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Informe conjunto sobre el empleo de 2000 - Parte I: Unión Europea - Parte II: Estados miembros

/* COM/2000/0551 Vol. I final *//* COM/2000/0551 Vol. II final */
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52000DC0551

Informe conjunto sobre el empleo de 2000 - Parte I: Unión Europea - Parte II: Estados miembros /* COM/2000/0551 Vol. I final */ - /* COM/2000/0551 Vol. II final */


INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE 2000 - PARTE I : UNIÓN EUROPEA - PARTE II : ESTADOS MIEMBROS

(presentado por la Comisión)

RESUMEN

El presente documento es el tercer informe elaborado con arreglo al artículo 128 del Tratado de Amsterdam. Incluye una evaluación comparativa de las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar las directrices para el empleo en 1999 y transponer las directrices modificadas para el año 2000 en sus planes nacionales de acción para el empleo. Contiene tanto un análisis global de los cuatro pilares de la estrategia europea de empleo (parte I) como un análisis detallado de las iniciativas de cada Estado miembro (parte II) y en él se presta especial atención a cómo se han tenido en cuenta las recomendaciones adoptadas por el Consejo el 14 de febrero.

1. Contexto político: la situación del empleo en Europa

La situación del empleo en la UE ha experimentado una mejora constante en los dos últimos años como consecuencia de una buena coyuntura general y de los progresos en la reforma de los mercados de trabajo. La lucha contra problemas que vienen de largo, como la tasa elevada de desempleo y el bajo nivel de participación en el empleo, comienza a dar resultados y están apareciendo nuevos problemas como son la escasez de mano de obra y el déficit de cualificaciones. Algunas evoluciones clave ilustran la mejora constante de la situación del empleo:

* Desde 1997, se han creado cuatro millones de nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el sector de los servicios. El aumento más considerable ha correspondido de manera más apreciable a los puestos de trabajo ejecutivos, profesionales y técnicos altamente cualificados, pero también a los del sector de servicios y de venta en su conjunto. Por primera vez desde 1990, el número de nuevos puestos de trabajo en jornada completa fue superior al de los empleos temporales creados. No obstante, los trabajos a tiempo parcial y temporales siguieron aumentando en 1999 y representan casi el 30 % del empleo total de la UE.

* De este modo, la tasa de empleo de la UE pasó del 61,3 % de 1998 al 62,2 %, pero el aumento del empleo equivalente a dedicación plena fue menos importante. Las mujeres fueron las más beneficiadas por este incremento del empleo. No obstante, la tasa de empleo femenino (52,5 %) sigue siendo, con una diferencia del 18,5 %, todavía muy inferior a la masculina.

* El número de parados ha experimentado una disminución de cuatro millones de personas desde 1994 y en 1999 la tasa media de desempleo era del 9,2 %. Aunque empezó a disminuir después de 1997, el desempleo de larga duración afecta todavía al 4,2 % de la mano de obra.

* La tasa de desempleo juvenil, que asciende al 8,5 % en el grupo de edad de 15 a 24 años, es la más baja desde principios de la década. No obstante, la participación en el mercado laboral de los trabajadores de más de 55 es del 37 %, un nivel muy bajo en un contexto de mercados laborales cada vez más restringidos en algunos Estados miembros.

* La mayoría de los Estados miembros se beneficiaron de la mejora de la coyuntura en 1999 y sus tasas de empleo aumentaron. Algunos Estados miembros rebasan ya los objetivos que la Cumbre de Lisboa estableció para la UE en 2010, bien con respecto a la tasa de empleo general (Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Reino Unido), bien por lo que a la tasa de empleo femenino se refiere. (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido).

2. Evaluación de las políticas de empleo de los Estados miembros en 1999

Las reformas estructurales de los mercados de trabajo avanzan en un clima de optimismo cada vez mayor:

* Está claro que las reformas de los mercados de trabajo realizadas por los Estados miembros se desarrollan en unas condiciones macroeconómicas mucho más favorables que las que existían en 1997, cuando se inició el proceso de Luxemburgo. Esta situación debería servir de acicate para intensificar los esfuerzos políticos.

* Los buenos resultados en materia de creación de puestos de trabajo demuestran que se está iniciando un ciclo positivo mutuamente beneficioso, en el que las políticas macroeconómicas centradas en la estabilidad, por una parte, y las reformas estructurales en curso de los mercados de trabajo de los Estados miembros, por otra, están reduciendo el desempleo y la exclusión social, y generando más empleo.

* No obstante, debe reconocerse que los plazos de ejecución de los elementos que constituyen un conjunto general de medidas son diferentes. Así, por ejemplo, los tipos de interés pueden modificarse de la noche a la mañana, pero la inversión en recursos humanos y las reformas institucionales de los mercados laborales requieren un esfuerzo sostenido y sus resultados sólo son apreciables con el tiempo.

* Todavía es difícil evaluar la incidencia general de la estrategia europea de empleo en la mejora de la situación del empleo. Los datos más recientes datan de 1999, año en el que comenzaron a aplicarse la mayoría de las reformas en virtud de los PNA. No obstante, pude observarse que algunas nuevas iniciativas han tenido efectos positivos para algunos grupos o sectores concretos.

* La 52 recomendaciones formuladas por el Consejo a los Estados miembros para el año 2000 han demostrado su conveniencia al encaminar los esfuerzos de los Estados miembros hacia la resolución de problemas fundamentales. La mayoría de los Estados miembros han respondido con acciones adecuadas, pero en algunos ámbitos es preciso intensificar los esfuerzos. Dado que algunas medidas requieren tiempo para alcanzar los resultados previstos, es todavía demasiado pronto para determinar si permitirán resolver los problemas de manera duradera.

* Al adoptar y presentar sus políticas, los Estados miembros aprovechan sin duda las lecciones del pasado. Los informes de aplicación son cada vez más específicos, aunque algunos Estados miembros siguen haciendo demasiado hincapié en las iniciativas individuales en lugar de adoptar un conjunto general de medidas mutuamente beneficiosas.

* Debe reforzarse el proceso de establecimiento de objetivos y metas cuantificables. Las directrices que establecen objetivos comunes permiten apreciar mejor los progresos, y su incidencia puede evaluarse de manera objetiva sobre la base de indicadores comunes, lo que permite continuar dicha evolución.

* En cambio, los progresos de las directrices que no incluyen objetivos cuantificados o cuyo establecimiento se deja en manos de los Estados miembros son muy lentos y resulta difícil evaluar los esfuerzos y los efectos a partir de informaciones limitadas a un conjunto disperso de medidas no relacionadas.

La aplicación, ciertamente resuelta, pero desigual, de los cuatro pilares requiere que se preste mayor atención a la combinación de las iniciativas.

Aunque los progresos son importantes, la aplicación de los cuatro pilares es desigual, al menos por lo que se deduce de los informes de los Estados miembros. Esto afecta en particular al pilar «adaptabilidad» y, en menor medida al pilar «espíritu de empresa». Así, pues, los Estados miembros no han establecido aún un conjunto completo de medidas bien desarrollado. Los elementos fundamentales de las medidas adoptadas en virtud de los cuatro pilares son los siguientes:

Mejorar la capacidad de inserción profesional (empleabilidad) - pilar I

* Se ha avanzado claramente en la aplicación de las medidas activas y de prevención. Parece que la mayoría de los países podrá cumplir los objetivos establecidos en las directrices 1 y 2 en 2002, a más tardar. No obstante, Bélgica, Grecia e Italia deben adoptar todavía medidas importantes para alcanzar dichos objetivos en dicho plazo. En cuanto a la directriz 3, doce Estados miembros han alcanzado ya el objetivo del 20 % de desempleados beneficiarios de medidas activas.

* El examen de los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad no ha progresado mucho (salvo en Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos), algo preocupante si se tiene en cuenta que una proporción importante de la población depende permanentemente de las prestaciones sociales en varios Estados miembros, en particular en aquellos donde comienza a haber escasez de mano de obra.

* El fomento de la formación permanente está cobrando mayor importancia en todos los Estados miembros, aunque falta un marco general y sólo una minoría de Estados miembros informan sobre el establecimiento de objetivos nacionales que deben alcanzar.

* En comparación con 1998, todos los Estados miembros velan en mayor medida por que las personas desfavorecidas se beneficien de mayores oportunidades para reintegrarse al mercado de trabajo. En muchos Estados miembros se ha pasado de los programas individuales a un enfoque más integrado en favor de las personas con discapacidad. No obstante, resulta difícil realizar un análisis comparativo debido a la ausencia de datos básicos y a las diferencias entre las definiciones, en particular por lo que se refiere a las minorías étnicas.

Desarrollar el espíritu de empresa - pilar II

* Con respecto al pilar «espíritu de empresa», deben realizarse mayores esfuerzos para ir más allá de las múltiples iniciativas individuales y establecer un marco político general, así como un entorno estimulante para una cultura empresarial en Europa.

* La mayor parte del crecimiento del empleo en 1999 se concentra en el sector de los servicios, pero se ignora cuál es la parte atribuible a las medidas de empleo y cuál a las medidas de acompañamiento (la mayoría de los Estados miembros se han comprometido a liberalizar algunos servicios públicos). No obstante, el desarrollo de la economía social de suministro de bienes y servicios por una gran diversidad de organismos, en su mayoría no lucrativos, sigue siendo decepcionante.

* A pesar del gran número de medidas anunciadas en los PNA, la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo es muy lenta y, en algunos Estados miembros, la fiscalidad media del trabajo no han comenzado todavía a disminuir.

Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas (adaptabilidad) - pilar III

* En el pilar sobre la adaptabilidad, los interlocutores sociales y los gobiernos nacionales tienen la gran responsabilidad de respetar los compromisos de las directrices. En la mayoría de los Estados miembros, se han establecido asociaciones, a menudo tripartitas, para abordar las cuestiones relativas a la adaptabilidad, incluido el aprendizaje permanente. No obstante, hay pocas pruebas de que se esté progresando en lo relacionado con la modernización de la organización del trabajo. Sólo se ha prestado una atención especial a las cuestiones relativas al tiempo de trabajo, en lugar de plantear una reforma más amplia de la vida laboral.

* Los progresos en materia de introducción en la legislación laboral de los Estados miembros de formas más adaptables de contratos fueron limitados.

Reforzar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres - pilar IV

* Se observa una mejora en la forma en que los Estados miembros han tenido en cuenta la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los cuatro pilares. Muchos Estados miembros informan también sobre la adopción de medidas específicas de lucha contra el desempleo femenino y encaminadas a combatir la segregación y las diferencias de retribución de hombres y mujeres. No obstante, queda mucho por hacer para tener en cuenta la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas.

* Las medidas de conciliación de la vida familiar y la vida laboral varían mucho de un Estado miembro a otro. Un elemento positivo es la tendencia cada vez mayor a establecer objetivos cuantitativos con respecto a los servicios de guardería disponibles, tal como se recomienda en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa.

Papel de los servicios públicos de empleo

En el contexto de la reforma de las instituciones del mercado de trabajo, se reconoce que los servicios públicos de empleo (SPE) son instituciones fundamentales para la puesta en práctica de las directrices para el empleo, en particular las directrices 1, 2 y 3. Algunos Estados miembros están creando o modernizando sus SPE, pero estos esfuerzos deben ser todavía más intensos para dotar a los SPE del vigor y los instrumentos necesarios capaces de garantizar la aplicación eficaz de la estrategia.

Aplicación de la estrategia europea de empleo a nivel local.l

Los Estados miembros reconocen la importancia de la actuación a nivel local para el éxito de la estrategia europea de empleo. No obstante, también en este caso, queda mucho por hacer con respecto a la descentralización, la creación de un entorno estimulante, el fomento de la colaboración entre los agentes locales y el establecimiento de estrategias generales de empleo a nivel local para crear más y mejores puestos de trabajo.

El papel de los Fondos Estructurales

Las nuevas propuestas de programa reconocen al Fondo Social Europeo un papel fundamental como instrumento de apoyo de la estrategia europea de empleo con arreglo al Reglamento del Fondo. Los planes de acción nacionales le confieren también este papel. Se hace hincapié en la estrategia preventiva, sobre todo en virtud del pilar sobre la empleabilidad. No obstante, una parte claramente identificable de los programas afecta también a la igualdad de oportunidades. Los países con programas más restringidos han concentrado en mayor medida sus esfuerzos en algunos aspectos innovadores del mercado de trabajo y de la política de recursos humanos. Muchos programas tienen en cuenta también la formación permanente y las exigencias de la sociedad de la información, con arreglo a las prioridades puestas de relieve en el Consejo Europeo de Lisboa.

El papel de los demás Fondos Estructurales, además del FSE, en el apoyo a la estrategia europea de empleo no es lo bastante explícito y sólo algunos países lo mencionan. Además, la participación de los responsables de la gestión de los Fondos a nivel nacional en la aplicación de los planes nacionales de acción para el empleo podría ser mucho más importante. El reto consiste también en plasmar los compromisos adoptados en los documentos generales de programación en programas operativos conformes a las prioridades de los planes nacionales de acción.

3. Cuestiones políticas e institucionales

* Tal como se indica en la revisión a medio plazo del proceso de Luxemburgo, hay un cierto número de factores institucionales y políticos que ayudan a aplicar con eficacia la estrategia europea de empleo y que contribuirán por sí mismos a la consecución de los objetivos establecidos por las directrices para el empleo. Entre ellos se cuenta:

* la aparición de nuevas estructuras e instituciones de toma de decisiones y evaluación de las políticas de empleo, que han situado el empleo en el centro de la política europea y las políticas nacionales, y mejorado las sinergias, así como la coordinación entre los diversos ámbitos políticos;

* una mayor participación de los diferentes agentes en el proceso;

* la voluntad probada de los gobiernos y todos los demás actores de contribuir a la estrategia de empleo en sus ámbitos de competencia;

* una mayor transparencia en el establecimiento de los objetivos, el intercambio de las mejores prácticas y la revisión inter pares, lo que contribuye a reforzar la confianza en la política económica. El «método abierto de coordinación» creado por el proceso de Luxemburgo y aprobado por el Consejo Europeo de Lisboa disfruta de un impulso continuado.

El análisis que figura en el presente informe respalda las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros que la Comisión propone este año por segunda vez desde la entrada en vigor del nuevo Tratado el 1 de mayo de 1999. La Comisión ha tenido en cuenta la necesidad de asegurar la coherencia entre dichas recomendaciones y las recomendaciones formuladas en las orientaciones generales para las políticas económicas con arreglo al apartado 2 del artículo 99. Además, se insta a los Estados miembros a aplicar sus políticas de empleo de un modo acorde con las orientaciones generales de las políticas económicas con arreglo al artículo 126 del Tratado.

En 2000 y 2001, los Estados miembros no sólo reformarán sus mercados de trabajo en un contexto de perspectivas económicas favorables, sino también en el nuevo marco de acción establecido por las conclusiones de la Cumbre extraordinaria de Lisboa de marzo de 2000. Está apareciendo un nuevo paradigma, basado en la voluntad reforzada de conseguir el pleno empleo mediante esfuerzos constantes para fomentar el conocimiento, la innovación y la cohesión social. El fomento del aprendizaje permanente, la inclusión social y la igualdad de toda persona con respecto al acceso a los mercados de trabajo es una de las metas principales de la política europea para crear hasta finales de la década la economía más competitiva y dinámica. Estos compromisos deben tenerse en cuenta, por tanto, en las próximas formulaciones de las directrices para el empleo y las recomendaciones individuales dirigidas a los Estados miembros, consiguiendo así que el proceso de Luxemburgo contribuya de manera esencial a conseguir los objetivos de Lisboa.

ÍNDICE

PARTE I: LA UNIÓN EUROPEA

1. Introducción

2. La situación del empleo

2.1. El contexto macroeconómico y del empleo en la UE

2.2. Resumen de los resultados de los Estados miembros en cuanto al empleo

3. Evaluación de los planes nacionales de acción

3.1. Pilar I: Empleabilidad

3.1.1. Resumen de la evolución de las políticas

3.1.2. Prevención y activación -cumplimiento de los objetivos comunes

3.1.3. Reformas de los sistemas de prestaciones sociales y de fiscalidad (directriz 4)

3.1.4. Educación y formación (directrices 5 a 8)

3.1.5. Integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo (directriz 9)

3.2. Pilar II : Desarrollar el espíritu de empresa

3.2.1. Evolución de las políticas

3.2.2. Simplificación del entorno empresarial (directrices 10 y 11)

3.2.3. Creación de puestos de trabajo en los servicios y en la economía social (directrices 12-13)

3.2.4. Empleo y fiscalidad (directriz 14)

3.3. Pilar III: Adaptabilidad

3.3.1. Evolución de las políticas

3.3.2. Modernización de la organización del trabajo, adaptabilidad de las empresas y formación en la empresa

3.3.3. Adaptación de la legislación laboral

3.4. Pilar IV: igualdad de oportunidades

3.4.1. Evolución de las políticas

3.4.2. Reducción de las desigualdades con respecto al empleo y al desempleo

3.4.3. Iniciativas a favor de la familia

4. Aspectos horizontales de la aplicación de los PNA

4.1. Hacia una sociedad basada en el conocimiento y la información

4.2. Papel de los Fondos Estructurales

4.3. Papel de los interlocutores sociales

4.4. Papel de las autoridades locales y regionales

4.5. Integración de la igualdad entre hombres y mujeres en los PNA

5. Examen a medio camino del proceso de Luxemburgo

PARTE II LOS ESTADOS MIEMBROS

BÉLGICA

DINAMARCA

ALEMANIA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

AUSTRIA

PORTUGAL

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE 2000

PARTE I

LA UNIÓN EUROPEA

1. Introducción

Este informe se remite en aplicación del artículo 128 del Tratado, con el objetivo de presentar las conclusiones extraídas por la Comisión del examen de las medidas tomadas por los Estados miembros para poner en práctica las directrices para el empleo de 2000. Sirve de base para el informe conjunto sobre el empleo que el Consejo y la Comisión presentarán al Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000. Además, la Comisión tendrá en cuenta sus resultados para preparar su propuesta de Decisión del Consejo sobre las directrices para el empleo de 2001, así como para la Recomendación del Consejo, dirigida a los Estados miembros, sobre la aplicación de sus políticas de empleo.

La Comisión ha tenido en cuenta la necesidad de asegurar la coherencia entre dichas recomendaciones y las recomendaciones formuladas en las orientaciones generales para las políticas económicas con arreglo al apartado 2 del artículo 99. Además, se insta a los Estados miembros a aplicar sus políticas de empleo de un modo acorde con las orientaciones generales de las políticas económicas con arreglo al artículo 126 del Tratado.

Como los dos anteriores, de 1998 y 1999, el presente informe consta de dos partes. En la primera parte se procede a una evaluación comparativa de la aplicación de las directrices para el empleo por los Estados miembros en cada uno de los cuatro pilares, teniendo en cuenta las diferentes posiciones de partida y los progresos realizados desde 1997 en cuanto al funcionamiento del mercado de trabajo. La segunda parte presenta, para cada Estado miembro, un análisis detallado de las medidas aplicadas o anunciadas de conformidad con los planes nacionales de acción, en función de la situación más reciente de la economía y el empleo en cada país. Se presta especial atención al examen de cómo ha integrado cada Estado miembro las recomendaciones del Consejo para el año en curso.

Este informe se basa en la información suministrada por los PNA presentados por los Estados miembros hasta el 1 de mayo de 2000, que incluye datos estadísticos sobre los indicadores para monitorizar los objetivos tanto comunitarios como nacionales. En algunos casos, se ha tenido en cuenta información adicional ofrecida por las autoridades nacionales en reuniones bilaterales celebradas en junio y julio para controlar la exactitud del análisis del presente informe.

El proceso que comenzó por el Consejo Europeo de Luxemburgo en 1997 ha establecido un ambicioso marco de coordinación de políticas de empleo a escala de la UE. Dado el carácter estructural de las reformas que hay que emprender en este ámbito, en general no cabe esperar repercusiones inmediatas y visibles. La evaluación de la aplicación de las directrices para el empleo se lleva a cabo en el presente informe desde una perspectiva plurianual, teniendo en cuenta el progreso hacia los niveles de referencia establecidos. No obstante, en algunos casos hay ya indicios claros de los efectos positivos de los más importantes programas o reformas; estos casos se han puesto de relieve. La Comisión procederá a una amplia evaluación de las repercusiones de la estrategia europea de empleo; sus resultados servirán para revisar la estrategia para 2002.

En comparación con años anteriores, hay dos diferencias fundamentales que caracterizan el entorno económico y político de la presentación de este informe:

Desde el punto de vista económico, y gracias a un marco mejorado de política económica, las reformas estructurales que afectan a los mercados de trabajo se están actualmente aplicando con una perspectiva económica más favorable, que lleva, en particular, a una mayor demanda de mano de obra. Esto creará nuevas responsabilidades para los responsables políticos, pues se necesitan esfuerzos más ambiciosos de reforma estructural para apoyar y acelerar el crecimiento económico y del empleo, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera y de precios.

Además, mientras que algunos problemas estructurales añejos como el elevado desempleo de los jóvenes y de larga duración van por fin reduciéndose en la mayoría de los Estados miembros, las tasas de desempleo siguen siendo muy elevadas. En muchos países, sigue habiendo problemas estructurales, que incluyen diferencias de desarrollo entre los grupos sociales y las regiones, y que se manifiestan en la existencia de mercados laborales duales y de desequilibrios regionales persistentes. Además, algunos Estados miembros (no sólo aquellos donde hay bajas tasas de desempleo) afrontan nuevos problemas, como son la escasez de mano de obra y los déficit de cualificaciones.

Desde el punto de vista político, el Consejo Europeo de Lisboa estableció, en sus conclusiones, el objetivo del pleno empleo en Europa en una nueva economía emergente. La UE ha fijado un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía más competitiva y dinámica capaz de un crecimiento económico sostenido, con más y mejores trabajos y con mayor cohesión social. Se consensuó una estrategia global para hacer frente al desafío que supone la realización de la transición a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento, la modernización y el refuerzo del modelo social europeo mediante la inversión en recursos humanos y la construcción de un Estado de bienestar activo, así como la continuación de la puesta en práctica de un conjunto de políticas macroeconómicas que conduzcan a perspectivas favorables de crecimiento; de este modo, la Unión europea podrá recuperar las condiciones necesarias para el pleno empleo y reforzar la cohesión social.

Las conclusiones de la Cumbre de Lisboa reconocen el papel fundamental y general de la sociedad del aprendizaje para conseguir el objetivo de pleno empleo mediante el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y dan así nuevo énfasis a las prioridades, establecidas en las directrices para el empleo de 2000, de desarrollo de las iniciativas de formación permanente y las cualificaciones en TIC.

Si se quiere desarrollar la formación permanente para hacer de ella un componente básico del modelo social europeo, debe aplicarse una estrategia general que abarque todos los aspectos y etapas de la educación y la formación. En efecto, en la definición dada por los Estados miembros y la Comisión, la formación permanente «incluye toda actividad de aprendizaje útil, formal o informal, realizada de manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes». En este sentido, la formación permanente tiene un carácter general y está integrada en los cuatro pilares. Abarca las medidas de los Estados miembros para fomentar la empleabilidad de los jóvenes, los trabajadores de más edad y los desempleados mediante la mejora de la calidad y de las posibilidades de acceso a los sistemas de educación y formación permanentes y mediante el desarrollo de la formación en el trabajo. Incluye, en el marco del pilar relativo a la adaptabilidad, el establecimiento de asociaciones entre las autoridades nacionales y los interlocutores sociales en la mayoría de los Estados miembros para impartir formación permanente y afrontar la escasez de cualificaciones, así como medidas adoptadas por los Estados miembros y las empresas para suprimir las trabas a la inversión en formación. Las iniciativas de los Estados miembros tendentes a integrar la enseñanza de las aptitudes empresariales en los programas educativos y de formación es otro aspecto de la formación permanente, así como la realización de acciones encaminadas a facilitar el acceso a las mujeres que se reincorporan a la formación a fin de reforzar la igualdad de oportunidades.

