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Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo - Informe final sobre el Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético"

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Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo - Informe final sobre el Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético" /* COM/2002/0321 final */


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO - Informe final sobre el Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético"

1. El Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético, aprobado por la Comisión hace más de un año, abrió un debate inédito en treinta años sobre la política energética [1]. Ese debate de ideas ha suscitado, en la mayoría de Estados miembros, una reflexión renovada sobre las opciones nacionales en el ámbito de la energía. Asimismo ha servido de referencia en algunos terceros países, como Estados Unidos (para preparar el plan Bush), Japón y Rusia. En sus conclusiones de marzo de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona "toma nota de la intención de la Comisión de presentar el informe sobre la seguridad de los abastecimientos basado en los resultados del debate generado por el Libro Verde de la Comisión sobre la seguridad del abastecimiento energético, con vistas a su próxima reunión de Sevilla".

[1] El Libro Verde y la página Web consagrada al debate figuran en la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html. Desde principios de 2002, una media mensual de 30.000 personas ha visitado las diferentes rúbricas de esta página.

2. De cara a los próximos veinte a treinta años, el Libro Verde ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales del abastecimiento energético de la Unión Europea y su fragilidad geopolítica, social y medioambiental, teniendo en cuenta los compromisos europeos en el marco del Protocolo de Kioto. La ampliación no cambia los datos del problema. El Libro Verde señaló asimismo, antes de los acontecimiento del 11 de setiembre, la necesidad de integrar en el concepto de seguridad de abastecimiento las cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones.

3. La economía europea, cada vez más energívora, se basa esencialmente en los combustibles fósiles. Estos representan las 4/5 partes de su consumo energético total (petróleo, carbón y gas natural), de las que se importan las 2/3 partes. El gas natural procedente de Rusia representa por sí solo el 20% aproximadamente de nuestro consumo. La oferta comunitaria de energía apenas cubre la mitad de las necesidades comunitarias. Si no se toman medidas de aquí al año 2030, el peso de los combustibles fósiles seguirá aumentando. Las importaciones energéticas serán mucho más importantes en los próximos treinta años y representarán el 70% de las necesidades globales. El petróleo importado podría ascender al 90%.

La dependencia de las importaciones y la parte creciente que éstas representan pueden suscitar inquietudes tanto por lo que respecta a los riesgos como a las dificultades de abastecimiento. No obstante, sería poco serio y erróneo concebir la seguridad de abastecimiento como una simple cuestión de disminución de la dependencia de las importaciones y de fomento de la producción interna. La seguridad de abastecimiento exige toda una serie de iniciativas políticas que permitan, entre otras cosas, una diversificación de fuentes y tecnologías, sin olvidar el contexto geopolítico y sus implicaciones.

4. El Libro Verde propone una estrategia clara, basada en el control de la demanda. Tiene el mérito de señalar que el margen de maniobra de la Unión sobre la oferta de energía es reducido, debido sobre todo a unos recursos propios limitados o, en ciertos casos, poco competitivos, como el carbón. Conviene, por tanto, influir en la demanda (modificarla y orientarla), contrariamente a los Estados Unidos que, en su plan energético anunciado en mayo de 2001, se dedican a responder a la demanda mediante un oferta cada vez mayor.

5. El Libro Verde planteaba trece preguntas para orientar el debate general, que han sido objeto de numerosas respuestas y reacciones por parte tanto de los Estados miembros, incluidas las Cámaras de Representantes y las regiones, como de empresas, asociaciones de consumidores y ONG. El Consejo formuló conclusiones provisionales y el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron su dictamen [2].

[2] Se adjunta un resumen de las respuestas proporcionadas a las preguntas del Libro Verde.

Esas reacciones tan numerosas demuestran que la reflexión del Libro Verde respondía a una necesidad y su análisis confirma el respaldo que han obtenido las orientaciones del Libro Verde y la mayor parte de las propuestas. También ha podido emprenderse un debate desapasionado sobre la posición y el papel de la energía nuclear, que ha contribuido a aclarar los debates nacionales.

6. Existe un acuerdo prácticamente unánime sobre el eje estratégico de control de la demanda: es preciso modificar y orientar el consumo de energía. Las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2002 de Barcelona, que hacen especial hincapié en la necesidad de una mayor eficiencia energética de aquí al 2010 y una adopción rápida de las propuestas en materia de fiscalidad energética, constituyen un apoyo político evidente a esta prioridad. Sin esperar a que finalice el debate, la Comisión ha hecho propuestas, muy bien acogidas en este sentido, de carácter reglamentario y no sólo de fomento o de intercambio de buenas prácticas, algunas de las cuales ya han sido adoptadas por el Consejo y el Parlamento Europeo.

Se trata en concreto de la directiva sobre la producción de electricidad mediante fuentes renovables, adoptada en 2001, por la que los Estados miembros se comprometen a cumplir los objetivos nacionales de consumo futuro de electricidad generada mediante fuentes de energía renovables, instaurar un sistema de certificación de origen de la electricidad ecológica y establecer medidas de acompañamiento para facilitar su penetración en el mercado interior. Con este marco reglamentario, el 22% del consumo de electricidad de la Unión en 2010 debería producirse a partir de fuentes de energía renovables.

Se trata también de la propuesta de directiva sobre el ahorro energético en los edificios, que proporciona un marco legislativo preciso para limitar el consumo de energía en este sector, que representa el 40% de la energía consumida en la Unión Europea. Ahora bien, en condiciones adecuadas de ahorro y eficiencia, se podría economizar alrededor del 22% de ese consumo. La directiva propuesta contribuirá a alcanzar este objetivo gracias al establecimiento, en los edificios nuevos y existentes, de una metodología común para elaborar y actualizar de forma periódica las normas mínimas de rendimiento energético, que deberán adoptar los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad, así como los sistemas de certificación. Este dispositivo se completa con un mayor control de las instalaciones de calefacción y refrigeración.

Por último, se trata asimismo de propuestas reglamentarias y fiscales de la Comisión para la promoción de los biocarburantes, que prevén que estos representen en la Unión un porcentaje mínimo del conjunto de carburantes vendidos a partir de 2005 del 2% inicialmente y hasta un 5,75% en 2010. A más largo plazo, el desarrollo de carburantes de sustitución, incluidos los biocarburantes, permitiría técnicamente sustituir en 2020 el 20% del carburante diesel y la gasolina por estos productos para el transporte por carretera.

La aplicación de estos textos supondrá un ahorro de energía convencional del orden del 10% en los próximos años y permitirá limitar la tendencia al alza de la demanda energética de la Unión como consecuencia de un consumo creciente de los hogares y del sector terciario (estimado entre un 2% y un 4% anual de aquí al 2010 en los Estados miembros y entre un 3% y un 6% anual en los países candidatos).

Evidentemente, el ámbito de los transportes, que representa el 32% del consumo energético y el 28% de las emisiones totales de CO2, es donde el esfuerzo de reducción de la demanda resulta prioritario. Las medidas preconizadas en el Libro Blanco sobre la política de transportes para una gestión sostenible de la movilidad, un nuevo equilibrio y una auténtica complementariedad entre los modos contribuirán activamente a la realización de ese objetivo, solicitado por el Consejo Europeo de Gotemburgo. La revitalización de la vía férrea, las inversiones en redes transeuropeas y la armonización de los combustibles profesionales constituyen instrumentos adecuados para ello, así como la próxima propuesta de directiva marco sobre la tarificación del uso de las infraestructuras, cuya importancia fue subrayada nuevamente en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, a fin de que, para el 2004, los precios de los diferentes modos de transporte reflejen mejor sus costes para la sociedad.

7. Asimismo, el nuevo enfoque sobre las reservas de petróleo propuesto en el Libro Verde suscitó un amplio debate. La propuesta del Libro Verde a favor de reservas estratégicas de petróleo tendría por objeto garantizar una mayor solidaridad entre Estados miembros en tiempo de crisis. Cabe señalar que la Unión ampliada consumirá en 2004 más del 20% de la producción mundial de petróleo. Las incertidumbres geopolíticas y la volatilidad de los precios del petróleo plantean la cuestión de una mejor organización de las reservas y la coordinación de su utilización. La Comisión está analizando la necesidad de elaborar propuestas a este respecto, habida cuenta de la diversidad de posiciones. Asimismo, tuvo lugar un debate sobre la necesidad de reservas estratégicas de gas. La Comisión está evaluando la situación con objeto de establecer, entre otras cosas, si deben tomarse medidas complementarias para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado interior de la energía.

En este contexto, un diálogo reforzado entre la Unión Europea y los países productores constituye una de las condiciones esenciales para mejorar la transparencia del mercado y la celebración satisfactoria de acuerdos de abastecimiento. Este diálogo contribuye asimismo a la mejora de las condiciones de estabilidad en esos países. En el marco del debate sobre el Libro Verde, varias posiciones apoyaron esta idea. Este tipo de concertación debe mantenerse independientemente de la coyuntura internacional y de las fluctuaciones de los precios, y debe abordar asimismo los aspectos de seguridad de las instalaciones.

8. El debate sobre el Libro Verde ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar un concepto de seguridad de abastecimiento a escala del continente europeo como único medio para garantizar el control de su destino energético. El diálogo entablado por la Unión Europea con Rusia tiene por objeto crear, como se hizo patente en las cumbres de París, Bruselas y, recientemente, de Moscú, una nueva solidaridad energética. De este modo han podido tomarse medidas sobre seguridad de las redes, protección de las inversiones o identificación de grandes proyectos de interés común. Cabe esperar que ese diálogo contribuya a precisar la mejor manera de utilizar en el futuro los acuerdos de abastecimiento a largo plazo y los acuerdos de reparto de producción, que suscitaron gran inquietud entre los representantes de la industria que participaron en el debate.

9. Los esfuerzos de fomento de energías nuevas y renovables, que tan sólo representan el 6% del balance energético de la Unión, han sido poco significativos hasta ahora: según las tendencias actuales, estas no representarán más que el 9% del consumo europeo total en 2030 [3]. La propuesta del Libro Verde de financiar su desarrollo mediante las energías convencionales ha suscitado reacciones poco entusiastas.

[3] Fuente: Modelos PRIMES.

