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Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Las Finanzas Públicas en la UEM –2001 {SEC (2001) 1093}

/* COM/2001/0355 final */
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52001DC0355

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Las Finanzas Públicas en la UEM –2001 {SEC (2001) 1093} /* COM/2001/0355 final */


Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - as Finanzas Públicas en la UEM -2001 {SEC (2001) 1093}

Un debate en rápido desarrollo sobre la política presupuestaria en la UEM

Esta Comunicación sobre las finanzas públicas en la UEM analiza las posiciones presupuestarias de los Estados miembros en el 2000 y evalúa las perspectivas a corto y medio plazo [1], el informe contiene un examen detallado de algunas de las cuestiones más candentes del debate en rápido desarrollo sobre política presupuestaria en la Unión. Este debate se ve determinado por varios factores; sobre todo, por la comprensión cada vez más plena de los desafíos y obstáculos a que se enfrentan los Estados miembros a la hora de aplicar sus políticas presupuestarias dentro de la UEM. Cuatro cuestiones presiden el debate sobre política presupuestaria en la Unión:

[1] Esta Comunicación se basa en los análisis incluidos en el informe Las Finanzas Públicas en la UEM -2001, realizado por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, publicado en European Economy Reports and Studies n° 3, 2001.

* el objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de posiciones presupuestarias "próximas al equilibrio o en superávit", una meta importante todavía por alcanzar en varios Estados miembros: habiendo logrado una impresionante consolidación presupuestaria en vísperas de la UEM, los Estados miembros, en las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE), se comprometieron a alcanzar el objetivo del PEC de unas situaciones presupuestarias "próximas al equilibrio o en superávit", en principio a finales del 2001. El cumplimiento del objetivo del PEC es vital para el buen funcionamiento de la UEM, pues garantizaría el respeto del límite de un déficit máximo del 3% del PIB y permitiría que los estabilizadores automáticos funcionaran plenamente en caso de ralentización económica. Dado el deterioro de las balanzas presupuestarias previsto para este año y el creciente riesgo de crisis económica, alcanzar el objetivo del PEC sigue representando una gran meta presupuestaria para los países que siguen presentando importantes déficits estructurales.

* la importancia de una política presupuestaria compuesta por un conjunto de medidas adecuadas tanto en el ámbito de la zona del euro como en el de los Estados miembros: la UEM constituye un marco político único que permite la centralización de la política monetaria a la vez que se mantienen políticas presupuestarias descentralizadas. La política presupuestaria de los Estados miembros debe por tanto garantizar una combinación de políticas adecuadas a nivel nacional, pero que al mismo tiempo contribuya a una actuación fiscal adecuada en el conjunto de la zona del euro. Cada vez se tiene mayor conciencia de la necesidad de cumplir ambos objetivos. La importancia de que los Estados miembros, a nivel nacional, apliquen medidas presupuestaria correctas se puso claramente de manifiesto hace algunos meses, cuando se advirtieron claras muestras de recalentamiento en varios Estados miembros de la zona del euro. Además, un conjunto de políticas equilibrado desde el punto de vista global (en el que las políticas fiscales no ejerzan presión excesiva sobre la política monetaria) se reconoce como un paso cada vez más necesario para afrontar con éxito la actual ralentización económica.

* ampliación del debate sobre política presupuestaria para incluir la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas : ahora, cuando la mayoría de los Estados miembros han reducido sus desequilibrios presupuestarios, es cuando las nuevas prioridades pasan a ocupar un primer plano. El debate sobre política presupuestaria en la Unión debe ampliar su actual atención a la disciplina poniendo un énfasis paralelo en la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y el empleo. El desafío a que se enfrentan los Estados miembros consiste ahora en mantener situaciones presupuestarias públicas saneadas reduciendo al mismo tiempo la presión fiscal y reestructurando el gasto público a fin de apoyar la economía del conocimiento y prepararse para las consecuencias presupuestarias del envejecimiento demográfico. Unas finanzas públicas sostenibles en el largo plazo también contribuyen a al estrategia global para un crecimiento sostenible respaldada por el Consejo Europeo de Gothenburg en junio de 2001. Es preciso desarrollar la vigilancia presupuestaria en la Unión a fin de ayudar a los Estados miembros a cumplir las ambiciosas agendas de la reforma sin comprometer el compromiso con la disciplina fiscal.