En cuanto a las estrategias de empleo que deben adoptarse en el marco de una sociedad de la información para todos a nivel europeo, resulta fundamental que los Estados miembros pongan en práctica acciones y programas para garantizar que los sistemas de educación y de formación, y los ciudadanos de todos los niveles, estén perfectamente equipados para participar en la sociedad de la información y preparados para la transición hacia una economía basada en el conocimiento. La especial atención que se concede al fomento del aprendizaje permanente y a la mejora del conocimiento de las TIC se refleja en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, las directrices para el empleo, el plan de acción e-Europe de la Comisión y la iniciativa e-Learning de esta misma institución.

Para aplicar dicha estrategia no serán necesarios otros procesos distintos de los que ya están en marcha: las orientaciones generales de política económica, Luxemburgo, Cardiff y Colonia. En vez de ello, se reforzarán las políticas comunitarias en distintos ámbitos -innovación, reforma económica, educación y formación, protección social- mediante la adopción de un método abierto de coordinación basado en directrices, referencias y un seguimiento sistemático. Ahora que este método ya está bien consolidado en la estrategia europea de empleo, es de esperar que el análisis contenido en el informe conjunto sobre el empleo aporte una contribución importante al Consejo Europeo de Estocolmo, que se celebrará en primavera y que estará dedicado a las cuestiones económicas y sociales y al seguimiento de los progresos realizados en la consecución de los nuevos objetivos estratégicos.

Por otra parte, está claro que los nuevos mensajes políticos refrendados en Lisboa y la agenda de la política social (que también se adoptará en la Cumbre de Niza) dirigirán la estrategia hacia objetivos nuevos y más ambiciosos. La Comisión y los Estados miembros han emprendido una revisión intermedia del proceso de Luxemburgo, bajo los auspicios del Comité de empleo, cuyos resultados se sintetizan en el capítulo 5 del presente informe. Su propósito es plasmar las conclusiones de la Cumbre de Lisboa en nuevas propuestas para enriquecer las directrices para el empleo de 2001, dándoles en particular objetivos más concretos.

2. La situación del empleo [1]

[1] Puede encontrarse información y análisis adicionales en el informe de la Comisión sobre el empleo en Europa en 2000.

2.1. El contexto macroeconómico y del empleo en la UE

Las favorables perspectivas de crecimiento y empleo deben fomentar reformas económicas más audaces para una mejora sostenible de los mercados de trabajo

Desde mediados de 1999, la UE ha conocido una fuerte recuperación económica, habiéndose previsto un crecimiento del PIB del 3,4 % en 2000 y del 3,1 % en 2001, frente al del 2,5% de 1999. Dicha recuperación se ha producido sobre todo gracias a las exportaciones, en parte dada la mejor coyuntura internacional, pero también mediante la fuerte demanda interior. Para este año y el próximo se espera una creación de empleos significativa, gracias al fuerte crecimiento y a las persistentes reformas del mercado de trabajo.

El desempleo ha experimentado una reducción, de un 9,2 % en 1999 a un 8,7 % a mediados de 2000, y se espera que se encuentre por debajo del 8 % en 2001, lo cual sigue siendo muy alto y, además, sigue estando desigualmente distribuido en zonas geográficas y entre grupos sociales. No puede permitirse que la creación de empleo que tiene lugar en un período de rápido crecimiento camufle los considerables problemas estructurales que siguen existiendo en los mercados de trabajo de muchos Estados miembros. Al mismo tiempo, los mercados de trabajo están haciéndose cada vez más rígidos en algunos Estados miembros y regiones, con carencias de competencias y dificultades de contratación en muchos sectores y profesiones, como también van surgiendo presiones salariales en algunos países. Por lo general, sin embargo, se mantienen moderados los incrementos salariales.

La UE ha establecido bases económicas muy favorables que están comenzando a dar resultados. La inflación está relativamente mitigada, los déficit del sector público se han reducido considerablemente y han dado paso a excedentes en algunos casos, han caído los tipos de interés a largo plazo y la deuda pública en términos de PIB está descendiendo. Un crecimiento económico sostenido en torno al 3 % y un perceptible aumento de la tasa de empleo en dirección de la referencia del 70 % deberían constituir una perspectiva realista para los próximos años, si se mantiene el adecuado contexto macroeconómico y se acelera el ritmo de reformas económicas. Para mantener las favorables perspectivas económicas, es esencial que los Estados miembros aprovechen la situación y apliquen las reformas establecidas en Lisboa para preparar la transición a una economía competitiva, dinámica y basada en el conocimiento, y para modernizar el modelo social europeo invirtiendo en recursos humanos y construyendo un Estado activo de bienestar.

Un fuerte crecimiento del empleo, mientras prosigue la recuperación económica

En 1999, el crecimiento medio del PIB real en el conjunto de la Unión fue del 2,4 %, lo que supone 0,3 puntos porcentuales menos que el de 1998. En cambio, el número de personas con empleo aumentó someramente más en 1999 que en el año anterior, un 1,4 % de aumento frente al 1,3 %, lo que supone un incremento de casi 2,1 millones en 1999 y de 4 millones entre los dos años (véase el gráfico 1 del anexo estadístico).

El efecto del significativo incremento del empleo en 1998 y 1999 fue hacer que el aumento global del número de personas con empleo en la Unión desde el inicio de la recuperación, en 1994, llegara a los confines de los 7 millones, es decir, a un 4,5 % en cinco años.

La tasa de empleo global en la Unión [2] se incrementó del 61,3 % en 1998 hasta el 62,2% en 1999. No obstante, esta mejora supuso solamente una vuelta a los niveles de 1990, antes de la recesión de la primera parte de esta década.

[2] En el presente informe, se considera la tasa de empleo como la proporción de personas de 15 a 64 años de edad que trabajan. Fuente: Encuesta Europea de Población Activa; medias anuales cuando se dispone de ellas.

El aumento de la tasa de empleo equivalente a dedicación plena fue mucho más bajo. En 1999, representaba una media del 56,5 % de la población en edad de trabajar, es decir, sólo un punto porcentual más que en 1994.

El crecimiento del empleo afecta a todos los tipos de trabajo, pero la proporción de puestos de trabajo a tiempo parcial y de duración determinada continúa en aumento

Por primera vez desde 1990, el número de puestos de trabajo en jornada completa fue superior al número de puestos de trabajo a tiempo parcial que se crearon. Aproximadamente el 63 % del crecimiento del empleo experimentado en 1999 se debió al aumento de los puestos de trabajo en jornada completa. No obstante, el trabajo a tiempo parcial continuó aumentando en ese mismo año, casi un 3 % más que el año anterior y casi un 19 % más que cinco años antes. En el período comprendido entre 1994 y 1999, el trabajo a tiempo parcial supuso casi el 64 % de la creación neta de empleo.

La mayoría de los nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial que se crearon fueron ocupados por mujeres, que siguen constituyendo el mayor contingente (80 %) del trabajo a tiempo parcial. Más del 70 % de los nuevos puestos de trabajo netos que se crearon para mujeres en el período 1994-1999 eran a tiempo parcial. También aumentó el número de hombres con trabajo a tiempo parcial: entre 1994 y 1999, la mitad de los puestos de trabajo netos creados y ocupados por hombres fueron de este tipo. En 1999, el 33 % de las mujeres y el 6 % de los hombres ocupados en la Unión trabajaban a tiempo parcial, frente al 28 % y el 4 % respectivamente del comienzo de la década (véase el gráfico 2).

El número de nuevos puestos de trabajo de duración indeterminada que se crearon en 1999 fue también superior al número de nuevos puestos de trabajo temporales (es decir, con contratos de duración determinada). Alrededor del 57 % de los nuevos puestos de trabajo netos ocupados por trabajadores por cuenta ajena fueron trabajos de duración indeterminada, siguiendo así la tendencia que pudo constatarse durante la recuperación que tuvo lugar de 1994 a 1999. En este lapso de tiempo, el porcentaje de trabajadores temporales experimentó un aumento del 11 % al 13 %. El incremento relativo del trabajo temporal fue considerablemente más alto entre los hombres que entre las mujeres (véase el gráfico 2).

Como consecuencia de ello, en los últimos cinco años se asistió a un aumento constante del porcentaje de trabajadores que ocuparon un trabajo a tiempo parcial o de duración determinada. Con ello, este tipo de puestos de trabajo representan ahora el 28,4 % del empleo total en la UE (véase el gráfico 2). Este porcentaje es del 45,7 % en el caso de las mujeres ocupadas.

Las mujeres ocuparon la mayoría de los nuevos puestos de trabajo

La amplia mayoría de los nuevos puestos de trabajo netos que se crearon en 1999 fueron ocupados por mujeres, lo que supone el 70 % del incremento global del empleo, una cifra superior a la de 1998 en la línea de la tendencia a largo plazo encaminada a aumentar la presencia de las mujeres en el empleo remunerado. En el período de 1994 a 1999, casi dos terceras partes de los nuevos puestos de trabajo netos fueron cubiertos por mujeres.

Como resultado de ello, en 1999 siguieron reduciéndose los desequilibrios entre hombres y mujeres con respecto al empleo. La tasa de empleo de las mujeres de 15 a 64 años de edad pasó del 51 % de 1998 al 53 % , mientras que la de los hombres aumentó medio punto desde el 71 % al 71,5 %. Por tanto las diferencias se redujeron hasta ser de 18,5 puntos porcentuales. Esta diferencia era todavía de unos 27 puntos porcentuales a comienzos de los años 90 (véase el gráfico 3).

La mayor parte de la creación neta de puestos de trabajo en la UE tuvo lugar en el sector de los servicios, pero también se registraron incrementos en la industria

El incremento del empleo desde 1997 es atribuible en su mayor parte al aumento de los puestos de trabajo en el sector de los servicios, que compensó con creces la pérdida constante de puestos de trabajo en la agricultura. También creció el número de puestos de trabajo del sector industrial, a diferencia de lo que ocurrió en los tres primeros años del periodo de recuperación, de 1994 a 1997, cuando algunos Estados miembros, sobre todo Alemania, vieron reducirse el número de empleos.

A resultas de ello, se incrementó la tasa de empleo del sector de los servicios de la UE, pasando del 40,3 % al 41,6 % entre 1997 y 1999. Dado que la tasa de empleo en ese sector también aumentó en los Estados Unidos durante el mismo periodo (del 54,5 % al 55,5 %), la diferencia entre este país y la Unión Europea se mantuvo en 14 puntos porcentuales. En términos de proporción del empleo total en 1998, la tasa era del 73,8 % en Estados Unidos y del 66,1 % en la Unión Europea [3].

[3] Estimación basada en las Perspectivas del empleo en 2000 de la OCDE.

Aunque el sector de los servicios en conjunto presenta el mayor potencial de creación de empleo en la UE, hay grandes diferencias entre sus diferentes subsectores. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados desde que se inició la recuperación estaban concentrados en unos pocos servicios comerciales (informática, comercio, viajes y transporte aéreo), aunque también en algunos servicios «comunales» -en particular la sanidad y la educación, y también actividades recreativas y culturales- y en servicios personales. En algunos servicios más tradicionales, el empleo apenas aumentó o incluso disminuyó: así sucedió con el comercio al por menor, el transporte terrestre y fluvial, los servicios postales, la banca y los seguros, la I + D y la administración pública.

Las nuevas oportunidades de trabajo estuvieron muy mal repartidas entre las distintas profesiones

Mientras que desde 1994 la creación de nuevos puestos de trabajo directivos, profesionales y técnicos altamente cualificados, así como los de ventas y servicios, ha sido más de dos veces superior a la tasa media de creación de empleo en la UE (0,9 %), los trabajos manuales, cualificados o no, han visto reducido su número en el mismo periodo. Los trabajos administrativos y de oficina aumentaron también, aunque en menor medida.

Esta distribución del crecimiento del empleo ha sido casi idéntica para hombres y mujeres, con muy pocas variaciones entre los Estados miembros. No obstante, algunos países mostraron evoluciones particulares, como en el caso de Portugal [4]. (donde el incremento de puestos de trabajo afectó más a profesiones no cualificadas que a profesiones que requieren una alta cualificación) y de España, Francia, Irlanda y los Países Bajos, donde continuó aumentando el número de profesiones manuales.

[4] Una interrupción en la serie estadística de 1998 disminuye la fiabilidad de estos resultados.

El crecimiento del empleo en los últimos cinco años ha sido espectacular (más del 5 % anual) en profesiones relacionadas con la sociedad de la información (profesionales de la informática) o impulsadas por la economía global y las transformaciones constantes de la gestión (profesionales de negocios, ejecutivos, artistas innovadores), y por la necesidad de responder a nuevas necesidades sociales (profesionales de los ámbitos del trabajo social, los cuidados personales y la sanidad).

Siguió disminuyendo la tasa de desempleo

La tasa de desempleo de la Unión fue del 9,2 % en 1999, tercer año consecutivo en el que se registró una disminución del número de desempleados, que en 1994 representaban el 11,4 % de la población activa (véase el gráfico 4). En marzo de 2000 había en la Unión 14,9 millones de personas sin trabajo, por debajo del pico de 18,7 millones que se alcanzó en febrero de 1994. La reducción de la tasa de desempleo cobró velocidad sobre todo a partir de 1997 como reflejo del incremento de la tasa de empleo. No obstante, en 1999 el desempleo afectaba todavía dos millones de personas más que en 1991.

En 1999, la tasa de desempleo de las mujeres, que era del 10,8 %, era todavía muy superior a la de los hombres (7,9 %), aunque en ese año el desempleo de aquéllas había disminuido un poco más que el de éstos como consecuencia de la mayor creación neta de empleo femenino.

La tasa de desempleo de los jóvenes alcanzó el punto más bajo desde los ochenta, pero sigue siendo alta

En 1999, el porcentaje de jóvenes en paro en la Unión era del 8,5 % en el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 24 años de edad. Este porcentaje era inferior al 9,2 % de 1998 y al 10,7 % de 1994 y un poco más bajo que el registrado a principios de la década. En 1999, la reducción de la tasa de desempleo juvenil fue similar en el caso de los hombres y en el de las mujeres (0,8 puntos porcentuales). No obstante, esto no debería hacer olvidar la importancia del problema de los jóvenes solicitantes de empleo. La tasa de desempleo convencional entre los jóvenes (expresada como porcentaje de la mano de obra) ascendía en 1999 al 17,7 %.

El desempleo juvenil como porcentaje del desempleo total se ha reducido también, aunque ello es en parte consecuencia de la disminución del porcentaje de miembros del grupo de edad 15-24 en la población total. La población del grupo de edad entre 15 y 24 años viene experimentando un descenso anual del 1,5 % desde mediados de los 90.

También se redujo el desempleo de larga duración, pero sigue constituyendo un problema importante

La mejora general de la situación del mercado laboral se reflejó también en la disminución del desempleo de larga duración, medido como porcentaje de la población activa (tasa de DLD). El porcentaje de desempleados de larga duración en la Unión Europea ascendió en 1999 al 4,2 %, frente al 5,2 % de 1997 y el 4,9 % de 1998. Más del 2,5 % de la mano de obra había estado en paro durante dos años o más, lo que supone una reducción de medio punto porcentual con respecto a 1998.

A pesar de esta mejora, el desempleo de larga duración sigue constituyendo un problema importante en la Unión Europea. La tasa actual de desempleo de larga duración es todavía demasiado elevada y está muy por encima del nivel alcanzado a comienzos de los años 90. La proporción de personas que ha estado en paro sin interrupción durante más de doce o veinticuatro meses todavía asciende respectivamente al 45 % y al 29 % del número total de desempleados. Esta situación exige medidas de mercado de trabajo más activas. El hecho de que el porcentaje del desempleo de larga duración haya estado disminuyendo desde 1997 (desde el 49 %) indica que el contingente de personas afectadas por él está disminuyendo más rápidamente de lo que lo hace el desempleo en general. De acuerdo con esto, puede decirse que la combinación de políticas activas más intensas y reformas del mercado de trabajo de algunos Estados miembros está empezando a hacerse notar en un aumento de las oportunidades de trabajo para los desempleados de larga duración.

2.2. Resumen de los resultados de los Estados miembros en cuanto al empleo

En este apartado evaluaremos los resultados obtenidos por los Estados miembros en el marco de la estrategia europea de empleo basándonos en un análisis comparativo de cómo ha evolucionado en ellos la situación del empleo desde 1997. Este informe se apoya en una serie de indicadores de resultados comunes elaborados conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros bajo los auspicios del Comité de empleo. Dadas las limitaciones existentes de información, los indicadores comunes se seleccionaron en función de su comparabilidad, fiabilidad y oportunidad [5].

[5] Para una descripción de las fuentes y la metodología de los indicadores utilizados en este capítulo, véase el anexo.

El empleo aumentó en todos los Estados miembros, pero el progreso fue desigual

En 1999, todos los Estados miembros supieron sacar ventaja de la mejora de las condiciones económicas y aumentaron sus niveles de empleo. No obstante, la mejora de los mercados laborales varió mucho de un Estado miembro a otro. Así, mientras la tasa de empleo de Irlanda experimentaba un fuerte aumento del 5 %, al igual que Luxemburgo, Finlandia, España y los Países Bajos (todos con un incremento de más del 2 % en 1999), el aumento registrado en la mayoría de los Estados miembros estuvo próximo a la media comunitaria del 1,4 %; sólo Alemania experimentó un incremento insignificante del 0,3 % (véase el gráfico 5).

La mayor parte de los Estados miembros repitieron en 1999 los resultados positivos en cuanto a crecimiento del empleo del año anterior; las únicas excepciones notables fueron Suecia y Finlandia, países en los que la creación de empleo experimentó, en comparación con 1998, una mejora, y Dinamarca, Grecia y Portugal, donde se produjo una ralentización.

Todas las economías de la UE han estado generando empleo desde 1997 a un ritmo más rápido que en el periodo 1990-1996. En la mayoría de los casos esta aceleración se debe al incremento más rápido del PIB junto con la incidencia de las reformas del mercado de trabajo. Puede que en algunos Estados miembros dichas reformas incidan en el crecimiento medio de la productividad laboral por trabajador (productividad aparente), en la medida en que conduzcan a una reducción general de la jornada laboral, a la ampliación del trabajo a tiempo parcial o al rápido desarrollo del sector de los servicios. En Dinamarca, Alemania, Italia y el Reino Unido, el crecimiento neto del empleo en los últimos años está asociado en gran medida con la disminución de la productividad laboral por trabajador.

Las tasas de empleo están experimentando un incremento constante y en algunos Estados miembros ya han rebasado el objetivo comunitario del 70 % ...

El hecho de que el crecimiento del empleo esté superando al de la población en edad de trabajar redundó en 1999 en un aumento de las tasas de empleo de casi todos los Estados miembros. Este incremento fue mayor en Irlanda, España, Bélgica y Finlandia, donde alcanzó al menos dos puntos porcentuales. Desde el lanzamiento de la estrategia europea de empleo, dos grupos de Estados miembros han conseguido un aumento sustancial de sus tasas de empleo, con incrementos superiores a cuatro puntos porcentuales en estos dos años (véase el gráfico 6):

- España e Irlanda, que recogieron el fruto de una alta demanda de trabajo para superar una difícil situación de partida;

- Suecia, Finlandia y Portugal, que consiguieron seguir mejorando aún más una situación ya caracterizada por niveles elevados de empleo.

La tasa de empleo más alta de la Unión es la registrada en Dinamarca (76,5 %). Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido ya han superado el objetivo del 70 % , que en la Cumbre de Lisboa se estableció como objetivo general de la Unión hasta el año 2010. España, Italia y Grecia, que tienen una tasa de empleo inferior o próxima al 55 %, son los países con mayores dificultades para avanzar hacia la consecución de ese objetivo. La tasa de empleo de Grecia descendió ligeramente en 1999.

En vista de que la participación de los hombres adultos en el mercado de trabajo tiende a ser bastante uniforme, los motivos de las grandes variaciones en las tasas de empleo de los Estados miembros hay que buscarlos sobre todo en el comportamiento de las mujeres, así como de los jóvenes y las personas de más edad. En cuanto al empleo femenino, hay que decir que se fomenta, entre otras cosas, mediante una flexibilización de la legislación laboral, en particular por lo que se refiere al trabajo a tiempo parcial y al permiso parental, la disponibilidad de servicios de guardería y un tipo marginal bajo del impuesto sobre la renta para parejas donde ambos miembros trabajan.

Dinamarca (71,6 %), Suecia, el Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos tienen el mayor porcentaje de trabajadoras. Todos ellos rebasan ya el 60 % que la Unión fijó como objetivo para el año 2010. A Austria y Portugal les falta muy poco para alcanzarlo y España, Italia, Grecia, Bélgica y Luxemburgo presentan tasas de empleo femenino inferiores o próximas al 50 % (véase el gráfico 7).

... pero el incremento es menos visible en términos de equivalentes a dedicación plena

Desde 1997, la tasa de empleo equivalente a dedicación plena [6] (EDP) ha experimentado un incremento en todos los Estados miembros, pero a un ritmo más lento que el número de trabajadores. Los cambios han sido menores (es decir, menos de un punto porcentual en dos años) en Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria y el Reino Unido, lo que refleja que el crecimiento del volumen de trabajo en estos países ha sido modesto.

[6] El empleo equivalente a dedicación plena (EDP), que es igual al número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se define como el total de horas trabajadas dividido por el número medio anual de horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo en cada Estado miembro. La tasa de empleo EDP se calcula dividiendo el empleo EDP definido anteriormente por la población total del grupo de edad pertinente.

Dinamarca posee la mayor tasa de empleo EDP (68,6 %), seguida de Portugal, Finlandia, Suecia y Austria, cuyas tasas oscilan entre el 65 % y el 63 %.

Los jóvenes vuelven cada vez más la mirada hacia el mercado de trabajo...

La tasa de empleo juvenil varía mucho de un Estado miembro a otro como consecuencia de la duración media de la participación en la enseñanza reconocida y la importancia que los sistemas de formación profesional conceden a las prácticas en la empresa. Esta variedad puede ser también reflejo de la situación de los distintos mercados de trabajo en el sentido de que una mayor demanda de mano de obra empuja a los jóvenes a finalizar antes su formación.

Las tasas de empleo juvenil (15-24 años de edad) más elevadas son las de Dinamarca (66 %), los Países Bajos, Austria y el Reino Unido (todos por encima del 55 %) como consecuencia del gran número de jóvenes que ocupan una plaza reconocida de aprendizaje o que compaginan la educación y la formación con el desarrollo de una actividad laboral a tiempo parcial; las más bajas son las de Bélgica, Francia, España, Grecia e Italia (todos por debajo del 30 %).

Desde 1997, la mayoría de los Estados miembros vieron cómo sus jóvenes volvían cada vez más la mirada hacia el mercado de trabajo. Esto se reflejó en el incremento de la tasa de actividad [7] del grupo de edad de 15 a 24 años en contraste con la tendencia observada desde comienzos de la década. Este aumento fue especialmente importante en Bélgica, Finlandia, Grecia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y Suecia.

[7] Suma de la tasa de desempleo juvenil y de la tasa de empleo del mismo grupo de edad.

... mientras que los trabajadores de más edad tienden a abandonarlo prematuramente

Medidas tales como la concesión de pensiones de jubilación anticipada, prestaciones de discapacidad y subsidios de desempleo no vinculados con la búsqueda activa de trabajo después de un determinado límite de edad han fomentado la retirada prematura de las personas de más edad del mercado de trabajo. Como resultado de ello, se ha ido reduciendo la tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años de edad hasta alcanzar los bajos niveles que se registran en la actualidad en la Unión europea: algo menos del 37 % en 1999 (véase el gráfico 8).

Dichas medidas aumentan en gran medida los gastos sociales y constituyen una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas públicos de pensiones, teniendo en cuenta las previsiones demográficas que apuntan a un incremento progresivo de la proporción de personas dependientes. Por otra parte, reducen el potencial de mano de obra que se necesitaría para compensar la reducción del contingente de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo.

