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Informe de la Comisión sobre la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica 2000

/* COM/2001/0105 final */
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52001DC0105

Informe de la Comisión sobre la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica 2000 /* COM/2001/0105 final */


INFORME DE LA COMISIÓN sobre la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica 2000

ÍNDICE

Resumen

1. Introducción

2. Resumen de las principales políticas

2.1 Asegurar políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad

2.2 Acelerar la consolidación fiscal

2.3 Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

2.4 Promover una evolución salarial apropiada

2.5 Fomentar una sociedad impulsada por el conocimiento

2.6 Asegurar mercados de productos más eficientes

2.7 Promover los mercados de capitales mediante su integración y consolidación

2.8 Robustecer los mercados laborales

2.9 Potenciar un desarrollo sostenible

Anexo estadístico

// Resumen

La globalización y las nuevas tecnologías impulsaron a la UE a adoptar una estrategia integral en las OGPE 2000 // Sobre la base de la estrategia económica actualizada, las OGPE 2000 se centraron en particular en las políticas y reformas destinadas a aumentar el potencial de crecimiento económico y el empleo. Las OGPE 2000 fueron las primeras que se aprobaron tras el Consejo Europeo de Lisboa. Reflejan, por tanto, las conclusiones del Consejo. El presente informe ofrece una evaluación global de la aplicación de estas orientaciones. Va acompañado de un informe de los servicios de la Comisión que evalúa la aplicación de las recomendaciones específicas formuladas a los Estados miembros en las OGPE 2000.

Los principales mensajes del informe son los siguientes :

Los mejores resultados macroeconómicos de la década, pero ligera disminución del crecimiento

// A pesar de la ligera desaceleración del crecimiento en el pasado verano, debida al aumento de los precios del petróleo, la UE obtuvo en 2000 los mejores resultados de crecimiento económico de la década, fruto del vigor de la demanda interna y externa. La creación de empleo siguió a buen ritmo y bajó el desempleo. La inflación subió debido a los precios de los bienes importados, pero la inflación subyacente se mantuvo baja, en un clima favorable de precios internos.

Una política económica libre de tensiones

// Ante esta subida de los precios de las importaciones y el estrechamiento del diferencial de producción, las autoridades monetarias subieron los tipos de interés oficiales durante el año para contrarrestar cualquier amenaza contra la estabilidad de los precios a medio plazo. En el conjunto de la UE la posición fiscal fue neutra, según indica la estabilidad del excedente primario ajustado al ciclo, y el comportamiento de los salarios se mantuvo compatible con la estabilidad de precios y la creación de empleo.

Presupuestos próximos al equilibrio, pero gracias sobre todo al fuerte crecimiento y a la reducción de la carga por servicio de la deuda // Los déficits presupuestarios siguieron bajando y acercándose al equilibrio (si se incluyen los ingresos puntuales por licencias UMTS, existe incluso un superávit). Sin embargo, esta mejora de la hacienda pública se explica principalmente por la robustez del crecimiento y por la reducción de la carga del servicio de la deuda. En cambio, el hecho de que el excedente primario estimado, ajustado al ciclo, se mantenga estable, indica que los Estados miembros, en su conjunto, no han aprovechado la oportunidad ofrecida por el crecimiento para mejorar la posición presupuestaria subyacente.

Calidad y sostenibilidad de las haciendas públicas: más progresos en materia de fiscalidad que en reforma del gasto; la reforma de las pensiones se hace imperativa // Se avanzó hacia un sistema tributario más eficaz y, sobre todo, más favorable al empleo: en numerosos Estados miembros se redujeron las cargas del trabajo, a veces sobre todo para los bajos salarios, otras veces en aras de la eficacia y transparencia del sistema, o bien para ampliar la base fiscal y/o reducir los tipos marginales. Son varios los Estados miembros que prevén reformar la fiscalidad a partir de 2001. Además, el Consejo ECOFIN acordó los puntos principales de un paquete fiscal destinado a frenar la competencia nociva en esta materia y eliminar distorsiones en el mercado interior. En cambio, se avanzó menos en materia de gastos: con frecuencia aún faltan mecanismos rigurosos de control a medio plazo de los gastos. Se progresa poco en la reforma de los sistemas de prestaciones sociales, aunque con algunos intentos de mejorar la gestión, endurecer los derechos y vigilar las condiciones de acceso. Unos pocos Estados miembros habían hecho en años anteriores profundas reformas de los regímenes de pensiones, y algunos otros adoptaron en 2000 medidas destinadas a aliviar las tensiones generadas por el cambio demográfico. Por tanto, la mayoría de los países aún no han adoptado las medidas necesarias para hacer frente a los retos presupuestarios del envejecimiento de la población.

Sociedad del conocimiento: a pesar del avance, retraso frente a Estados Unidos // La transición a una sociedad del conocimiento está bien encaminada, pero acusa aún cierto retraso con relación a los Estados Unidos debido a un nivel de inversión relativamente más bajo en capital humano, en I+D y en TIC. Los Estados miembros han adoptado medidas para reforzar la formación en TIC, pero es preciso mejorar y potenciar la capacitación en las actividades con ellas relacionadas. Se han adoptado medidas para remediar la fragmentación del esfuerzo de I+D y crear un entorno empresarial más propicio para la innovación y el progreso tecnológico, por ejemplo mediante un sistema de incentivos y una mayor competencia. Pero las relaciones entre la industria y la ciencia, y en concreto la comercialización de la investigación, siguen siendo una debilidad estructural europea. La liberalización del sector de las telecomunicaciones contribuyó a reducir los costes de acceso a Internet, lo que, unido a otras medidas específicas, ha inducido un rápido aumento de la utilización de la Red.

Mercados de productos:

progresos en general, pero problemas con los contratos públicos, las ayudas estatales y la integración de los mercados de servicios // Durante el último año, el funcionamiento de los mercados de productos mejoró gracias a una mejor coordinación de las políticas nacionales en distintos ámbitos, a los avances en la transposición de las directivas relativas al mercado interior, al refuerzo de los poderes de las autoridades de competencia, y a la liberalización del sector de las telecomunicaciones y, en menor medida, de la energía. No obstante, el balance es menos positivo en materia de contratos públicos, ayudas estatales, reforma administrativa y reducción de la carga administrativa de las empresas. La creación de mercados europeos verdaderamente integrados de servicios a las empresas, y la liberalización de los sectores de los transportes y los servicios postales, siguen planteando problemas.

Mercados de capitales:

mayor coordinación entre autoridades de supervisión, pero necesidad de acelerar otras medidas // Varios Estados miembros adoptaron medidas para reforzar la coordinación entre las respectivas autoridades nacionales de supervisión, con objeto de proteger mejor la estabilidad financiera. Se ha avanzado en la aplicación del Plan de Acción de los Servicios Financieros. También en la aplicación del Plan de Acción del Capital Riesgo, pero será necesario redoblar los esfuerzos si se quiere completar en el plazo previsto (2003).

Mercados de trabajo:

reducción del desempleo, pero retraso en la reforma de los regímenes de prestación social y de la regulación laboral // La situación en el mercado laboral siguió mejorando en 2000, en gran parte gracias a la buena coyuntura, pero también a las reformas estructurales de este mercado. El paro de larga duración bajó más rápidamente que el desempleo general, lo que es bueno para la cohesión social, aunque varios Estados miembros deben ocuparse del desempleo estructural y de las graves disparidades regionales. Se hicieron progresos significativos en la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo, y varios Estados miembros han adoptado medidas contra la baja tasa de empleo femenino. Aunque la mayoría de los Estados miembros se esfuerzan por resolver los problemas de sus sistemas fiscales, estas reformas deben completarse con reformas de los regímenes de prestaciones, en particular con medidas destinadas a mantener en actividad a los trabajadores de mayor edad. En algunos países se registran ciertos esfuerzos de mejora de la normativa del mercado laboral y de la organización del trabajo.

Desarrollo sostenible : introducción de algunos instrumentos de mercado, pero ausencia de marco comunitario para la fiscalidad de la energía // Distintos Estados miembros han reforzado los instrumentos de mercado en materia de medio ambiente. Sin embargo, ante el aumento de los precios del petróleo, varios países adoptaron medidas que reducen la parte de los impuestos en los costes del transporte. No ha habido avances en la instauración de un marco comunitario para la fiscalidad de la energía.

