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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo , al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Situación sobre la aplicación de los documentos de evaluación conjunta relativos a las políticas de empleo en los países candidatos

/* COM/2003/0037 final */
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52003DC0037

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo , al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Situación sobre la aplicación de los documentos de evaluación conjunta relativos a las políticas de empleo en los países candidatos /* COM/2003/0037 final */


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES - Situación sobre la aplicación de los documentos de evaluación conjunta relativos a las políticas de empleo en los países candidatos

Antecedentes

El título sobre el empleo del Tratado de Amsterdam recoge la coordinación de la UE en materia de empleo, un capítulo importante del acervo comunitario. El objetivo de la Comisión era velar por que los países candidatos definieran políticas de empleo que los preparasen para el ingreso en la Unión y adaptasen progresivamente sus instituciones y políticas a la Estrategia europea de empleo, de modo que, a partir de su adhesión, pudieran aplicar plenamente el título sobre el empleo del Tratado. A este efecto, la Comisión comenzó en 1999 su colaboración con estos países en el ámbito del empleo. Asimismo, dicha cooperación estaba destinada a garantizar que tanto las ayudas financieras comunitarias actuales para la adhesión como los preparativos para la aplicación del FSE se centrarían en apoyar las prioridades fijadas para las políticas de empleo.

Se acordó que, en primer lugar, los países candidatos y la Comisión analizarían los principales desafíos para las políticas de empleo en los denominados «documentos de evaluación conjunta» (DEC). Las labores comenzaron con estudios de contexto financiados por la Comisión en cooperación con la Fundación Europea de Formación (ETF). La mayor parte de los países candidatos realizó amplias consultas sobre los proyectos de DEC, incluyendo los contactos con los Ministerios de Hacienda y Educación y los interlocutores sociales, lo que redundó positivamente en la coherencia entre las medidas. Los proyectos de DEC gozaron de una excelente colaboración entre los servicios de la Comisión, que velaron por la coherencia general.

La Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales y los Ministros de Trabajo firmaron estos documentos. En el año 2000 y a principios de 2001, se firmaron los primeros DEC con la República Checa, Eslovenia, Polonia y Estonia; a finales de 2001 y principios de 2002 fueron seguidos de Malta, Hungría, Eslovaquia, Chipre y Lituania; y en el otoño de 2002, se firmaron los documentos con Rumanía y Bulgaria. A principios de 2003 se firmarán los DEC con Letonia. La cooperación con Turquía aún está poco avanzada; se está preparando el estudio de contexto.

Los países candidatos y la Comisión acordaron supervisar la aplicación de los compromisos adquiridos en los documentos de evaluación conjunta. Poco después de la firma de estos documentos, se debatieron sus principales compromisos en seminarios técnicos entre la Comisión y representantes de distintos Ministerios, las autoridades regionales, los servicios públicos de empleo y los interlocutores sociales para instar a la acción política. A finales de la primavera de 2002, los países candidatos enviaron informes de situación sobre la puesta en práctica de los compromisos adquiridos en los DEC. La Comisión y representantes de los países candidatos revisaron estos informes en una segunda serie de seminarios técnicos.

El Consejo Europeo de Goteburgo, celebrado en junio de 2001, pidió a los países candidatos que incorporasen a sus políticas nacionales los objetivos de la UE en los ámbitos económico, social y medioambiental que sustentan la «Estrategia de Lisboa» y anunció que el informe de síntesis de 2003 incluiría información sobre los países candidatos a este respecto. Esta Comunicación resume los desafíos determinados en los documentos de evaluación conjunta y considera los progresos realizados. De este modo, se refiere a los retos que implican para las políticas de empleo la aplicación de los objetivos de Lisboa y la preparación de la puesta en práctica del título sobre el empleo.

1. Desafíos estratégicos en el mercado de trabajo [1]

[1] Este apartado se basa en el documento «Empleo en Europa en 2002» y en los documentos de evaluación conjunta.

Hasta hoy, la reestructuración económica ha tenido una fuerte repercusión en los mercados de trabajo de los países candidatos, especialmente en los de los países de Europa Central y Oriental. Los mercados de trabajo se encuentran todavía en proceso de ajuste, por lo que ha aumentado el desempleo. Se ha logrado un incremento significativo del empleo en el sector servicios, pero éste no ha sido suficiente para compensar las pérdidas de puestos de trabajo en la agricultura y la industria, que continúan siendo los sectores que ofrecen más empleo en la mayor parte de los países candidatos. Teniendo en cuenta la rapidez con que se está desarrollando la reestructuración, los documentos de evaluación conjunta determinan una serie de retos estratégicos fundamentales para el mercado de trabajo.