* es necesaria una mejor coordinación en materia presupuestaria: recientes acontecimientos han puesto de relieve la inadecuada coordinación sobre cuestiones presupuestarias que existe en la UEM, y, por consiguiente, la incapacidad de los Estados miembros a la hora de reaccionar de manera oportuna y coherente ante conmociones y desafíos económicos comunes. A este respecto cabe citar el modo de responder ante las presiones para la bajada de los impuestos sobre el consumo de los combustibles debido al aumento de los precios del petróleo, qué hacer con los inesperados ingresos obtenidos de la venta de las licencias para la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), cómo llevar a cabo una reducción sostenible de la presión fiscal y cuál es el papel adecuado de la vigilancia presupuestaria a la hora de contener presiones de recalentamiento. Ante choques y desafíos económicos de carácter similar, sería razonable esperar que los países de una unión monetaria reaccionaran con medidas coherentes y que atendieran a sus consecuencias para la zona del euro, si bien es claro que cada respuesta debe reflejar las circunstancias específicas de cada país. Aun en aquellos los casos en que las políticas aplicadas por los Estados miembros han sido en general coherentes con el marco fiscal de la Unión, la falta de coordinación ha producido la impresión de que los países están poco dispuestos a reconocer las consecuencias para la zona del euro de sus medidas de política nacional, y de que la coordinación tan sólo se produce a posteriori. Solucionar las claras deficiencias de la coordinación de políticas presupuestarias es tarea urgente y necesaria.

Evolución y perspectivas presupuestarias

La evolución reciente y las perspectivas presupuestarias presentan un panorama con claroscuros. Por una parte, el déficit en la zona del euro ha seguido disminuyendo hasta llegar a un 0,7% del PIB en 2000 (sin contabilizar los ingresos por las licencias de UMTS), lo que supone un descenso del 0,5% del PIB con respecto a 1999, al tiempo que la presión fiscal va reduciéndose en la mayoría de los países. Por otro lado, y conforme a lo acordado, la mayor parte de los ingresos presupuestarios excepcionales debidos a la venta de las licencias de UMTS se ha utilizado para reducir la deuda.

Por el contrario, en cuatro países de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y Portugal) se prevén importantes déficits en 2001. Estos países han perdido la oportunidad, proporcionada por la favorable coyuntura de alto crecimiento, de alcanzar los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, por tanto, tiene menos margen de maniobra ante la desacelaración actual. En general, los resultados presupuestarios del 2000 hubieran debido ser mejores, pero algunos Gobiernos dilapidaron parte de los inesperados "dividendos de crecimiento" en recortes fiscales o aumentos del gasto. Por otra parte, las balanzas presupuestarias tanto reales como ajustadas al ciclo se deteriorarán ligeramente en 2001, lo que supondrá el primer revés para la consolidación presupuestaria desde 1993. Si bien esto obedece en gran parte a reducciones de la presión fiscal que cabe considerar positivas, las reformas del gasto que hubieran debido acompañarlas se han pospuesto o atenuado en algunos países, y lo mismo ocurre con las medidas a fin de modernizar los regímenes de pensiones.

Los riesgos de recesión aumentan, y en la mayoría de los países se aprecian signos de desaceleración del crecimiento. En estas circunstancias debe permitirse el pleno funcionamiento de los estabilizadores presupuestarios automáticos en aquellos países que ya hayan alcanzado situaciones presupuestarias acordes con el objetivo del PEC, es decir, "próximas al equilibrio o en superávit". En cambio, el pleno uso de los estabilizadores automáticos puede no ser viable en los Estados miembros que aún deben alcanzar el objetivo del PEC, pues podría provocar déficits cercanos al límite del 3% del PIB.

