Help Print this page 
Title and reference
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Proyecto de informe conjunto sobre protección social e inclusión social {SEC(2005)69}

/* COM/2005/0014 final */
Multilingual display
Text

52005DC0014

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Proyecto de informe conjunto sobre protección social e inclusión social {SEC(2005)69} /* COM/2005/0014 final */


Bruselas, 27.01.2005

COM(2005)14 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Proyecto de informe conjunto sobre protección social e inclusión social {SEC(2005)69}

ÍNDICE

Introducción 3

1. Protección social e inclusión social: responder al cambio 3

2. fomento de la integración social 5

3. Pensiones y envejecimiento activo 8

4. Principales mensajes 10

Introducción

La estrategia de Lisboa tiene el objetivo de fomentar un modelo de desarrollo sostenible para la Unión Europea que mejore el nivel de vida de todos los ciudadanos europeos conjugando el crecimiento económico con una fuerte atención a la cohesión social y a la protección del medio ambiente. Con este objetivo, subraya la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación a escala de la UE para promover políticas coherentes y sinérgicas en los ámbitos económico, laboral y social.

Si es cierto que un crecimiento sólido de la economía y del empleo es condición sine qua non para la viabilidad de los sistemas de protección social, el avance hacia una mayor cohesión social constituye, junto con sistemas eficaces de educación y formación, un factor clave para potenciar ese crecimiento. Así, este primer Informe conjunto sobre protección social e inclusión social aboga por que se procure modernizar los sistemas de protección social con estrategias de reforma decididas y creíbles.

En él tienen especial relieve la inclusión social y las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y la exclusión social, partiendo de dos ciclos de trabajo sobre inclusión social en EU-15 con el método abierto de coordinación (MAC), además de su extensión con éxito a los diez nuevos Estados miembros en 2004. También se abordan, en menor medida, las pensiones. La principal fuente es el informe conjunto de 2003 sobre adecuación y viabilidad de las pensiones. El Comité de protección social aporta más material reciente, al que se añaden los resultados de contactos bilaterales celebrados antes de la adhesión entre la Comisión Europea y los nuevos Estados miembros.

El presente informe pretende completar el informe conjunto sobre el empleo y el informe sobre la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE), presentando una visión equilibrada y global de los principales retos que afrontan los Estados miembros para alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa. Se hace eco de la necesidad de persistir en el logro de los objetivos de Lisboa y de reforzar el compromiso político a todos los niveles a que alude el Grupo de Alto Nivel de expertos independientes (Grupo Kok) en su informe.

1. Protección social e inclusión social: responder al cambio

Con un buen nivel de protección social, la sociedad está pertrechada para afrontar la adversidad y para eliminar y prevenir las formas de pobreza más graves e inhumanas. Los sistemas de protección social bien diseñados también benefician al desarrollo económico al crear un entorno favorable al crecimiento, en el que ciudadanos y empresas consumen e invierten con confianza; facilitan el cambio estructural, pues cobijan a los trabajadores ante los efectos de la reestructuración, y también estabilizan la demanda agregada a lo largo de los ciclos económicos, sentando condiciones favorables para la recuperación.

Para cumplir su misión crucial en el contexto social y económico europeo, los sistemas de protección social deben poder responder a amplias evoluciones de la sociedad. El complejo conjunto de factores demográficos, económicos y sociales que promueven y seguirán promoviendo los cambios estructurales en la UE ha forzado la adaptación y modernización de los sistemas de protección social.

Los grandes cambios en la estructura de edad de la población tendrán importantes consecuencias para todas las políticas de dimensión social. El retroceso del grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años refuerza la importancia de crear un entorno favorable a la infancia, que incluya la adecuada contribución al desarrollo temprano y la educación básica. A la vista de las cifras decrecientes del grupo de población entre 15 y 29 años, se hace más urgente optimizar las transiciones entre la escuela y la vida laboral. El rápido incremento de la población de edades comprendidas entre los 50 y los 64 años da una enorme trascendencia al envejecimiento activo. El aumento de la población de más de 65 años acentúa la urgencia de lograr sistemas de pensiones adecuados y viables. Por último, la expansión del grupo de edad de los mayores de 80 años va a hacer crecer la demanda de una asistencia sanitaria y de larga duración acorde con estas edades.