10. La energía nuclear, por su parte, sigue siendo un elemento ineludible del debate. El Libro Verde ha permitido un intercambio de opiniones franco y abierto sobre esta energía, que suscita opiniones encontradas dentro de la Unión. El Libro Verde señala que «la preocupación por el calentamiento del planeta ha alterado la percepción de las exigencias del abastecimiento energético» y que «esta cuestión se plantea especialmente en lo que se refiere a la energía nuclear» que, como fuente de producción de electricidad, permite, con las energías renovables y la eficiencia energética, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo de combustibles fósiles. El ahorro que la energía nuclear representa en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero es superior a 300 millones de toneladas de CO2 (equivalente a la mitad del parque automovilístico de la Unión). Se trata de una cifra que dista mucho de ser desdeñable y ya nadie cuestiona este hecho, teniendo en cuenta que debe apreciarse en el marco de una gran variedad de medidas que también contribuyen a la reducción de las emisiones. En su Programa europeo sobre el cambio climático, la Comisión anunció un conjunto de medidas que potencialmente permitirían una reducción de las emisiones de CO2 de entre 122 y 178 millones de toneladas, y sigue estudiando la diferentes posibilidades de reducir las emisiones.

La desaparición progresiva o las moratorias decididas por algunos Estados miembros en cuanto a la industria nuclear no afectarán a la capacidad de la Comunidad para alcanzar los objetivos de Kioto en la medida en que tales decisiones, según los proyectos previstos, no surtirán efecto hasta después de 2012. A medio y largo plazo y en el estado actual de los conocimientos, hay que tener en cuenta el hecho de que el abandono total de la energía nuclear significaría que el 35% de la producción de electricidad tendría que proceder de fuentes de energía convencionales y renovables, a lo que deberían añadirse esfuerzos considerables en materia de eficiencia energética, así como el hecho de que se prevé un aumento de la demanda de energía.

En este contexto, el abanico de posibilidades de los Estados miembros, sin perjuicio de la soberanía de sus decisiones en la materia, debe seguir siendo lo más amplio posible. La opción nuclear sigue abierta en los Estados de la Unión Europea que lo deseen, como ocurre en Japón, Estados Unidos, Canadá u otras partes del mundo.

No obstante, una enseñanza fundamental del debate sobre el Libro Verde es que el futuro de esa opción exige una respuesta clara, segura y transparente a la cuestión del tratamiento de los residuos radiactivos y de su transporte [4]. Por su parte, la Unión Europa se ha comprometido, en el Sexto Programa Marco de investigación 2000-2006, a apoyar la investigación sobre la energía nuclear y, en concreto, la mejora de la gestión de los residuos [5]. En este contexto, cabe señalar que la seguridad nuclear fue abordada por primera vez como tema específico en las negociaciones de ampliación en curso. Concretamente, la Unión ha instado a los países candidatos que utilizan ciertos tipos de reactores nucleares muy antiguos que no pueden modernizarse a un coste razonable a que se comprometan a su cierre anticipado con arreglo a un calendario determinado. Como señaló en el Consejo Europeo de Gante, la Comisión considera que tales compromisos deberían incluirse con mayor motivo en el Tratado de adhesión. Desde 1999, la Comisión ha venido movilizando fondos comunitarios significativos para la labor de desmantelamiento en los tres países en causa.

[4] Una encuesta realizada en octubre-noviembre de 2001 para la Comisión Europea (Eurobarómetro) muestra que la mayor parte de los encuestados (2/3) considera que si la gestión de los residuos nucleares encuentra una solución de seguridad satisfactoria, la energía nuclear debe seguir siendo una posibilidad abierta para la producción de electricidad.

[5] De este modo, de un presupuesto total de 17.500 millones de euros para el próximo programa marco, la investigación nuclear se beneficia de un presupuesto total de 1.230 millones de euros, de los que 750 millones se destinan a la fusión nuclear.

La cuestión de la seguridad nuclear en el marco de una Unión ampliada sigue siendo fuente de gran preocupación para la mayoría de los participantes en el debate sobre el Libro Verde. En este sentido, no es de extrañar que el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 solicitara un nivel elevado de seguridad nuclear en el conjunto de la Unión ampliada, con el establecimiento de informes periódicos a este respecto.

La próxima etapa será el examen por parte de la Comisión de una propuesta que abra la vía a una auténtica estrategia comunitaria de la seguridad nuclear en forma de normas y prácticas comunes y de mecanismos de control y de revisión inter pares a escala europea. Asimismo, la Unión podría contribuir a avanzar rápidamente hacia soluciones sostenibles para la gestión de los residuos radiactivos, fijando plazos precisos a escala comunitaria para introducir sistemas nacionales de almacenamiento de residuos más eficaces.

11. Las propuestas concretas sobre la armonización fiscal y la cuestión de la tarificación en el ámbito de los transportes se enfrentan a reticencias. Sin embargo, la ausencia de armonización fiscal conduce a distorsiones de competencia entre Estados miembros. Además, el desarrollo sostenible exige medidas arancelarias y fiscales para tener en cuenta los efectos externos negativos. El Consejo Europeo de Barcelona dio un nuevo impulso a esas propuestas al solicitar la adopción de la directiva sobre imposición de la energía para finales de 2002. En este sentido, el sistema europeo de derechos de emisión propuesto por la Comisión debe concretarse rápidamente.

El mercado interior de la energía contribuye a establecer una competencia sana, garantizar la seguridad de los abastecimientos energéticos y reforzar la competitividad de la economía europea, y exige una mejor utilización de las capacidades transfronterizas existentes. Una situación de fallo del suministro eléctrico, como el ocurrido en California, no es posible en el mercado interior, que está regulado por normas en materia de inversión, competencia, acceso a los recursos y a las redes de transporte, que le protegen contra este tipo de ruptura. Contrariamente a una idea muy extendida, el mercado interior de la energía no sólo tiene por objeto reducir sistemáticamente los precios aplicados a los consumidores, sino también establecer un precio justo de conformidad con las obligaciones de servicio público. A instancia del Consejo Europeo de Estocolmo, se ha realizado un informe del grado de apertura de los mercados (evaluación comparativa), que confirma una de las disposiciones fundamentales del Libro Verde, es decir, la necesidad de una mayor apertura del mercado del gas y la electricidad combinada con nuevas necesidades de regulación y evaluación.

El comercio intracomunitario de electricidad, hasta ahora limitado (8% de la producción), adolece de falta de infraestructuras de interconexión. Como señala el Consejo Europeo de Barcelona, una utilización más adecuada de las redes existentes y el establecimiento de las conexiones que faltan contribuirán a una mayor seguridad de abastecimiento a largo plazo. En este sentido, la Comisión ha propuesto, como se anuncia en el Libro Verde, un plan europeo para el desarrollo de infraestructuras de gas y electricidad y la cofinanciación prioritaria, con arreglo al presupuesto de las redes transeuropeas, de una docena de proyectos de interconexión declarados de interés europeo. De una manera general, el Consejo Europeo de Barcelona ha dado un paso decisivo hacia la realización del mercado interior de la energía, al decidir garantizar a todos los consumidores industriales y comerciales la libre elección del proveedor de gas y de electricidad a partir de 2004.

12. En el debate sobre el Libro Verde, algunos participantes, en particular el Parlamento Europeo, planteaban dudas con respecto a la escasez de medios de la Unión Europea desde el punto de vista jurídico e institucional para aplicar una política energética adaptada a las deficiencias potenciales de su abastecimiento.

No puede negarse, sin embargo, que la Unión Europea ha hecho muchos progresos en el ámbito energético utilizando diversos instrumentos: la realización del mercado interior de la energía, basándose en las disposiciones del capítulo que trata de la aproximación de las legislaciones, el fomento de las energías renovables, con arreglo a los artículos relativos a la protección del medio ambiente, o incluso el desarrollo de las redes de gas y electricidad en virtud del capítulo sobre las redes transeuropeas.

Una consecuencia que puede extraerse del debate es la necesidad de pensar en un concepto global de seguridad de los abastecimientos. Tal política exigirá una acción de previsión a largo plazo, mecanismos de seguimiento del mercado, instrumentos políticos y el refuerzo de las relaciones con terceros países. El debate sobre el Libro Verde ha puesto de manifiesto que, justo ahora que la Unión dispone del mercado interior de la energía más integrado del mundo, es preciso consolidar la coordinación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los abastecimientos de ese mercado.

Anexos:

(1) Respuesta general al Libro Verde

(2) Respuestas a las trece preguntas

ANEXO I - El debate sobre el Libro Verde

El debate sobre el Libro Verde (30 de noviembre de 2000 - 15 de febrero de 2002) se materializó en un gran número de contribuciones, reuniones, distribución de información, conferencias, talleres, seminarios, audiencias parlamentarias específicas, consultas en empresas y asociaciones y entre estas. El debate ha contribuido a la elaboración de documentos políticos en varios Estados miembros y terceros países. El presente anexo tiene por objeto cuantificar algunas de esas actividades.

Difusión y debates:

- alrededor de 1000 visitas diarias al sitio Web del Libro Verde (enero de 2002), con unas 340 "descargas"

- difusión de más de 20 000 ejemplares del Libro Verde y de 100 000 folletos

- más de 300 conferencias, talleres, etc. sobre el Libro Verde, 28 de ellas en países candidatos, con asistencia de comisarios y funcionarios

- programas nacionales de información sobre el Libro Verde, consultas y audiencias parlamentarias nacionales u otros actos en todos los Estados miembros

- debate en instancias comunitarias europeas: Consejo de Ministros (conclusiones iniciales), Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, Comité consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Comité científico y técnico de EURATOM, Comité consultivo de la Agencia de Abastecimiento de EURATOM y Comité consultivo de la energía.

Contribuciones escritas oficiales:

- 236 contribuciones [6] recibidas por la Comisión durante el período de consultas;

[6] Alrededor de 7000 personas enviaron respuestas idénticas, como parte de una ciberacción de Greenpeace.

- gran diversidad de fuentes:

La UE y los Gobiernos de los Estados miembros, AELC, organismos

consultivos de la política energética, parlamentos y representantes. // 33

Agencias públicas de la energía y administraciones locales. // 17

Industrias energéticas, asociaciones del sector y demás organismos técnicos. // 76

Industrias consumidoras de energía, asociaciones del sector y demás

organismos técnicos. // 30

ONG [7] y asociaciones para el fomento o la conservación de la energía. // 19

[7] Véase la nota a pie de página 1.

