lucha contra la corrupción y el fraude y la protección de los derechos humanos, en consonancia con las obligaciones que le incumben como miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. En el plano económico, el reto fundamental para alcanzar un crecimiento sostenido es seguir mejorando el clima de inversiones y diversificando la actividad económica. Si se aplica con efectividad, el Programa nacional de reducción de la pobreza y de desarrollo económico aportará el marco necesario para abordar algunos de los retos económicos estructurales a los que se enfrenta el país. Pero, junto a estos retos políticos y económicos, es esencial también la solución del conflicto de Nagorno-Karabakh, que representa hoy un serio obstáculo para el desarrollo de Azerbaiyán y de la región.

No obstante, dado que Gobierno azerí se ha declarado decidido a afrontar esos retos y a desarrollar sus relaciones con la UE e integrarse más en las estructuras europeas, la Comisión considera oportuno adoptar para este país en el marco de la PEV un plan de acción que, apoyado en esos compromisos, pueda utilizarse para fortalecer los vínculos entre ambas Partes y promover la aplicación de las reformas necesarias.

Dicho plan deberá perseguir principalmente estos objetivos: fortalecer el Estado de Derecho, las estructuras democráticas y el pluralismo (por ejemplo, consolidación de la división de poderes, reforma del autogobierno local, etc.); mejorar la normativa electoral y los procesos regulados por ella siguiendo el patrón de las elecciones democráticas; establecer el Estado de Derecho con una reforma real del poder judicial y de los cuerpos de policía y seguridad; impulsar la protección de los derechos humanos y la libertad e independencia de los medios de comunicación; redoblar los esfuerzos por un desarrollo equilibrado del sistema económico global; mejorar el clima empresarial y modernizar el sector público; reformar la administración tributaria y de aduanas y su legislación de acuerdo con las normas internacionales y comunitarias en la materia; combatir eficazmente la corrupción y el fraude; aumentar la transparencia en la gestión de los ingresos del petróleo y en el proceso de privatización; avanzar en la reducción de la pobreza; favorecer un desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente; promover la entrada del país en la OMC; progresar en la solución del conflicto de Nagorno-Karabakh y reforzar la cooperación regional.

En vista de esos objetivos -para cuya consecución será necesario mantener unas políticas macroeconómicas prudentes- y tomando como punto de partida la situación política, económica e institucional que describe el informe dedicado a Azerbaiyán, el plan de acción adoptado para este país deberá impulsar y mejorar los aspectos siguientes: el diálogo político; la aplicación del ACC; el apoyo a las reformas de economía de mercado que posibiliten la integración económica gradual de Azerbaiyán en el mercado interior de la UE; la ayuda para la rehabilitación económica de las zonas afectadas por el conflicto en el contexto de su resolución; el apoyo financiero en general, incluida la prórroga hasta el 2007 del mandato del BEI para Azerbaiyán, así como el destinado a la cooperación regional; la cooperación en el campo de la justicia y de los asuntos interiores (con el posible establecimiento de un diálogo sobre cooperación en materia de visados/acuerdo de readmisión); la cooperación en otros ámbitos (energía, comunicaciones electrónicas, transportes, medio ambiente y salud pública) y los contactos entre personas (especialmente en las áreas de la educación, la formación profesional y la juventud); y, si la aplicación del plan evoluciona favorablemente, la posibilidad de establecer un nuevo acuerdo más completo que sustituya al ACC cuando éste expire.

La Comisión tiene el propósito de abrir el 2005 una delegación en Azerbaiyán.

Georgia

Tras la independencia de Georgia en 1991, las relaciones de la UE con este país se centraron básicamente en la difícil situación humanitaria vivida en él como resultado de la disolución de la Unión Soviética y de sus propios conflictos internos. A pesar de ello, pudo avanzarse algo en el proceso de transición a la democracia y la economía de mercado. La entrada en vigor del Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) en 1999 supuso un importante paso para las relaciones UE-Georgia, posibilitando, entre otras cosas, el establecimiento de un diálogo político regular entre ambas Partes. Sin embargo, en la revisión a la que sometió en el 2003 el Informe estratégico consagrado a Georgia, la Comisión dejó constancia del insuficiente avance registrado por ese país en lo concerniente a la democracia y la economía de mercado. En la versión revisada del informe, se afirma que la situación política de Georgia está dominada por la generalización de la pobreza, los graves problemas de gobernanza y la fragilidad del Estado de Derecho, lo que incluye, entre otros desajustes, unos altos niveles de corrupción y unas tensas relaciones con Rusia, además de conflictos internos (particularmente, la escisión de las repúblicas de Abjasia y de Ossetia del Sur) y un fuerte volumen de deuda externa.