El conjunto de medidas aplicadas en la zona del euro en 2000 y 2001 ha sido por lo general equilibrado. En cambio, la combinación de políticas en el ámbito nacional no ha sido siempre la adecuada, y el comportamiento fiscal de algunos países ha sido contrario a las circunstancias cíclicas y monetarias nacionales. A corto plazo, el mantenimiento de un conjunto adecuado de políticas en la zona del euro es fundamental para limitar las consecuencias adversas de la actual desaceleración del crecimiento: una relajación inoportuna de la política fiscal podía llevar a una sobrecarga de la política monetaria y dar lugar a tipos de interés más altos de lo necesario. También es preciso un esfuerzo particular por parte de los Estados miembros que experimentan síntomas de recalentamiento a fin de garantizar que sus políticas fiscales nacionales reflejen sus circunstancias cíclicas y monetarias propias.

Por lo que se refiere a las perspectivas a medio plazo, los programas actualizados de estabilidad y de convergencia contemplan una política fiscal en general neutra, que permitirá al mismo tiempo una constante reducción de la presión fiscal. También ponen de manifiesto que todos los Estados miembros aspiran a alcanzar el objetivo del PEC de unos presupuestos próximos al equilibrio o en superávit, si bien, en algunos casos, tan sólo en 2003 o 2004. Esto indica que en los programas de algunos países la consolidación presupuestaria tiende a dejarse para los últimos años. Ahora bien, es importante que el objetivo del PEC se alcance de manera acorde con los compromisos de las OGPE, de modo que no vaya a convertirse en un objetivo continuamente remitido al futuro. Aunque algunos Estados miembros han establecido objetivos a medio plazo que superan el del PEC de unos presupuestos "próximos al equilibrio o en superávit", los programas de la mayoría de los Estados miembros se antojan poco ambiciosos en cuanto a los demás objetivos presupuestarios y, en particular, a la necesidad de prepararse para las consecuencias presupuestarias del envejecimiento demográfico.

Vigilancia presupuestaria e instituciones presupuestarias

Para un rendimiento presupuestario satisfactorio se requieren instituciones eficaces, con procedimientos de decisión, objetivos y normas de comportamiento adecuados. Por tanto, es necesario estudiar de qué modo las instituciones presupuestarias, tanto en el ámbito de la Unión como en el nacional, se van adaptando al nuevo marco de aplicación de las políticas fiscales nacionales dentro de una unión monetaria.

Una cuestión crucial en el contexto de la vigilancia presupuestaria en la UEM se refiere a los objetivos adecuados a medio plazo con vistas a cumplir el objetivo del PEC de unos presupuestos próximos al equilibrio o en superávit. El primer paso fue garantizar que las políticas presupuestarias de los Estados miembros ofrecieran un margen de seguridad suficiente, de modo que los estabilizadores automáticos pudieran entrar en funcionamiento en caso de crisis cíclica sin poner en peligro el límite máximo de un déficit del 3% del PIB. Ahora, cuando este margen de seguridad cíclico se ha creado en la mayor parte de los Estados miembros, ha llegado el momento de concluir la transición al objetivo del PEC de unas situaciones presupuestarias "próximas al equilibrio o en superávit": de este modo se crearía un margen de seguridad adicional para otros riesgos presupuestarios (déficits inesperados de los ingresos tributarios, rebasamiento de créditos o cambios bruscos de los tipos de interés), y se permitiría una rápida reducción de la deuda pública en los países muy endeudados, hasta situarla en torno al valor de referencia del 60% del PIB.

Un presupuesto en general equilibrado en términos estructurales permitiría a la mayoría de los países cumplir el objetivo del PEC, pues cubriría los riesgos presupuestarios relacionados con crisis cíclicas y con evoluciones presupuestarias inesperadas. La adhesión a este objetivo es de especial importancia para que, en los países con una deuda elevada (Bélgica, Grecia e Italia), ésta disminuya por debajo del umbral del 60% del PIB. En cambio, para los países que disponen de potentes estabilizadores automáticos (Países Bajos, Finlandia y, fuera de la zona del euro, Dinamarca y Suecia), se considera adecuado un pequeño superávit estructural de un 1% del PIB En conjunto, los objetivos propuestos son coherentes con las proyecciones presupuestarias expuestas por los Estados miembros en sus programas actualizados de estabilidad y convergencia.