Sindicatos, organismos profesionales y científicos,

Universidades y grupos de estudio. // 41

Particulares // 20

Total // 236

El debate en los Estados miembros e instituciones de la UE:

Todos los Estados miembros presentaron contribuciones por escrito. En general, acogieron favorablemente el debate, así como su perspectiva a largo plazo y su enfoque integrado. La mayoría de Estados miembros organizó algún tipo de consulta pública a escala nacional, talleres con las partes interesadas, informes elaborados por organismos consultivos o debates parlamentarios, apoyando un nuevo enfoque en cuanto a sus opciones energéticas.

Por ejemplo, la Comisión especial sobre la Unión Europea de la Cámara de los Lores británica realizó una encuesta sobre el Libro Verde, con audiencias durante varias semanas. La Comisión sobre la Unión Europea del Parlamento danés presentó una contribución. Se celebraron audiencias parlamentarias en Italia, Suecia y España, y el Libro Verde fue objeto de debate en los parlamentos de la mayor parte de los Estados miembros, a menudo con participación de la Comisión. La vicepresidenta fue invitada a participar en varias ocasiones. El debate público y la participación de los interesados fueron vivamente recomendados. En Italia, por ejemplo, el ministerio competente organizó una serie de nueve jornadas de debate nacional sobre temas del Libro Verde, con una gran participación de las partes interesadas. El ministerio de los Países Bajos organizó debates entre expertos y partes interesadas antes de elaborar su contribución. En Alemania, además de los análisis efectuados a nivel federal, se organizaron debates en varios Estados federados. En varios Estados miembros, como España e Irlanda, además de la contribución gubernamental, diversos organismos técnicos que asesoran al Gobierno sobre cuestiones energéticas presentaron contribuciones pormenorizadas. Estos ejemplos ponen de manifiesto el efecto multiplicador del debate sobre el Libro Verde en los Estados miembros. En este contexto, las contribuciones de los Estados miembros fueron en general completas y detalladas.

Las contribuciones ponen de relieve los ámbitos en los que existe un consenso claro con respecto a su pertinencia para la seguridad del abastecimiento y la importancia de encontrar el medio más eficaz para avanzar. Se trata, por ejemplo, del refuerzo de las relaciones entre la UE y los países productores, la diversificación, las energías renovables, el ahorro de energía y la eficiencia energética. En otros ámbitos, las contribuciones reflejan divergencias de opinión en cuanto a la importancia de la cuestión y la necesidad y el alcance de un enfoque común. No obstante, todos los Estados miembros respaldan la atención prestada al problema de la seguridad del abastecimiento y al debate sobre el Libro Verde.

El Consejo, en sus conclusiones iniciales de mayo de 2001, acogió favorablemente el Libro Verde y el debate, y subrayó la necesidad de una estrategia a largo plazo a escala nacional y europea para aumentar la seguridad del abastecimiento energético en la UE. El Consejo reconoció que debía abordarse la gestión de la dependencia del suministro y el crecimiento de la demanda, así como el impacto sobre la seguridad del abastecimiento de las políticas y medidas existentes o previstas, en especial el mercado interior de la energía. En diciembre de 2001, el Consejo prosiguió su examen, centrándose en la seguridad física de las infraestructuras (tras los acontecimientos del 11 de setiembre), las reservas y el refuerzo del diálogo entre la UE y los países productores.

La seguridad del abastecimiento energético fue uno de las cuestiones tratadas en un estudio complementario del Consejo Europeo de Niza, que solicitó que se examinaran las disposiciones existentes para garantizar la seguridad del abastecimiento en la UE de ciertos productos importantes desde un punto de vista estratégico. El Consejo Europeo de Barcelona incluyó la seguridad de abastecimiento en sus prioridades económicas y energéticas.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución muy completa, basada en los trabajos exhaustivos del ponente, Sr. Chichester (PPE, Reino Unido). En los debates mantenidos tanto en comisión como en sesión plenaria, destacó la variedad de contribuciones, cuestiones y puntos de vista. Hubo consenso sobre algunos temas y divergencias de opinión sobre otros. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía fue la comisión competente para esta cuestión, que también fue abordada y examinada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Asimismo tuvieron lugar una audición pública y una audición con la vicepresidenta.

En su extensa y detallada resolución [8], el Parlamento confirma que la seguridad del abastecimiento constituye un problema al que la Comisión, el Consejo y los Estados miembros deben dar gran prioridad y celebra el Libro Verde como base de debate. El Parlamento considera prioritarios sobre todo la eficiencia y el ahorro energéticos. Solicita el fomento de un enfoque "inteligente" del uso de la energía, que convierta a Europa en la economía más eficaz del mundo desde el punto de vista energético. Los parlamentarios abogan por la diversidad, sobre todo en materia de infraestructuras y fuentes de energía locales y renovables, y exigen un tratado para estas últimas. Consideran demasiado limitadas las hipótesis del Libro Verde, en especial por lo que respecta a la demanda, las energías renovables y la cogeneración, y solicitan que se elaboren hipótesis más completas. El aspecto medioambiental es importante en la resolución del Parlamento. Por ejemplo, apoya una iniciativa europea para el desarrollo de una central eléctrica de carbón sin emisiones. Hay divergencias de opinión en cuanto al papel de la energía nuclear y la manera de gestionarse su uso. Deben reforzarse las relaciones con los países productores y de tránsito. La cooperación con los países en desarrollo debe centrarse en la energía sostenible. El Parlamento solicita que la Comisión desempeñe un papel más importante en la coordinación de las políticas energéticas nacionales, teniendo presente el interés de la UE en su conjunto, y en el plano de la diplomacia internacional con los países productores y de tránsito, así como en las organizaciones internacionales, incluida la OMC. Aunque reconoce la importancia del principio de subsidiariedad y precisa los ámbitos en los que deben intervenir las administraciones nacionales y locales, solicita a los Estados miembros que incluyan en el Tratado CE un capítulo sobre la política energética.

[8] PE: A5-0363/01.

En su dictamen [9], el Comité Económico y Social considera positivo el Libro Verde, sobre todo su perspectiva a largo plazo. Subraya la importancia de la energía para la economía, el crecimiento y la competitividad. Recomienda vincular más estrechamente la política energética a otras políticas de la UE, en particular en el ámbito del clima, la investigación y la agricultura. Subraya la necesidad de diversificación y de un marco europeo del abastecimiento energético que reconozca las competencias de los Estados miembros en materia de energía. Recomienda mantener la parte de la energía nuclear en el abastecimiento energético al menos a su nivel actual a fin de alcanzar los objetivos sobre los gases de efecto invernadero.

[9] Dictamen del CES.

El Comité de las Regiones [10] se congratula de la atención prestada al aumento de la contribución de las energías renovables en el sector de la construcción. Recomienda que se evalúe la parte correspondiente a la energía nuclear sobre una base muy amplia y diferente a otros combustibles. Apoya que se dé prioridad a la gestión de la demanda y manifiesta su preocupación por el impacto de la liberalización del mercado energético en la gestión de la demanda. El Comité propone objetivos de eficiencia energética para los Estados miembros, acompañados de planes de acción. Considera la política fiscal un instrumento necesario para la gestión de la demanda y solicita la inclusión de un capítulo energético en el Tratado.

[10] Dictamen del CDR.

Informe intermedio de la Comisión: publicado el 03/12/ 2001, ref.: SEC(2001)1962

El texto completo de las contribuciones figura en el sitio Web del Libro Verde: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html

ANEXO II - Resumen de las contribuciones por preguntas

Pregunta nº 1: ¿Puede aceptar la Unión Europea un aumento de su dependencia de las fuentes de energía exteriores sin comprometer la seguridad de abastecimiento ni la competitividad europea- ¿Para qué fuentes de energía convendría, en su caso, prever una política de encuadramiento de las importaciones- En este contexto, ¿hay que favorecer un enfoque económico: el coste de la energía, o geopolítico: el riesgo de ruptura del abastecimiento-

Según la opinión generalizada, la respuesta clave a la creciente dependencia de las importaciones es garantizar la diversificación de fuentes de energía, países proveedores y vías de suministro.

Los participantes consideran que los responsables políticos están llamados a desempeñar un papel fundamental a este respecto, sobre todo en la creación de un clima favorable a las inversiones tanto dentro como fuera de la UE. Europa debe procurar mejorar las condiciones de inversión en terceros países por medios diplomáticos, acuerdos de cooperación y fomento de relaciones equilibradas y estables. Uno de los objetivos debe ser limitar el poder de los carteles. La diversificación debe alcanzarse asimismo a través del mercado. Algunos aducen que la apertura de los mercados a la competencia, la libertad de precios energéticos y los instrumentos de mercado constituyen la mejor manera de garantizar una combinación y una diversificación energéticas más adecuadas, y confían en la realización del mercado interior de la energía, las negociaciones del GATS y el Tratado de la Carta de la Energía.

Algunos participantes subrayan las ventajas de los combustibles sólidos y la energía nuclear para el abastecimiento energético de la UE, es decir, la seguridad derivada de la estabilidad de precios, la abundancia de reservas y la gran diversidad de proveedores. Otros opinan que en un contexto de seguridad de abastecimiento no deben olvidarse las reservas de petróleo y gas del mar del Norte. Es fundamental un marco regulador adecuado que favorezca las inversiones necesarias. Algunos recomiendan apoyar los esfuerzos de I+D en el ámbito de las reservas no convencionales. Una minoría de participantes sostiene que el mantenimiento de un "nivel básico" de producción nacional de carbón es importante para la seguridad de abastecimiento a largo plazo, mientras que otros subrayan los costes elevados y los problemas medioambientales que esto conlleva. Varios participantes proponen efectuar un seguimiento de la combinación de combustibles en Europa, las instalaciones aptas para varios tipos de combustible y las medidas de gestión de riesgos.