* Aumento de las tasas de ocupación

Por regla general, las tasas de ocupación son inferiores a las de la UE (cuadro 1), con tasas muy elevadas de desempleo en Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Las bajas tasas de ocupación en los países candidatos se deben principalmente a los bajos índices de empleo masculino. Actualmente, ninguno de los países candidatos cumple los dos objetivos en torno al empleo establecidos en Lisboa. Respecto al objetivo general del 70 %, Chipre es el más cercano con un 67,9 %, y Polonia el más distante con un 53,8 %. Al igual que la mayor parte de los Estados miembros, la mayoría de estos países se encuentra aún muy lejos del objetivo establecido en el Consejo de Estocolmo con relación a la tasa de ocupación para el grupo de mayor edad. Si bien en la actualidad el crecimiento económico se debe, a menudo, únicamente a incrementos fuertes en la productividad, en el futuro dependerá tanto del crecimiento de la productividad como de un aumento del empleo. Ambas condiciones son esenciales para alcanzar una verdadera convergencia del nivel de ingresos en la UE ampliada.

* Aumento de la necesidad de mano de obra

En la mayoría de los países candidatos, una característica del proceso de transición ha sido la considerable disminución de la población activa. Más recientemente, la tasa de actividad se ha estancado en la mayor parte de los países --si bien el nivel es alto en la República Checa y Eslovaquia-- y ha continuado descendiendo en Rumanía, Estonia y Lituania. En Hungría, ha iniciado el ascenso, pero a partir de un nivel muy bajo. En 2001, la mitad de los países candidatos poseían tasas de actividad inferiores a la media de la UE (cuadro 1) [2]. La mayoría de los países candidatos debe invertir esta tendencia negativa de la población activa y lograr el retorno al mercado de trabajo de una parte importante de la población en edad de trabajar como condición previa al desarrollo económico y social.

[2] Eurostat no dispone de datos sobre la población activa en Malta. Según la EPA nacional, la tasa de actividad (grupo de edad 15-64 años) se situó en el 58,0 % en 2001.

* El funcionamiento del mercado de trabajo debería contribuir a la reestructuración de la economía

La rápida reestructuración está siendo el motor del crecimiento económico, por lo menos en los países candidatos de Europa Central y Oriental, y parece que el ajuste estructural continuará después de la adhesión.

La importancia de la agricultura para las economías de algunos países candidatos continúa siendo muy superior que en la UE (gráfico 1), pero el alto índice de trabajadores agrícolas no se refleja en una cuota proporcionalmente elevada de valor añadido bruto, y los niveles de productividad son muy inferiores a la media de la UE. Este dato resulta especialmente preocupante en los casos de Rumanía, que posee una cuota en aumento de empleo agrícola superior al 40 %; en Bulgaria, con un índice del 28 % [3]; y en Polonia, con una tasa de casi el 20 %. Letonia y Lituania parecen estar a medio camino en el ajuste del empleo agrícola, con índices aún en torno al 15 %, a partir de un 20 % aproximadamente que tenían a finales de los años noventa.

[3] Conforme a los datos de la OIT, basados en recuentos nacionales y utilizados en el DEC.

Si bien Chipre posee una estructura sectorial semejante a las economías de la UE, más orientadas al sector servicios, en la mayor parte de los países candidatos el sector industrial es más importante que en la UE (gráfico 2) y aún no se ha completado el proceso de reestructuración industrial. Hungría logró el mayor cambio en la estructura industrial con un nivel de empleo en este sector comparable a varios países de la UE y con un aumento continuo de la ocupación en el sector servicios. En la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia y Estonia y, en cierta medida, en los otros países bálticos, las reservas de mano de obra en la industria parecen seguir siendo muy importantes. El empleo en el sector servicios se está incrementando en estos países, pero es aún insuficiente para absorber el exceso de mano de obra.

Estas variaciones sectoriales afectan en mayor medida a unas regiones que a otras. El hecho de que la creación de empleo en el sector servicios se produzca principalmente en las ciudades más importantes, puede aumentar la brecha entre el empleo y el desempleo respecto a las regiones agrícolas e incrementar las divergencias regionales a medio plazo. Aunque estas fluctuaciones forman parte del necesario proceso de ajuste, las políticas de desarrollo regional deben abordar sus efectos negativos en el empleo.

Es evidente que en todos los países existe un potencial importante para el aumento de empleo en los servicios (gráfico 3). Para explotar plenamente este potencial, las políticas y las instituciones deben garantizar que las estructuras del mercado de trabajo permitan la adaptación de las personas y gestionen el cambio económico de modo que se pase de industrias en declive a industrias modernas.

* Aumento de los niveles de cualificación de la mano de obra en el contexto de la reestructuración y de las futuras presiones vinculadas al mercado único

El proceso continuo de reestructuración ha incrementado las disparidades respecto a la obtención de empleo entre los distintos grupos de cualificaciones. La tasa de empleo entre los trabajadores más cualificados es notablemente mayor que en el grupo de los escasamente cualificados, incluso si se compara con los ya elevados diferenciales de la UE (gráfico 4), hecho que también se refleja en mayores índices de desempleo para los trabajadores con escasa cualificación. Los cambios previsibles en las estructuras de empleo sectorial de estos países sugieren que continuará aumentando la demanda de mano de obra más cualificada (gráfico 6).