1. Introducción

El Consejo Europeo de Lisboa, reconociendo que la globalización y las perspectivas de la economía del conocimiento plantean importantes retos y oportunidades a la Unión Europea, definió una ambiciosa estrategia. La meta es acelerar la transformación económica en curso para que en 2010 la UE sea "la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido, con más y mejores empleos y una mayor cohesión social".

Para las Orientaciones Generales de Política Económica 2000, las conclusiones del Consejo de Lisboa supusieron incluir recomendaciones en el sentido de elevar la tasa media de ocupación al 70% en 2010 y aumentar la capacidad de absorción y utilización de las nuevas tecnologías. Además, las OGPE 2000 definieron las prioridades en materia de estabilidad macroeconómica y reforma estructural y presentaron recomendaciones precisas en todos los ámbitos de la política económica para cada uno de los 15 Estados miembros, en función de su situación específica.

El presente informe presenta una evaluación general de la aplicación de dichas recomendaciones. Tiene, por tanto, una doble función: contribuir a la vigilancia multilateral permanente de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 99 del Tratado, y aportar datos para la formulación de las próximas OGPE.

El informe utiliza e integra las conclusiones de los distintos procesos de coordinación de las políticas económicas en la Unión, añadiendo una evaluación global. En este sentido, la lista de indicadores estructurales aprobada constituye una valiosa herramienta de comparación. El informe va acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que contiene un examen detallado de la aplicación de las recomendaciones específicas a los distintos países.

De inicio, cabe señalar las limitaciones de esta evaluación. El Consejo adoptó las OGPE 2000, incluidas las recomendaciones a medio plazo, sólo en junio de 2000. Por tanto, y teniendo en cuenta el impacto gradual de parte de las medidas, así como el carácter provisional de la mayoría de los datos empleados [1], resulta imposible por el momento ofrecer un juicio concluyente sobre el grado de ejecución de las orientaciones.

[1] El informe está basado en los datos disponibles a 1 de marzo de 2001.

La estrategia de política económica de las OGPE 2000

1. Asegurar políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad

2. Acelerar la consolidación fiscal

3. Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

4. Promover una evolución salarial apropiada

5. Fomentar una sociedad impulsada por el conocimiento

6. Asegurar mercados de productos más eficientes

7. Promover los mercados de capitales mediante su integración y consolidación

8. Robustecer los mercados laborales

9. Potenciar un desarrollo sostenible

2. Resumen de las principales políticas

2.1 Asegurar políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad

Fuerte crecimiento económico, aunque la recuperación pierde impulso

En 2000, la UE logró su mejor resultado de crecimiento económico desde 1989. La fuerte demanda interna, la vigorosa expansión de la economía mundial y la mayor competitividad de precios de los exportadores europeos generaron un crecimiento estimado del PIB real del 3,4 por ciento. Sin embargo, desde el verano pasado, el rápido crecimiento ha cedido el paso a una ligera moderación de la actividad económica. Los altos precios del petróleo hasta finales de 2000 han gravado cada vez más los beneficios y la renta familiar. Últimamente, una nueva ralentización económica mundial ha acentuado esta moderación del crecimiento en la UE. Sin embargo, con el euro y el avance de las reformas estructurales, la economía de la UE debería soportar la coyuntura mundial en mejores condiciones que en el pasado.

El fuerte crecimiento económico contribuyó a que el empleo siguiera subiendo a una tasa del 1,5 por ciento en 2000. Así, la tasa de empleo se situó en torno al 63 por ciento. Los indicadores actuales muestran que la creación de empleo se mantiene, pero se espera una ligera reducción en paralelo con la moderación del crecimiento. El desempleo siguió la senda descendente emprendida en 1997. Bajó 0,8 puntos (al 8,4 por ciento) en 2000, llegando a niveles desconocidos en diez años.

Debido al aumento considerable de los costes de la energía y a la prolongada debilidad del euro, la inflación del IPCA subió un punto (al 2,1 por ciento) en 2000. La inflación subyacente (es decir, excluidos los costes de la energía y los alimentos no transformados) aumentó marginalmente, al 1,3 por ciento, en un clima todavía favorable de precios internos. Dado que los costes de la energía parecen haber tocado techo y el euro ha subido frente al USD, se espera que la inflación se reduzca gradualmente.

Políticas macroeconómicas en la zona euro

Los OGPE 2000 recomendaron para la zona euro un planteamiento de política económica apropiado y libre de tensiones: (i) una política monetaria comprometida con la estabilidad de los precios, de conformidad con el Tratado; (ii) esfuerzos continuos de los Estados miembros para acelerar la consolidación fiscal en curso; y (iii), mantenimiento del comportamiento responsable de los interlocutores sociales.

La política económica de la zona euro ha estado libre de tensiones en 2000. El BCE hizo frente a los riesgos para la estabilidad de los precios, y las condiciones monetarias siguieron apoyando el crecimiento. La posición fiscal fue neutra, y los comportamientos salariales mantuvieron la coherencia con la estabilidad de los precios y la creación de empleo.

En un entorno caracterizado por el acortamiento del diferencial de producción y por amenazas a la estabilidad de los precios a causa de la inflación importada, el BCE aumentó su tipo fundamental en seis ocasiones, en un total acumulado de 175 puntos básicos, hasta alcanzar un tipo mínimo de oferta del 4,75 por ciento desde octubre. Sin embargo, las condiciones monetarias continuaron apoyando al crecimiento, aunque la combinación de tipos de interés más elevados y debilidad del euro durante la mayor parte del año afectaron al patrón de crecimiento. En el último tiempo las condiciones monetarias han cambiado ligeramente, pues el tipo de cambio del euro respondió positivamente a un cambio favorable de las perspectivas de crecimiento en relación con los EE.UU. y Japón.

La consolidación presupuestaria progresó en 2000, con mejora de las posiciones en todos los países; en la zona euro el déficit bajó medio punto, hasta el 0,7 por ciento del PIB (excluidos los ingresos por licencias UMTS), situación ligeramente mejor de la prevista en las actualizaciones del programa de estabilidad de 1999/2000. Sin embargo, la mejora provino esencialmente de un crecimiento superior a las previsiones. Claramente, los Estados miembros de la zona euro no aprovecharon la oportunidad para mejorar posiciones fiscales subyacentes.

Los comportamientos salariales en la zona euro fueron correctos, a pesar de la aparición de rigideces en países cíclicamente avanzados y de falta de especialistas en algunas profesiones en numerosos Estados miembros. El crecimiento del salario por empleado se calcula habrá subido medio punto (hasta el 2,5 por ciento) en 2000, pero dados los aumentos de productividad, estos aumentos salariales nominales han sido plenamente compatibles con la estabilidad de los precios y la creación de empleo.

Políticas macroeconómicas en los Estados miembros que no participan en el euro

A los Estados miembros que no participan en el euro, las OGPE 2000 recomendaban también mantener políticas monetarias y presupuestarias sanas, para respetar los compromisos de tipo de cambio (participantes en el MTC 2), o lograr el objetivo de inflación (Suecia y Reino Unido).

Dinamarca siguió en una posición cíclicamente avanzada. El crecimiento del PIB culminó en 2000, el mercado laboral presentaba rigideces y se registraban presiones internas sobre los precios. El Banco Nacional danés logró mantener la corona muy cerca de su tipo central de 7,44 DKK/EUR durante el año, siguiendo el ciclo de tipos del BCE; el diferencial se agrandó temporalmente en el contexto del referéndum sobre el euro. Las finanzas públicas mantuvieron un sano superávit en 2000, aunque se suavizó la posición fiscal.

En Grecia (no participaba en el euro cuando se adoptaron las OGPE 2000) el crecimiento del PIB real se aceleró hasta alrededor del 4 por ciento en 2000. El diferencial de producción se acortó y la inflación siguió contenida. Avanzó la consolidación presupuestaria y la posición fiscal se hizo más rigurosa, habida cuenta también de la suavización de las condiciones monetarias. Los tipos a corto plazo, superiores al 10 por ciento a finales de 1999, se acercaron gradualmente al nivel de la zona euro, que se alcanzó a finales de diciembre de 2000, y la dracma fue bajando progresivamente hacia su tipo central. Este tipo, 340,75 GRD/EUR, resultado de una revaluación del 3,5 por ciento en enero, es también el tipo de conversión fijo efectivo desde el 1 de enero de 2001, según acordó en Feira el Consejo Europeo el pasado mes de junio.