El empleo de las personas de más edad presenta grandes disparidades de un Estado miembro a otro como reflejo de las diferencias de la estructura demográfica y de la medida en que las políticas públicas han favorecido la retirada prematura del mercado de trabajo para hacer frente a la reestructuración industrial en un contexto de escasa creación de puestos de trabajo. En Austria, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo la proporción de personas ocupadas de 55 a 64 años de edad no llega ni siquiera a un tercio, mientras que dicha proporción rebasa el 50 % en Suecia (64,5 %), Dinamarca y Portugal.

Desde 1997, la tasa de empleo de las personas de más edad ha seguido disminuyendo en Francia y Alemania y ha permanecido estable en Italia. En los demás países, sobre todo en Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido, se registraron algunos progresos.

La tasa de desempleo está descendiendo en casi todos los sitios y en algunos mercados laborales están apareciendo cuellos de botella

Este descenso viene siendo continuo en todos los Estados miembros (véase el gráfico 9) desde 1997. Entre los Estados miembros que en ese año tenían una tasa de desempleo de dos dígitos, las mejoras más significativas correspondieron a España e Irlanda (5 y 4 puntos porcentuales respectivamente), así como a Finlandia y Suecia, aunque en menor medida (alrededor de dos puntos porcentuales y medio). El incremento fue menor en Alemania, Francia e Italia, mientras que en Grecia aumentó el desempleo.

La tasa de desempleo más elevada siguió siendo la de España (15,9 %), seguida de Francia, Italia (11,3 % en ambos casos), Grecia [8] (10,7 %) y Finlandia (10,2 %).

[8] Datos de 1998.

Actualmente, la situación de algunos Estados miembros se aproxima a la de pleno empleo. En ellos, la mayoría de los desempleados cambian cada cierto tiempo de empleo («desempleo friccional»). Es el caso de Austria, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos, Irlanda y Portugal (todos ellos con tasas de desempleo inferiores o próximas al 5 %). Aunque en estos países sigue habiendo grupos difíciles de colocar, que constituyen el núcleo del contingente cada vez menor de desempleados a largo plazo, el problema más importante que se plantea ahora es cómo evitar la escasez de mano de obra y las presiones salariales inflacionistas que puede generar. Algunos opinan que la solución radicaría en la incorporación a la vida activa de las personas que no han encontrado suficientes incentivos para participar en el mercado de trabajo o que han quedado excluidos de él debido a los elevados costes no salariales o al bajo nivel de sus cualificaciones, y que no se cuentan como desempleados aunque estarían dispuestos a aceptar un puesto de trabajo si se les ofreciera (los denominados «trabajadores desalentados»). Otros creen que el refuerzo de la movilidad laboral puede contribuir a mitigar la escasez de mano de obra.

A pesar de algunas mejoras recientes, algunos Estados miembros siguen presentando unos niveles de desempleo de larga duración ...

Desde 1997, la reducción del desempleo de larga duración se ha repartido de manera más o menos igual entre todos los Estados miembros, aunque los progresos más notables fueron los de España, Irlanda, Portugal, Suecia, el Reino Unido y los Países bajos. No obstante, en 1999 el contingente de desempleados de larga duración seguía representando el 5 % o más de la mano de obra en Bélgica, Grecia, España e Italia. En todos estos Estados miembros, las mujeres estaban excesivamente representadas en el desempleo de larga duración.

... y de desempleo juvenil preocupantemente altos

En 1999, el desempleo afectaba a más del 10 % de los jóvenes (del grupo de edad de 15 a 24 años) en Italia, Finlandia, España y Grecia. Las diferencias de distribución del desempleo por sexos son normalmente mucho menos acusadas entre los jóvenes que entre los adultos.

Además de la reducción de la tasa global de desempleo, las perspectivas de los jóvenes solicitantes de empleo siguen mejorando y en 1999 todos los Estados miembros, con excepción de Bélgica y Dinamarca, registraron una disminución del desempleo juvenil. Esta mejoría fue más acusada en España, Irlanda y Suecia.

Disparidades regionales con respecto al empleo

En algunos Estados miembros, las tasas de desempleo varían considerablemente de una región a otra, como reflejo de disparidades antiguas en cuanto a la capacidad para atraer inversiones. En algunos casos, dichas disparidades pueden ser también un indicador de la insuficiencia de la movilidad laboral o de la divergencia entre salarios y productividad laboral. El coeficiente de variación [9] de las tasas de desempleo en las regiones NUTS 2 de cada Estado miembro en 1999 muestra que este problema es más acusado en Italia, seguida de Alemania, Finlandia, Bélgica y los Países Bajos (véase el gráfico 10).

[9] Desviación estándar dividida por la tasa media nacional de desempleo.

Un factor perturbador es que las disparidades regionales en cuanto al desempleo han aumentado desde 1997 en la mayoría de los países. Según esto, la reducción del desempleo habría sido menos pronunciada en las regiones con las tasas de desempleo más altas.

3. Evaluación de los planes nacionales de acción

3.1. Pilar I: Empleabilidad

3.1.1. Resumen de la evolución de las políticas

El informe conjunto sobre el empleo de 1999 llegaba a la conclusión de que el establecimiento de objetivos y plazos concretos para las directrices 1 a 3 había ayudado a centrar la política y a movilizar los esfuerzos encaminados a aplicar un enfoque político conforme a la estrategia europea de empleo. Los datos demostraban que se había fomentado un planteamiento más preventivo encaminado a combatir el desempleo de larga duración y el paro juvenil de manera más eficaz, en combinación con medidas activas reforzadas de mercado de trabajo.

El examen de los PNA del 2000 confirma ampliamente que se siguen realizando progresos en esta dirección. Los avances en el cumplimiento de los objetivos comunes de las directrices 1 y 2, y la consecución de bajas tasas de incorporación al desempleo de larga duración son mayores en aquellos Estados miembros que ya han aplicado el planteamiento preventivo tanto para los jóvenes como para los adultos desempleados (Suecia, Reino Unido, Austria, Finlandia y Luxemburgo). Los progresos fueron considerables en distinta medida en aquellos Estados miembros que ampliaron la cobertura y la intensidad de las nuevas medidas de prevención basadas en la ayuda individualizada y la acción precoz con arreglo a programas definidos previamente (Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Portugal, Francia, España). No obstante, en algunos casos, hubo retrasos o la aplicación planteó dificultades especiales.

La respuesta de los cuatro Estados miembros a los que se hicieron recomendaciones sobre esta cuestión el año pasado fue sin embargo desigual. Mientras que Alemania ha ampliado los itinerarios individuales para prevenir el desempleo a largo plazo entre los adultos y realizar ofertas adecuadas a quienes lo precisan antes de los doce meses de paro, y Bélgica anuncia para el año 2000 nuevas iniciativas que introducirán en las políticas del mercado de trabajo un enfoque más preventivo, tal como se propugna en la directriz 1, nuevas razones hacen dudar de la posibilidad de que Grecia e Italia cumplan los objetivos comunes en el plazo concertado del 2002, a pesar de los esfuerzos notables que están realizando para ello.

Con respecto al cumplimiento de la directriz 3, la activación aumentó en la mayoría de los Estados miembros y doce de ellos ya cumplen el objetivo del 20 % de desempleados que han podido acogerse a medidas activas. No obstante, los Estados miembros siguen interpretando de manera diferente el objetivo y la cobertura política de esta directriz, por lo que son necesarias mayores precisiones. Por término medio, el 47 % de los participantes en las medidas puede realizar acciones de formación, mientras que el 53 % restante participa en un conjunto muy heterogéneo de medidas, que van desde programas públicos de empleo, con muy poco contenido en formación, hasta el empleo en puestos de trabajo subvencionados y la ayuda inicial. La actual tendencia ascendente de la activación se confirma también por la proporción creciente de medidas activas en el gasto total del mercado de trabajo.

Pocos Estados miembros han iniciado la revisión general de sus regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad (Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos). Los esfuerzos de reforma de otros Estados miembros fueron modestos. En varios Estados miembros la proporción de personas en edad de trabajar que dependen de las prestaciones sociales a largo plazo es elevada. Entre ellos se cuentan países como Dinamarca y los Países Bajos, con bajas tasas de desempleo. Es preciso continuar la reforma de los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad para reducir el desempleo estructural, mejorar los resultados en materia de empleo y reinstaurar el pleno empleo.

Aunque los objetivos fijados en las directrices para el empleo de 2000 en el campo del aprendizaje permanente son más ambiciosos, la mayoría de los Estados miembros deben todavía establecer vínculos más estrechos entre diversas políticas para poder concebir y aplicar las iniciativas y medidas de educación y formación en un marco general de aprendizaje permanente. Es preciso establecer objetivos y criterios claros y cuantificados y asegurar su cumplimiento, aunque sólo una minoría de Estados miembros están respondiendo de manera adecuada y plena a los objetivos de la directriz 6 (Países Bajos, Dinamarca). Los Estados miembros que parten de una situación inicial más difícil, por presentar niveles educativos medios más bajos, deberán esforzarse en mayor medida para afrontar la empresa de la formación permanente.

Con respecto a la aplicación de las directrices 7 y 8, la mayoría de los Estados miembros han ampliado su apoyo a los jóvenes con dificultades de aprendizaje para frenar los abandonos prematuros del sistema educativo y combatir los niveles de analfabetismo que continúan siendo altos en determinados grupos y ámbitos. También hay iniciativas importantes en marcha para poner a disposición de los estudiantes ordenadores y el acceso a internet, aumentando de este modo la contribución de estos medios a la educación y la formación. Hay pocas medidas para mejorar la educación. No obstante, la situación de partida varía bastante de un Estado miembro a otro y deberían supervisarse los progresos realizados para alcanzar los objetivos comunes establecidos en las directrices para el empleo de 2000 y confirmados en la Cumbre de Lisboa.

En cuanto a la directriz 9, que tiene por objeto fomentar la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo, es preciso seguir trabajando para definir más claramente los grupos destinatarios y los objetivos políticos. También requieren mucho más esfuerzo el seguimiento y la evaluación de los resultados de las diferentes iniciativas a favor de las personas con discapacidad, las minorías étnicas y otros grupos desfavorecidos. Esto permitiría a los Estados miembros especificar los instrumentos utilizados para aplicarlas. Las conclusiones de la Cumbre de Lisboa insisten en la necesidad de promover la integración efectiva de los grupos desfavorecidos en el mundo del trabajo.

3.1.2. Prevención y activación -cumplimiento de los objetivos comunes

Hechos:

* A pesar de la mejora de la situación en el mercado de trabajo, en 1999 todavía el 50 % de los jóvenes en paro de edades entre 15 y 24 años, es decir más de dos millones, habían pasado al menos seis meses sin trabajo.

* El problema es más grave en Italia, España, Francia, Bélgica y Grecia, donde el 10 % o un porcentaje más alto de jóvenes estuvo al menos seis meses en paro. En 1999, hubo mejoras importantes en España y Francia, donde el desempleo de larga duración experimentó un descenso hasta situarse respectivamente en el 17,5 % (desde el 23,1 %) y el 9,6 % (desde el 13,2 %). En cambio, Bélgica, Italia o Grecia registraron avances modestos.

* En 1999, más de seis millones de adultos estaban en una situación de desempleo de larga duración. Más de la mitad de ellos eran mujeres. En 1997, seis Estados miembros presentaban la situación de partida más grave, con una tasa de desempleo a largo plazo próxima o superior al 5 %: España, Italia, Irlanda, Alemania, Bélgica y Francia. Hasta 1999, se observaron progresos importantes en España e Irlanda, mientras que en los otros cuatro países estos progresos pueden calificarse de modestos.

Buenos resultados:

* Las tasas más bajas de incorporación al desempleo a largo plazo (entre los jóvenes) fueron las de Austria, Suecia y Dinamarca con una media del 5,5 %.

* Las tasas más bajas de incorporación al desempleo a largo plazo (entre los adultos) fueron las de Austria, Dinamarca y Finlandia con una media del 5,2 %.

Directrices 1 y 2

La evaluación de la aplicación del planteamiento preventivo (directrices 1 y 2) tiene en cuenta tres criterios:

- la conformidad de las medidas anunciadas con las orientaciones políticas que ponen de relieve la ayuda individual y la intervención precoz;

- los progresos en la realización del propósito de hacer ofertas individuales a todos los jóvenes y adultos desempleados antes de que hayan pasado respectivamente seis y doce meses en situación de desempleo;

- el grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos comunes de la UE, medido mediante los indicadores de entrada en las diferentes medidas acordados.

También se tiene en cuenta la incidencia política del nuevo enfoque de prevención en cuanto a la reducción del desempleo en general y de la tasa de incorporación al desempleo de larga duración en particular.

Con respecto a la presentación de indicadores, puede decirse que la situación ha mejorado mucho en general. Trece Estados miembros (frente a cinco en 1999) han facilitado todos los indicadores políticos comunes o han proporcionado al menos datos que permitan su cálculo a partir de definiciones comunes. Varios Estados miembros a los que en 1999 se hizo una recomendación al respecto se han esforzado por suplir esta laguna y presentan los datos requeridos en sus PNA para el 2000 (Alemania, España, Países Bajos). No obstante, la precisión y fiabilidad de los datos cuantitativos facilitados es cuestionable en algunos casos, como queda de manifiesto en el cuadro 1. Es necesario seguir trabajando en la adaptación de los sistemas de seguimiento nacionales y en la transformación de los datos nacionales en definiciones acordadas en común a fin de mejorar la comparabilidad entre Estados miembros.

La información cualitativa y cuantitativa existente es suficiente para tener una idea clara del progreso en la aplicación de las directrices 1 y 2. En relación con esto, el examen de los criterios mencionados anteriormente permite distinguir tres grupos de Estados miembros:

Estados miembros que han creado un sistema que garantiza la realización de ofertas individuales a todos los jóvenes y adultos en paro antes de que hayan pasado respectivamente seis y doce meses en esta situación, y que están a punto de cumplir todos los objetivos comunitarios comunes: Austria, Suecia, Reino Unido, Luxemburgo y Finlandia.

Estados miembros que están ampliando el planteamiento preventivo con arreglo a las directrices y que parecen estar en condiciones de cumplir las directrices 1 y 2 en el 2002 o antes de este año: Dinamarca, Países bajos, Irlanda, Alemania, España, Portugal y Francia. En los tres primeros países, ya se ha aplicado plenamente el planteamiento preventivo con respecto a la directriz 1 y se están concentrando los esfuerzos en su ampliación a los adultos en paro.

Estados miembros que todavía no han establecido las medidas para asegurar plenamente la prestación de ayuda individual y una intervención precoz a favor de los jóvenes y adultos desempleados antes de transcurridos los seis o doce meses en paro, o que no avanzaron lo suficiente en 1999: Bélgica, Grecia e Italia.

En relación con 1998, los cambios más importantes fueron la inclusión de Finlandia y Luxemburgo en el primer grupo y la confirmación de que Alemania ha realizado importantes progresos en la aplicación de las medidas preventivas, de conformidad con las directrices.

Grupo I

Austria, que cumplió de manera muy satisfactoria las directrices 1 y 2 en 1999, intensificó la formación para la búsqueda de empleo lanzando una nueva medida (Preparación para el empleo) e hizo mayor hincapié en la adquisición de cualificaciones relacionadas con las TIC en el marco de la formación de personas en paro. Gracias a la situación favorable de su mercado de trabajo, Austria está en el buen camino para cumplir antes de 2002 su objetivo de reducir en un 50 % la tasa de incorporación al desempleo de larga duración de jóvenes y adultos en paro. Dicha tasa es ya una de las más bajas de la UE (3,4 % y 1 % respectivamente).

Suecia, que dispone de un sistema bien establecido basado en la intervención precoz y la ayuda individualizada (a partir del tercer mes de desempleo), mantiene sus buenos resultados con respecto a los jóvenes en paro, pero en 1999 vio crecer considerablemente la entrada de adultos en el desempleo a largo plazo (del 5,4 % al 15 %). No obstante, la mejora de la eficacia del enfoque de prevención para los adultos tiene prioridad en el 2000 y debería contribuir a invertir la situación.

Finlandia terminó de aplicar a gran escala su enfoque preventivo a finales de 1999; este enfoque se basa en planes de intervención individual. Esto no se refleja todavía en los indicadores de entrada en las medidas, que muestran todavía valores modestos: el 48 % de los jóvenes en paro y el 52 % de los adultos desempleados traspasan los umbrales de los seis y doce meses de paro respectivamente sin que se les haya ofrecido ayuda individual (tasa de incumplimiento). En cuanto a los resultados, los datos de Finlandia son bastante buenos, pero pueden esperarse resultados todavía mejores en vista del nivel de prevención alcanzado.

En Luxemburgo, se continuó aplicando el planteamiento preventivo sobre la base del nuevo concepto de seguimiento sociopsicológico individual del solicitante de empleo. Dicho planteamiento es más ambicioso que las directrices porque se aplica a los jóvenes y adultos desempleados antes de que cumplan respectivamente los tres y seis meses de desempleo. Entre 1998 y 1999 aumentó significativamente el nivel de los esfuerzos realizados, en especial por lo que se refiere al desempleo de las personas en edad adulta, y la tasa de incumplimiento disminuyó en consecuencia. No obstante, todavía pueden mejorarse los resultados con respecto a la tasa de incorporación al desempleo de larga duración.

El Reino Unido continuó su enfoque de prevención mediante el subsidio para las personas en busca de trabajo (Job-Seekers Allowance), acompañado de estrictas sanciones sobre los subsidios, que ofrece ayuda para la búsqueda de empleo a todos los jóvenes y adultos desempleados antes de transcurrido el sexto o el duodécimo mes de paro. Un apoyo más intenso y específico en materia de formación, experiencia laboral y programas de trabajo se pone a disposición en una etapa posterior en el marco del sistema New Deal. Para las personas de edades comprendidas entre los 25 y los 49 años, el New Deal se aplica bastante tarde (después de veinticuatro meses en paro), pero algunas personas en peor situación pueden acceder antes al apoyo intensivo. Aunque el Reino Unido cumple plenamente los objetivos comunitarios y ha reducido la tasa de incorporación al desempleo de larga duración tras la frontera del sexto o duodécimo mes en paro, todavía puede seguir mejorando su situación. Los esfuerzos anunciados en el PNA del 2000 deberían dar lugar a una mayor tasa de activación durante el periodo inicial del programa del New Deal para los jóvenes (previsto para junio de 2000), así como a una activación más temprana de los adultos a los 18 meses de paro (en 2001).

Grupo II

Con arreglo al principio del derecho y el deber de buscar activamente un puesto de trabajo, contemplado en la reforma de 1994, Dinamarca ofrece ayuda individualizada y medidas para mejorar la empleabilidad a los jóvenes y adultos en paro. Tal como ponen de manifiesto los indicadores, la aplicación estaba en la fase inicial en 1999, pero para cumplir los objetivos comunitarios, a finales de 1999 se introdujeron nuevas normas tendentes a adelantar a los seis meses la activación de los jóvenes. La aplicación paulatina del planteamiento de derechos y deberes a los adultos estaba prevista para el 2000, pero se pospuso hasta principios del 2001. Los resultados de Dinamarca con respecto a la tasa de incorporación al desempleo de larga duración son bastante buenos en el caso de los jóvenes en paro (10 %) y muy buenos en el de los adultos en la misma situación (4 %). Dada la escasez actual de mano de obra, se concede prioridad a la mejora de la eficacia y la calidad de la activación, así como a evitar los posibles efectos desincentivadores de la activación prematura de aquellos desempleados con buenas oportunidades para encontrar un trabajo por sí mismos.

Irlanda amplió la aplicación del planteamiento preventivo a los grupos más jóvenes de adultos en paro, tal como estaba previsto. Los resultados son todavía modestos tanto para los jóvenes como para los adultos de menos edad y las tasas de incumplimiento ascienden en cada caso al 58,8 % y al 52,9 % respectivamente. Dada la rápida disminución de la tasa de incorporación en el desempleo a largo plazo, debería prestarse mayor atención a los desempleados más vulnerables. En el 2000 está previsto completar la ampliación del planteamiento preventivo con los restantes grupos de edad (mayores de 55 años) y adelantar la primera intervención a los nueve meses. La evaluación continua de impacto debería ayudar a mejorar la eficacia y a ocuparse de manera más adecuada de los desempleados con mayores dificultades.

Los Países Bajos han establecido un sistema de prevención en dos fases que ofrece a todos los jóvenes en paro un plan de intervención individualizado y puestos de trabajo subvencionados a aquellos que no encuentran un puesto de trabajo en el plazo de un año. A pesar de ello, la tasa de incorporación de los jóvenes al desempleo de larga duración tras doce meses de paro continúa siendo bastante alta y podría exigir la mejora de la eficacia de la primera fase y la revisión de los posibles efectos desincentivadores en la segunda fase. Tal como había anunciado, este país comenzó a aplicar el «enfoque global» para los adultos en paro, que piensa completar en 2002. La información cuantitativa facilitada no permite evaluar de manera adecuada los progresos realizados. El sistema de seguimiento debería ser plenamente operativo a partir del 2001. Para el año 2000 se fijaron objetivos ambiciosos, que incluyen la prosecución de la puesta en práctica del enfoque de prevención a favor de los adultos, su ampliación a las personas ya afectadas por el desempleo a largo plazo y la intensificación de los esfuerzos para incorporar a la vida activa a las personas más difíciles de colocar en el mercado de trabajo.

En 1999, Portugal amplió la cobertura territorial de las nuevas medidas de prevención, doblando y triplicando respectivamente el número de jóvenes y adultos en paro que debían ser objeto de ayuda. A tal efecto, se intensificaron las medidas pertinentes, aunque más para los jóvenes en paro que para los adultos en la misma situación (la proporción de jóvenes desempleados más allá del límite de desempleo a los que no se había ofrecido un plan de intervención individualizado se redujo desde el 33,4 % al 18,7 % y aumentó la de los adultos: 21,2 % frente al 11,1 % anterior). No obstante, en Portugal sigue habiendo una alta proporción de personas que no se presentan a la primera entrevista para establecer un plan de intervención individualizado, y se mantiene la elevada tasa de incorporación en el desempleo a largo plazo. Al igual que en Irlanda, se realizará un estudio de impacto. Está previsto ampliar todavía más el planteamiento preventivo hasta llegar a la cobertura de todo el territorio en el 2000 y hasta el 2002 se irá poniendo en práctica progresivamente la intervención individualizada a favor de los desempleados de larga duración.

España progresó en la aplicación de la intervención precoz a favor de los dos grupos destinatarios de las directrices, como parte de una política más amplia de refuerzo de la activación sustentada en un importante esfuerzo financiero. En 1999, el número total de intervenciones a favor de los desempleados establecido como objetivo se rebasó en un 19 %. También se avanzó más de lo previsto en el ámbito de las intervenciones individualizadas y se establecieron planes individuales de tutela e integración en los municipios con mayores tasas de desempleo, aunque todavía con carácter experimental. Los objetivos para el 2000 prevén un esfuerzo para mantener estable el número de acciones, con una concentración de las intervenciones en los adultos en paro antes del límite de doce meses de desempleo. Con una tasa de incumplimiento cercana al 79 % en el caso de los jóvenes en paro y al 82 % en el de los adultos desempleados, España está lejos de cumplir el objetivo común, a pesar de una reducción importante de la tasa de incorporación al desempleo a largo plazo [10].

[10] La base de cálculo de los indicadores sigue siendo cuestionable porque España señala que el nuevo sistema de información que permitirá el seguimiento de todas las inscripciones y que utilizarán los SPE sólo comenzará a aplicarse en el 2000 o el 2001.

En Francia, la aplicación del programa «nuevo comienzo» cumplió los objetivos nacionales en cuanto al número total de beneficiarios de dicho programa, pero se quedó lejos de las expectativas con respecto a los dos grupos destinatarios del planteamiento preventivo. Los desempleados de larga duración y la personas con riesgo de exclusión fueron los principales beneficiarios del programa y el 79 % de los jóvenes en paro, así como cerca del 75 % de los adultos, rebasaron el límite de 6 ó 12 meses de desempleo sin que se les hubiera ofrecido una nueva posibilidad de reincorporación al mercado de trabajo. Aunque estos resultados se ajustan a las prioridades políticas nacionales (lucha contra la exclusión y especial atención a las personas más alejadas del mercado de trabajo), no llegan a cumplir los objetivos comunes de la UE en materia de prevención. También se avanza lentamente en la reducción de la tasa de desempleo de larga duración, en particular de los jóvenes. Se esperan progresos más importantes en 2000 porque los objetivos establecen un nuevo equilibrio entre prevención y reintegración (los jóvenes y adultos con un periodo de desempleo de seis o doce meses deberían constituir el 62 % de los beneficiarios del «nuevo comienzo», frente al 26,5 % de 1999).