El aumento de la inmigración neta puede ayudar a remediar el desequilibrio debido a estos cambios demográficos compensando las carencias de mano de obra y, por lo que atañe a las reformas de las pensiones, mejorando la viabilidad financiera de los regímenes. Sin embargo, las sociedades sólo podrán aprovechar estas ventajas potenciales si crean las condiciones precisas para integrar a los inmigrantes en el mercado de trabajo oficial y aprenden a tratar las tensiones interculturales y a derribar las barreras a la integración social y económica de los inmigrantes[1].

A los cambios demográficos se añaden grandes mutaciones de los valores culturales, las relaciones sociales, la estructura de las familias y la naturaleza del trabajo.

Las demandas sociales se han hecho más complejas y diversificadas, y crece el interés por la calidad de vida y por equilibrar el trabajo y el ocio. Las decisiones individuales tienen más importancia. La diversidad tiene una dimensión étnica considerable, particularmente en los grandes centros urbanos. La presencia cada vez mayor de las mujeres en la población trabajadora se refleja en nuevas demandas sociales (como estructuras asistenciales para niños, ancianos y personas dependientes) y en un nuevo enfoque del tradicional reparto de las responsabilidades domésticas. La estructura de las familias presenta cambios notables; si, por una parte, se reduce el tamaño de los núcleos familiares, por otra, crece la diversidad, debido a una menor proporción de formación de parejas y a mayores tasas de disolución. Como consecuencia, hay más personas que dependen de formas alternativas de ayuda. Por último, el entorno de trabajo se ha hecho mucho más inestable y heterogéneo. La demanda creciente de cualificaciones de alto nivel coexiste con la creación de numerosos empleos de baja productividad.

En este contexto cambiante, los sistemas de protección social tienen que diseñarse de modo que puedan responder a las futuras necesidades sociales. Las políticas de inclusión social no sólo son importantes para prevenir y combatir la pobreza; también pueden contribuir a aumentar la oferta de mano de obra desarrollando la capacidad laboral y permitiendo una aplicación prudente del principio de que trabajar debe ser rentable. Las reformas a fin de que las pensiones sean viables y adecuadas deben ofrecer los incentivos adecuados para que los trabajadores prolonguen su vida activa y los empleadores contraten y mantengan en nómina a trabajadores de más edad. Es vital disponer de sistemas de asistencia sanitaria asequibles, viables y de calidad no sólo para luchar contra la enfermedad y el riesgo de exclusión social, sino también para mantener la productividad de la mano de obra.

2. FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL

2.1. La situación de la inclusión social en los 25 Estados miembros

La lucha contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo un enorme reto para la Unión Europea y sus Estados miembros. En toda la Unión, la población afectada por la pobreza y la exclusión social alcanza cifras considerables, ya que en 2002 más de 68 millones de personas (un 15 % de los habitantes de la UE) corrían el riesgo de padecer pobreza. Si en Chequia, Suecia, Dinamarca, Hungría o Eslovenia se llega apenas a un 10 %, Irlanda, Eslovaquia, Grecia o Portugal alcanzan o superan el 20 %.

El riesgo de pobreza tiende a ser muy superior para desempleados, familias monoparentales (principalmente con mujeres a la cabeza), personas de edad que viven solas (también más a menudo mujeres) y familias con varias personas dependientes. Los niños sufren niveles de pobreza más graves: los niños que crecen pobres tienen más probabilidades de tener mala salud, educarse peor y caer a la larga en el desempleo y las conductas antisociales. También está probada la relación entre contaminación ambiental y carencias sociales.

Los parámetros sobre el riesgo de pobreza sólo muestran una parte del problema; los datos recientes ilustran la magnitud de las carencias materiales, sobre todo en países cuyos umbrales de pobreza son mucho más bajos.

Pobreza y carencias materiales suelen ir asociadas a la incapacidad para participar plenamente en la vida social, por faltar un acceso adecuado al empleo, la educación y la formación, la vivienda, el transporte o la asistencia sanitaria.

El empleo es un factor clave de la inclusión social: no sólo porque genera ingresos, sino también porque promueve la participación social y el desarrollo personal y contribuye a mantener buenos niveles de vida en la vejez merced a la obtención de derechos a pensión. Al pasar del desempleo al empleo, la probabilidad de caer en el riesgo de pobreza disminuye; además, el bienestar de los desempleados o de las personas inactivas en edad laboral se ve aún más comprometido si la familia no dispone de ingresos laborales.