Algunas observaciones cuestionan el establecimiento de una política marco para las importaciones, señalando los riesgos de distorsión de la competencia, aumento de costes y precios, discriminación artificial de ciertas fuentes de energía y restricción del consumo, todo lo cual tendería a disminuir, y no a aumentar, la seguridad del abastecimiento. Muchos de los que apoyan una política europea proactiva señalan también que los aspectos geopolíticos, económicos, medioambientales y de sostenibilidad son interdependientes; otros abogan por un enfoque más radical del problema de la seguridad de abastecimiento en la UE.

Algunos participantes opinan que la dependencia de las importaciones es una consecuencia normal de la división internacional del trabajo y de la mundialización, y consideran que se pueden reducir sus riesgos mediante el comercio y las inversiones, así como a través del establecimiento de unas relaciones adecuadas entre productores y consumidores. Aducen que una mayor interdependencia puede ser benéfica y que los esfuerzos para alcanzar un objetivo de autosuficiencia energética perjudicarían a la competitividad y el bienestar económico de la UE. Una visión menos optimista aparece reflejada en las contribuciones que advierten del peligro que supone para la seguridad de abastecimiento el cartel del petróleo y del gas, fuera del control de la UE, y el fuerte incremento de la población mundial, que hará aumentar la competencia por unos recursos limitados.

Algunos participantes proponen una drástica reestructuración del sector de la energía, sobre todo por lo que respecta al desarrollo de las energías renovables, que, junto con un aumento factible de la eficiencia energética, permiten prever una reducción de la dependencia de las importaciones y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Sólo un número limitado de participantes defiende este enfoque, mientras que varios proponen toda una serie de medidas, tanto por lo que respecta a la demanda como a la oferta energéticas, para solucionar la creciente dependencia de las importaciones.

Pregunta nº 2: ¿No exige la realización de un mercado interior europeo cada vez más integrado, en el que las decisiones adoptadas en un Estado miembro repercuten en los demás Estados, una política coherente y coordinada a escala comunitaria- ¿Cuáles deberían ser los elementos de una política de ese tipo y el lugar de las normas de la competencia-

Los participantes manifiestan un fuerte respaldo a las propuestas actuales de la Comisión sobre el mercado interior de la energía. Muchos de ellos consideran que el mercado interior de la energía, si funcionara de una manera integrada y competitiva, permitiría garantizar de forma eficaz un abastecimiento seguro, por medio de un mercado más amplio y gran diversidad de proveedores, una mayor flexibilidad tanto de la oferta como de la demanda, unas señales de precios más eficaces, el aumento de la eficiencia basada en la competencia y la innovación, etc. Esta situación, sin embargo, sería la ideal. Algunos participantes observan que la seguridad del suministro eléctrico, en concreto, constituye una preocupación constante. Entre las observaciones sobre las medidas que deben tomarse figuran el desarrollo de la cooperación entre reguladores y entre GRT, el establecimiento de infraestructuras más adecuadas en una Europa ampliada y el seguimiento de las tendencias de inversión.

Numerosas observaciones se refieren al sistema energético de la UE en su conjunto (diversidad de fuentes, valor de las fuentes locales, uso complementario de diferentes tecnologías, etc.). Los Estados AELC/EEE consideran que el Libro Verde no ha tenido totalmente en cuenta su participación en el mercado interior de la energía. Repetidas veces se menciona la idea de igualdad de condiciones, entendida sobre todo como acceso de los nuevos proveedores de servicios energéticos al mercado, e internalización de los costes externos. En este sentido, se hace hincapié en el papel de la UE, especialmente por lo que respecta a la competencia y las ayudas estatales, la fiscalidad, la directiva sobre energías renovables y el marco comunitario para los instrumentos medioambientales de mercado, en particular el comercio de emisiones, los certificados ecológicos o de energías renovables, etc.

Algunos participantes, en particular el Parlamento Europeo, solicitan la inclusión en el Tratado de un capítulo sobre la energía. Otros sostienen que las competencias comunitarias existentes son suficientes. Recibe un respaldo general la idea del Libro Verde de que el mercado interior de la energía, junto con la ampliación y Kioto, están creando un contexto nuevo para la toma de decisiones de política energética en Europa.

Algunos participantes consideran que el mercado, impulsado por la necesidad de obtener beneficios a corto plazo, puede desestimar inversiones que respondan a necesidades compartidas o a largo plazo (p. ej., en materia de reservas y nuevas capacidades) y llegan a la conclusión de que en cierta medida resulta necesaria una nueva regulación. Varios Estados miembros consideran de su incumbencia preservar una capacidad de generación mínima. Algunos participantes afirman que la liberalización y las fuerzas del mercado pueden entrar en conflicto con la protección del medio ambiente, la justicia social y la seguridad de abastecimiento. Algunos observan que los aspectos sociales, sobre todo las repercusiones sobre el empleo, merecen mayor consideración. Varios participantes plantean la idea de establecer objetivos de servicio público para garantizar la calidad de servicio y prevenir la exclusión. Algunos los relacionan con las inversiones (capacidades de reserva, diversidad, etc.) y con la cuestión de saber quién debe ser en última instancia el proveedor.

Algunos participantes preconizan la elaboración de objetivos de común acuerdo por lo que respecta a la eficiencia energética, las energías renovables, etc. En relación con el principio de subsidiariedad, son numerosos los que subrayan la necesidad de flexibilidad para tener en cuenta las diferencias nacionales en cuanto a clima, tradiciones, etc. Los Estados miembros deben conservar cierto margen de maniobra para establecer los instrumentos adecuados.

El papel de la UE en el ámbito de las relaciones exteriores, considerado benéfico por numerosos participantes en el contexto del mercado mundial y de las relaciones geopolíticas, refleja asimismo la evolución del mercado interior de la energía y la ampliación. Varios participantes consideran preocupante la cuestión de los contratos de gas a largo plazo y defienden su importancia a la hora de financiar inversiones que garanticen la seguridad de abastecimiento a partir de terceros países.

Pregunta nº 3: ¿Constituyen la fiscalidad y las ayudas estatales en el ámbito de la energía un obstáculo a la competitividad en la Unión Europea- Ante el fracaso de los intentos de armonización de la fiscalidad indirecta, ¿no convendría proceder a una igualación específica para la energía teniendo en cuenta, en particular, objetivos energéticos y medioambientales-

La armonización fiscal recibe un amplio respaldo por varias razones. Para algunos convendría armonizar la fiscalidad energética en el mercado interior, pero no a costa de aumentar los impuestos. Los grandes consumidores de energía consideran que un incremento unilateral de la fiscalidad en la UE perjudicaría aún más a los consumidores europeos, que compiten en los mercados mundiales. Los productores de energías convencionales aducen que una imposición energética suplementaria pondría en peligro la explotación de las reservas autóctonas de gas y petróleo, al reducirse en la UE el atractivo para invertir en esos sectores. Otros estiman que la armonización constituye una oportunidad para promover los impuestos energéticos a fin de establecer precios más altos, considerados necesarios para fomentar la eficiencia y nuevas fuentes de energía. En su opinión, el principal objetivo del mercado interior de la energía no debería ser bajar el precio de la energía.

La idea de reexaminar la cuestión de la imposición de la energía, teniendo en cuenta los aspectos energéticos y medioambientales, está respaldada por numerosos participantes. Algunos consideran que la imposición energética debería abordarse dentro de un debate más amplio sobre la fiscalidad a escala de la UE. La perspectiva medioambiental está presente en la mayoría de las contribuciones. En el ámbito de las energías convencionales, algunos participantes de los sectores del gas, GLP y nuclear defienden un enfoque diferenciado de la fiscalidad que refleje las repercusiones medioambientales de las diferentes fuentes. Los representantes del sector nuclear figuran entre los partidarios de un impuesto sobre el carbono o una exención fiscal en toda Europa para los combustibles que no producen emisiones de carbono. Los defensores de las energías renovables y de la eficiencia energética preconizan un enfoque de la fiscalidad que tenga por objeto la internalización de los costes externos. Por norma general se trata de costes medioambientales, aunque algunos participantes añaden también los costes socioeconómicos generales. Otros participantes aceptan el principio de un enfoque basado en la internalización de los costes externos, pero consideran que todavía no están suficientemente desarrollados los métodos necesarios para su aplicación práctica.

Algunos consideran que las ayudas estatales concedidas a las energías convencionales perjudican la competitividad potencial de las energías nuevas y renovables. Numerosos participantes solicitan que se ponga fin a las subvenciones de que se benefician los combustibles fósiles. No obstante, otros defienden las ayudas estatales a la producción de carbón por motivos sociales y de seguridad de abastecimiento. Algunos participantes consideran importante mantener un "nivel básico" de producción energética nacional, sobre todo de combustibles sólidos y energías renovables, a los fines de la seguridad de abastecimiento. Una amplia mayoría de participantes de todos los sectores es favorable a las ayudas estatales a las energías renovables, durante cierto tiempo, para que puedan ser competitivas. Algunos opinan que tales ayudas se justifican mientras los costes externos sigan sin internalizarse (véase asimismo la pregunta nº 7).

Como se indica en el resumen de la pregunta nº 2, una serie de participantes considera que la política fiscal y las ayudas estatales, así como, en general, la internalización de los costes externos, contribuyen al establecimiento de unas condiciones de igualdad en el mercado interior de la energía, esenciales para lograr un mercado energético diversificado, innovador y compatible con los objetivos medioambientales.

Algunos participantes proponen otros medios distintos de la fiscalidad energética y las ayudas estatales para igualar las condiciones de competencia y alcanzar los objetivos energéticos y ambientales. Otros cuestionan la eficacia de la imposición energética a la hora de modificar el comportamiento de los consumidores, teniendo en cuenta la escasa flexibilidad de los precios de la demanda, sobre todo en el ámbito de los transportes. Los representantes de la industria proponen avanzar mediante el desarrollo tecnológico y compromisos voluntarios. Algunos señalan que los mayores inversores en energías renovables son los sectores de las energías convencionales. Resulta patente entre los participantes el amplio respaldo concedido a los enfoques compatibles con el mercado (p. ej., certificados ecológicos, comercio de emisiones). Algunos defienden enfoques holísticos para fomentar el ahorro energético y las nuevas fuentes de energía por medio de la política agrícola, la ordenación del territorio, el transporte público, etc. (véase también la pregunta nº 10).

