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Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las orientaciones generales de política económica (2003-2005) (presentada con arreglo al apartado 3 del artículo 99 del Tratado CE) {SEC(2004) 44}

/* COM/2004/0020 final */
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52004DC0020

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las orientaciones generales de política económica (2003-2005) (presentada con arreglo al apartado 3 del artículo 99 del Tratado CE) {SEC(2004) 44} /* COM/2004/0020 final */


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA (2003-2005) (presentada con arreglo al apartado 3 del artículo 99 del Tratado CE) {SEC(2004) 44}

PARTE I

Evaluación General 1)

1) Comunicación de la Comisión

// RESUMEN

En las OGPE se exponen las líneas generales de la estrategia de política económica a medio plazo...

...de cara al objetivo de Lisboa. // La presente Comunicación recoge una primera evaluación del curso dado a los aspectos más importantes de las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) para 2003-2005. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto figura una evaluación de la aplicación de las recomendaciones específicas por países. Juntos, ambos documentos constituyen el primer Informe de Aplicación desde el paso a orientaciones plurianuales en 2003. Las OGPE 2003-2005 definen la estrategia de política económica de la Unión a medio plazo y se centran en la contribución que las políticas económicas pueden aportar a la realización del objetivo estratégico de Lisboa. Los tres principales elementos de dicha estrategia son:

* políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad;

* reformas económicas que incrementen el potencial de crecimiento de Europa; y

* reforzamiento de la sostenibilidad.

La evaluación de la aplicación irá detallándose gradualmente.

// Acorde con la decisión de una mayor racionalización del ciclo de coordinación de políticas, el presente Informe de Aplicación se presenta en el marco del "paquete de aplicación", conjuntamente con el proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo y el Informe sobre la Aplicación de la Estrategia para el Mercado Interior. Por otra parte, y dada la orientación más netamente a medio plazo de la estrategia, este primer informe sólo puede ofrecer una evaluación preliminar. Se concentra en las medidas adoptadas o previstas en 2003 a tenor de las OGPE 2003-2005. Presta atención especial a los tres ámbitos prioritarios destacados por el Consejo. La evaluación de la aplicación será más detallada a medida que se acerque el examen completo de las OGPE, previsto para 2006.

Estancamiento en el primer semestre de 2003.

// El contexto económico del presente informe de evaluación se caracteriza por el estancamiento observado en el primer semestre de 2003. Pese a la clara mejoría de la actividad económica observada en el tercer trimestre, se prevé que el crecimiento a lo largo del año sea de tan sólo un 0,8% en la Unión (y de apenas un 0,4% en la zona del euro). El prolongado periodo de bajo crecimiento empieza a hacerse sentir en el mercado de trabajo. El crecimiento del empleo se detuvo y el desempleo aumentó hasta el 8,1% en la Unión. La inflación global disminuyó con lentitud debido, en parte, al encarecimiento del petróleo y los alimentos frescos y al aumento de los impuestos indirectos. La falta de respuesta de los salarios ante la ralentización cíclica de la productividad laboral también ejerció constante presión sobre los costes laborales unitarios nominales.

// De esta primera evaluación se deducen los siguientes grandes mensajes.

Las políticas macroeconómicas favorecieron el crecimiento.

// En 2003 la política macroeconómica fue flexible. Tanto el BCE como los bancos centrales nacionales de Dinamarca, Suecia y el Reino Unido bajaron más aún su tipo de interés básico, apoyando así la demanda interna. Pese a la apreciación del euro, las condiciones monetarias globales se mantuvieron flexibles. El libre juego de los estabilizadores automáticos contribuyó a estabilizar la economía. El saldo primario de la Unión ajustado en función del ciclo se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que indica una orientación presupuestaria globalmente neutra en 2003.

Siguen deteriorándose los presupuestos...

... pero cinco Estados miembros alcanzaron situaciones próximas al equilibrio o en superávit en 2003... // La ralentización económica siguió lastrando las finanzas públicas y los avances hacia la consecución o mantenimiento de situaciones presupuestarias saneadas fueron desiguales. El déficit presupuestario nominal medio se agravó en 2003 y alcanzó el 2,7% del PIB. Sin embargo, hay considerables diferencias entre los Estados miembros. En Bélgica, Dinamarca, España, Austria, Finlandia y Suecia la situación presupuestaria ajustada en función del ciclo estaba próxima al equilibrio o en superávit en 2002. Con la excepción de Austria, los cinco Estados miembros restantes mantuvieron esa situación en 2003. En otros Estados miembros aumentaron considerablemente los déficit nominales, y en dos (Alemania y Francia) se prevé que en 2003 el déficit supere con creces el límite máximo del 3% del PIB. Aunque el principal factor del deterioro de las finanzas públicas es la ralentización económica, parte del desvío registrado en 2003 se debe a las medidas discrecionales adoptadas por algunos Estados miembros (y, en particular, por Grecia, Austria y el Reino Unido).

...y otros tres mejoraron sensiblemente su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo...

...mientras que en otros tres Estados miembros es probable que persista el déficit excesivo.

// En 2003, sólo Irlanda, los Países Bajos y Portugal mejoraron claramente (en más de 0,5% del PIB) su saldo ajustado en función del ciclo (SPAC). En el caso de Portugal, esta mejora obedece en gran parte a medidas de carácter excepcional, que permitieron, además, mantener el déficit nominal por debajo del límite del 3% en 2003. Sin embargo, salvo nuevas medidas, se prevé que en 2004 el déficit aumente hasta superar nuevamente el límite máximo. Los otros dos países en situación de déficit excesivo, Alemania y Francia, poco o nada avanzaron. Pese a las medidas de saneamiento adoptadas por Alemania, que representan alrededor de un 1% del PIB, el crecimiento menor de lo previsto de la economía alemana no permitirá poner fin a la situación de déficit excesivo en 2004. Francia no tomó este año medida alguna eficaz para corregir sus desequilibrios presupuestarios y eliminar el déficit excesivo.

Los salarios ejercieron presión sobre la rentabilidad. // Los salarios nominales en la UE siguieron creciendo; en cerca de un 3% en 2003 (2,75% en la zona del euro), pese a la persistente ralentización. Con ello aumentó la presión sobre la rentabilidad y la inversión creadora de empleo. Sin embargo, a medio plazo, la evolución salarial resulta en general compatible con el objetivo de estabilidad de precios.

Las reformas del mercado laboral se intensificaron en algunos ámbitos, pero resultan insuficientes para alcanzar los objetivos de Lisboa.

// Al principio de la ralentización, el mercado de trabajo respondió relativamente bien, lo que no es sino resultado de reformas anteriores, aunque también refleje la acumulación de mano de obra. La ralentización empezó a notarse con más claridad en 2003, al estancarse el crecimiento del empleo y seguir aumentando el desempleo. La aceleración del ritmo de las reformas del mercado de trabajo en 2003 resulta alentadora, pero debe intensificarse aún más. En la mayoría de los Estados miembros se hicieron esfuerzos por hacer que "compensara trabajar", aunque las reformas siguen concentrándose en el aspecto fiscal. Algunos Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos y el Reino Unido) tomaron medidas para reducir los incentivos que ofrecen los sistemas de prestaciones y que más contribuyen a las trampas del desempleo y la inactividad. En varios Estados miembros (en particular Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia) se adoptaron nuevas medidas para flexibilizar la organización del trabajo, y la mayoría intentó fomentar la movilidad profesional por medio de iniciativas de formación permanente. Las políticas activas del mercado de trabajo también mejoraron en su respuesta a las necesidades individuales de los desempleados. Sin embargo, y pese a las mejoras obtenidas o previstas en Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos, los avances son limitados en cuanto a una mayor eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo: por ejemplo, las evaluaciones no se realizan o no se comunican de modo sistemático. También fueron limitados los progresos en el fomento de la diferenciación salarial o en la reducción de la carga reglamentaria sobre el mercado de trabajo. Pese a los avances observados en algunos tipos de reformas del mercado de trabajo, los objetivos de Lisboa y Estocolmo en materia de tasa de empleo podrían no alcanzarse, a menos que se emprendan sin más demora nuevas y exhaustivas reformas.

El decepcionante crecimiento de la productividad del trabajo... // El crecimiento de la productividad del trabajo siguió siendo decepcionante, y las distancias con Estados Unidos se agrandaron. A la menor productividad por hora trabajada obedece el 40% de la diferencia actual entre el PIB per cápita de la UE y el de Estados Unidos. El gradual deterioro del crecimiento de la productividad del trabajo desde mediados de los 90 se debe a la disminución tanto de las inversiones como de la productividad total de los factores (que, en general, incluye los efectos de una utilización más eficaz de recursos, el progreso tecnológico y el proceso natural de aproximación de las economías de los países menos desarrollados de la UE). Las tecnologías de la información y las comunicaciones, y su adopción, suponen un motor fundamental del crecimiento de la productividad, y los diferenciales entre las tendencias de productividad de la UE y de Estados Unidos se ven fuertemente influidos por el diferente grado de penetración de estas tecnologías en las respectivas economías. Esto no hace sino poner de manifiesto la necesidad de estimular la integración de los mercados, el dinamismo empresarial y la inversión, en particular en conocimiento.

...se debe en parte a la lenta evolución del Mercado Interior.

// Las reformas económicas son esenciales para incrementar el potencial de crecimiento de la UE, lo que a su vez es necesario para alcanzar los "objetivos de Lisboa". Los progresos en la aplicación de las orientaciones destinadas a aumentar el dinamismo de la productividad y las empresas se antojan desiguales. La ausencia de normativa adecuada en los ámbitos contemplados en las propuestas pendientes en el Consejo y el Parlamento Europeo (por ejemplo, las directivas sobre cualificaciones profesionales y derechos de propiedad intelectual) sigue impidiendo el buen funcionamiento del mercado interior. También el índice medio de transposición por los Estados miembros empeoró ligeramente en 2003.

Se observan mayores avances en las políticas de competencia y en la liberalización de las industrias de red. // Hubo mayores avances en la mejora de la eficacia de las políticas de competencia, aspecto en el que Bélgica, Austria y el Reino Unido actuaron a fin de garantizar la independencia efectiva y las facultades de sus autoridades de competencia. También prosiguió tanto en el ámbito de la UE (por ejemplo, con la Directiva que establece normas comunes para los mercados del gas y la electricidad y el Acuerdo de las redes transeuropeas) como en el nacional la liberalización de las industrias de red, si bien a menudo las cuotas de mercado de los operadores históricos siguen siendo muy elevadas aun después de la liberalización.

Se tomaron medidas para mejorar el entorno empresarial...

// Una serie de deficiencias, tales como las relativamente elevadas cargas administrativas y las dificultades a la hora de encontrar financiación (y, en particular, capital riesgo), siguen lastrando el entorno empresarial. No obstante, algunos países (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Luxemburgo y Austria) adoptaron en 2003 medidas a fin de facilitar la creación de empresas.

... pero la inversión en conocimiento e innovación sigue siendo insuficiente.

// La transición hacia una economía del conocimiento prosigue con lentitud, y sigue habiendo grandes disparidades entre los Estados miembros. La Comisión ha presentado un plan de acción a fin de fomentar la inversión en I+D (hasta un 3% del PIB en 2010), de la cual dos tercios deben proceder del sector privado. Hasta el momento, la evolución dista de ser satisfactoria; ha disminuido el gasto en I+D (en porcentaje del PIB) en Irlanda, Países Bajos y Reino Unido. No menos preocupante resulta que los Estados miembros no hayan logrado aumentar de manera sustancial la inversión en recursos humanos, aspecto abordado en una Comunicación de la Comisión de noviembre de 2003. Por el lado positivo, varios Estados miembros intentan mejorar la calidad y eficacia de su sistema educativo; por ejemplo, España adoptó una ley de calidad de la enseñanza y Suecia introdujo un nuevo sistema de formación profesional.

La aplicación del PACR y el PASF avanza satisfactoriamente, pero es preciso un último esfuerzo.

// En cuanto a los mercados de capitales, el Plan de Acción del Capital Riesgo ha sido aplicado casi completamente. El Plan de Acción en materia de Servicios Financieros está en vías de conclusión, y ha empezado la transposición al Derecho nacional de las medidas legislativas adoptadas. Sin embargo, es preciso hacer un último esfuerzo para cumplir el plazo del 2005. La integración de los sistemas de liquidación y compensación pasó a ser prioritaria en 2003, tanto en la UE como en los Estados miembros. Tras los escándalos ocurridos en el mundo empresarial en los últimos años, varios Estados miembros han reforzado su normativa nacional sobre gobernanza empresarial, mientras que la Comisión adoptó en mayo de 2003 un Plan de Acción sobre derecho de sociedades y gobernanza empresarial. Se están simplificando las normativas sobre supervisión financiera, tanto en el ámbito de los Estados miembros como en el de la UE.

La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas no está garantizada aún en cerca de la mitad de los Estados miembros.

// La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, habida cuenta, en particular, del envejecimiento demográfico, dista mucho de estar garantizada en cerca de la mitad de los Estados miembros, a saber, Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia y Portugal. Si bien en 2003 algunos Estados miembros, en particular Francia y Austria, lograron progresos significativos a través de medidas de reforma de las pensiones, fueron menos netos los avances en la reducción de la deuda pública. Ésta siguió en 2003 por encima del 60% del PIB en seis países, incluidas Bélgica, Grecia e Italia, donde supera aún el 100% del PIB.

Pese a las medidas adoptadas, los avances son limitados en materia de sostenibilidad social.

// La mejora de la sostenibilidad social se ve frenada por el deterioro de la situación en el mercado de trabajo, pues el empleo desempeña en la lucha contra la pobreza y la exclusión social un papel importante. Se han adoptado algunas medidas a fin de reducir las disparidades regionales en materia de empleo y, sobre todo, de aumentar la eficacia de las inversiones financiadas mediante los fondos estructurales.

La sostenibilidad medioambiental sigue constituyendo un gran desafío.

// En 2003 se lograron algunos avances en la mejora de la sostenibilidad medioambiental. En el ámbito de la UE, el Consejo amplió el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria sobre fiscalidad de la energía (por ejemplo, niveles impositivos mínimos). En varios Estados miembros (Bélgica, Países Bajos y Suecia) se adoptaron nuevas medidas para fomentar el uso de energías renovables. En otros (Austria y Alemania, en particular) se tomaron disposiciones en relación con las tarifas de transporte. En el Reino Unido se introdujeron peajes de hora punta en Londres, lo que provocó un radical cambio en los comportamientos. En cambio, y pese a los avances registrados a finales de los 90, no se registró progreso alguno en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Progresos desiguales en la zona del euro, donde son necesarias medidas adicionales en materia de presupuestos...

... y de representación exterior de la zona del euro.

// Los progresos en respuesta a las orientaciones para la zona del euro son desiguales. El conjunto de medidas de política macroeconómica resulta en general compatible con la estabilidad de precios y sigue favoreciendo el crecimiento. Sin embargo, produce inquietud la aplicación de las orientaciones presupuestarias. En 2003 sólo tres Estados miembros mantuvieron situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit (Bélgica, España y Finlandia), mientras que otros tres (Irlanda, Países Bajos y Portugal) mejoraron su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo en al menos un 0,5% del PIB. La mitad de los Estados miembros de la zona del euro no avanzó suficientemente hacia unas finanzas públicas saneadas en 2003. Por último, también hubo un progreso muy limitado por lo que respecta a la mejora de la representación exterior de la zona del euro en los foros internacionales.

Pese a progresos considerables en algunos ámbitos, no se aceleró el ritmo general de las reformas.

// Aun reconociendo que se trata del primer año dentro de un proceso plurianual, el balance global del presente informe es desigual. El ritmo de las reformas (incluidas tanto las medidas adoptadas como las previstas) parece haber mejorado un tanto en cuanto al mercado de trabajo, políticas relacionadas con la competencia, entorno empresarial, uso de nuevas tecnologías, educación y pensiones. Los avances fueron más limitados en cuanto a integración de los mercados, inversión en conocimiento e investigación y sostenibilidad social y medioambiental. Especialmente preocupante resulta el rápido deterioro de las situaciones presupuestarias en varios Estados miembros, así como la falta de resolución para corregir la situación (de déficit excesivo). En general, no parece haberse acelerado el ritmo de reforma conforme a lo solicitado por el Consejo. Al ritmo de reforma actual, la plena aplicación de las OGPE podría no lograrse en 2006, lo que pondría en peligro la realización de los objetivos de Lisboa en 2010. La ralentización y la necesidad de sanear las finanzas públicas no pueden servir de pretexto para posponer las necesarias reformas. Antes bien, el saneamiento presupuestario y las reformas estructurales pueden favorecer el crecimiento, incluso a corto plazo, debido a sus efectos positivos en el nivel de confianza. Su incidencia favorable en el crecimiento a más largo plazo está fuera de toda duda.

1. Introducción

La presente Comunicación pretende evaluar las medidas adoptadas o previstas como respuesta a la política económica a medio plazo de la UE establecida en las Orientaciones Generales de Política Económica para 2003-2005 (OGPE) [1]. Las OGPE proporcionan el instrumento global de coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea. Tras la simplificación de los procesos de coordinación de las políticas de la Unión, las OGPE se centran en las principales cuestiones de política económica y en las medidas que se adoptarán a medio plazo para abordarlas efectivamente. Otros procesos (tales como la Estrategia relativa al Mercado Interior y la Estrategia Europea de Empleo) abordan sus respectivas cuestiones con más detalle. Este informe de aplicación se presenta como parte de un "paquete de medidas de aplicación" con el proyecto de informe conjunto sobre el empleo y el informe de aplicación de la estrategia para el mercado interior. Conjuntamente, respaldan el Informe de la Comisión de la primavera de 2004. Se ha tenido debidamente en cuenta el reciente informe del Grupo Europeo de Empleo.

[1] Véase la Recomendación del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre las Orientaciones Generales de Política Económica (2003/555/CE), publicada en el Diario Oficial L 195, p.1, de 1 de agosto de 2003.

La estrategia económica a medio plazo de la UE gira en torno a:

* Las políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad;

* El fomento del potencial de crecimiento de la UE por medio de reformas económicas; y

* El reforzamiento de la sostenibilidad

Las OGPE se centran en la aportación que las políticas económicas pueden hacer a medio plazo para realizar el objetivo estratégico fijado en Lisboa en el año 2000: «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». En 2001 se añadió a la Agenda de Lisboa una dimensión medioambiental.

El informe de aplicación es una aportación fundamental para la supervisión multilateral de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión, según prevé el apartado 3 del artículo 99 del Tratado. El presente informe de aplicación es el primero tras el cambio a las orientaciones plurianuales. Reconociendo que los Estados miembros tienen ahora tres años para ajustarse a las orientaciones generales y las recomendaciones específicas para cada país de las OGPE, se adoptará un enfoque progresivo en el que la evaluación de la aplicación se irá haciendo gradualmente más minuciosa a medida que se acerque la revisión completa de las OGPC prevista para 2006. Esto supone que la evaluación de la aplicación de este primer año intermedio es menos detallada y conclusiva y se centra más en las intenciones políticas de lo que lo harán las evaluaciones futuras.