Alemania ha empezado a aplicar un sistema basado en vías individuales de integración para jóvenes y adultos antes del límite del sexto o duodécimo mes de desempleo (incluidos los solicitantes de empleo no registrados), que se espera utilicen todos los SPE en un plazo de dos años. Como estaba previsto, se adoptaron las acciones necesarias para apoyar la intervención precoz a favor de los adultos y se está estudiando la manera de reforzar la eficacia del nuevo sistema. El aumento de la oferta de plazas de formación, en particular de aprendizaje, sigue siendo el objetivo más importante para prevenir el desempleo juvenil. Los indicadores facilitados sólo cubren el inicio del periodo de aplicación y se necesita un mayor esfuerzo para adaptar a su debido tiempo el sistema de seguimiento. El objetivo es reducir un 10 % en 2002, a más tardar, la tasa de incorporación al desempleo de larga duración de jóvenes y adultos.

Grupo III

El análisis de los PNA de este grupo deja ver que existen dos situaciones diferentes.

En Bélgica, la aplicación ha sido desigual tanto entre regiones (sólo Flandes puso en práctica en 1999 la intervención precoz individualizada) como entre grupos específicos (la acción preventiva se centró sobre todo en las personas que abandonaron el sistema escolar con bajas cualificaciones). El 50 % de jóvenes y el 54 % de adultos alcanzó los seis o doce meses de desempleo sin que se le hubiera ofrecido un plan de acción individual. Como resultado de ello, se redujo poco la tasa de incorporación al desempleo de larga duración. En el año 2000, el gobierno federal y los gobiernos regionales acordaron ampliar el enfoque de prevención a los jóvenes y adultos (de menos de 45 años) en paro. Este enfoque comenzó a aplicarse solamente a los jóvenes con bajas cualificaciones en el marco de la iniciativa convention premier emploi jeunes (primer contrato de trabajo para los jóvenes), que busca empresas de los sectores público y privado dispuestas a ofrecer a jóvenes un número de empleos equivalente al 3 % de su empleo total en un plazo de seis meses después de dejar el sistema educativo. Esta medida se apoya con trayectorias individuales de integración después de tres meses de paro dirigidas a todos los jóvenes sin empleo.

En los otros dos Estados miembros, el ritmo de la reforma es más lento de lo previsto y hay razones para dudar de que puedan cumplirse los objetivos comunes de la UE antes del 2002, aunque en los próximos años se hará un esfuerzo decidido.

En Italia, la descentralización de los servicios públicos de empleo y el establecimiento de un nuevo sistema de información sobre el empleo son condiciones fundamentales para poner en práctica la intervención individualizada y precoz. La reforma ha progresado, pero no lo suficiente y a un ritmo tal que permita augurar que su puesta en práctica será plenamente posible antes del 2003 [11]. La mayoría de las reformas del mercado de trabajo y los regímenes de prestaciones sociales pensadas para contribuir a la aplicación del planteamiento preventivo llevan también retraso. Las mayores dificultades para establecer los centros de empleo se presentan en el sur de Italia, donde más necesidad hay de aplicar eficazmente el planteamiento preventivo.

[11] Sólo la mitad de las regiones disponen en la actualidad de nuevos centros de empleo. La puesta en práctica del nuevo sistema de información, que debía estar en funcionamiento en el 2000, se aplazó hasta finales de ese mismo año y sólo ocho regiones han empezado a utilizar el nuevo sistema.

En Grecia ha progresado la modernización de los servicios públicos de empleo, que es una condición previa para aplicar el planteamiento preventivo [12]. No obstante, la aplicación ha sido modesta y no se citan plazos concretos para ello. El nuevo sistema de seguimiento no es todavía operativo. La intervención a favor de los desempleados sigue basada ampliamente en un planteamiento de grupos destinatarios tradicionales, mediante una variedad de programas y medidas que en 1999 permanecieron en gran medida idénticas. Se anunciaron nuevas reformas de los SPE que, no obstante, pueden complicar la realización de las reformas en curso. En vista de esto, Grecia tendrá dificultades para aplicar de manera eficaz el planteamiento preventivo hasta el 2002, a no ser que se adopten medidas de urgencia.

[12] 24 de los nuevos centros de fomento del empleo creados en 1999, frente a los 4 de 1998 y los 24 más previstos en 2000.

Directrices 1 y 2 - Cuadro de cumplimiento

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Notas:

(1) Por cumplimiento se entiende la conformidad de las iniciativas con las directrices en materia de prestación de ayuda individualizada y de intervención precoz a favor de todos los jóvenes y adultos en paro antes de que transcurran seis y doce meses de desempleo respectivamente, así como la prueba de los progresos realizados para hacerlas operativas.

(2) Italia se ha comprometido a cumplir plenamente las directrices 1 y 2 en 2003, a más tardar.

Directriz 3

Cumplimiento del objetivo común

Los Estados miembros se comprometieron a aumentar los niveles de participación de los desempleados en medidas de formación y similares hasta un mínimo del 20 % a fin de mejorar sus cualificaciones y empleabilidad. De los datos de los PNA del presente año puede deducirse (véase el cuadro 4 del anexo estadístico) que doce Estados miembros cumplen el objetivo común [13]. En comparación con 1998, Francia, Italia, los Países Bajos y Austria aumentaron su tasa de activación y alcanzaron por primera vez el objetivo.

[13] El indicador de entrada en las medidas utilizado para supervisar la directriz 3 (tasa de activación) se define como el número medio anual de participantes en las medidas activas anteriormente en paro dividido por el número de desempleados registrados (reserva). Las medidas activas se definen en sentido amplio para incluir la formación, la rotación en el trabajo y el trabajo compartido, los incentivos para el empleo, la integración de las personas con discapacidad, la creación directa de empleo y los incentivos para la puesta en funcionamiento de empresas ('start-up').

Tres Estados miembros no habían alcanzado en 1999 el nivel de referencia.

Portugal ha aumentado la tasa de activación y está en el buen camino para cumplir esta directriz en 2002, como está previsto.

Grecia sólo facilita datos nacionales que no establecen entre los participantes una distinción entre desempleados inscritos y estudiantes/personas ocupadas. Consiguientemente no puede calcularse la tasa de activación a partir del indicador concertado.

El Reino Unido está claramente por debajo del objetivo comunitario teniendo en cuenta la definición actual del indicador. El PNA del Reino Unido facilita datos suplementarios de participación en la «ayuda para la búsqueda de trabajo» y el «asesoramiento intensivo», según los cuales estas formas de ayuda cubren al 100 % de los desempleados inscritos.

Medidas más activas ...

En 1999, la mayoría de los Estados miembros dieron mayor importancia a las medidas activas de mercado de trabajo y se redujo el número de personas en paro registradas. Como resultado de ello, la tasa de activación experimentó un aumento o permaneció estable en la gran mayoría de Estados miembros [14], con excepción de Suecia, que sigue con la tasa más elevada de la UE (87 %).

[14] No se dispone de datos para ambos años de Grecia, Italia, Francia (sólo la tasa) y los Países Bajos.

El número de participantes en las medidas activas aumentó un poco más del 10 % entre 1998 y 1999 en los once Estados miembros que facilitaron cifras absolutas para esos dos años [15] (véase el cuadro siguiente).

[15] Ibídem.

Con respecto al gasto, los datos preliminares correspondientes a 1999 dejan ver que la cuota de las medidas activas está aumentando en relación con los gastos totales del mercado de trabajo [16]. Cinco Estados miembros (Austria, Alemania, España, Italia y los Países Bajos) vieron crecer el gasto en medidas activas, mientras que otros tres (Finlandia, Dinamarca y Suecia) asistieron a una disminución del mismo, aunque a un ritmo más lento que el de las medidas pasivas. En los ocho Estados miembros que facilitaron datos sobre 1999 disminuyó el gasto en medidas pasivas como reflejo de la reducción del desempleo. Estas tendencias pueden interpretarse también como un indicio de que los Estados miembros están aplicando un planteamiento más activo y preventivo en sus políticas de mercado de trabajo.

[16] Perspectivas del empleo en 2000, OCDE, junio de 2000.

...pero menos atención al desarrollo tradicional de recursos humanos para las personas en paro

El número total de participantes en las medidas de formación se redujo en un 16 % (véase el cuadro) [17]. Esta disminución es debida a la caída brusca del número de participantes en la formación en Alemania, España y Suecia. En los otros nueve Estados miembros que facilitan datos que hacen posible la comparación, la tasa de participación en la formación aumentó de hecho o permaneció estable entre 1998 y 1999, aunque en una proporción menor que la del incremento de la tasa global de activación (incluida la formación y otras medidas equivalentes), con excepción de Bélgica y Luxemburgo.

[17] Ibídem.

En 1999, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo registraron la mayor cuota de participación en la formación, con una media del 28,7 %.

El hecho de que en la mayoría de los Estados miembros la participación en una amplia gama de medidas activas esté aumentando más que en la formación hace pensar en un cambio en sus políticas de reintegración. Al haber mayor diversidad en el conjunto de medidas de apoyo, pueden ofrecerse a los desempleados vías para la reintegración hechas a su medida. Con arreglo a la puesta en práctica gradual del planteamiento preventivo, se tiende a seleccionar la combinación más eficaz de medidas tras analizar las características de cada persona. Además, los resultados de la evaluación presentados en algunos PNA dejan ver que las medidas centradas solamente en la formación son menos eficaces que las que combinan trabajo y formación.

Total de desempleados participantes en el conjunto de medidas y en medidas de formación en 1998 y 1999 (en miles)

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(a) No se dispone de los datos correspondientes a estos dos años de Grecia, Italia, Francia y los Países Bajos.

Reintegración

Sólo cuatro Estados miembros (Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Finlandia) presentaron datos que permiten utilizar un indicador de resultados para la directriz 3 definido como la cuota de participación en medidas activas de personas que vuelven a estar registradas como desempleadas tres o seis meses después. De estos datos se deduce que aproximadamente entre el 25 % y el 40 % de los participantes en medidas activas vuelven a estar registrados como desempleados en un plazo de tres meses tras la finalización de los programas. Las altas tasas de vuelta a la situación de paro poco después de beneficiarse de un programa de activación ponen en duda la calidad de la ayuda prestada, así como la posible incidencia negativa de la dependencia a largo plazo de los programas de apoyo a la renta que interactúan con la búsqueda activa de trabajo.

Resulta fundamental obtener datos más comparables sobre los resultados de las medidas activas de mercado de trabajo. Hay que instar a los Estados miembros a mejorar sus sistemas de seguimiento a fin de calcular el índice de eficacia de cada medida importante de reintegración y evaluar la relación coste-eficacia de dichas medidas.

Servicios públicos de empleo

Haciéndose eco del papel que desempeña un sistema eficaz de prestación de servicios en el éxito de las iniciativas para prevenir y reducir el desempleo de larga duración, en las directrices para el año 2000 se insta a los Estados miembros a proseguir la modernización de sus servicios públicos de empleo para poder aplicar del modo más eficaz posible la estrategia de prevención y activación.

En la actualidad, todos los Estados miembros están realizando esfuerzos importantes para que sus sistemas de prestación de servicios puedan responder a los desafíos planteados por la estrategia europea de empleo. Aunque los PNA rara vez facilitan una descripción sistemática de dichas reformas, parecen proponer un proceso de reforma conforme a tres dimensiones:

* Reforma de la estructura organizativa de los SPE, incluida su relación con otros agentes. Esta reforma tiene por objeto: una mejor coordinación entre medidas pasivas y activas (Países Bajos, Reino Unido); el refuerzo de la estructura de formación profesional (Italia, Portugal); la adaptación de los SPE a las necesidades y oportunidades locales y regionales (Italia, España, Bélgica, Francia, Países Bajos); la mejora del marco organizativo y jurídico para aplicar a nivel nacional la estrategia de «nuevo comienzo» (Alemania, Irlanda, Portugal, Grecia).

* Mejora de los recursos personales de los SPE. Incluye tanto el aumento de la plantilla (Alemania, Francia, Finlandia, España) como la mejora de las cualificaciones del personal (Italia, Grecia). Aunque en algunos países puede considerarse la reducción de plantilla debido a la disminución de la tasa de desempleo, la ratio personal/desempleados inscritos en busca de empleo parece estar aumentando en la mayoría de los Estados miembros.

* Mejora de los métodos de trabajo de los SPE. Su función como oficina de colocaciones está mejorando su eficacia con el desarrollo de sistemas informáticos de autoservicio, que mencionan explícitamente España, Italia y el Reino Unido, pero que funcionan ya actualmente en la mayoría de los SPE. De este modo, los SPE pueden dedicar más personal a los servicios intensivos para solicitantes de empleo con especiales problemas para su reintegración. El método de gestión individual de casos se aplica en muchos SPE (Alemania, Irlanda, Finlandia, Suecia, Francia, Reino Unido, Países Bajos): incluye instrumentos de diagnóstico más adecuados; la intervención precoz; contactos de servicio más frecuentes e intensivos; un cambio de centro de atención, dando mayor importancia a la colocación en puestos de trabajo regulares que a la participación en medidas. Se realiza una supervisión más estricta del comportamiento de los beneficiarios de prestaciones sociales con respecto a la búsqueda de empleo debido al aumento del número de puestos de trabajo por ocupar en muchos países (Suecia, Finlandia).

3.1.3. Reformas de los sistemas de prestaciones sociales y de fiscalidad (directriz 4)

Los progresos en la reformas de los sistemas de prestaciones sociales y de fiscalidad son hasta el momento decepcionantes. Unos pocos Estados miembros están revisando sistemáticamente sus sistemas de prestaciones sociales y de fiscalidad a fin de mejorar su estructura de incentivos, reforzar los sistemas de control y endurecer los requisitos de acceso. Algunos Estados miembros han aplicado reducciones generalizadas a las cotizaciones de seguridad social (CSS) e impuestos sobre la renta, y unos pocos han introducido prestaciones en el trabajo a fin de aumentar los incentivos para incorporarse al mundo laboral. No obstante, hasta ahora las reformas de la mayoría de los Estados miembros han sido modestas y poco sistemáticas, y se limitan a reducciones concretas de impuestos y CSS, así como a la concesión de créditos fiscales. Por ello, la realización de una reforma general que aborde los efectos incentivadores combinados de los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad sigue siendo una prioridad en la mayoría de los Estados miembros.

Normalmente, los PNA no diferencian entre los efectos de los sistemas de prestaciones sociales y de fiscalidad para hombres y mujeres. No obstante, influyen mucho en la disposición de las mujeres para buscar trabajo y en la eliminación de los desequilibrios entre ambos sexos en general.

La incidencia de las reformas de los sistemas de prestaciones sociales y de fiscalidad se refleja en el funcionamiento general del mercado de trabajo y puede tardar algunos años en materializarse plenamente. Por ello es importante tener en cuenta las reformas precedentes cuando se evalúan los resultados.

Unos pocos Estados miembros, entre los que se incluyen Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, ampliaron recientemente su táctica reformadora eficaz mediante iniciativas cuyo objetivo era transmitir expresamente la sensación de que «trabajar es rentable». No obstante, debe solucionarse el problema constante que plantea el gran número de beneficiarios acogidos a los regímenes pasivos de prestaciones sociales. Los sistemas de subsidios de desempleo deben seguir reformándose en algunos Estados miembros, sobre todo en Bélgica y Alemania, países donde la duración ilimitada de los subsidios para algunas categorías de parados y la insuficiente aplicación de los requisitos de acceso pueden aumentar el riesgo de dependencia de los subsidios a largo plazo. Por otra parte, puede que en Italia y Grecia deban mejorarse los sistemas de prestaciones sociales para establecer un sistema general de seguro de desempleo y aumentar la eficacia de las medidas activas de mercado de trabajo.

Varios Estados miembros prevén incentivos específicos para que los empresarios contraten a parados, por ejemplo subvenciones y créditos fiscales a las empresas por la contratación de trabajadores con bajas cualificaciones, discapacitados o perceptores de los subsidios de paro. Otros contemplan reducciones de las CSS cuando contratan jóvenes en busca de su primer empleo o desempleados de larga duración. No se añaden muchas medidas nuevas a las diversas medidas puestas en práctica en los últimos cinco años más o menos. Además, en los PNA no se evalúa suficientemente la eficacia de tales medidas

Progreso de la reformas de los sistemas de prestaciones y de fiscalidad en 2000

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La mayoría de los Estados miembros han empezado a aplicar, o tienen previsto introducir en breve plazo, estas medidas para conseguir que las personas de más edad permanezcan más tiempo activas; dichas medidas pueden consistir en el retraso de la edad de jubilación o el refuerzo de la desincentivación para jubilarse antes de tiempo. Las reformas más exhaustivas se están llevando a cabo o se prevén en Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Austria y Finlandia. Dinamarca modificó su régimen voluntario de jubilación anticipada incentivando la retirada flexible del mercado de trabajo y tiene previsto revisar el régimen de pensiones de discapacidad. Finlandia introdujo una serie de medidas para fomentar el envejecimiento activo, incluido el retraso de la edad de jubilación, la desincentivación de la jubilación anticipada, mayores facilidades para el trabajo flexible a tiempo parcial y el fomento del reciclaje. Alemania está retrasando la edad de jubilación, como estaba previsto y ha adoptado medidas de fomento del trabajo a tiempo parcial en lugar de la jubilación anticipada. Los Países Bajos anunciaron la adopción de un conjunto de medidas, que se discutirán con los interlocutores sociales, a fin de reducir el tratamiento fiscal favorable de la jubilación anticipada e imponer de nuevo a los parados de mayor edad el deber de buscar un puesto de trabajo. Austria puso en práctica medidas de envejecimiento activo consistentes en la organización flexible del trabajo y tiene previsto adoptar medidas tendentes a retrasar la edad de jubilación.

Las medidas centradas en la demanda están encaminadas a subvencionar la contratación de trabajadores o desempleados de más edad. Tales medidas se están aplicando en Grecia, Portugal y Suecia. En España, el apoyo a la renta se combina con medidas activas para los desempleados de larga duración de más de 45 años de edad que ya no tienen derecho al subsidio de paro. En el Reino Unido, el New Deal para las personas de 50 o más años de edad y, en gran medida también, el New Deal para las personas con discapacidad, tienen por objeto fomentar la participación de las personas de más edad en el mercado de trabajo.

3.1.4. Educación y formación (directrices 5 a 8)

Hechos:

* El 60 % de la población adulta de la UE en edad de trabajar (25-64) tiene, como mínimo, un nivel educativo de secundaria superior. No obstante, entre los Estados miembros sigue habiendo grandes disparidades y en países como España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal esa proporción es más baja. El problema es especialmente preocupante en Portugal (21,2 %) y España (34,9 %).

* En la última década, todos estos Estados miembros hicieron un gran esfuerzo para salvar esas diferencias y consiguieron elevar el nivel educativo de las jóvenes generaciones. Como resultado de ello, más de un 50 % de los adultos más jóvenes (grupo de edad 25-34) ya dispone del nivel educativo de secundaria superior en todos ellos, salvo en Portugal, que, frente a la media comunitaria, es ligeramente superior al 70 %.

* En la actualidad, las mujeres jóvenes se están aproximando o, incluso, superan los niveles educativos de los hombres jóvenes.

Buenos resultados:

* Niveles educativos más altos (medidos como porcentaje de adultos con un nivel educativo mínimo de secundaria superior): Suecia, Alemania y Dinamarca. Media: 80 %.

Europa tiene una de las poblaciones laborales mejor formadas y uno de los mejores sistemas de educación y formación, y puede confiar en estas bazas para afrontar el desafío de la mejora de las cualificaciones, sobre todo de una mano de obra en proceso de envejecimiento, y las dificultades cada vez mayores para ofrecer una formación generalizada en el trabajo. Además, en algunas zonas sigue habiendo amplias bolsas de analfabetismo, que, si no son objeto de la necesaria atención, pondrán a los trabajadores menos cualificados en una situación de desventaja en la sociedad basada en la información y el conocimiento.

En las directrices 5 a 8 se insta a los Estados miembros a fomentar la empleabilidad y a mejorar las cualificaciones de los trabajadores para que puedan adaptarse a la nueva economía del conocimiento mediante la aplicación de estrategias generales de formación permanente (sobre todo en el campo de las TIC) tendentes a mejorar la formación inicial de los jóvenes con las aptitudes pertinentes, reducir la tasa de abandono escolar y concluir acuerdos a fin de incrementar las posibilidades de formación.

Fomentar un planteamiento de cooperación

En la directriz 5 se insta a los interlocutores sociales a celebrar acuerdos para aumentar las posibilidades de formación, experiencia profesional, periodos de prácticas u otras medidas que faciliten la empleabilidad de los jóvenes y adultos desempleados.

A pesar de las precisiones realizadas en las directrices para el empleo en el 2000 sobre esta directriz, menos de la mitad de los Estados miembros han hecho saber si los interlocutores sociales han celebrado o no acuerdos para poner a disposición de los jóvenes y adultos en paro medidas encaminadas a mejorar sus posibilidades de inserción profesional. Los informes de Francia, Italia y el Reino Unido describen iniciativas generales y marcos institucionales, y Dinamarca, Finlandia, Alemania y Grecia resaltan los acuerdos y proyectos de sectores específicos. En algunos Estados miembros (Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido) se ha asistido a una evolución política importante, como es el incremento de la participación de los interlocutores sociales junto con las autoridades locales y regionales y otros socios en la educación y la formación.

En el apartado 3.3.2. se analiza en detalle el papel del enfoque participativo en el fomento de la formación permanente y la solución del problema de la escasez de cualificaciones.

Aprendizaje permanente

Hechos:

* La participación en las actividades de formación y educación en las últimas cuatro semanas (datos de la encuesta de población activa) sigue siendo muy baja en la Unión, pero ha venido aumentando desde 1997. La tasa de participación del grupo de edad entre 25 y 64 años fue del 8 % en 1999, frente al 7,5 % en 1998 y el 6,5 % de 1997 [18].

[18] Fuente: Encuesta Europea de Población Activa 1999. Para este año no se dispone de datos de Grecia, Irlanda y Austria. El incremento puede deberse en parte a un cambio en el cuestionario.

* La tasa de participación en la formación permanente fue insuficiente en Portugal, Grecia, Luxemburgo, Italia, Francia, España, Alemania e Irlanda, donde menos del 6 % de los adultos en edad de trabajar participaron en 1999 en una formación (reciente). No obstante, las comparaciones internacionales adolecen de una armonización insuficiente de las recopilaciones de datos en este ámbito [19].

[19] En Portugal, Francia y los Países Bajos, sólo se recopilan los datos de participación en la educación y la formación en el momento de realizarse la encuesta (frente a los demás Estados miembros, donde se registran los datos de las últimas cuatro semanas).

* Hay también grandes diferencias entre los grupos de edad. Actualmente, los jóvenes de 25 a 34 años de edad tienen en la Unión Europea hasta siete veces más posibilidades de beneficiarse de la formación que los de 55 a 64 años. Además, las personas de mayor nivel educativo suelen participar más en la educación y la formación cuando son adultos. En general, puede decirse que la posibilidad de que una persona con un título de enseñanza superior participe en la educación o la formación son cinco veces superiores a las de una persona con un nivel máximo de secundaria inferior.

Buenos resultados:

* Proporción más alta de participación de adultos en la formación y la educación: Suecia, Dinamarca y Reino Unido. Media: 20,8 %.

Los Estados miembros y la Comisión han definido la formación permanente como «todas las actividades formales o informales de aprendizaje con un fin determinado, realizadas de manera continua con el objetivo de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las competencias». Por tanto, es preciso mejorar los datos sobre la participación en la educación y la formación como actividad secundaria -en especial de los adultos-.

