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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo , al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos

/* COM/2004/0383 final */
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52004DC0383

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo , al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos /* COM/2004/0383 final */


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES - La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos

1. Resumen

El proceso de globalización ha aportado grandes beneficios a muchas personas en todo el mundo. Se han creado puestos de trabajo de mejor calidad --y mejor remunerados-- en partes del mundo que antes dependían en gran medida de la agricultura para mantener a su población.

En el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (CMDSG) [1], publicado el 24 de febrero de 2004, se reconocen estos aspectos positivos de la globalización, pero también se observa que sus beneficios no se comparten equitativamente entre todos los países y grupos y que, sin un sistema eficaz de gobernanza global, el modelo actual de globalización genera resultados desequilibrados y es improbable que produzca un desarrollo global sostenible.

[1] «Por una globalización justa: crear oportunidades para todos» http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/

La UE viene aplicando desde hace mucho tiempo, tanto a nivel interno como internacional, políticas dirigidas a garantizar que el progreso económico y social vayan unidos. En particular, en el año 2000, en Lisboa, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron una estrategia integrada de reformas con el fin de que Europa se convierta en la sociedad basada en el conocimiento más competitiva del mundo, con más y mejores empleos y una mayor cohesión social, mediante el fomento de políticas que se refuercen mutuamente y dirigidas a abordar las necesidades en materia de competitividad, empleo, progreso social y sostenibilidad ambiental. Esta estrategia constituye también la base de la respuesta política comunitaria al impacto de la globalización en las empresas, los empleos y los ciudadanos de Europa.

El modelo económico y social de la UE, y la Estrategia de Lisboa, que lo traduce a la práctica, no pueden transponerse sin más a otras partes del mundo. La CMDSG, no obstante, ha destacado una serie de aspectos de este modelo que pueden ser de interés para los socios de la Unión. Esto es especialmente cierto en el caso de los procesos implicados en la concepción, la aplicación y la evaluación de políticas que son esenciales para lograr el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales. El modelo de la UE hace hincapié, por ejemplo, en unas estructuras institucionales fuertes para la gestión de los asuntos económicos, de empleo, sociales y ambientales, así como de la interacción entre ellos; en un diálogo social y civil sólido, y en la inversión en capital humano y en la calidad del empleo.

La UE debe también asegurarse de que aplica sus políticas exteriores de una forma que contribuya a potenciar al máximo los beneficios de la globalización para todos los grupos sociales en todos sus países y regiones socios. Sus políticas exteriores han tenido siempre una importante dimensión social, por ejemplo, con el apoyo al acceso universal a los servicios sociales básicos en los países en desarrollo. Desde hace ya algún tiempo, la UE promueve la eficacia y la coherencia de la gobernanza global, incluida la gobernanza económica, a través de instituciones internacionales, para asegurarse de que la política comercial y las relaciones bilaterales con las distintas regiones y países apoyen plenamente el desarrollo social, y para garantizar que la cooperación exterior y al desarrollo contribuya a potenciar al máximo las consecuencias sociales positivas de la globalización, y a minimizar las negativas. También alienta al sector privado a contribuir a estos objetivos.

En la presente Comunicación se describe brevemente la gama actual de acciones emprendidas en el marco de la Unión en lo que respecta a la dimensión social de la globalización y se proponen ciertos cambios. Se pretende que constituya una primera contribución al debate iniciado por la publicación del informe de la CMDSG y, en particular, a la discusión sobre el seguimiento que tendrá lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra en junio de 2004. La Comisión Europea cree que algunas de las propuestas de la CMDSG deberían debatirse también en otros foros que tienen responsabilidades en cuestiones financieras, económicas y comerciales.

2. Antecedentes

Desde hace mucho tiempo, la UE es consciente de las ventajas y los riesgos de una mayor integración económica a nivel mundial, sobre todo por su propia experiencia de una integración regional de considerable alcance y de éxito. Ha desarrollado políticas para promover tanto el progreso económico como la cohesión social, sobre la base de su adhesión a los derechos y libertades fundamentales. Ha adoptado una estrategia para el desarrollo sostenible con políticas económicas, sociales y ambientales que se refuerzan mutuamente [2]. La UE ha destacado asimismo la necesidad de integrar el equilibrio entre las exigencias económicas, sociales y ambientales en sus políticas de relaciones exteriores. Ya ha iniciado y desarrollado políticas pertinentes [3], por ejemplo, sobre los vínculos entre comercio y desarrollo, la atención a la pobreza en la cooperación al desarrollo, las normas fundamentales del trabajo y la gobernanza social, la responsabilidad social de las empresas, el comercio y el medio ambiente, y también sobre su compromiso en favor del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos en el mundo.

[2] Consejo Europeo de Gotemburgo, Conclusiones de la Presidencia, junio de 2001.

[3] COM(2002) 513 final, de 18.9.2002; COM(2000) 212 final; COM(2001) 416 final, de 18.7.2001; COM(2002) 347 final, de 2.7.2002; COM (1996) 54 final, de 28.2.1996; COM(2003) 526 final, de 10.9.2003; COM(2003) 829 final, de 23.12.2003; COM(2001) 252 final, de 8.5.2001.

En respuesta a la preocupación por esta cuestión, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (CMDSG), la cual publicó, el 24 de febrero de 2004, un informe de referencia en el que se analiza el impacto social de la globalización. La Comisión Europea contribuyó al establecimiento y los trabajos de la CMDSG e indicó su voluntad de contribuir a su seguimiento efectivo [4]. En el informe se formulan una serie de recomendaciones para una mejor gestión de la globalización, con el fin de lograr una distribución más justa de los beneficios entre los pueblos del mundo y prever los costes que van a menudo asociados a los ajustes globales repentinos.

[4] http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/ consulta/index.htm http://www.ilo.org/public/spanish/ standards/relm/gb/docs/gb285/pdf/gb-16.pdf ( 42-43).

El informe de la CMDSG se basa en diversas iniciativas existentes a nivel global y abarca una amplia gama de cuestiones pertinentes para las políticas tanto internas como exteriores de la UE. En conjunto, fue bien recibido por los Estados miembros de la OIT y la UE y por las organizaciones internacionales del Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2004 [5]. Ello no obstante, para que el informe de la CMDSG no se reduzca a ser simplemente una aportación más que venga a sumarse a otras iniciativas, hacen falta medidas concretas para dar seguimiento a sus recomendaciones. El seguimiento del informe se discutirá en la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2004, aunque la Comisión considera que algunas de las propuestas que en él se contienen deberían ser también debatidas en otros foros internacionales que tengan responsabilidades, en particular, en asuntos financieros, económicos y comerciales.

[5] http://www.ilo.org/public/spanish/ standards/relm/gb/docs/gb289/pdf/gb-16.pdf

La Comisión cree que la UE puede y debe realizar una contribución activa para encauzar la globalización de modo que sirva para la obtención de objetivos sociales además de económicos. Hay un interés creciente, presente también en el informe de la CMDSG, en el enfoque de las cuestiones económicas, de empleo y sociales adoptado por la UE y, más en general, en el modelo comunitario de desarrollo sostenible. Esto es ahora aun más pertinente con la ampliación de la UE. La Comisión aprovecha, pues, esta oportunidad para exponer sus opiniones iniciales sobre algunas de las cuestiones planteadas en el informe de la CMDSG como base para el debate que tendrá lugar próximamente.

* * *

El impacto de la globalización en las distintas sociedades es un tema muy debatido. Estos efectos presentan muchas facetas y pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo del momento y del contexto específico de cada país. Asociados sobre todo a un mayor uso de los transportes y los recursos naturales, los mecanismos mediante los cuales los mayores flujos comerciales, de capitales, de ideas y de personas en todo el mundo influyen en las economías, las sociedades y el medio ambiente son complejos y dependen de las situaciones nacionales, incluido de si existen medidas de acompañamiento adecuadas.

A pesar de que el término globalización se utiliza de maneras diversas, en él se cristaliza una idea fundamental, a saber, la de la integración progresiva de las economías y de las sociedades. Este proceso está impulsado por las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones económicas y las políticas nacionales e internacionales de una amplia gama de actores, que va desde los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta las empresas, las organizaciones de trabajadores y la sociedad civil [6]. Es un proceso de integración que ha estado en curso desde, al menos, la segunda mitad del siglo diecinueve, si no antes. El ritmo de la integración se ha visto impulsado recientemente por el progreso tecnológico y por decisiones políticas dirigidas a reducir los obstáculos a las transacciones internacionales. Ha conducido, en particular, a la creciente división internacional del trabajo.

[6] Definición utilizada por la CMDSG: http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/ globali/index.htm

Si bien el informe de la CMDSG tiende a centrarse en los efectos negativos de la globalización, en conjunto su impacto ha sido positivo, aunque en algunos casos los beneficios no se han mantenido ante ciertas dificultades. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los principales beneficiarios de la globalización fueron los países industrializados, en los que la renta real per cápita hizo más que triplicarse durante la segunda mitad del siglo XX. Más recientemente, en un estudio del Banco Mundial [7] se muestra que la apertura de los mercados y la integración económica también han contribuido a un progreso económico sustancial en los países en desarrollo que han conseguido acceso a los mercados mundiales de manufacturas y servicios. En la última oleada de globalización, países como China, la India y México han duplicado su ratio comercio/ingresos, y sus exportaciones se componen cada vez en mayor medida de productos acabados y servicios, no solo de materias primas [8]. En esos países el crecimiento económico anual per cápita ha pasado, en promedio, del 1 % en los años sesenta al 3 % en los setenta y al 5 % en los noventa. Con estos índices de crecimiento, a menudo por encima de los registrados en países de la OCDE, estos países en desarrollo muestran actualmente signos de convergencia.