Recuadro 1: Seguimiento de las tres prioridades principales del Consejo

En una nota de presentación de las Orientaciones Generales de Política Económica para 2003-2005 (OGPE), el Consejo Ecofin destacó las tres prioridades principales para la actuación política en el próximo año:

1. fomentar el crecimiento;

2. aumentar la flexibilidad de nuestros mercados laborales; y

3. lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Consejo declaró también que el ritmo de la reforma se deberá ir intensificando y que la aplicación oportuna y eficaz de las OGPE tiene una importancia crucial para la confianza y el crecimiento. Además, señalaba que tenía un papel vital que desempeñar, junto con el Eurogrupo, para controlar e impulsar conjuntamente su aplicación por parte de todos los responsables políticos.

Posteriormente, la Presidencia italiana señaló que el Consejo empezará a celebrar regularmente a lo largo de todo el año conversaciones sobre la aplicación. Hasta el momento, se ha dedicado un desayuno de trabajo al seguimiento de las OGPE para 2003-2005, especialmente en lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el 4 de noviembre de 2003. La aprobación de las conclusiones sobre este informe será la próxima oportunidad que tenga el Consejo de retomar las conversaciones sobre la aplicación.

No es fácil resumir brevemente el seguimiento real que se ha hecho de los tres ámbitos prioritarios destacados por el Consejo dada su extensa naturaleza. Por ejemplo, todas las orientaciones generales en el marco de «las políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad» y «el fomento del potencial de crecimiento de la UE por medio de reformas económicas» van dirigidas más o menos directamente a mejorar el crecimiento efectivo y potencial de Europa. Por tanto, la presentación que figura a continuación no debería considerarse como el sustituto de una evaluación más a fondo realizada en el informe completo.

En cuanto a «dar prioridad al crecimiento en Europa» y la necesidad de encontrar el adecuado equilibrio de las políticas macroeconómicas, este informe de aplicación concluye que dichas políticas han sido flexibles para el crecimiento. La política monetaria se relajó, habiendo realizado el BCE en 2003 una reducción acumulada de los tipos de interés de 75 puntos básicos. La política presupuestaria se mantuvo neutral dado que el déficit presupuestario ajustado en función del ciclo se mantuvo prácticamente invariable, aunque la acción de los estabilizadores automáticos contribuyó a estabilizar la economía.

Además de unas políticas macroeconómicas equilibradas, el Consejo destacó la necesidad de intensificar las inversiones en capital humano y físico y de completar el mercado interior. Los progresos han sido desiguales. Se espera que las inversiones totales hayan disminuido en 2003 (un 0,4% en UE-15 y un 1% en la zona del euro), aunque en un porcentaje menor que en 2002 y con arreglo a las adversas condiciones cíclicas. La inversión en conocimiento e innovación sigue estando a la zaga de la de los Estados Unidos. Además, se ha ralentizado el progreso en la mejora del funcionamiento del mercado interior. No obstante, la Iniciativa europea de crecimiento emprendida en octubre de 2003 pretende impulsar algunos proyectos de I+D y de infraestructura de las redes transeuropeas a los que puede aportarse financiación del presupuesto de la UE. La contribución comunitaria a las inversiones en infraestructuras transfronterizas se limita al 20% del coste del proyecto. Estos proyectos se beneficiarán también de una coordinación reforzada por lo que se refiere a la planificación, evaluación del impacto medioambiental y financiación.

En cuanto al objetivo de «aumentar la flexibilidad de nuestros mercados de trabajo», parece que el ritmo de las reformas del mercado laboral mejoró ligeramente en 2003 aunque necesita intensificarse aún más si se han de alcanzar los objetivos de Lisboa. En varios Estados miembros se ha hecho un esfuerzo para que compense ocupar un puesto de trabajo, aunque las reformas se siguen centrando en el aspecto fiscal. Así mismo, varios Estados miembros han tomado medidas para hacer más flexible la organización del trabajo y fomentar la movilidad profesional. Las políticas activas del mercado de trabajo también han mejorado su adaptación a las necesidades individuales de los desempleados. Por el contrario, se han propuesto pocas medidas para abordar los incentivos de los sistemas de prestaciones sociales, promover la diferenciación salarial, mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo según las evaluaciones o abordar las cargas administrativas (por ejemplo, la legislación en materia de protección del empleo).

Por lo que se refiere al objetivo de «lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas», los progresos parecen desiguales. Desde 2002, el nivel de deuda pública va en aumento tanto en la UE como en la zona del euro, en la que se mantiene muy por encima del valor de referencia del 60% del PIB. Por otra parte, en algunos Estados miembros se adoptaron en 2003 importantes reformas de las pensiones, principalmente en Francia y en Austria. Varios Estados miembros intentaron también mejorar la interacción entre el sistema de pensiones y la situación del mercado de trabajo pero la tasa de desempleo de los trabajadores de más edad representó únicamente el 40% en 2002, con diferencias apreciables entre Estados miembros.

La presente Comunicación (Parte I del informe de aplicación) se complementa con un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que ofrece una primera evaluación de la aplicación de las recomendaciones dirigidas a los distintos Estados miembros para que cada uno de ellos afronte los retos específicos que tiene planteados (Parte II). En cuanto a las orientaciones generales, la evaluación de la aplicación se irá haciendo más minuciosa gradualmente en los próximos años.

2. Reforzamiento de la economía de la UE

2.1 Políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad

2.1.1 Situación económica: el menor crecimiento económico desde 1993

El crecimiento económico ha resultado ser notablemente inferior al previsto. Tras unos pobres resultados a finales de 2002, la economía comunitaria se estancó en el primer semestre de 2003. Aunque la actividad mejoró claramente en el tercer trimestre, la tasa media de crecimiento se espera que haya alcanzado tan sólo el 0,8% en 2003 (0,4% en la zona del euro), véase el gráfico 1, lo que representa la tasa más baja de crecimiento desde 1993. Varios factores explican estos decepcionantes resultados económicos y el retraso de la recuperación prevista. En primer lugar, la confianza se ha visto generalmente minada por las tensiones geopolíticas motivadas por la guerra de Iraq. En segundo lugar, la incertidumbre en cuanto al futuro de los salarios y de las pensiones y los efectos negativos sobre la riqueza del prolongado descenso del mercado bursátil han disminuido la confianza del consumidor en la zona del euro. En tercer lugar, los escasos beneficios de las empresas como consecuencia, entre otras razones, del ajuste contable en curso y del incremento de los costes de financiación externa, probablemente han reducido o aplazado las inversiones. Por último, la rigidez estructural sigue siendo considerable. La segmentación y la rigidez del mercado dieron lugar, en particular, a que los costes laborales unitarios reales y la inflación de los precios al consumo sólo se ajustasen lentamente al débil crecimiento económico y al deterioro de las condiciones del mercado laboral.

El prolongado período de lento crecimiento ha empezado a pasar factura a los resultados del mercado laboral. Para 2003 se espera una pérdida neta de unos 200 000 empleos en la zona del euro (lo que supondría el primer descenso desde 1994). La tasa de desempleo se prevé que habrá aumentado un 8,1% en la UE (8,9% en la zona del euro).

La inflación, estimada en el 2% en la UE en 2003 (2,1% en la zona del euro) ha tenido un descenso relativamente lento a pesar del débil crecimiento. Ello en parte se debe a factores temporales, tales como la repercusión del aumento de los precios del petróleo, la subida de los precios de los alimentos por las condiciones climatológicas adversas y los aumentos de los impuestos indirectos. Por su parte, la inflación básica también se ha mantenido relativamente firme debido a las presiones al alza de los costes laborales unitarios ejercidas por el incremento continuado de los salarios nominales, junto con una ralentización cíclica del incremento de la productividad y una lenta repercusión de la apreciación del euro sobre los precios de consumo.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Las condiciones de la política macroeconómica se mantuvieron flexibles

Las políticas macroeconómicas han sido flexibles dadas unas condiciones de crecimiento poco favorables.

En 2003 el BCE redujo los tipos de interés en dos ocasiones en un total acumulado de 75 puntos básicos, situando en el 2% el tipo de referencia mínimo, paralelamente a la ralentización de las condiciones cíclicas (véase gráfico 2). Su efecto favorable sobre el crecimiento y, ante todo, sobre la demanda interna, se vio en parte contrarrestado por el reciente reforzamiento del euro que, en cierto modo, ha entorpecido las exportaciones netas. En conjunto, la política monetaria siguió siendo flexible. Aun cuando la inflación se mantuvo por encima del 2% y los agregados monetarios experimentaron un fuerte crecimiento, las expectativas de inflación se mantuvieron bajas y estables.

Fuera de la zona del euro, los bancos centrales redujeron los tipos de interés directores en varias ocasiones durante el primer semestre del año. El Banco de Inglaterra redujo el tipo de los pactos de recompra (principal tipo director) dos veces en 0,25 puntos porcentuales hasta el 3,5% a mitades de julio. Posteriormente, con los signos de recuperación de la actividad económica y de fuerte crecimiento del crédito, subió el tipo de los pactos de recompra en noviembre 0,25 puntos porcentuales. En Suecia, el Riksbank redujo el tipo director tres veces entre enero y principios de julio, hasta un total de 1,0 puntos porcentuales. El tipo de los pactos de recompra posteriormente no ha sufrido cambios y actualmente asciende a 2,75%, el nivel más bajo de su historia.

Gráfico 2: Tipos de interés a corto y a largo plazo

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

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>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

La política fiscal global se mantuvo neutral en la UE, donde el saldo primario ajustado en función del ciclo se mantuvo prácticamente constante (véase gráfico 3). Las situaciones presupuestarias nominales se deterioraron cuando entraron en acción los estabilizadores automáticos para amortiguar los efectos de la prolongada ralentización. La falta de consolidación presupuestaria en algunos Estados miembros durante la anterior mejoría ha limitado el actual margen de maniobra. Esto ha puesto bajo presión el marco fiscal general de la Unión Europea (véase también el apartado 2.1.2).

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

En 2003, el crecimiento salarial se mantuvo sin cambios, aproximadamente en el 3% en UE-15 (2,75% en la zona del euro). La constante subida de los salarios nominales, junto con un ligero descenso de la inflación, ha permitido alcanzar cotas más altas al crecimiento de los salarios reales, con lo que se beneficia el poder adquisitivo de las familias. En una situación de reducción cíclica del crecimiento de la productividad laboral, el crecimiento del coste laboral unitario se mantuvo por encima del 2% el año pasado. Las tendencias salariales todavía parecen globalmente compatibles con la estabilidad de precios, que se logrará siempre que la esperada recuperación cíclica de la productividad laboral no se traduzca en un crecimiento salarial más elevado.

2.1.2 Evolución presupuestaria: marco fiscal bajo presión

Las situaciones presupuestarias se han seguido deteriorando

El impacto de la ralentización económica sobre las finanzas públicas de la UE se hizo evidente después de 2000. Tanto los estabilizadores automáticos como las políticas discrecionales ejercieron presiones sobre los saldos presupuestarios, y del superávit nominal del 1,0% [2] del PIB en 2000 para UE-15 se pasó a un déficit del 1,9% en 2002. El saldo presupuestario medio nominal de la UE siguió empeorando en 2003 hasta llegar al -2,7% del PIB, con apreciables diferencias entre Estados miembros. A pesar del empeoramiento general, cuatro Estados miembros consiguieron mantener una situación presupuestaria nominal equilibrada o de superávit durante todo el periodo 2000-2003 (Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia). Pudo apreciarse un importante deterioro en varios Estados miembros, y en dos de ellos (Alemania y Francia) se esperan déficit que superen ampliamente el valor de referencia del 3% del PIB en 2003.

[2] La cifra de capacidad neta de financiación para UE-15 incluía los ingresos excepcionales por la concesión de licencias de teléfonía (UMTS), equivalentes al 1,2% del PIB en 2000.

Para la UE en su conjunto, la ralentización económica ha sido el principal factor del deterioro de las finanzas públicas en los últimos años, al haber entrado en funcionamiento los estabilizadores automáticos. Ese deterioro se debe, en gran parte, a medidas discrecionales que incrementan el déficit. El déficit presupuestario ajustado en función del ciclo pasó del 1,2% del PIB en 2000 al 2,2% en 2003. A nivel de Estados miembros, la evolución ha sido muy variada (véase también el gráfico 4). De todos los Estados miembros que registraron en 2000 un déficit presupuestario ajustado en función del ciclo, la situación empeoró en el caso de Alemania, Grecia, Francia y los Países Bajos, mientras que mejoró en Bélgica, España, Italia, Austria y Portugal.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Ante esta situación, las OGPE para 2003-2005 recomiendan a las Estados miembros lo siguiente:

1. Alcanzar o mantener una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit a lo largo de todo el ciclo económico*; corregir déficit excesivos de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

2. Supeditado a (1), evitar políticas procíclicas, especialmente en fases de recuperación económica.

* Se recomendó a los Estados miembros de la zona del euro mejorar su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo en al menos un 0,5% del PIB anualmente en caso de que todavía no hayan alcanzado el objetivo a medio plazo.

La aplicación de las orientaciones sobre política fiscal es preocupante

Según las previsiones económicas de la Comisión (otoño de 2003), cinco Estados miembros mantuvieron una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit en 2003 (ajustada en función del ciclo): Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia y Suecia (véase cuadro 1). Estos Estados miembros probablemente mantendrán posiciones sólidas en los próximos años. En el caso de Austria, según el último programa de estabilidad, la situación presupuestaria se debilitó en 2003 de tal manera que ya no se cumplen estas orientaciones. Suponiendo que no cambien las políticas, las previsiones de otoño implican que otros dos Estados miembros (Irlanda y Austria) podrían alcanzar una posición sólida para 2005. No obstante, por lo que se refiere a Austria, no parece probable que los futuros recortes tributarios (que ascienden al 1% del PIB) vayan a ir acompañados de una reducción de gastos equivalente, causando con ello un deterioro considerable del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo en 2005.

A los Estados miembros que no habían alcanzado el citado objetivo se recomienda que mejoren su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (el ajuste debería ascender al menos al 0,5 % del PIB anual para los países de la zona del euro con déficit por

debajo del límite máximo del 3% del PIB mientras que para aquellos con un déficit por encima de ese límite se esperan mejoras más importantes, véase también Sección 3). En 2003, sólo Irlanda, los Países Bajos y Portugal mostraron una mejora más acentuada de su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (superior al 0,5% del PIB). En 2004, se esperan también mejoras en Alemania y Francia, mientras que los déficit presupuestarios ajustados en función del ciclo de Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal podrían deteriorarse bruscamente en 2004 y/o 2005 (pero hay que señalar que las previsiones para 2005 se basan en la hipótesis para todos los Estados miembros de que no se modifiquen las políticas).

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El Consejo señaló un déficit excesivo en Portugal en 2002, y en Alemania y Francia en 2003. Tanto Alemania como Portugal han hecho un esfuerzo considerable en respuesta a la recomendación para poner fin a esta situación. Según las previsiones y como consecuencia de importantes medidas excepcionales, el déficit nominal de Portugal se espera que se mantenga por debajo del 3% del PIB en 2003, pero corre el peligro de volver a superar el límite de nuevo en 2004. En el caso de Alemania, en 2003 se tomaron medidas por valor de aproximadamente el 1% del PIB, cumpliendo así una parte de la Recomendación del Consejo de enero de 2003. No obstante, dadas las adversas condiciones cíclicas, las medidas adoptadas parecen ahora inadecuadas para poder acabar con la situación de déficit excesivo en 2004. Francia no parece haber tomado medidas efectivas para corregir los desequilibrios presupuestarios y, dado el actual panorama económico, probablemente persista la situación de déficit excesivo y el déficit continúe estando muy por encima del 3% del PIB en 2004.

A la vista de la evolución señalada, la Comisión aprobó recomendaciones para Alemania y Francia, de conformidad con los apartados 8 y 9 del artículo 104 del Tratado, en las que tras constatar que no se habían tomado medidas efectivas (Francia) o las medidas eran inadecuadas (Alemania), se exigía a ambos Estados miembros tomar medidas para resolver la situación de déficit excesivo. No obstante, habida cuenta de la debilidad de sus economías, la Comisión recomendó que se concediera a estos dos Estados miembros un año más para reducir el déficit por debajo del 3% del PIB, es decir, hasta 2005. El 25 de noviembre de 2003, el Consejo rechazó las recomendaciones de la Comisión y alcanzó un acuerdo al margen del Tratado, suspendiendo de facto la aplicación de los apartados mencionados de su artículo 104. El Consejo tomó nota de los compromisos contraídos por Alemania y Francia para reducir sus respectivos déficit por debajo del 3% del PIB en 2005.

El gráfico 5 examina la política fiscal (sobre la base de los cambios en el saldo primario ajustado en función del ciclo (SPAC)) con relación a las condiciones cíclicas, aproximadas por la magnitud de la brecha de producción. La política fiscal global para la UE se espera que sea neutral en términos generales en 2003. No obstante, la política fiscal global es el resultado de políticas fiscales muy diversas en cada Estado miembro, a pesar de una evolución cíclica bastante similar. Algunos Estados miembros se prevé que aplicarán políticas en cierto modo procíclicas, que reflejan el esfuerzo de consolidación necesario para respetar la orientación nº 1 relativa al logro de una posición presupuestaria sólida (por ejemplo, Países Bajos y Portugal), que tiene prioridad sobre la orientación relativa a evitar las políticas procíclicas. La política fiscal procíclica de Grecia, sin embargo, no puede explicarse por la necesidad de consolidar las finanzas públicas.

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2.1.3 Evolución salarial: aumento de los salarios demasiado elevado para permitir la creación de empleo

La disminución del aumento de los salarios fue menor que la del incremento de la productividad ...

Los salarios sólo han reaccionado moderadamente al deterioro de la situación económica, reflejando en parte la mayor resistencia inicial del mercado de trabajo frente a la actual ralentización económica. En la UE, el incremento de los salarios nominales ha disminuido gradualmente del 3,5 % en 2000 a aproximadamente el 3 % en 2003, mientras que en la zona del euro se mantuvo relativamente estable en torno al 2,75 % durante el mismo periodo. En cambio, los costes laborales unitarios aumentaron, ya que el aumento de la productividad del trabajo disminuyó de forma acusada al iniciarse la ralentización, al observarse una acumulación de mano de obra en varios Estados miembros.

En este contexto, las OGPE para 2003-2005 recomiendan:

3. Garantizar que los aumentos de los salarios nominales son compatibles con la estabilidad de precios y los incrementos de productividad; y fomentar el diálogo macroeconómico.

... pero los salarios parecen globalmente compatibles con la estabilidad de precios a medio plazo

Los incrementos de los salarios nominales de aproximadamente el 3 % y el 2,75 % registrados en la UE y en la zona del euro, respectivamente, son globalmente compatibles con la estabilidad de precios a medio plazo. Sin embargo, la ralentización cíclica sufrida por el incremento de la productividad del trabajo ha mantenido la subida de los costes laborales unitarios nominales por encima del 2 % por tercer año consecutivo. Esta tasa aún relativamente elevada ha contribuido a una baja muy gradual de la inflación. Además, los pequeños avances en materia de productividad sólo han servido para contener los costes laborales unitarios reales (véase cuadro 2).

Los incrementos salariales parecen relativamente elevados, teniendo en cuenta la debilidad de la demanda de trabajo. Una serie de características institucionales contribuyen a explicar una cierta falta de flexibilidad de los salarios nominales y reales (tales como el poder de los sindicatos, la coordinación o centralización de las negociaciones salariales, la cobertura de estas negociaciones, la utilización de normas salariales en la negociación colectiva y diversos mecanismos relacionados con el sistema de trabajadores protegidos y no protegidos). En 2003 no se han observado cambios importantes en lo que se refiere al marco de la formación de salarios, en general, o a la vinculación de los salarios a los precios mediante indización, en particular.