Las evoluciones más recientes en los mercados laborales han dado nuevo énfasis al fomento de la formación permanente como un instrumento estratégico para aprovechar el potencial de mano de obra de la UE. El informe conjunto sobre el empleo de 1999 señaló la aparición de déficit de cualificaciones reflejados en la imposibilidad de cubrir las necesidades de trabajadores mejor cualificados y formados debido al papel cada vez más importante del conocimiento y la información en la nueva economía. En el 2000, los PNA de Bélgica, Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, Finlandia y Suecia, así como la parte del informe italiano correspondiente al norte del país, pusieron claramente de manifiesto que dicha escasez de mano de obra constituía una traba importante para el crecimiento económico. No obstante, hay una serie de sectores u ocupaciones en los que la escasez de mano de obra es particularmente importante y se alude a la existencia de dificultades para la contratación de personal en general, desde el sector de la tecnología de la información hasta la agricultura y la venta al por menor.

La directriz 6 insta a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a incrementar las posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida y a fijarse el objetivo de aumentar el número de personas que se beneficien cada año de dichas medidas. En respuesta a la importancia cada vez mayor de la promoción de la formación permanente, que se ha plasmado, por ejemplo, en las últimas revisiones de las directrices para el empleo, un número mayor de Estados miembros ha adoptado medidas en esta dirección. No obstante, la mayoría de los PNA siguen presentando un enfoque poco sistemático y los Estados miembros que ya con anterioridad habían decidido emprender este camino son los únicos que han adoptado una estrategia general firme. Los progresos en la elaboración y la aplicación de las medidas han sido por lo general lentos, especialmente en aquellos países que presentaban en los inicios mayores carencias.

Partiendo de los datos de los PNA, puede dividirse a los Estados miembros con arreglo al grado de cumplimiento de esta directriz. A tal efecto, se utilizaron dos criterios:

* el alcance de la promoción de la formación permanente llevada a cabo de manera general y articulada;

* el establecimiento de objetivos nacionales generales para evaluar el progreso, con arreglo a la directriz 6.

En el siguiente cuadro de cumplimiento se exponen los resultados:

Directriz 6 - Cuadro de cumplimiento

>SITIO PARA UN CUADRO>

Con arreglo al grado de aplicación de la directriz 6, es posible escindir a los Estados miembros en cuatro grupos:

* I. Aplicación adecuada: Estados miembros que han establecido un sistema general, avanzado lo suficiente en la aplicación de sus objetivos estratégicos y fijado objetivos para supervisar los progresos realizados (Países Bajos y Dinamarca).

* II. Aplicación adecuada, pero no específica: Estados miembros que han establecido un sistema general y avanzado lo suficiente en la aplicación de sus objetivos estratégicos, pero que no han fijado objetivos nacionales con respecto a los cuales puedan medirse los resultados (Finlandia, Suecia e Irlanda).

* III. Aplicación incompleta: Estados miembros cuyo proceso de aplicación es lento (Reino Unido), que han establecido iniciativas políticas interesantes, pero que se encuentran aún en una fase precoz o son de naturaleza demasiado limitada (Portugal, Austria, Francia y Alemania), o que carecen de una estrategia general a pesar de haber establecido un objetivo nacional (Bélgica).

* IV. Aplicación insuficiente: Estados miembros que no han cumplido todavía la directriz en el sentido de que no han fomentado de modo general las iniciativas de formación permanente (Italia, Grecia, Luxemburgo y España).

Estas diferencias ponen de relieve que las condiciones previas de la formación permanente (en particular el nivel educativo entre los adultos) y las necesidades que hay que satisfacer para poner en práctica una estrategia de formación permanente varían mucho de un Estado miembro a otro. Por un lado, deben reconocerse las dificultades que plantea la situación de partida menos avanzada en algunos Estados miembros, pero lo más preocupante es que los países con los niveles educativos más bajos o con la menor tasa de participación de adultos en la educación y la formación son los más representados en los grupos III y IV.

Como en 1999, los objetivos nacionales de formación permanente no se utilizaron por lo general como instrumento para medir los progresos en la realización de un objetivo estratégico. De hecho, sólo siete Estados miembros (Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Austria, Francia, Dinamarca y Portugal) establecieron objetivos de aprendizaje a lo largo de la vida. Además, a menudo dichos objetivos sólo afectan a grupos específicos del mercado laboral (Austria, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Francia) o son regionales (Reino Unido) y en algunos casos han cambiado con respecto al año anterior (Francia y Bélgica). Ninguno de los tres Estados miembros (Portugal, Reino Unido, Austria) que mantuvieron los mismos objetivos del año anterior informan sobre los progresos realizados. Por último, dos Estados miembros (Suecia, Grecia) que fijaron objetivos el año pasado no han informado sobre ellos.

Directriz 6 - Objetivos establecidos por Estado miembro en 2000

>SITIO PARA UN CUADRO>

La mayoría de los Estados miembros no han establecido una estrategia coherente para coordinar las diferentes fases de la educación y la formación (tanto por lo que se refiere a los programas de estudios como al reconocimiento y la certificación de la enseñanza formal y no formal), aunque en algunos Estados miembros están apareciendo elementos de dicha estrategia: Finlandia, Irlanda, Suecia y, en menor medida, Austria, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Italia y Reino Unido.

Los Estados miembros describen una serie de medidas específicas, que, aunque son innovadoras, no parecen configurar una estrategia coherente. Entre ellas se cuentan iniciativas para dar una segunda oportunidad a las personas que no han finalizado la educación o formación básicas e iniciativas de formación de grupos con problemas particulares (por ejemplo, minorías étnicas, inmigrantes, trabajadores mal remunerados), así como la concesión de permisos de formación (Austria, Suecia) y la rotación en el trabajo (Dinamarca, Alemania). Irlanda y Portugal están creando estructuras que contribuirán a apoyar la formación permanente.

Varios Estados miembros están preparando la realización de proyectos piloto, registros individuales de formación (Países Bajos, Reino Unido), la prestación de servicios de información y asesoramiento (por ejemplo, centros de recursos, directorios de bases de datos sobre educación de adultos) e incentivos para empresas (Los Países Bajos y el Reino Unido otorgan premios a la calidad para «inversiones en recursos humanos»). La validación y el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en el trabajo o en el marco de la educación no formal se ha convertido en una prioridad política en la mayoría de los Estados miembros. Asimismo, algunos países están poniendo en práctica medidas de enseñanza a distancia para que todos puedan acceder a la educación y la formación. No obstante, muchos de estos proyectos se encuentran todavía en la fase preparatoria.

La directriz 6 insta también a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a facilitar el acceso a la formación a los trabajadores de mayor edad. Sólo cinco Estados miembros mencionan medidas o iniciativas específicas encaminadas a ello (España, Francia, Finlandia, Austria y Alemania). Dada la importancia que reviste la actualización de las cualificaciones y competencias de los trabajadores de más edad -en relación con los aspectos de inclusión social, el desfase de las cualificaciones y el envejecimiento de la mano de obra-, esta cuestión necesita ser abordada con mayor cuidado.

Buenas prácticas

Finlandia: Una estrategia para el aprendizaje permanente

Con respecto a la adopción de una estrategia general de formación permanente, Finlandia ofrece un buen ejemplo que ya se explicó con detalle en el plan nacional de acción de 1998. De acuerdo con esta estrategia, el aprendizaje permanente se desarrolla en el marco de seis temas que abarcan la formación inicial y continua y que salvan la diferencia que a menudo se realiza entre educación y formación:

* una base sólida para el aprendizaje

* aprendizaje general

* reconocimiento público de lo que se ha aprendido

* información y apoyo para establecer itinerarios de aprendizaje

* actualización de las cualificaciones de profesores y formadores

La estrategia de Finlandia puede considerarse una práctica especialmente adecuada por su generalidad y los temas que abarca. No obstante, debería explicarse más claramente cómo se desarrollan estos temas en medidas de aplicación concretas a fin de alcanzar objetivos y metas establecidos.

Reducir las tasas de abandono escolar

Hechos:

* En 1999, poco más del 20 % de las personas de 18 a 24 años de edad salieron del sistema educativo demasiado pronto, bien tras la finalización de la enseñanza básica o por haber abandonado prematuramente los estudios.

* Este problema es muy grave en Portugal, donde el 45 % de los jóvenes abandonan la escuela habiendo obtenido solamente las cualificaciones más básicas, y en menor medida en Italia, España, Grecia e Irlanda (cerca del 20 % o más).

* El abandono prematuro de la escuela suele ser más frecuente entre los chicos que entre las chicas, salvo en Luxemburgo y Alemania.

Buenos resultados:

* La menor proporción de jóvenes que han abandonado la escuela con sólo un nivel básico de educación: Suecia, Finlandia y Dinamarca. Media: 9,6 %.

La directriz 7 tiene por objeto reducir el número de jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo. Se considera que un estudiante ha abandonado prematuramente la escuela cuando deja el sistema escolar tras haber obtenido solamente un nivel educativo básico, independientemente de que haya finalizado o no los estudios necesarios para obtener un certificado. Todos los PNA incluyen medidas para combatir el abandono prematuro de la escuela, salvo en el caso de España, que no menciona medidas especificas al respecto. Dinamarca es el único país que establece un objetivo, a saber, la reducción a la mitad de la tasa de abandono escolar, aunque no se dice en qué plazo.

Los PNA dejan ver que en la mayoría de los Estados miembros se está ampliando el apoyo a los jóvenes con dificultades de aprendizaje. Muchos han realizado acciones específicas dirigidas a grupos determinados (personas con discapacidad, minorías étnicas, jóvenes desfavorecidos) y en zonas con altas tasas de abandono escolar. Francia, los Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido han establecido zonas de acción educativa especial para conseguir que los jóvenes permanezcan en los sistemas de educación y formación, incrementar los índices de éxito escolar y tratar de resolver el problema de la exclusión social. Otros Estados miembros (Finlandia, Grecia) han puesto en práctica medidas de apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje.

Buenas prácticas

Apoyo a jóvenes con dificultades de aprendizaje (Francia)

En 1999, Francia incrementó en más de un 40 % el número de escuelas participantes en la «educación prioritaria». Se agrupó a 8 553 escuelas y 1 688 000 millones de personas en 865 zonas o redes de acción prioritaria. Al mismo tiempo, se crearon clases especiales («classes-relais») para ocuparse específicamente y temporalmente de los alumnos rechazados por el sistema escolar. La primera encuesta pone de manifiesto que, un año después de asistir a una «classe-relais», tres cuartas partes de los alumnos se reintegraron al sistema general de educación o formación profesional, o se benefician de medidas especiales de educación. A finales de 2000, habrá 250 «classes-relais» con más de 5 000 alumnos.

Mejores cualificaciones

La directriz 8 señala que los Estados miembros velarán por dotar a los jóvenes de una mayor adaptabilidad a las transformaciones tecnológicas y económicas. La mejora de la calidad de la educación inicial y de los sistemas de formación debería conducir a su vez a una mejora de las capacidades y cualificaciones y preparar a los jóvenes para un mundo del trabajo en el que la formación permanente cobrará cada vez mayor importancia. Esto es especialmente importante debido al incremento de la escasez de mano de obra en algunos sectores.

La naturaleza y la escala de los problemas que deben abordarse varía en concordancia con las diferentes situaciones de partida. Algunos Estados miembros (Alemania, Austria) disponen ya de sistemas de aprendizaje bien desarrollados que garantizan una transición adecuada hacia el mundo laboral, y en ellos los esfuerzos se centran en adaptar dichos sistemas para responder a los nuevos desafíos que plantea la sociedad de la información. La mayoría de los Estados miembros intentan con gran empeño desarrollar la enseñanza postobligatoria mediante el incremento del número y la diversidad de los programas de formación, así como facilitando la transición entre la educación y la formación inicial, incentivando financieramente la participación de los jóvenes y haciendo más atractivos los programas, incluidos los de la enseñanza superior.

Varios Estados miembros informan sobre la evolución y la modernización de sus sistemas de aprendizaje y de formación en el trabajo. No obstante, la información recibida de los Estados miembros sobre esta directriz es incompleta y poco sistemática, por lo que resulta difícil evaluar su aplicación.

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje permanente

Todos los Estados miembros cuentan con programas encaminados a mejorar los equipos de TIC de que disponen las escuelas, de conformidad con la directriz 8. En las conclusiones de Lisboa se instaba a conectar todas las escuelas de la Unión a internet antes de 2001 y se mencionaban también nuevos objetivos relativos a las nuevas cualificaciones en materia de TIC y la familiarización de cada persona con el mundo digital, por lo que algunos Estados miembros deberán redoblar sus esfuerzos.

Todos los PNA apuntan la necesidad de poner a disposición no sólo de los jóvenes, sino de todos los integrantes actuales y virtuales de la población laboral, las cualificaciones necesarias para estar a la altura de las nuevas exigencias tecnológicas del mercado de trabajo.

Se están realizando esfuerzos importantes para proveer de ordenadores y conectar a internet a los alumnos, estudiantes y aprendices. Ocho Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, Finlandia y el Reino Unido) facilitan información precisa y completa sobre el porcentaje de escuelas equipadas con ordenadores y/o conectadas a internet. Por lo general, las escuelas de enseñanza secundaria están mejor equipadas que las de enseñanza primaria.

La información de los PNE, así como la de la OCDE (véanse los cuadros 5 y 6), permite ver que los Estados miembros que ponen un mayor número de ordenadores a disposición de los estudiantes de primaria son Finlandia, Suecia, Países Bajos y Dinamarca, con una media de trece estudiantes por ordenador, mientras que la mejor cobertura de las escuelas de secundaria corresponde a Suecia, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, el Reino Unido y Francia (media de ocho estudiantes por ordenador).

El objetivo común de conectar a todas las escuelas a internet se consiguió plenamente en Portugal, Luxemburgo e Irlanda con respecto a las escuelas de secundaria y está a punto de cumplirse en Irlanda y Finlandia para las escuelas de primaria (media del 93 %).

Grecia, Alemania, Austria, España, Luxemburgo y Bélgica (salvo Flandes) deberían facilitar datos adecuados y completos a fin de controlar los progresos realizados para cumplir los objetivos de esta directriz.

La mayoría de los países informaron sobre las medidas adoptadas para garantizar la formación de profesores y formadores en TIC; siete países (Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Suecia y Finlandia) facilitaron los porcentajes de profesores formados en TIC. Algunos países realizan acciones especiales de formación en TIC para trabajadores poco cualificados y trabajadores de sectores específicos (Reino Unido, Alemania, Austria, Países bajos) y algunos Estados miembros ofrecen posibilidades de educación y formación para personas con dificultades de aprendizaje. En Austria y Alemania hay medidas especiales para las mujeres.

Con arreglo a la directriz 6, muchos Estados miembros ampliaron las posibilidades de enseñanza abierta y a distancia a través de las TIC mediante la elaboración de cursos y de programas de estudios a distancia para adultos y métodos de apoyo al aprendizaje flexible. En este contexto, algunos Estados miembros están creando redes de enseñanza y centros de cualificación, que dedican especial atención a las TIC, y universidades virtuales.

3.1.5. Integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo (directriz 9)

En comparación con 1998, todos los Estados miembros hicieron mayor hincapié en las medidas encaminadas a facilitar la reintegración de las personas desfavorecidas en el mundo del trabajo. No obstante, la mayoría de los Estados miembros describen los programas existentes o previstos sin especificar los objetivos, los indicadores, los recursos o los calendarios. Además, la falta de datos básicos en la mayoría de los PNA, y las diferentes definiciones utilizadas, dificultan el análisis de la situación laboral de los grupos desfavorecidos a efectos de comparación, así como la evaluación de los progresos realizados en la aplicación de la política al respecto.

Personas con discapacidad

En muchos Estados miembros, la atención prestada a los programas a favor de las personas con discapacidad ha dado paso a un planteamiento más general. Con ello, las personas con discapacidad se sienten inducidas a participar en las medidas activas generales de mercado de trabajo (sobre todo en la formación profesional) descritas en las tres primeras directrices (en particular Francia, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia).

Los enfoques de mayor éxito fueron los de los Estados miembros que establecieron sus propios objetivos nacionales en materia de (re)integración de las personas con discapacidad. Se informó sobre varias evoluciones positivas:

* Francia se fijó y alcanzó el objetivo de hacer participar a 60 000 personas con discapacidad en el programa «nuevo comienzo», que presta apoyo individualizado a los parados, así como el objetivo de ofrecer una oportunidad de formación a 4 150 personas con discapacidad.

* Alemania aseguró la participación de 90 400 jóvenes con discapacidad en medidas de rehabilitación profesional. Programas específicos como el plan de acción inmediata para reducir el desempleo contribuyeron a este resultado.

* En Austria, el 19,8 % de las personas con discapacidad en paro participaban en algún tipo de medida activa de mercado de trabajo. Este porcentaje es, sin embargo, inferior al de la tasa de activación para todos los desempleados (21,4 %).

* El New Deal para personas con discapacidad del Reino Unido permitió dar trabajo a 2 500 discapacitados. En 2000, el crédito fiscal para las personas con discapacidad contribuirá a aumentar las rentas de trabajo de estas personas y reforzará el planteamiento «de paso de la ayuda social al empleo».

Además, otros Estados miembros (Portugal, Grecia y España) han establecido objetivos referidos a la participación de las personas con discapacidad en la formación y otras medidas para mejorar la capacidad de inserción profesional. Entre los proyectos positivos que se realizarán en el futuro cabe destacar el programa 2000 de promoción del empleo de las personas con discapacidad de España, que tiene por objeto la contratación de 16 000 trabajadores con discapacidad y el plan de formación y empleo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, cuyo objetivo es formar a 40 000 personas con discapacidad y crear 20 000 puestos de trabajo.

Minorías étnicas y otros grupos desfavorecidos

La definición de minoría étnica presenta grandes divergencias. En algunos Estados miembros (Reino Unido, Países Bajos), el término designa a todas las «minorías visibles». En otros Estados miembros, la definición de minoría étnica incluye a los no nacionales, naturales de terceros países o inmigrantes (Alemania, Suecia, España e Italia), o a las minorías nacionales (Austria e Irlanda).

La combinación de medidas para fomentar la integración directa en el mercado de trabajo y de medidas para combatir la discriminación es muy diferente de un Estado miembro a otro. La mayoría de los Estados miembros hacen hincapié en la integración , mientras que Dinamarca, Suecia y el Reino Unido buscan un compromiso ente ambos enfoques políticos.

Sólo el Reino Unido y los Países Bajos recopilaron datos completos sobre las minorías étnicas y este último país estableció el objetivo de reducir las diferencias de la tasa de desempleo de las minorías étnicas y los naturales de los Países Bajos hasta 2002.

Entre las iniciativas mencionadas en los PNA, aquellas que pueden abordar más eficazmente la cuestión de la integración de las minorías étnicas son las siguientes: concienciación de los empresarios, participación más adecuada de los interlocutores sociales y aumento del papel desempeñado por las organizaciones representativas de las minorías étnicas y de los que trabajan para combatir la discriminación.

La transversalidad (es decir, la consideración de las necesidades de las minorías étnicas en las medidas y actividades previstas en otros pilares) se tiene en cuenta en Irlanda, Suecia, Finlandia, el Reino Unido y los Países Bajos.

3.2. Pilar II : Desarrollar el espíritu de empresa

3.2.1. Evolución de las políticas

Europa debe crear un entorno que fomente el desarrollo del espíritu de empresa si quiere tener éxito en una economía basada en el conocimiento. Es necesario un entorno más favorable que permita mejorar la capacidad europea para crear pequeñas y medianas empresas y convertirlas en empresas grandes y eficaces que puedan recoger todos los frutos del mercado global y difundir la innovación, así como poner a disposición empleos de calidad en toda la economía.

El 29 de abril de 1999, el Consejo aprobó el «Plan de acción para promover el espíritu empresarial y la competitividad». Este informe constituye el seguimiento de los informes preparados por el grupo de trabajo sobre la mejora y simplificación del entorno empresarial (BEST), que se creó en 1997 en respuesta a un mandato del Consejo Europeo de Amsterdam [20].

[20] Por primera vez, el proceso BEST reúne todos los aspectos estratégicos relativos al espíritu de empresa y a la competitividad a nivel europeo y nacional. El Plan de acción se concentra en los ámbitos prioritarios siguientes: la educación en una sociedad favorable al espíritu de empresa; la formación; el acceso a los medios de financiación; el acceso a la investigación y a la innovación; una mejor adecuación de los programas de IDT de la Unión Europea a las necesidades de las PYME; un mejor aprovechamiento de las patentes por las PYME; una mayor visibilidad de los servicios de apoyo; la mejora de la administración pública y la mejora de las condiciones de empleo y de trabajo. Está previsto que la Comisión adopte en octubre de 2000 un primer informe sobre la aplicación del Plan de acción para promover el espíritu empresarial y la competitividad.

Las directrices para el empleo hacen hincapié en la relación entre espíritu de empresa y creación de puestos de trabajo. En este pilar, se insta a los Estados miembros a mejorar las condiciones marco de las empresas a fin de facilitar su arranque y crear riqueza y puestos de trabajo simplificando y eliminando las cargas administrativas, reduciendo la fiscalidad del trabajo y aprovechando el potencial de empleo de los servicios y la economía social.

Se observan grandes diferencias en la respuesta de cada Estado miembro. Algunos hacen hincapié en la mejora de las condiciones marco para las empresas, incluida la reducción de impuestos; otros se centran en medidas individuales de apoyo a determinadas categorías de empresa o sectores de actividad. Estas últimas medidas pueden suscitar cuestiones relativas a las ayudas estatales, por lo que podría ser necesario comunicarlas a la Comisión con arreglo al artículo 88 del Tratado.

Los principales éxitos de este pilar son:

* El acuerdo cada vez mayor de los Estados miembros sobre la necesidad de simplificar los trámites administrativos que deben soportar las empresas. La evaluación del impacto de la legislación existente y futura, la puesta a disposición de sistemas reguladores más adecuados y la reducción de los trámites administrativos para poner en marcha una nueva empresa beneficiarán tanto a las administraciones públicas como a las empresas. Los PNA parecen apoyar seriamente este objetivo, pero una mayor evaluación de los resultados a posteriori daría mayor credibilidad a las medidas ya emprendidas.

* Se concede gran importancia al fomento del acceso a la financiación para poner en marcha una empresa. El capital-riesgo, las redes de inversores informales y otras formas de apoyo financiero experimentaron un desarrollo dinámico. Los Estados miembros siguieron esforzándose para mejorar la prestación de servicios eficaces de asesoramiento a las pequeñas empresas.

* La enseñanza de las aptitudes inherentes al espíritu de empresa se ha convertido en un objetivo político cada vez más importante en un número cada vez mayor de Estados miembros y se están realizando proyectos innovadores. También se ha fomentado el espíritu de empresa entre las mujeres mediante programas específicos.

* Actualmente, los Estados miembros reconocen plenamente la importancia de crear un entorno favorable al desarrollo del empleo en el sector de los servicios, sobre todo en los servicios de gran valor añadido. Una nueva estrategia está constituida por la tendencia a mejorar el entorno global de las empresas. Algunos Estados miembros intentan fomentar las actividades del sector de los servicios, en particular mediante la privatización de aquellos que anteriormente eran públicos.

Los deficiencias más importantes observadas en la aplicación de las medidas de este pilar son las siguientes:

* Los impuestos sobre el trabajo se han reducido en general lentamente y de manera desigual entre los Estados miembros. Se anunció la realización de muchas medidas tendentes a conseguir este objetivo que deberían mostrar resultados a medio plazo. No obstante, la presión fiscal sobre el trabajo no empezó a disminuir hasta 1998 (último año para el que se dispone de datos) en muchos Estados miembros, incluidos algunos con impuestos y cotizaciones elevados. Está previsto intensificar los esfuerzos para obtener resultados más visibles en este ámbito, sobre todo en Bélgica, Alemania, Austria, Grecia y Suecia.

* Se ha respondido insuficientemente a la necesidad de aprovechar el potencial de creación de empleo en la economía social. Sólo algunos Estados miembros -Portugal, España, Bélgica, Irlanda, Suecia, Italia, Grecia- hacen hincapié en este objetivo.