La menor participación en el mercado de trabajo se conjuga con la evolución demográfica que, al igual que en la UE 15, da lugar al envejecimiento de la población y la disminución de la población en edad de trabajar. La población activa está envejeciendo en la mayor parte de los países candidatos y, por tanto, la oferta de cualificaciones necesitadas para cubrir las nuevas demandas dependerá en gran medida de la actualización y el reciclaje de las competencias que posee la mano de obra actual.

Debe invertirse un esfuerzo importante en la actualización de las competencias de los trabajadores si los países candidatos desean aumentar su productividad a los niveles necesarios para ser competitivos en una UE ampliada.

2. Medidas comunes determinadas en los documentos de evaluación conjunta

Teniendo en cuenta el contexto expuesto en el apartado anterior, la revisión llevada a cabo en los documentos evaluación conjunta ha determinado las siguientes medidas.

2.1 Asegurar que las evoluciones salariales y el sistema de fijación de salarios sean favorables al empleo ...

En la mayor parte de los países candidatos, las evoluciones salariales parecen corresponder, en general, a las tendencias de productividad a escala económica. Dado el nivel tan reducido de empleo que, en muchos países, está estancado o en descenso, se plantea la cuestión de si los interlocutores sociales no podrían hacer más para garantizar que la evolución salarial facilite la creación de empleo.

Es importante que los salarios reflejen mejor los niveles de formación y especialización de los trabajadores. Se ha informado de progresos realizados especialmente en Estonia, Hungría, República Checa, y también en Eslovenia, Lituania, Letonia y Polonia. Pero en muchos países candidatos, los desequilibrios laborales y la escasez de mano de obra, junto con la persistencia de un índice de desempleo elevado, indican que los interlocutores sociales deberían reconsiderar si la fluctuación salarial es la señal más convincente para las personas que invierten en capital humano y para facilitar la movilidad entre sectores y regiones.

Dados los índices tan reducidos de empleo de los trabajadores sin cualificación, los costes laborales de los trabajadores menos cualificados no deberían disuadir de su contratación para puestos de trabajo de salario moderado, a la vez que los salarios netos que se ofrezcan a estos trabajadores deberían ser lo suficientemente atractivos como para que los desempleados o inactivos los busquen y acepten. En todos los países candidatos, se están llevando a cabo reformas importantes que incluyen la reconsideración de los salarios mínimos y de los sistemas contributivos y de prestaciones sociales, reformas en las que deben invertirse renovados esfuerzos.

... y que los sistemas contributivo y de prestaciones sociales apoyan el empleo

El nivel de carga fiscal y de seguridad social en los países candidatos es, como mínimo, comparable al observado en los Estados miembros, lo que resulta muy elevado teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico de estos países, y provoca una cuña fiscal alta especialmente en Lituania, Letonia y Hungría, comparable a Alemania, Suecia o Francia, que se encuentran entre los Estados miembros con la mayor carga fiscal de la UE (cuadro 2).

La reducción de la carga fiscal a los trabajadores progresa lentamente. No existen soluciones sencillas, ya que ello requeriría una reforma de todo el sistema contributivo, y los ingresos procedentes de los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social sirven para financiar las prestaciones sociales y las medidas que se aplican a las personas afectadas por la rápida reestructuración. Además, las reformas se complican por la situación presupuestaria actual, que es tan ajustada. Se podría aumentar la base de ingresos por impuestos y crear un margen para la acción en el extremo más bajo de la escala salarial si se hace frente a la evasión y el impago de impuestos, y se transforma el trabajo no declarado en empleo regular.

En muchos países candidatos, la proporción neta de prestaciones sustitutorias, concretamente de asistencia social, comparada con los ingresos laborales, desincentiva para aceptar un puesto de trabajo, especialmente en el caso de las personas poco cualificadas. La mayor parte de los países se encuentra ante una situación conflictiva al tener que reducir simultáneamente la pobreza y las trampas del desempleo, ya que las prestaciones se utilizan para garantizar un nivel mínimo de subsistencia. Cuando se concibieron los actuales sistemas de protección social en los países de Europa Central y Oriental, tras el colapso de los anteriores, a menudo no se consideró que un objetivo esencial del régimen de prestaciones es estimular y fomentar la búsqueda de un puesto de trabajo. Por tanto, además de dar una mayor especifidad a las prestaciones y la asistencia social económica en función de los ingresos, las medidas deben concentrarse en mejorar la coherencia entre la protección de los ingresos y las políticas de activación del mercado de trabajo para apoyar una actitud más participativa y promover la actividad económica y el empleo en el sector regular.