En cuanto a los distintos países, los incrementos de los salarios nominales fueron comparativamente elevados en Grecia, España, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido [3], esto es, en todos los países con unos mercados laborales rígidos y/o elevada inflación. Los costes laborales unitarios reales aumentaron especialmente en Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos.

[3] El aumento del salario nominal por trabajador en el Reino Unido en 2003 se explica en parte por un incremento de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, que contribuyeron a dicho aumento en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales.

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El diálogo macroeconómico fomenta el entendimiento mutuo entre los responsables políticos

Durante los últimos años, se ha mantenido un diálogo macroeconómico a escala de la UE, permitiendo el intercambio de puntos de vista entre todos los responsables políticos, incluidos los interlocutores sociales y favoreciendo un entendimiento común de la situación económica, pudiendo así evitar tensiones que podrían llevar a una política macroeconómica desequilibrada.

2.2 Reforzamiento del potencial de crecimiento de Europa mediante reformas económicas

La UE necesita un crecimiento económico más elevado y sostenible durante el resto de la presente década para alcanzar los objetivos de Lisboa. Deben realizarse reformas estructurales, preferentemente de forma global y coordinada, para aumentar el potencial de crecimiento de Europa. Por ello, las OGPE para 2003-2005 se han centrado en la necesidad de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y la calidad de los recursos humanos, por una parte, y aumentar la productividad e impulsar el dinamismo de las empresas, por otra.

2.2.1 Riesgo significativo de que no se alcancen los objetivos de empleo de Lisboa

Progresos demasiado lentos hacia los objetivos de empleo de Lisboa y Estocolmo

Tras varios años de fuerte creación de empleo, los efectos sobre el empleo de la ralentización han empezado a dejarse sentir con más fuerza. Tras una desaceleración en 2002, la creación de empleo se estancó en 2003 en la UE, mientras que el empleo disminuyó ligeramente en la zona del euro. El desempleo comenzó a aumentar más rápidamente como consecuencia de la aceleración de los despidos colectivos por parte de las empresas. La tasa de desempleo (corregida en función de las variaciones estacionales) aumentó del 7,3 % a principios de 2001 al 8,0 % en octubre de 2003, registrándose diferencias considerables entre los distintos Estados miembros. El desempleo se mantiene por debajo del 5 % en Luxemburgo, Países Bajos, Austria e Irlanda, mientras que es superior al 9 % en España, Alemania y Francia.

En 2002, la tasa de empleo total ascendía al 64,3 % en la UE (variando del 55,5 % en Italia al 75,9 % en Dinamarca). El gráfico 6 ilustra los diferentes puntos de partida en 1999 y la evolución por Estado miembro. Durante los tres últimos años, la diferencia entre la tasa de empleo nacional más alta y la más baja se redujo de 23,3 a 20,4 puntos porcentuales.

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La tasa de empleo de los trabajadores de más edad era de sólo el 40,1 % en 2002, tasa que se encuentra aún muy lejos del objetivo fijado para 2010 (tasa media de empleo en la UE del 50 %). Las diferencias entre los Estados miembros son particularmente amplias (únicamente el 26,7 % de las personas con edad comprendida entre 55 y 64 años trabajan en Bélgica, frente al 68 % en Suecia, véase gráfico 7). Además, en los últimos años han sido más lentos los progresos observados en algunos de los Estados miembros con los niveles de partida más bajos. Es importante no repetir los errores del pasado, esto es, deberá evitarse recurrir a la jubilación anticipada como solución para facilitar la reestructuración de las empresas.

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En los últimos años, las mujeres se han beneficiado particularmente del aumento del empleo, alcanzando la tasa de empleo femenino el 55,6 % en 2002 (véase gráfico 8). Aunque la tasa de empleo femenino seguirá aumentando gracias a los efectos de grupo de edad, ya que la propensión al trabajo es más elevada entre las mujeres más jóvenes, existen obstáculos específicos a la participación de la mano de obra femenina en el mercado laboral (tales como la falta de instalaciones de asistencia a la infancia y de oportunidades de trabajar a tiempo parcial) que constituyen un freno importante en algunos Estados miembros.

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Reformas de gran alcance preconizadas por el informe Kok

Teniendo en cuenta que el empleo no aumentó en 2003 y se prevé una moderada aceleración para 2004 y 2005, es probable que la UE no alcance el objetivo intermedio de una tasa de empleo del 67 % para finales de 2005, ni los objetivos fijados para 2010. El riesgo de no alcanzar los objetivos de empleo de Lisboa y Estocolmo no debe atribuirse a la ralentización cíclica. Los problemas son de carácter estructural y es urgente una aplicación rápida de reformas globales del mercado de trabajo para poder esperar una aproximación a los objetivos de empleo.

Estos factores también se han puesto de relieve en el reciente informe del Grupo operativo europeo sobre el empleo, presidido por el antiguo Primer Ministro irlandés Wim Kok, que se publicó en noviembre de 2003. Este informe constituye una valiosa aportación al debate sobre la forma en que la UE puede avanzar de nuevo hacia la realización de los objetivos de empleo establecidos en Lisboa. Las recomendaciones que contiene son amplias y subrayan la necesidad de disponer de un conjunto coherente de medidas. El informe subraya cuatro requisitos esenciales para estimular el empleo y la productividad, a saber: aumentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas, incorporar a un mayor número de personas al mercado de trabajo, invertir más recursos y de una forma más eficaz en capital humano, y garantizar una aplicación efectiva de la reformas por medio de una mejor gobernanza. Estas recomendaciones se ajustan en líneas generales a las OGPE para 2003-2005. Por ejemplo, el informe del Grupo operativo europeo sobre el empleo subraya la necesidad de permitir a los trabajadores y las empresas elegir entre diversas posibilidades de relaciones laborales contractuales y de simplificar la reglamentación aplicable a las empresas. El informe reconoce el papel que las agencias de empleo temporal pueden desempeñar para aumentar la adaptabilidad del mercado laboral, proporcionando al mismo tiempo a los trabajadores un marco bien definido. El Grupo operativo propugna que se vuelva a examinar el concepto de seguridad para los trabajadores, considerando simultáneamente el marco contractual y una protección adecuada en el caso de pérdida del empleo mediante formas más dinámicas de protección social, una "garantía de empleo a empleo" y medidas activas. El Grupo operativo también pide que se dé un nuevo impulso a la reformas de los sistemas tributario y de prestaciones, y reconoce que las prestaciones asociadas al ejercicio de un empleo pueden desempeñar un importante papel en la reducción de las trampas del desempleo, pero deben diseñarse detenidamente para evitar las trampas de la pobreza o unos costes globales excesivos. El Grupo operativo respalda la reforma de las prestaciones en función de los recursos, así como la individualización del impuesto sobre la renta con objeto de suprimir los desincentivos inherentes. Por último, el Grupo operativo reconoce la importancia de que las diferencias de salarios reflejen la productividad y las características sectoriales y regionales del mercado de trabajo.

En este contexto, las OGPE para 2003-2005 recomiendan a los Estados miembros:

4. Mejorar el efecto combinado de los impuestos y las prestaciones sociales y reducir los elevados tipos impositivos marginales efectivos.

5. Garantizar que las negociaciones salariales permitan que los salarios reflejen las diferencias de productividad;

6. Revisar la reglamentación del mercado laboral y promover una organización del trabajo más flexible e innovadora.

7. Facilitar la movilidad de la mano de obra.

8. Garantizar unas políticas activas del mercado laboral eficientes.

Necesidad de acelerar aún más el ritmo de realización de las reformas del mercado de trabajo

De forma general, el ritmo de la reformas del mercado de trabajo mejoró ligeramente en 2003. En varios Estados miembros se adoptaron importantes reformas (véase recuadro 3), que, sin embargo, todavía no han mostrado sus efectos, ya que en varios Estados miembros aún se encuentran en la fase de adopción o aplicación.

Las reformas de los sistemas tributario y de prestaciones contribuyen a mejorar los incentivos, pero hasta ahora son parciales y se centran excesivamente en la fiscalidad

La mejora de los incentivos al trabajo sigue siendo un importante reto para la mayoría de los Estados miembros. Todos los Estados miembros menos tres (España, Irlanda y Portugal) recibieron recomendaciones para combatir los desincentivos al trabajo causados por el efecto combinado del sistema tributario y del sistema de prestaciones.

En general, las medidas aplicadas y anunciadas en 2003 siguen concentrándose en la fiscalidad, introduciendo o aumentando los descuentos impositivos asociados al empleo (Bélgica, Francia, Irlanda y Países Bajos) y reduciendo los tipos impositivos marginales en el extremo inferior de la escala salarial (particularmente en Alemania, Francia e Italia). Otros Estados miembros, tales como Bélgica, Austria, Dinamarca y Finlandia, se proponen adoptar medidas en esa dirección en los próximos años. No obstante, aunque el hecho de centrar las medidas en la fiscalidad es comprensible desde un punto de vista político, ello resulta problemático teniendo en cuenta la difícil situación de las finanzas públicas de varios Estados miembros, lo que limita aún más el margen de maniobra.

Se han adoptado (o anunciado) pocas medidas encaminadas a reformar los sistemas de prestaciones, que son los factores que influyen más en el riesgo de que existan trampas de desempleo o inactividad. Apenas se han modificado los criterios de concesión de las prestaciones, la duración de las mismas o la aplicación efectiva de la obligación de buscar un empleo y de disponibilidad al trabajo. No obstante, Alemania, que está considerando la aplicación de importantes medidas en este sentido, se propone reformar su sistema de prestaciones de desempleo en los próximos meses. En los Países Bajos se emprendió en 2003 una revisión del seguro de desempleo, que ha endurecido notablemente las condiciones para poder optar al mismo. Dinamarca también ha tomado algunas medidas en este ámbito. Aunque los Estados miembros están desarrollando cada vez más medidas de activación asociadas a la concesión de prestaciones sociales, todavía queda mucho por hacer para reforzar las interacciones entre los programas pasivos y activos del mercado de trabajo.

La oferta de servicios de asistencia a la infancia sólo ha mejorado ligeramente, a pesar de que la mayoría de Estados miembros reconocen que se trata de una prioridad. Los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para ofrecer unos servicios de asistencia a la infancia adecuados y asequibles de conformidad con los objetivos de Barcelona en este ámbito.

Hasta la fecha pocas medidas encaminadas a fomentar la diferenciación de salarios

Las diferencias de empleo siguen siendo importantes entre regiones y entre niveles de cualificación. Siete Estados miembros (Alemania, Grecia, España, Irlanda, Italia, Portugal y Finlandia) recibieron una recomendación específica de permitir una mayor diferenciación salarial, que refleje los distintos ratios de productividad y las distintas condiciones de los mercados de trabajo locales. Aunque en algunos Estados miembros se han iniciado debates al respecto, hasta la fecha se han propuesto pocas medidas tendentes a la diferenciación de salarios.

En 2003, las iniciativas concretas no pasaron de las primeras fases del debate o eran parciales. En el Reino se está debatiendo actualmente la posibilidad de introducir una diferenciación de salarios en los acuerdos colectivos del sector público. En Alemania, los entes públicos intentan reducir sus gastos de personal, por ejemplo, negociando reducciones del horario de trabajo sin remuneraciones compensatorias para los servicios con exceso de personal o suprimiendo prestaciones adicionales a los empleados y funcionarios. Se está debatiendo una flexibilización del "principio de favor" en Alemania y Francia, en donde los acuerdos de menor rango no pueden ser menos favorables que los acuerdos sectoriales. A pesar de ello, se prosigue la tendencia informal hacía una mayor flexibilidad a nivel de las empresas, sin dejar de respetar el papel de los interlocutores sociales conforme a las prácticas nacionales.

Aumento de la flexibilidad de la organización del trabajo en la mayoría de Estados miembros, pero escasas iniciativas recientes relativas a la legislación de protección del empleo

Para avanzar hacia el pleno empleo es necesario un rápido crecimiento neto del empleo y un elevado grado de rotación de la mano de obra, sobre la base de un marco reglamentario y una organización del trabajo flexibles. Una reglamentación del mercado de trabajo excesivamente rígida desalienta la contratación y frena el proceso de ajuste. En ese sentido se enviaron recomendaciones específicas a Alemania, Grecia, España e Italia. La flexibilidad ha mejorado en la mayoría de Estados miembros, en particular, mediante una ampliación de las posibilidades de disfrutar de un horario flexible que permita compatibilizar mejor la vida laboral y la vida familiar. También se ha reforzado la seguridad, especialmente, los aspectos de sanidad y seguridad en la organización del trabajo. No obstante, son insuficientes las medidas relativas a la legislación de protección del empleo o las encaminadas a aumentar el atractivo de los contratos no convencionales para los trabajadores.

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El fomento de la flexibilidad de la organización del trabajo se ha abordado principalmente en el marco del diálogo social a nivel nacional. En 2003, se alcanzaron acuerdos sobre la flexibilidad del horario laboral (Dinamarca, Países Bajos y Suecia) y sobre la modernización de la organización laboral del sector público (España). Se prevé una revisión de la legislación en Francia, Irlanda, Países Bajos y Portugal. El Reino Unido ha introducido medidas para mejorar la calidad de la legislación futura, mientras que Francia ha adoptado disposiciones legislativas para flexibilizar la semana de 35 horas. Varios Estados miembros (por ejemplo, Irlanda y Países Bajos) también están considerando la forma de adaptar los métodos de trabajo a las evoluciones futuras, como, por ejemplo, el modo aprovechar óptimamente las posibilidades que ofrece el trabajo electrónico. Numerosos países (tales como Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) han tomado medidas tendentes a compatibilizar la vida familiar y la vida profesional aumentando los permisos parentales y/o los permisos para asistencia.

Sólo algunos países abordaron los contratos de trabajo y la legislación de protección del empleo en 2003. El nuevo código laboral de Portugal incluye un aumento de la duración de los contratos de duración determinada, una mayor flexibilidad del horario laboral, dispositivos de control del absentismo no justificado y medidas de fomento de la movilidad profesional. Portugal y España han continuado sus esfuerzos para reducir la elevada proporción que representan los contratos de duración determinada. En Italia acaba de entrar en vigor un decreto sobre la reforma del mercado de trabajo, que incluye nuevas formas de contratos "flexibles", pero no aborda la cuestión de la legislación de protección del empleo. En Alemania se han presentado propuestas encaminadas a la relajación de los criterios sociales para determinar los trabajadores que son objeto de despido en primer lugar, así como a la relajación de la legislación de protección del empleo para las empresas pequeñas.

Algunos Estados miembros fomentan la movilidad geográfica y la mayoría de ellos procura fomentar la movilidad profesional

Las disparidades regionales, que a veces vienen acompañadas de desempleo y de insuficiencia de las cualificaciones, siguen poniendo de relieve la necesidad de promover la movilidad geográfica y profesional. Se ha dirigido a España una recomendación con el fin de que este Estado miembro elimine los obstáculos a la movilidad geográfica.

Algunos Estados miembros han tomado medidas encaminadas a fomentar la movilidad geográfica. La difusión de información sobre las ofertas de empleo está mejorando gracias a la cooperación entre los Estados miembros y a la utilización de las tecnologías de la información. Algunos Estados miembros (Alemania, Grecia, España, Francia y Suecia) han introducido cambios en sus sistemas tributario y de prestaciones en 2003, con objeto de mejorar los incentivos a la movilidad. Bélgica y España han abordado la rigidez del mercado de la vivienda.

La mayoría de los Estados miembros siguen emprendiendo iniciativas encaminadas a fomentar el aprendizaje permanente y la movilidad profesional. Algunos Estados miembros han adoptado recientemente, o se proponen adoptar, medidas para facilitar el reconocimiento de las cualificaciones informales. Dinamarca ha introducido nuevas medidas de formación para prevenir la insuficiencia prevista de mano de obra cualificada. Por su parte, Bélgica ha redoblado sus esfuerzos para superar los obstáculos lingüísticos.

Los enfoques individuales se generalizan, pero sigue siendo excepcional la redefinición de las políticas activas del mercado de trabajo a la luz de las evaluaciones realizadas

Las políticas activas del mercado de trabajo constituyen un importante instrumento para reestablecer el empleo y prevenir el desempleo de larga duración. No obstante, deben elegir "la medida, la persona y el momento adecuados". Alemania ha recibido una recomendación específica para que aumente la eficiencia de sus políticas activas del mercado de trabajo. Aunque los enfoques individuales se están extendiendo cada vez más, no se realizan sistemáticamente evaluaciones, ni éstas se utilizan para evaluar los programas de forma crítica y redefinirlos.

A pesar del creciente grado de concienciación sobre la falta de eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo puesto de manifiesto por evaluaciones rigurosas, en 2003 sólo unos cuantos Estados miembros adaptaron estas políticas o anunciaron su intención de hacerlo. Por ejemplo, en Dinamarca se abandonó el antiguo objetivo ambicioso de activación con el fin de centrarse más en las actividades de colocación, y se prevé una simplificación de los instrumentos de que dispone el servicio de empleo. Suecia ha considerando la simplificación de la estructura de los programas. En Irlanda se ha pasado de regímenes de empleo a medidas centradas en la empleabilidad, mientras que en los Países Bajos, las "agencias de reinserción profesional" son remuneradas en función de los resultados obtenidos.

Se han realizado progresos en lo que se refiere a la orientación de las medidas hacia las personas para las que resulta más difícil encontrar un empleo. En la mayoría de Estados miembros, se ha establecido o se pretende establecer una determinación temprana de las necesidades de los demandantes de empleo y, en caso necesario, una oferta "a medida" de un programa activo. En este contexto, se refuerza el papel de las actividades de colocación. Se orienta cada vez más a los desempleados con buenas perspectivas de empleo hacia dispositivos de "libre servicio". En Alemania, el Gobierno ha propuesto una simplificación de la gestión de prestaciones, que liberará recursos para las actividades de colocación, al mismo tiempo que fomentará probablemente la eficacia del sistema, por ejemplo, suprimiendo los incentivos de los municipios para proponer medidas activas con el objetivo principal de permitir a los beneficiarios percibir de nuevo las prestaciones de desempleo. La mayoría de los Estados miembros prevén mejorar la cooperación entre los distintos participantes en las actividades de colocación, la formación y la gestión de las prestaciones, en algunos casos reuniéndolos en una "ventanilla única".

2.2.2 Reformas económicas no reflejadas en las cifras de incremento de la productividad

Los esfuerzos de reforma económica recomendados por las OGPE para 2003-2005 están encaminados a aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía de la UE. Esta cuestión debe examinarse en el contexto de la evolución divergente del incremento de la productividad y del empleo en la UE en los últimos años. Con respecto a la primera mitad de los años noventa, en el periodo 1996-2003, se observó un aumento significativo de la contribución del factor trabajo al crecimiento del PIB en la UE, que, sin embargo, se ha visto contrarrestado en parte por una reducción de la contribución de la productividad del trabajo. Por su parte, los Estados Unidos lograron combinar unos buenos resultados en materia de empleo con una aceleración de la productividad del trabajo, lo que se tradujo en un crecimiento del PIB de la economía estadounidense superior en más de un punto porcentual al del de la economía de la UE en el periodo 1996-2003.

El diferencial de productividad del trabajo ha aumentado entre la UE y los Estados Unidos ...