[7] Globalization, Growth and Poverty - A World Bank Policy Research Report, World Bank and Oxford University Press, 2002.

[8] En la India, por ejemplo, las exportaciones de TI representan actualmente casi el 40 % de los ingresos en concepto de exportaciones.

Debido, en buena medida, al fuerte crecimiento económico de Asia, la pobreza global está disminuyendo, y el mundo se halla bien encaminado para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio de reducir la pobreza a la mitad entre 1990 y 2015 [9]. Tan solo en China, 200 millones de personas han salido de la pobreza desde 1990. Otros indicadores respaldan esta perspectiva positiva: mientras que la esperanza de vida aumentó unos diez años en los países industrializados entre 1950 y 1999, aumentó casi veinte años en los países en desarrollo (y casi treinta en la India y China) [10].

[9] Informe sobre el Desarrollo Mundial 2004, Banco Mundial.

[10] Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, OCDE 2001.

Estos efectos positivos, no obstante, no han tenido un carácter universal. Países que albergan a unos 2 000 millones de personas no participan intensamente en la globalización y corren el riesgo de permanecer marginados de la economía mundial. Por ejemplo, en África subsahariana el número de personas que viven con menos de un dólar al día ha aumentado de hecho en un 30 % durante la última década. La esperanza de vida se ha reducido, y las perspectivas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son buenas. Mejorar la situación económica y el nivel de vida en esas regiones es uno de los principales retos de la economía mundial. En este contexto, la Comisión se congratula por el hincapié que hace la CMDSG en las políticas nacionales y considera que aplicar las políticas adecuadas a nivel nacional es fundamental, no solo para beneficiarse de la integración mundial, sino también para estimular la influencia de la inversión nacional, que a menudo está infradesarrollada.

La pobreza sigue siendo un problema incluso en los países que han experimentado un rápido crecimiento. La integración económica puede tener un efecto positivo importante sobre la pobreza, pero para alcanzar esos beneficios se requiere una reducción de las desigualdades y unas políticas sociales eficaces. Las normas fundamentales del trabajo (NFT) [11] y el diálogo social bipartito y tripartito para llevar a efecto esas políticas se consideran parte esencial del marco para garantizar una globalización justa, al tiempo que se reconoce que no son sino un punto de partida. El objetivo final debería ser el logro de un progreso social dinámico al objeto de promover un trabajo decente para todos [12]. La política de la UE de que los derechos laborales no deben utilizarse por razones proteccionistas y su rechazo de todo enfoque basado en sanciones unilaterales es conforme con la postura de la CMDSG [13].

[11] Las normas fundamentales del trabajo (NFT) se han acordado a nivel internacional en la OIT y abarcan: la eliminación de la discriminación en el empleo, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva.

[12] La agenda para el trabajo decente abarca el objetivo estratégico de la OIT e incluye los derechos de los trabajadores, el empleo, el diálogo social y la protección social. La Comisión Mundial apoya el programa para el trabajo decente ( 502-510 y anexo 1). La promoción del trabajo decente se incluye también en la cooperación entre la Comisión Europea y la OIT, intercambio de cartas de 14.5.2001, DO C 165/23.

[13] Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 21.7.2003; informe de la CMDSG 421.

Todos los países necesitan garantizar un entorno nacional favorable al comercio, la inversión y la equidad social. Una parte esencial de este entorno es una administración abierta y transparente. Para muchos países, la integración en un ámbito regional ofrece la oportunidad de ampliar economías de escala y estimular la competencia, así como la solidaridad entre iguales, de incrementar la eficacia, y también la credibilidad de las reformas, y de ofrecer claridad y coherencia a los inversores potenciales. La UE apoya a los países en desarrollo en sus esfuerzos en estas áreas.

La CMDSG observa acertadamente que los aumentos decisivos de la eficacia que pueden estimular el comercio en los países en desarrollo se han visto limitados por la persistencia de la protección en los mismos sectores en que tienen a menudo una ventaja comparativa, fundamentalmente la agricultura, las materias primas transformadas y los productos que requieren un uso intensivo de mano de obra. Esto es así tanto en el caso de los mercados en desarrollo como de los desarrollados. Si bien en estos últimos tales obstáculos se ven compensados a veces por acuerdos de acceso preferencial, como la iniciativa comunitaria para los países menos desarrollados «Todo menos armas» (EBA, en sus siglas en inglés), esos altos niveles de acceso a los mercados no son la regla, sino la excepción. Para que la división global del trabajo funcione de forma más eficaz en favor del desarrollo, es necesario resolver esos obstáculos.

Además, como destaca la CMDSG, no se puede negar que con los aumentos de eficacia coexisten costes de ajuste. Las ganancias que se derivan de la apertura de los mercados normalmente superan los costes. Sin embargo, los costes tienden a estar más concentrados entre aquellos sectores de la población que se beneficiaron de la protección en el pasado, mientras que los beneficios se distribuyen de forma más difusa y son, por tanto, menos evidentes. A menos que los frutos de la integración con la economía mundial puedan distribuirse más equitativamente entre los países y dentro de ellos, el apoyo a la globalización seguirá siendo frágil.

Hacer frente a la reestructuración económica e industrial no es tarea fácil, y el periodo de transición puede ser muy largo. La prevención es importante. Los trabajadores necesitan apoyo para poder aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización y afrontar cambios futuros. Hacen falta políticas de apoyo adecuadas, tanto en el Norte como en el Sur, para prever los efectos negativos que se presentan a largo plazo, y mitigar los que se presentan a corto plazo, en las regiones, los sectores y los trabajadores vulnerables. Los gobiernos deben garantizar políticas de acompañamiento eficaces, adecuadas a su nivel de desarrollo y que fomenten la creación de puestos de trabajo mediante empresas de nueva creación, ofrecer posibilidades de reciclaje a los trabajadores y establecer políticas activas del mercado de trabajo y redes de protección apropiadas. Además, han de potenciar al máximo la contribución de los trabajadores migrantes al crecimiento económico y garantizarles la parte que les corresponde del aumento del bienestar, asegurándose de su efectiva integración en la sociedad.

La CMDSG destaca que en algunos países la globalización ha exacerbado los desequilibrios de género. La existencia de desigualdades de género de hondas raíces y larga tradición a menudo hace que los costes sociales de la globalización recaigan de forma desproporcionada sobre las mujeres. No obstante, como indica también la CMDSG, estos desequilibrios dependen en buena medida del nivel de igualdad de género imperante en las normas, instituciones y políticas de un país cuando se produce su integración en la economía mundial [14]. La igualdad de géneros es un objetivo fundamental de las políticas internas y exteriores de la UE, y un elemento esencial de las normas fundamentales del trabajo (NFT) acordadas a nivel internacional.

[14] Informe de la CMDSG, 214-217.

3. La pertinencia del modelo económico y social de la UE

Como se reconoce en el informe de la CMDSG, la UE es un modelo muy particular de integración política, económica y social. Manteniendo las identidades nacionales propias de sus Estados miembros, la UE ha creado un mercado único con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. La Unión Económica y Monetaria ha impulsado aún más el proceso, brindando nuevas oportunidades a los productores de bienes, los suministradores de servicios y los consumidores. Con ello, ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, especialmente de los Estados miembros menos desarrollados. El PIB per cápita de España y Portugal pasó del 71 % y el 54 %, respectivamente, de la media de la UE en 1985, cuando se incorporaron a la UE, al 86 % y el 71 % en 2002, mientras que el de Irlanda pasó del 60 % en 1973 a más del 125 % en 2002.

Desde hace tiempo ha habido una importante dimensión social en la integración económica de Europa. En la época del mercado común, la dimensión social se centró principalmente en los derechos de los trabajadores, la igualdad de género y la cohesión social y económica a través de los Fondos Estructurales. Con la creciente integración, no obstante, esta dimensión se ha ampliado y ha pasado a abarcar una gama más extensa de objetivos, incluido el pleno empleo y trabajos de mayor calidad, la calidad de la educación y los sistemas de formación, una protección social adecuada y sostenible, la promoción del diálogo social y la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Estos objetivos se encuentran reflejados en los tratados europeos y en las conclusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE acordadas en diversas reuniones del Consejo Europeo. En particular, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron en Lisboa en el año 2000 una estrategia integrada de reformas concebida para hacer que Europa se convierta en la sociedad basada en el conocimiento más competitiva del mundo, con más y mejores trabajos y una mayor cohesión social, mediante la promoción de políticas que se refuercen mutuamente dirigidas a abordar las necesidades de competitividad, empleo, progreso social y protección ambiental. Esta estrategia constituye también la base de la respuesta política de la UE al impacto de la globalización en las empresas, trabajos y ciudadanos de Europa.