2.2 Invertir en recursos humanos y solucionar el problema de las lagunas de formación

La mayoría de los países ha emprendido reformas a fondo de sus sistemas de educación inicial y formación profesional que, a veces, incluyen la desconcentración o la devolución de responsabilidades a la escala regional. Estas reformas ya están dando resultados positivos en cuanto a que se ha incrementado la tasa de jóvenes en la enseñanza general, los cuales, de este modo, pueden adquirir los amplios conocimientos que exige la sociedad de la información moderna.

Varios países y, especialmente, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Rumanía y Bulgaria presentan índices considerables de abandono de los estudios y fracaso escolar. De entre los cuatro países candidatos que participaron en el estudio de PISA [4], sólo la República Checa se sitúa en la media de la OCDE. Deben concentrarse esfuerzos en mejorar la calidad de la educación inicial y la formación profesional.

[4] El estudio de PISA se concentra en los alumnos de quince años y evalúa las competencias en comprensión escrita, matemáticas y ciencias. Los países candidatos cubiertos en el estudio son la República Checa, Hungría, Letonia y Polonia.

El número de estudiantes de la enseñanza superior está aumentando en la mayor parte de los países candidatos, pero continúa siendo inferior a los niveles de la UE. Excepto en Estonia y Lituania, la participación en la educación de los estudiantes a la edad del finalizar el sistema educativo básico (15-20 años) tiende a ser más baja que en la UE, especialmente en Bulgaria y Rumanía, pero también en la República Checa y Hungría.

Las inversiones en educación son considerables en la mayor parte de los países candidatos. Excepto en el caso de Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía, el gasto público en educación como parte del PIB se encuentra al nivel o por encima del nivel de la UE y es superior en los tres países bálticos (cuadro 3).

La actualización y adaptación de los conocimientos de los trabajadores es una labor urgente en la mayoría de los países candidatos. Las empresas necesitan los marcos y los incentivos adecuados para invertir en la formación de sus empleados. La participación en la formación continua es reducida, excepto en la República Checa y Estonia, donde se encuentra al nivel de muchos Estados miembros actuales y es superior a España y Grecia (gráfico 5). El concepto del aprendizaje permanente se reconoce, por regla general, pero se carece de estrategias operativas, marcos, incentivos y recursos.

Tanto en lo que respecta a los gastos como a los participantes, las medidas de formación todavía ocupan una posición poco importante en la gama de medidas de apoyo activo que se ofrecen a los desempleados. La situación es especialmente crítica en los países que están en curso de una considerable reestructuración de su economía y deben continuar este proceso.

En general, las reformas en curso de los sistemas de educación y formación, el desarrollo de las capacidades de aprendizaje permanente y el refuerzo de la calidad seguirán necesitando una transferencia de recursos que es, con frecuencia, difícil de lograr, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias.

2.3 Permitir que los servicios públicos de empleo desempeñen un papel efectivo

Unos servicios de empleo eficaces constituyen un instrumento importante de las medidas de empleo en una época de transición económica y reestructuración. Los servicios públicos de empleo (SPE) tienen una función esencial en la adaptación de las personas a las nuevas circunstancias, fomentando la movilidad y la flexibilidad y contribuyendo a la adquisición de las competencias necesarias en los sectores económicos en expansión. En la mayoría de los países, los SPE creados a principios de los años noventa están en reforma continua y en proceso de modernización. Las últimas reformas pretenden ofrecer un papel más importante a los SPE en la puesta en práctica de medidas activas del mercado de trabajo. Como muestra la proporción de los desempleados respecto al personal de los SPE (cuadro 4), la capacidad de éstos es especialmente reducida en Letonia, Lituania y Bulgaria, dado el nivel actual de desempleo, y podría necesitar un refuerzo en Rumanía para hacer frente al probable aumento del desempleo, debido a la reestructuración en curso.

El marco se ha creado ya, pero es necesaria su aplicación. Si bien está progresando la evolución hacia un enfoque de orientación al cliente, los SPE deben desempeñar un papel más activo respecto a las empresas. Es conveniente reforzar la capacidad de los SPE fundamentalmente en las oficinas locales, donde están en contacto directo con los desempleados y las empresas. La capacidad de los SPE para desarrollar un enfoque más activo y preventivo requerirá la oportuna asignación de fondos para la financiación y el personal, al igual que invertir esfuerzos destacados en el personal actual.

2.4 Promover un planteamiento de medidas activas y preventivas

La progresión de medidas activas fue impulsada por el surgimiento de un desempleo masivo en los años noventa. Dado el alto índice de desempleo y, especialmente, del desempleo de larga duración, los niveles y las proporciones de gastos para programas activos parecen bastante reducidos comparados con la UE. La mayor parte de los países invierten menos en medidas activas que Grecia y Portugal, que se sitúan en el nivel más bajo de gastos activos en la UE (cuadro 5). El cambio hacia un planteamiento preventivo está progresando en Eslovenia, y en la República Checa y Malta se han tomado las primeras iniciativas en esta dirección.