La tasa de incremento de la productividad por persona empleada en la UE disminuyó del 1,9 % en la primera mitad de los años noventa al 1,3 % en la segunda mitad. Desde entonces, el incremento anual de la productividad del trabajo ha variado entre el 0,5 % y el 1 %, lo que refleja inicialmente una mayor resistencia del mercado laboral frente a la ralentización económica, con un continuo (aunque moderado) aumento del empleo. La experiencia de la UE ha sido muy diferente de la de Estados Unidos, en donde las tasas de incremento de la productividad del trabajo se han recuperado hasta niveles del 2 % o superiores. Como consecuencia de ello, se ha ampliado el diferencial de productividad respecto de Estados Unidos, siendo la productividad horaria de la UE un 12 % inferior a la de los Estados Unidos. Este diferencial de productividad explica actualmente el 40 % de la diferencia en el PIB per cápita entre la UE y los Estados Unidos (en 2003, el PIB per cápita de la UE representaba el 72 % del de los Estados Unidos, véase gráfico 9).

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... pero la media de la UE oculta diferencias significativas entre los Estados miembros

Las diferencias en los niveles y las tasas de incremento de la productividad horaria del trabajo son amplias entre los distintos Estados miembros (véase gráfico 10). Partiendo de una buena posición, la productividad horaria siguió creciendo de forma relativamente rápida en Dinamarca, Irlanda y Francia. En Francia, esta evolución puede asociarse a la introducción de la semana laboral de 35 horas, dado que la productividad por persona empleada era inferior a la media de la UE. Los niveles de productividad de Grecia y el Reino Unido siguieron acercándose a la media de la UE. En cambio, en España y Portugal la productividad ha quedado aún más rezagada. Los niveles relativos de productividad también disminuyeron en Italia y en los países del Benelux.

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El deterioro del incremento de la productividad del trabajo de la UE se debe por igual al retroceso de la inversión y a la lentitud del progreso técnico ...

El reto planteado en materia de productividad es claro, al haber desaparecido en la mitad de los años noventa la superioridad que había ostentado durante largo tiempo la UE desde el punto de vista del incremento de la productividad del trabajo. La mitad de la disminución del incremento de la productividad del trabajo registrada desde la primera mitad de los años noventa puede atribuirse a una reducción de la contribución de la intensificación del uso de capital, mientras que la otra mitad procede de un deterioro de la productividad total de los factores. Aunque la inversión en TIC contribuyó de forma positiva, su aportación al incremento de la productividad del trabajo fue sólo la mitad de la registrada en los Estados Unidos. Esta situación se explica principalmente por una menor utilización y una menor difusión de estas tecnologías en algunos sectores de servicios, en particular, en los servicios financieros y en los servicios de distribución. Estos factores ilustran la necesidad de aumentar el dinamismo y la inversión de las empresas, especialmente en TIC, lo que sólo podrá lograrse mediante una estrategia de reforma encaminada a mejorar el marco reglamentario, fomentar la integración y la eficacia de los mercados, favorecer la difusión de las TIC y estimular la inversión en capital humano e investigación y desarrollo.

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... y no es muy alentadora la evolución reciente de la inversión empresarial y de los gastos en tecnologías de la información, investigación y desarrollo, y educación

Debido a los efectos del ciclo económico, en la UE la inversión empresarial en proporción del PIB disminuyó del 18,3 % en 2000 al 17,2 % en 2002 (véase cuadro 3). Ello implicó una reducción de la formación bruta de capital fijo (del 20,6 % en 2000 al 19,1 % en 2003) a pesar de que la inversión pública se mantuvo bastante estable durante los últimos años (2,2%22,4% del PIB). Los ratios de gasto en tecnologías de la información, investigación y desarrollo y educación apenas se modificaron. Según las previsiones económicas de la Comisión (otoño de 2003), la inversión empresarial deberá recuperarse en 2003 y 2005, a condición de que se establezcan unas condiciones económicas que animen a las empresas a invertir y crecer. A este fin deberán contribuir los recientes esfuerzos encaminados a aligerar la carga reglamentaria que pesa sobre las empresas. El gasto en tecnologías de la información también debería verse beneficiado por la reforma reglamentaria. Un análisis de las tasas de inversión por país revela que los países con bajos niveles de reglamentación han invertido más en tecnologías de la información y la comunicación [4].

[4] Comisión Europea (2003), "Factores del incremento de la productividad: perspectiva económica global y sectorial", capítulo 2 del "Informe 2003 sobre la economía de la UE".

A pesar de sus numerosos éxitos, el mercado interior todavía no funciona adecuadamente. Tras algunos años de progreso continuo en la década de los noventa, algunos indicadores fundamentales de la integración del mercado interior muestran actualmente una tendencia inadecuada. La expansión del comercio entre los Estados miembros de la UE se ha estancado prácticamente en los últimos años, con una tasa anual inferior al 3 % en los tres últimos años, mientras que en 2001 la dispersión de los niveles de precios entre Estados miembros no difería de la observada en 1998 ó 1999,

En este contexto, las OGPE para 2003-2005 recomiendan a los Estados miembros:

9. Fomentar la competencia en los mercados de bienes y servicios.

10. Acelerar la integración de los mercados de capitales de la UE y garantizar una aplicación coherente de la normativa de la UE y suprimir los obstáculos a una compensación y liquidación internacional eficientes.

11 Establecer un marco que favorezca el espíritu de empresa y la creación y expansión de las PYME;

12. Establecer y aplicar medidas tendentes a reforzar la gobernanza de las empresas y seguir mejorando los acuerdos a escala nacional y comunitaria para llegar a una gestión de las crisis financieras y a una cooperación para la supervisión financiera que sean eficientes entre sectores y entre países.

13. Tomar medidas activas para promover la inversión en conocimiento, nuevas tecnologías e innovación y avanzar hacia el objetivo del 3 % del PIB para la inversión total en investigación y desarrollo;

14. Fomentar la contribución del sector público al crecimiento.

Progreso desigual en el fomento de la competencia en los mercados de bienes y servicios ...

Un marco reglamentario propicio a la inversión es fundamental para aumentar la competitividad y el dinamismo de la economía de la UE. Es esencial un buen funcionamiento del mercado interior con una política de competencia eficaz. Desde el inicio de la estrategia de Lisboa se han adoptado más de 25 medidas legislativas para hacer extensiva la reforma a estas áreas (incluidas las medidas encaminadas a limitar la competencia fiscal perjudicial), pero siguen pendientes ante el Consejo y el Parlamento Europeo una serie de propuestas (en particular, relativas a las directivas sobre cualificaciones profesionales y derechos de propiedad intelectual). La Comisión ha presentado nuevas propuestas de directiva encaminadas a eliminar los otros obstáculos al mercado interior detectados en los regímenes fiscales aplicables a las empresas asociadas situadas en Estados miembros diferentes, a simplificar y racionalizar aún más el IVA, y a actualizar las orientaciones y las normas de financiación relativas a las redes transeuropeas. Asimismo, ha adoptado una propuesta tendente al establecimiento de un marco jurídico para la prestación de servicios transfronterizos entre Estados miembros.

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... debido particularmente a la falta de aplicación de las medidas acordadas

La tasa media de incorporación de las directivas del mercado interior por parte de los Estados miembros bajó del 97,9 % en 2002 al 97,7 % en noviembre de 2003, alejándose aún más del objetivo de alcanzar una tasa de incorporación del 98,5 % (que ya se debería haber logrado). Únicamente cinco Estados miembros (Dinamarca, España, Irlanda, Finlandia y Reino Unido) han alcanzado el objetivo acordado, mientras que en otros cinco (Bélgica, Alemania, Grecia, Francia Luxemburgo), la tasa de incorporación ha pasado incluso a ser inferior al 97 %. Además, el número de procedimientos de infracción relativos a la no conformidad o a la aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior sólo ha disminuido ligeramente. A este respecto, Francia e Italia presentan unos resultados particularmente mediocres. Por último, el volumen de contratación pública transfronteriza sigue a un nivel muy bajo, a pesar del aumento de la proporción de licitaciones publicadas en el Diario Oficial. Alemania ha seguido por detrás de los otros Estados miembros. No obstante, la legislación sobre contratación pública parece tener efectos positivos sobre las transacciones transfronterizas [5].

[5] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, DG Mercado Interior (pendiente de publicación), Informe sobre el funcionamiento de los mercados de contratación pública en la UE: efectos positivos de la aplicación de las directivas de la UE y desafíos para el futuro. Cerca de la mitad de las empresas que han presentado una licitación para un contrato público lo han hecho en el extranjero, en la mayoría de los casos por medio de filiales situadas en el Estado miembro en el que se ha publicado el anuncio de licitación. Además, la probabilidad de adjudicarse un contrato era similar para las empresas nacionales y extranjeras (30 % y 35 %, respectivamente).

Se han adoptado medidas para mejorar la eficacia de las políticas de competencia. A nivel comunitario, la iniciativa más importante ha sido la aprobación por el Consejo del nuevo reglamento relativo a la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Este reglamento racionalizará los procedimientos, mejorará la coordinación entre las autoridades de competencia y reforzará las facultades de investigación de la Comisión. Algunos Estados miembros (tales como Bélgica, Austria y Reino Unido) han tomado medidas encaminadas a reforzar la independencia y las competencias de sus autoridades de competencia o de regulación. El nivel de ayudas estatales sectoriales y específicas dentro de la UE parece haberse estabilizado en torno al 0,7 % del PIB.

La liberalización de las industrias de redes se prosigue, pero la misma no garantiza necesariamente una competencia eficaz. Incluso en los mercados liberalizados, la cuota de mercado del operador histórico sigue siendo con frecuencia muy elevada. Por ejemplo, en el área de la telefonía fija la cuota de mercado del operador histórico en 2002 era del 81 % para las llamadas locales, del 70 % para las llamadas de larga distancia, y del 62 % para las llamadas internacionales. En este último segmento de mercado, las cuotas de mercado de los operadores históricos eran relativamente elevadas en Grecia, Luxemburgo y Portugal. Sin embargo, los precios de las llamadas de larga distancia e internacionales siguen disminuyendo lentamente. El nuevo marco reglamentario aplicable a las comunicaciones electrónicas, que entró en vigor en la UE en julio de 2003, tiende a reforzar la competencia y a mejorar la seguridad jurídica.

Contrariamente a los precios de las telecomunicaciones, los precios de la electricidad y del gas no muestran una tendencia clara a la baja. Los precios de la electricidad experimentaron un incremento general en 2003 debido a la escasez de precipitaciones, lo que redujo la producción hidroeléctrica, y a unas condiciones meteorológicas extremas. No obstante, incluso en estas circunstancias, los precios no han sido superiores a los niveles anteriores a la liberalización en términos nominales, y han sido muy inferiores en términos reales. En cualquier caso, en Bélgica, Grecia, Francia e Irlanda, la cuota de mercado del mayor productor de electricidad seguía siendo igual o superior al 90 % en 2001. Por su parte, los precios del gas han disminuido por término medio aproximadamente un 10 % respecto de enero de 2001. En 2003, el Consejo aprobó una serie de medidas legislativas, que deberán contribuir a completar la apertura del mercado en estos sectores. En marzo de 2002, el Consejo Europeo estableció para cada Estado miembro el objetivo de alcanzar de aquí a 2005 una capacidad de interconexión eléctrica del 10 % con respecto a la capacidad de producción instalada a escala nacional. La realización de este objetivo sólo avanza lentamente ya que las ampliaciones de la capacidad han sido mínimas en los últimos años.

La liberalización del transporte ferroviario ha progresado a nivel comunitario. El Consejo de Transportes alcanzó un acuerdo en marzo acerca del "segundo paquete ferroviario", que abrirá a la competencia el mercado del transporte internacional de mercancías de aquí a enero de 2006, y el mercado del cabotaje de aquí a enero de 2008. La continuación de la apertura del mercado del transporte internacional de pasajeros sigue siendo objeto de debate entre el Parlamento y el Consejo.

Se acerca el plazo, y el Plan de Acción del Capital Riesgo aún no se ha aplicado completamente ...

Pueden observarse progresos considerables al acercarse el plazo para la aplicación del Plan de Acción del Capital Riesgo. La mayoría de las medidas de este Plan se han ejecutado. Asimismo, los Estados miembros han tomado medidas para crear un marco administrativo-jurídico, reglamentario y fiscal propicio al desarrollo del sector del capital riesgo.

Varios Estados miembros han emprendido reformas que facilitan la inversión institucional en capital riesgo, cabe destacar: a) la creación de una nueva categoría de organismos de inversión colectiva de tipo cerrado orientados a la inversión en PYME que no cotizan en Bolsa (Bélgica y Luxemburgo); b) una ayuda al establecimiento o al funcionamiento de las empresas de capital riesgo (España y Portugal), y c) la flexibilización de los límites cuantitativos impuestos a las inversiones de las empresas de seguros y los fondos de pensiones (Dinamarca y Portugal). Se han suprimido otros tipos de distorsiones (como, por ejemplo, los requisitos mínimos de financiación en el Reino Unido), pero quedan algunas que pueden plantear obstáculos a la inversión institucional en capital riesgo (por ejemplo, requisitos en materia de liquidez en Bélgica, Grecia y Austria).

Algunos Estados miembros (tales como Bélgica, Finlandia y el Reino Unido) adaptan actualmente sus normas en materia de insolvencia y de quiebra con el fin de reducir los desincentivos a la asunción de riesgo por parte de las empresas, pero con resultados desiguales. Otros (por ejemplo, Dinamarca e Italia y Países Bajos) parecen tropezar con dificultades para completar las reformas en curso. La mayoría de los Estados miembros siguen mejorando sus marcos fiscales para el capital riesgo, ya sea reduciendo los tipos del impuesto de sociedades (por ejemplo, Bélgica y Alemania), reduciendo los costes de

cumplimiento con el IVA para las PYME (por ejemplo, Reino Unido), o introduciendo una desgravación fiscal para la inversión en capital riesgo (por ejemplo, Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido). Sin embargo, parecen necesarios nuevos progresos, principalmente en la reducción de las frecuentemente sustanciales diferencias en los marcos fiscales nacionales que afrontan los operadores paneuropeos.

... , mientras que la aplicación del Plan de Acción para los Servicios Financieros sigue avanzando de forma satisfactoria ...

La fase legislativa del Plan de Acción para los Servicios Financieros (PASF) llega a su término, puesto que ya se han adoptado definitivamente 36 de las 42 medidas originales. Por otra parte, se prosiguen los trabajos acerca de las propuestas restantes. El Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre el texto de una nueva directiva relativa a las adquisiciones. Tras el acuerdo del Consejo acerca de la Directiva sobre servicios de inversión, ahora éste debe alcanzar un consenso con el Parlamento sobre una serie de cuestiones de fondo. En cuanto a la directiva sobre transparencia, se ha llegado a un acuerdo político en el seno del Consejo. El Parlamento Europeo está trabajando con el texto del Consejo a fin de lograr su aprobación final en el primer semestre de 2004. En el caso de tres medidas de este Plan, hay que esperar a la reforma del Parlamento para poder concluir el proceso legislativo. Entre estas medidas cabe citar la nueva propuesta de directiva sobre la adecuación del capital, asociada a la finalización del acuerdo de Basilea II, que ahora está prevista para mediados de 2004.

Paralelamente a la conclusión de la realización del Plan de Acción para los Servicios Financieros, la Comisión iniciará los trabajos relativos a las iniciativas previstas en su Comunicación sobre el derecho de sociedades y la gobernanza empresarial (con inclusión de una propuesta encaminada a la modernización de la legislación de la UE en materia de auditoría). Por otra parte, la Comisión proseguirá sus trabajos sobre la legislación cautelar importante en materia de reaseguro y solvencia de las empresas de seguros.

Un complemento importante de este Plan ha sido la celebración de acuerdos estructurados que permiten a las autoridades nacionales de regulación y supervisión participar en la formulación y en la aplicación coherente de la legislación financiera de la UE (enfoque "Lamfalussy"). Este enfoque se ha experimentado con éxito en el sector de los valores mobiliarios. La Comisión ha propuesto recientemente hacer extensivo este enfoque a los sectores de bancos, seguros y organismos de inversión colectiva en valores inmobiliarios. Una mayor transparencia y una mayor dimensión colectiva de la supervisión son esenciales para poder aplicar más eficazmente y con mayor coherencia la legislación financiera en un mercado comunitario ampliado.

Dado que la fase legislativa de este Plan toca a su fin, la Comisión ha iniciado una evaluación global del estado de integración de los mercados financieros de la UE. Este ejercicio no constituye el preludio de un nuevo programa legislativo global; su único objetivo es determinar los aspectos positivos y negativos del cambiante marco legislativo de la UE y sacar las enseñanzas oportunas de la experiencia de la aplicación del Plan. En un primer momento, cuatro grupos de expertos en los ámbitos de bancos, seguros, gestión del patrimonio y valores inmobiliarios evaluarán en qué medida el marco legislativo de la UE permite a las instituciones financieras operar a escala paneuropea. Las conclusiones de estos grupos se harán públicas y serán objeto de un debate público de alto nivel antes de sintetizarse a finales de 2004.

Por otra parte, se ha encargado a un subgrupo del recientemente creado Comité de servicios financieros la preparación de una evaluación de las prioridades restantes en materia de integración financiera determinadas por los Estados miembros. Dicho subgrupo informará de sus trabajos a los ministros europeos de Hacienda a mediados de 2004.

... y la integración de los sistemas transfronterizos de compensación y liquidación debe proseguirse

Asimismo, la Comisión desea avanzar el debate acerca del interés o la necesidad de una acción colectiva a escala de la UE en los ámbitos de la compensación y la liquidación, así como en el de las transferencias en efectivo y los sistemas de pago (recientemente ha lanzado una comunicación de consulta sobre los pagos transfronterizos, para la que se ha fijado el plazo límite de final de enero de 2004). La integración de los sistemas de compensación y liquidación se ha convertido en una clara prioridad, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Como seguimiento del segundo informe elaborado en abril de 2003 por el grupo Giovannini de expertos del mercado financiero, la Comisión presentará próximamente una comunicación en la que se definirá una estrategia destinada a suprimir los obstáculos a un sistema integrado de compensación y liquidación en la UE.

La reestructuración y consolidación de la infraestructura comunitaria de compensación y liquidación también se prosiguió en 2003 a nivel nacional (Alemania, Grecia e Italia). El proceso de consolidación y reestructuración de las bolsas de valores de la UE se aceleró. Mediante la fusión de las bolsas de valores de Estocolmo y Helsinki, se creó un mercado integrado nórdico-báltico de negociación, compensación y liquidación de valores mobiliarios, manteniendo la nueva entidad una cooperación estratégica con las bolsas de Copenhague, Oslo e Islandia en el marco de NOREX. El mercado secundario italiano de títulos del Estado (MTS) siguió su expansión internacional, proporcionando una infraestructura ampliamente aceptada para la negociación de obligaciones. En 2003, Euronext 2que se compone de los mercados de valores belga, francés, neerlandés y portugués, así como del mercado de derivados del LIFFE (mercado internacional de opciones y futuros financieros de Londres)2 se amplió mediante un acuerdo con la Bolsa de valores de Varsovia.

Pese a las recientes mejoras, el entorno empresarial de la UE sigue presentando algunas deficiencias.

En 2003 las empresas de numerosos Estados miembros siguieron teniendo una visión harto negativa de las cargas administrativas, sobre todo en Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos [6]. Por otra parte, el porcentaje de personas de 18 a 64 años que ejercían actividades empresariales siguió siendo inferior al de Estados Unidos. Según estos datos, la actividad empresarial es especialmente débil en Bélgica y Francia. El índice de creación de empresas es relativamente bajo en Bélgica, Finlandia y Suecia (véase el Gráfico 11).