En su reunión de Barcelona de 2002, el Consejo Europeo definió el modelo social europeo como un modelo basado en un buen rendimiento económico, un alto nivel de protección social, el aprendizaje permanente y el diálogo social entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores [15]. Las políticas europeas promueven el crecimiento del empleo, mediante, entre otras cosas, la inversión en la educación, las capacidades y la movilidad, y contribuyen a reducir el número de personas en riesgo de pobreza y a la sostenibilidad de los sistemas de protección social. El modelo hace hincapié en la necesidad tanto de que los trabajadores participen en los cambios que los afectan, especialmente en la gestión de la reestructuración empresarial, como de mejorar la calidad del trabajo.

[15] Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo, Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002.

En el informe de la CMDSG se señalan varios elementos del modelo de la UE que se considera que han contribuido de forma especial a su éxito en mejorar las condiciones de vida y de trabajo: un marco jurídico sólido, la apertura a la economía mundial y una economía de mercado eficaz, unos sistemas nacionales de protección social eficaces y normas mínimas comunes de empleo, la participación de las partes interesadas a través del diálogo social europeo, la igualdad de género y, más en general, el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, así como la democracia y el refuerzo de la supervisión democrática a través del Parlamento Europeo.

El modelo económico y social de la UE, y la Estrategia de Lisboa, que lo traduce a la práctica, no pueden transponerse sin más a otras partes del mundo. La CMDSG, no obstante, ha destacado una serie de aspectos de este modelo que pueden ser de interés para los socios de la Unión, especialmente en lo que respecta a los procesos que son esenciales para alcanzar el equilibrio entre todos los objetivos en juego. El modelo de la UE hace especial hincapié en unas estructuras institucionales sólidas para la gestión de los asuntos económicos, sociales y ambientales, así como de la interacción entre ellos; en unos servicios públicos y unos servicios de interés general eficaces, en un diálogo social y civil sólido, y en la inversión en capital humano y en la calidad del empleo.

Recientemente, en el contexto de la última ampliación de la Unión, ha podido verse en la práctica la pertinencia del modelo económico y social europeo para los países en proceso de transición económica. La transformación en curso de las economías de los ocho países de Europa Central y Oriental que se incorporaron a la Unión el 1 de mayo de 2004, tras menos de 15 años de experiencia con la economía de mercado, es prueba de la contribución que puede realizar el modelo europeo para hacer frente al impacto social en los trabajadores y sus familias. La Comisión ha destacado, en particular, la necesidad de reforzar la capacidad de las entidades públicas, los interlocutores sociales y la sociedad civil para prever mejor las consecuencias de los cambios económicos, invertir en la educación y las capacidades de la mano de obra y ofrecer sistemas sostenibles de protección social para amortiguar el impacto para los particulares.

4. Gestionar las consecuencias de la globalización en la UE

La globalización incrementa la presión sobre los actores económicos de la UE para que se mantengan a la vanguardia de la competitividad. Como destaca la CMDSG, el impacto social del ajuste afecta también a las economías industriales. Para que la liberalización comercial tenga éxito y alcance el máximo impacto económico, se deben proporcionar mecanismos para afrontar los costes del ajuste, en particular los asociados a la reestructuración. Gestionar el cambio ayudará a hacer frente a las necesidades de quienes se ven adversamente afectados por la apertura de los mercados, garantizando una distribución más equitativa de las ganancias derivadas de la liberalización [16]. Para ello se requiere un enfoque coherente y orientado al futuro, con una participación y un compromiso plenos de todas las partes interesadas, públicas y privadas. La CMDSG subraya también la importancia de la integración regional para ayudar a los países a gestionar la globalización y hace referencia a las políticas y experiencias de la UE [17].

[16] Informe de la CMDSG, 173, 234, 278-289, 369-379 y anexo 1.

[17] Informe de la CMDSG, 313-334.

En conjunto, para la UE, los resultados económicos derivados de la globalización son, sin duda, positivos. La reestructuración, incluidas las deslocalizaciones, no sólo afecta a los trabajadores no especializados y a la industria manufacturera, sino que se observa también de forma creciente en el sector de los servicios, incluso en trabajos altamente especializados del ámbito de los servicios empresariales con un uso intensivo de conocimientos. Las economías de los nuevos Estados miembros y, en particular, las de los países de Europa Central y Oriental (PECO) están experimentando una profunda reestructuración desde hace más de una década [18] a consecuencia de la transición a la economía de mercado. Esto ha provocado un sustancial desplazamiento del empleo entre los tres sectores principales (agricultura, industria y servicios), proceso que se halla todavía en curso. La reestructuración dentro de cada sector, como parte de la modernización que sigue a la introducción de nuevas tecnologías o a la aparición de nuevos competidores, se da tanto en los Estados miembros antiguos como en los nuevos.

[18] Employment in Europe 2002, capítulo 5 y Employment in Europe 2003; Structural change, convergence and specialization in the EU Accession Countries, ed. by M. Landesmann, WIIW (Octubre de 2003).

Para mantener la competitividad de Europa es necesario invertir fuertemente en recursos humanos en todas las edades. Esto es aún más necesario en el contexto de una sociedad en proceso de envejecimiento, lo que hace que sea fundamental la utilización de toda la mano de obra potencial. La Estrategia de Lisboa y, en particular, la estrategia europea de empleo, alienta a las entidades públicas, las empresas y los interlocutores sociales de todos los niveles a que promuevan la competitividad incrementando la inversión en las capacidades de la mano de obra y haciendo el uso más eficaz posible de las tecnologías de la información y la comunicación. Se requiere a todas las partes interesadas que prevean, desencadenen y absorban los cambios.

La UE realiza también importantes inversiones en capital humano a través de los Fondos Estructurales, lo que contribuye de forma significativa a la cohesión económica y social de la Unión. Estos recursos, no obstante, podrían orientarse mejor a abordar los desafíos que plantea la globalización, como promover la adaptabilidad y empleabilidad de las personas y las empresas, y divulgar la investigación y la innovación de manera más uniforme en toda Europa. El Fondo Social Europeo (FSE), en concreto, debería servir de catalizador de las inversiones nacionales y regionales para contribuir al empleo y al aprendizaje permanente, al aumento de la calidad y la productividad en el trabajo y a la inclusión social. La iniciativa comunitaria en el ámbito de los recursos humanos conocida como «EQUAL» promueve y ensaya nuevas maneras de combatir todas las formas de discriminación y las desigualdades en el mercado de trabajo. En la actualidad se centra en cuestiones tales como la gestión de las cuestiones relacionadas con la edad y el aprendizaje permanente, la creación de empresas y la economía social, la mejora de la inserción en el mercado de trabajo de los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad, los migrantes y las minorías étnicas, y la conciliación de la vida familiar y profesional [19]. La cooperación comunitaria en los ámbitos de la educación y la formación contribuye también de forma significativa a los objetivos de la Estrategia de Lisboa a través, entre otras cosas, de sus programas (Sócrates, Leonardo da Vinci, Youth).

[19] http://europa.eu.int/comm/ employment_social/equal/index_es.html

Como se destaca en el informe de la Comisión sobre la cohesión [20] y en la Comunicación sobre las perspectivas financieras [21], los Fondos Estructurales deberían utilizarse para afrontar mejor la reestructuración económica y social.

[20] COM(2004) 107 final, de 18.2.2004.

[21] COM(2004) 101 final, de 10.2.2004.

Prever el cambio, gestionar la reestructuración y garantizar el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad requiere tanto un diálogo social bipartito eficaz como asociaciones sólidas entre empresarios, sindicatos y autoridades públicas. En la Cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo de 25 de marzo de 2004, todas las partes declararon su compromiso de renovar una asociación europea para el cambio, y acordaron revisar los progresos realizados a los distintos niveles de la asociación en subsiguientes cumbres sociales tripartitas. La asociación tendrá una especial importancia para gestionar el impacto de la reestructuración en curso en los nuevos Estados miembros, en los que es preciso reforzar más la capacidad tanto de las asociaciones patronales como de los sindicatos para entablar un diálogo social bipartito constructivo. Esto es fundamental para que puedan alcanzar acuerdos sobre las medidas que se requerirán para aliviar y gestionar las consecuencias sociales potencialmente negativas de la reestructuración.

Unas organizaciones de los interlocutores sociales fuertes pueden realizar aportaciones de importancia tanto a la calidad del empleo como al mantenimiento de la competitividad de las empresas garantizando la motivación, lealtad, creatividad y productividad de los trabajadores. El Tratado europeo fomenta el diálogo entre los interlocutores sociales a nivel intersectorial y sectorial, y la Comisión les ha pedido que hagan un mejor uso de su área de negociación europea [22]. Los interlocutores sociales intersectoriales y sectoriales han incluido la reestructuración y la gestión del cambio en sus respectivos programas de trabajo y en sus actividades en curso, e incluyen cuestiones tales como el aprendizaje permanente y la calidad del trabajo. La Comisión les ha invitado a debatir las iniciativas en materia de reestructuración más detenidamente. El Observatorio Europeo del Cambio, creado en octubre de 2001, proporcionará a los interlocutores sociales instrumentos para comprender, prever y gestionar mejor el cambio. Este Observatorio está ahora ampliando sus actividades a los nuevos Estados miembros.

[22] COM(2002) 341 final, de 26.6.2002.