Al igual que en otros ámbitos, las restricciones presupuestarias limitan la expansión de los programas activos. Si bien la mayor parte de los países candidatos necesita probablemente incrementar la proporción de los recursos que destina a las medidas activas, a muy corto plazo se podría mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo mediante una transferencia de los recursos entre las distintas medidas, concretamente hacia la formación, una mayor especifidad de las acciones y el seguimiento de la repercusión. Una concepción y una selección cuidadosas de los objetivos son particularmente relevantes en el caso de las medidas de formación para reducir al máximo el efecto de «peso muerto». Igualmente importante es una intervención temprana y más individualizada en la atención a los desempleados y la promoción de una búsqueda de empleo activa mediante una mejor conexión entre los sistemas de prestaciones y el apoyo activo.

2.5 Velar por la cohesión social y la integración de las minorías étnicas

La mayoría de los países candidatos poseen grupos de minorías étnicas significativos, la mayor parte de los cuales se encuentran en una posición desfavorecida en el mercado de trabajo. Algunos de estos grupos --los roma, en particular-- deben enfrentarse a grandes dificultades por lo que se refiere a su integración en la sociedad y se encuentran en grave riesgo de la exclusión social y la pobreza. En su caso, la escasa participación en el mercado de trabajo es la consecuencia de discriminaciones acumuladas respecto al acceso a la educación, los servicios sociales, la vivienda y la asistencia sanitaria.

Se están invirtiendo esfuerzos en una mejor adecuación de las disposiciones sobre educación a las necesidades de las minorías (posibilidad estudiar en lenguas minoritarias, tutorías y profesorado de grupos minoritarios, etc.) en países con importantes minorías étnicas, especialmente Rumanía, pero deben intensificarse. Ya existen numerosos proyectos de integración individual, generalmente organizados por ONG. Existe una sensibilización sobre el problema, que se refleja en el desarrollo por parte de los Gobiernos de estrategias de integración globales que suelen incluir medidas relativas a la educación y al mercado de trabajo, pero la evolución es lenta, especialmente en Eslovaquia, y la aplicación práctica también es irregular en Bulgaria. La integración de las minorías --la de los roma, especialmente-- es un asunto fundamental para abordar la exclusión social. Deben acelerarse los progresos en el establecimiento de las condiciones apropiadas y la asignación de recursos para que se pongan en práctica estrategias de integración a una escala significativa.

2.6 Modernizar el mercado de trabajo: un papel esencial para la cooperación social

El proceso de transformación incluyó un cambio radical en el funcionamiento del papel «social» de las empresas y, especialmente, en el modo en que se daban «garantías laborales» a los trabajadores. Se ha progresado en gran medida por lo que respecta a las medidas públicas y la reforma de las empresas, proponiéndose con firmeza la necesidad de innovar la organización y las condiciones del trabajo. Está asimismo claro que el desarrollo de un nuevo marco para la flexibilidad y la seguridad y de una cultura de modernización de la organización y las condiciones de trabajo lleva su tiempo, y depende considerablemente de las actuaciones de los interlocutores sociales, los trabajadores, las empresas y sus representantes. Por consiguiente, se presentan desafíos fundamentales no sólo para los Gobiernos, sino también para los interlocutores sociales.

En este contexto, los interlocutores sociales y las autoridades públicas deberían cooperar para velar por que una mayor flexibilidad y adaptabilidad del mercado de trabajo regular ayude a la transferencia de empleo de la economía sumergida al sector regular.

En todos los países candidatos, los interlocutores sociales participan en la determinación de medidas mediante estructuras consultivas tripartitas. También participan, por regla general, en los principales órganos de ejecución y, en particular, en los SPE, de nuevo por vía de la gestión tripartita o de órganos consultivos. En diversos países, el diálogo social autónomo de tipo bipartito permanece poco desarrollado y, en un mínimo de casos, apenas existe.

Aún no existen las condiciones básicas para una participación significativa de los interlocutores sociales en cuestiones en que deberían desempeñar un papel fundamental, tales como las relaciones laborales en general y la fijación de salarios en particular, la adaptabilidad de las empresas y la mano de obra y la garantía de un equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad. En este ámbito, es urgente hacer progresos considerables, teniendo en cuenta los retos a que deben enfrentarse la mayoría de los países candidatos por lo que se refiere a la modernización de su organización del trabajo, incluyendo la formación y las disposiciones sobre el tiempo de trabajo para los empleados.