Pregunta nº 4: En el marco de un diálogo permanente con los países productores, ¿cuál debe ser el contenido de los acuerdos de abastecimiento y de promoción de las inversiones- Habida cuenta de la importancia que debe concederse, en particular, a la cooperación con Rusia, ¿cómo garantizar la estabilidad de los volúmenes, los precios y las inversiones-

La mayoría de los participantes apoya el diálogo entre productores y consumidores, y considera que debe reforzarse, con todas las regiones y países, y a todos los niveles, es decir, bilateral, regional e internacional. Debe ampliarse el alcance de tal diálogo, de manera que abarque las cuestiones relativas al desarrollo económico y a las inversiones. Algunos sostienen que es necesario establecer un marco jurídico más adecuado, que incluya disposiciones en cuanto a los acuerdos de suministro y de fomento de las inversiones, tras lo cual se elaborarán proyectos de cooperación conjuntos. Debe fomentarse una visión común a fin de que el precio del petróleo sea más compatible con el desarrollo económico mundial.

Los participantes opinan que deben aprovecharse las relaciones políticas bilaterales normales de la UE con los países pertinentes para abordar de forma proactiva los temas energéticos, sobre todo la seguridad de abastecimiento. Según algunos participantes, el hecho de plantear por anticipado los problemas esenciales redundaría en beneficio de la política de la UE a la hora de garantizar los abastecimientos a precios asequibles y no demasiado volátiles.

Dada la importancia de la diversificación, la mayor parte de los participantes considera necesario mantener el diálogo político con todos los socios interesados, sobre todo con Rusia. La política exterior común de la UE podría promover un acuerdo entre los países ribereños del mar Caspio, el Mediterráneo, y asimismo entre los de América Latina.

Los participantes afirman que el establecimiento de una confianza política debe ir acompañado por la creación de las condiciones necesarias para fomentar las inversiones. Los aspectos geopolíticos y económicos de las relaciones son interdependientes. El fomento de las inversiones en los países productores y de tránsito es especialmente importante para la seguridad del abastecimiento energético de la UE. Se trata de inversiones de gran envergadura que, como señalan varios participantes, ofrecen la posibilidad de desarrollar una interdependencia ventajosa para todos. En opinión de algunos participantes, el aumento de la dependencia de las importaciones no constituye un problema importante en sí, ya que las empresas de la UE pueden participar en este aumento de la producción y comercio energéticos. Otros participantes alegan que la promoción de inversiones extranjeras directas en las regiones productoras constituye la piedra angular de una estrategia de incremento de la seguridad del abastecimiento energético.

La mejora de las condiciones de inversión en general, es decir, políticas, jurídicas, fiscales y financieras, contribuirá a fomentar las inversiones energéticas. Varios participantes indican que el marco más adecuado para debatir los problemas comerciales planteados por la energía es la OMC. Por lo que se refiere más concretamente a la energía, numerosos participantes destacan la importancia de la Carta Europea de la Energía y su desarrollo, en especial las disposiciones en materia de inversiones, comercio, tránsito, medio ambiente y eficiencia energética. Se manifiesta cierta preocupación por la no ratificación de Rusia. Varios participantes hacen observaciones sobre la "estabilidad de los volúmenes y precios" mencionada en la pregunta, y lo atribuyen a la tranquilidad de los movimientos especulativos. Muchos señalan que el desarrollo del sector energético en Rusia es capital y que resulta necesario establecer un marco jurídico y fiscal adecuado para facilitar las inversiones occidentales y las empresas conjuntas. Los participantes en el debate destacan que los acuerdos a largo plazo, incluidos los acuerdos de participación en la producción, serán indispensables para realizar las inversiones necesarias a la hora de establecer flujos energéticos fiables y seguros entre Rusia y Europa.

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Algunos participantes destacan la importancia de la transferencia de tecnologías asociada al aumento de las inversiones directas en los países productores de energía. Algunos participantes hacen referencia asimismo a los mecanismos de aplicación conjunta y desarrollo poco contaminante y del Protocolo de Kioto. Debido a las inversiones extranjeras, es importante establecer los vínculos necesarios con los interlocutores sociales, tales como institutos de investigación, universidades, organismos de I+D, etc. De esa manera, la interdependencia positiva resulta más estable y duradera, y contribuye así a la seguridad de abastecimiento.

Pregunta nº 5: El almacenamiento de reservas, ya realizado con el petróleo, ¿debería reforzarse y extenderse a otras energías, por ejemplo el gas o el carbón- ¿Podría contemplarse una gestión más comunitaria de las reservas y, en caso afirmativo, cuáles serían los objetivos y modalidades- ¿Debería justificar el riesgo de ruptura física del abastecimiento en productos energéticos medidas de acceso a los recursos más costosas-

La diversidad de enfoques y políticas existente en Europa aparece reflejada en las respuestas a esta pregunta. Los partidarios de una ampliación de los regímenes de constitución de reservas de gas y petróleo subrayan las deficiencias del sistema actual, que se limita al petróleo y cuya aplicación difiere de un Estado miembro a otro. Sugieren incluir los productos químicos en la obligación de constitución de reservas. Algunos participantes prevén un mayor papel de la UE en la gestión de las reservas de gas y petróleo, que se basaría en análisis precisos, realizados a escala de la UE, de los riesgos y consecuencias para la economía, en particular en el mercado interior. Convendría tomar las disposiciones necesarias a tal fin. Es más, se recomienda que la Comisión elabore un marco que regule los acuerdos de constitución de reservas de petróleo y gas entre Estados miembros y/o empresas. Algunos preconizan la constitución de reservas de gas mediante acuerdos de producción variable. Por lo que respecta a los costes, algunas propuestas sugieren una financiación con cargo al presupuesto de la UE, el reparto de las cargas entre todos los beneficiarios y el mantenimiento por parte de las compañías de reservas de capacidad de producción y de combustibles, eventualmente compensada con fondos públicos.

Algunos participantes sostienen que la ausencia prolongada de interrupciones graves del suministro de petróleo o gas es un reflejo de las inversiones masivas efectuadas por la industria del gas y del petróleo y de la diversificación. Señalan que las reservas de petróleo disponibles bastan para cubrir un déficit del 10% durante dos años, así como déficits temporales. Por lo que respecta al gas, algunos nos recuerdan una antigua conclusión de la Comisión según la cual, con los instrumentos actualmente disponibles y la mejora de las infraestructuras, muchos Estados miembros podrían hacer frente a la mayor ruptura de abastecimiento previsible durante más de 12 meses. En relación con el carbón, aunque es relativamente fácil de almacenar y sirve de combustible de sustitución en caso de ruptura del suministro, y el combustible nuclear, los participantes consideran que la diversidad de proveedores existente en el mercado mundial obvia la necesidad de cualquier almacenamiento. Señalan asimismo que Europa dispone de reservas de combustible nuclear para tres años.

Los detractores de la ampliación de los regímenes relativos a la constitución de reservas de petróleo y gas alegan que esta podría perjudicar al mercado, especialmente incitando a los especuladores a apostar por las intervenciones. La mayoría de los participantes industriales cuestiona la utilidad de las reservas como medida para combatir la especulación o grandes subidas de precios, ya que iría en detrimento de la libertad de los mercados y de una asignación óptima de los recursos. Las subidas de precios ofrecen señales a los inversores. Los críticos con respecto a tales ampliaciones alegan que podrían debilitar las relaciones a largo plazo con los países exportadores. Consideran que éstas no serían un medio rentable de lograr la seguridad de abastecimiento. Algunos participantes señalan que ya existen instrumentos que podrían aumentar considerablemente la seguridad energética, en particular, la flexibilidad del suministro, las variaciones de producción y la sustitución de combustibles. Dado que las situaciones varían de un Estado miembro a otro, algunos opinan que la cooperación podría ser ventajosa.

Algunos participantes plantean la cuestión del almacenamiento de una manera más general y abogan por un acceso competitivo a las instalaciones de almacenamiento de gas. Otros afirman que se requieren aún más instalaciones de almacenamiento. Otros subrayan el potencial de los pequeños yacimientos nacionales de petróleo y gas. Para varios participantes, en lugar de concentrarse en las reservas de combustibles fósiles, sería mejor aumentar la parte correspondiente a las energías renovables en el mercado y aplicar medidas desde el punto de vista de la demanda. Muchos afirman que las reservas no solucionan a largo plazo los problemas asociados a una dependencia creciente de las importaciones.

Pregunta nº 6 : ¿Cómo garantizar un desarrollo y un mejor funcionamiento de las redes de transporte de energía en la Unión y en los países vecinos que obedezca simultáneamente a los imperativos del buen funcionamiento del mercado interior y a la seguridad del abastecimiento-

Las respuestas se basan en la evolución del mercado interior de la energía. Algunos participantes desean la aplicación de las propuestas actuales de la Comisión, una mayor cooperación en los foros de Florencia y Madrid, y un estímulo de las inversiones en toda Europa. Otros consideran que una actitud más abierta con respecto a las fusiones en el mercado interior de la energía contribuiría también a facilitar las inversiones y la seguridad de abastecimiento.

En algunas contribuciones se hace patente la preocupación de que el mercado no responda a las necesidades y preconizan una nueva regulación. Algunos abogan por que el Estado sea propietario y/o responsable de las redes, sobre todo de la red de distribución eléctrica, y por que la UE desempeñe un papel, proponiendo, por ejemplo, hacer de los gestores de redes de transmisión europeos una agencia europea. Otros hacen hincapié en la necesidad de "sobredimensionar" las redes, como medida preventiva frente a problemas locales. Esto está relacionado con el tema de las capacidades de reserva y con la cuestión de saber quién debe mantenerlas y pagarlas (véase la pregunta nº 2).

Muchos participantes subrayan la necesidad de desarrollar aún más las conexiones energéticas físicas. La opinión generalizada es que debe fomentarse la construcción de interconectores en algunos Estados miembros en los que ahora existe congestión. Algunos destacan la necesidad de mejorar las redes dentro de los Estados miembros y las regiones, y entre ellos. El Parlamento Europeo llama la atención sobre algunos proyectos de carácter regional. Deben desarrollarse las conexiones de gas norte-sur y este-oeste. El reto que constituye la ampliación en términos de infraestructura suscita escasos comentarios. Por lo que respecta a las redes transeuropeas (RTE), algunos Estados miembros opinan que sólo deben financiarse los estudios de viabilidad de los proyectos RTE, mientras que otros participantes proponen dar prioridad absoluta a la mayor expansión posible de la generación distribuida, que supone menos interconexiones de larga distancia y menores pérdidas de transmisión.