Pero las estadísticas sobre pobreza y exclusión social disponibles en la UE no cubren algunos de los grupos más expuestos. Los planes nacionales de acción sobre inclusión (PNAin) subrayan que inmigrantes, minorías étnicas y gitanos, personas con discapacidad o sin hogar, víctimas de la trata de seres humanos, internos o antiguos internos de centros asistenciales y agricultores de subsistencia afrontan riesgos específicos. También es importante la concentración de las dificultades en ciertas comunidades y áreas geográficas, tanto urbanas como rurales, cuyos habitantes afrontan factores de exclusión muy arraigados que tienden a transmitirse de generación en generación.

En los años inmediatamente anteriores a la adopción de la nueva estrategia, el nivel de pobreza relativa bajó, al caer el promedio de EU-15 de un 18 % en 1995 a un 15 % en 2000. Esto puede atribuirse en gran medida a una mejora significativa de la situación del mercado de trabajo. Ahora puede ocurrir que la reciente ralentización de la economía, con un desempleo en aumento y menos oportunidades laborales, ponga en riesgo de pobreza y exclusión social a más personas y empeore la situación de quienes ya se ven afectados.

El reto es aún mayor en muchos nuevos Estados miembros, en los que el rápido crecimiento de la economía se apoya en extensas reestructuraciones industriales y agrarias que, si no se acompañan de políticas adecuadas de inclusión social, pueden hacer que sean cada vez más las personas con riesgo de pobreza.

2.2. Actuaciones prioritarias clave

Uno de los logros del proceso de inclusión social ha sido una definición más clara de las principales prioridades de actuación para combatir la pobreza y la exclusión social, que se reflejan en las políticas de los Estados miembros. En la Unión Europea se observan siete actuaciones prioritarias clave:

1. Aumentar la participación en el mercado de trabajo: Esta prioridad, la principal para la mayoría de los Estados miembros, implica la expansión de las políticas activas del mercado de trabajo y lazos más estrechos entre protección social, aprendizaje permanente y reformas de los mercados de trabajo, para que se refuercen entre sí.

2. Modernizar los sistemas de protección social: Se procura lograr regímenes de protección social viables, adecuados y asequibles para todos, así como prestaciones dirigidas a quienes pueden trabajar que estimulen eficazmente a hacerlo y proporcionen seguridad suficiente para adaptarse a los cambios.

3. Abordar las desventajas educativas: Se trata de prevenir el abandono de la enseñanza formal, facilitar el paso de la escuela al trabajo, sobre todo para quienes terminan de estudiar con baja cualificación, hacer que la educación y la formación sean más asequibles para los grupos desfavorecidos e integrarlos en la oferta general y promover el aprendizaje permanente, incluido el aprendizaje electrónico, para todos. La necesidad de invertir más y con mayor eficacia en el capital humano de cualquier edad es ampliamente reconocida.

4. Erradicar la pobreza infantil: Este es un paso fundamental para combatir la perpetuación de la pobreza a través de las generaciones. Se presta especial atención a la intervención precoz y a las primeras etapas de la educación de los niños desfavorecidos, así como a reforzar los subsidios y la asistencia a las familias con niños. Algunos países también dan cada vez más relieve a la promoción de los derechos del niño como base para el desarrollo de medidas.

5. Garantizar una vivienda digna: En algunos Estados miembros se está atendiendo a la mejora de las condiciones de vivienda; en otros, a la necesidad de abordar la escasez de viviendas sociales para grupos vulnerables. Varios Estados miembros desarrollan enfoques más generales para evitar que haya personas sin hogar.

6. Mejorar el acceso a servicios de calidad: Esto implica hacer más asequibles los servicios de asistencia sanitaria y de larga duración, los servicios sociales y los transportes, así como mejorar las condiciones locales e invertir en infraestructuras adecuadas. También es fundamental aprovechar el potencial de nuevas TIC al alcance de todos y prevenir la exclusión digital.

7. Vencer la discriminación y aumentar la integración de las minorías étnicas y los inmigrantes: La lucha contra la grave marginación que sufren determinados colectivos, como los gitanos, requiere una combinación de medidas encaminadas a dar acceso a servicios y oportunidades, hacer aplicar la legislación contra la discriminación y desarrollar enfoques específicos para situaciones particulares.

Para perseguir estas prioridades, los Estados miembros tienen que desarrollar estrategias integradas y coordinadas a los niveles local y regional, prestando especial atención a las comunidades urbanas y rurales que sufren desventajas múltiples. Las estrategias deben adaptar sus medidas a cada situación e integrar a todos los protagonistas. También es esencial garantizar que la igualdad entre hombres y mujeres esté presente en todas estas prioridades.