Suecia logró de nuevo un fuerte crecimiento en 2000. Está en una posición cíclica avanzada, ha registrado considerables aumentos de empleo, y la inflación sigue bien contenida. Aunque se recortaron impuestos, la firme coyuntura y la menor carga de la deuda generaron un nuevo aumento del sólido superávit presupuestario. El Riksbank aumentó su tipo básico repo en febrero, en 50 puntos básicos, y otros 25 pb en diciembre, situándolo en el 4 por ciento. Durante el año, los aumentos de precios al consumo se mantuvieron en la parte inferior del intervalo de tolerancia establecido en dos puntos porcentuales en torno al 2 por ciento de objetivo de inflación del banco central.

En el Reino Unido, el crecimiento del PIB se aceleró en 2000 y la economía operó cerca de su potencial. Se adaptaron las políticas presupuestarias y monetarias para asegurar la estabilidad macroeconómica. Mejoró el superávit presupuestario, en gran parte debido a un crecimiento más fuerte y a pagos de intereses más bajos. Además, se recaudaron importantes ingresos por licencias UMTS, que ayudaron a reducir aún más la deuda pública. Se mantuvo el rigor de la política monetaria hasta febrero de 2000, cuando el tipo repo alcanzó el 6 por ciento. Se alcanzó con holgura el objetivo de inflación del 2,5 por ciento (precios al por menor excluidos pagos de intereses hipotecarios).

2.2 Acelerar la consolidación fiscal

Las OGPE 2000 recomendaban a los Estados miembros: (i) aprovechar la mejor situación fiscal debida al crecimiento económico, superior a las expectativas, para llegar en 2000 a posiciones presupuestarias claramente mejores que los objetivos fijados en los programas actualizados de estabilidad y convergencia; (ii) alcanzar una posición presupuestaria próxima al equilibrio o en superávit antes de lo previsto en los programas actualizados de estabilidad y convergencia, y por regla general a más tardar en el año 2001; (iii) continuar la consolidación fiscal más allá del nivel mínimo para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En 2000, las posiciones presupuestarias reales en prácticamente todos los Estados miembros mejoraron respecto de 1999, con menores déficits o mayores superávits y reducción de los coeficientes de deuda de las Administraciones Públicas. Descontado el impacto presupuestario de los ingresos por UMTS, el equilibrio presupuestario real a escala comunitaria se acercó a una posición equilibrada, mientras que en la zona euro se calcula una reducción del déficit del 1,3 por ciento del PIB en 1999 al 0,7 por ciento en 2000. De hecho, en prácticamente todos los países el resultado estimado para 2000 (sin UMTS) iguala o mejora las previsiones de las actualizaciones 1999 de los programas de estabilidad y convergencia. Algunos países superaron de forma notable sus objetivos (Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido). Otros (en particular Alemania, Francia e Italia) no aprovecharon plenamente las buenas condiciones de crecimiento para acelerar los esfuerzos de consolidación.

Tomando como base las evaluaciones hechas en las previsiones de otoño de 2000 por los servicios de la Comisión, en la mayor parte de los Estados miembros los planes presupuestarios para 2001 dejan un margen implícito de seguridad suficiente para permitir que los estabilizadores automáticos operen libremente en caso de desaceleración sin vulnerar el valor de referencia del 3 por ciento del PIB. Las excepciones son Alemania, debido a la aplicación de la reforma fiscal, y Portugal. En Francia, Italia y Austria los márgenes presupuestarios de seguridad permanecen en la parte baja, estimándose déficits estructurales 2001 próximos o superiores al 1 por ciento del PIB.

El énfasis actual en los recortes fiscales, generalmente no acompañados por restricciones de gastos, significa que no es probable que los objetivos más ambiciosos de consolidación establecidos en las actualizaciones de 1999/2000 de los programas de estabilidad y convergencia se cumplan totalmente. Algunos países (Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia y Suecia) asumieron la necesidad de avanzar en la consolidación fiscal más allá del mínimo requerido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y esperan en consecuencia alcanzar (o mantener) importantes superávits presupuestarios a medio plazo.

2.3 Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

Los OGPE 2000 recomendaban a los Estados miembros: (i) mejorar la sostenibilidad de sus finanzas públicas principalmente mediante la restricción del gasto; (ii) introducir o mejorar los mecanismos e instituciones de control del gasto; (iii) reorientar el gasto público a la inversión en capital físico y humano, I+D, innovación y tecnologías de la información; (iv) revisar los regímenes de prestaciones; (v) reducir la presión fiscal, especialmente sobre los bajos salarios; (vi) revisar sin demora los regímenes de pensiones y de asistencia sanitaria; (vii) mejorar la eficiencia y transparencia de los sistemas fiscales; (viii) reformar el sistema del IVA; y (ix) mejorar la coordinación fiscal y alcanzar un acuerdo sobre el paquete fiscal.

Calidad de la consolidación fiscal

Al contrario del ajuste de los años 90, basado esencialmente en subidas de impuestos, el ajuste actual se ha basado esencialmente, hasta ahora, en la restricción del gasto. Los ingresos públicos en proporción del PIB se redujeron por primera vez en muchos años, y el coeficiente de gasto disminuyó más aún (excluido el impacto de los ingresos por licencias UMTS). Estos logros están en línea con las OGPE 2000.

Eficiencia del gasto público

Se avanzó poco en la reforma de los sistemas de gasto, aunque preocupa cada vez más el problema del control de gasto. En algunos países, se han creado mecanismos sustanciales de control del gasto público (los Países Bajos, Finlandia y Suecia tienen marcos rigurosos de gasto a medio plazo, el Reino Unido aplica dotaciones trienales para el gasto público central discrecional y Francia ha establecido normas a medio plazo para el gasto público central), pero muchos otros carecen aún de mecanismos a medio plazo rigurosos.

Se calcula que la formación de capital fijo por las administraciones públicas de la UE se mantuvo en el 2,3 por ciento del PIB en 2000. Sin embargo, el gasto de inversión crece más rápidamente que el gasto público total, y se espera que la parte de la inversión pública en el PIB se incremente poco a poco. Por otra parte, varios Estados miembros (especialmente Irlanda, Italia, los Países Bajos y Suecia) reasignaron el gasto hacia aplicaciones productivas, especialmente en el ámbito de la nueva sociedad del conocimiento (véase también la sección 2.5). Se han registrado mejoras en el acceso a la formación continua y en la oferta de guarderías, pero en prácticamente todos los Estados miembros será preciso avanzar más para conciliar la vida profesional y familiar.

Las reformas de los regímenes de prestaciones son poco ambiciosas. Ha habido algunos esfuerzos (en especial en Dinamarca, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) de endurecimiento de las condiciones de acceso, fomentando así la participación en programas activos del mercado de trabajo. Sin embargo, hasta ahora el cambio de medidas pasivas a medidas activas ha sido bastante limitado. Son muy pocos los Estados miembros que han introducido ventajas ligadas al puesto de trabajo para mejorar los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos (Reino Unido e Irlanda). Sin embargo, otros Estados miembros (entre ellos Bélgica, Francia, los Países Bajos y Finlandia) planean hacerlo en el futuro.

Reforma de las pensiones

Se ha avanzado en la reforma de los regímenes públicos de pensiones en distintos países (Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Austria, Suecia y Reino Unido) y se anuncian ambiciosos proyectos de reforma en Alemania. Son precisas serias reformas en Bélgica, Francia, Grecia, España, Italia y Portugal. Aunque el diálogo y el consenso de los interlocutores sociales es necesario para el éxito de estas reformas, hay una inquietante tendencia a demorar las reformas en estos países. Al acercarse la edad de jubilación de la generación del "baby boom" de la post-guerra, el retraso sólo contribuye a encarecer la reforma. Varios Estados miembros (Bélgica, España, Francia, Irlanda y Finlandia) han creado o anunciado el establecimiento de fondos de reserva que se utilizarán para compensar parte del futuro aumento de los gastos generados por el cambio demográfico. Se trata de una iniciativa correcta, pero estos fondos de reserva, con la excepción de Irlanda, siguen siendo relativamente pequeños en relación con el impacto presupuestario del envejecimiento de la población y deben complementarse con otras políticas. En los países donde se han iniciado las reformas, se tiende a limitar los derechos más que a aumentar los tipos contributivos. Es una fórmula correcta, que debe ir acompañada por planes más ambiciosos de fomento de sistemas financiados, mediante el establecimiento de un buen marco normativo y fiscal.