En una reciente Comunicación sobre el refuerzo de la coordinación de la política económica en la zona del euro [2], la Comisión desarrolla una serie de sugerencias prácticas sobre el modo de mejorar la vigilancia presupuestaria de la Unión dentro del marco legislativo vigente. Cuatro de estas sugerencias merecen particular atención: (a) establecer un principio de información previa por los Estados miembros a la Comisión y el Consejo sobre las decisiones presupuestarias importantes antes de su aprobación final; (b) agrupar la presentación de los programas de estabilidad y convergencia en otoño de cada año; (c) mejorar el contenido informativo de los programas; y (d) ampliar su temática a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

[2] COM(2001)82.

Las normas y procedimientos presupuestarios nacionales contribuyen a cumplir los objetivos presupuestarios de la Unión. Las instituciones presupuestarias de los Estados miembros se ven sin duda influenciadas de diversos modos por la necesidad de mantener la coherencia con la vigilancia de la Unión. Factor fundamental es que el PEC establece objetivos y compromisos presupuestarios a medio plazo (3 o 4 años), a diferencia de la tradicional atención al ciclo presupuestario característica de las políticas nacionales. En parte como respuesta al PEC, varios Estados miembros emplean actualmente un marco presupuestario plurianual u otros mecanismos o directrices a fin de establecer y controlar las prioridades del gasto público a medio plazo.

Los compromisos de la Unión también influyen en las relaciones entre las diversas instancias presupuestarias nacionales: administración central, parlamentos nacionales y estados o autoridades locales. Varios Estados miembros han adoptado disposiciones a fin de aumentar la responsabilidad de cada nivel de la administración de cara al objetivo del equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, establecido en los programas de estabilidad o de convergencia. Cabe considerar especialmente positivos los denominados "pactos de estabilidad internos" acordados en varios Estados miembros.

Política presupuestaria y estabilización cíclica en la UEM

La política presupuestaria y la estabilización cíclica (en especial el funcionamiento de los estabilizadores fiscales automáticos) son cuestiones claves en le debate de la política fiscal en la UEM. El análisis tales cuestiones es importante, pues podría servir de base para establecer directrices sobre la respuesta que cabe esperar de un Estado miembro de la UEM que se enfrente a distintos tipos de choques económico; así, ofrece un marco analítico común que acaso permita evitar los fallos del pasado en materia de coordinación.

Dada la pérdida de poder nacional en asuntos monetarios que ha supuesto la UEM, la política presupuestaria debe desempeñar un papel más significativo a la hora de amortiguar los efectos de los problemas específicos de cada país sobre la producción real. A tal fin, la norma de comportamiento presupuestario debe ser: dejar a los estabilizadores automáticos funcionar libremente tanto en periodos de auge como de crisis; las medidas discrecionales deben ser la excepción y no la regla. Conclusión que no se discute, pero siguen abiertos varios interrogantes. ¿Son siempre los estabilizadores automáticos beneficiosos para la economía- ¿Qué grado de estabilización cíclica cabe esperar de su funcionamiento- ¿Qué tipo de reformas podrían aumentar su eficacia-

La respuestas dependen en gran parte de si las conmociones que sacuden la economía proceden de la demanda o de la oferta, distinción que no siempre puede trazarse en la práctica. En caso, por ejemplo, de choque de la demanda, aceleración del consumo privado o descenso de las exportaciones, la brecha de producción y la inflación se mueven en la misma dirección. Los estabilizadores fiscales automáticos pueden en ese caso desempeñar un papel útil, en la medida en que amortiguan el impacto tanto sobre la producción como sobre los precios. La experiencia demuestra que los estabilizadores automáticos resultan especialmente eficaces a la hora de amortiguar los choques sobre el consumo privado, pero no tanto en caso de choques sobre la inversión o la demanda externa.

En cambio, los choques por el lado de la oferta (cambios de los costes de la energía o innovación tecnológica) suelen provocar que la producción y la inflación vayan en direcciones opuestas: por ejemplo, un aumento de los precios del petróleo da lugar a una brecha de producción negativa y a un aumento de la inflación. En ese caso, los estabilizadores automáticos ayudan a afianzar la producción, pero a costa de una inflación mayor aún. Por otra parte, en caso de choque permanente (es decir, que afecte al nivel de actividad potencial), los estabilizadores automáticos pueden resultar inútiles si retrasan el necesario ajuste a un "nuevo" nivel de producción potencial, cuando lo que se precisa son unas finanzas públicas que doten de flexibilidad a los mercados de productos y factores y permitan a la producción converger en su nuevo nivel de equilibrio. En la práctica, la experiencia indica que la repercusión de los estabilizadores automáticos en caso de choques de la demanda es relativamente escasa: no es probable que supongan un freno importante al necesario ajuste o dificulten el mantenimiento de la estabilidad de precios por parte del BCE.