La legislación comunitaria establece requisitos mínimos que todos los miembros y todas las empresas deben observar cuando contemplen reducciones de plantilla a gran escala o preparen otras decisiones que puedan afectar a los trabajadores. Los textos más recientes promueven claramente la participación de los trabajadores desde un principio, sobre todo en cuestiones estratégicas y en la evolución previsible del empleo en las empresas. Además, cada vez más empresas están adoptando enfoques socialmente responsables de la gestión del cambio, y la UE fomenta tales iniciativas. La legislación comunitaria garantiza unas normas mínimas de salud y seguridad en el trabajo y de condiciones de trabajo. Los interlocutores sociales participan muy de cerca en este proceso de fijación de normas. NFT tales como la no discriminación en el empleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres están garantizas por la legislación de la UE. La libertad de asociación y la negociación colectiva están consagradas en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.

Para facilitar una actitud positiva ante el cambio entre las empresas y los trabajadores, las salvaguardias que ofrecen los sistemas de protección social deben hacerse sostenibles, lo que en muchos casos supondrá un proceso de reforma y modernización. La Unión apoya el proceso de reforma a través de un método abierto de coordinación dirigido a difundir las mejores prácticas y a conseguir una mayor convergencia hacia los principales objetivos de la UE: los Estados miembros acuerdan objetivos comunes en relación con la adecuación social y la sostenibilidad financiera de sus sistemas de protección social, intercambian las mejores prácticas y realizan revisiones inter pares. Tras el éxito de la aplicación del método abierto de coordinación en el ámbito de las pensiones, la Comisión ha presentado recientemente una propuesta para un nuevo proceso de coordinación en el ámbito de la asistencia sanitaria. La Estrategia de Lisboa promueve también un entorno institucional y normativo favorable a la inversión en investigación e innovación a fin de que Europa siga siendo un emplazamiento atractivo para las empresas. La Comisión cree que la Unión debería promover una mayor agrupación de actividades (I+D y lugares de producción). De igual manera, unos servicios públicos y unos servicios de interés general eficaces son importantes para fomentar tanto la competitividad como la inclusión social. La UE apoya también el desarrollo local y la CMDSG destaca el potencial de las iniciativas locales en materia de empleo y medio ambiente [23].

[23] Informe de la CMDSG, 290-312.

Las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad (EISOS) de las negociaciones sobre la liberalización del comercio deberán ayudar a evaluar mejor los efectos internos de la liberalización en la UE y, en particular, en las regiones e industrias más débiles de la UE, así como a identificar mejor los vínculos entre diversas políticas [24]. Las EISOS y la incorporación de sus resultados a las políticas comunitarias deberán permitir a la UE abordar mejor los desafíos sociales, ambientales y económicos, tanto internos como externos, de la liberalización. La creación de un comité directivo con participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil garantizará una dimensión social importante en las EISOS.

[24] Desde 1999, la EISOS se ha generalizado a todas las negociaciones comerciales importantes y está ahora consagrada en un compromiso más amplio en favor de la Evaluación del impacto, COM(2002) 276 final.

5. Encauzar la globalización - La acción comunitaria para promover la dimensión social de la globalización

El informe de la CMDSG resulta pertinente para varias de las políticas exteriores de la UE.

5.1. La dimensión social de las relaciones bilaterales y regionales europeas

Las relaciones de la Comunidad Europea con terceros países engloban un gran número de cuestiones que se abordan en el informe de la CMDSG, y, en particular, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democratización, así como el desarrollo social como corolario necesario del desarrollo económico para garantizar un progreso sostenible.

5.1.1. Acuerdos bilaterales y regionales

La UE ha negociado acuerdos con prácticamente todos los países y con muchas agrupaciones regionales del mundo. Los objetivos principales de estos acuerdos son promover la estabilidad y un desarrollo económico y social sostenible en todo el mundo. A este fin, los acuerdos bilaterales y regionales de la UE establecen disposiciones institucionales para diálogos políticos y técnicos, y crean un marco para, en particular, la cooperación económica, institucional y social. La mayoría de los acuerdos incluye también un capítulo social que, en algunos casos, aún ha de ser plenamente explotado.

El respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho se han incluido como elementos esenciales de todos los acuerdos con terceros países o agrupaciones regionales desde 1992. La sociedad civil y los interlocutores sociales son también parte del proceso. Se promueve el diálogo y la consulta con la sociedad civil local, y entre las autoridades de los países socios y la sociedad civil local.

Todas las negociaciones bilaterales ofrecen a la Comisión la oportunidad de reforzar la dimensión del desarrollo sostenible de sus acuerdos y de traducir sus compromisos políticos en acciones concretas. En consecuencia, es importante que las disposiciones existentes sobre las NFT, como el artículo 50 del Acuerdo de Cotonú y otros acuerdos, se apliquen de manera efectiva.

La Comisión está también decidida a realizar evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad (EISOS) de las negociaciones bilaterales. Se evaluarán así, entre otras cosas, los efectos sobre el desarrollo social en la UE y sus países asociados, recurriendo a un amplio conjunto de indicadores y a una extensa consulta a las partes interesadas, como las asociaciones del sector privado, los sindicatos y la sociedad civil en general.

En septiembre de 2002 dieron comienzo las negociaciones de acuerdos de asociación económica UE-ACP [25]. Los aspectos sociales, como la pobreza, el empleo o la migración Sur-Sur, son elementos clave en la dimensión del desarrollo de las conversaciones sobre estos acuerdos. La CE ha seguido incluyendo disposiciones específicas sobre las NFT en los acuerdos bilaterales, siguiendo el ejemplo de Cotonú. El acuerdo de asociación con Chile de 2002, por ejemplo, incluye un completo título sobre la cooperación social [26]. Muy recientemente, el proyecto del futuro acuerdo UE-Canadá para el refuerzo del comercio y la inversión (marzo de 2004) ha establecido un diálogo sobre el desarrollo sostenible, incluida su dimensión social. La Comisión tiene previsto proseguir sus esfuerzos, en las negociaciones bilaterales o regionales tanto en curso como futuras, a fin de situar el desarrollo sostenible en un lugar prioritario de estos acuerdos.

[25] Los acuerdos de asociación económica constituyen un ambicioso enfoque de la ayuda al desarrollo a través del comercio y la integración. Entrarán en vigor a partir de 2008.

[26] Las partes se comprometen a dar prioridad a la creación de empleo y al respeto de los derechos sociales fundamentales y a cooperar en diversas medidas relacionadas con la reducción de la pobreza, la lucha contra la exclusión social, la modernización de las relaciones laborales y otros ámbitos relacionados.

La Comisión tiene también una larga tradición de cooperación con Japón y los EE.UU. en el ámbito del empleo y los asuntos sociales y considerará ampliarla a Canadá, a China y también, posiblemente, a otras economías emergentes.

Las relaciones bilaterales podrían incluir asimismo incentivos para los productos que respeten determinadas normas sociales o ambientales. Brindan también la oportunidad de abordar mejor la cuestión de la coherencia política, especialmente entre las negociaciones comerciales, la aplicación, las EISOS y la asistencia técnica, mediante la optimización de la asignación de ayuda a las áreas en las que los costes de los ajustes son más elevados. Otra posibilidad es el establecimiento de procesos conjuntos a fin de crear una asociación mutua para el desarrollo sostenible. La CE explorará nuevos mecanismos conjuntos en los acuerdos bilaterales para debatir y supervisar aspectos que resulten pertinentes para la dimensión social de la globalización, en los cuales se invitaría a participar a organizaciones internacionales (como la OIT). También sería posible crear «observatorios» bilaterales conjuntos para supervisar los acontecimientos y servir de foro para el intercambio de opiniones entre los gobiernos, el Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y la sociedad civil en general, contando al mismo tiempo con la plena participación de organizaciones y entidades internacionales.

5.1.2. El diálogo político a nivel regional

La Comunidad Europea ha desarrollado también unas sólidas relaciones a nivel regional y ha apoyado de forma continuada los esfuerzos y procesos de integración regional en otras partes del mundo. La integración regional es un paso útil hacia una mejor integración en la economía mundial, y deberá ayudar a estos países y regiones a potenciar al máximo los beneficios de la globalización. En sus relaciones con los Balcanes, por ejemplo, la UE ha hecho especial hincapié en la cooperación y la integración regional a fin de hacer posible una mayor estabilidad económica y política, y como un primer paso hacia una mayor integración con la UE.

Además, la UE ha desarrollado una serie de diálogos políticos a nivel regional, como el proceso de la Reunión Asia-Europa (ASEM, en sus siglas en inglés), o las cumbres UE-América Latina y el Caribe, a nivel de jefes de Estado, mientras que las relaciones políticas con 78 países ACP se rigen por el Acuerdo de Cotonú, en el que se prevén una serie de instrumentos e instituciones para promover el diálogo político. Hay también un diálogo político regular con CEDEAO, SADC y la Unión Africana. Estos diálogos de alto nivel brindan oportunidades para debatir los desafíos vinculados con la globalización e intentar definir respuestas conjuntas. En el contexto de la ASEM, los líderes europeos y asiáticos se han comprometido a abordar cuestiones globales de interés común, como el impacto de la globalización, la gestión de los flujos migratorios, la reducción de los obstáculos al comercio y la inversión, la reforma de las políticas financieras y sociales y aspectos ambientales.