3.2.2. Simplificación del entorno empresarial (directrices 10 y 11)

Reducir las cargas administrativas

La mejora de la regulación es algo que requiere tiempo y puede conllevar cambios importantes en la administración pública. Por ello, es necesario un apoyo político fuerte y, por tanto, firme. Los esfuerzos realizados por los Estados miembros para modernizar las administraciones públicas utilizando las nuevas tecnologías y reduciendo los trámites administrativos indican que los Estados miembros han reconocido los posibles efectos beneficiosos que las reformas pueden tener para ambas partes: una mayor rentabilidad para las administraciones públicas y un aumento de la competitividad para las empresas europeas.

Directrices 10 y 11 - Iniciativas para desarrollar el espíritu de empresa

>SITIO PARA UN CUADRO>

La creación de ventanillas únicas o iniciativas semejantes, que ponen a disposición de las empresas un punto de contacto único para la realización de los trámites administrativos son ya una realidad en la mayoría de los Estados miembros. No obstante, tanto el propio concepto, plasmado en centros de servicios o portales de internet, así como el grado de servicio, existente o previsto, que se presta o prestará, varían mucho de un Estado miembro a otro. Los servicios abarcan desde la difusión de información hasta la telecarga de formularios o los pagos directos. Varios Estados miembros informan de la creación de centros de información empresarial (véase el cuadro). En la mayoría de los informes se alude a la mayor utilización de las nuevas tecnologías.

Muchos Estados miembros señalan que el acceso más fácil a la información sobre las normas existentes completa el objetivo más amplio de reducción de la presión general de las normas administrativas sobre las empresas, incluida la revisión y el análisis de la incidencia de la legislación existente y futura. Esto refleja el debate europeo e internacional sobre la autorregulación. Alemania, Irlanda, el Reino Unido, Suecia y, en cierta medida, España dicen estar trabajando en ello. La contribución de las empresas y los interlocutores sociales se realiza en común a través de diversos programas. Italia menciona la introducción en el año 2000 de un instrumento para analizar la incidencia y evaluar la conformidad de las nuevas medidas legislativas.

En muchos Estados miembros (Finlandia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Suecia, Francia, Luxemburgo), las acciones independientes o programadas que tratan de resolver el problema de las cargas administrativas se centran en los obstáculos para la puesta en marcha de las empresas. Portugal menciona una reducción importante del tiempo necesario para establecer una empresa; Finlandia se centra en la información a los empresarios y Suecia aplica un mecanismo de registro de empresas basado en internet. Sin embargo, España no informa sobre el seguimiento del objetivo cuantitativo y la iniciativa prometedora sobre una mejor regulación que preveía el año pasado.

Los trámites de la seguridad social constituyen a menudo un problema para las empresas, sobre todo para las nuevas empresas que desean contratar a sus primeros trabajadores y para las personas que desean hacerse autónomas. Muchos Estados miembros (Luxemburgo, Portugal, Francia, España, Bélgica y Austria) anuncian cambios en los regímenes de seguridad social y un mejor acceso a la información en el año 2000. La mayoría de estos Estados miembros prevén utilizar las nuevas tecnologías a fin de mejorar el acceso y simplificar los trámites.

Mejor acceso a la financiación

La mayoría de los Estados miembros manifiestan su intención de mejorar el acceso a la financiación de las empresas. Se anuncian nuevas iniciativas para mejorar el acceso al capital-riesgo y a los créditos blandos. En 1999, el número de socios de la Asociación sueca de capital-riesgo aumentó en más de un 50 %. En Alemania, se crearon programas especiales para financiar la puesta en marcha de microempresas. En el Reino Unido se hace hincapié en la ampliación de las actividades de «inversión informal», así como en un nuevo concepto de «banco de conocimientos» al servicio de la creación de nuevas empresas en las economías basadas en el conocimiento.

Finlandia, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia, entre otros, mencionaron iniciativas especiales tendentes a ayudar a los desempleados a establecer y dirigir una empresa.

Apoyo a las pequeñas empresas

Además de los esfuerzos realizados por todos los Estados miembros para mejorar y simplificar las condiciones marco generales en que se desarrollan las PYME a fin de estimular el crecimiento y fomentar la creación de nuevas empresas, los Estados miembros prestan especial atención a las microempresas y pequeñas empresas. Alemania y Suecia, en particular, están simplificando aún más sus normas y disposiciones relativas a las necesidades de las pequeñas empresas.

La prestación de más y mejores servicios de apoyo a las pequeñas empresas y a los empresarios individuales, también a nivel local, constituye una prioridad para la mayoría de los Estados miembros. Francia está desarrollando la marca de calidad para la prestación de servicios de apoyo específicos durante el ciclo de vida de la empresa. Dinamarca y Finlandia han creado una nueva política general de la empresa pensada para ofrecer mejores condiciones marco a los empresarios y las pequeñas empresas; uno de los aspectos esenciales de dicha política es facilitar un asesoramiento más específico. Finlandia y Suecia proponen una colaboración estrecha entre los servicios de empleo y los órganos consultivos de las empresas a nivel local a fin de conseguir una mayor concordancia entre demanda y oferta de empleo. Alemania e Irlanda reforzarán el papel consultivo de las cámaras de comercio y los municipios respectivamente. En Austria, los notarios y asesores fiscales ofrecen una primera consulta gratuita a los futuros empresarios en el marco de la iniciativa a favor del «primer establecimiento» de profesionales liberales.

Varios Estados miembros (Alemania, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido) informan de los buenos resultados de las nuevas empresas creadas en los dos últimos años y proponen iniciativas para fomentar el espíritu de empresa entre grupos concretos de empresarios o de futuros empresarios.

Buenas prácticas

Reino Unido: Facilitar el establecimiento y la dirección de las empresas mediante servicios de apoyo a las empresas

Para crear una empresa, sobre todo si es innovadora o personal, resulta esencial disponer de ayuda general. Tener una idea brillante es el primer paso, pero el acceso a los medios para poder realizarla y crear una empresa es indispensable. El Bradford Business and Innovation Centre (BIC) proporciona servicios de apoyo y acceso a redes para que los individuos y las empresas puedan idear, diseñar y desarrollar productos y servicios innovadores. El centro cuenta con el apoyo del municipio de Bradford y está ubicado en un nuevo complejo con 40 locales de trabajo destinados específicamente a nuevas empresas de alta tecnología. Los arrendatarios del centro tienen acceso a una amplia gama de servicios y apoyo técnico, que incluye servicios de secretaría, fax, fotocopiadoras, instalaciones para conferencias, una sala de descanso, servicios de traducción, asesoramiento en selección del personal y asesoramiento empresarial. Cada local de trabajo dispone de su propio ordenador personal interconectado en red y enlazado además con una red de BIC de toda Europa y universidades locales. El BIC de Bradford es una iniciativa conjunta subvencionada por el municipio y la Comunidad Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y forma parte de la operación de desarrollo integrado de Bradford (IDO, en sus siglas inglesas) La IDO es un proyecto de cooperación para un periodo de cinco años en el que participan el municipio, la CE, el gobierno británico y el sector privado.

Trabajo autónomo

Hechos:

* En 1999 se redujo el número de trabajadores por cuenta propia de la Unión Europea, al igual que en 1998; durante este periodo, el porcentaje de autónomos disminuyó un punto porcentual y pasó del 14 % al 15 % del total de la mano de obra. No obstante, esta disminución es imputable a la pérdida continua de puestos de trabajo a gran escala en la agricultura. Si se excluye este sector, la proporción de autónomos en el empleo total no ha sufrido variaciones durante este periodo (poco más del 12 %).

* Los Estados miembros con mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia son Grecia, Portugal, Italia, España e Irlanda.

Se considera que el trabajo autónomo contribuye de manera importante a la creación de empleo. Los principales destinatarios de la promoción del trabajo autónomo son los jóvenes y los desempleados en general. Los medios para estimular a establecerse como autónomo son variados: aumentar el conocimiento de la actividad empresarial mediante programas de estudios revisados, estrechar los vínculos entre la empresa y la escuela, realizar campañas y competiciones, así como programas específicos para las mujeres, las personas con discapacidad y las minorías étnicas/inmigrantes.

En muchos Estados miembros, el apoyo a las actividades por cuenta propia y a la creación de microempresas está unido al desarrollo o regeneración local de zonas desfavorecidas -con la participación de diversos grupos de interés: autoridades públicas, SPE, cámaras de comercio, banca, ONG-, asegurando al mismo tiempo la revitalización de zonas urbanas y la participación activa de las personas (en su mayoría antiguos parados) en su propia zona.

Aunque el empleo autónomo es una parte integrante del espíritu de empresa, debe reconocerse también que el trabajo por cuenta propia y el trabajo en microempresas puede acarrear ciertas desventajas en lo que a condiciones de trabajo se refiere (jornada laboral, remuneración, formación, contratos de duración determinada, etc.). La atención específica que se dedica a esta cuestión es limitada. Una excepción es la constituida por Portugal, que tiene previsto analizar más detenidamente la cuestión del trabajo autónomo aparente y las condiciones laborales de las PYME. Suecia y Dinamarca hacen explícitamente hincapié en los criterios de viabilidad en la selección de proyectos admisibles presentados por los desempleados.

Buenas prácticas

Italia: Apoyo para establecerse como autónomo

La ley 608/96 creó una medida eficaz, conocida como crédito de honor, que tienen por objeto apoyar el establecimiento como autónomos de personas en paro. Este programa, basado en la concesión de subvenciones, está administrado por la sociedad «Sviluppo Italia» y aplica un riguroso criterio de selección. Los solicitantes de los territorios seleccionables participan normalmente en la creación de puestos de trabajo de interés social.

La subvención total para cada nueva empresa puede ser de más de 26 000 euros e incluye una aportación importante de capital sin intervención bancaria, así como los costes de formación y de funcionamiento. Los objetivos del programa se intentan conseguir mediante la formación, la interconexión en red y la participación amplia de los interlocutores sociales locales y otras asociaciones pertinentes. Los aspirantes a establecerse como autónomos tienen acceso a una eficaz red de apoyo con números de teléfono gratuitos, instalaciones de internet y oficinas de recepción localizadas.

En junio de 1999 se habían examinado 53 000 solicitudes en el marco del programa. 5 806 solicitantes recibieron apoyo financiero y 20 898 fueron admitidos para realizar una formación.

Enseñanza de aptitudes empresariales

Muchos Estados miembros (véase el cuadro) pusieron en práctica iniciativas tendentes a aumentar los contenidos de los programas de escuelas superiores y universidades sobre la organización de la actividad empresarial, así como a incrementar los conocimientos de los jóvenes al respecto. En el 2000, Finlandia introducirá en todos los cursos de formación profesional y en la enseñanza profesional especializada una unidad sobre el espíritu de empresa. A partir de septiembre de 2000, el «programa de estudios nacional revisado» del Reino Unido estrechará los vínculos entre la educación, el empleo y las empresas. También en el Reino Unido, el programa «becas para los empresarios» pondrá a disposición de los jefes de nuevas empresas de zonas desfavorecidas posibilidades de formación comercial y de gestión, además de ayudarles con una subvención en forma de capital inicial. Suecia y los Países Bajos confiaron a comisiones o agencias especializadas la tarea de proponer nuevas iniciativas. En el marco de algunas iniciativas, se intensificó también la relación entre las empresas y los centros de enseñanza.

Empresariado femenino

La promoción del espíritu de empresa entre las mujeres es un objetivo en la mayoría de los Estados miembros. Alemania, Finlandia, los Países Bajos y Suecia señalan el aumento en 1998 de las empresas dirigidas por mujeres. Grecia obtuvo buenos resultados por lo que a creación de empresas por mujeres se refiere en el marco del capítulo «promoción del empresariado femenino» del programa operativo de la industria. Bélgica piensa impulsar la creación de microempresas por mujeres fomentado su interconexión en red y poniendo a su disposición recursos financieros específicos.

Las acciones mencionadas en los PNA tienen normalmente por objeto el apoyo a nuevos empresarios y a la puesta en marcha de nuevas empresas. No se tiene noticia de que haya programas encaminados a mejorar las aptitudes empresariales de los directores y propietarios de PYME existentes.

3.2.3. Creación de puestos de trabajo en los servicios y en la economía social (directrices 12-13)

Hechos:

* Casi toda la creación neta de empleo en la Unión europea durante 1999 recayó en los servicios; en este sector, el empleo aumentó en más de un 2 %, con lo que desde 1997 ha experimentado un incremento de poco más del 4 %. El sector de servicios representa actualmente el 70 % del PIB de la UE.

Los progresos recientes experimentados en este ámbito están desigualmente repartidos y son insuficientes para salvar las diferencias con Estados Unidos en cuanto al empleo de dicho sector. En 1999, los servicios daban trabajo al 41,5 % de la población de la UE en edad de trabajar, mientras que en los Estados Unidos ese porcentaje era del 55,5 %. Por supuesto, esta diferencia se debe en gran medida a la mayor creación de empleo en general en los Estados Unidos, aunque, incluso como porcentaje del empleo total, la tasa de empleo de los servicios aún es mucho más alta (73,8 %, frente al 66,1 % de la UE en 1998).* Los Estados miembros con mayores posibilidades de aumentar la tasa de empleo del sector de los servicios son España, Italia, Grecia, Irlanda, Portugal y Alemania. Desde 1997, el número de puestos de trabajo del sector ha experimentado un aumento en estos países, con más fuerza en Irlanda y España y en menor medida en Portugal, Italia y Alemania.

Buenos resultados:

* La tasa de empleo más alta en el sector servicios: Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. Media: 51,7 %.

Desarrollo del sector de los servicios

En general, las iniciativas de los Estados miembros se enmarcan en el objetivo general de las políticas de empresa y empleo. En consecuencia, se centran en proporcionar a todas las empresas, incluidas las empresas de servicios, las mejores condiciones marco horizontales, dentro de las posibilidades existentes. Al igual que los PNA del año pasado, la continuación de la privatización de los servicios públicos y la supresión de obstáculos para la prestación de servicios profesionales constituyen una respuesta importante a la directriz 13.

Otras iniciativas, por ejemplo en el Reino Unido, tienen por objeto la mejora de las cualificaciones y la formación en el sector de los servicios. Algunos Estados miembros, entre los que se cuentan España y los Países Bajos, han puesto en marcha iniciativas para fomentar la calidad de los servicios, que incluyen directrices para su evaluación, así como el establecimiento de niveles medios en este sector y medidas de atención y servicio al cliente. Además, Irlanda está aplicando una estrategia para conseguir un desarrollo más equilibrado del sector en todo el país.

Los PNA no dedican mucha atención al aprovechamiento del potencia de empleo del sector medioambiental. Ocho Estados miembros no dicen nada al respecto y los que sí lo hacen (Austria, Finlandia, Alemania, Portugal, España y Suecia) sólo dedican unas pocas líneas al tema.

Servicios públicos de empleo

La directriz 12 señala que se deberá aprovechar plenamente el creciente papel de los servicios públicos de empleo en la identificación de las oportunidades de empleo locales y en la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo locales. Mediante amplias iniciativas descentralizadoras, como por ejemplo en España e Italia, y la concesión de mayor libertad a las oficinas públicas de empleo para elegir las medidas, los SPE han mejorado su capacidad de respuesta a las necesidades concretas de las economías locales. Además, los PNA ponen de manifiesto la participación de los SPE en la mayoría de los tipos de asociación local, como los pactos territoriales para el empleo (Austria, Países Bajos, Portugal), los New Deals (Reino Unido) o las «comisiones de servicios de empleo» (Suecia). En algunos casos, los SPE adoptan iniciativas innovadoras en apoyo del desarrollo local, por ejemplo, la ayuda a los desempleados que desean crear su propio negocio (Suecia, Finlandia).

Las medidas para reforzar el papel de los servicios públicos de empleo en la identificación de las oportunidades de empleo locales deja ver que no puede tenerse éxito si no se colabora estrechamente con los agentes locales y, en particular, con el sector privado.

Desarrollo de servicios que respondan a las nuevas necesidades sociales

Un número importante de Estados miembros apoyan la creación de puestos de trabajo en ámbitos cuyas necesidades todavía no han sido satisfechas por el mercado. Algunos PNA ponen de relieve el interés que se concede a la calidad y la durabilidad de los trabajos creados cuando se diseñan y aplican programas al respecto. A finales de 1999, el programa francés «nuevos empleos, nuevos servicios» había dado lugar a la creación de 223 000 nuevos puestos de trabajo (su objetivo era crear 250 000 puestos de trabajo hasta finales de 1999), pero ahora se está haciendo mayor hincapié en la calidad y la satisfacción de las necesidades locales. Austria adoptó un enfoque combinado de apoyo a la demanda (apoyo jurídico y financiero) y a la oferta (subvención del empleo) para crear trabajos de pleno derecho en el sector de los servicios sociales y asistenciales, y Alemania y España informan sobre intervenciones eficaces a nivel local.

Economía social

Por lo general, las acciones realizadas en el marco de la directriz 13 para examinar las posibilidades de creación de empleo de la economía social son decepcionantes. Once Estados miembros dijeron haber puesto en práctica medidas para analizar el potencial de creación de empleo de la economía social. No obstante, el alcance de dichas medidas es muy desigual como consecuencia de lo que cada país entiende por economía social y del modo en que cada uno enfoca el sector. Además, para evaluar las dimensiones y la incidencia en el empleo de la economía social se necesitan indicadores. La mayoría de los Estados miembros que no han proporcionado información concreta relativa a esta directriz (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido) mencionan en otros lugares acciones relacionadas con la economía social.

Las medidas de apoyo a la economía social abarcan desde modificaciones legislativas tendentes a facilitar el establecimiento de nuevas cooperativas y hacer posible que éstas reciban subsidios para la creación de empleo (España e Italia) hasta incentivos financieros para subvencionar proyectos de economía social y reforzar las estructuras intermedias de apoyo (por ejemplo, Irlanda). Las informaciones de Bélgica son las más exhaustivas, especialmente en lo relativo a las iniciativas gubernamentales encaminadas a fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector no comercial y en el de la economía social.

3.2.4. Empleo y fiscalidad (directriz 14)

Hechos:

* Después de un periodo de relativa estabilidad en los años 80, la cuota de la recaudación tributaria total en el PIB de la mayoría de los Estados miembros aumentó considerablemente en los años 90. En 1998, la media comunitaria ascendía al 42,1 % del PIB y las estimaciones para 1999 no dejaban ver que fuera a invertirse esta tendencia.

* La media de los impuestos efectivos sobre el trabajo de la Unión en su conjunto se redujo en 1997 y 1998 después del máximo alcanzado en 1996 [21]. Las previsiones actuales apuntan al mantenimiento de los niveles anteriores en 1999 y a una nueva reducción en 2000 y 2001.

[21] Debido a la falta de datos recientes, no ha sido posible recurrir al tipo impositivo implícito sobre el trabajo por cuenta ajena. En su lugar, se ha utilizado el tipo impositivo efectivo medio (véase el anexo estadístico para las definiciones y las fuentes).

* Por término medio, el tipo impositivo efectivo de la UE sobre el trabajo asalariado ascendió al 39,2 % en 1998, más de quince puntos porcentuales por encima del de Estados Unidos. Los Estados miembros con la mayor presión fiscal sobre el trabajo fueron Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania y Grecia, todos ellos con tipos superiores al 45 %.

* La presión fiscal sobre el trabajo mal remunerado es también alta. En 1998, la carga fiscal media (es decir, los impuestos de empresarios y trabajadores como porcentaje de los costes salariales totales, incluido el impuesto sobre la renta) ascendió al 35,7 % para una persona soltera que ganaba el 50 % del salario medio y al 31,3 % para un matrimonio sin hijos y con un solo salario equivalente al 50 % del salario medio [22]. El componente individual más importante de dicha carga fiscal media fueron los impuestos y cotizaciones de los empresarios.

[22] Estimaciones propias utilizando el método de la OCDE (Véase el anexo estadístico).

* La fiscalidad del trabajo no se ha desarrollado del mismo modo en todos los Estados miembros. Algunos aplicaron una política firme de reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de los costes laborales no salariales, consiguiendo así reducir el tipo impositivo efectivo sobre el trabajo por cuenta ajena entre 1994 y 1998: Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Finlandia, España y los Países Bajos.

* En cambio, entre 1994 y 1998 se registró un aumento de la presión fiscal sobre el trabajo asalariado en Bélgica, Alemania, Grecia, Austria, Portugal y Suecia. Las cifras preliminares de que se dispone con respecto a 1999 confirman esta tendencia en Alemania, Grecia y Portugal.

* En 1998, los Estados miembros con la mayor carga fiscal sobre el trabajo peor remunerado fueron Bélgica, Alemania, Italia, Austria, Finlandia, Suecia y Francia [23].

[23] Ibídem.

* En los Países Bajos y Dinamarca, la reducción de los impuestos sobre el trabajo se vio compensada por el aumento de los impuestos ecológicos (como porcentaje del PIB).

Buenos resultados:

* La reducción más rápida de los tipos impositivos efectivos sobre el trabajo asalariado entre 1994 y 1998: Finlandia, Países Bajos e Irlanda. Media: más de cuatro puntos porcentuales y medio en 4 años.

Una gran mayoría de Estados miembros se comprometió a llevar a cabo una reducción general de las cargas fiscales. No obstante, al menos hasta 1998 las medidas anunciadas en los PNA no habían conseguido reducir la cuota de la recaudación tributaria total en el PIB de la mayoría de los Estados miembros. Sólo cuatro Estados miembros han establecido objetivos nacionales para reducir progresivamente la carga fiscal general (Alemania, Países bajos, Austria y Finlandia). Algunos Estados miembros (Bélgica, Grecia, Irlanda, Suecia y Reino Unido) hicieron especial hincapié en la reducción de los impuestos de sociedades y de los impuestos sobre el patrimonio a fin de crear un entorno fiscal favorable para las empresas que estimulara el crecimiento económico y, en último término, la demanda de mano de obra. Para que los recortes fiscales incidan en el empleo, es importante que formen parte de una estrategia fiable a largo plazo que infunda confianza a los consumidores y productores, y que se mantenga a largo plazo esa reducción de la presión fiscal.

Directriz 14 - Cuadro de cumplimiento

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) Tendencia ascendente en 1994-1997, reducción muy marcada en 1998

(2) Tendencia decreciente en 1994-1997, aumento en 1998.

La mayoría de los Estados miembros están intentando reducir la presión fiscal sobre el trabajo. A pesar del gran número de medidas mencionadas en los PNA, el tipo impositivo efectivo aplicado al trabajo aumentó o siguió siendo en gran medida el mismo entre 1994 y 1999 en muchos Estados miembros. Esto se explica por una serie de razones. En primer lugar, varios Estados miembros adoptaron, con arreglo a la directriz 14, medidas para reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas o las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores mal remunerados. La incidencia en el tipo impositivo medio de dichas reducciones específicas es limitada. En segundo lugar, la recaudación tributaria de algunos Estados miembros puede haber aumentado gracias al éxito de la lucha contra la defraudación fiscal y el trabajo ilegal. Por último, algunas de las medidas mencionadas en los PNA se aplicaron en el transcurso de 1999 o están previstas para los próximos años, por lo que no afectaron al tipo impositivo efectivo. Un problema general que persiste son los retrasos en la presentación de los datos y los pocos detalles que ofrecen los PNA sobre las reformas fiscales; esto impide evaluar plenamente su incidencia en la carga impositiva total y en la presión fiscal sobre el trabajo.

Con respecto al trabajo por cuenta ajena, la mayoría de los Estados miembros han aprobado o piensan aprobar reformas para reducir el impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social. En algunos casos (por ejemplo, en Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suecia), dichas reformas se combinan con un aumento de los importes mínimos exentos, que benefician a las personas con rentas más bajas. Cada sistema nacional de impuesto sobre la renta utiliza su propio método para poder aplicar reducciones impositivas: una reducción de los tipos básicos del impuesto sobre la renta, incrementos de las deducciones básicas o, en el caso de los Países Bajos, créditos fiscales más altos.