En esas circunstancias, la “Revolución rosa” de noviembre del 2003 fue bien recibida por la Unión Europea y el conjunto de la Comunidad internacional. Desde entonces, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones de relativa libertad e igualdad y el lanzamiento de un amplio programa de reformas han permitido la consecución de algunos buenos resultados, entre ellos: 1) la lucha contra ciertas formas de corrupción; 2) la mejora de la recaudación de impuestos; 3) la puntualidad en el pago de salarios y pensiones; 4) el freno de las actividades de contrabando; 5) el logro de un buen comportamiento macroeconómico; 6) la reintegración de la región de Adjara en el sistema económico, social y administrativo del país; y 7) la recuperación de la confianza de los donantes en Georgia (como puso de manifiesto el éxito de la conferencia de donantes celebrada en Bruselas en junio de 2004).

El principal reto que sigue teniendo Georgia es la necesidad de reforzar el Estado de Derecho con la reforma del servicio público y del sistema judicial. El respeto del Estado de Derecho exige también fortalecer el sistema democrático de control y equilibrio de poderes para que el país pueda cumplir sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. Los avances que se consigan en esos ámbitos contribuirán a consolidar la lucha contra la corrupción. En el terreno económico, es esencial mejorar el clima de inversiones para asegurar un crecimiento económico sostenido. Si se aplica de forma efectiva el Programa de reducción de la pobreza y de desarrollo económico, se facilitará enormemente el tratamiento de los retos económicos estructurales a los que se enfrenta Georgia. En general, para sentar las bases de su seguridad y prosperidad a largo plazo, es importante que el país mejore sus relaciones con Rusia y redoble sus esfuerzos por un arreglo pacífico de sus conflictos internos. A estas tareas, además, hay que añadir en el caso de las relaciones UE-Georgia el largo camino que queda aún por delante para la plena aplicación del ACC.

No obstante, el Gobierno georgiano se ha comprometido a afrontar esos retos, así como a desarrollar sus relaciones con la UE e integrarse más en las estructuras europeas. La Comisión, pues, considera oportuno establecer para este país en el marco de la PEV un plan de acción que, apoyado en esos compromisos, pueda utilizarse para fortalecer las relaciones entre ambas Partes y favorecer la aplicación de las reformas necesarias.

El plan que se adopte deberá tener como objetivos principales los siguientes: fortalecer el respeto del Estado de Derecho (reforma del sistema judicial, de los cuerpos de seguridad y policía y del sistema penitenciario); consolidar la protección de los derechos humanos; reforzar las estructuras democráticas y el pluralismo (reforma del parlamento, independencia de los medios de comunicación, reforma del autogobierno local, reforma electoral); mejorar el clima empresarial y modernizar el sector público; reformar la administración tributaria y de aduanas y su legislación de acuerdo con las normas internacionales y comunitarias; combatir la corrupción y el fraude de forma efectiva; asegurar un proceso de privatización transparente; avanzar en la reducción de la pobreza, en el desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente; dar pasos adelante en la resolución de los conflictos del país e impulsar la cooperación regional.

En vista de esos objetivos -cuyo logro exigirá mantener unas políticas macroeconómicas prudentes- y tomando como punto de partida el contexto político, económico e institucional que describe el informe consagrado a Georgia, el plan de acción adoptado para este país deberá intensificar y mejorar los aspectos siguientes: el diálogo político; la aplicación del ACC; el apoyo a las reformas de economía de mercado que posibiliten la integración económica gradual de Georgia en el mercado interior de la UE; la ayuda para la rehabilitación económica de las zonas afectadas por el conflicto en el contexto de su resolución; el apoyo financiero en general, incluida una prórroga hasta el 2007 del mandato del BEI para Georgia, así como el destinado a la cooperación regional; la cooperación en el campo de la justicia y de los asuntos interiores (con el posible establecimiento de un diálogo sobre cooperación en materia de visados/acuerdo de readmisión); la cooperación en ámbitos tan diversos como la energía, las comunicaciones electrónicas, el transporte, el medio ambiente, los asuntos marítimos y pesqueros, la salud pública, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como los contactos entre personas, especialmente en las áreas de la educación, la formación profesional y la juventud; y, por último, si la aplicación del plan avanza de forma positiva, la posibilidad de celebrar un nuevo acuerdo más completo que sustituya al ACC cuando éste llegue a su término.

Egipto y Líbano

En junio de 2004, el Consejo invitó a la Comisión a que, con la colaboración del Secretario General/Alto Representante en materia de cooperación política y de PESC, comenzara a preparar los planes de acción de los países mediterráneos que hubiesen ratificado ya sus acuerdos de asociación con la UE. En el caso de Egipto y Líbano, la Comisión acaba de elaborar sendos informes como base de esa preparación[6].