Los recientes acontecimientos en América Latina son un buen ejemplo de la creciente atención que se presta a las cuestiones sociales y la dimensión social de la globalización. La cohesión social será el tema principal de la Cumbre UE-América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Guadalajara en mayo de 2004. En este contexto, la Comisión ha propuesto que los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones adopten decisiones concretas a fin de: a) alentar a los países latinoamericanos a adoptar políticas acertadas y eficaces para incrementar la cohesión social mediante la reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión en las áreas de la gobernanza democrática, las políticas sociales, las finanzas públicas y la política fiscal; b) alentar a la comunidad internacional, y en particular a las instituciones financieras internacionales (IFI), a apoyar estas medidas y a garantizar que los programas de reformas sean examinados cuidadosamente para determinar su impacto en la cohesión y la estabilidad social, y c) intensificar la cooperación entre la UE y América Latina en el ámbito de la cohesión social. Este enfoque es conforme con las recomendaciones y opiniones de la CMDSG sobre la integración regional como paso hacia una globalización más justa [27].

[27] Informe de la CMDSG, 327-331y anexo 1, Gobernanza nacional, n° 8.

5.1.3. La política de vecindad

La «Política de vecindad europea» tiene por objeto reforzar las relaciones con los países orientales y meridionales vecinos de la Unión tras la ampliación. El objetivo último de esta iniciativa es crear un área de estabilidad y prosperidad basada en valores compartidos e intereses comunes. Ayudará a los países asociados a llevar a cabo reformas políticas y económicas al tiempo que reforzará el diálogo y la cooperación con ellos en el ámbito social.

La cooperación en la dimensión social abarcará, en particular, el desarrollo regional, el empleo, la política social y las reformas estructurales. En términos de desarrollo regional, la UE alentará programas de los gobiernos socios dirigidos a fomentar la descentralización, reducir las disparidades regionales, crear empleo y promover las normas fundamentales del trabajo y el diálogo social. Se prestará también apoyo a las políticas que favorezcan la reducción de la pobreza y la mejora de los sistemas nacionales de bienestar. La UE alentará asimismo a los gobiernos socios a que refuercen la eficacia de la asistencia social, a que apliquen estrategias para impulsar el crecimiento económico y apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y a que aborden la pobreza infantil y garanticen el libre acceso tanto de los niños como de las niñas a la educación primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales.

5.1.4. Promover los derechos humanos y la democratización en terceros países

El proceso de globalización es una fuerza potencial en favor de la libertad y la justicia, así como de la prosperidad. La Comunicación de la Comisión sobre el papel de la UE en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países [28] muestra cómo la Unión contribuye a hacer de la globalización un proceso más justo e incluyente. La incorporación de los aspectos relacionados con los derechos humanos y la democratización a todas las políticas de la UE se complementa con la ayuda financiera a actividades de la sociedad civil y organizaciones internacionales en terceros países a través de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). Existe una estrecha relación entre una buena gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción, y el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la calidad de la justicia [29]. Un marco jurídico adecuado y que se aplique debidamente garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos y también es clave para la protección social de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular. Hace posible la promoción del trabajo decente, la lucha contra el trabajo ilegal y la explotación de ciertos grupos de personas, como las mujeres y los niños, que están más expuestos a la trata, los bajos salarios y el desempleo, o a abusos tales como el acoso psicológico y sexual.

[28] COM(2001) 252 final, de 8 de mayo de 2001.

[29] Comunicación sobre una política global de la UE contra la corrupción, COM(2003) 317 final, de 28.5.2003.

5.1.5. Migración

En el debate sobre la globalización, la migración es un tema importante y delicado. Ha de abordarse en todos sus aspectos, no solo la migración Sur-Norte, sino también la migración Sur-Sur, sus aspectos humanos --incluidos los derechos básicos, la protección y la integración de los migrantes-- y sus componentes económicos y sociales en toda su variedad, incluidas las remesas y la pérdida/obtención de cerebros. Es preciso desarrollar más los diálogos bilaterales y multilaterales sobre este fenómeno y tener en cuenta sus implicaciones para la seguridad. La Unión está desarrollando un conjunto de normas que regirán el enfoque comunitario de las migraciones. Desde hace algunos años, las cuestiones migratorias forman parte de los acuerdos de cooperación y asociación concluidos con terceros países. La CMDSG recomienda la creación de un marco multilateral para los movimientos transfronterizos de personas y propone diversas acciones, incluidas acciones a nivel regional [30].

[30] Informe de la CMDSG, 428-446 y anexo 1, El trabajo en la economía global, n°s 2 y 3.

5.2. Cooperación exterior y al desarrollo

5.2.1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

La UE se ha comprometido a centrar su asistencia internacional al desarrollo en ayudar a los países en desarrollo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM, junto con el Plan de aplicación de la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, acordado en Johannesburgo, conforman una ambiciosa agenda para la reducción de la pobreza y el apoyo al desarrollo sostenible. La CMDSG destaca la importancia de los ODM como un primer paso hacia un «suelo» socioeconómico para la economía global y hace un llamamiento a que se realicen mayores esfuerzos para la movilización de recursos [31].

[31] Informe de la CMDSG,, 21, 450-481, anexo 1, Mejores políticas internacionales.

En este contexto, la CE se centrará en cumplir sus compromisos internacionales, con objetivos claros en materia de pobreza, educación, salud, género y medio ambiente. Los objetivos y acciones específicos acordados en Monterrey [32] y Johannesburgo fijarán el ritmo y la orientación de esta tarea. Como condición previa para alcanzar estos objetivos, se reforzará la coherencia de las políticas comunitarias. Se prestará una atención constante a la necesidad de garantizar que las políticas internas y exteriores de la UE favorezcan los compromisos internacionales acordados y no menoscaben los objetivos de la cooperación comunitaria al desarrollo. Se evaluarán de forma continua las implicaciones de otras políticas comunitarias para los países en desarrollo (p. ej., de la política en materia de comercio, agricultura y pesca, migraciones, medio ambiente, normativa sobre seguridad alimentaria, investigación, tecnologías de la información y la comunicación, estrategia comunitaria de seguridad, y lucha contra las drogas, el lavado de dinero, la trata de seres humanos y el terrorismo internacional).

[32] Comunicación de la Comisión, COM(2004) 150 final, de 5.3.2004, «Puesta en práctica del Consenso de Monterrey: contribución de la Unión Europea».

5.2.2. La cooperación exterior

Gran parte de la responsabilidad del desarrollo social corresponde a los propios países socios. Estos deben asegurarse de que sus políticas internas respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho, y garanticen una gobernanza transparente y con rendición de cuentas. Deberán también integrar el comercio en sus estrategias nacionales de desarrollo y garantizar una mejor distribución de los beneficios de la integración en la economía global. Para ello se requieren: a) reformas institucionales y normativas, incluidas la reforma agraria y fiscal, que conducirán a una creación de empleo sostenible en el sector privado formal y a unos mercados de trabajo eficaces; b) un acceso más equitativo a los servicios sociales, sobre todo de salud y educación, c) el desarrollo o el refuerzo de mecanismos de redistribución, como los programas de protección social, y d) una mejor participación de los agentes no estatales, el respeto de las NFT y la promoción del diálogo social.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de promover estos objetivos. La UE respalda la adopción de estas políticas, especialmente a través de sus mecanismos de apoyo regionales y bilaterales, y en el marco de programas de cooperación nacionales con países socios. El enfoque comunitario de la dimensión social de la ayuda exterior --en diálogo con los países socios y prestándoles ayuda-- se considera parte del proceso democrático y de estabilización, y necesario para garantizar un nivel mínimo de aceptación y de apoyo a las importantes transformaciones económicas y sociales que afrontan los países socios. Contribuye a absorber el «shock» de las consecuencias sociales de la transición y, con ello, favorece un entorno empresarial y comercial más sostenible. Para evaluar mejor las consecuencias sociales de la globalización y orientar mejor su ayuda exterior, la Comunidad Europea tiene previsto promover la incorporación de esta dimensión social, especialmente en los ámbitos antes mencionados, a las fases de programación y aplicación de sus programas y proyectos.

La crisis asiática y el impacto de las reformas emprendidas por los países en transición demuestran la importancia de los programas de protección social y de unos mecanismos de redistribución apropiados para amortiguar el impacto social de la crisis y la transición. Estas prácticas y programas sociales se han de desarrollar sobre una base sostenible e institucional. La experiencia latinoamericana en lo que respecta a afrontar la inestabilidad social y el descontento político demuestra la importancia de un diálogo social operativo.

Se deberá prestar una especial atención a evaluar la interacción entre la globalización y la igualdad de género. A este respecto, la UE promueve firmemente la incorporación de la perspectiva del género en su política de cooperación.

Las reformas comerciales a menudo conllevan costes transitorios para determinados grupos de población que necesitan ayuda para adaptarse al nuevo contexto. EL FMI ha anunciado un mecanismo de integración comercial para ayudar a los países que experimenten problemas de balanza de pagos derivados de cambios en las políticas comerciales, como la supresión de los contingentes del AMF. No obstante, para poder evitar potenciales efectos sociales adversos, la comunidad internacional necesita abordar la cuestión de los costes de ajuste de una manera más sistemática. La UE está desarrollando progresivamente el apoyo a los ajustes relacionados con el comercio como parte de una estrategia coherente de desarrollo. Se proporcionaría ayuda a tres niveles: a) desarrollo de una capacidad institucional interna adecuada para contribuir a amortiguar la reducción de ingresos públicos derivada de la disminución de las entradas por derechos de importación; b) programas para prever las necesidades de ajuste dirigidos a garantizar una distribución más equitativa de las ganancias y a suavizar la transferencia de recursos productivos de sectores previamente protegidos a otros con una mayor ventaja comparativa, y c) programas complementarios para el desarrollo de la capacidad productiva a fin de que puedan aprovecharse plenamente las oportunidades derivadas del mayor acceso al mercado.