Mejora de la calidad y sostenibilidad de finanzas públicas

El Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 reconoció la necesidad de ampliar el debate sobre política presupuestaria en la Unión, completando la actual atención a la estabilidad presupuestaria con una insistencia paralela en la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo. En particular, el Consejo Europeo abogó por mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Tal y como se perfilaba en el informe conjunto del Consejo de Comisión al Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 [3], la "calidad" de las finanzas públicas puede contribuir de muy diversas maneras al crecimiento económico y al empleo. El gasto público (por ejemplo, en la inversión en capital físico y humano, investigación e innovación, educación y transferencias sociales y regionales) puede aumentar el potencial de empleo y producción. Sin embargo, la falta de datos coherentes y actualizados, en particular sobre la distribución funcional del gasto público, ha venido impidiendo un análisis exhaustivo y global de estos asuntos, que deberán abordarse en futuros informes en relación con los ejercicios de benchmark de las políticas relevantes (educación, investigación e innovación). Es preciso un firme compromiso por parte de los Estados miembros a fin de paliar este tipo de deficiencias estadísticas.

[3] Véase Consejo de la Unión Europea (2001), "La Contribución de las Finanzas Públicas al Crecimiento y al Empleo: Mejorar la calidad y la sostenibilidad", Informe de la Comisión y del Consejo ECOFIN al Consejo Europeo (Estocolmo 23/24 Marzo 2001), 6997/01.

Los regímenes fiscales también pueden contribuir al crecimiento y el empleo al intentar establecer una distribución equilibrada del gasto entre todas las fuentes imponibles, favorecer el espíritu empresarial y ofrecer incentivos adecuados para que los agentes económicos trabajen, ahorren e inviertan. Unos regímenes impositivos eficaces también pueden facilitar el cambio estructural en caso de choque permanente y animar a los trabajadores a permanecer más tiempo en activo, lo que ayudará a afrontar el desafío del envejecimiento demográfico.

Se han logrado algunos avances en cuanto a la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo y de los tipos impositivos marginales. En varios Estados miembros, esto se ha producido en un contexto de reforma de la fiscalidad del medio ambiente, de modo que las reducciones de la presión fiscal sobre el trabajo se han financiado mediante impuestos nuevos o mayores sobre la contaminación o el uso de recursos, lo que supone la integración de los costes externos medioambientales en los precios de mercado. Los resultados hasta ahora han sido sin embargo variables, y deben intensificarse los esfuerzos; la fiscalidad sobre el trabajo en algunos Estados miembros sigue siendo muy elevada desde un punto de vista histórico e internacional. Un esfuerzo especial es también necesario para reducir la presión fiscal sobre los bajos salarios. Los progresos en el campo de los impuestos ligados al medio ambiente ha sido muy modesto hasta la fecha. Esta cuestión podría analizarse en futuros informes.

En cuanto a los regímenes de prestaciones, en los últimos años se han logrado modestos avances y existen aún posibilidades de hacerlos más favorables al empleo. Medidas recientes han endurecido las condiciones de acogida a los regímenes de desempleo y beneficio social, revisando los criterios de admisión, reforzando los controles del cumplimiento de los requisitos para el disfrute de las prestaciones y mejorando en general su gestión y aplicación. Sin embargo, a menudo se echa en falta un planteamiento más global, que atienda a la interacción entre los regímenes fiscales y de prestaciones. También ha sido relativamente limitado el paso de políticas pasivas a activas. Sin ulteriores reformas, será difícil que la Unión cumpla los ambiciosos objetivos en materia de empleo fijados por los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo.