En la mayoría de los casos, la reducciones se centraron, al menos en cierta medida, en el extremo más bajo de la escala retribuida a fin de reducir la alta carga fiscal existente en este nivel en la mayoría de los Estados miembros. Debe promoverse esta política centrada en categorías específicas de trabajadores porque puede ayudar a combatir en mayor medida el desempleo estructural, sobre todo de los trabajadores poco cualificados, y, por supuesto, porque son más fáciles de financiar que las reducciones generales. Dado el gran número de medidas que se prevén en este ámbito, es de esperar que la presión fiscal sobre el trabajo relativamente poco cualificado y mal remunerado experimente en la mayoría de los Estados miembros una disminución a lo largo de los próximos años, aunque en diferente medida.

Las bonificaciones tributarias en favor de los empresarios se utilizan más que la reducción directa de las cotizaciones a la seguridad social. Algunos Estados miembros subordinan las reducciones de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social a la creación de nuevos puestos de trabajo (Portugal, Italia, Grecia); dan a los contratos fijos un trato más favorable que a los contratos de duración determinada (España); o reservan las reducciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social para las nuevas empresas (Austria). En Bélgica, las reducciones de estas cotizaciones deben equipararse gradualmente en los próximos años a la media de los tres países vecinos más importantes.

Las reducciones de los impuestos directos sobre el trabajo de los últimos años se han compensado mediante el aumento de los impuestos indirectos, como el IVA, o de los impuestos energéticos o ecológicos. Es lo que ha ocurrido (o está previsto que ocurra) en Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. No obstante, no se prevé que estos incrementos cubran plenamente las pérdidas ocasionadas por la reducción de los impuestos específicos sobre el trabajo o del impuesto general sobre la renta. En los PNA no se cuantifica o se facilitan indicadores sobre la compensación de las reducciones del impuesto sobre el trabajo con impuestos indirectos o impuestos ecológicos, por lo que resulta difícil evaluar los progresos realizados en este ámbito.

Además, en 1999 se alcanzó un acuerdo sobre la posibilidad de reducir el IVA de los servicios de gran intensidad de mano de obra. Nueve Estados miembros (Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido -sólo para la isla de Man) fueron autorizados por la Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2000 a aplicar un tipo reducido de IVA a servicios como la reparación de bicicletas y calzado, servicios de asistencia a domicilio, renovación de viviendas antiguas, peluquería. Podrá hacerse uso de esta posibilidad hasta diciembre de 2002. Antes de esta fecha, los Estados miembros que apliquen tipos reducidos de IVA facilitarán una evaluación de la medida.

3.3. Pilar III: Adaptabilidad

3.3.1. Evolución de las políticas

Con la mundialización, la evolución de las exigencias de los consumidores y el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, la clave del éxito para que Europa siga siendo competitiva, incremente sus riquezas y aumente el empleo reside en su capacidad para apoyar y asimilar una economía cuyo factor decisivo de producción es el conocimiento. La economía del conocimiento, en la que el valor es cada vez menos el resultado de una producción masiva y cada vez más el fruto de la productividad y de la innovación, requiere nuevas formas más flexibles de organización del trabajo en la empresa, así como una renovación constante de las cualificaciones. No obstante, las condiciones para el éxito de la transición hacia esta economía emergente del conocimiento no vienen dadas por adelantado: debe establecerse entre los gobiernos, las empresas y los individuos un nuevo marco contractual.

En virtud del pilar sobre la adaptabilidad, se insta a los gobiernos y a los interlocutores sociales a realizar acciones concretas, basadas en asociaciones, a fin de modernizar la organización del trabajo y apoyar la adaptabilidad de las empresas, incluida la educación y la formación permanentes. Además, se insta a los gobiernos a favorecer la inversión en recursos humanos y a fomentar formas más flexibles de contrato de trabajo.

Dado que una gran parte de este esfuerzo se realizará en el propio lugar de trabajo, está claro que los interlocutores sociales son, con el apoyo del gobierno, los principales impulsores de esta dinámica. No obstante, el grado de participación de los interlocutores sociales en los PNA es desigual (véase el punto 4.3) y los informes no dan bien cuenta de su verdadera actuación. Este problema se plantea en particular en los Estados miembros donde las negociaciones colectivas están descentralizadas. Por lo general, los PNA no ofrecen un cuadro completo de los progresos realizados en los convenios colectivos y las reformas del mercado de trabajo sobre la cuestión de la adaptabilidad, por lo que es difícil evaluar la evolución real en el marco de este pilar.

En la mayoría de los Estados miembros se tendió a establecer asociaciones, a menudo tripartitas, que sirvieron de base para la adopción de enfoques a más largo plazo sobre múltiples temas, entre ellos: la moderación salarial, el apoyo al empleo mediante un reequilibrio de los costes laborales, la modernización del marco jurídico, la introducción de nuevas formas de organización del trabajo y, por último, la importancia cada vez mayor que se concede a la educación y la formación permanentes. Las recientes medidas legislativas sobre el tiempo de trabajo han estimulado el dialogo social y los convenios colectivos y han servido de catalizador para introducir nuevas formas de organización del trabajo. Puede mencionarse a título de ejemplo la reducción de la jornada laboral en Francia, las «cuentas de tiempo de trabajo» de la Alianza para el empleo en Alemania, las disposiciones sobre el trabajo a tiempo parcial y el recurso más fácil a las agencias de trabajo temporal en Italia o la adaptación de la ley sobre el tiempo de trabajo en los Países Bajos. No obstante, en la mayoría de los Estados miembros aún no puede apreciarse ningún enfoque integrado.

Los PNA reseñan todavía pocos progresos en el ámbito de la modernización del trabajo. Además, son raros los PNA que mencionan convenios colectivos que establezcan un marco favorable para este proceso de cambio. Las únicas acciones que se mencionan se limitan a menudo, como en 1999, a la reducción y la reorganización de la jornada laboral. La organización del trabajo sólo ha contado con el apoyo gubernamental en algunos Estados miembros (Finlandia, Dinamarca e Irlanda) [24].

[24] Un informe reciente muestra, no obstante, que programas como estos, apoyados por las empresas, existen también en otros Estados miembros. Comisión Europea: Programas gubernamentales de apoyo a las nuevas formas de organización del trabajo - OPOCE ISBN 92-828-9326X.

Varios Estados miembros o regiones anuncian una contracción de la oferta en su mercado de trabajo (Suecia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, norte de Italia, Flandes). Esta situación ha provocado en varios Estados miembros una modificación de las disposiciones sobre la inmigración aplicables a los profesionales de las tecnologías avanzadas (Alemania, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Reino Unido y Finlandia) y ha incrementado en casi todos la importancia que se concede a la educación y la formación permanentes en el contexto de las medidas relativas a la adaptabilidad. Las acciones realizadas son variadas: utilización de un tanto por ciento de la masa salarial para subvencionar la formación en Bélgica, introducción de un impuesto en Irlanda (ya existe en Francia) o apoyo directo a las personas mediante «cuentas de formación» (Reino Unido). Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia, Alemania y Portugal han realizado esfuerzos particulares en el ámbito de las TIC. Sólo algunos Estados miembros tratan la formación como una inversión y prevén una deducción fiscal completa de los costes de formación. En España sigue siendo necesario aplicar un enfoque equitativo a las agencias de trabajo temporal.

A pesar de las nuevas iniciativas, la integración de formas más flexibles de contrato en la legislación laboral de los Estados miembros sigue siendo limitada y la gran mayoría de ellos sólo realizó reformas parciales o graduales. Aunque se hayan mencionado algunas iniciativas, adoptadas a menudo en colaboración con los interlocutores sociales, para retener a los trabajadores de más edad (a raíz de recomendaciones específicas del Consejo a algunos Estados miembros), aún no se mostrado ningún resultado positivo.

Hechos

* El programa irlandés para la «prosperidad y la equidad» (basado en un acuerdo tripartito a nivel nacional para el periodo 2000-2002) cubre la educación y la formación permanentes, la política del mercado de trabajo, la ampliación de la sociedad de la información, la igualdad de oportunidades y las políticas a favor de la familia.

* El programa «Dinamarca 2005» de política estructural y de ayuda social constituye un enfoque exhaustivo y duradero de las capacidades de adaptación del mercado de trabajo y las empresas. Las asociaciones desembocan en acciones concretas sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con el empleo, bien a través de estructuras tripartitas como el «consejo económico y social» en los Países Bajos, bien mediante acuerdos de los interlocutores sociales celebrados con el apoyo del gobierno o medidas marco, como en Suecia.

* La mayoría de los Estados miembros mencionan la formación como un elemento concreto de los acuerdos celebrados; la participación de los interlocutores sociales es especialmente importante en Bélgica, donde se ha establecido un acuerdo marco nacional que prevé una inversión específica en formación, y en el Reino Unido, con el fondo sindical para el aprendizaje (Union Learning Fund).

* En Finlandia se han examinado exhaustivamente todos los aspectos de la organización del trabajo; también ha habido iniciativas positivas en Portugal, Francia y los Países Bajos. No obstante, por lo general se echa de menos un enfoque transparente de la modernización de la organización del trabajo.

3.3.2. Modernización de la organización del trabajo, adaptabilidad de las empresas y formación en la empresa

La directriz 15 hace hincapié en la importancia de establecer asociaciones sólidas para fomentar la modernización del trabajo y de las formas de trabajo. Los temas que deben abarcarse pueden incluir, por ejemplo, la formación y la reconversión. La directriz 17 pide a los Estados miembros que examinen y, en su caso, que supriman los obstáculos que se oponen a la inversión en recursos humanos y que velen por que el marco reglamentario contribuya a eliminar las trabas para el empleo.

Las distintas culturas de relaciones laborales apreciables en los Estados miembros dan lugar a modos distintos de abordar las directrices afectadas. Estas diferencias son especialmente apreciables en lo relativo al tiempo de trabajo y al trabajo a tiempo parcial, ámbitos en los que los interlocutores sociales disponen de un margen de maniobra considerable, mientras que otros prefieren dictar medidas legislativas. En algunos de los Estados miembros que prefieren recurrir a la legislación se ha mejorado el campo de acción de las negociaciones colectivas. Este es el caso de España, donde se modificó el «Estatuto de los Trabajadores» para facilitar la ampliación de los convenios colectivos por las autoridades responsables del mercado de trabajo. Asimismo, en Francia, la legislación sobre reducción de la jornada laboral ha dado nuevo impulso a las negociaciones colectivas a nivel de la empresa, más allá de las cuestiones relativas al tiempo de trabajo. En Alemania, parece que se está operando un cambio hacia la conclusión de pactos empresariales para el empleo.

Asociaciones

En la mayoría de los Estados miembros, las autoridades nacionales y los interlocutores sociales parecen haber establecido asociaciones amplias, centradas sobre todo en la promoción de la formación permanente, a fin de extender la oferta de formación o de hacerla más específica para suplir las carencias de mano de obra cualificada. En algunos Estados miembros, los interlocutores sociales trabajan en mayor medida con las autoridades locales y regionales, u otros interlocutores a este nivel, en los que se delegan mayores responsabilidades en materia de educación y de formación. No obstante, a pesar de los ejemplos concretos facilitados por los PNA, el cuadro general de las formaciones ofrecidas a través de acuerdos sigue siendo incompleto.

El programa finlandés de reconversión mediante la formación tiene por objeto reducir los cuellos de botella de la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo, mejorando en primer lugar las posibilidades de disponer de trabajadores cualificados en el sector de las TIC. En Alemania, los interlocutores sociales y el Gobierno federal colaboran desde 1998 en la alianza para el empleo (Bündnis für Arbeit) en cuestiones de política de empleo, tales como la oferta de periodos de prácticas a los nuevos trabajadores y de formación en TIC. En Francia, los interlocutores sociales fomentan activamente la mejora de las certificaciones, el seguimiento de la evolución de la carrera y la recopilación de datos estadísticos, un ámbito en el que pueden aportar una valiosa contribución. La «colaboración social» irlandesa ha establecido un amplio programa encaminado a fomentar la educación y la formación permanentes de los trabajadores. En España, el «Segundo programa nacional de formación profesional», administrado conjuntamente por el gobierno y los interlocutores sociales, tiene por objeto hacer más transparentes la certificación y la mejora de las cualificaciones.

La directriz 5 insta también a los interlocutores sociales a celebrar sin demora acuerdos para aumentar las posibilidades de formación, experiencia profesional, periodos de prácticas u otras medidas que faciliten la capacidad de formación profesional.

Con respecto a las asociaciones encaminadas más específicamente a modernizar la organización del trabajo, se adoptaron medidas positivas, en particular en algunos Estados miembros a los que el Consejo había dirigido recomendaciones. El Gobierno y los interlocutores sociales portugueses se pusieron de acuerdo sobre la adopción de medidas para desbloquear el diálogo social. En el futuro, este diálogo se realizará por sectores y se centrará en temas específicos, tales como la organización del trabajo, las actividades de formación y las condiciones de trabajo. En el Reino Unido, se creó un fondo de cooperación en el que participan los interlocutores sociales a fin de promover nuevas formas de organización del trabajo. Además, se señala que la introducción del salario mínimo obligó a modificar la organización del trabajo en la mayoría de las empresas afectadas. En Francia, los interlocutores sociales comenzaron a debatir la reforma de las relaciones laborales. Además, los acuerdos de sector o de empresa sobre la reducción de la jornada laboral se plasmaron en un incremento de la cooperación de los interlocutores sociales sobre cuestiones tales como la organización del trabajo o la formación.

Además, Finlandia, Irlanda y Dinamarca adoptaron también programas administrados conjuntamente por el gobierno y los interlocutores sociales para fomentar nuevas formas de organización del trabajo. En Finlandia, se estableció un nuevo programa para el periodo 2000-2004. En el marco del mismo se realizarán 600 proyectos, que afectarán a 85 000 trabajadores. El programa danés «Gestión, organización y competencia» tiene por objeto desarrollar la organización flexible del trabajo en el 50 % de las empresas hasta el año 2002 y da cuenta, como estaba previsto, de los progresos realizados en este sentido. Los programas se basan en la aplicación de medidas a nivel de la empresa o del lugar de trabajo, y ofrecen por tanto la posibilidad de cooperación entre los trabajadores y la dirección.

Contribuciones específicas a las directrices

En cuanto a la directriz 15, las acciones realizadas afectan, como en 1999, al tiempo de trabajo. No obstante, en conjunto los PNA dan poca muestra de que se haya avanzado en los demás aspectos de la organización del trabajo. Sólo se mencionan algunos convenios colectivos que establecen un marco favorable para la puesta en práctica de este proceso de cambio. Se alude a algunas iniciativas sobre las interrupciones de la carrera profesional y la prevención del estrés de origen profesional.

El tiempo de trabajo

El tiempo de trabajo constituye una prioridad en algunos Estados miembros. En Francia, Bélgica y Luxemburgo, se hace hincapié en la creación de puestos de trabajo mediante la reducción negociada de la jornada laboral. El PNA francés estima que, gracias a la legislación sobre la jornada laboral de 35 horas, se han creado o mantenido 182 000 empleos. La iniciativa francesa ha tenido también algunos resultados positivos en materia de organización del trabajo, demostrando así que las cuestiones del tiempo de trabajo, la organización del trabajo y el aprendizaje permanente están íntimamente relacionadas. En otros Estados miembros, las acciones realizadas respondían más bien a preocupaciones tradicionales y con ellas se mejoraron las condiciones de trabajo y aumentó la flexibilidad. En otros Estados miembros, como Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, se hizo hincapié en la reorganización del centro de trabajo, incluida la reducción de las horas extraordinarias y el incremento de la flexibilidad de la jornada laboral mediante la ampliación del periodo de referencia. En Dinamarca, así como en varios sectores de actividad de Austria, se flexibilizó en mayor medida el cálculo del número medio de horas de trabajo. En los Países Bajos, la nueva ley sobre el tiempo de trabajo hará posible que los trabajadores combinen más fácilmente su actividad profesional con otras ocupaciones y les dará derecho a alargar o reducir su jornada de trabajo.

Trabajadores de más edad

Los Estados miembros y los interlocutores sociales se esfuerzan cada vez más por prever formas flexibles de trabajo adaptadas a las necesidades de los trabajadores de más edad [25], en particular para responder a las recomendaciones del Consejo. En Austria, los acuerdos entre los interlocutores sociales se integraron en un conjunto de disposiciones jurídicas sobre medidas destinadas a esos trabajadores; dichas medidas se refieren, entre otras cosas, a los modelos de jornada laboral, la organización flexible de la reducción de jornada y las actividades de sensibilización sobre la jubilación parcial. En el año 2000 se prevé la adopción de un segundo conjunto de medidas. Los interlocutores sociales alemanes y belgas se interesaron por la cuestión de los trabajadores de más edad y adoptaron iniciativas estructuradas sobre el trabajo a tiempo parcial y nuevas modalidades de trabajo. Los Países Bajos pusieron en práctica iniciativas para retener o reintegrar a los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo mediante la aplicación de ventajas fiscales. En Finlandia, el programa «Bienestar en el trabajo», que tiene por objeto mejorar la calidad del trabajo, se centra de manera más especial en los trabajadores de más edad.

[25] Se consideran trabajadores de más edad los de la franja de edad situada entre los 55 y los 64 años.

Suprimir los obstáculos para la inversión en formación

Sólo se informa sobre dos iniciativas (en Austria y Francia) relativas a los obstáculos fiscales para las inversiones en formación en la empresa, mientras que los PNA del año pasado mostraban ejemplos de deducciones fiscales a favor de la formación en cuatro países. Austria ha adoptado un instrumento jurídico que prevé la deducción fiscal de los costes de formación relacionados con el puesto de trabajo. En Francia, se aumentarán los niveles actuales de los créditos fiscales para la inversión en recursos humanos y los créditos más importantes se reservarán a las PYME. Dos Estados miembros dan cuenta de nuevas medidas financieras no fiscales. En Bélgica, los programas actuales para conseguir la participación de las empresas mediante acuerdos interprofesionales fueron ampliados para apoyar la reorganización de las empresas. En Dinamarca, se cubren al 50 % los gastos en que incurren las empresas que participan en programas de planificación de la formación. Los Países Bajos y el Reino Unido establecen cuentas de formación individuales para los trabajadores. Otros Estados miembros prevén programas semejantes.

La falta de datos comparativos y de indicadores comunes hace difícil de evaluar en qué medida las medidas adoptadas mejoraron la oferta de formación profesional y de formación en la empresa, así como la participación de los trabajadores en dichas medidas. No obstante, algunos Estados miembros utilizan datos nacionales para medir los progresos realizados en la oferta de formación (España, Irlanda, Reino Unido, Finlandia, Bélgica, Francia y Portugal).

El trabajo a tiempo parcial

Varios Estados miembros (Bélgica, Alemania, Italia, Portugal e Irlanda) informan sobre los progresos realizados en el ámbito del trabajo a tiempo parcial gracias a la transposición de la Directiva 97/81/CE relativa a esta materia. Además, España señala el incremento del número de contratos a tiempo parcial, que pasaron de 147 000 en 1998 a 261 000 en 1999, gracias a un acuerdo que favorece este tipo de empleo. En Dinamarca, de acuerdo con los nuevos acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales, el 50 % de la mano de obre tiene ahora acceso a empleos a tiempo parcial. En los Países Bajos, desde 1990 los puestos de trabajo a tiempo parcial han aumentado a un ritmo del 5,2 % anual, aumento que cabe atribuir, principalmente, a empleados que han hecho su propia elección personal.

3.3.3. Adaptación de la legislación laboral

Los progresos realizados en virtud de la directriz 16 siguen siendo limitados. Aunque el número de iniciativas mencionadas para integrar en la legislación laboral formas más adaptables de contrato es mayor que en 1999, la gran mayoría de los Estados miembros adoptaron enfoques parciales o graduales que hacen hincapié en uno solo o, como mucho, en unos pocos temas, sin realizar reformas generales de la legislación laboral. Este enfoque restrictivo de las reformas de la mayor parte de los Estados miembros no garantiza siempre la consideración de las directrices sobre la adaptación de la legislación laboral. Cuando se realizan reformas de gran magnitud, como en Finlandia en particular, está claro que el proceso puede durar mucho. El comité que preparó la reforma general de los contratos de trabajo necesitó cuatro años antes de presentar su informe final, sobre el que se basará el gobierno para presentar sus propuestas al Parlamento.

La antigua propuesta de Italia sobre los «trabajadores parasubordinados» está siendo examinada todavía por el Parlamento. Dinamarca señala que el gobierno considera actualmente la posibilidad de iniciar un estudio sobre el alcance de los diferentes tipos de contrato de trabajo y sus repercusiones. El gobierno irlandés prevé revisar las estructuras fiscales y organizativas del teletrabajo y Suecia mejoró la seguridad en el empleo de los trabajadores a distancia. La actividades de las empresas de trabajo temporal fueron objeto de una iniciativa legislativa en Italia, Portugal, Grecia y, más en particular, en España, que suprimió los obstáculos jurídicos más importantes para esta forma de trabajo. Con esta nueva legislación, España pretende encontrar el justo medio entre seguridad y flexibilidad apoyando el principio de igualdad de trato entre el personal de las empresas de trabajo temporal y los trabajadores de las empresas usuarias. En Suecia, el Parlamento pidió al gobierno que revisara la legislación relativa a las actividades de las empresas de trabajo temporal. El tiempo de trabajo y el trabajo a tiempo parcial, incluidos sus aspectos legislativos, se abordaron en el punto 2.3.2.

Con respecto a la información y la consulta de los trabajadores, el gobierno francés declara que deben reforzarse los poderes de los órganos de representación de los trabajadores para que estos estén plenamente informados de las decisiones que puedan incidir en el empleo y las condiciones de trabajo. Finlandia señala también que las organizaciones del mercado laboral continuarán evaluando el funcionamiento del sistema de representación sindical en las pequeñas empresas.

Varios Estados miembros aluden también a la rescisión de los contratos de trabajo. En los Países Bajos, un comité está examinando la doble naturaleza del procedimiento de despido; dicho comité dará al Gobierno su opinión sobre la conveniencia de suprimir o reorganizar dicho procedimiento. En Portugal, se modificó la legislación sobre despidos; el Gobierno francés, por su parte, concede mucha importancia a la legislación y tiene en mente una posible revisión de la misma. Suecia y Finlandia prevén una iniciativa legislativa en este ámbito.

El derecho de los trabajadores a la privacidad, incluida la protección de los datos personales (protección de datos), parece un nuevo tema de reflexión. Suecia, Finlandia y Alemania examinan en la actualidad esta cuestión y preparan una iniciativa legislativa.

Resumen de la adaptabilidad

El presente cuadro se ha elaborado a partir de la información cualitativa y cuantitativa facilitada en los PNA de 2000. Las X indican la intensidad de las (nuevas) medidas.

No pretende ofrecer una panorámica general ni una clasificación de la situación concreta de los Estados miembros.

G = gobierno; IS = interlocutores sociales; ( = indica que no se informa sobre este tema en los PNA 2000.

>SITIO PARA UN CUADRO>

3.4. Pilar IV: igualdad de oportunidades

3.4.1. Evolución de las políticas

Los PNA para el 2000 se inspiran en gran medida en las recomendaciones de 1999. Se observa una mejora en la manera en que los Estados miembros tuvieron en cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No obstante, queda mucho por hacer en bastantes países y se presentan demasiadas medidas como no discriminatorias (véase el apartado 4.5).

En 1999, cinco de los quince países (Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos) cumplieron el objetivo de una tasa de empleo femenino superior al 60 % establecido en la Cumbre de Lisboa. Muchos países señalan que el incremento del empleo femenino hasta el año 2010 es un objetivo específico y que se han adoptado varias medidas. No obstante, resulta decepcionante que los dos países con mayores diferencias entre los sexos con respecto al empleo y las tasas más bajas de empleo femenino (España y Grecia) sólo hayan aplicado acciones limitadas para mejorar la situación.

Para acortar las diferencias entre hombres y mujeres con respecto al empleo, la mayoría de los Estados miembros adoptan sobre todo medidas a favor de las mujeres afectadas por el desempleo de larga duración y las mujeres jóvenes en paro. Por otro lado, se intenta conseguir por diversos medios que las mujeres participen en medidas activas para mejorar la empleabilidad.