2.7 Promover la igualdad de oportunidades

En todos los países de Europa Central y Oriental, solía haber una participación elevada de las mujeres en el mercado de trabajo que descendió espectacularmente en los primeros años de la transición. En fechas más recientes, aunque la participación femenina está estancada o continúa su curso descendente en diversos países, ha aumentado en Letonia, Eslovaquia, Bulgaria y Chipre. En algunos de estos países, la participación de más mujeres constituyó prácticamente todo el incremento de mano de obra en el mercado. Los índices de actividad de las mujeres se encuentran actualmente al nivel de la UE o por encima de éste, excepto en Malta [5], Hungría y, en menor medida, Bulgaria (cuadro 1). El índice de empleo femenino es superior o se encuentra al nivel de la UE salvo en Hungría, Malta, Polonia, Bulgaria y, en menor medida, Eslovaquia. El desfase en el empleo femenino tiende a ser inferior que en la UE en conjunto, pero este dato también refleja los índices especialmente bajos de empleo masculino. En contraste con los modelos de la UE, en diversos países candidatos, especialmente en los países de Europa Central y Oriental, el desempleo de las mujeres no es muy superior al de los hombres, pero el paro femenino se caracteriza por un mayor número de mujeres altamente cualificadas sin ocupación y las mujeres desempleadas suelen también necesitar más tiempo para encontrar un puesto de trabajo. Los mercados de trabajo de los países candidatos presentan mayor segregación por género y existen diferencias salariales considerables por el mismo motivo.

[5] Conforme a la EPA nacional, el índice de actividad femenina (grupo de edad 15-64 años) ascendió al 34,2 % y el índice de empleo de las mujeres (grupo de edad 15-64 años) al 31,6 % en 2001.

Los responsables políticos son conscientes de la necesidad de que se respete la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y se han creado marcos jurídicos y estratégicos en relación con el cumplimiento del acervo, que ahora deben aplicarse plenamente. En general, los progresos son lentos en otras iniciativas que se requieren para apoyar una mayor participación de las mujeres. Apenas se han desarrollado normativas sobre el tiempo de trabajo que favorezcan a la familia, aparte de disposiciones básicas para la maternidad y los permisos por motivos familiares. La mayor parte de los países candidatos tienen también que desarrollar instalaciones para el cuidado de los niños a precios asequibles, especialmente los países de Europa Central y Oriental, en que este tipo de centros desaparecieron con el colapso del sistema anterior.

2.8 Potenciar la capacitación para diseñar políticas adecuadas y medidas mixtas (coordinación entre distintos ámbitos) y garantizar la aplicación

En el documento estratégico de la Comisión de 2002 titulado «Hacia una Unión ampliada» [6], se destaca la necesidad de desarrollar las capacidades administrativas que permitan el progreso y la aplicación de las medidas en todos los terrenos, incluyendo el empleo y la política social. Los documentos de evaluación conjunta también ponen de relieve que los países candidatos deben mejorar la planificación y la puesta en práctica de capacidades para responder a los complejos retos en materia de políticas laborales a los que se enfrentan en un periodo de rápida reestructuración. La combinación de las distintas dimensiones de las políticas de empleo debe ser apropiada y adecuarse a la estrategia general de política económica.

[6] «Hacia una Unión ampliada», documento estratégico e informe de la Comisión Europea sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos con vistas a la adhesión, COM(2002) 700 final.

A este respecto, es decisiva la cooperación entre los distintos Ministerios y el sistema educativo. En la mayor parte de los países candidatos, es necesario desarrollar los SPE como organismos clave para la puesta en práctica de medidas activas. Las políticas de empleo requieren una fuerte contribución de los interlocutores sociales, especialmente por lo que se refiere a su responsabilidad de promover la modernización del mercado de trabajo.

Los preparativos administrativos para la gestión del FSE en muchos países candidatos son motivo de preocupación, especialmente en lo referente a la gestión y el control financieros. Deben acelerarse los preparativos y debe incidirse especialmente en una asignación suficiente de personal que reciba la formación adecuada para estar convenientemente cualificado. Es esencial que estos preparativos se lleven a cabo no sólo en las administraciones centrales, sino también en los organismos intermediarios y los beneficiarios finales y, en particular, en las estructuras regionales de aplicación del FSE.

2.9 Garantizar la disponibilidad de recursos para las políticas de empleo, incluyendo la inversión en capital humano y las infraestructuras sociales

Las políticas de empleo tal y como se describen en los documentos de evaluación conjunta requieren la movilización de los recursos para la inversión en políticas activas del mercado de trabajo, en capital humano y en la infraestructura social correspondiente. Ésta es una tarea tripartita. En primer lugar, se requiere una reconsideración de la estructura de las finanzas públicas para transponer los compromisos políticos de los Gobiernos a niveles adecuados de gasto público. En segundo lugar, los Gobiernos y los interlocutores sociales deben garantizar que las personas y las empresas posean los incentivos adecuados para invertir en mejorar la empleabilidad y actualizar los conocimientos. Tercero, los Gobiernos deben garantizar que los fondos comunitarios se utilizan plenamente en línea con las prioridades establecidas y que no se pierde el tiempo a partir del momento en que se disponga de los Fondos Estructurales.

3. Próximos pasos

La presente Comunicación confirma que los países candidatos han progresado en la transformación del funcionamiento de sus mercados de trabajo y en el diseño de las políticas a fin de avanzar hacia los objetivos de la Estrategia europea de empleo. No obstante, los progresos son muy variables.