2.3. Consolidación del proceso de inclusión social

El desarrollo y la aplicación de los PNAin en todos los Estados miembros refleja la clara voluntad de luchar con mayor esfuerzo contra la pobreza y la exclusión social.Fne El fuerte empeño político mostrado por los diez nuevos Estados miembros ha dado, en particular, un nuevo impulso al proceso y subraya, más en general, la pertinencia del MAC.

El enfoque adoptado por los Estados miembros varía mucho según la situación inicial, el régimen de asistencia y la experiencia en el desarrollo de estrategias contra la pobreza. La mayoría de los Estados miembros han desarrollado, para luchar contra la pobreza y la exclusión, un enfoque global que abarca una amplia gama de ámbitos de actuación. Se están reforzando las medidas institucionales para integrar los aspectos de inclusión social en la definición de políticas a escala nacional. También se presta más atención a la coordinación de los distintos departamentos y niveles gubernamentales a fin de lograr una respuesta más integral. Por último, se procura cada vez más fomentar la participación de los principales actores (interlocutores sociales, ONG y empresas).

En todos los casos, la aplicación del MAC a la inclusión social ha sido hasta ahora provechosa, y constituye una buena base para la actuación futura. El programa de acción comunitario sobre exclusión social ha sido una aportación significativa, promoviendo estudios, evaluaciones por expertos, proyectos de intercambio transnacional y redes a escala de la UE. Sin embargo, también es indudable que queda mucho por hacer, tanto a nivel nacional como de la UE, para alcanzar el objetivo general del proceso de inclusión social de erradicar la pobreza para 2010. Los Estados miembros deberían:

- Establecer lazos más fuertes con las políticas económicas y de empleo: Estos lazos deben reforzarse, principalmente dando mayor transparencia a los recursos presupuestarios precisos para cumplir los objetivos y metas que se fijan en los planes nacionales y a la manera en que se utilizan los Fondos Estructurales para promover la inclusión social.

- Reforzar la capacidad de aplicación: Esto implica reforzar la capacidad administrativa e institucional —incluidos los sistemas de protección social, servicios sociales e instrumentos para evaluar la igualdad entre hombres y mujeres—, coordinar más los distintos sectores y niveles de gobierno (nacional, regional y local) y mejorar los mecanismos para involucrar a los protagonistas.

- Insistir en los aspectos clave y fijar objetivos más ambiciosos: Si los Estados miembros definen los aspectos que consideran cruciales y establecen objetivos cuantificados para cada uno de ellos, esto redundará en beneficio del proceso. A continuación, se deberá efectuar un seguimiento documentado de su marcha. Los Estados miembros más rezagados en ciertos ámbitos podrán tomar como referencia la experiencia de los que vayan obteniendo mejores resultados.

- Reforzar el seguimiento y la evaluación de las políticas: Para obtener mejores resultados será esencial adoptar métodos más eficaces para medir y evaluar el impacto de las políticas, hacer participar a todos los actores, incluidos los interlocutores sociales, y elaborar información más pertinente y rápida.

A escala de la UE, la Comisión y el Consejo deberían:

- Consolidar la integración de los objetivos de inclusión social en todas las políticas de la UE: Para garantizar que las políticas de la UE respaldan su promoción a escala nacional, es esencial tener en cuenta la inclusión social a la hora de diseñarlas y aplicarlas. Con este propósito será conveniente ampliar el MAC a la asistencia sanitaria y de larga duración, para lograr sistemas asequibles, viables y de calidad.

- Aprovechar mejor el potencial del MAC para obtener resultados reales: El intercambio de buenas prácticas debe completarse con una distinción transparente de las buenas y malas prácticas que pueda ser útil para los Estados miembros al decidir sus acciones. A este respecto, los indicadores comunes deberían tener una presencia destacada.

- Hacer que los Fondos Estructurales sigan teniendo un papel crucial en la promoción de la inclusión social: Es preciso acentuar y aprovechar plenamente la contribución potencial de los Fondos Estructurales y, en especial, del FSE, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este elemento debe tenerse en cuenta en el debate sobre las futuras perspectivas financieras para 2007-2013.

- Seguir desarrollando indicadores comunes y perfeccionar las fuentes de información: Aunque hayan mejorado los indicadores y la capacidad estadística subyacente, sobre todo con la puesta en marcha de las estadísticas comunitarias sobre renta y condiciones de vida (EU-SILC), sigue habiendo carencias en la diligencia y oportunidad de los datos que dificultan los análisis comparativos. En concreto, es preciso reflejar mejor las múltiples dimensiones de la exclusión social y de la pobreza.