[6] Comisión Europea (2003): investigación recogida en Enterprise Policy Scoreboard 2003 (indicadores de política de las empresas), de la Red europea de investigación sobre las PYME.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Las diferencias entre países en cuanto a espíritu empresarial obedecen a numerosos factores. Uno de los más citados es la facilidad de acceso a la financiación. Los indicadores de acceso a la financiación más comúnmente empleados --la financiación mediante acciones, el capital riesgo y las ofertas públicas iniciales-- tienden a verse muy influidos por el ciclo económico. En particular, la ralentización del crecimiento económico ha afectado muy negativamente al capital riesgo. Pese a las diversas medidas adoptadas a fin de fomentar la inversión en capital riesgo (véase la sección sobre el PACR), en 2002 los niveles de inversión en capital riesgo inicial representaron en muchos Estados miembros la mitad o menos de los registrados en 2000. Grecia, Finlandia y Suecia fueron las excepciones. Por otra parte, las inversiones de lanzamiento cedieron su lugar en favor de inversiones en fases posteriores.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Sin embargo, la situación de otras muchas empresas mejoró gradualmente (plazos y costes de la creación de empresas, penetración de Internet, administración en línea, régimen del impuesto de sociedades, etc.), y hubo avances alentadores en la aplicación de las recomendaciones de la Carta europea de las pequeñas empresas. Varios Estados miembros (en particular, Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Luxemburgo y Austria) adoptaron o aplicaron nuevas medidas para reducir los trámites administrativos y facilitar la creación de empresas. Además, los Gobiernos se preocupan cada vez más por formar a los futuros empresarios y ponen creciente empeño en impulsar el espíritu empresarial a través de la enseñanza. Entre los Estados miembros que disponen de programas de formación al espíritu empresarial en las escuelas primarias figuran Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

La inversión en conocimiento e innovación va rezagada, aunque....

Existe aún un sustancial desfase entre la UE y Estados Unidos en cuanto a capacidad de innovación, medida por la disponibilidad de capital riesgo, la intensidad de la I+D, el número de solicitudes de patente y el gasto en TI (véase el gráfico 12). Sin embargo, la constitución del Espacio Europeo de Investigación creará un mercado interior de la investigación que contribuirá a la realización de los objetivos estratégicos de Lisboa. Asimismo, los Estados miembros aprobaron unánimemente el objetivo fijado en Barcelona de incrementar la inversión en I+D hasta cerca de un 3% del PIB en 2010, y una gran mayoría estableció objetivos nacionales. En abril de 2003, la Comisión propuso un plan de acción destinado a lograr el objetivo de Barcelona, teniendo en cuenta que dos tercios de la inversión adicional deben proceder del sector privado; el retraso en I+D y su aumento en los últimos años se deben fundamentalmente a la escasa financiación por parte de ese sector. Sin embargo, en Suecia y Finlandia el gasto en I+D en porcentaje del PIB es superior al de Estados Unidos, y va en rápido aumento. En cambio, Grecia, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido registraron en los últimos años una reducción del gasto en I+D en porcentaje del PIB. Aún más preocupante es el hecho de que las empresas de ciertos sectores de alta tecnología y con un fuerte componente de investigación, tales como el farmacéutico o el de la biotecnología, efectúen una proporción creciente de su investigación fuera de Europa, sobre todo en Estados Unidos, a fin de disfrutar de condiciones reglamentarias etc. más favorables. Las decisiones aún pendientes sobre derechos de propiedad intelectual, incluida una patente comunitaria jurídicamente segura y asequible, son apenas algunos ejemplos de las carencias que se observan.

Todos los Estados miembros decidieron participar activamente en la aplicación del método abierto de coordinación a fin de apoyar la consecución de los objetivos de Barcelona. Se adoptaron distintas medidas a fin de fomentar la I+D y la innovación. Así, Bélgica, Portugal y el Reino Unido ampliaron los descuentos impositivos al gasto en I+D e innovación, mientras que Irlanda los introdujo en sus presupuestos para 2004; Bélgica, Alemania, Irlanda e Italia crearon nuevas fuentes de financiación de la I+D y la innovación; Irlanda y los Países Bajos adoptaron medidas para la mejora de la cooperación entre la investigación y las empresas; Grecia financia nuevas empresas nacidas de la investigación universitaria; por último, Dinamarca y los Países Bajos se esfuerzan por aumentar el número de licenciados universitarios en ciencia y tecnología.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

... en Europa avanza el desarrollo y uso de tecnologías clave

La existencia de grandes disparidades entre los esfuerzos de investigación de los Estados miembros de la Unión podría no suponer en sí problema alguno, siempre y cuando los resultados de la I+D se difundieran ampliamente y el conocimiento se tradujera en innovación por toda Europa. La difusión del conocimiento es para la capacidad de innovación de la UE tan importante como la inversión en investigación y desarrollo. Los estudios indican que, en Norteamérica y Europa Occidental, sólo un 15% de los conocimientos se adquieren fuera de la región de origen, y apenas un 9% fuera del país de origen. En su Plan de Acción sobre la inversión en la investigación, la Comisión apoyó las asociaciones entre el sector público y el privado e introdujo el concepto de plataformas tecnológicas europeas, destinadas a promover el desarrollo y el uso de tecnologías clave en Europa mediante vínculos más estrechos entre la ciencia y la industria. Por otra parte, la Comisión tiene la intención de propuso recientemente una Directiva que permite la entrada y estancia de los investigadores de terceros países a fin de facilitar la movilidad de los investigadores.

El despliegue del sistema de navegación por satélite Galileo está previsto actualmente para 2006-2007, y su entrada en funcionamiento para 2008. La empresa en participación Galileo, operativa desde junio de 2003, se convirtió en un proyecto global gracias al interés comercial internacional. Por otra parte, el plan de acción eEuropa ha contribuido a aumentar el acceso a Internet y la utilización de la red. En 2003 el porcentaje de hogares de la UE con

acceso a Internet alcanzó el 50%. En el 84% de las empresas con más de nueve empleados tenían conexión a Internet en 2003, cinco puntos más que el año anterior. En comparación con ese año, el porcentaje de acceso a Internet por banda ancha por cada 100 habitantes de la UE llegó casi a duplicarse hasta alcanzar el 5,2 % en octubre de 2003, pero seguía siendo inferior al de Estados Unidos (8,1 %) en julio de 2003. Los mayores índices de acceso a Internet por banda ancha de la UE se registran en Dinamarca (11,2 %), Bélgica (11,1 %), Países Bajos (10,1 %) y Suecia (9,0 %).

Refuerzo en la Unión y los Estados miembros de la gobernanza empresarial...

Una serie de grandes escándalos empresariales ocurridos tanto en Estados Unidos como en Europa perjudicó a la confianza de los inversores en la integridad de los mercados financieros. Los sucesos llamaron la atención de los responsables políticos sobre la necesidad de reforzar las disposiciones existentes en materia de gobernanza empresarial. La Comisión presentó dos comunicaciones sobre derecho de sociedades y gobernanza empresarial en mayo de 2003. Ambas contemplan un plan de acción compuesto por iniciativas legislativas y no legislativas en las que se combinan la armonización de determinadas normas fundamentales con una coordinación más estrecha entre las normativas nacionales.

En varios Estados miembros se adoptaron ulteriores medidas a fin de reforzar la gobernanza empresarial, ya fuera estableciendo un código voluntario y basado en la autorregulación (Austria y Reino Unido), introduciendo en el derecho de sociedades medidas para mejorar la gobernanza empresarial (Grecia, Irlanda, Italia y Países Bajos) o aumentando la independencia de los auditores (Francia).

... y de la supervisión control financiera.

En septiembre de 2003, el Consejo Ecofin examinó la aplicación de las normas sobre supervisión financiera y gestión de las crisis financieras. El Consejo concluyó que se había avanzado en la mejora de las disposiciones institucionales para la supervisión transfronteriza, en particular gracias a la mejora de los procedimientos de intercambio de información. En septiembre de 2004 se efectuará un nuevo examen. Entre tanto, la ampliación de las disposiciones Lamfalussy contribuirá a una mayor cooperación transfronteriza en el ámbito de la supervisión financiera y la gestión de crisis financieras y a facilitar la convergencia de las prácticas de supervisión entre los Estados miembros.

En el plano nacional, varios Estados miembros prosiguieron en 2003 la reestructuración de sus estructuras de supervisión. En Francia se agruparon por fin las autoridades de supervisión de los mercados de valores, se racionalizó la estructura de las autoridades bancarias y de seguros y se actualizó la ley de seguridad financiera. En otros Estados miembros, la reorganización de las autoridades nacionales de reglamentación y supervisión incluyó distintas medidas, tales como el establecimiento de nuevos órganos de supervisión para las instituciones integradas (Bélgica), la transferencia de las facultades de reglamentación de los mercados de capitales de las bolsas y el Ministerio de Economía y Hacienda a la autoridad de supervisión (Comisión de mercados de capitales en Grecia), una legislación que confiere al Gobierno poderes de intervención urgente para regular el sector financiero en circunstancias excepcionales (Finlandia), medidas de refuerzo de la supervisión financiera en el sector de seguros (Portugal), consolidación de la normativa financiera en una ley multisectorial y uniforme sobre servicios financieros y ajuste de la legislación al nuevo enfoque funcional de la supervisión (Países Bajos).

Los Estados miembros se esfuerzan por mejorar la calidad y eficacia de sus regímenes de educación y formación.

Varios Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Portugal, Finlandia y Suecia) hicieron evidentes esfuerzos por mejorar la calidad y la eficacia de sus regímenes de educación y formación. Así, España adoptó una ley fundamental de calidad de la enseñanza, mientras que Suecia estableció un nuevo régimen de formación profesional. Algunos Estados miembros intentan fomentar la formación permanente en la empresa; otros favorecen la mejora de las aptitudes básicas y los programas de "segunda oportunidad" para los adultos. Sin embargo, la falta de calidad y atractivo de la formación profesional sigue siendo motivo de preocupación. Existe, además, el riesgo de grave escasez de profesores y la necesidad de aumentar el número de científicos, técnicos, ingenieros y licenciados en gestión empresarial. Por último, el nivel de financiación privada de la enseñanza superior apenas representa una fracción del alcanzado en Estados Unidos. A fin de remediar estos problemas, la Comisión propone una serie de medidas en su Comunicación de noviembre de 2003 "Educación y formación 2010, urgen las reformas para coronar con éxito la estrategia de Lisboa".

Iniciativas para una mayor contribución del sector público al crecimiento.

La iniciativa europea de crecimiento, lanzada en octubre de 2003 y aprobada por el Consejo Europeo en diciembre, pretende movilizar fondos públicos y privados a fin de financiar una serie de proyectos de infraestructura e I+D con verdadera dimensión europea. El Consejo alcanzó un acuerdo político según el cual el presupuesto de la UE podría financiar hasta un 20% de los costes de los proyectos de infraestructuras transfronterizas. Pese a la ralentización económica, el gasto público en inversión se mantuvo estable, en torno al 2,3% del PIB. Sin embargo, existen sensibles diferencias entre los Estados miembros, donde los ratios de inversión oscilan entre el 1,5% del PIB (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Austria y Reino Unido) y el 3% o más (Grecia, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia). En general, el gasto público en educación, en porcentaje del PIB, ha disminuido ligeramente en los últimos años, en parte debido a factores demográficos, mientras que el gasto público en I+D se mantiene estable, alrededor del 0,7% del PIB. Los Estados miembros adoptaron diversas medidas para fomentar el desarrollo de asociaciones entre los sectores público y privado, la incorporación de las nuevas tecnologías en la administración y la competencia en la contratación pública, sobre todo mediante un mayor empleo de herramientas informáticas. Por otra parte, en los últimos años se han reducido considerablemente en muchos Estados miembros los tipos del impuesto de sociedades, lo que, unido a medidas a fin de ampliar la base impositiva, ha permitido reducir las disparidades entre los Estados miembros en cuanto a presión fiscal sobre las empresas.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Otra manera de reforzar la contribución del sector público al crecimiento es reorientar el gasto a inversiones productivas y favorables al crecimiento en capital físico y humano. En 2003 se prevé que la inversión pública en la UE, en porcentaje del gasto público total, aumente modestamente, en tres puntos porcentuales. Se observan aumentos más acusados en España, Italia [7] y el Reino Unido, mientras que se espera que disminuya en al menos 0,6 puntos porcentuales en Irlanda [8] y Finlandia. El aumento previsto de la proporción del gasto público de la UE en la inversión supone un paso positivo hacia la mejora de la capacidad de crecimiento de la Unión y garantiza un uso adecuado del "dinero del contribuyente", en particular, dado el aumento previsto en los pagos de intereses en algunos Estados miembros (por ejemplo en Alemania y Francia) a consecuencia del deterioro presupuestario, lo que excluirá otros tipos de gasto.

[7] El aumento de la inversión pública en Italia es un efecto en gran medida contable, y obedece a la clara disminución en la venta de activos públicos inmobiliarios en comparación con el año anterior.

[8] Pese a una reciente disminución, la inversión pública en Irlanda representa aún aproximadamente el 4% del PIB en 2003, una de las más altas de la UE.

Las transferencias sociales seguirán representando con diferencia la mayor parte del gasto público en la UE (véase cuadro 4). Sin embargo, su nivel y evolución difieren según los Estados miembros (podrían aumentar en más de un punto en Bélgica, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que disminuirán casi en la misma medida en el Reino Unido).

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Pese a la adopción de medidas suplementarias, la aplicación real de las normas y procedimientos presupuestarios podría mejorar a nivel nacional.

En 2003, los Estados miembros siguieron aplicando las normas y procedimientos presupuestarios nacionales a fin de mejorar la eficiencia y el control. Sin embargo, y tal como demuestra el informe de la Comisión "finanzas públicas en la UEM - 2003", hay grandes disparidades entre los tipos de normas presupuestarias adoptadas y aplicadas en los Estados miembros de la Unión. Todos los países cuentan con objetivos para el año próximo y los siguientes dentro de los denominados planes presupuestarios plurianuales. Algunos se centran en el saldo presupuestario, mientras que otros fijan límites al gasto. Sin embargo, el deterioro de las situaciones presupuestarias con respecto a los objetivos pone de manifiesto que el respeto de estas normas es en no pocas ocasiones escaso. El mecanismo de control del gasto público a nivel subnacional también sigue siendo un problema fundamental para varios Estados miembros.

Algunos han introducido recientemente ciertas mejoras en su procedimiento presupuestario. En España, la ley general de estabilidad presupuestaria, que entró en vigor en 2003, establece que todos los subsectores de la Administración deben estar cada año en situación de equilibrio o superávit nominal. En Portugal, la ley de estabilidad presupuestaria, en vigor desde 2003, fija límites estrictos --aunque provisionales-- al endeudamiento neto para todos los niveles de administración. Austria adoptó este año una ley presupuestaria que contempla una reducción general de las dotaciones presupuestarias de los Ministerios del 5% con respecto a 2002. También Finlandia reformó sus límites de gasto. Se introdujo un plan presupuestario plurianual que abarca el periodo electoral. Los límites de gasto abarcan el 75% del gasto presupuestario de la Administración central, incluidos los presupuestos suplementarios. Sin embargo, se excluyen las partidas presupuestarias sensibles al ciclo y los pagos de intereses de la deuda pública.

No es aún posible evaluar plenamente la eficiencia en el sector público.

La composición del gasto público apenas ha variado de un año a otro. En particular, se necesita tiempo para que el consumo público se adapte a la nueva legislación, los cambios demográficos y la evolución de las funciones de seguridad social. Por esa razón es difícil evaluar la evolución de la composición del gasto público. Por otra parte, la falta de datos actualizados y completos impide una evaluación exhaustiva de la calidad del gasto público. El impacto del gasto público en los objetivos económicos y sociales es también difícil de determinar. La eficiencia del gasto se refiere a la relación entre los insumos (principalmente, pero no únicamente monetarios) y los resultados. Para una evaluación adecuada sería precisa una mejor información, en particular sobre las medidas relativas a los insumos (políticas y gasto) y los resultados (objetivos realizados), así como una evaluación microeconómica detallada de cada política.

Las normativas presupuestarias nacionales pueden también contribuir a mejorar la calidad del gasto público y a su conformidad con el marco presupuestario de la UE. También en este caso se requiere un período más prolongado de observación para establecer una evaluación adecuada. Sin embargo, en numerosos casos sería conveniente reforzar los mecanismos de control de la aplicación: la experiencia de las distintas normas presupuestarias en los diferentes países pone de manifiesto que, sin un sistema válido de control de la aplicación y de sanción, las normas resultan a menudo ineficaces en cuanto a resultados a posteriori.

2.3 Reforzamiento de la sostenibilidad

2.3.1 Sostenibilidad económica: garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas

Desde 2000, el ratio medio de deuda pública en la UE no ha disminuido.

Ante el envejecimiento demográfico, la sostenibilidad de las finanzas públicas dista de estar garantizada en cerca de la mitad de los Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia y Portugal) [9]. En conjunto, el ratio medio de deuda pública en la UE no ha disminuido entre 2000 y 2003 y sigue situado en el 64,1% del PIB (70,4% del PIB en la zona del euro). Sin embargo, la situación difiere sensiblemente entre los Estados miembros (véase el gráfico 14). El ratio de deuda disminuyó en la mayoría de los Estados miembros durante el período 2000-2003, en particular, en Bélgica, Grecia y España,

[9] Esta afirmación se basa en la evaluación de la sostenibilidad recogida en la actualización de 2003 de los programas, excepto en el caso de Alemania y España, cuyas evaluaciones, que no han concluido, deben considerarse provisionales.

mientras que aumentó en Alemania, Francia y Portugal. Pese a recientes progresos, el ratio de deuda sigue siendo superior al 60% del PIB en seis Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Italia y Austria), y es muy alto o superior al 100% en Bélgica, Grecia e Italia.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

La población de la UE experimentará en las próximas décadas cambios espectaculares tanto en valor absoluto como en su distribución por edades. La población en edad activa disminuirá muy sensiblemente, de 243 millones de personas en 2000 a 203 millones en 2050, es decir, 40 millones de personas (18%). Al mismo tiempo, el grupo de más de 65 años aumentará en 40 millones de personas, hasta 103 millones en 2050, lo que representa un incremento de más del 60%.

La evolución demográfica tiene gran impacto en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la mayoría de los Estados miembros prevé una tasa de crecimiento económico a largo plazo inferior al 2%, debido, en particular, a la reducción de la población activa. En segundo lugar, por causa del envejecimiento habrá una presión al alza sobre el gasto público que se mantendrá a lo largo de los 15 o 20 próximos años.

En estas circunstancias, las OGPE 2003-2005 recomiendan a los Estados miembros:

15. garantizar una mayor reducción de los ratios de deuda pública;

16. diseñar, introducir y aplicar reformas de los sistemas de pensiones.

Es preciso un compromiso más firme con la reducción de los ratios de deuda en varios Estados miembros

Las previsiones económicas de la Comisión (otoño de 2003) ponen de manifiesto que el ratio de deuda disminuyó en la mayoría de los Estados miembros. En seis, a saber, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Italia y Austria, se prevé un ratio superior al 60% en 2003 y 2004. Se espera que el ratio de deuda siga disminuyendo en Bélgica, Grecia y Austria y se estabilice en Italia, pero que siga aumentando en Alemania y Francia en los dos próximos años.