La asistencia relacionada con el comercio para ayudar a los países que lo necesitan a gestionar el ajuste económico y social es un elemento importante de la agenda multilateral de la UE, que se detalla más abajo. La UE ha incrementado de forma significativa durante los últimos cuatro años su programación para asistencia relacionada con el desarrollo en todas las regiones de países en desarrollo. Ello no obstante, en los futuros programas de ayuda al desarrollo deberá prestarse más atención a ayudar a los países menos desarrollados a incorporar el comercio a sus estrategias de reducción de la pobreza y a gestionar el impacto social de la liberalización del comercio, especialmente mediante la creación de mecanismos de protección social y un «suelo» socioeconómico sobre el que deberá estar basada la reforma comercial. Se deberá garantizar así un entorno más favorable a la inversión y a la creación de empleo en la economía formal, así como una distribución equitativa de las ganancias derivadas del crecimiento. La UE promoverá este mismo enfoque en los programas de ayuda de donantes bilaterales y otras organizaciones internacionales

5.3. Garantizar que la política comercial apoye plenamente el desarrollo social

La liberalización comercial, según una extendida opinión, es un factor clave para apoyar el crecimiento y el desarrollo globales. Al promover la competencia y la eficiencia, el crecimiento continuo del comercio internacional desempeña un papel decisivo para mantener unas tasas de crecimiento de la productividad más elevadas. Aunque la integración regional destacada antes puede promover el crecimiento, no es la solución óptima si se compara con esfuerzos multilaterales más ambiciosos. Según el Banco Mundial [33], las ganancias derivadas de la aplicación del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), de la OMC, podrían situarse entre unos 270 000 y 520 000 millones de dólares en 2015.

[33] Perspectivas económicas mundiales 2004 - Hacer realidad la promesa de desarrollo del programa de Doha.

Para que sea justa y equitativa, la globalización ha de canalizarse en apoyo de los más débiles y los más vulnerables. En la Comunicación de 2001 de la Comisión sobre las NFT [34] se sugiere una gama de iniciativas de política comercial para promover el desarrollo social, basada en el reconocimiento de la universalidad de las NFT, el apoyo de la UE al trabajo de la OIT y su cooperación aumentada y reforzada con otras organizaciones internacionales. Este enfoque fue posteriormente aprobado por el Consejo de Asuntos Generales el 21 de julio de 2003.

[34] Comunicación «Promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la mundialización», COM(2001) 416 final, de 18.7.2001, en lo sucesivo, «la Comunicación de 2001».

Desde la Comunicación de 2001, la Comisión ha promovido su enfoque general, trabajando al mismo tiempo en la aplicación de diversas iniciativas concretas en la esfera tanto multilateral como bilateral, incluido a través de la OMC [35] en lo que respecta al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), y en relaciones bilaterales y regionales con países en desarrollo [36]. En esta sección se explica, entre otras cosas, cómo la Comisión ha tratado de aplicar los objetivos fijados en 2001 y cómo estos pueden llevarse adelante.

[35] Las conclusiones del Consejo instaron a la UE a fomentar debates de carácter autónomo y voluntario sobre las cuestiones relacionadas con el desarrollo social --incluido el respeto de las NFT-- durante el Examen de las Políticas Comerciales (EPC) en la OMC. Para preparar el próximo EPC de la UE en julio de 2004, la Comisión ha comenzado a reunir indicios de una correlación positiva entre las normas sociales de la UE y su rendimiento económico y comercial. La Comisión cree que estos exámenes voluntarios son una forma útil de demostrar una correlación positiva entre el desarrollo social, la apertura de los mercados y las normas comerciales multilaterales.

[36] Estos últimos esfuerzos se han descrito en el punto 5.1.1.

Las negociaciones del PDD brindan la oportunidad de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo social fijados en la Declaración del Milenio, y también al desarrollo sostenible. Presentan un gran potencial para fomentar el crecimiento económico a largo plazo, estimular el comercio y la inversión y promover el desarrollo sostenible y la gestión de los retos de la globalización, coadyuvando con ello a la integración de los países en desarrollo en el sistema comercial mundial de una forma que les ayude a combatir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de manera equitativa [37]. La CMDSG reconoce el decisivo papel del PDD, y alienta los esfuerzos para hacer que la liberalización comercial multilateral sea mutuamente beneficiosa para todos los países y socialmente equitativa en cada uno de ellos. La CMDSG destaca también que la liberalización comercial debe ser un medio para alcanzar objetivos últimos, como un crecimiento elevado y sostenible, el pleno empleo, la promoción del trabajo decente y la reducción de la pobreza. La UE ha tratado de reflejar estos objetivos en su propia postura negociadora teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo social en todas las áreas clave de negociación, en muchos casos como una forma de trato especial y diferenciado. En su Comunicación de septiembre de 2002 sobre el comercio y el desarrollo, la Comisión identificó tres elementos esenciales, ratificados luego por el Consejo, para conseguir resultados verdaderamente propicios al desarrollo en el PDD, a saber, el acceso a los mercados, las normas multilaterales y la asistencia relacionada con el comercio y el desarrollo de la capacidad [38].

[37] Comunicación de la Comisión «Reviving the DDA Negotiations - the EU perspective», COM(2003) 734 final, de 26.11.2003.

[38] Esta última cuestión se ha discutido en el punto 5.2.2.

Por lo que respecta al acceso a los mercados, la UE es partidaria de un enfoque consistente en que todos los miembros de la OMC contribuyan al proceso de liberalización según su nivel de desarrollo económico y sus capacidades, prestando especial atención a la apertura de los mercados o la reducción de las distorsiones comerciales para los sectores y productos de especial interés para los países en desarrollo. De esta forma, la liberalización comercial puede contribuir a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico en los países en desarrollo, creando las condiciones para un desarrollo social equitativo. Dado que algunos de los mayores obstáculos al comercio se dan entre los propios países en desarrollo, la creación de nuevos mercados mediante el comercio Sur-Sur será igualmente importante, y podrá también mitigar la preocupación de varios de los países en desarrollo más débiles sobre el impacto de la erosión de las preferencias. Por otro lado, la elaboración de iniciativas útiles por los miembros desarrollados de la OMC, como la propia concesión por la UE de un acceso exento de derechos y cupos a las exportaciones de los países menos desarrollados, sigue siendo uno de los objetivos.

Las consecuencias sociales de los cambios en las políticas comerciales son especialmente evidentes en determinados sectores industriales. En el sector del acero, las recientes medidas comerciales estadounidenses afectaron no solo a los trabajadores de la UE, sino también a los de los países en desarrollo. En el sector textil y de la confección, los cambios en el régimen comercial significan que ciertos países en desarrollo más débiles pueden perder su parte del mercado previamente garantizada por cuotas [39]. Los efectos negativos de determinados cambios en las políticas comerciales hacen necesario un enfoque integrado, que combine políticas sociales nacionales apropiadas con una ayuda adecuada de donantes y oportunidades de mercado más amplias para las exportaciones de estos países.

[39] La propia Comisión Europea ha comenzado a tomar medidas complementarias de su Comunicación sobre el futuro del sector textil y de la confección, COM(2003) 649 final, de 29.10.2003, mediante la creación de un grupo de alto nivel con la misión de recomendar posibles iniciativas para facilitar el ajuste del sector. También se proponen medidas concretas a raíz de la EISOS del sector textil y de la confección en un documento oficial de síntesis de la Comisión.

La Comisión reconoce que la agricultura es causa especial de preocupación para los países en desarrollo. La UE ha iniciado una reforma de sus políticas agrícolas orientada a ofrecer un apoyo que distorsione menos el comercio, con una importante reducción de los subsidios a la exportación y con la promoción del desarrollo sostenible. Resulta claro que la agricultura sigue siendo un interés prioritario de los países en desarrollo en el marco del PDD. Sin embargo, el impacto de la liberalización tendrá un carácter ambiguo, al igual que en el sector textil. A corto plazo al menos, es posible que los países en desarrollo importadores netos de alimentos tengan que hacer frente a unos precios más elevados, con la consiguiente preocupación por la disponibilidad de alimentos [40]. Al mismo tiempo, los países que actualmente gozan de preferencias comerciales, en especial los más pobres, sufrirán una erosión de su acceso preferencial, lo que puede tener consecuencias en sus ingresos en concepto de exportaciones. Hacen falta esfuerzos globales y coordinados para potenciar al máximo las ganancias derivadas de la apertura de los mercados y minimizar los costes sociales negativos que puedan provocar los ajustes.

[40] Véase, por ejemplo, «Evaluación del impacto sobre la sostenibilidad de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en el sector de los principales cultivos comestibles», SEI, 2002, para la Comisión Europea.

Un problema fundamental de los países en desarrollo es su gran dependencia de un pequeño número de productos agrícolas clave. La solución va mucho más allá del acceso a los mercados. En dos recientes Comunicaciones, de febrero de 2004, la Comisión sugiere enfoques integrados para conseguir un desarrollo sostenible, mediante el comercio, entre otras cosas, para los países dependientes de productos básicos en general, y del algodón en particular [41]. Esto implica una serie de medidas comerciales y no comerciales, entre las que se cuenta el fomento de prácticas más sostenibles a lo largo de la cadena de suministro de productos básicos.