Reforma de los sistemas fiscales

Por primera vez desde los años 70, la presión fiscal está en tendencia decreciente. Se progresa hacia sistemas impositivos más eficientes, y especialmente más favorables para el empleo. Muchos países tomaron medidas para reducir impuestos sobre el trabajo (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España Francia, Italia, Austria, Finlandia y Suecia), especialmente las contribuciones patronales a la seguridad social, en particular en la parte inferior de la escala salarial. Aunque la mayor parte de las reformas prevén recortes fiscales generalizados, algunos países dirigieron claramente estos recortes a las familias de menores ingresos (Grecia, Austria y Reino Unido).

La eficiencia y transparencia del impuesto sobre la renta mejoraron en varios países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido), que ensancharon la base impositiva y/o redujeron los tipos marginales y planean avanzar más en esta dirección en los próximos años. Otros países (Países Bajos, Portugal, Finlandia y Suecia) prevén hacerlo a partir de 2001. Se espera que estas reformas sean más eficientes puesto que se refieren principalmente a los impuestos directos, que normalmente tienen efectos más distorsionadores.

Por lo que se refiere a la reforma del IVA, las medidas previstas o ejecutadas son bastante escasas en los últimos años. Temerosos de perder recaudación, algunos Estados miembros son reacios a avanzar en la armonización fiscal de acuerdo con del sistema definitivo propuesto en 1987 por la Comisión.

Por tanto, en junio de 2000, la Comisión propuso una nueva estrategia del IVA centrada en la mejora del sistema actual. Además, tras la Directiva 1999/85/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, un número significativo de Estados miembros está autorizado a aplicar un tipo reducido a determinadas categorías de servicios intensivos en mano de obra, lo cual, aunque afecta a una parte pequeña de la base impositiva total, ha producido una reducción del tipo impositivo en esos países.

Paquete fiscal

En la reunión del Consejo ECOFIN de noviembre de 2000, los Ministros de Hacienda alcanzaron un acuerdo significativo sobre los puntos claves para la puesta en práctica del paquete fiscal acordado en diciembre de 1997 y diseñado para contener la competencia fiscal perniciosa y reducir las distorsiones actuales del mercado único. Se hicieron progresos en los tres elementos del paquete fiscal: el Código de Conducta (fiscalidad de las empresas), la propuesta de Directiva sobre impuestos a las rentas del ahorro y la propuesta de Directiva sobre pagos de intereses y derechos entre empresas asociadas.

En cuanto al Código de Conducta, los Ministros de Hacienda confirmaron el calendario acordado en 1997 para la reducción de las medidas perniciosas. También acordaron que ningún nuevo beneficiario entrará en los regímenes perniciosos después del 31 de diciembre de 2001 y que, con independencia del plazo de concesión, todos los beneficios de las medidas perniciosas deben cesar para finales de 2005. Sólo ante circunstancias particulares, y por decisión expresa del Consejo sobre cada caso particular, podrán prolongarse los efectos de las medidas perniciosas más allá de esa fecha. Por lo que se refiere a los impuestos sobre las rentas del ahorro, los Ministros de Hacienda aprobaron el contenido sustancial de la futura Directiva. Igualmente, se acordó que la Presidencia y la Comisión negociaran con los principales países no miembros para asegurar la adopción de medidas equivalentes en esos países, y se instó a los Estados miembros a informar regularmente, a partir de junio de 2001, sobre negociaciones similares con sus territorios dependientes o asociados con objeto de asegurar la adopción de las mismas medidas en estos territorios. En cuanto a los pagos de intereses y derechos entre empresas asociadas, los Ministros de Hacienda alcanzaron una solución de compromiso en todos los puntos pendientes de acuerdo.

El Consejo ECOFIN reafirmó el plazo del 31 de diciembre de 2002 establecido en el Consejo Europeo en Feira para el acuerdo definitivo sobre el paquete fiscal. Los trabajos sobre los tres elementos del paquete continuarán con este calendario en mente.

2.4 Promover una evolución salarial apropiada

Las Orientaciones Generales de Política Económica de 2000 (i) insisten en aumentos salariales nominales compatibles con la estabilidad de los precios; (ii) insisten en la importancia de la evolución de los salarios para un crecimiento firme del empleo; (iii) exigen que los sistemas de negociación colectiva tengan en cuenta las diferencias de productividad; y (iv) piden una política que reduzca las diferencias salariales en función del sexo debidas a una discriminación de facto.

Evoluciones salariales agregadas

La moderación salarial siguió prevaleciendo, aunque los aumentos salariales nominales en 2000 se aceleraron ligeramente por encima del muy bajo índice de 1999. El crecimiento salarial en la zona euro se mantuvo estable (3,2 por ciento en el tercer trimestre de 2000) y no hay pruebas de que los asalariados hayan intentado recuperar las pérdidas de poder adquisitivo inducidas por los altos precios del petróleo. Las reformas estructurales de los mercados laborales moderaron las demandas salariales y en general el impacto de los mayores costes de la energía se sintió como un fenómeno transitorio. Sin embargo, cabe subrayar que la moderación salarial de 2000 se debió en gran parte a que los convenios salariales se celebraron antes de la subida de los precios del petróleo.

Los aumentos de salario por hora trabajada se aceleraron en un tercio de los Estados miembros (especialmente en Irlanda, pero también en Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Portugal) - se trata de los países en los que los mercados laborales experimentan más tensiones. A su vez, los grandes aumentos registrados en Francia en 2000 fueron el resultado de la aplicación de la semana laboral de 35 horas, y no es probable que se repitan en 2001. Otros Estados miembros con elevado desempleo, como Alemania, España e Italia, registraron aumentos limitados.

Es probable que la moderación salarial continúe en 2001, pues la inversión parcial del impacto de los precios del petróleo disminuye el riesgo de efectos secundarios. Además, aunque hay indicios de escasez de mano de obra en algunos Estados miembros o en determinados sectores, no parece suficiente para poner en tela de juicio la tendencia a la moderación salarial. Por último, los recortes de impuestos sobre la renta deberían ayudar a contener las demandas salariales.

En consecuencia, se estima que los costes unitarios reales de la mano de obra han disminuido en 2000. En 2001 se espera otra caída anual del 0,5 por ciento. En cinco Estados miembros (Bélgica, Alemania, Países Bajos, Portugal y Suecia) los costes unitarios reales de la mano de obra han subido, cayendo en los otros.

Diferenciación salarial y desequilibrio entre hombres y mujeres

El grado de diferencia salarial según la formación o la cualificación, problema acuciante en la parte más baja de la escala salarial, sólo ha sido tratado a través de la baja del coste no salarial en el caso de los salarios más bajos. No ha habido ninguna iniciativa importante de reforma del salario mínimo o de la negociación colectiva. Apenas se observan reformas que permitan ajustar mejor los salarios a las diferencias regionales de productividad (véase la sección sobre reformas del mercado de trabajo).

Los datos no permiten concluir si se ha corregido durante el año el desequilibrio entre hombres y mujeres. Por término medio, los salarios de las mujeres representan un 83 por ciento de los salarios de los hombres - con una diferencia mayor en el sector privado que en el sector público - pero ello es debido a una combinación de factores, entre ellos el hecho de que muchas mujeres trabajan en sectores peor remunerados. Entre los Estados miembros, las mayores diferencias se dan en Alemania, Austria y el Reino Unido, y las más pequeñas en Bélgica, España y Portugal. Aunque muchos Estados miembros comunican políticas destinadas a corregir el desequilibrio entre hombres y mujeres, los resultados necesitan mayor supervisión y evaluación.

2.5 Promover una sociedad impulsada por el conocimiento

Los 2000 OGPE 2000 recomendaban: (i) crear condiciones adecuadas para que aumente la participación del sector privado en la financiación de la I+D; (ii) estimule la competencia en los mercados de productos y de capitales; (iii) asegurar un apoyo público eficiente y adecuado a la financiación de la investigación y a la creación de mejores vínculos entre institutos de investigación y empresas y garantizar la difusión de la información; (iv) asegurar accesos a Internet baratos y rápidos; (v) reducir la fragmentación y compartimentación de la labor de investigación y desarrollo; y (vi) aumentar los esfuerzos en educación y formación.

La transición de Europa a la sociedad del conocimiento avanza, pero debe acelerarse. Esta demora puede deberse a una insuficiente inversión en capital humano, en investigación y desarrollo (I+D) y en tecnologías de información y comunicación (TIC). El Consejo Europeo de Lisboa definió la innovación y la investigación como pilares del esfuerzo de la Unión para lograr su objetivo

estratégico de convertirse en la economía del conocimiento más competitiva del mundo. En respuesta, los Estados miembros han hecho un serio esfuerzo por ponerse al día.