3. PENSIONES Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

3.1. El reto de las pensiones viables y adecuadas

Desde hace tiempo, los Estados miembros conocen las consecuencias que para sus regímenes de pensiones por reparto tiene el envejecimiento de la población, y actualmente están constatando los retos que plantea también para los sistemas de capitalización. Esto exige reformas creíbles para garantizar en el futuro, de manera viable, unas prestaciones adecuadas. En el contexto de la estrategia de Lisboa, el MAC se aplicó a las pensiones para promover reformas en tres vertientes de los objetivos comunes: adecuación, viabilidad financiera y modernización, a fin de reflejar los cambios sociales.

El primer informe conjunto sobre adecuación y viabilidad de las pensiones mostró que la mayoría de los Estados miembros de EU-15 lograron controlar bastante las tendencias del gasto público en pensiones. Después, algunos Estados miembros adoptaron otras reformas. En los próximos informes sobre las estrategias nacionales se evaluarán los últimos progresos, incluyendo ya a los nuevos Estados miembros.

El informe conjunto subrayó la imposibilidad de disociar viabilidad y adecuación. Los futuros sistemas de pensiones sólo pueden dar (o seguir dando) pensiones adecuadas si son económicamente viables y se adaptan bien a un contexto social cambiante; a la inversa, si las pensiones no dan ingresos adecuados a los beneficiarios, se producirán más costes, que podrán tomar la forma de un aumento en los gastos de asistencia social. Por lo tanto, lograr una viabilidad financiera que no obstaculice la adecuación será un reto importante.

El informe conjunto observó que muchas reformas encaminadas a controlar el posible aumento de los gastos incluían medidas para prevenir la pobreza mejorando la garantía de ingresos mínimos de las personas mayores. Algunas acarrearán un descenso importante de las tasas de sustitución de los regímenes obligatorios de pensiones, lo que será muy problemático para la adecuación si los Estados miembros no responden incentivando una jubilación más tardía y haciendo más asequibles los regímenes complementarios.

3.2. Las dos grandes respuestas políticas: trabajar más tiempo y reforzar la previsión privada

La modernización de los sistemas de protección social puede ayudar a retrasar la jubilación. Es importante que las pensiones sólo se paguen antes de la edad de jubilación normal o de que se complete la carrera laboral cuando el trabajador sea verdaderamente incapaz de ganarse la vida o acepte una reducción de su pensión. Simultáneamente, los sistemas de pensiones deben ofrecer oportunidades de obtener más derechos a pensión trabajando más tiempo. Así, el aumento de la edad efectiva de jubilación es el instrumento clave para conciliar la adecuación y la viabilidad económica.

Según un estudio del Comité de protección social, en la mayoría de los Estados miembros las vías de salida anticipada del mercado de trabajo —como regímenes de prejubilación y prestaciones de desempleo o invalidez— están siendo sometidas a una revisión crítica. Al mismo tiempo, se da a los pensionistas más oportunidades de mejorar sus ingresos, ya sea con incrementos de pensiones por aplazar la jubilación o mediante la combinación de una pensión con ingresos profesionales (jubilación gradual o trabajo e tiempo parcial tras la jubilación). Sin embargo, queda mucho por reformar en muchos Estados miembros.

El Comité también está examinando el papel de los fondos de pensión de gestión privada. La mayoría de los países pronostican que esos fondos (profesionales o personales) tendrán en el futuro un papel más destacado, aunque los regímenes públicos seguirán siendo la principal fuente de ingresos para los pensionistas en casi todos ellos. La previsión privada puede aumentar la complejidad de los sistemas de pensiones, tanto a escala general como individual. Será necesario desarrollar sistemas exhaustivos de información y control que permitan aclarar los vínculos entre fondos privados y finanzas públicas —sobre todo mediante el trato fiscal que se dé a aquellos— y la interacción entre pensiones privadas y garantías públicas de ingresos para los pensionistas. La información es también de la mayor importancia para los trabajadores, ya que les permitirá tomar decisiones de gran trascendencia para sus ingresos y niveles de vida.

3.3. Modernización de los sistemas de pensiones

Sólo pueden lograrse pensiones adecuadas y justas si los regímenes de pensiones se adaptan bien a la evolución de las necesidades personales. Deben tener en cuenta la mayor diversidad de las pautas de empleo y el afán por una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo deben tomarse en consideración aspectos ligados a la buena gobernanza, como la necesidad de basar las reformas en la transparencia y el consenso.