Las condiciones de inversión se mencionan en numerosas contribuciones. Dentro de la UE, las tarifas deben ser suficientes para permitir nuevas inversiones. La autorización de nuevas centrales eléctricas y líneas de transmisión es motivo de preocupación, sobre todo para las empresas del sector energético. En su opinión, es prácticamente imposible conseguir que se acepten nuevas líneas aéreas de transmisión debido a la inquietud del público por su impacto ecológico y visual y los riesgos que representan los campos electromagnéticos para la salud. Como consecuencia de ello, las empresas privadas evitarán este tipo de inversiones polémicas y la seguridad de abastecimiento se verá amenazada.

Por lo que se refiere a las inversiones en países vecinos, numerosos participantes destacan la importancia de la Carta de la energía y del Protocolo de tránsito. Algunos sostienen que conviene promover las inversiones necesarias en los países vecinos y otras regiones importantes, con fondos específicos de la UE y préstamos del BERD y el BEI. Por ejemplo, los Balcanes son una región importante y la reparación de la red de transmisión dañada en la antigua Yugoslavia permitirá extender el acceso a la red UCTE. Son escasas las contribuciones que abordan las posibilidades de aumentar las importaciones de electricidad y las cuestiones de infraestructura afines, y el debate se centra sobre todo en la necesidad de procurar que la energía nuclear importada de Rusia y países de la antigua Unión Soviética responda a las normas medioambientales y de seguridad de la UE.

Las compañías de gas sostienen que los acuerdos a largo plazo son esenciales para la seguridad del abastecimiento de gas. Algunos participantes son partidarios del desarrollo de terminales de GNL con el fin de aumentar la diversidad de las fuentes de suministro. Otros preconizan apoyar la I+D con respecto a los gasoductos y el almacenamiento de gas.

Pregunta nº 7: El desarrollo de determinadas energías renovables exige la realización de importantes esfuerzos en términos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de ayuda a la inversión o ayuda al funcionamiento. ¿No debería contemplarse una cofinanciación de dichas ayudas a través de la contribución de sectores que gozaron para su desarrollo inicial de ayudas muy importantes y que son hoy muy rentables (gas, petróleo, energía nuclear)-

Esta pregunta suscita numerosos comentarios. La mayoría de los participantes no se atiene a la cuestión precisa que se plantea, sino que se pregunta hasta dónde debe llegar la sociedad en la consecución de los objetivos energéticos, cuáles son los medios más adecuados para ello, a qué precio y quién debería pagarlo.

Para algunos, lo importante es establecer unas condiciones equitativas, en las que puedan competir libremente todas las tecnologías, combustibles y fuentes de energía. En su opinión, eso implica internalizar los costes externos, sobre todo el coste de los daños medioambientales que normalmente corren a cargo de la sociedad, en los costes de producción de cada forma de energía. Dado que es poco probable que eso ocurra a corto plazo, son muchos los participantes que justifican un apoyo constante a las energías renovables. Otros reconocen la necesidad de apoyar las energías renovables para que puedan abrirse paso en el mercado energético actual, pero solamente durante un período de tiempo limitado. Algunos participantes manifiestan su escepticismo en cuanto a la contribución potencial de las energías renovables y quieren que eso quede reflejado en la ayuda pública. Muchos consideran la directiva sobre la electricidad generada a partir de energías renovables como un paso en la buena dirección.

De la misma forma, algunos piensan que la ayuda pública no debe limitarse, a priori, a las energías renovables. Varios participantes preconizan, por ejemplo, la ayuda para impulsar el desarrollo comercial de centrales de carbón poco contaminantes. No obstante, para la mayoría se trata sobre todo de apoyar la investigación y el desarrollo orientados a la innovación y el cambio con objeto de explotar el potencial de todas las tecnologías energéticas, incluso en lo que a la demanda se refiere. A este respecto, algunos señalan que la magnitud de la ayuda concedida a la investigación sobre la energía nuclear, en particular la fusión, priva de fondos que se destinan a las energías renovables y al rendimiento energético.

Por lo que respecta a la manera en que debe procederse, organizarse y financiarse, numerosos participantes piensan que conviene recurrir, en la medida de lo posible, a los instrumentos de mercado, tales como el comercio de derechos de emisión, los certificados ecológicos, y los mecanismos flexibles de Kioto. Otros consideran que los objetivos de la política energética son objetivos de interés general y, por tanto, la ayuda pública debe obtenerse a través del régimen fiscal general. Algunos consideran que podría preverse también una exacción o mecanismo equivalente, distribuido entre todos los consumidores de electricidad.

La idea de cofinanciación se aborda de diversas maneras. Entre sus partidarios, algunos indican la existencia de sistemas como, por ejemplo, aquel en virtud del cual las compañías eléctricas que no cumplan los objetivos relativos a las energías renovables alimenten un fondo destinado a fomentar instalaciones sostenibles. Los que se oponen a esta idea alegan que los sectores contemplados ya contribuyen mediante el pago de impuestos energéticos elevados; que el esfuerzo sería contraproducente ya que esos sectores invierten masivamente en energías renovables; que estos no recibieron la ayuda inicial al desarrollo, como se sugiere; que la industria nuclear ya ha reembolsado la ayuda pública recibida, en forma de una reducción del precio de la electricidad al consumo; que este tipo de subvención es económicamente ineficaz. Algunos de los partidarios de las energías renovables critican la dependencia implícita con respecto a los sectores energéticos tradicionales.

Algunos participantes señalan que la financiación de la ayuda a las energías renovables incumbe principalmente a cada Estado miembro, incluso si se inscribe en un marco comunitario.

Muchos participantes subrayan la necesidad de disponer de un marco estable, que incluya la seguridad jurídica, a partir del cual puedan planearse y realizarse las numerosas inversiones exigidas por los sistemas energéticos y las bases tecnológicas durante un período suficientemente largo. De lo contrario, la instauración de un sistema de oferta y demanda energética diversificado e innovador resultará obstaculizada, el potencial del mercado interior de la energía quedará infrautilizado y será difícil alcanzar los objetivos energéticos y medioambientales.

Pregunta nº 8: Dado que la energía nuclear es uno de los elementos del debate sobre la lucha contra el cambio climático y la autonomía energética, ¿cómo puede aportar la Unión Europea una solución a los problemas de los residuos, de incremento de la seguridad nuclear y de desarrollo de la investigación sobre los reactores del futuro, en particular la fusión-

Numerosos participantes celebran el debate sobre el Libro Verde, ya que constituye una oportunidad para abordar, de una manera objetiva, la idea de que todas las tecnologías energéticas pueden desempeñar un papel en la combinación energética europea. La mayoría está dispuesta a efectuar una evaluación comparativa de la energía nuclear con respecto a otros combustibles y tecnologías energéticas, y a analizar el papel que desempeñan en la consecución de los objetivos energéticos, medioambientales y otros.

Las contribuciones escritas ponen de manifiesto posiciones claramente encontradas. Por el contrario, las conclusiones obtenidas de los sondeos de opinión (p. ej., Eurobarómetro) y estudios (OPTEM) efectuados durante el mismo período ofrecen una visión menos concluyente.

Algunos sostienen que la energía nuclear contribuye de manera sustancial a la producción de la electricidad básica, proporcionando un producto de alta calidad, disponible en abundancia e insensible a los problemas de abastecimiento de combustibles y de precios. Por tanto, en la combinación energética, puede servir de amortiguador frente a perturbaciones externas (situación geopolítica, inestabilidad de los precios, clima, etc.), que afectan a otras fuentes de energía.

Algunos afirman que el Protocolo de Kioto y los compromisos consiguientes implican que Europa tiene que mantener y desarrollar la opción nuclear. En su opinión, sin energía nuclear Europa no puede respetar los compromisos de Kioto a un coste razonable. Para la producción de electricidad, la energía nuclear y la energía hidráulica son las únicas soluciones a gran escala, sin emisiones de CO2, que resultan asimismo económicamente viables sin subvenciones. Para algunos, la amplitud del problema climático es tal que deben mantenerse abiertas todas las soluciones realistas. Otros consideran que la energía nuclear debe incluirse en todos los mecanismos flexibles de Kioto.

Otros participantes critican la manera en que en el Libro Verde se abordan las cuestiones relacionadas con la energía nuclear. Refutan el argumento según el cual la energía nuclear es esencial para cumplir los compromisos de Kioto, argumento que consideran simplista y basado en una distorsión de estudios antiguos y contradictorios con respecto a los pronósticos generalmente admitidos. Para algunos, no hay ninguna razón, económica u otra, para construir nuevas centrales nucleares. Algunos participantes consideran inaceptable la energía nuclear, ya que los riesgos que conlleva son demasiado importantes, por lo que deben tomarse decisiones inmediatamente para cerrar las centrales nucleares. Algunos partidarios de la energía nuclear preconizan comparar los riesgos asociados al cambio climático y los de la energía nuclear tal como se explota en Europa.

Por lo que respecta a los residuos, algunos participantes consideran que existen los medios técnicos y financieros necesarios para instalar depósitos definitivos, que se requiere un apoyo político y público para aplicar soluciones prácticas, y que la Comisión debe apoyar tales medidas. Otros recomiendan una optimización económica y medioambiental de los emplazamientos de depósitos a escala europea. La investigación sobre la gestión de los residuos recibe un amplio respaldo. Algunos aducen que la investigación sobre una gestión de los residuos más eficaz corresponde a los Estados miembros que los producen.

En lo que se refiere a la seguridad, algunos se muestran partidarios de normas armonizadas o normas europeas, mientras que otros no las consideran necesarias. Muchos están a favor de que la UE desempeñe un papel con respecto a la seguridad nuclear en el contexto de la ampliación. Algunos abogan por criterios estrictos para la importación de electricidad de terceros países.