Resulta pues necesario un compromiso más firme con la reducción de los ratios de deuda por parte de varios Estados miembros y, en particular, aquéllos donde dicho ratio es muy elevado. Las tendencias actuales no apuntan a un ritmo satisfactorio de reducción del ratio de deuda, que permita situarlo por debajo del valor de referencia del 60% del PIB antes de que se note claramente el impacto del envejecimiento, dentro de unos 15 o 20 años. Por otra parte, resulta inquietante la evolución desfavorable observada en algunos Estados miembros, donde los ratios han aumentado en los últimos años.

El ritmo de reforma de las pensiones se ha acelerado en la UE y en algunos Estados miembros se han adoptado importantes medidas.

Ocho Estados miembros recibieron recomendaciones específicas sobre la reforma de sus regímenes de pensiones (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal). En varios se registraron progresos significativos. Francia y Austria adoptaron en 2003 grandes reformas, que constituyen un paso importante hacia la introducción de regímenes más sostenibles. Alemania y Portugal introdujeron algunos cambios a fin de mejorar el equilibrio financiero de sus regímenes públicos de pensiones y favorecer el desarrollo de regímenes privados complementarios. Por último, Grecia emprendió la reorganización operativa de sus fondos de seguridad social, decidida en 2002. En Alemania prosiguió el debate público sobre un informe de la "Comisión para la sostenibilidad de la financiación del régimen alemán de seguridad social", y en Italia el Gobierno presentó una propuesta de reforma.

Avances en el tratamiento de las consecuencias presupuestarias del envejecimiento demográfico para los regímenes públicos de pensiones.

Francia inició un aumento gradual del número de años de cotización que otorgan derecho a una pensión completa y modificó el mecanismo de indización de los salarios a los precios de consumo con vistas a afrontar las consecuencias presupuestarias. Además, los empleados del sector privado deberán abonar cotizaciones sociales más elevadas, que se compensarán con una disminución equivalente de las cotizaciones de desempleo. Austria aprobó la extensión gradual del período de referencia para el cálculo de los derechos a pensión y reducirá asimismo poco a poco su tasa anual de acumulación. Portugal prolongó el período de cotización, amplió el período de cálculo de la pensión de jubilación básica y vinculó el aumento de las prestaciones a la tasa de crecimiento de los salarios excluidas las cotizaciones. Según una propuesta del Gobierno italiano, las condiciones de acceso a las prestaciones de jubilación serán más rigurosas y aumentará la edad mínima de jubilación.

Tanto Francia como Alemania han iniciado reformas a fin de contrarrestar los riesgos demográficos. Francia aplicó una disposición que vincula el período de cotización necesario para tener derecho a pensión completa al aumento de la esperanza de vida. En Alemania se propuso aumentar gradualmente la edad de jubilación y vincular las prestaciones con la tasa de dependencia del régimen mediante una norma de indización.

Las reformas contemplan la interacción de los regímenes de pensiones con el funcionamiento del mercado de trabajo.

En varios Estados miembros se ha intentado aumentar la transparencia y mejorar los incentivos para el trabajo a fin de reforzar en varios aspectos la interacción entre el régimen de pensiones y el funcionamiento del mercado de trabajo. Dentro de los esfuerzos por reforzar el vínculo entre las cotizaciones y los derechos, el Gobierno austríaco se propone armonizar todos los regímenes de jubilación a fin de establecer un sistema uniforme integrado; asimismo prevé crear "cuentas de jubilación" individuales. En Italia, el Gobierno prevé reducir el tipo de cotización al régimen de jubilación público para los empleados de reciente contratación. Grecia sigue avanzando hacia un sistema de seguridad social uniforme, dotado de un órgano gestor único, con requisitos, condiciones de admisión y métodos de cálculo de derechos idénticos para todos los asalariados.

El aumento de la tasa de empleo de los trabajadores de más edad requiere eliminar los incentivos para abandonar anticipadamente el mercado de trabajo y crear otros para prolongar la vida activa. En Austria se suprimirán gradualmente los regímenes de jubilación anticipada. Tanto la reforma francesa como la austriaca aumentan los incentivos financieros para que los trabajadores permanezcan activos después de obtener el derecho a jubilarse. En Francia se ofrecen incentivos para que los patronos contraten trabajadores de edad avanzada y no los despidan o los obliguen a jubilarse. La reforma francesa ha facilitado la acumulación de la pensión con ingresos suplementarios por un empleo. Se ha propuesto aumentar la edad legal de jubilación en Alemania, mientras que los Gobiernos portugués e italiano han propuestos métodos para el cálculo de las pensiones de jubilación que penalizan la jubilación anticipada.

Pero es preciso un análisis más detallado del impacto a largo plazo de las reformas.

El impacto a largo plazo de las reformas, incluido el financiero, depende en particular de la duración de los períodos de transición, que son necesarios para garantizar un proceso de adaptación adecuado y dadas las legítimas expectativas de las personas que planean su jubilación. El inconveniente reside en que, en el caso de las reformas austriaca y francesa, habrá que esperar mucho hasta que tengan efectos plenamente positivos en las finanzas públicas y el mercado de trabajo. La reducción de las prestaciones de los regímenes públicos de jubilación implica reequilibrar los distintos pilares del régimen de pensiones. A este respecto, una consideración esencial es si se ha previsto un mecanismo presupuestario

y reglamentario adecuado que permita el desarrollo de regímenes de pensiones complementarias por medio de planes de jubilación privados y/o regímenes de tercer pilar, de modo que los ciudadanos dispongan de medios alternativos de ahorro para la jubilación. Italia, Alemania y Austria han propuesto establecer o reforzar regímenes privados y totalmente capitalizados. Los cambios propuestos merecen un análisis más detallado.

2.3.2 Sostenibilidad social: contribuir a la cohesión económica y social

La falta de datos actualizados sigue dificultando la evaluación de los avances en materia de sostenibilidad social. La frágil situación actual del mercado de trabajo es fuente de preocupación por la sostenibilidad social, dado que el empleo desempeña un papel importante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Si bien la tasa de desempleo de larga duración siguió disminuyendo en 2002 (al 3%, frente a un 3,5% en 2000), la evolución más reciente es probablemente menos alentadora, ya que, por ejemplo, la tasa de desempleo global ha empezado a aumentar. Así, la proporción de hogares sin empleo no disminuyó en 2002 (y se mantuvo en el 12,2%).

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

En estas circunstancias, las OGPE 2003-2005 recomiendan a los Estados miembros:

17. tomar medidas para modernizar los sistemas de protección social y combatir la pobreza y la exclusión con vistas a respaldar los objetivos globales de Lisboa;

18. mejorar el funcionamiento de los mercados a fin de que éstos favorezcan la inversión en las regiones atrasadas, particularmente, tomando medidas que permitan a los salarios reflejar las diferencias de productividad;

19. garantizar que la ayuda pública concedida a las regiones atrasadas se centre claramente en la inversión en capital humano y en la inversión en conocimiento y que los programas de inversión se diseñen y gestionen eficazmente.

Deben intensificarse los esfuerzos por modernizar el sistema de protección social

Los esfuerzos se centran más en el aspecto fiscal que en la reforma de las prestaciones. En 2003 sólo Dinamarca, Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido parecen haber tomado nuevas medidas de reforma de los sistemas de prestaciones (véase también el apartado sobre el seguimiento de la orientación n° 4). Varios Estados miembros introdujeron medidas para facilitar el acceso de las personas desfavorecidas al mercado de trabajo. Aumentar sus posibilidades de empleo es clave para si inserción social. Así, en Bélgica se introducen incentivos a la contratación de personas minusválidas y en Austria se refuerzan, mientras que Dinamarca toma medidas a favor de las personas recientemente minusválidas. Irlanda y el Reino Unido crean asimismo nuevos incentivos financieros para que las personas con minusvalías busquen y acepten empleos y para aumentar el atractivo del trabajo. Los subsidios al empleo recientemente introducidos se destinan a los desempleados de larga duración (en los Países Bajos, Francia y los Estados Federados del Este de Alemania), los minusválidos (Francia y Estados Federados del Este de Alemania) o los jóvenes sin cualificaciones (Estados Federados del Este de Alemania).

A falta de iniciativas de importancia para aumentar la diferenciación salarial, persisten las grandes diferencias regionales en cuanto a desempleo.

Pese al sensible crecimiento del empleo en la segunda mitad de los 90, en particular en las regiones más atrasadas, sigue habiendo sustanciales diferencias regionales tanto en las tasas de empleo como en las de desempleo. En general, el desempleo se concentra en las regiones más pobres con un bajo PIB per cápita. Mientras que la tasa de desempleo, en 2002, era inferior al 3% en 27 regiones, principalmente en los Países Bajos y el Reino Unido, en otras diez regiones superaba el 20%, incluidos el sur de España e Italia y los territorios franceses de ultramar. Sigue habiendo divergencias regionales muy pronunciadas en algunos Estados miembros, por ejemplo en Italia, donde la diferencia entre la tasa de desempleo más elevada (Calabria) y la más baja (Trentino-Alto Ádige) supera 21 puntos porcentuales.

Estas disparidades demuestran la necesidad de adoptar nuevas medidas, en particular a fin de aumentar la inversión en capital humano en las regiones desfavorecidas y fomentar la diferenciación salarial. En 2003 no se tomó ninguna iniciativa de importancia en los Estados miembros más afectados a fin de permitir que los salarios reflejen las diferencias en cuanto a competencias y condiciones de los mercados de trabajo locales (véase el apartado

sobre el seguimiento de la orientación n° 5 sobre diferenciación salarial). Sin embargo, la diferenciación salarial va ganando terreno, a través del vínculo entre rendimiento y remuneración. Cierto componente de flexibilidad, basada en la situación de la empresa o el sector, ya es posible, por ejemplo, en España (acuerdo interconfederal de 2003), o se someterá a debate, como en Alemania y Francia, donde se estudia relajar el principio según el cual los acuerdos de nivel inferior sólo pueden ser más favorables que los sectoriales.

Medidas adoptadas para garantizar la eficacia de las inversiones realizadas.

La falta de datos actualizados y suficientemente desglosados impide evaluar exhaustivamente los tipos de inversiones objeto de ayuda pública. En tres de los países beneficiarios del fondo de cohesión (España, Irlanda y Portugal), las cifras sobre ayuda estructural pública nacional en las regiones menos desarrolladas proceden de las evaluaciones de adicionalidad intermedias y ex-post para los períodos 1994-1999 y 2000-2002. Se observa un mayor interés por los recursos humanos y, en particular, en las cualificaciones relativas a la IDT, cuya cuota en el gasto público nacional aumentó en 2000-2002. La importancia de las infraestructuras disminuyó ligeramente, pero aún representa una parte considerable del gasto público estructural.

La Comisión adoptó recientemente medidas a fin de incrementar la eficacia de los programas de inversión respaldados por la UE. La gestión de los programas de los Fondos Estructurales de 2000 a 2006 se simplificará y flexibilizará. Tras la evaluación intermedia en 2004, la Comisión y los Estados miembros decidirán reasignar los recursos de medidas ineficaces a medidas eficaces, de modo que contribuyan más a la realización de los objetivos de Lisboa y, en particular, a la inversión en conocimiento e innovación. La consecución de los objetivos de eficacia, gestión y ejecución financiera, establecidos en cada programa, también se evaluará antes del 31 de marzo de 2004. Los resultados serán decisivos para la atribución de la reserva de rendimiento (creada en 2000). También mejoró la cooperación con el BEI con vistas, sobre todo, a dar con el justo equilibrio entre préstamos y subvenciones. El Banco ha intensificado sus trabajos de asesoramiento para la evaluación de la adecuación técnica y económica de una serie de proyectos del FEDER, del Fondo de Cohesión y del ISPA. Desde 2000 se han examinado cien proyectos.

2.3.3 Sostenibilidad medioambiental: fomento de la gestión eficiente de los recursos naturales

Mantener un alto nivel de calidad del medio ambiente no es sólo un fin en sí mismo, sino que puede tener efectos beneficiosos más amplios.

Reformas tales la supresión de las subvenciones y la introducción de impuestos y gravámenes que permiten internalizar los costes externos de la contaminación no sólo presentan beneficios de índole medioambiental, sino que además refuerzan los efectos de las reformas estructurales aplicadas en otros ámbitos al contribuir al "justo precio". Tanto

más cuando los ingresos procedentes de reformas por motivos de medio ambiente se emplean para reducir otros impuestos de efectos distorsionadores. Por otro lado, aunque aumentar los ingresos no sea objetivo primario de tales medidas, pueden contribuir a la consolidación presupuestaria o al suministro de otros bienes públicos.

En estas circunstancias, las OGPE 2003-2005 recomiendan a los Estados miembros:

20. reducir las subvenciones sectoriales, las exenciones fiscales y otros incentivos que repercuten negativamente sobre el medioambiente y son perjudiciales para un desarrollo sostenible. Garantizar, entre otras cosas, mediante la utilización de impuestos y tasas, que los precios de la extracción, utilización y, en su caso, eliminación de los recursos naturales -tales como el agua-, reflejan adecuadamente su escasez y todos los daños causados al medio ambiente;

21. reducir las subvenciones al sector de la energía, promover instrumentos de mercado, ampliar más la cobertura y garantizar una diferenciación apropiada de la imposición sobre la energía;

22. ajustar el sistema de subvenciones, cargas e impuestos del sector del transporte para reflejar mejor el daño al medio ambiente y los costes sociales del mismo y aumentar la competencia entre los modos de transporte;

23. Redoblar los esfuerzos para cumplir sus compromisos en virtud del Protocolo de Kioto y aplicar el sistema de la CE de negociación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero; establecer sistemas de información acerca de estas políticas y medidas y de sus efectos previsibles sobre las emisiones. Tomar medidas a fin de alcanzar los objetivos establecidos por los futuros Consejos Europeos, en particular sobre eficacia energética, energías renovables y biocombustibles.

Avances decepcionantes hacia la sostenibilidad medioambiental en 2003.

Debido a la ralentización económica, se prestó más atención a impulsar el crecimiento a corto plazo que a garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo. Sin embargo, una serie de acontecimientos vinieron a recordar la necesidad de actuar en este ámbito. Sea o no imputable a un cambio climático de origen humano, el largo y cálido verano de 2003 llevó a la red eléctrica al límite de su capacidad. Esto, sumado a los apagones (no relacionados con este primer fenómeno) registrados en algunos Estados miembros, pone de manifiesto la importancia de eliminar el falseamiento de los precios de la energía y velar por que todos los protagonistas --productores, proveedores y consumidores-- tengan los incentivos adecuados.

A fin de contribuir a este objetivo, el Consejo adoptó una serie de textos legislativos en 2003: las directivas relativas a las normas comunes aplicables a los mercados de la electricidad y el gas, que pretenden hacer estos mercados competitivos, seguros y sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y un Reglamento que establece normas equitativas para los intercambios transfronterizos de electricidad. Este último se completó mediante la decisión de los reguladores del sector eléctrico de la UE de no cobrar importes suplementarios por las transacciones transfronterizas de electricidad en el mercado interior. El Consejo adoptó asimismo la Directiva por la que se reestructura el marco comunitario de

fiscalidad de los productos energéticos. Si bien este texto tendrá escasos efectos sobre los precios de la energía a corto plazo, su impacto será creciente a medida que pase el tiempo, sobre todo en los nuevos Estados miembros. La Directiva amplía el marco comunitario al empleo del carbón y el gas natural como combustibles para calefacción, de modo que la Comunidad evoluciona hacia un sistema que podría permitir una adecuada diferenciación de la imposición sobre la energía.

En los Estados miembros se han producido una serie de cambios en cuanto al apoyo a las distintas fuentes de energía. El año 2003 entró en vigor la Directiva sobre la electricidad generada mediante fuentes de energía renovables. Los resultados en cuanto a la generación de electricidad verde no son buenos, excepto en el caso de la energía eólica en tres Estados miembros: Alemania, España y Dinamarca (a finales de 2002 había 23 GW instalados en Europa). Si bien es aún pronto para un análisis detallado, resulta ya evidente que no se logrará el objetivo comunitario de producir un 22% de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables en 2010, a menos que los Estados miembros adopten medidas adicionales. La Comisión informará al Consejo y el Parlamento Europeo en mayo de 2004 sobre los progresos realizados por los Estados miembros en pos de sus objetivos indicativos nacionales y del objetivo comunitario de que en 2010 las fuentes de energía renovables contribuyan un 22% al consumo bruto de electricidad en Europa.

Bélgica (Valonia) y Suecia introdujeron "certificados verdes", que obligan a los proveedores de electricidad a obtener un porcentaje mínimo de su producción de fuentes de energía renovables. Asimismo, Suecia prosiguió su política de desplazar los impuestos de la mano de obra a la contaminación. Los Países Bajos emplean actualmente su impuesto sobre la electricidad procedente de energías renovables para financiar tarifas de alimentación de corriente diferenciadas para estas energías. Alemania, pese a reducir el nivel global de ayudas estatales a la industria hullera, aumentó las ayudas de funcionamiento.

La «tasa de congestión» instaurada en Londres ha producido un cambio manifiesto en los comportamientos

En el ámbito de la tarificación de los transportes, Austria prevé introducir en 2004 un impuesto basado en el kilometraje aplicable a los vehículos industriales. El retraso en el lanzamiento de un régimen similar en Alemania pone de manifiesto la necesidad de garantizar que los regímenes de imposición del transporte funcionen en la práctica y no impliquen un excesivo coste de transacción. En el Reino Unido, la ciudad de Londres lanzó en febrero de 2003 una «tasa de congestión» (congestion charge). Este régimen ha cosechado un gran éxito respecto del objetivo de reducir la congestión del tráfico sin producir importantes efectos colaterales, pero ha generado unos ingresos sensiblemente inferiores a lo previsto. En otras ciudades, como Roma, Bristol o Edimburgo, se han experimentado sistemas de tarificación viaria para reducir el tráfico rodado en el centro de la ciudad. Algunos de estos regímenes continúan en fase preliminar, aunque el sistema de control automatizado que funciona en Roma desde 2001 ya ha restringido el acceso al casco histórico. De forma provisional, cabe concluir que la modificación de las tarifas del transporte público puede dar lugar a unos cambios de comportamiento mayores de lo que generalmente se piensa, de lo cual se deduce que los regímenes de imposición del transporte no deben considerarse necesariamente como una fuente de ingresos importante.

Se han registrado avances a escala comunitaria en la liberalización del transporte ferroviario. En marzo, el Consejo de Transportes alcanzó un acuerdo sobre el "segundo paquete ferroviario", por el que el mercado del transporte internacional de mercancías se abrirá de aquí a enero de 2006, y el mercado del cabotaje, de aquí a enero de 2008. El Parlamento y el Consejo siguen debatiendo una mayor apertura del mercado del transporte de pasajeros. En el ámbito de los Estados miembros, la legislación vigente (el primer "paquete" de legislación ferroviaria que introduce la competencia en el mercado de los servicios de transporte internacional de mercancías) se ha aplicado con lentitud y/o ineficacia, lo que ha desalentado las inversiones privadas en el sector.