[41] «Cadenas de productos básicos agrícolas, dependencia y pobreza - Propuesta de plan de acción de la UE» y «Propuesta de asociación UE-África en apoyo del desarrollo del sector algodonero».

Paralelamente, las negociaciones en el ámbito de los servicios tienen también mucho que ofrecer en términos de unas mayores oportunidades para el comercio Sur-Sur y de la liberalización de aquellos sectores de los servicios que proporcionan la infraestructura clave para el desarrollo y el crecimiento económicos o la protección ambiental. Dado el particular carácter de este sector y su creciente pertinencia para la creación de empleo, harán falta esfuerzos concretos para ayudar a los países en desarrollo menos experimentados a afrontar con éxito los desafíos de la reforma normativa. La UE contribuirá a ello. En lo que se refiere al componente de elaboración de normas del PDD, reviste gran importancia, tanto para los países desarrollados como en desarrollo, crear unas condiciones óptimas para el comercio transfronterizo (facilitación del comercio), fomentar un clima atractivo para la inversión extranjera directa productiva, y promover una competencia justa y la adquisición de bienes y servicios de calidad para sus ciudadanos a precios moderados. Si bien los miembros de la OMC siguen estando divididos sobre la conveniencia de que haya normas multilaterales en todos estos ámbitos, la Comisión sigue convencida de que tales normas promoverían un entorno económico más estable y transparente que, a su vez, favorecería un crecimiento económico sostenido, especialmente en los países en desarrollo.

Promover el desarrollo social dando acceso a los mercados a los países en desarrollo

La Comisión apoya la promoción de las normas fundamentales del trabajo y el objetivo más amplio del trabajo decente, y utiliza, cuando resulta apropiado, instrumentos comerciales. Está de acuerdo con la CMDSG sobre la importancia de garantizar el acceso a los mercados a los países en desarrollo y proporciona, de diversas maneras, un alto nivel de acceso a su mercado a esos países. Los países menos desarrollados y los socios ACP gozan de unos niveles de acceso al mercado comunitario excepcionalmente altos [42]. Aparte de estos regímenes especiales, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) otorga un acceso preferencial considerable a todos los países en desarrollo. El SGP incluye un sistema de incentivos sociales en el que el cumplimiento efectivo de las normas fundamentales del trabajo da derecho a preferencias comerciales adicionales. La revisión del SGP en 2002 lo hizo más atractivo para los países en desarrollo ampliando las preferencias comerciales adicionales. Una nueva reforma del sistema, que entrará en vigor a partir de 2006, se centrará en potenciar al máximo las ventajas para los beneficiarios y en promover la plena aplicación de las normas fundamentales del trabajo en los países beneficiarios.

[42] Países ACP en el marco del Acuerdo de Cotonú, en el que la inmensa mayoría de las partidas arancelarias están ya sometidas a un arancel cero y en el seno del cual se negociarán en los próximos años zonas de libre comercio con los socios ACP. Países menos desarrollados en el marco de la iniciativa «Todo menos armas» (un programa especial dentro del SGP) en virtud de la cual no se aplicará arancel alguno a los países menos desarrollados a partir de 2008.

5.4. Promover iniciativas privadas para el desarrollo social

Los gobiernos tienen una responsabilidad esencial en lo que respecta a garantizar un desarrollo social equitativo. El sector privado, no obstante, puede ser también una vía complementaria de cambio muy influyente. Las empresas, tanto nacionales como transnacionales, los círculos empresariales, los sindicatos y la sociedad civil en general pueden contribuir a la consecución de objetivos sociales y a promover una gobernanza social eficaz tanto en la UE como en el resto del mundo. Las empresas reconocen cada vez en mayor medida que una conducta empresarial responsable puede reforzar su competitividad. Otro aspecto importante es que la globalización y la revolución de los medios de comunicación han contribuido a dar un papel más prominente a la opinión pública y a hacer posible la presión en favor de una mejor gobernanza social en la economía global. En la lista de prioridades de la opinión pública han ganado posiciones el comercio, las empresas y la inversión socialmente responsables, así como la promoción de la responsabilización a lo largo de toda la cadena de suministro de bienes y servicios [43].

[43] Informe de la CMDSG, 546-559 y anexo.

El enfoque de la responsabilidad social de las empresas (RSE) puede contribuir a que el comercio y la inversión favorezcan el desarrollo sostenible. En 2002, la UE adoptó una estrategia para promover la RSE que es conforme con las propuestas y recomendaciones de la CMDSG [44]. La Comisión adoptó luego una serie de iniciativas para promover la RSE, como iniciativas de sensibilización sobre las ventajas de la RSE para las compañías, el examen de la viabilidad y conveniencia de desarrollar criterios y directrices para un programa de comercio voluntario justo y ético a nivel comunitario, la promoción del desarrollo de códigos globales de conducta por los interlocutores sociales comunitarios y el refuerzo de las sinergias con las políticas comerciales.

[44] COM (2001) 416 final; Conclusiones del Consejo de 21.7.2003; Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2002, y COM(2002) 347 final, de 2.7.2002, «Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible».

La Comisión creó también el Foro multilateral europeo sobre la RSE a fin de desarrollar una nueva forma de diálogo y vínculos entre distintos intereses y ámbitos políticos, y de examinar la manera de definir un enfoque y unos principios directrices comunitarios. Este foro reúne a las principales partes interesadas comunitarias: asociaciones patronales y de empresas, sindicatos y sociedad civil. El foro ha abordado una amplia gama de cuestiones: la ampliación del conocimiento, las necesidades específicas de las PYME y la promoción de una transparencia efectiva. Ha debatido cuestiones relacionadas con el desarrollo, por ejemplo, cómo abordar el VIH/SIDA en África, la aplicación de las NFT en el sector textil y la transparencia financiera en las industrias extractivas. Concluirá sus trabajos con un informe en el verano de 2004.

La Comisión observa con interés que la CMDSG recomienda que la OIT convoque un foro multilateral mundial sobre la RSE [45]. La CMDSG reconoce que hay escepticismo en algunos círculos sobre el impacto real de los programas de RSE. La Comisión está de acuerdo con la CMDSG en que las iniciativas voluntarias únicamente pueden complementar la legislación y la política social, y que deberían promover unos estándares más elevados. La Comisión está también de acuerdo en que la contribución de las iniciativas voluntarias se puede reforzar de varias maneras. Los consumidores y la sociedad civil han de tener una cierta garantía de que se trata de algo más que herramientas de relaciones públicas y que efectivamente producen efectos positivos importantes. Para tener credibilidad, los instrumentos de la RSE se han de desarrollar de una forma transparente, en plena consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes, y se debe poder verificar su aplicación. A este respecto, deben realizarse esfuerzos para la elaboración de informes. Para que puedan tener en cuenta las circunstancias en terceros países, los interlocutores sociales locales y otras partes interesadas pertinentes necesitan participar también plenamente en el proceso. La Comisión considera que se debería reflexionar más sobre la manera de hacer operativos estos objetivos y de determinar las mejores prácticas.

[45] Informe de la CMDSG, 554-557, 613-616.

Como parte de las políticas sobre la RSE, los códigos privados de conducta y las asociaciones de nivel sectorial y base amplia relacionadas con cuestiones laborales, como las NFT, los derechos humanos en sentido amplio y el medio ambiente, pueden desempeñar un valioso papel. En relación con las cuestiones laborales, deben tener en cuenta los estándares pertinentes acordados a nivel internacional [46] y ser considerados como complemento de la legislación, de su ejecución y de los convenios colectivos [47]. El diálogo social europeo y global puede promover también un marco más coherente para el establecimiento de códigos de conducta y de asociaciones. Los comités del diálogo social sectorial europeo han acordado ya códigos de conducta sectoriales aplicables en la UE y en las cadenas de suministro globales [48]. Varias compañías europeas han suscrito códigos de conducta en el marco de sus comités de empresa europeos.

[46] El enfoque europeo de la RSE refleja y se enmarca en el contexto más amplio de varios estándares acordados a nivel internacional, como la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (1977/2000) de la OIT, y las Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2000).

[47] Los interlocutores sociales a nivel mundial en uno de los sectores más «globalizados», la industria naviera, han incluso concluido un convenio colectivo internacional. La Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales comunitarios toman parte en los trabajos en curso de la OIT para la consolidación de las normas relativas al trabajo marítimo de la OIT.

[48] http://europa.eu.int/comm/ employment_social/publications/2003/ke4702397_es.html

Además, la Comisión apoya activamente la aplicación de las Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estas líneas directrices ofrecen puntos de referencia para una conducta empresarial responsable, pero es preciso trabajar para garantizar que su aplicación sea más rigurosa y coherente. Una de las dificultades para conseguir que se adopten de forma más generalizada radica en la existencia de empresas no activas que se benefician de las actividades de otras sin realizar ellas mismas ningún esfuerzo. Una de las maneras en que la Comisión está intentando ampliar su adopción consiste en incorporar referencias a las líneas directrices en sus acuerdos bilaterales (p. ej., en el Acuerdo de asociación entre la UE y Chile, y en el acuerdo que se está negociando con MERCOSUR). Se debería reflexionar sobre la forma de garantizar una adopción más generalizada, ya sea mediante una acción privada concertada o iniciativas gubernamentales, como hacer que medidas de apoyo tales como los créditos a la exportación dependan de la conformidad con las líneas directrices de la OCDE.