Algunos participantes consideran que la investigación sobre nuevos reactores no constituye una solución a los problemas de seguridad y de residuos, ya que eso supone que se pasan por alto otros medios de alcanzar los objetivos energéticos, que tendrá un coste desproporcionado y que es improbable que se obtengan resultados aceptables para la salud humana y el medio ambiente. Las mismas reservas en cuanto al coste y a sus posibles ventajas se formulan con respecto a la investigación sobre la fusión. Otros apoyan la investigación y el desarrollo de nuevos diseños de reactor, que incluyan el aumento de la seguridad, la flexibilidad y la competitividad económica. En opinión de algunos, Europa debe conservar su liderazgo en el ámbito de las tecnologías nucleares de uso civil.

Pregunta 9: ¿Qué políticas pueden permitir a la Unión Europea cumplir los compromisos contraídos en el Protocolo de Kioto- ¿Qué medidas podrían adoptarse a fin de explotar plenamente el potencial de ahorro energético y reducir a la vez nuestra dependencia externa y las emisiones de CO2-

Las respuestas son prácticamente unánimes respecto a la imperiosa necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar nuevas medidas y realizar nuevas inversiones a tal efecto. La idea de un enfoque más estratégico y polifacético para luchar contra el cambio climático mediante instrumentos de política energética reúne un amplio consenso. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de extender cuanto antes las políticas a los países candidatos a la adhesión.

Casi todas consideran el rendimiento energético y la gestión de la demanda los medios fundamentales para aumentar la seguridad de abastecimiento y reducir la dependencia de las importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque también se señala que la energía ahorrada no tiene por qué ser siempre energía importada. Algunos observan que se podría hacer mucho más, rápidamente y con pocos gastos, para reducir considerablemente las necesidades energéticas, en particular, en el sector de los edificios. Medidas incentivadoras, legislación, nuevos impuestos y mayores inversiones en tecnologías limpias, como la generación combinada de calor y electricidad, figuran entre los posibles medios más frecuentemente propuestos. Varios organismos presentan planes de acción detallados, a veces expresados en términos cuantitativos, para reducir las necesidades energéticas, ampliar el uso de energías renovables y utilizar los combustibles fósiles de forma menos contaminante.

Se concede gran importancia al Programa europeo sobre el cambio climático, a la utilización de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto y a las políticas de los Estados miembros sobre el cambio climático. Se pide que los Estados Unidos respeten sus compromisos iniciales con el Protocolo de Kioto y que los grandes países en desarrollo queden cubiertos por el mismo. Algunos señalan que probablemente será necesario reducir las emisiones más allá de los compromisos de Kioto.

Otro instrumento para cumplir las obligaciones de Kioto que reúne apoyo unánime es la producción de energía a partir de fuentes renovables, no sólo la energía solar, la biomasa, y energía eólica sino también la energía fotovoltaica (según la opinión de algunos desgraciadamente olvidada en el libro verde), las bombas de calor, la fuerza de las mareas, las olas y las minicentrales hidroeléctricas. Algunos participantes destacan el potencial energético de algunos residuos. Otros prefieren la captura de CO2, así como las tecnologías limpias del carbón y la producción de hidrógeno a partir de gas. Algunos recomiendan sustituir el consumo de petróleo y carbón por el de gas; otros ven en la energía nuclear, por lo general en combinación con un aumento de la eficiencia energética y la producción de energía renovable, un medio de ayudar a la UE a cumplir sus obligaciones. Las industrias energéticas y manufactureras tradicionales defienden recurrir a instrumentos voluntarios mientras que la gran mayoría del resto de participantes son partidarios de medidas legislativas.

Casi todo el mundo recomienda inversiones en tecnologías limpias aplicables a las fuentes de energía renovables y a los combustibles fósiles, y destinadas tanto a mejorar las tecnologías actualmente disponibles como para investigar y desarrollar otras nuevas. En concreto, numerosos participantes son partidarios de ayudas suplementarias en favor de las energías renovables, justificándolas como una contrapartida de las ayudas estatales de las que supuestamente se benefició el sector energético tradicional. Asimismo, a menudo se propone establecer impuestos sobre el carbono o un nuevo sistema de tarificación energética que tenga en cuenta los costes externos de la utilización de la energía. Por último, se consideran medidas como la sensibilización y la formación, y normas más estrictas para los electrodomésticos para estimular la reflexión del usuario final sobre la energía y fomentar así el ahorro energético. En algunas contribuciones, el sector de los transportes es objeto de una atención muy especial en el sentido general de administrar y reducir la demanda energética de los transportes y, concretamente, utilizar más combustibles no contaminantes, como el hidrógeno y los biocarburantes.

Algunos se preguntan sobre las soluciones viables a escala europea, nacional y local. En general, se considera que el papel de la Unión Europea consiste en facilitar los enfoques a nivel nacional o local y hacer previsiones a largo plazo, por ejemplo estableciendo un marco reglamentario para el ahorro energético y fijando -y supervisando -objetivos para el conjunto de la UE.

¿Pregunta 10: ¿Puede un programa ambicioso a favor de los biocarburantes y otros carburantes de sustitución, incluido el hidrógeno, destinado a lograr una cuota de hasta el 20% del consumo total de carburante en el año 2020, seguir dependiendo de programas nacionales, o bien exige decisiones coordinadas en materia de fiscalidad, de distribución y de perspectivas para la producción agrícola-

Los participantes se muestran divididos en cuanto a la utilización de los biocarburantes en los transportes.

Quienes piensan que deben fomentarse los biocarburantes presentan varias propuestas. Para algunos, la creación de un programa comunitario destinado a fomentar el desarrollo y la utilización de los biocarburantes en los transportes podría servir para armonizar las ayudas y otras medidas e integrar esta cuestión en la Política Agrícola Común. Otros señalan que la UE debe esforzarse por suprimir las restricciones impuestas en el marco de la OMC al cultivo de estos productos. Algunos mencionan la posibilidad de instaurar este tipo de producción agrícola en los países al sur del Mediterráneo, lo que contribuiría al desarrollo local y a reducir la presión migratoria que soportan los Estados miembros mediterráneos. Varios participantes destacan la necesidad de armonizar las exenciones fiscales aplicables a los biocarburantes.

Otros participantes son más prudentes al valorar el potencial de los biocarburantes y se muestran más escépticos en cuanto a lo que puede hacerse.

Algunos afirman que los biocarburantes conducirán a una agricultura industrializada y contaminante y consideran que es importante limitar el fomento de éstos a los productos que requieren prácticas agrícolas más respetuosas del medio ambiente y exigen menos productos químicos que la agricultura actual. Se expresan dudas en cuanto al coste probable de los biocarburantes. Algunos afirman que su utilización en la calefacción sería más rentable que en los transportes.

Algunos participantes argumentan que a las propuestas del Libro Verde para reducir el consumo de combustible en los transportes y aumentar el rendimiento energético pueden añadirse otras soluciones como la tarificación de los vehículos y los transportes, las exenciones fiscales y el apoyo tecnológico.

Varios participantes comentan el concepto de objetivo. Algunos rechazan este principio, argumentando que debe ser regulado por el mercado. Otros juzgan el objetivo del 20% en 2020 más bien optimista y quizá poco realista. Otros indican que la disponibilidad de tierras puede plantear un problema.

La cuestión del hidrógeno es objeto de pocas contribuciones. La mayoría de las que tratan el tema señalan que el hidrógeno no es más que un vector de energía, que la producción de hidrógeno requiere electricidad y que, si ésta se produce a partir de combustibles fósiles, no habrá aumento de la seguridad de abastecimiento. Algunos indican que puede producirse hidrógeno sin emisiones mediante la energía nuclear. Otros proponen las energías renovables o el gas natural como fuente.

Pregunta 11: ¿Deben adoptarse incentivos, por ejemplo fiscales, para lograr el ahorro de energía en los edificios (40% del consumo de energía), ya sean públicos o privados, nuevos o rehabilitados, o bien son necesarias también medidas de orden reglamentario, a semejanza de lo que se ha hecho en el sector de las grandes plantas industriales-

Los participantes que abordan esta pregunta admiten por lo general que, en este ámbito, es posible lograr ahorros energéticos rápidos y con pocos costes, por lo que este campo debe constituir una prioridad de las acciones futuras. En una contribución se cita incluso la cifra del 70% de ahorro.

Se defiende la utilización conjunta de incentivos fiscales o financieros y medidas reguladoras. Se defiende intensificar la investigación y el desarrollo tecnológico y difundir más ampliamente las tecnologías existentes (programadores, termostatos, aislamiento, generación combinada de calor y electricidad, iluminación optimizada, biomasa, bombas de calor), y también se consideran importantes el etiquetado y el diseño de los edificios. Algunas contribuciones contienen propuestas detalladas sobre auditorías energéticas y reducciones hipotecarias o de impuestos para las inversiones destinadas a aumentar el rendimiento energético. Otras hacen hincapié en el problema general de la aplicación del principio de que quien contamina, paga, y la internalización de los costes externos. Y otras sugieren hacer obligatoria la utilización de aparatos más eficaces, como las calderas de condensación, los aparatos etiquetados "A" y el alumbrado de bajo consumo. Con frecuencia se destaca la importancia de la información, la formación y la sensibilización.

Algunas contribuciones hacen una distinción entre edificios existentes y nuevos, recomendando medidas reglamentarias para los nuevos y la sustitución de los equipos actuales y la integración de las energías renovables para los existentes.

Varias contribuciones subrayan el aspecto adicional de las inspecciones y la supervisión de las normas para garantizar el funcionamiento eficaz de los equipos.

Numerosos participantes comentan cuánto debería o podría hacerse a escala europea. Muchos admiten que la UE podría fijar objetivos y, en su caso, un marco reglamentario, pero la mayoría añade que la Unión no debe participar en su aplicación y que ésta debe tener lugar a nivel nacional y local. Un reducido número de participantes (en particular los que se oponen a la normativa) prefieren dejarlo completamente en manos de los Estados miembros. Una contribución sugiere que todos los Estados miembros adopten las normas del Estado miembro con mayor eficiencia energética.

Entre las escasas reservas, se señala que el rendimiento energético mejoraría sólo marginalmente en aquellos Estados miembros donde los niveles de rendimiento son ya elevados, y que la demanda seguirá creciendo incluso si el rendimiento aumenta.