Investigación y desarrollo (I+D)

A pesar de ello, el gasto total en I+D en la Unión Europea permanece en el 1,8 por ciento del PIB. Pero el cuadro es heterogéneo: Suecia (con cerca del 4 por ciento) y Finlandia, seguidas por Alemania y Francia, parecen estar más avanzadas, mientras que los Estados miembros meridionales, en especial, están más rezagados [2]. Si el gasto público en I+D, expresado en porcentaje del PIB, es similar en Europa y en los Estados Unidos (alrededor del 0,7 por ciento), el gasto de las empresas es muy inferior en Europa (1,2 por ciento en 1999 frente a 2,0 por ciento). En países como Finlandia y Suecia, se registra una rápida subida del gasto empresarial en I+D en el último período, pero en la mayor parte de los demás Estados miembros la participación del sector privado en porcentaje del PIB no ha aumentado.

[2] La cifra correspondiente para los Estados Unidos es 2,7 por ciento.

Para fomentar esta inversión, Alemania, Grecia, España, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Portugal y el Reino Unido han introducido nuevos sistemas de incentivo o modernizado los existentes, por ejemplo con medidas fiscales. Se ha avanzado en la aplicación del Plan de Acción del Capital Riesgo (véase la sección 2.7). Se aplican medidas de aumento de la competencia en los mercados de productos y de capitales, creando un entorno empresarial más favorable a la innovación y al progreso tecnológico (véase la sección 2.6).

A pesar de los progresos en la modernización de la infraestructura de investigación, la relación empresa-ciencia, y más precisamente la comercialización de la labor de investigación, sigue siendo una de las debilidades estructurales de Europa. A pesar de una subida significativa de la parte de las exportaciones de alta tecnología en el total de las exportaciones europeas (del 13,5 por ciento en 1991 al 19,3 por ciento en la primera mitad del año 2000) [3], la parte de las exportaciones de alta tecnología es particularmente baja en Bélgica, Grecia, España, Italia y Portugal. Muchos Estados miembros han introducido nuevas medidas para mejorar los vínculos entre institutos públicos de investigación y empresas. Sin embargo, hay mucho margen de mejora en el diseño de mecanismos de colaboración, para obtener transferencias de tecnologías más comerciales.

[3] La cifra correspondiente para los Estados Unidos era 28,7 por ciento en 1998.

Se ha incrementado la financiación pública de la I+D en Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia, pero, y esto es más importante, la atención se está desplazando a la creación de centros de excelencia, polos de innovación, y mecanismos de transferencia de tecnologías que faciliten la comercialización de la I+D. Por otra parte, la estrategia comunitaria "Hacia un espacio europeo de la investigación" deberá poner término a la fragmentación y compartimentación de la labor de I+D en Europa, enlazando las redes de investigación por encima de las fronteras y facilitando la colaboración. Sin embargo, no se ha logrado todavía un acuerdo sobre la patente comunitaria.

Tecnologías de información y comunicación (TIC)

La menor tasa de crecimiento de la economía de la UE en comparación con los EE.UU. en la segunda mitad de los años 90 se ha atribuido al menor tamaño del sector productor de TIC en Europa y a una menor inversión en TIC en otros sectores de la economía. En 1999, la parte de la producción de TIC en el PIB de la UE (4,2 por ciento) estaba muy por debajo de los EE.UU. (6,8 por ciento). Sin embargo, la UE ha alcanzado a los EE.UU. en términos de difusión de las TIC. En el año 2000, el gasto en TIC en la Unión fue del 5,8 por ciento del PIB, marginalmente por encima del 5,6 por ciento registrado en los EE.UU. Se trata de un indicador del avance de la difusión de las TIC en la UE.

Otro indicador es el índice de penetración de Internet en los hogares de la UE, que subió diez puntos porcentuales entre abril y octubre de 2000 (hasta el 28 por ciento). Sin embargo, hay diferencias importantes entre Estados miembros. Algunos (Dinamarca, Países Bajos y Suecia) han alcanzado niveles de penetración que superan incluso los de EE.UU., mientras que en otros (Grecia, Francia, España, y Portugal) los índices de penetración son mucho más bajos. Esta gran variación puede explicarse por las diferencias de tarifas locales de teléfonos, de tenencia de ordenadores personales en los hogares y de fiabilidad de los prestatarios de servicios. La liberalización de las telecomunicaciones, y sobre todo la apertura del bucle local, las redes de banda ancha y las nuevas herramientas de acceso abaratan y aceleran el acceso a Internet. Países como Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido están ampliando el acceso de Internet a través de una cooperación sector público-sector privado o mediante conexiones en las bibliotecas públicas. Conforme al plan de acción eEurope, todos los Estados miembros están conectando sus escuelas a Internet con objeto de mejorar la cultura digital facilitando el acceso y el uso de Internet en la enseñanza. El impacto de las diferencias entre Estados miembros en la adjudicación de las licencias UMTS está por ver, pero las decisiones adoptadas podrían tener efectos sobre la difusión de la telefonía de tercera generación.

La inesperada lentitud en la implantación del comercio electrónico, especialmente por el lado de los consumidores, es motivo de especial preocupación. En efecto, se han hecho avances significativos en la regulación y se han dado pasos para aumentar la confianza de los consumidores. El 66 por ciento de las PYME y el 76 por ciento de las grandes empresas tienen acceso a Internet. Sin embargo, sólo el 6 por ciento puede hacer verdadero comercio electrónico. Una vez más, las diferencias entre países son importantes. La tarifa plana establecida en países como Alemania, Reino Unido y España permite buscar y comprar por Internet sin temor a la factura del teléfono.

Educación y formación en la sociedad del conocimiento

La mayor parte de los Estados miembros han tomado medidas en materia de educación y formación en TIC, sobre todo ante la publicitada escasez de especialistas en Europa. Aunque casi la mitad de la población activa utiliza el ordenador en el trabajo, no llegan al 22 por ciento las personas que han recibido alguna formación específica. Es evidente que el papel de la educación general es crucial en este punto -- y es interesante observar que en los países nórdicos, donde la difusión de las TIC ha sido más rápida, el gasto público en educación es también el más alto respecto del PIB. La experiencia de EE.UU. tiende a indicar que la sociedad del conocimiento encierra un potencial de creación de empleo en la economía a lo largo y ancho de una amplia gama de sectores, puestos de trabajo y niveles de formación. En el último tiempo, la creación de empleo en la UE se ha concentrado en los puestos para titulados superiores (directivos, profesionales, técnicos), donde puede haber una mayor demanda de cualificaciones en TIC. La otra cara de la moneda es que la creación de empleo poco cualificado sigue siendo muy escasa. Las iniciativas educativas orientadas a las necesidades de este último grupo (necesidad de mejorar la formación básica general, necesidad de cualificaciones en TIC) parecen más bien menores.

2.6 Asegurar mercados de productos más eficientes

Los 2000 OGPE 2000 recomendaban: (i) aplicar con eficacia toda la legislación del mercado interior; (ii) asegurar la independencia de las autoridades de competencia; (iii) reducir las ayudas estatales; (iv) ultimar la liberalización del mercado de las telecomunicaciones; (v) acelerar la liberalización de la energía, los servicios postales y el transporte y aplicar plenamente las directivas comunitarias relativas a la apertura de los mercados de servicios públicos; (vi) reforzar la competencia en el sector de los servicios; (vii) reducir las cargas administrativas de las empresas; (viii) elaborar un planteamiento sistemático del marco regulador de los servicios; y (ix) vigilar la aplicación práctica de las numerosas reformas de la regulación.

A lo largo del pasado año, el funcionamiento de los mercados europeos de productos ha mejorado gracias a una mejor coordinación de las políticas nacionales en diversos ámbitos, a la transposición creciente de las Directivas del mercado interior, al robustecimiento de los poderes de las autoridades de competencia, a la liberalización de las telecomunicaciones y, en menor grado, de la energía. La evaluación es menos positiva en materia de contratos públicos, ayudas estatales, reforma administrativa y reducción de la carga administrativa de las empresas; sigue habiendo problemas para la creación de un mercado europeo verdaderamente integrado de servicios a las empresas y para la liberalización del transporte y los servicios postales.