Para ambos países, el objetivo prioritario de las relaciones bilaterales sigue siendo la plena aplicación de los acuerdos de asociación. La PEV, sin embargo, va más allá y ofrece la perspectiva de una relación cada vez más intensa, con un notable grado de integración económica y una mayor cooperación política. A la vista de los informes consagrados a esos países, la Comisión, en su caso en estrecha cooperación con la Presidencia y el Alto Representante, iniciará lo antes posible consultas formales con Egipto y Líbano a fin de adoptar para uno y otro país unos planes de acción completos y equilibrados.

Las prioridades fundamentales de esos planes deberán cubrir dos amplios compromisos: en primer lugar, la adopción de medidas concretas que refuercen la adhesión a valores compartidos desde la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de las obligaciones internacionales (por ejemplo, celebración de elecciones democráticas, reforma de la administración de justicia y protección de los derechos humanos), así como a algunos objetivos en el ámbito de la política exterior y de seguridad; y, en segundo lugar, el establecimiento de medidas que propicien la aproximación a la UE de esos países en campos prioritarios tales como el de la política de desarrollo económico y social (por ejemplo, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible) y el del comercio y el mercado interior (incluidos los sectores de la energía, transportes, medio ambiente y asuntos marítimos y pesqueros, la sociedad de la información, la investigación e innovación, la justicia y asuntos interiores y los contactos entre personas).

Las prioridades de actuación serán lo más específicas posible, fijándose en función del asunto en presencia, y podrán utilizarse así como puntos de referencia para su seguimiento y evaluación. Los planes de acción identificarán las medidas que sean esenciales en un pequeño número de campos a los que deba atenderse con la máxima prioridad, así como otras medidas que hayan de aplicarse en todos los demás ámbitos cubiertos por los acuerdos bilaterales en vigor. Para unas y otras medidas se establecerá un calendario claro.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los informes consagrados a los países del Cáucaso meridional indican la necesidad de que Armenia, Azerbaiyán y Georgia prosigan sus reformas internas y avancen en una serie de campos de importancia fundamental. La Comisión considera que los planes de acción constituirán un útil instrumento para que la UE pueda fortalecer sus relaciones con los tres países e impulsar en ellos activamente los cambios necesarios. Así pues, recomienda que el Consejo apruebe las orientaciones generales aquí propuestas y autorice, para su inicio inmediato, los trabajos preparatorios del plan de acción de cada país. Ello servirá de base para que la Comisión, en su caso en estrecha cooperación con la Presidencia y el Alto Representante, pueda entablar los oportunos contactos con los países socios. Los Estados miembros serán informados puntualmente del desarrollo de las consultas que se celebren. La Comisión desea subrayar que los planes de acción deberán ajustarse a las necesidades de cada país y que cada uno será tratado en función de sus propios méritos.

También en el caso de Egipto y Líbano, el informe consagrado a cada uno servirá de base para la preparación de sus planes de acción. La Comisión considera recomendable que las consultas sobre dichos planes se inicien lo antes posible. En el caso de Líbano, sin embargo, debido a la dimisión de su gobierno y al anuncio de elecciones para el próximo mes de mayo, el calendario de las consultas se verá afectado por la situación que allí se registre. El objetivo es alcanzar con cada país un plan de acción equilibrado que cubra los mismos ámbitos generales que los planes de los otros tres países antes citados, a saber, el político (respeto de las obligaciones internacionales, democracia y Estado de Derecho), el económico (incluido el desarrollo sostenible) y diversos aspectos sectoriales (mercado interior y comercio, justicia y asuntos interiores, medio ambiente, contactos personales, etc.). Se mantendrá informados a los Estados miembros de las novedades que vayan produciéndose en el desarrollo de las consultas.

Al igual que en el caso de los otros países cubiertos por la PEV, los Consejos de Asociación o Cooperación de estos cinco países serán invitados a refrendar los planes de acción una vez que se hayan adoptado. Los planes tendrán una duración de entre tres y cinco años y el seguimiento de su aplicación competerá a las instituciones del acuerdo de asociación o cooperación correspondiente. Basándose en la evaluación que haga de los resultados de ese seguimiento y en la información que le faciliten los socios, la Comisión, en colaboración con el Alto Representante en materia de cooperación política y de PESC, presentará dos informes sobre los avances realizados, el primero dentro de los dos años siguientes a la aprobación formal de cada plan de acción y el segundo al tercer año.

[1] COM(2004) 373 de 12.5.2004.

[2] Conclusiones del Consejo, CAGRE, 14.7.2004; conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo, 17-18 de junio de 2004.

[3] COM(2004) 795 de 9.12.2004.

[4] El Acuerdo interino con Líbano entró en vigor en marzo de 2003.

[5] Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2005) 285, SEC(2005) 286 y SEC(2005) 288.

[6] Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2005) 287 y SEC(2005) 289.

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