Globalmente, las reacciones reflejan un amplio consenso en torno al enfoque comunitario actual, siempre que las propuestas sean suficientemente flexibles para adaptarse a la situación de los distintos Estados miembros. Los participantes apoyan la idea de que el ahorro energético en los edificios es una solución que debe explotarse más, dada la tasa de mejora del rendimiento que puede alcanzarse y el corto plazo de rentabilización de la mayoría de los dispositivos de ahorro energético. Asimismo, sugieren recurrir a la información, la persuasión y la tarificación, como instrumentos importantes. También debe quedar plenamente demostrada la utilidad de los esfuerzos individuales, que cuando proceda deben ser recompensados.

Pregunta 12: El ahorro de energía en el transporte (32% del consumo de energía) pasa por la corrección del desequilibrio creciente entre los modos de transporte de mercancías a favor de la carretera y en detrimento del ferrocarril. ¿Debe considerarse este desequilibrio una fatalidad o exige medidas de corrección, independientemente de su impopularidad, en particular para racionalizar el uso del coche en las ciudades- ¿Cómo conciliar la apertura a la competencia, las inversiones en infraestructuras para suprimir los cuellos de botella y la intermodalidad-

A este respecto, las contribuciones giran en torno a dos problemas distintos: el crecimiento del transporte de mercancías por carretera y el deseo de movilidad de las personas en la ciudad y en los desplazamientos de larga distancia.

Por lo que se refiere al transporte de mercancías, se considera que los ferrocarriles y las vías marítimas y fluviales constituyen en gran parte la solución (apenas se menciona la idea de reducir la necesidad del transporte de mercancías de larga distancia). Varias contribuciones ponen de relieve la relación entre transporte ferroviario y consumo eléctrico. Algunas señalan que la energía nuclear debe responder al menos en parte a la demanda suplementaria, ya que, de lo contrario, aumentaría el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. Otras son partidarias de modificar las normas de ordenamiento territorial en favor de opciones de transporte más sostenibles, y de fomentar el abastecimiento de mercancías a un nivel más local.

Por lo que se refiere a la movilidad de las personas, se propone una larga lista de medidas de las que la mayoría se refieren al fomento de vehículos poco contaminantes y de bajo nivel de emisiones, de los combustibles alternativos y de una mayor complementariedad entre los transportes públicos y los privados. Algunos preconizan limitar la utilización del automóvil, en particular, en las zonas urbanas, y estimular el uso compartido de automóviles, aunque se reconoce que las experiencias aisladas suelen fracasar y que es necesaria una política más global. Varios participantes reclaman más atención al intento de sacar a los automovilistas de sus vehículos para que anden o utilicen la bicicleta, y hacer que las carreteras sean más accesibles y más seguras para los usuarios no automovilistas.

El apoyo a la inversión en infraestructuras de transporte público procede sobre todo, pero no únicamente, de las autoridades u órganos locales. Para otros participantes, el problema es la intermodalidad de los distintos tipos de transporte.

Varios participantes preconizan un enfoque más holístico, comparando la incidencia de las distintas posibilidades en tal o cual situación. Algunos formulan propuestas estructuradas sobre infraestructuras, compatibilidad de las políticas energéticas y de transportes, estrategias basadas en la reducción de la necesidad de los desplazamientos y la reasignación de espacio vial a los transportes públicos en detrimento del automóvil particular, estrategias de reducción del consumo energético en las zonas urbanas, intermodalidad, estrategias a largo plazo para fomentar una economía basada en el hidrógeno, etc.

Varios participantes mencionan el crecimiento previsto del transporte aéreo. Algunos defienden la aplicación de impuestos al queroseno. Otros aconsejan prestar más atención a la distribución entre los distintos modos de transporte (por carretera, ferrocarril y vía marítima y fluvial). Otros recomiendan recurrir aún más a la telemática en los medios de transporte.

Las respuestas a la segunda parte de la pregunta se basan ampliamente en la fiscalidad. Algunas indican que es contradictorio querer frenar el crecimiento del transporte de mercancías por carretera y, al mismo tiempo, reducir los impuestos a las empresas de transporte por carretera para compensar la subida del precio de los combustibles. Otras proponen más impuestos sobre la infraestructura de carreteras y la internalización de los costes externos (sociales y medioambientales) en el precio del transporte y los combustibles. Un reducido número de participantes rechaza la idea de recurrir a mecanismos de tarificación y es favorable a normas de emisiones más estrictas, inversiones en infraestructuras, interoperabilidad, etc.

El campo donde existe mayor desacuerdo es en el de la liberalización des los ferrocarriles. Mientras que algunos ven en la competencia un acicate de la renovación de la red y un nuevo desarrollo del tráfico ferroviario, otros argumentan que esto debe hacerse manteniendo los ferrocarriles bajo el control del Estado. Asimismo algunos mantienen que la liberalización des los ferrocarriles iría en contra del movimiento de mercancías per ferrocarril.

Pregunta 13: ¿Cómo desarrollar enfoques más concertados e integrar la dimensión del largo plazo en la reflexión y la acción de los poderes públicos y los operadores para avanzar hacia un sistema de abastecimiento energético sostenible- ¿Cómo preparar las opciones energéticas del futuro-

Existe un amplio consenso a favor de un enfoque global y a largo plazo del problema de la seguridad de abastecimiento, tanto en cuanto a la contemplación del problema en su totalidad, sin dividir el análisis en sectores e incluyendo la gestión de la demanda energética, como a la adopción de una visión global, es decir, vincular las decisiones sobre política energética a la evolución registrada a escala internacional y otros ámbitos políticos más amplios como la política exterior, el mercado interior, los transportes, la agricultura, el medio ambiente, la educación, el empleo, el subdesarrollo, etc.

Un argumento repetido es que las previsiones del Libro Verde deberían complementarse con supuestos posibles en los que se reflejaran y combinaran posibles soluciones políticas como, por ejemplo, un programa intensivo de ahorro energético o la inyección de abundantes fondos en favor de las energías renovables.

Algunos defienden una visión más amplia de la política energética, que permita analizar la repercusión de las decisiones tomadas en un sector y un Estado miembro sobre otros.

Numerosos participantes reclaman una perspectiva más a largo plazo, en parte para permitir instaurar el marco de planificación estable que requieren la toma de decisiones y las inversiones que, en el sector energético, suelen implicar plazos muy largos, y en parte para analizar correctamente las interacciones entre las distintas políticas como ocurre, por ejemplo, con la compatibilidad entre el mercado interior y los contratos de abastecimiento energético a largo plazo, y con la interacción fundamental entre la política energética y la política medioambiental.

Algunas contribuciones proponen una estrategia energética de la UE. El argumento esencial es que Europa debe disponer de una estrategia más orientada al futuro, que lleve hacia una mayor diversidad de tipos y fuentes de energía, y esté más en contacto con los últimos avances, en particular, en cuanto a las energías renovables, las fuentes de energía locales y el acercamiento a la producción distribuida y a pequeña escala. Se argumenta que esta estrategia crearía las condiciones necesarias para las inversiones indispensables en el campo de la energía a nivel industrial y doméstico.

Por lo que se refiere al enfoque, algunos defienden un enfoque más tangencial. Los participantes recomiendan más medidas generales de sensibilización respecto a los problemas energéticos destinadas a la población en general y, particularmente, a los jóvenes, así como estrategias concretas que combinen medidas incentivadoras y reglamentarias, y útiles informativos para forzar la mejora del rendimiento energético y una utilización más amplia de las energías renovables. Algunos señalan la utilidad de fijar objetivos y supervisar su realización. Otros proponen explotar mejor la política energética nacional, ayudar a los países en desarrollo o acumular reservas estratégicas como instrumento para el diálogo entre productores y consumidores. Algunos apoyan medidas más intervencionistas como imponer limitaciones estrictas para los aparatos, los vehículos y las prácticas que consumen más energía, y la sensibilización del público respecto a los efectos de su comportamiento actual sobre la calidad de vida futura.

En cuanto a las responsabilidades, varios participantes llaman la atención sobre la necesidad de coordinar los niveles europeo, nacional y local/regional. Los representantes de las autoridades locales, en particular, hacen hincapié en el papel que ellos desempeñan en la aplicación de las estrategias de reducción de la demanda energética. Aunque algunos prefieren la situación actual, otros son partidarios, en distinto grado, de mayor coordinación o intervención comunitaria. Numerosos participantes aprueban el papel internacional de la UE en el ámbito de la energía y algunos desearían verlo ampliarse. Se menciona la posibilidad de crear una agencia europea de la energía, con el fin de mejorar la coordinación y la difusión de información, y la inclusión en el Tratado de un artículo relativo a la política energética (entre otros, en el dictamen del Parlamento Europeo).

Entre las soluciones políticas, las que suscitan más interés son las siguientes medidas: a) fiscales, como la internalización de los costes externos a fin de crear condiciones de competencia equitativas entre todas las fuentes de energía; b) económicas, entre las que se solicitan un seguimiento más estrecho de la evolución del mercado, condiciones que permitan al sector privado planificar a largo plazo, y mecanismos correctores; y c) tecnológicas, como la comercialización de tecnologías ecológicamente interesantes pero en principio poco rentables. Algunos participantes destacan la conveniencia de analizar la rentabilidad de las distintas soluciones.

Algunos participantes adoptan posturas más radicales, a menudo basadas en la utilización generalizada de las energías eólica y solar (fotovoltaica) a medio plazo, combinadas con un enfoque más conservacionista del problema energético. Algunos prevén un futuro brillante para el sector nuclear debido a sus escasas emisiones de carbono.

Globalmente, la visión de futuro que se desprende del debate sobre el Libro Verde es la de una política de amplio espectro que cubre la oferta y la demanda energéticas, asignando un papel preciso a las autoridades públicas, incluso a nivel europeo, y donde la colaboración, la cooperación y la coordinación contribuyen en gran parte a aumentar la eficacia de las distintas políticas y programas. Es algo que debe ocurrir entre Estados miembros y países candidatos en los distintos ámbitos políticos -energía, medio ambiente, transportes, agricultura, etc. -, y también con nuestros socios de otras partes del mundo, sean proveedores o consumidores. Tanto en lo referente a supuestos posibles, acuerdos comerciales, relaciones diplomáticas como a la educación de los consumidores, las respuestas al Libro Verde defienden claramente un enfoque a largo plazo y decidido encaminado a garantizar un abastecimiento energético seguro y sostenible para Europa.

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