Completar el mercado interior

Los sondeos muestran una satisfacción cada vez mayor de los empresarios con el funcionamiento del mercado interior. Coincide esta observación con la constatación de que la transposición de las Directivas del mercado interior ha mejorado considerablemente en la mayor parte de los Estados miembros. Sin embargo, la diferencia en este punto entre Grecia y los demás Estados miembros ha aumentado, pues este país tiene aún pendientes importantes reformas. Francia y Portugal han mejorado sus resultados, pero en materia de transposición sus lagunas aún triplican las de los mejores Estados miembros.

Algunos Estados, entre ellos España e Italia, han aumentado de forma notoria sus esfuerzos en materia de apertura de los contratos públicos. Se establece, en particular, un mayor uso de la publicación y difusión electrónica de los anuncios de licitación. Contribuirá a resolver el problema estructural de la insuficiente transparencia de los procedimientos de licitación, principalmente a nivel local y regional. La parte de las licitaciones publicadas en el Diario Oficial en porcentaje del PIB es aún relativamente baja en Alemania, Países Bajos y Austria. La adopción y aplicación rápidas del nuevo paquete legislativo presentado por la Comisión en mayo de 2000 aumentarán la transparencia, la apertura y la competencia en los contratos públicos.

El avance en materia de política de competencia resulta alentador. El aumento de capacidad, independencia y recursos de los organismos de competencia en la mayor parte de los Estados miembros es un buen dato, aunque en algunos países debería acelerarse la mejora del marco institucional.

Los niveles de ayudas estatales sectoriales y ad hoc disminuyen poco a poco en la mayor parte de los Estados miembros, pero siguen distorsionando la competencia en los mercados europeos, particularmente en Bélgica, Alemania, Francia y Portugal [4], donde estas ayudas siguen siendo relativamente elevadas. La Comisión Europea se propone crear un registro público de ayudas estatales y publicar un primer indicador de ayudas estatales en la primera mitad de 2001. El registro y el indicador aumentarán la transparencia de las políticas comunitarias y nacionales.

[4] El elevado volumen de estas ayudas en Portugal se debe en gran parte al régimen de ayudas regionales a Madeira - 0,8 por ciento del PIB - que tiene muchas características de un régimen sectorial. Desde enero de 2001, este régimen no admite nuevas solicitudes y la propuesta portuguesa de renovación está siendo examinada actualmente por la Comisión.

Durante la década pasada, los mercados de bienes de la UE se han integrado cada vez más, generando una competencia más intensa y una convergencia gradual de precios entre Estados miembros. La variación de los precios al consumo entre Estados miembros bajó del 18,2 por ciento en 1992 al 14,4 estimado para 1999. Las barreras técnicas al comercio transfronterizo siguen planteando problemas, especialmente en algunos sectores (sobre todo alimentación y vehículos de motor).

Servicios públicos

Algunas reformas económicas sectoriales empiezan ya ofrecer resultados en términos de precios al consumo. La liberalización del sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, ha contribuido a reducir significativamente los costes de las llamadas de larga distancia. El progreso técnico ha influido igualmente. En Bélgica, España, Italia y Austria, sin embargo, las llamadas nacionales de larga distancia siguen siendo relativamente caras. Los precios han bajado menos en las llamadas locales, debido en gran parte (en muchos casos) a un reequilibrio de las tarifas. Sin embargo, es otro indicio de la necesidad de fortalecer la competencia en las redes locales.

En el mercado de la energía, los avances son menos claros. Las reducciones de precios y las mejoras en la variedad y calidad del servicio son en general más notorias en los países que más y más rápido han avanzado en la apertura de sus mercados, al tiempo que aseguraban el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal y un buen nivel de competencia en los mercados liberalizados. La creación de organismos reguladores independientes ha contribuido a consolidar las reformas en la mayor parte de los Estados miembros. En Alemania, por ejemplo, la liberalización del sector de la energía está bien encaminada, pero no se ha creado un organismo regulador independiente, lo que contribuye a que subsistan amplias diferencias regionales de tarifas locales de distribución de electricidad. El objetivo debería ser ahora la completa apertura del mercado, con reglas uniformes y plazos estrictos tanto en producción como en distribución.

La apertura del sector del transporte a la competencia y la liberalización del sector postal siguen planteando problemas. En el sector postal, es cada vez más urgente la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la apertura del mercado y sobre el marco regulador. En el transporte por ferrocarril, se alcanzó un acuerdo sobre la apertura del mercado del transporte internacional de mercancías, pero siguen pendientes el transporte de pasajeros y el transporte nacional de mercancías. En el transporte público por ferrocarril y carretera, se han dado pequeños pasos (revisión del sistema tarifario para el acceso a la infraestructura de la red ferroviaria en Francia, separación jurídica de la infraestructura y las operaciones en Italia, introducción de un régimen de concesiones para autobuses, tranvías y redes subterráneas de transporte en los Países Bajos, etc.) que facilitan una mayor apertura del mercado. En el transporte aéreo, se precisan nuevas medidas urgentes, basándose en las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel para la Reforma del Tráfico Aéreo relativas al cielo único europeo, y revisando las normas en la asignación de horarios en los aeropuertos.

Servicios

La mayoría de las empresas que prestan servicios transfronterizos siguen tropezando con barreras a sus actividades en otros países. En particular, los servicios profesionales (abogados, auditores etc.) siguen sujetos a restricciones de acceso en muchos Estados miembros, como Alemania, Grecia e Italia. La ausencia de un verdadero mercado interior de servicios ha llevado a la Comisión a adoptar una nueva estrategia horizontal para el sector. Por otra parte, la competencia en el sector de la distribución favorecerá el crecimiento del comercio electrónico B2C, especialmente en los Países Bajos, Suecia, y el Reino Unido, países con una cuota de comercio electrónico minorista similar a la de los Estados Unidos. En un dato especialmente importante en países como Suecia y Finlandia, que padecieron especialmente de un insuficiente nivel de competencia en el sector de la distribución. Sin embargo, aún serán necesarias medidas específicas para resolver este problema en ambos países.

Reforma de la regulación

Se han tomado medidas (ventanilla única, e-Gobierno, reforma de la fiscalidad) para reducir la carga administrativa de las empresas, con especial atención a las necesidades de las nuevas empresas y de las PYME. Sin embargo subsiste un amplio un margen de mejora en la simplificación de los procedimientos administrativos a que están sujetas las empresas, especialmente en Bélgica, Grecia, España y Francia. Los esfuerzos de mejora de la eficiencia de la administración pública han sido evidentes sobre todo en países con un gran sector público, como los nórdicos, pero también en Italia, los Países Bajos y Portugal.

Cada vez más, organismos públicos o mixtos (público-privado) suministran bienes o servicios de mercado. Puesto que entran en competencia directa con empresas privadas, deben fijarse normas que aseguren la transparencia y una competencia en igualdad de condiciones. Para que la competencia genere eficiencia, el sector público y el privado deben competir en pie de igualdad. En los Países Bajos y Suecia, se están estudiando medidas específicas en este sentido.

La Comisión ha publicado distintos informes de supervisión sobre la aplicación de las reformas y su impacto en términos de eficiencia y ventajas para el consumidor. La evaluación comparativa (benchmarking) se está utilizando cada vez más en distintos ámbitos de las políticas estructurales. En este sentido, la lista de indicadores estructurales acordada constituye una adecuada herramienta de comparación.

2.7 Promover los mercados de capitales mediante su integración y consolidación

Las OGPE 2000 recomendaban: (i) establecer un "pasaporte único para los emisores"; (ii) eliminar barreras a las inversiones en fondos de pensiones, aclarando la distinción entre inversores expertos y pequeños inversores; (iii) promover una mayor integración de los mercados de deuda pública; (iv) mejorar la eficiencia de los sistemas de compensación y liquidación de valores; (v) aumentar la eficiencia de servicios transfronterizos de pagos al por menor; (vi) aumentar la comparabilidad de los estados financieros de las empresas (vii) promover el desarrollo de nuevas empresas y la inversión en capital de riesgo; (viii) asegurar una mayor cooperación entre reguladores y supervisores de los mercados financieros de la UE; y (ix) dar curso a las disposiciones de la UE en materia de ofertas de adquisición y de reestructuración y liquidación de entidades de crédito y compañías de seguros.

En concreto, el Consejo Europeo de Lisboa, que subrayó la necesidad de redoblar los esfuerzos para crear en la UE un sistema financiero integrado, hizo un llamamiento para la aplicación del Plan de acción en materia de servicios financieros de la Comunidad (PASF) antes de 2005, y para la aplicación del Plan de acción para el capital de riesgo (PACR) antes de 2003. Conforme a este mandato, las OGPE 2000 recomendaron una actuación rápida en varias áreas prioritarias definidas en el PASF y en el PACR.