Deberá proseguir la colaboración entre los futuros Estados miembros y la Comisión antes de la adhesión, centrándose en cuatro ámbitos:

* Las labores conjuntas en los documentos evaluación conjunta y su seguimiento están siendo ya de utilidad para elaborar los planes nacionales de desarrollo (PND), que los futuros Estados miembros deberán entregar a más tardar, a principios de 2003. Éstos establecerán el marco para el desarrollo del empleo y de los recursos humanos, incluyendo las opciones y las prioridades políticas para la futura financiación del FSE, y deberán ser coherentes con las políticas de empleo. Concretamente, deberán abordar la necesidad de potenciar la capacitación, el diseño de políticas y su puesta en práctica.

* La revisión de la Estrategia europea de empleo concluirá en junio de 2003 con la adopción de las nuevas Directrices para el empleo, lo que permitirá a los futuros Estados miembros comenzar con las labores de sus planes nacionales de acción, que deberán presentar en octubre de 2004. En este contexto, la Comisión propone que cada futuro Estado miembro organice una revisión en profundidad de las políticas, la conformación institucional y las capacidades administrativas con relación a la política de empleo y las actividades vinculadas al FSE. Estas revisiones deberán llevarse a cabo en la primavera y el verano de 2003.

* Los futuros Estados miembros participarán a partir de 2003 en las denominadas «medidas de incentivación del empleo» (MIE). Las actividades de estas medidas podrán serles de utilidad para progresar más rápidamente. La Comisión propone concentrar las actividades de las medidas de incentivación del empleo de 2004 en el apoyo a las labores preparatorias previas a la participación en la Estrategia europea de empleo.

* La Comisión propone en su documento estratégico de 2002 relativo a la ampliación [7] que, tras la firma del Tratado de adhesión, representantes de los futuros Estados miembros participen como observadores en el Comité de empleo y en el Comité del FSE.

[7] Véase la nota a pie de página nº 6.

La colaboración con Rumanía y Bulgaria continuará en el marco del seguimiento de los documentos de evaluación conjunta. Considerando la importante reestructuración económica y social que tienen por delante estos dos países, y en el marco de la ayuda financiera incrementada de la UE a partir de 2004, los fondos de preadhesión relativos a la modalidad de subvenciones con cargo al FSE podrían contribuir notablemente a la nueva distribución de la mano de obra y al desarrollo del apoyo a los recursos humanos en sintonía con las prioridades determinadas en los DEC. La preparación de un documento de evaluación conjunta con Turquía comenzará tan pronto este país haya completado su estudio de contexto.

La Comisión presentará un informe final sobre el seguimiento de los documentos de evaluación conjunta en otoño de 2003.

ANEXO

Gráfico 1

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Nota:

- Debido a la elevadísima proporción de personas que ejercen actividades agrícolas además de otra ocupación principal en Bulgaria, la EPA no facilita una estimación precisa del empleo total por sectores.

- Eurostat no dispone de datos sobre la población activa con relación a Malta.

Fuente: EPA, Eurostat. Año 2000 respecto a Suecia.

Gráfico 2

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Fuente: EPA, Eurostat. Año 2000 respecto a Suecia.

Gráfico 3

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Fuente: EPA, Eurostat. Año 2000 respecto a Suecia.

Gráfico 4

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Nota: Las barras (y las líneas) representan la diferencia --en puntos de porcentaje-- entre las tasas de empleo de los trabajadores altamente cualificados (educación del tercer ciclo completada) y escasamente cualificados (nivel completado inferior a la educación secundaria superior), desglosado por género (para el total).

Fuente: EPA, Eurostat. Año 2000 respecto a la UE.

Gráfico 5

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Nota:

- Formación profesional continua (FPC): medidas o actividades de formación financiadas total o parcialmente por las empresas para sus empleados con contratos de trabajo. A efectos de esta encuesta, «empleados» se refiere a las personas contratadas, excluyendo a los aprendices y becarios.

- Empresas formadoras: número de empresas que facilitan FPC a sus empleados como porcentaje del número total de empresas.

- Participantes: número de empleados que asistieron a uno o más cursos de FPC a lo largo de 1999 como porcentaje del número total de empleados

Fuente: Segunda encuesta de la formación profesional continua en las empresas (2ª EFPC), Eurostat.

Gráfico 6

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Nota: Las cinco categorías que figuran en el gráfico se basan en la Norma internacional de clasificación de las ocupaciones ISCO-88. La agregación se ha realizado al nivel de 1 dígito (el nivel más elevado de agregación). Las cinco categorías son (los códigos figuran entre paréntesis):

- Trabajadores no manuales altamente cualificados (100 + 200 + 300): legisladores, funcionarios en puestos directivos y gerentes (100); profesionales (200); técnicos y otras profesiones similares (300).