La modernización de las pensiones y, en general, de los sistemas de protección social, también debe considerarse crucial para lograr los fines de la estrategia de Lisboa. Ante el reto del envejecimiento hay que revisar los ciclos vitales tradicionales, difuminando las fronteras entre las fases de aprendizaje, trabajo y asistencia. Los sistemas de protección social deben adaptarse a los cambios, permitiendo y animando a los ciudadanos a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el dinamismo de la economía y del mercado de trabajo.

4. PRINCIPALES MENSAJES

- Una protección social adecuada es tan esencial para el crecimiento y el empleo como para la cohesión social. Ampliar la vida laboral y subir las tasas de empleo deben seguir siendo los grandes timones de la modernización de la protección social. Por otra parte, al responder a las nuevas necesidades de las personas a lo largo de su ciclo vital, los sistemas de protección social facilitará la gestión de nuevos riesgos.

- A escala de la UE, la ampliación a la sanidad y la racionalización de todos los procesos de protección social e inclusión social, previstas para 2006, deberían usarse para insistir más en realizaciones y sinergias en ese ámbito. Al hacerlo, debe respetarse la especificidad de cada vertiente —inclusión, pensiones, asistencia sanitaria y de larga duración— en el marco del MAC sobre protección social.

- En el campo de la inclusión social, los logros dan pie a la perseverancia y a la ambición. Perseverancia, porque para erradicar la pobreza y la marginación harán falta esfuerzos concertados aún después de 2010; ambición, porque el proceso de acción colectiva de todos los protagonistas en el territorio de la UE ya está firmemente anclado.

- Si las medidas de inclusión social deben adaptarse a los diversos retos de los Estados miembros, el uso de enfoques polifacéticos ha de mantener su prioridad. El trabajo ya emprendido confirma la pertinencia de señalar varias prioridades de actuación. Encararlas ayudará a abordar algunos de los puntos más acuciantes, como prevenir la pobreza infantil, respaldar la capacidad asistencial de las familias, luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres y contra la falta de vivienda y abrir nuevas vías para la integración de minorías étnicas e inmigrantes.

- El proceso de evaluación pendiente para 2005 debería centrarse en los resultados, con objeto de servir de preparación para un nuevo ciclo del MAC a partir de 2006. Los Estados miembros y la Comisión deberían, en particular, estudiar la manera de hacer más eficaces las estrategias nacionales merced al uso de objetivos, puntos de referencia e indicadores, a lazos más estrechos con las políticas económica y de empleo, a disposiciones eficaces de seguimiento y evaluación y al recurso a los Fondos Estructurales, incluido el Fondo Social Europeo. También debería revisarse la capacidad que han tenido las estrategias nacionales para involucrar a los gobiernos locales y regionales, los interlocutores sociales y otros protagonistas, y para contribuir a sensibilizar sobre la enorme trascendencia de la pobreza y la exclusión social.

- Para lograr los objetivos de competitividad, empleo e inclusión social de la estrategia de Lisboa es fundamental hacer que los trabajadores vuelvan a trabajar, mantengan su empleo y aumenten su empleabilidad y su participación en el mercado de trabajo. Este último aspecto sigue siendo un reto enorme en una Unión ampliada, a la vista de la situación de las personas más excluidas del mercado de trabajo. Teniendo presentes las enseñanzas del MAC sobre inclusión y de la estrategia europea de empleo, la Comisión debería consultar en 2005 a los interlocutores sociales, los Estados miembros y todos los protagonistas acerca de la procedencia y la manera de adoptar nuevas medidas a escala de la UE para afrontar estos retos.

- En el capítulo de las pensiones, la permanencia de los trabajadores de más edad en el empleo es un reto crucial en toda la Unión Europea. En el marco del proceso de reformas, debe ser prioritario garantizar, en el futuro, la adecuación y viabilidad financiera de los regímenes de pensiones. El aumento de la esperanza de vida hará necesario seguir retrasando la edad de salida del mercado de trabajo, con una eliminación gradual de varios incentivos a la prejubilación. Los Estados miembros deberían estudiar el papel de los sistemas de protección social a la hora de promover la prolongación de la vida laboral.

[1] El 11 de enero de 2005, la Comisión adoptó el Libro Verde titulado «El planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica» [COM(2004) 881], que aborda los procedimientos necesarios para regular la admisión de inmigrantes económicos y para expedir permisos de trabajo y de residencia.

Top