Aplicación del Plan de acción en materia de servicios financieros (PASF)

Se han alcanzado progresos en muchas de estas áreas prioritarias. Por ejemplo, la Comisión ha presentado propuestas diseñadas para crear un 'pasaporte único' plenamente operativo para las empresas de inversión, para aclarar la distinción entre inversores expertos y pequeños inversores, para garantizar que los fondos de pensiones gozan de la suficiente libertad para llevar a cabo una política eficaz de inversión y para armonizar las normas contables. Asimismo, la Comisión ha presentado una comunicación sobre el comercio electrónico y los servicios financieros, que debe contribuir al avance en el Consejo de las negociaciones relativas al proyecto de directiva sobre la comercialización a distancia de servicios financieros. Con la adopción de una propuesta de Directiva sobre las ofertas públicas de adquisición se esperaba llegar a la conciliación entre el Consejo y el Parlamento a finales de 2000. Se adoptó la Directiva sobre la liquidación de entidades de seguro y avanzan a buen ritmo las negociaciones relativas al proyecto de Directiva sobre la liquidación de entidades de crédito. Para facilitar la aplicación del PASF, en julio de 2000 se creó el grupo Lamfalussy con un mandato de proponer mejoras del marco normativo de la UE para los mercados de los valores. El informe final del grupo, que recomienda una serie de cambios de procedimiento, se publicó el 15 de febrero de 2001.

Aplicación del Plan de acción del capital de riesgo (PACR)

Se ha avanzado también en el desarrollo del mercado de capitales de riesgo de la UE. Además de las actuaciones del PASF que son pertinentes para la puesta en práctica del PACR, se han hecho progresos a escala nacional.

Una cuestión clave que requería una respuesta nacional es la simplificación de las restricciones legales/normativas a la inversión institucional en mercados de valores y en capital de riesgo. Solamente cuatro Estados miembros (Irlanda, Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido) están libres de estas restricciones -aparte del requisito general de prudencia- en la inversión institucional en valores. Las restricciones se han aliviado en Bélgica, Suecia, Francia, Italia y España, y el Gobierno danés propone introducir normas sobre la inversión institucional en valores basadas en consideraciones prudenciales. Finlandia y el Reino Unido están tomando medidas para fomentar aún más la inversión de los inversores institucionales en los mercados de valores.

Otra cuestión clave que exige una respuesta nacional consiste en la supresión de desincentivos fiscales a la inversión en capital de riesgo (que se conseguirá mediante el ajuste de los impuestos sobre beneficios empresariales y ganancias del capital). Los desincentivos fiscales han sido abordados en varios Estados miembros. Bélgica ha adoptado medidas fiscales en favor de las empresas de aprovechamiento de ventajas tecnológicas y empresas de nueva creación; Francia ha ofrecido incentivos fiscales a las inversiones de inversores informales; Grecia y España han incrementado la actual reducción impositiva sobre las ganancias de capital; Italia ha reforzado su sistema dual del impuesto sobre la renta de 1998 que favorece la financiación del capital social de las empresas. Por otra parte, poco se ha hecho para abordar el efectos desincentivador de los procedimientos de quiebra e insolvencia, excepto en Italia y los Países Bajos. Del mismo modo, son demasiado pocos los países que han tomado medidas para asegurarse de que los impuestos sobre la propiedad de acciones y sobre las opciones de compra de acciones no actúen como desincentivo del espíritu de empresa.

Tal como recomienda el informe provisional del PACR de octubre de 2000, los Estados miembros deben redoblar, acelerar y ampliar sus esfuerzos si quiere ejecutarse el PACR antes del plazo de 2003.

Salvaguardia de la estabilidad financiera

Las OGPE 2000 abordaron el problema de la estabilidad en el sistema financiero de la UE, recomendando una mejor coordinación entre los supervisores nacionales. Aunque no se propuso ningún cambio de los acuerdos institucionales existentes, se recomendó mejorar su funcionamiento en la práctica.

Varios Estados miembros han tomado medidas para fortalecer la coordinación entre sus supervisores nacionales. Alemania anuncia planes de integración de las autoridades supervisoras del sector bancario, el sector de seguros y los mercados de valores. En Francia deben coordinarse más estrechamente las autoridades de supervisión de la banca y de los seguros, y deben integrarse las autoridades reguladoras de los valores. En los Países Bajos se ha creado un órgano consultivo formal como foro en el que los diversos supervisores financieros debaten cuestiones intersectoriales. En Portugal, la creación del Consejo nacional de supervisores financieros debe contribuir a promover la coordinación entre los diversos supervisores del sistema financiero. También se han tomado medidas para mejorar el intercambio de información entre supervisores en diversos Estados miembros. Por ejemplo, las autoridades supervisoras financieras danesas, suecas y noruegas han firmado un acuerdo de cooperación que abarca todo el sector financiero. Sin embargo, parece necesario consolidar los avances realizados hasta ahora.

2.8 Robustecer los mercados laborales

Los OGPE 2000 recomendaron: (i) promover la transición de medidas pasivas a medidas activas; (ii) revisar y reformar los sistemas fiscales y de prestaciones; (iii) aumentar la movilidad laboral; (iv) modernizar la organización del trabajo; (v) esforzarse más en la política de igualdad de oportunidades; y (vi) trabajar con mayor ahínco para crear un mercado laboral menos excluyente antes de finales de 2000.

Va mejorando el rendimiento del mercado laboral, con un rápido crecimiento del empleo (1,7 por ciento) y una caída del desempleo de casi un punto porcentual en 2000. Esto se debe en gran parte a una mejora cíclica, aunque se comprueba también un descenso del desempleo estructural debido a la estrategia de reforma del mercado laboral y a medidas activas para mejorar la empleabilidad. El paro de larga duración cayó de más del 49 por ciento del desempleo total en 1997 al 45,7 por ciento en 1999. Sin embargo, el progreso ha sido desigual, y algunos mercados laborales mostraron signos de tensión.

Algunos Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos y el Reino Unido) están cosechando los beneficios de anteriores reformas completas del mercado laboral. Sin embargo, los problemas persisten en todos los Estados miembros, y la mayoría de ellos han adoptado un planteamiento fragmentario, lo cual les ha impedido aprovechar las posibles sinergias entre las diversas reformas. En general, los Estados miembros no han aprovechado plenamente las actuales condiciones macroeconómicas para introducir las reformas estructurales necesarias para mantener el rendimiento favorable del empleo de los últimos años.

Políticas activas del mercado laboral

Un campo en el que se ha progresado a buen ritmo es el de la aplicación de medidas activas y preventivas para abordar paro juvenil y el de larga duración. Solamente Bélgica, Grecia e Italia deben aún adoptar medidas significativas para alcanzar los objetivos de rápida inserción profesional fijados en las Orientaciones sobre el empleo para antes de 2002. Sin embargo, aunque en los últimos años muchos Estados miembros han aumentado el gasto en medidas activas, hay que redoblar esfuerzos para mejorar el diseño y la supervisión de estas políticas si se quiere asegurar su eficacia.

La mayoría de Estados miembros están ampliando el apoyo a los jóvenes con dificultades de aprendizaje y adoptan medidas en pro de una mayor capacitación de los jóvenes para adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos. Todos los Estados miembros están mejorando la dotación de TIC en las escuelas. También están prestando cada vez mayor atención al fomento de la formación permanente, aunque solamente Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido han establecido un planteamiento global.

Sistemas fiscales y de prestaciones

Sigue habiendo un amplio margen para la reforma de los sistemas fiscales y de prestaciones para asegurar los incentivos apropiados para buscar y conseguir empleo, sobre todo en vista de la necesidad de aumentar la oferta laboral en muchos Estados miembros. Esto se aplica también a los que tienen unas tasas oficiales de desempleo muy bajas y un volumen significativo de 'empleo oculto' que recibe prestaciones pasivas, como Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido. Prestaciones pasivas son las pensiones de invalidez y de jubilación anticipada, que no son condicionales a la búsqueda de trabajo. Algunos Estados miembros han reformado los planes de jubilación anticipada o han tomado otras medidas para reducir los incentivos para la retirada anticipada del mercado laboral.