- Trabajadores no manuales de cualificación intermedia (400): empleados con tareas administrativas (400).

- Trabajadores no manuales escasamente cualificados (500): trabajadores de servicios, comerciantes y dependientes (500).

- Trabajadores manuales cualificados (600 + 700): trabajadores de artes y oficios (700). Este grupo incluye a los trabajadores de la construcción, la metalurgia y la maquinaria, los artesanos en madera, textil y vidrio, y los operadores de forja de metales; los trabajadores agropecuarios y los pescadores cualificados (600).

- Trabajadores manuales no cualificados (800 + 900): operadores y ensambladores de maquinaria e instalaciones (800); ocupaciones elementales (900).

Fuente: EPA, Eurostat. Los datos se refieren a 2001 en el caso de los países candidatos y a 2000 respecto a la UE.

Cuadro 1

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Nota: Actualmente todos los países candidatos (excepto Turquía) facilitan datos de la EPA con arreglo a las definiciones de Eurostat. La mayor parte de estos países (excepto Chipre, Letonia y Lituania) disponen de una EPA trimestral. En «Empleo en Europa», se publican periódicamente datos en series temporales sobre el mercado de trabajo. La disponibilidad varía en función de los países: 1996-2001 (SI, HU), 1997-2001 (PL, CZ, EE, RO), 1998-2001 (LT, LV), 1999-2001 (CY, SK). Se dispondrá de los datos sobre Malta a lo largo de este año, partiendo de 2000. Por razones jurídicas, Eurostat aún no ha recibido los datos de la EPA relativos a Turquía, aunque la EPA existe en este país y las definiciones aplicadas son acordes con las directrices establecidas en el mencionado Reglamento del Consejo.

Fuente: Eurostat.

Cuadro 2 - Cuña fiscal (en porcentaje) para un trabajador medio

Bulgaria // 43

Chipre // n.a.

República Checa // 43

Estonia // 42

Hungría // 52

Letonia // 50

Lituania // 48

Malta // n.a.

Polonia // 43

Rumanía // 48,2

República Eslovaca // 42

Eslovenia // n.a.

Alemania // 47

Francia // 48

Suecia // 50

Máximo de la UE // 56 (Bélgica)

Mínimo de la UE // 29 (Irlanda)

Nota: La cuña fiscal representa el impuesto sobre la renta de las personas físicas más las cotizaciones a la seguridad social de las empresas y de los trabajadores como porcentaje de los costes laborales totales (incluyendo la contribución de la empresa).

Fuente: «El mercado de trabajo y las políticas sociales en los Estados bálticos», OCDE (el próximo estudio se publicará en 2003), datos de 2000. Bulgaria, Rumanía: DEC.

Cuadro 3 -Gasto público en educación (en porcentaje del PIB)

Bulgaria // 3,6

Chipre // 5,6

República Checa // 4,6

Estonia // 7,6

Hungría // 5,1

Letonia // 7,2

Lituania // 6,0

Malta // 5,5

Polonia // 5,4

Rumanía // 4,0

República Eslovaca // 4,0

Eslovenia // 5,6

Media de la UE // 5,0

Máximo de la UE // 8,3 (Suecia)

Mínimo de la UE // 3,5 (Grecia)

Nota: datos de 1998 respecto a Malta y Polonia; de 1999 respecto a Bulgaria, Estonia, Letonia y Eslovenia; de 2000 respecto a Chipre, República Checa y Eslovaquia; de 2001 respecto a Hungría, Rumanía y la UE.

Fuente: Monográficos por país sobre la educación y formación profesionales y los servicios de empleo de la Fundación Europea de Formación (EE, MT, PL, SK, SI), informes de situación (CY, CZ, HU, LT), DEC (BG, LV, RO).

Cuadro 4 -Proporción de desempleados respecto al personal de los SPE

Bulgaria // 214

Chipre // 203

República Checa // 236

Estonia // 228

Hungría // 286

Letonia // 300

Lituania // 360

Malta // n.a.

Polonia // n.a.

Rumanía // 182

República Eslovaca // 100

Eslovenia // 118

UE 15 // 212

Fuente: DEC, informes de situación y monográficos por país de la Fundación Europea de Formación.

Cuadro 5 - Gasto en medidas activas del mercado de trabajo (en porcentaje del PIB)

Bulgaria // 0,35

Chipre // n.a.

República Checa // 0,10

Estonia // 0,09

Hungría // 0,48

Letonia // 0,15

Lituania // 0,12

Malta // 0,18

Polonia // n.a.

Rumanía // 0,15

República eslovaca // 0,23

Eslovenia // 0,36

Media de la UE // 0,92

Máximo de la UE // 1,64 (Dinamar-ca)

Mínimo de la UE // 0,25 (Grecia, Portugal)

Fuente: DEC e informes de situación. Datos de 2001 excepto en el caso de Letonia (2000) y la República Checa. UE: Informe conjunto sobre el empleo 2002, datos de 2000.

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