5.5. La gobernanza a nivel global

La contribución de las instituciones internacionales a una globalización socialmente sostenible es un prerrequisito para el progreso. El sistema multilateral se ha de hacer más eficaz para afrontar los desafíos existentes y emergentes en relación con la gobernanza global y el Estado de Derecho [49]. La Comisión apoya un enfoque coherente y holístico de las cuestiones relacionadas con la dimensión social de la globalización en la OMC, las instituciones financieras internacionales (IFI) y los distintos organismos de las Naciones Unidas, así como el refuerzo de organismos clave, como la OIT [50].

[49] Esta postura se refleja tanto en la Comunicación de la Comisión «La Unión Europea y las Naciones Unidas: la opción del multilateralismo» [COM(2003) 526, de 10.9.2003] como en las conclusiones del Consejo a este respecto, así como en la Estrategia europea de seguridad, adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003.

[50] De conformidad con la Comunicación de 2001.

En relación con las Naciones Unidas, es necesario garantizar la coherencia de las políticas entre el ECOSOC, la Comisión de Desarrollo Social y el Tercer Comité de la Asamblea General. La Comisión cree que se deberían considerar cuidadosamente las propuestas existentes, como la creación de un Consejo económico y de seguridad social. En ese contexto, deberían tenerse en cuenta los resultados del Grupo de alto nivel sobre la reforma de las Naciones Unidas establecido por la Secretaría General. La Comisión considera que los primeros pasos para incrementar la coordinación y la coherencia deben centrarse en reforzar la eficiencia de los organismos existentes. El mandato actual del ECOSOC debe abordarse en ese contexto. La UE está lista para desempeñar un papel muy activo encabezando el proceso relativo al desarrollo de la agenda internacional y reconoce la necesidad de redoblar los esfuerzos para incrementar su notoriedad mediante un planteamiento global de la paz, la seguridad y el desarrollo. La Comisión está decidida a reforzar su contribución.

La UE debería también proponerse hablar de forma más coherente, con una sola voz, en todos los foros de las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales que se ocupan de cuestiones sociales y económicas, a fin de garantizar la coherencia de las políticas. La Comisión seguirá respaldando activamente la coordinación comunitaria mediante un mejor intercambio de información y la preparación de propuestas de posturas e iniciativas de la UE. Esta se encuentra también lista para alentar a los países socios a reforzar su seguimiento de los compromisos y objetivos multilaterales mediante actividades de ejecución, tanto en el marco del diálogo bilateral como mediante el suministro de asistencia a los países que la necesitan.

Las IFI, la OMC y el sistema de las Naciones Unidas deben trabajar de manera coherente y coordinada, en sus funciones de suministro de ayuda, apertura de mercados y fijación de normas, con miras a la consecución del objetivo estratégico del desarrollo sostenible. Es preciso pasar de las declaraciones y la coherencia teóricas a una acción efectiva y concertada basada en la complementariedad y la identificación de sinergias positivas. Esto depende de manera decisiva de la voluntad de sus Estados miembros, tanto países en desarrollo como desarrollados. Requiere también que el sistema de gobernanza económica global sea eficiente, incluyente y representativo.

La mejora del proceso de negociación de la OMC contribuiría a hacer que el sistema comercial multilateral fuera más justo y más equitativo desde el punto de vista social. En el informe de la CMDSG se observa acertadamente que una participación más estrecha de los países en desarrollo en las negociaciones de la OMC favorecería sus esfuerzos para vincular más eficazmente la liberalización comercial con los programas nacionales de desarrollo social [51]. La Comisión ha realizado propuestas concretas relacionadas con la preparación y la organización de conferencias ministeriales, y con métodos de trabajo y procedimientos de toma de decisiones, dirigidas a incrementar la participación en el sistema de la OMC de los países en desarrollo, en especial de los menos desarrollados. No obstante, el acercamiento de la agenda comercial multilateral a las preocupaciones de desarrollo social no puede tener lugar aisladamente dentro de la OMC. La UE debería proponerse mejorar la coordinación en los asuntos relacionados con la gobernanza social en el contexto de la globalización y garantizar la coherencia en esta cuestión en todas las organizaciones internacionales pertinentes, incluidas la OMC y la OIT [52]. También debería promover un diálogo más eficaz entre la OMC y la OIT al objeto de que esta última obtenga la condición de observador en la OMC.

[51] El Programa de Doha para el Desarrollo constituye, en sí mismo, un paso importante en esta dirección, al situar las preocupaciones relativas al desarrollo en un lugar prioritario en las negociaciones comerciales.

[52] Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 21 de julio de 2003.

La CMDSG ha sugerido diversas fórmulas innovadoras para reforzar la coherencia de las políticas a nivel internacional, tanto mediante la confirmación de objetivos compartidos, en particular el trabajo decente, como mediante varios mecanismos nuevos de cooperación. Las iniciativas de coherencia de las políticas, los diálogos para la formulación de políticas y el foro de políticas de globalización que se han sugerido parecen prometedores para vincular más estrechamente la agenda multilateral con las preocupaciones fundamentales de la gente; sin embargo, para resultar eficaces, los mandatos deben ser claros y precisos. La participación de las organizaciones económicas, comerciales, financieras y sociales en estas iniciativas a favor de la coherencia de las políticas, en particular las relacionadas con el crecimiento, la inversión y la creación de empleo a escala mundial, resultaría muy útil para la terminación con éxito de la actual ronda de negociaciones comerciales y para garantizar un resultado justo.

Las IFI tienen un papel esencial que desempeñar en apoyo de una gobernanza acertada en el mundo en desarrollo. La coherencia de las políticas dentro de estas organizaciones, y entre ellas y el sistema multilateral general es fundamental para la consecución de un entorno global favorable a un desarrollo sostenible. El apoyo a políticas que garanticen un compromiso efectivo con la economía mundial, y apoyen al mismo tiempo objetivos generales de sostenibilidad, debería ser prioritario.

El euro se ha convertido rápidamente en la segunda divisa más utilizada internacionalmente, si bien la UE no tiene actualmente una influencia tan grande como podría tener en las políticas de las instituciones financieras internacionales, lo que debilita la coherencia de las políticas. Su voz sigue estando fragmentada, por lo que su capacidad para influir en las decisiones y orientaciones políticas clave es escasa. Esto resulta problemático, dado que esas instituciones desempeñan un papel definitorio en el desarrollo y la gestión de las crisis financieras. Plantea además problemas para la propia coherencia de las políticas de la UE dentro de los pilares comercial, financiero y de fijación de normas de la gobernanza económica global. La influencia de la UE para promover un modelo de desarrollo que integre plenamente la dimensión social aumentaría de forma considerable con una presencia unificada en las instituciones de gobernanza económica multilateral. Esto significa hablar con una sola voz, buscando una posición común mediante la votación por mayoría cualificada y la votación como grupo.

Las instituciones comerciales y financieras internacionales se han convertido en un centro de interés sin precedentes en la sociedad civil. Como propone la CMDSG, han de hacerse más transparentes e incluyentes, y contar con una mayor participación de las organizaciones de empresarios y trabajadores, así como de la sociedad civil en general. El ejemplo de la OCDE, en la que empresarios y trabajadores están formalmente representados y son consultados, constituye un enfoque interesante a este respecto [53]. La Comisión concede también gran importancia a promover un diálogo activo con las organizaciones de empresarios y trabajadores y con la sociedad civil en general. La Comisión seguirá mejorando el diálogo con las partes interesadas sobre los diferentes procesos y cuestiones relacionados con la dimensión social de la globalización.

[53] Informe de la CMDSG, 562 .

Como se subraya en el informe de la CMDSG [54], se deben reforzar la investigación y la recopilación de datos sobre la dimensión social. En el contexto del VI programa marco de investigación, la Comisión está planeando poner en marcha una red de excelencia para llevar a cabo investigaciones sobre la cuestión de la «Gobernanza global, marcos normativos y el papel de la UE». Se incluirá el análisis de la dimensión social.

[54] Informe de la CMDSG, 623-629.

6. Conclusión

En la presente Comunicación, la Comisión expone sus opiniones iniciales sobre algunas de las cuestiones planteadas en el informe de la CMDSG. En conjunto, el informe contiene mensajes equilibrados y críticos, aunque positivos, que pueden servir de base a futuras acciones. En él se reconoce que ya se han adoptado algunas medidas a nivel nacional, regional y global, pero se especifica claramente que hacen falta muchos más esfuerzos a todos los niveles, que sean complementarios y se refuercen mutuamente, para hacer que los beneficios de la globalización se extiendan a todos. Esto representa un desafío tanto para la UE como para sus Estados miembros. El seguimiento efectivo del informe, por todos los socios, será de vital importancia.

La UE ha elaborado ya iniciativas y políticas para abordar la dimensión social de la globalización tanto en Europa como en el resto del mundo. Ahora es importante que la Unión exprese, al más alto nivel político, su decisión de adoptar medidas para reforzar esta dimensión a la luz del informe de la CMDSG y de las propuestas iniciales realizadas en esta Comunicación.

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