Durante los años 90, varios Estados miembros emprendieron reformas de los sistemas fiscales y de prestaciones, pero sólo en algunos casos abordaron impuestos y prestaciones de manera global. Muchos Estados miembros han reducido recientemente los impuestos sobre el trabajo (véase la sección 2.3), y se han anunciado otras reformas. Sin embargo, durante el año 2000 no ha habido reformas importantes de las prestaciones ni reformas globales de la fiscalidad y las prestaciones, aunque bien es cierto que el impacto global de la fiscalidad y las prestaciones es la clave para adoptar decisiones relativas a la oferta de mano de obra. Varios Estados miembros (Bélgica, Francia, Países Bajos, Austria y el Reino Unido) han aplicado o se proponen aplicar medidas que abordan explícitamente el incentivo que supone la fiscalidad y las prestaciones. Evidentemente, estos subsidios en el trabajo pretenden complementar la renta de las personas o las familias mal pagadas, minimizando al mismo tiempo los efectos desincentivadores producidos por unos tipos impositivos reales elevados y marginales.

Flexibilidad y modernización del mercado laboral

La falta de flexibilidad del mercado laboral es uno de los factores que motivan los altos índices de desempleo estructural que aún se registran en Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia y Finlandia. En la mayoría de los casos, a éstos se suman las agudas disparidades regionales, aunque muy poco se ha hecho para reformar, en su caso, los sistemas de formación de salarios de modo que reflejen mejor las condiciones locales de la productividad y del mercado laboral. Se han tomado medidas limitadas para promover la movilidad laboral, pero hay que progresar más. La movilidad se ve obstaculizada en varios Estados miembros por la rigidez del mercado inmobiliario, así como por la falta de avances en el proceso de reconocimiento mutuo de cualificaciones y en el de transferencia de los derechos de pensión.

Se han producido ciertos progresos en la modernización de la organización de trabajo, como ha sido facilitar el trabajo a tiempo parcial y las fórmulas de trabajo flexible. Los acuerdos en estas cuestiones pueden haber tenido como efecto minimizar las repercusiones negativas de las reducciones legales de la jornada laboral. Sin embargo, el grado de implicación de los interlocutores sociales en este campo ha sido decepcionante. Por otra parte, si no se aborda la rigidez de los actuales contratos de trabajo se corre el riesgo de que los empresarios tiendan a basarse en contratos temporales, incluso cuando fuera más conveniente establecer contratos a más largo plazo.

No se ha hecho nada en 2000 para elaborar una legislación estricta de protección del empleo para contratos permanentes en España, Francia, Italia y Portugal. En estos países, el incremento de los contratos a plazo fijo fue muy superior al aumento de los empleos permanentes, lo que subraya la necesidad de una mayor flexibilidad.

Igualdad de oportunidades e integración social

En cuanto a la igualdad de oportunidades, la mayor parte de los Estados miembros ha tomado medidas concretas para hacer frente a las bajas tasas de empleo femenino, la segregación profesional y las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres. Estos parámetros se valoran a fondo en el Informe conjunto sobre el empleo en 2000. Se proponen pocas medidas en dos de los países que tienen las tasas más bajas de empleo femenino, Grecia e Italia. Las reformas de la fiscalidad y las prestaciones en algunos Estados miembros (como Luxemburgo y los Países Bajos) parecen tener éxito en cuanto a que fomentan una participación femenina cada vez mayor. Por otra parte, casi todos los Estados miembros han adoptado medidas significativas para mejorar las guarderías infantiles para padres trabajadores.

Por lo que se refiere a la integración social, son alentadores los progresos alcanzados en la reducción del desempleo -en especial el paro juvenil y paro a largo plazo- a lo largo de 2000. Poco se ha hecho, sin embargo, para abordar las rigideces básicas que son origen de las agudas disparidades regionales del desempleo, que tienen graves repercusiones sobre la cohesión. Además, con el descenso generalizado del desempleo, su impacto desproporcionado en ciertas comunidades y grupos sociales se ha hecho más evidente. Varios Estados miembros han adoptado iniciativas de empleo dirigidas a zonas desfavorecidas, padres solteros y minorías étnicas, por citar tres ejemplos. Muchos Estados miembros han decidido reducir la presión fiscal sobre el trabajo mal pagado, en parte para mejorar las perspectivas de trabajo de baja cualificación, muy frecuentes entre los parados. Sin embargo, es necesario adoptar un planteamiento más integrado hacia la integración social, combinando medidas políticas en diversas áreas, a la luz de los objetivos comunes acordados en el Consejo Europeo de Niza.

2.9 Potenciar un desarrollo sostenible

En los OGPE 2000 se incluía por primera vez una sección independiente sobre el desarrollo sostenible. Se recomendaba a los Estados miembros: (i) introducir o reforzar las políticas basadas de mercado, como los impuestos, derechos de uso, sistemas de seguro/responsabilidad y compraventa de licencias; contribuir al logro de los objetivos de la UE en el marco del protocolo de Kioto; y contribuir a romper la vinculación entre presión ambiental y crecimiento económico; (ii) revisar los regímenes de subvenciones y exenciones fiscales sectoriales y demás medidas vigentes que tienen un efecto perjudicial para el medio ambiente, sin perder de vista en ningún momento otros factores económicos y sociales pertinentes; (iii) trabajar para llegar a un acuerdo sobre un marco adecuado para la fiscalidad de la energía a escala europea.

Varios Estados miembros tomaron medidas para consolidar planteamientos de mercado en cuestiones medioambientales. Alemania continuó aplicando su política de desplazar la presión fiscal del trabajo a la energía. El intento de Francia de hacer lo mismo ampliando al uso de la electricidad la aplicación de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) fue desautorizado por el tribunal constitucional. El Reino Unido siguió preparando la introducción de una tasa sobre el cambio climático, neutra desde el punto de vista de los ingresos, cuya recaudación se dedicaría a reducir las contribuciones de la seguridad social. Dinamarca estableció un sistema de permisos negociables para las emisiones de dióxido de carbono del sector de la electricidad. En los Países Bajos se estableció un sistema negociable para las emisiones de NOx de la industria combinado con un acuerdo voluntario por parte de la industria de reducir la proporción de NOx en el consumo de energía y del total de emisiones.

Algunos Estados miembros introdujeron recientemente incentivos específicos para las actuaciones respetuosas con el medio ambiente.

Una fijación ajustada del precio del agua para cubrir los costes totales es fundamental para fomentar un uso más sostenible de este recurso. Conforme a la Directiva marco del agua, la fijación de precios tiene un papel cada vez más decisivo en la política hidráulica de varios Estados miembros. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los Estados miembros en cuanto a los sistemas que aplican y, en muchos casos, el suministro de agua sigue estando fuertemente influenciado por las subvenciones sectoriales.

Algunos Estados miembros siguen concediendo importantes subvenciones a determinadas fuentes de energía, como el carbón, que tienen una incidencia negativa en el medio ambiente. Además, en respuesta al aumento de los precios del combustible, algunos Estados miembros ofrecieron exenciones del impuesto especial (Francia, Italia y los Países Bajos) u otras medidas encaminadas a reducir los costes del transporte (Bélgica, Alemania y Finlandia). En Italia, se abandonó (temporalmente) por los mismos motivos el previsto incremento gradual de los impuestos especiales en el marco de una reforma fiscal medioambiental. El hecho de que los sectores afectados se beneficien de reducciones de los impuestos sobre el consumo de combustible y de las exenciones o derogaciones de la legislación comunitaria -sectores para los que el aumento relativo de los precios era mucho mayor que el de los sectores que no se benefician de estas derogaciones- propicia un planteamiento menos generoso sobre la concesión de tales medidas. Recientemente, el Consejo Ecofin de febrero de 2001 tomó nota de la intención de la Comisión de no proponer otras prórrogas de las derogaciones a favor del transporte por carretera más allá del año 2002.

No se avanzó con respecto a la tercera recomendación, para acordar un marco fiscal de la energía a escala comunitaria.

INFORME DE LA COMISIÓN

sobre la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica 2000

Anexo estadístico

ÍNDICE

Gráficos

1 Situación económica de la UE

2. Política económica de la zona euro

3. Gasto en educación en I+D en 1997

4. Nivel de acceso a internet

5. Contratos públicos y ayudas estatales

6. Variación de los precios en las telecomunicaciones entre 1997 y 2000

7. Variación de los precios de la electricidad entre enero de 1996 y julio de 2000

8. Financiación de capital en la UE

9. El mercado de trabajo en la UE

Cuadros

1 Evolución estimada de los presupuestos de las administraciones públicas en 2000

2. Variación saldos presupuestarios reales y ajustados al ciclo en 2000

3. Proyecciones de superávit/déficit de las administraciones

4. Evolución salarial en 2000

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