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Las emisiones de gas de efecto invernadero van en aumento en la UE en lugar de descender

Por lo que se refiere al cambio climático, la Agencia Europea del Medio Ambiente informó de que las emisiones de gas de efecto invernadero subieron en 2001 por segundo

año consecutivo, alejando a la Unión del objetivo establecido en el Protocolo de Kioto, y ello a pesar de una ralentización del crecimiento económico. De hecho, sólo cinco Estados miembros (Alemania, Francia, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido) se encuentran actualmente dentro de la trayectoria marcada o cerca de sus objetivos específicos, mientras que otros diez Estados miembros están muy por encima de los objetivos fijados (España, Irlanda, Austria y Portugal los superan en 15 puntos porcentuales o más); véase el gráfico 16.

Todos los Estados miembros se están preparando para aplicar el régimen de negociación de derechos de emisión adoptado por la UE en el mes de octubre. No obstante, las previsiones de los Estados miembros muestran que, incluso con este instrumento y otras políticas y medidas vigentes o previstas, la mayoría de ellos no alcanzará sus objetivos, a menos que se fijen metas más altas. De ello se deduce la necesidad de que adopten medidas adicionales, por ejemplo estableciendo unos objetivos más ambiciosos para los sectores cubiertos por el régimen de negociación de derechos de emisión en sus próximos planes nacionales de asignación de cuotas o introduciendo medidas rentables para hacer frente a las emisiones en sectores no cubiertos por el régimen. Varios Estados miembros ya han decidido o anunciado su intención de utilizar el mecanismo flexible del Protocolo de Kioto, además de las políticas y medidas nacionales y comunitarias, para alcanzar sus objetivos. Sólo unos pocos han previsto explícitamente destinar recursos presupuestarios a tal fin.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales de información y a la evaluación de los avances realizados y previstos, hubo Estados miembros que se retrasaron varios meses en la presentación de los datos de inventario; otros no remitieron todos los datos solicitados --o no lo hicieron con la precisión requerida (por gases y sectores)-- relativos a sus inventarios o previsiones (en particular, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España). Todos los Estados miembros deberán redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación.

3. Retos particulares de la zona del euro

En 2003, la zona del euro registró por tercer año consecutivo un débil crecimiento

Por tercer año consecutivo, los resultados económicos han sido decepcionantes. El crecimiento medio del PIB descendió gradualmente hasta una tasa de sólo el 0,4 % en 2003, la tasa de desempleo subió medio punto y alcanzó el 8,9 %, mientras que las finanzas públicas siguieron deteriorándose. Al mismo tiempo, la inflación sólo se redujo lentamente, fluctuando en torno al 2 % a lo largo de 2003. No obstante, las encuestas presentan un cuadro de creciente optimismo y es probable que en 2004 se acelere el ritmo de la recuperación.

En estas circunstancias, las OGPE para 2003-2005 formulan las siguientes recomendaciones a los responsables políticos nacionales:

24. Contribuir a una política económica compatible con la estabilidad de precios.

25. Mantener a lo largo de todo el ciclo económico una situación presupuestaria ajustada en función del ciclo próxima al equilibrio o de superávit y, en su caso, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una mejora anual de, al menos, el 0,5% del PIB.

26. Analizar las causas de las diferencias de inflación para determinar los casos en que no son adecuadas.

27. Profundizar en el análisis de la evolución económica y de las medidas necesarias, centrarse en la aplicación y reforzar la representación exterior de la zona del euro.

28. Mejorar la eficiencia de los procedimientos actuales de coordinación en el ámbito de las reformas estructurales.

La política económica parece favorecer el crecimiento

La política macroeconómica fue flexible en 2003. El BCE redujo en dos ocasiones los tipos de interés, en un total de 75 puntos básicos, situando el tipo de referencia mínimo en un nivel del 2 %. Si se evalúan a la luz de la llamada "regla de Taylor" [10], los tipos de interés a corto plazo se han adaptado a la ralentización de la actividad económica. La política presupuestaria en la zona del euro fue, en líneas generales, neutra, ya que el saldo primario ajustado en función del ciclo se mantuvo inalterado. Con todo, no puede excluirse que el debate público sobre la viabilidad de las finanzas públicas y la voluntad aparentemente menor de respetar el PEC hayan influido en la confianza de los consumidores. El fuerte aumento paralelo de la tasa de ahorro de las economías domésticas y del déficit presupuestario parece apuntar claramente en ese sentido; por otra parte, el aumento del consumo público en la zona del euro coincidió con una disminución del gasto privado. En 2003, el tipo de cambio del euro se apreció un 8 % en términos nominales efectivos. Esto acarreó alguna pérdida de cuota de mercado de los exportadores de la zona del euro en el mercado mundial; en cambio, el impulso antiinflacionista positivo aún no ha repercutido de forma visible en los precios al consumo.

[10] Según la regla de Taylor, el tipo de interés a corto plazo apropiado depende de dos variables: la tasa efectiva de inflación y la magnitud de la brecha de producción. Cualquier desviación de estas dos variables respecto de su valor objetivo debería traducirse en un ajuste del tipo de interés a corto plazo en función de la ponderación de ambas variables en la regla de Taylor.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

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La aplicación de las orientaciones relativas a las políticas presupuestarias es preocupante

En los últimos años se ha deteriorado la situación presupuestaria en la zona del euro. El déficit presupuestario nominal anual ha aumentado en tres puntos porcentuales del PIB desde 2000 [11] hasta alcanzar un déficit del -2.8 % del PIB en 2003. El funcionamiento de los estabilizadores automáticos es la principal razón de esta evolución. La desviación también se debe, en parte, a la adopción de medidas discrecionales conducentes a un aumento del déficit. En su conjunto, el saldo presupuestario ajustado en función del ciclo empeoró entre 2000 y 2003 en 0,4 puntos porcentuales.

[11] La cifra relativa a la capacidad neta de financiación de la zona del euro en el año 2000 incluía beneficios excepcionales por valor del 1,1 % del PIB procedentes de la concesión de licencias de telefonía (UMTS).

Según las previsiones económicas de la Comisión (otoño de 2003), tres de los cuatro Estados miembros de la zona del euro que en 2002 tenían una situación presupuestaria ajustada en función del ciclo próxima al equilibrio o de superávit, a saber, Bélgica, España y Finlandia, lograron mantener tal posición en 2003 y seguirán haciéndolo en 2004. Vistos los presupuestos nacionales y presumiendo que las políticas no se alterarán en 2005, Irlanda y Austria también podrían alcanzar una posición saneada de aquí a 2005. No obstante, en el caso de Austria ahora parece improbable que la reducción de impuestos proyectada (del 1 % del PIB) vaya a ir acompañada de recortes equivalentes del gasto, lo que daría lugar a un deterioro considerable del saldo presupuestario balance ajustado en función del ciclo en 2005.

Entre los Estados miembros de la zona del euro que no alcanzaron el objetivo mencionado, se prevé que tan sólo Irlanda, los Países Bajos y Portugal hayan mejorado en 2003 su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo en al menos un 0,5 % del PIB. Según las previsiones, Francia y los Países Bajos estarán en condiciones de ajustarse a esta orientación en 2004. Aunque se espera cierta mejora en el déficit ajustado en función del ciclo de Alemania, este país, al igual que los Estados miembros restantes (Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal), probablemente no alcanzará la mejora exigida para 2004. Al contrario, partiendo del supuesto de que las políticas se mantendrán inalteradas, las situaciones presupuestarias ajustadas en función del ciclo de Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal posiblemente se deteriorarán de manera sensible en 2004 y/o 2005. Esto apunta de forma inequívoca a la necesidad de adoptar nuevas medidas en 2004.

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Los tres países en situación de déficit excesivo están teniendo dificultades para corregirlo. Tanto Alemania como Portugal han realizado importantes esfuerzos en respuesta a la recomendación de poner fin a esta situación. Según las previsiones, se espera que, mediante la aplicación de medidas excepcionales, el déficit nominal de Portugal se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2003, aunque con el riesgo de volver a superar este límite en 2004. En el caso de Alemania, se han adoptado en 2003 medidas equivalentes al 1 % del PIB, aproximadamente, cumpliéndose de este modo parte de la recomendación del Consejo de enero de 2003. Ahora bien, dadas las condiciones cíclicas adversas, las medidas adoptadas resultan inadecuadas para poner fin a la situación de déficit excesivo en el año 2004. Francia no parece haber tomado medidas efectivas para corregir los desequilibrios presupuestarios y, a la luz de las perspectivas económicas actuales, es probable que persista la situación de déficit excesivo, con un déficit claramente por encima del 3 % del PIB en 2004.

A la vista de la evolución expuesta, la Comisión, con arreglo a los apartados 8 y 9 del artículo 104 del Tratado, adoptó sendas recomendaciones destinadas a Alemania y Francia señalando que no se habían tomado medidas efectivas (Francia) o que las medidas no eran las adecuadas (Alemania) y que ambos Estados miembros debían actuar para remediar la situación de déficit excesivo. No obstante, a la luz de la debilidad de sus economías, la Comisión recomendó que se concediera a ambos Estados miembros un año adicional, es decir, hasta 2005, para situar su déficit por debajo del 3 % del PIB. El 25 de noviembre de 2003, el Consejo rechazó las recomendaciones de la Comisión y alcanzó un acuerdo al margen del Tratado, suspendiendo de facto su aplicación en lo relativo a los apartados mencionados de su artículo 104. El Consejo tomó nota de los compromisos adquiridos por ambos países de reducir sus déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2005.

Las diferencias de inflación siguen siendo importantes

En los tres primeros trimestres de 2003, las diferencias de inflación en la zona del euro, expresadas mediante la diferencia entre la tasa de inflación (IPCA) del Estado miembro con

mayor inflación y la del Estado miembro con menor inflación o mediante la desviación típica no ponderada, se han reducido ligeramente en comparación con el año pasado, aunque siguen siendo superiores a las del primer año de la UEM.

Por lo que se refiere a la zona del euro, la dispersión de la inflación que se observa desde la introducción del euro no parece ser significativamente superior a la de otras uniones monetarias. Es más o menos comparable con la que se aprecia entre las ciudades de EE.UU. y ligeramente superior a la que se da entre las regiones de ese país o entre las de algunos Estados miembros. Desde una perspectiva histórica, la dispersión de la inflación en la zona del euro parece baja. El carácter particular de la zona del euro y la experiencia relativamente corta a este respecto invitan, no obstante, a interpretar con cautela los resultados de estas comparaciones.

Gráfico 20: Diferencias y dispersión de la inflación, zona del euro

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A nivel nacional, se ha de destacar que desde el comienzo de la tercera fase de la UEM algunos países han registrado unos diferenciales de inflación persistentes respecto de la media de la zona del euro, en particular en los sectores principales que entran en el cálculo de la inflación básica (índice de precios al consumo armonizado con excepción de la energía y los productos alimentarios no transformados). Por un lado, las diferencias de inflación pueden considerarse un mecanismo normal de ajuste en una unión monetaria. Habida cuenta de que, por definición, el instrumento del tipo de cambio nominal ya no está disponible a efectos de la política nacional, los ajustes nacionales necesarios en una unión monetaria recaen sobre la evolución relativa de precios y salarios. Por otro lado, la persistencia de los diferenciales de inflación podría indicar que ciertas rigideces estructurales impiden un ajuste armónico y requieren una actuación política a nivel nacional para evitar un deterioro injustificado de la competitividad. El hecho de que la política monetaria única esté destinada a salvaguardar la estabilidad de precios en la zona del euro en su conjunto y, por tanto, no pueda utilizarse para combatir los diferenciales de inflación específicos de los países pone de relieve la importancia de proseguir las reformas estructurales. Éstas aumentan el potencial de crecimiento, preservan la competitividad a largo plazo en el ámbito nacional y aumentan, además, la flexibilidad de las economías nacionales, facilitando de esta manera el proceso de ajuste a las perturbaciones comunes o específicas de un país y reduciendo el alcance de los diferenciales de inflación prolongados.

Con todo, debe reconocerse que, a corto plazo, las diferencias en la rapidez y el alcance de la aplicación de las reformas estructurales pueden acentuar temporalmente la dispersión de la inflación entre los Estados miembros.

Debe fortalecerse la representación exterior de la zona del euro

La coordinación de la política económica ha demostrado ser cada vez más beneficiosa, como se observó en la primavera de 2003, por ejemplo, cuando la creciente incertidumbre económica derivada del conflicto de Iraq exigía un enfoque político coherente. Contrariamente al aumento de los precios del petróleo que se produjo en el año 2000, los Estados miembros se abstuvieron de adoptar medidas nacionales aisladas y acordaron una línea común en los foros internacionales. Las discusiones sobre el impacto de la importante apreciación del euro ocurrida en 2003 también se desarrollaron de forma más ordenada que cuando se depreció, lo cual ha fortalecido la credibilidad del marco político de la UEM.

Aunque el inicio de la UEM supuso un cambio fundamental para el sistema monetario internacional, aún no se ha plasmado en una mayor afirmación del papel internacional de la zona del euro. La necesidad de fortalecer la representación exterior de la zona del euro en las instituciones y foros internacionales pertinentes ha sido plenamente reconocida por la Convención, y ello con el objetivo de garantizar que la importancia política de esta zona sea proporcional a su peso económico. Si bien esta cuestión se ha debatido en distintos grupos de trabajo, no se ha alcanzado ninguna conclusión clara y, en el texto del proyecto de Constitución, este aspecto se mantiene básicamente inalterado. Al margen del debate en el seno de la Convención, no puede señalarse ninguna mejora real y tangible en lo relativo a la representación de la zona del euro en el ámbito internacional. Con todo, la preparación de la posición de los países de la zona del euro en el FMI, por ejemplo, ha mejorado ligeramente, al menos en lo que se refiere a cuestiones sobre las que puede alcanzarse un consenso y adoptarse un enfoque común.

La estrategia de Lisboa ha contribuido a que se tenga mayor conciencia e interés por las reformas estructurales

La estrategia de Lisboa, que está en el centro del proceso de reforma estructural, ha aumentado la conciencia y el interés por las políticas a medio plazo que fomentan, de manera simultánea, el crecimiento, el pleno empleo, mejoras en el sistema social europeo y un desarrollo sostenible. Ello ha requerido una racionalización de los instrumentos de coordinación de las políticas a fin de aumentar la coherencia y complementariedad de los distintos procesos. De este modo, en el año 2003 las Orientaciones Generales de Política Económica se adoptaron, por primera vez, como parte de un "paquete de directrices", que también contenía las Orientaciones de empleo y la Estrategia para el mercado interior. Asimismo, se puso un mayor énfasis en el seguimiento de la aplicación cuando el Consejo adoptó, por primera vez, unas conclusiones sobre el informe de aplicación de 2003, en las que declaraba, entre otras cosas, que dicho informe era un instrumento útil para hacer un seguimiento de la evolución y brindar orientación sobre áreas en las que resulta especialmente necesario seguir avanzando. La Presidencia italiana señaló que el Consejo empezaría a celebrar en el transcurso del año unos debates regulares relativos a la aplicación. En noviembre de 2003 se dedicó un primero desayuno de trabajo al seguimiento dado hasta ese momento a las OGPE para 2003-2005, sobre todo en lo relativo a la viabilidad de las finanzas públicas. Si bien parece demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre la eficacia de los procesos de coordinación existentes, la racionalización introducida debería haber aumentado la coherencia entre los distintos conjuntos de orientaciones y debería limitar la carga que representan las obligaciones de información para los Estados miembros.

Con vistas al futuro, la estrategia de Lisboa será objeto de un examen a mitad de su recorrido, en el año 2005, a fin de convertirla en una estrategia más eficaz para alcanzar los objetivos establecidos en los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo. Por otra parte, las decisiones sobre las perspectivas financieras para después de 2006 se adoptarán sobre la base de las prioridades políticas y de los objetivos fijados en el marco de la estrategia de Lisboa. El método abierto de coordinación, que se concibió con motivo del lanzamiento de la estrategia de Lisboa, se está utilizando cada vez más para coordinar las políticas comunitarias y de los Estados miembros en diversos sectores, como I+D, educación y protección social.

4. Aplicación por los Estados miembros: Evaluación preliminar.

En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que figura anejo se recoge información más detallada sobre la manera en que las políticas económicas de los Estados miembros han respondido hasta la fecha a los retos identificados y a las recomendaciones específicas que figuran en las OGPE 2003-2005. Dado que la presente Comunicación ofrece una primera apreciación, intermedia, sobre los avances logrados y los Estados miembros tienen dos años más para completar la aplicación de las recomendaciones y tratar los problemas, la evaluación completa sólo se podrá realizar dentro de dos años, a saber, en el Informe de Aplicación de 2006. Sin embargo, una evaluación preliminar sobre el grado de aplicación actual puede ofrecer una perspectiva útil de los Estados miembros que han avanzado en la buena dirección para hacer frente adecuadamente a los retos. En algunos casos las reformas emprendidas o previstas permiten ya una evaluación más profunda.

Como el número y naturaleza de los problemas es diferente según los Estados miembros, es difícil comparar el grado de aplicación entre ellos. Algunos de estos problemas exigen más, y a menudo son más difíciles de resolver que otros. En el siguiente resumen sobre los avances logrados en los distintos Estados miembros, se utiliza la expresión 'plenamente abordadas' cuando las actuaciones adoptadas o propuestas para resolver el problema van en la buena. La expresión 'en gran parte abordadas' se utiliza cuando se han tomado medidas pero estas no cubren todavía la totalidad del problema ni todas las recomendaciones. La expresión 'en parte abordadas' se usa cuando se han adoptado o propuesto acciones políticas respecto a una pequeña parte de los problemas y las recomendaciones. Si todavía no se ha procedido a abordar los problemas y las recomendaciones, se utiliza la expresión 'aún no iniciado'.

Debe subrayarse que esta evaluación de la aplicación por los Estados miembros de las recomendaciones, no puede reflejar una comparación absoluta de sus resultados y mejoras. De ello se desprende que un Estado miembro puede estar teniendo resultados relativamente satisfactorios en comparación con otro y a pesar de ello no aplicar o planificar medidas para hacer frente a los problemas y aplicar las recomendaciones específicas. En el Informe de primavera 2004 de la Comisión, Anexo 1 del presente documento, se indican los resultados absolutos (en términos tanto de avance como de nivel) de los Estados miembros basados en la lista restringida de los indicadores estructurales.

Sobre la base de la información detallada de cada país puede considerarse que todos los Estados miembros han empezado a abordar sus problemas. Mientras que Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y el Reino Unido parecen estar haciendo frente, en general, a los retos identificados de forma satisfactoria, parece haber margen de mejora en los demás.

4.1 Bélgica

En líneas generales, Bélgica parece estar abordando los tres problemas identificados. La cuestión y recomendaciones relativas a las finanzas públicas de las OGPE 2003-2005 se están abordando en gran medida. El elevado coeficiente de la deuda sigue descendiendo con regularidad y los superávit primarios, si bien reduciéndose, siguen siendo importantes. Se han tomado medidas para limitar el crecimiento de los gastos reales pero el incremento sigue siendo mayor que el. En 2003 prosiguieron los preparativos para las implicaciones presupuestarias del envejecimiento de la población, fundamentalmente estimulando el empleo, pero todavía queda mucho que hacer para garantizar la viabilidad a largo plazo.

También parece que se han abordado ampliamente la cuestión y recomendaciones del mercado de trabajo. Se han llevado a cabo algunas actuaciones para hacer frente a la elevada tasa de desempleo entre los trabajadores más mayores. Se ha avanzado en la reducción de las distorsiones en los sistemas de ventajas fiscales para los incentivos al trabajo con un mayor enfoque en la parte fiscal.