La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas tiene especial significado en la UEM. El envejecimiento demográfico dará lugar a una reducción sustancial de la población activa, a la duplicación del coeficiente de dependencia de la tercera edad en 2050 y, por consiguiente, a un fuerte descenso del coeficiente de personas activas e inactivas. Recientes proyecciones del Comité de Política Económica (CEP) indican que en las próximas décadas el gasto en pensiones públicas podría aumentar entre un 3% y un 5% del PIB en la mayoría de los Estados miembros, con grandes aumentos en algunos países (sobre todo España, Grecia y Portugal, todos los cuales utilizan un sistema de reparto para la financiación de las pensiones públicas). Si a esto se añade la sanidad y el cuidado de los mayores, el efecto global del envejecimiento demográfico en el gasto público podría traducirse un aumento medio de entre un 5% y un 8% del PIB.

Esto provoca inquietud por la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas: el fracaso a la hora de prepararse para los costes presupuestarios del envejecimiento demográfico podría dificultar a los Estados miembros el cumplimiento del PEC y complicar la aplicación de la política monetaria común por el BCE. Pero unas finanzas públicas sostenibles no sólo consisten en evitar déficits estructurales y aumentos de la deuda (es decir, cumplir los objetivos del PEC), sino también en mantener la presión fiscal en niveles razonables, que no impidan el crecimiento y el empleo, y garantizar que apartados fundamentales del gasto público (tales como educación e inversión), que no están directamente relaciones con la evolución demográfica, no se vean excluidos debido a las presiones al aumento del gasto en pensiones y atención sanitaria.

En el informe conjunto de la Comisión y el Consejo al Consejo Europeo en Estocolmo se propone una triple estrategia a fin de abordar las consecuencias presupuestarias del envejecimiento demográfico consistente en la adecuada combinación de: (1) rápida reducción de la deuda pública, (2) medidas a fin de aumentar los niveles de empleo, sobre todo de las mujeres y los trabajadores de edad más avanzada y (3) reforma de los regímenes de pensiones que los dote de una sólida base financiera, incluyendo un mayor recurso a la financiación de las pensiones públicas. La sostenibilidad global de las finanzas públicas depende también de los avances de las reformas estructurales en los mercados de productos, servicios y capitales.

El Consejo Europeo de Estocolmo abogó por integrar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en el PEC y las OGPE.

El impacto presupuestario del envejecimiento demográfico, aunque sólo se pondrá de manifiesto a largo plazo, se ve determinado por las decisiones adoptadas a medio plazo dentro de los programas de estabilidad y de convergencia. Es preciso establecer un equilibrio adecuado entre los recortes fiscales y la reducción de la deuda pública, dando prioridad a esta última en los países con alto nivel de deuda. Las opciones actualmente recogidas en los programas (el objetivo presupuestario a medio plazo, el ritmo de reducción de la deuda y la amplitud y carácter de las reformas fiscales) deben confrontarse con el compromiso de hacer sostenibles las finanzas públicas. Para llevar a cabo este tipo de evaluación periódica en la Unión se requieren ulteriores trabajos acerca de la elaboración de datos e indicadores comparables. Siguiendo la orientación de los actuales trabajos del CPE, las proyecciones sobre el impacto del envejecimiento demográfico en las finanzas públicas podrían actualizarse periódicamente, es decir, cada dos o tres años, e incorporarse en las versiones actualizadas de los programas de estabilidad y de convergencia.

* *

El camino por delante: reforzar la coordinación en materia presupuestaria

Para el buen funcionamiento de un planteamiento descentralizado ("bottom-up") en materia de política presupuestaria, la coordinación de la política económica debe tener auténtica enjundia y atender de modo realista a las consecuencias para la zona del euro de las medidas de política nacional. Los mercados y la población en general no desean ver en la UEM una autoridad fiscal central, sino la demostración tangible de la capacidad de establecer una política presupuestaria coherente entre la zona del euro y el ámbito nacional y la disposición de parte de los países de la zona euro a respetar las reglas acordadas y los objetivos presupuestarios. Una coordinación eficaz requiere un marco analítico común y transparente, que permita analizar los desafíos de política económica y decidir las respuestas, así como una consideración adecuada y oportuna de las consecuencias de las políticas nacionales para la zona del euro. Tal es la línea que deben seguir los esfuerzos por mejorar la cooperación sobre política presupuestaria en la UEM.

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