Por último, parece que se han abordado en parte las tareas y recomendaciones relativas a la competencia, la administración pública y el entorno empresarial. Se han producido mejoras en el marco normativo de las telecomunicaciones, servicios postales y ferrocarriles, y los mercados de la energía se han abierto a la competencia en Flandes. Sin embargo, no se ha avanzado en el fomento de la competencia en los servicios locales y se ha suspendido la reforma de la administración pública.

4.2 Dinamarca

En líneas generales, Dinamarca parece que está abordando las dos tareas identificadas. La relativa a la viabilidad fiscal a largo plazo, y las recomendaciones correspondientes, parece que se está abordando en su totalidad. La reforma fiscal, que tiene por finalidad incrementar la mano de obra, se aplicará en 2004. En lo que respecta a la reforma del mercado laboral se han adoptado algunas medidas para hacer más estrictas las normas de admisibilidad. La realización de los objetivos sobre el crecimiento del consumo público exigirá disciplina en el respeto de los acuerdos presupuestarios en todos los niveles de la administración, incluida la congelación de los impuestos.

La tarea y recomendaciones para incrementar la competencia y mejorar la eficiencia en el sector público parece que se ha abordado en gran parte. Ya en 2003 se tomaron algunas medidas para incrementar la competencia y se han identificado algunos obstáculos normativos a la competencia, si bien ésta sigue siendo débil en muchos sectores. Las reformas de los servicios de asistencia social han incrementado la competencia y el gobierno ha presentado planes para hacer un mayor uso de la evaluación comparativa y reducir las cargas administrativas.

4.3 Alemania

En su conjunto, Alemania parece estar abordando los cuatro grandes retos identificados. Las medidas adoptadas en el Parlamento permiten pensar que se están abordando ampliamente las tareas y recomendaciones relativas al mercado laboral. Se han aplicado y propuesto medidas para reformar el sistema de prestaciones y fiscalidad que reducen el acceso a las prestaciones de desempleo y fomentan los empleos de baja remuneración. Se ha avanzado algo en un sistema más flexible de formación de salarios pero las autoridades deberían avanzar más en esta flexibilidad en función de las aptitudes y las regiones. Se ha empezado a trabajar para mejorar la eficiencia de las políticas activas del mercado laboral, pero aún hay margen para avanzar más.

También por lo que respecta al incremento de la productividad y a la eficiencia del sistema educativo, las recomendaciones parecen haberse seguido en gran parte. Se puso en marcha una iniciativa para mejorar el entorno empresarial mediante la reducción de los trámites administrativos y la reglamentación excesiva. Además la legislación sobre competencia se adaptará a las normas de la UE y la legislación sobre competencia desleal se suavizará. También se han propuesto medidas para mejorar la educación primaria y secundaria, pero su éxito dependerá de la aplicación que hagan los Estados federados.

Por lo que respecta a las finanzas públicas, las cuestiones y recomendaciones recogidas en las OGPE 2003-2005 sólo parecen haber sido abordadas parcialmente. A pesar de la aplicación de medidas compensatorias por el 1% aproximadamente del PIB, se espera que el déficit público haya superado el 4% del PIB en 2003. Tras la confirmación por las autoridades alemanas de que el déficit de 2004 superará el límite del 3%, la Comisión formuló recomendaciones para que se decidiera que se había producido una actuación inadecuada y para permitir que, teniendo en cuenta la débil situación de la economía, el déficit público descendiera por debajo del 3% del PIB en 2005, lo que el Consejo rechazó. El Consejo tomó nota de los compromisos de Alemania de 25 de noviembre de 2003 para reducir el déficit ajustado en función del ciclo en un 0,6% en 2004 y como mínimo un 0,5% del PIB en 2005 para garantizar que el déficit público general no supere el 3% del PIB en 2005.

Por último, parece que se han abordado las tareas y seguido ampliamente las recomendaciones sobre la viabilidad a largo plazo. Se han propuesto medidas para hacer frente al problema del envejecimiento demográfico, en concreto la introducción de un factor de viabilidad para contener el incremento de los pagos de pensiones. Las modificaciones en la supervisión de los planes privados de pensión y los ajustes en el aumento de las prestaciones deben ir acompañados, sin embargo, de una reforma estructural del sistema de pensiones.

4.4 Grecia

En general, Grecia no parece estar abordando todavía lo suficiente las tres grandes cuestiones identificadas. Las que se refieren a las finanzas públicas, y las recomendaciones de las OGPE 2003-2005, parece que se han tratado en parte. Como los superávit primarios disminuyen, la reducción solicitada del coeficiente de deuda depende en gran medida del éxito del programa de privatización anunciado. Hasta la fecha no se han aplicado las suficientes medidas para controlar con eficacia el gasto público y no se ha hecho ni previsto nada para proseguir las reformas del sistema de la seguridad social.

Las recomendaciones sobre el incremento de la productividad parecen haber sido abordadas en gran parte. El gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas para acelerar la transición hacia la economía basada en los conocimientos, mejorar el entorno empresarial y simplificar el sistema fiscal. En el ámbito de la competencia en los sectores energéticos, se dieron pasos en la buena dirección pero todavía deben reforzarse para garantizar que la competencia es efectiva.

Por último, parece que las tareas y recomendaciones que atañen al mercado laboral se han abordado en parte. Se han aplicado algunas medidas para mejorar los incentivos laborales, en particular para las mujeres y los trabajadores poco cualificados, pero no se ha avanzado en la reducción de los costes no salariales tal como se había solicitado. Todavía no se han tomado medidas para cambiar el procedimiento de negociación de los salarios.

4.5 España

En líneas generales, España no parece que esté abordando suficientemente las tres tareas identificadas. Las recomendaciones correspondientes al mercado laboral parece que se han abordado parcialmente. Se han aplicado medidas para incrementar la participación femenina mediante incentivos fiscales y disponer un mayor número de servicios asistenciales. Además, algo se ha progresado hasta la fecha en la supresión de las distorsiones fiscales que obstaculizaban la movilidad geográfica de los trabajadores. Sin embargo, no se han producido cambios en el sistema de negociación salarial, incluida la utilización de cláusulas de indexación, y está todavía pendiente la reforma solicitada de la legislación sobre la protección del empleo para reducir la segmentación del mercado laboral.

Las tareas y recomendaciones sobre el incremento del bajo nivel de productividad parece que se han abordado en gran medida. Se han puesto en marcha varias iniciativas para reforzar la economía basada en los conocimientos. También se ha avanzado en la mejora del entorno empresarial mediante incentivos fiscales y reducción de los trámites administrativos. En relación con la competencia, se ha avanzado algo en el mercado de la electricidad mientras que no se ha abordado su eficacia en la distribución al por menor.

Por último, las tareas y recomendaciones definidas para la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece que se han abordado en parte. Se han aplicado algunas medidas para poner remedio a las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población, en concreto acciones para incrementar la tasa de empleo al tiempo que se proseguía la reducción de la deuda pública. Además, se ha previsto que el fondo de reserva para las pensiones se incremente más para llegar al 1,6% del PIB. Sin embargo, no se han adoptado medidas para reforzar el vínculo entre el esfuerzo contributivo y los derechos a las prestaciones, lo que parece indispensable para garantizar la viabilidad a largo plazo.

4.6 Francia

En su conjunto, Francia no parece que esté abordando lo suficiente las cuatro tareas identificadas. Las recomendaciones relativas a las finanzas públicas contempladas en las OGPE 2003-2005 parece que sólo se han abordado en parte. No se tomaron medidas suficientes respecto a la recomendación publicada por el Consejo en junio en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Por esta razón, la Comisión formuló recomendaciones para que se decidiera que no se habían llevado a cabo actuaciones eficaces y autorizar, teniendo en cuenta la debilidad de la economía, que el déficit público descendiera por debajo del 3% en 2005, lo que rechazó el Consejo. Éste tomó nota de los compromisos de Francia de 25 de noviembre de 2003 de reducir el déficit ajustado en función del ciclo en un 0,8% del PIB en 2004 y en un 0,6% del PIB o más en 2005 para garantizar que el déficit público total descienda por debajo del 3% del PIB en 2005.

Por el contrario, las tareas y recomendaciones sobre la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece que se ha abordado en gran parte. Se ha adoptado una amplia reforma del sistema de pensiones que prolonga el periodo de contribución que da derecho a la pensión completa y refuerza los incentivos financieros para seguir en actividad laboral. La reforma representa una mejora importante para la viabilidad fiscal a largo plazo. Se han introducido algunas medidas para controlar el gasto sanitario, pero en 2004 se ejecutará una reforma más amplia del sistema del seguro de enfermedad.

Las cuestiones y recomendaciones del mercado laboral parece que se han abordado parcialmente. En concreto, se han tomado medidas específicas para fomentar la participación de trabajadores más mayores y rentabilizar el trabajo.

Parece, por último, que se han abordado parcialmente las tareas y recomendaciones sobre el entorno empresarial y la competencia. Se han tomado medidas para reducir y simplificar la reglamentación empresarial. Ha mejorado la competencia en los mercados de la energía, si bien son los operadores los que todavía los dominan. Ha aumentado el porcentaje de transposición de las directivas sobre mercado interno (uno de los más bajos de la UE) pero también lo ha hecho el de infracciones.

4.7 Irlanda

Irlanda parece que está abordando la única tarea identificad. Ésta, y las recomendaciones referentes a la gestión de la transición a un crecimiento bajo y sostenible parece que se están abordando ampliamente. Se está trabajando para incrementar la eficacia del gasto público, fundamentalmente ampliando los procesos presupuestarios multianuales y reorganizando el sector sanitario. Se han tomado diversas medidas para mejorar los gastos de capital e incrementar el nivel de I&D. Por lo que respecta a la competencia, se están revisando medidas para distintos sectores incluida la liberalización completa de los mercados del gas y la electricidad.

4.8 Italia

De manera general, Italia no parece haber abordado suficientemente las cinco tareas identificadas. Las relativas a las finanzas públicas, y las recomendaciones correspondientes recogidas en las OGPE 2003-2005 parece que se han abordado parcialmente. Se ha avanzado poco hacia una consolidación presupuestaria duradera y el gobierno italiano ha seguido confiando en medidas específicas. Los gastos primarios siguen mostrando una elevada dificultad de compresión, lo que limita el margen de maniobra para aplicar la reforma fiscal.

Las tareas y recomendaciones relativas a la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas sólo parecen haberse abordado en parte. Sería oportuno acelerar la prevista reducción del elevado coeficiente de deuda a la vista del envejecimiento demográfico. Se presentaron al parlamento propuestas de reducir los gastos de pensión a partir de 2008.

También parece que se han abordado en parte las tareas y recomendaciones relativas al mercado laboral. Se han tomado medidas de reforma pero varios puntos importantes de la reforma del mercado laboral todavía están pendientes en el parlamento (legislación sobre protección del empleo) o no se han abordado (diferenciación salarial).

Las tareas y recomendaciones relativas a la economía basada en los conocimientos se están abordando en su totalidad. En concreto el sistema de educación primaria y secundaria se ha reformado y se han tomado diversas medidas para estimular la I&D y la innovación.

Las tareas y recomendaciones relativas al entorno empresarial y la competencia parece que se han abordado en gran parte. Las cargas administrativas para las actividades nacientes y los trámites que afectan a las empresas se han aligerado. Sin embargo la liberalización del sector de servicios y energía va a paso lento y ha seguido descendiendo el porcentaje de transposición de las directivas sobre mercado interior.

4.9 Luxemburgo

En general, Luxemburgo todavía no parece que esté abordando lo suficiente las dos tareas identificadas. La del mercado laboral, y sus recomendaciones sí parece que se esté abordando en parte. Hasta la fecha no se han tomado medidas para reducir los incentivos para una jubilación anticipada. Se ha progresado algo para reducir el flujo de entrada a las prestaciones de la pensión de invalidez estrechando los criterios de elegibilidad.

También parece que se han abordado en parte las tareas y recomendaciones relativas al entorno y el espíritu empresarial. Se ha avanzado poco en la reforma de la legislación de competencia pero se han tomado algunas medidas para fomentar el espíritu empresarial.

4.10 Países Bajos

En términos generales los Países Bajos parecen haber afrontado los tres retos señalados. El reto y las recomendaciones en materia de finanzas públicas, recogidos en las OGPE para 2003-2005 se han abordado en su totalidad. El nuevo Gobierno siguió frenando el crecimiento del gasto público por debajo de límites máximos plurianuales definidos en términos reales. Será necesario un esfuerzo adicional para garantizar que los proyectos de gasto sigan adecuándose a una situación presupuestaria próxima al equilibrio o de superávit.

Por lo que respecta al mercado laboral, el reto y las recomendaciones parecen haberse abordado en gran parte. Mientras que la reforma prevista para reducir el flujo hacia el régimen de incapacidad parece adecuada, serán precisas nuevas medidas para reintegrar a la vida activa a personas que ya se encuentran acogidas a este régimen. Se ha progresado en la reforma de otros sistemas de prestaciones con el fin de mejorar los incentivos al trabajo.

Por último, el reto y las recomendaciones en materia de incremento de la productividad parecen haberse abordado en su totalidad. El Gobierno proyecta mejorar el marco regulador de la competencia aumentando los poderes de la autoridad competente en esta materia. También se observa progreso en el fomento de una mayor presencia de la tecnología en la educación y en la mejora de la cooperación entre entidades dedicadas a la investigación y el mundo empresarial.

4.11 Austria

En términos generales, parecen haberse afrontado los tres retos señalados. El reto y las recomendaciones por lo que respecta a las finanzas públicas, recogidos en las OGPE para 2003-2005 se han abordado en gran parte. Se adoptaron medidas para lograr recortes en el gasto estructural, pero quedaron en parte compensadas por el incremento producido del gasto discrecional. Con respecto a Austria, cabe destacar una revisión completa del régimen de pensiones, que permite importantes ahorros a largo plazo y que se espera aumente la tasa de actividad de los trabajadores de más edad.

El reto y las recomendaciones en relación con la mejora de la insuficiente base tecnológica se han abordado en gran parte. Se han adoptado diversas medidas con el fin de aumentar y racionalizar las ayudas a I+D y a la innovación.

Por último, los retos y la recomendación en materia de competencia se han abordado parcialmente. Si bien se ha avanzado en el logro de una mayor eficacia competitiva en la distribución minorista, no se ha abordado el alto nivel de concentración en otros sectores. Los recursos de la autoridad de competencia siguen siendo inadecuados y las facultades de la autoridad reguladora de las telecomunicaciones insuficientes.

4.12 Portugal

En general, Portugal parece estar completando los tres retos señalados. El reto y las recomendaciones en materia de finanzas públicas incluidos en las OGPE para 2003-2005 se han abordado en gran parte. Aunque el déficit general de las administraciones públicas aumentó en 2003, si bien se mantuvo justo por debajo del 3% gracias a importantes medidas

excepcionales, se ha progresado en la reducción del crecimiento del gasto en particular con una fuerte desaceleración del consumo público. Portugal ha seguido abordando reformas en diversas áreas como el sistema sanitario y la educación, que han tenido un impacto directo en la consolidación presupuestaria.

El reto y las recomendaciones sobre productividad y dinamismo empresarial parecen haberse abordado en gran parte. Se han adoptado medidas para estimular la innovación y la actividad de I+D, mejorar la calidad de la educación y reducir el número de escolares que abandonan prematuramente sus estudios. Se ha avanzado en la dirección adecuada para mejorar la competencia en el sector del gas, aunque esta aún no se ha garantizado en el de la electricidad. Por último, en 2003 ha mejorado el índice de transposición de directivas sobre el mercado interior, si bien por debajo del objetivo previsto del 98,5%. La casi congelación salarial del sector público ha contribuido a una moderación generalizada de los salarios que posiblemente haya frenado el deterioro de la competitividad de los precios registrada en los últimos años.

Por último, parece que el reto y las recomendaciones sobre sostenibilidad a largo plazo se han abordado en su totalidad. La gran reforma del sistema sanitario avanza a buen ritmo, pero aún es demasiado pronto para valorar su impacto. Se han abordado reformas parciales del régimen de pensiones de los trabajadores del sector público y el Gobierno piensa introducir medidas adicionales.

4.13 Finlandia

En términos globales, Finlandia parece haber afrontado los dos retos señalados. El reto y las recomendaciones relativos al mercado laboral se han abordado de manera parcial. Las rebajas fiscales aplicadas y previstas conducirán a una reducción de la distorsión fiscal de un punto porcentual para los salarios más bajos. No obstante, todavía quedan por modificar los criterios de accesibilidad a las prestaciones con objeto de mejorar de los incentivos al trabajo. Apenas se ha avanzado en el sentido de que los salarios reflejen las diferencias de productividad.

El reto y las recomendaciones en materia de competencia y de eficiencia del sector público se han abordado en gran parte. Se han emprendido algunas medidas encaminadas a mejorar la competencia en el sector de las industrias de redes y los servicios no exportables. Se han tomado medidas para mejorar la eficiencia del sector público. El nuevo Gobierno ha introducido límites plurianuales de gasto para el período 2003-2007 con el fin de obtener un mayor control del gasto, de acuerdo con la recomendación.

4.14 Suecia

En términos globales, Suecia no parece haber abordado todavía satisfactoriamente los dos retos señalados. El reto y las recomendaciones sobre oferta de mano de obra se abordado sólo parcialmente. Por una parte se han adoptado medidas para retener a los trabajadores de más edad y promover la participación de inmigrantes y jóvenes en el mercado laboral. Por otra, algunas de las medias previstas podrían repercutir negativamente en la oferta de mano de obra. Además no hay proyectos concretos respecto a cuándo se dará el último paso de la reforma del impuesto sobre la renta.

El reto y las recomendaciones en materia de competencia y de eficiencia del sector público parecen haberse abordado parcialmente. Se han adoptado medidas para mejorar la competencia en algunos sectores como la construcción o la alimentación al por menor, pero aún queda por abrir el mercado de alquiler de viviendas. Se ha avanzado con respecto a la eficiencia del sector público haciendo un mayor uso de la evaluación comparativa, aunque apenas ha habido medidas para facilitar una mayor competencia en el sector de los servicios públicos.

4.15 Reino Unido

En términos globales, el Reino Unido parece haber hecho frente a los tres retos indicados. El reto y las recomendaciones sobre productividad se han abordado plenamente. La autoridad competente avanza en la mejora de la competencia en sectores concretos, como las profesiones liberales, si bien el Gobierno está siendo cauto en la desregulación de las farmacias y la liberalización de los servicios postales. Además se ha establecido una estrategia a largo plazo con objetivos cuantitativos claros para mejorar las cualificaciones básicas de la mano de obra.

También parecen haberse abordado plenamente el reto y la recomendación referentes al mercado de trabajo. Se han lanzado proyectos piloto con vistas a afrontar la cuestión de las elevadas prestaciones por enfermedad y discapacidad ("Pathways to Work") y se han mejorado los incentivos financieros ("Working Tax Credit"). Las medidas mencionadas se dirigen a un número creciente de trabajadores.

Por último, parecen haberse abordado plenamente el reto y las recomendaciones relativos a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Se han realizado reformas para garantizar que el incremento del gasto público se asigna de manera eficiente. Las autoridades se proponen examinar esta eficiencia ("Efficiency Review") y se está perfeccionando la utilización de los acuerdos sobre servicios públicos ("Public Service Agreements"), que son fundamentales en la estrategia de reforma del sector público y la mejora de sus prestaciones.

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