Muchos Estados miembros anuncian proyectos de medidas para reducir las diferencias entre hombres y mujeres en los distintos sectores y profesiones. De los tres países donde las diferencias son más acusadas, Finlandia es el país que presenta un enfoque más completo, mientras que Suecia se centra en la influencia en las decisiones de los jóvenes en materia de educación. No obstante, Dinamarca sólo propone algunas medidas para combatir la segregación. Suecia y Finlandia abordan el problema de la segregación sectorial y Portugal debe todavía realizar progresos.

Hay muchos ejemplos de medidas relativas a las diferencias de remuneración de hombres y mujeres. Algunas iniciativas tienen por objeto la revisión de los sistemas de clasificación y de evaluación de los puestos de trabajo y otras son campañas de sensibilización. Los países donde las diferencias entre los sexos son más importantes abordan el problema de manera específica, pero queda por evaluar la incidencia de las medidas adoptadas. Algunos Estados miembros (Grecia, Francia, Italia y España) no mencionan ninguna medida sobre las diferencias de retribución de hombres y mujeres. Por lo general, resulta chocante que casi ningún Estado miembro adopte iniciativas para reducir las diferencias en los ingresos; la mayoría de las medidas se limitan exclusivamente a los ingresos relacionados con el trabajo.

Las medidas para favorecer la compaginación de la vida familiar y profesional varían mucho de un Estado miembro a otro. Las disposiciones relativas a la jornada laboral, tales como los horarios flexibles y a tiempo parcial son iniciativas frecuentes, así como los contratos atípicos y otras formas de empleo flexible. A menudo, se fomentan los acuerdos de cooperación en la empresa. Además, todos los Estados miembros consideran la mejora de los servicios de guardería como un elemento fundamental para la compaginación de la vida familiar y profesional. Un elemento positivo es la tendencia en aumento a establecer objetivos cuantitativos, sobre todo con respecto a la puesta a disposición de servicios de guardería. Esta evolución es conforme a las conclusiones del Consejo de Lisboa sobre el establecimiento de un nivel de referencia para mejorar el cuidado de los niños. No obstante, sigue siendo insuficiente la atención concedida al cuidado de las personas mayores y dependientes.

Muchas de las recomendaciones de 1999 se refieren a la igualdad entre los sexos. En la mayoría de los PNA se tienen en cuenta dichas recomendaciones, por ejemplo las que se refieren explícitamente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En cambio, se hace menor caso de las recomendaciones formuladas de manera más implícita y en las que podría integrarse la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres. Este es en concreto el caso de la recomendación sobre los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad cuyo objeto es eliminar los efectos disuasorios para que las mujeres participen en el mercado de trabajo; sólo Irlanda ha respondido positivamente individualizando el impuesto sobre la rentas.

3.4.2. Reducción de las desigualdades con respecto al empleo y al desempleo

Reducción de las diferencias con respecto al empleo y al desempleo

Hechos:

* Las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo siguen siendo importantes en todos los Estados miembros y en la UE considerada en su conjunto. En la UE, la tasa de desempleo femenino es del 53 %, algo más de 18,2 puntos porcentuales por encima del desempleo masculino.

* Las diferencias más importantes entre hombres y mujeres con respecto a la tasa de empleo se dan en España, Grecia, Italia, Irlanda y Luxemburgo, donde superan los 20 puntos porcentuales (en cifras absolutas).

* Algunos Estados miembros han conseguido desde 1997 reducir de manera importante esas diferencias (en más de dos puntos porcentuales): Bélgica, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo y los Países Bajos.

* En la mayoría de los Estados miembros, la tasa de desempleo de las mujeres permanece sistemáticamente por encima de la de los hombres. Por término medio, el desempleo de aquellas es tres puntos porcentuales superior al de estos, pero en algunos países la diferencia es mucho mayor, por ejemplo en España (doce puntos porcentuales), Grecia (nueve puntos) e Italia (siete puntos).

* Entre 1998 y 1999, casi todos los Estados miembros redujeron las disparidades entre las tasas de empleo femenina y masculina, lo que confirma las perspectivas generalmente favorables para el acceso de las mujeres al mundo del trabajo.

Buenos resultados:

* Las diferencias menos importantes entre hombres y mujeres con respecto a la tasa de empleo: Suecia, Finlandia y Dinamarca. Media: 5,7 puntos porcentuales.

* Las diferencias menos importantes entre hombres y mujeres con respecto a la tasa de desempleo: Irlanda, Suecia y Finlandia y Dinamarca. Media: 0,3 puntos porcentuales.

Parece que la mayoría de los Estados miembros intentan resolver las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto al empleo y el desempleo. Francia prevé una mejor formación inicial de las jóvenes y la orientación profesional de las desempleadas. Portugal establece como objetivo específico la reducción de las diferencias en las tasas de empleo de hombres y mujeres, especialmente entre los jóvenes. Con excepción de España, que propone una reducción suplementaria de las cotizaciones empresariales cuando se contrata a mujeres en situación de paro a largo plazo o mayores de 45 años, los otros dos países con mayores disparidades entre ambos sexos (Italia y Grecia) proponen muy pocas medidas específicas para conseguir reducirlas.

Varios Estados miembros mencionan como objetivo específico el aumento de la tasa de empleo femenino (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Francia e Italia). La mayoría de los países anuncian medidas para conseguir este objetivo. Muchos aluden a una mejora cuantitativa y cualitativa de la atención a las personas dependientes, a horarios de trabajo más adecuados y a mejores cursos de formación. Los Países Bajos anuncian para el año 2001 una reforma fiscal para aumentar la tasa de empleo femenino. Irlanda introdujo la individualización del tramo impositivo estándar, con lo que se espera promover el empleo femenino. Entre otras medidas, Italia menciona la mejora de la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial y otras medidas de flexibilidad como instrumentos importantes para incrementar la mano de obra femenina. Resulta alentador constatar que países con grandes diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al empleo, como Italia, Irlanda y Luxemburgo, proponen diversas medidas para poner remedio a esta situación. Por otro lado, ninguno de los dos países donde estas diferencias son más acentuadas (Grecia y España) propone ninguna iniciativa general para solucionar este problema.

Adoptar medidas para conseguir una representación equilibrada de las mujeres y los hombres en todos los sectores y profesiones

Hechos:

* La segregación entre los sexos con respecto al empleo sigue siendo una preocupación importante porque tanto las mujeres como los hombres siguen estando representados de manera desigual a nivel sectorial y profesional en la UE. El desequilibrio entre ambos sexos en las diferentes profesiones afecta a aproximadamente la cuarta parte de todos los trabajadores de la Unión Europea y el desequilibrio sectorial a algo menos del 18 %.

* Países con altas tasas de empleo entre las mujeres, como Finlandia, Suecia y Dinamarca, tienden a presentar segregaciones de las estructuras profesionales comparativamente más elevadas, de alrededor del 29 %, lo que indica una interacción entre la consecución de tasas elevadas de demanda de mano de obra femenina y la garantía de un acceso igualitario de ambos sexos a todos los puestos de trabajo.

* A nivel sectorial, Suecia y Finlandia tienen un mercado de trabajo con un alto nivel de segregación, al igual que Portugal, Austria e Irlanda, donde supera el 20 %.

Buenos resultados:

* Índice de segregación profesional más bajo: Italia, Países Bajos y España. Media: 23,4 %.

* Índice de segregación sectorial más bajo: Grecia, Italia y Francia. Media: 15,7 %.

Finlandia adopta uno de los enfoques más generales y prevé una estrategia global para responder a la recomendación de 1999 sobre este tema. Se pondrá en marcha un proyecto cuatrienal para crear un mercado de trabajo igualitario, intentando influir en los mecanismos de contratación de mujeres y hombres en diversas profesiones. Por otro lado, se iniciará un programa trienal de cooperación entre las empresas y las escuelas para alentar a las chicas y a los chicos a diversificar sus elecciones de profesión. Suecia se centra en diversas medidas encaminadas a influir en las elecciones de itinerario educativo en diferentes niveles (mejor orientación, nuevo programa sobre las nuevas tecnologías para atraer especialmente a las chicas, etc.).

Hay otros ejemplos de medidas adoptadas para luchar contra la segregación entre los sexos. Alemania prevé criterios precisos en materia de tecnología de la información y para las universidades; la proporción de mujeres debería aumentar de aquí a 2005. En Grecia, se está estudiando un sistema de cuotas. El Reino Unido ha establecido una nueva estrategia de igualdad de oportunidades para el servicio de orientación profesional, que debería facilitar a los jóvenes una orientación no discriminatoria para la elección de una profesión. Por otro lado, Suecia establece actualmente nuevos objetivos de contratación de profesorado femenino. España introdujo una deducción suplementaria de las cotizaciones empresariales por la contratación fija de mujeres en empleos en los que están infrarrepresentadas. Además, en Luxemburgo y Austria se anunciaron varias medidas para reducir la segregación entre hombres y mujeres.

No obstante, en esta fase, muchas de las acciones propuestas son solamente proyectos o acaban de adoptarse. Por consiguiente, debe resaltarse la importancia del seguimiento de dichas medidas, en particular a largo plazo, porque muchas de las iniciativas están vinculadas con opciones educativas y tendrán un efecto a largo plazo sobre el equilibrio entre los sexos en el mercado de trabajo.

No obstante, Dinamarca y Portugal, que se caracterizan por una segregación importante entre hombres y mujeres, por profesiones y sectores respectivamente, no conceden mucha importancia a este problema en sus PNA.

Buenas prácticas

Finlandia: segregación profesional y sectorial entre hombres y mujeres

Finlandia propuso un ejemplo de buena práctica y adoptó una estrategia homogénea y coherente. En 1998, se estudiaron por primera vez acciones para combatir la segregación. El Ministerio de Educación puso en marcha un proyecto para examinar las posibilidades de evaluar por qué medios pueden los centros educativos reducir la discriminación en la enseñanza. En 1999, se adoptaron medidas para incrementar la participación de las mujeres en la formación en materia de tecnologías de la información y en sectores afines. En 2000, se inició un programa trienal de cooperación con las escuelas y las empresas, que tienen por objeto alentar a los jóvenes y las jóvenes a elegir profesiones no tradicionales.

Fomentar la igualdad de remuneración por un mismo trabajo o tareas equivalentes y reducir las diferencias retributivas entre mujeres y hombres

Hechos

* Las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la retribución siguen siendo muy importantes en la Unión Europea. En la UE en conjunto las mujeres perciben por término medio un 83 % del salario que reciben los hombres por hora. Esta diferencia es más importante en el sector privado que en el sector público (76 % y 89 % respectivamente), y más elevada también en la agricultura y la industria que en los servicios. En cuanto al tipo de trabajo, la diferencia es más importante entre los trabajadores manuales y el personal ejecutivo que entre las profesiones no ejecutivas ni manuales.

* Aunque las disparidades en cuanto a la retribución existen en todos los Estados miembros, son más considerables en Alemania, Irlanda, Austria y el Reino Unido, donde el salario neto por hora de las mujeres sigue siendo igual o inferior al 80 % del salario percibido por los hombres en 1996 (último año para el que se dispone de datos en el Panel de Hogares de la Comunidad Europea). Las diferencias en cuanto a la retribución son también importantes en el sector privado en Portugal e Italia.

Buenos resultados:

* Relación más alta entre las remuneraciones netas por hora de mujeres y hombres (en 1996): Portugal, Bélgica y España: Media: 91 %.

Muchos Estados miembros informan sobre medidas para reducir las diferencias de remuneración. En Bélgica, los interlocutores sociales se comprometieron a revisar los sistemas de clasificación de los puestos de trabajo para determinar si son la causa de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración. En Finlandia, se prevé establecer sistemas retributivos más igualitarios, así como un marco de seguimiento sistemático de las diferencias en la retribución de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Iniciativas semejantes se anunciaron en los Países Bajos, donde se está desarrollando un instrumento práctico para detectar las discriminaciones entre hombres y mujeres en materia de retribución en los sistemas de evaluación de los puestos de trabajo. Suecia analizará la composición de los salarios desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres y elaborará métodos para realizar con carácter anual una evaluación no discriminatoria del trabajo. Dinamarca puso en marcha un proyecto de evaluación de los puestos de trabajo a fin de analizar los factores que influyen en la fijación de los salarios. Alemania adoptó una iniciativa semejante. Luxemburgo anuncia también la adopción de nuevas acciones a favor de la igualdad de remuneración.

En el Reino Unido, la introducción del salario mínimo ha redundado en beneficio de las mujeres y ha contribuido a reducir las desigualdades retributivas. Además, se está realizando una acción con los interlocutores sociales para combatir la discriminación en los sistemas retributivos, en particular mediante el acceso a la justicia en materia de igualdad de retribución y una campaña de sensibilización sobre las desigualdades retributivas y las ventajas de su eliminación. Austria prevé también una campaña de sensibilización y ofrecerá también asesoramiento al respecto a los empresarios. En Irlanda, la ley sobre igualdad en el trabajo prevé la selección de un elemento de comparación a los efectos de la igualdad de remuneración. Portugal elaboró una guía de «buenas prácticas para garantizar la igualdad de retribución».

Aunque muchas de las medidas propuestas son globales e innovadoras, los resultados deben seguirse de cerca y ser objeto de evaluación. Además, resulta sorprendente que, aunque las diferencias en cuanto a la retribución siguen siendo elevadas en todos los Estados miembros, algunos PNA no mencionen ninguna iniciativa en la materia, como ocurre, por ejemplo, con Grecia, Francia, Italia y España. Además, muy pocos Estados miembros mencionan acciones específicas para luchar contras las diferencias en la remuneración de hombres y mujeres, aunque Alemania está preparando actualmente un informe sobre la situación laboral y retributiva de las mujeres.

3.4.3. Iniciativas a favor de la familia

Hechos:

* La presencia de hijos en la familia reduce considerablemente las posibilidades de participación de las mujeres en la vida laboral. En los diez Estados miembros para los que se disponía de datos en 1998, el 71,6 % de las mujeres de 20 a 50 de edad sin hijos desarrollaba una actividad laboral, frente al 51,6 % de mujeres con hijos menores de seis años.

* En cambio, la participación de los hombres en el mercado de trabajo suele aumentar con la presencia de un hijo pequeño. El 90,8 % de los hombres con hijos ocupa un puesto de trabajo, frente al 85,3 % en el caso de los hombres sin hijos.

* La incidencia de la maternidad o la paternidad en la tasa de empleo se deja notar más en Alemania, Francia, Luxemburgo y el Reino Unido.

Buenos resultados:

* Entre los diez Estados miembros para los que se dispone de datos, las diferencias menos importantes entre la tasa de empleo de las mujeres de 20 a 50 años de edad con hijos y sin hijos se dan en Bélgica, Grecia y España. Media: cinco puntos porcentuales.

Como en los PNA de 1999, el grado de interés de los Estados miembros en el fomento de las políticas de empleo a favor de la familia es muy variable. Las iniciativas están a menudo relacionadas con el pilar sobre la adaptabilidad. Las más importantes se refieren al aumento y mejora de la calidad y la cantidad de los servicios de guardería, paro hay también muchos ejemplos de organización de la jornada laboral, incluidos los sistemas de permisos. Además, se mencionan muchas medidas de sensibilización en las empresas (por ejemplo, en Alemania, Austria, Irlanda, Portugal y el Reino Unido), iniciativas legislativas (por ejemplo, en Francia y España) e iniciativas relativas al reparto de las responsabilidades familiares (por ejemplo, en los Países Bajos, Irlanda, Alemania y Bélgica).

Servicios de cuidado de niños y otras personas dependientes

Todos los Estados miembros tienen previsto aumentar los servicios de guardería. Se anuncia un aumento importante del número de plazas disponibles en los Países Bajos (un incremento del 70 % en los próximos tres años), y también en Bélgica, Grecia, España, Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia, el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Italia y Francia. Alemania continúa aplicando la obligación jurídica de poner a disposición de cada niño una plaza de guardería. Además del incremento de los servicios de guardería, muchos países han establecido objetivos cuantitativos precisos, entre ellos el Reino Unido, Grecia (en cifras absolutas) y los Países Bajos (en cifras absolutas y en porcentaje).

Con respecto al año pasado, se observa una tendencia a mejorar la calidad de los servicios, lo que da a los padres mayores posibilidades de flexibilidad. Las medidas más importantes de los Estados miembros son las siguientes:

* Bélgica (Flandes) y los Países Bajos - proyectos piloto de cuidado de niños adaptados a las necesidades y situación personales;

* Dinamarca - flexibilidad del acceso a los servicios de guardería fuera de las horas normales de apertura;

* Italia - adaptación de las guarderías a las necesidades de los padres a nivel local (microguarderías);

* Irlanda - aumento de la calidad y la disponibilidad del cuidado de niños;

* Reino Unido - mejora de la calidad y del coste del cuidado de niños, mejora del estatuto del profesional de guardería, incremento del número de personas formadas disponibles y puesta en marcha de una campaña nacional de contratación;

* Irlanda, Finlandia y Bélgica - previsión de servicios de cuidado de niños para las mujeres en paro; está medida está también prevista en Suecia y Grecia;

* Países Bajos - servicios de guardería para familias monoparentales beneficiarias de ayuda social;

* Francia - medidas fiscales y financieras para mejorar el cuidado de niños y personas dependientes;

* Suecia - tiene previsto fijar un límite para las tarifas de guardería y poner servicios de cuidado de niños a disposición de los progenitores con niños pequeños que disfrutan de un permiso parental.

Además, los Estados miembros mencionan medidas encaminadas a aumentar los servicios de cuidado de personas de edad: Bélgica, España, Francia, Portugal, Grecia y Suecia. El PNA alemán señala que no hay problemas con respecto a la oferta de servicios de cuidado de mayores debido a la obligatoriedad del seguro. Además, en 1999 se aumentaron las prestaciones sociales de dicho seguro para garantizar los cuidados diurnos y nocturnos. Como en los PNA de 1999, resulta destacable la ausencia en casi todos los informes (con excepción de los Países Bajos y el Reino Unido) de iniciativas concretas para la atención a todas las demás personas dependientes a cargo (personas con discapacidad, padres enfermos).

Buenas prácticas

Bélgica, Países Bajos: servicios flexibles de cuidado de niños

Los servicios de cuidado de niños se adaptan a las necesidades de los padres para aumentar la flexibilidad.

En Bélgica (Flandes), se reorganizarán los servicios de cuidado de niños. Esta reorganización prestará especial atención a las nuevas necesidades en ese ámbito (cuidado de niños enfermos, atención flexible, necesidades de cuidados temporales y urgentes).

En los Países Bajos, se reservó un total de 27 millones de euros hasta 2002 para iniciativas de apoyo a la compaginación de la vida familiar y profesional (un comité especial está a la cabeza de esta iniciativa). Los ámbitos previstos son en particular el fomento de jornadas laborales adaptadas a la situación personal, la planificación urbana y regional, y la movilidad, la relajación de las restricciones en materia de horarios de apertura, una mejor coordinación de los horarios de trabajo y las horas de apertura, los servicios personales y la coordinación de los servicios de ocio, los servicios educativos y los servicios de cuidado de niños. Están en marcha 73 proyectos piloto.

Sistemas de permisos parentales y otros tipos de permiso

Todos los Estados miembros han aplicado la Directiva sobre el permiso parental. Algunos países prevén o anuncian medidas para mejorar la legislación existente (Suecia: ampliación de 30 días tanto para los padres como para las madres; Países Bajos: nueva ley sobre el trabajo y los cuidados de proximidad y ley sobre el ahorro de permiso). La mayoría de los países que proponen o prevén nuevas medidas ponen de relieve el papel de los progenitores (Finlandia, Portugal, Suecia), así como las disposiciones en materia de permiso a tiempo parcial (Finlandia) y las numerosas posibilidades del trabajo a tiempo parcial (Alemania).

Facilitar la reintegración a la vida activa

Esta directriz es objeto de una mayor atención en comparación con el año pasado. Varios Estados miembros prevén medidas para mejorar el acceso de las mujeres que se reincorporan al mercado de trabajo a programas o a una formación, facilitando así dicha reincorporación:

* Bélgica - mejora del acceso al programa de lucha contra el desempleo y medidas incentivadoras para que los empresarios contraten a mujeres que se reincorporan al mercado de trabajo;

* España - aumento de la participación en la formación de las mujeres que disfrutan de un permiso;

* Francia - supresión del criterio de duración del desempleo para acceder al programa «nuevo comienzo»;

* Grecia - mejora de los servicios de cuidado de niños, mejor utilización de las competencias y sensibilización sobre este aspecto, introducción de periodos de prácticas;

* Austria - los servicios públicos de empleo ofrecen un conjunto de medidas innovadoras para la reincorporación al mercado de trabajo (ayuda en la búsqueda de posibilidades apropiadas de cuidado de niños, formación para solicitar un puesto de trabajo, apoyo psicológico, formación para las mujeres con permiso de maternidad, etc.);

* Irlanda - a raíz del informe de 1999 sobre el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, se pondrán en práctica las recomendaciones sobre la mejora de la empleabilidad de las mujeres;

* España y Portugal - por ejemplo, programas de formación para las familias monoparentales y medidas para suprimir los obstáculos para la reincorporación de las madres solteras.

4. Aspectos horizontales de la aplicación de los PNA

4.1. Hacia una sociedad basada en el conocimiento y la información

Los PNA del 2000 confirman, para todos los pilares y directrices, que los Estados miembros son cada vez más conscientes de la necesidad de dotar no sólo a los jóvenes, sino también a su mano de obra existente y potencial, de competencias básicas nuevas y actuales, y de favorecer un acceso más amplio a la formación permanente.

La directriz 6 insta a los Estados miembros a aumentar las posibilidades de educación y formación permanentes y a establecer objetivos nacionales. Esto implica en realidad que cada Estado miembro debe elaborar una estrategia general de educación y formación permanentes basada en la definición global generalmente admitida. No obstante, la mayor parte de los Estados miembros adoptan un enfoque fragmentario, basado, por ejemplo, en proyectos o iniciativas específicos, o definen siempre la educación y la formación a lo largo de la vida de manera restrictiva, entendiéndola sobre todo como formación permanente y actualización de competencias.

No obstante, el hecho de que seis Estados miembros hayan establecido políticas generales que integran los diferentes aspectos de la educación y la formación permanentes facilita un modelo de buena práctica que muestra que es posible convertir un concepto teórico en un medio para hacer realidad una sociedad del conocimiento que favorezca el crecimiento y cree puestos de trabajo más numerosos y de mejor calidad.

En el contexto del empleo y de la sociedad de la información, la adquisición de competencias y su actualización periódica resulta fundamental, y el acceso generalizado y equitativo a las posibilidades y a los medios de educación y de formación a todos los niveles constituirá un factor decisivo para el éxito. Es fundamental llegar a un acuerdo sobre las «nuevas aptitudes básicas» y las competencias básicas de los nuevos perfiles profesionales para asegurar la definición correcta de los cursos de educación y formación actuales y futuros, su validación y su certificación.

La adquisición de aptitudes en TIC en los centros escolares y en el mundo del trabajo constituye una prioridad de primer orden en todos los Estados miembros; ya se han puesto en marcha varias medidas, que se mencionan en los PNA, para impulsar la realización de los objetivos propuestos en las iniciativas e-Europe y e-Learning.

Algunos Estados miembros disponen de programas generales, que se han puesto en práctica de manera gradual (por ejemplo, Irlanda ha alcanzado en dos años los objetivos de su programa «IT 2000» de tres años de duración y el plan de Dinamarca casi se ha aplicado completamente) y se han reforzado desde el año pasado. No obstante, el alcance de las estrategias adoptadas en materia de TIC en los PNA varía de un Estado miembro a otro, lo que limita su comparabilidad [26].

[26] Una evaluación más detallada de los progresos realizados en la materia se realizará en el informe de seguimiento basado en las «estrategias», con la colaboración del grupo de alto nivel sobre el empleo y la dimensión social en la sociedad de la información (ESDIS).

Hay muchos ejemplos sobre el modo de fomentar el desarrollo de las TIC en las PYME. Incluyen el apoyo a la puesta en marcha de empresas informáticas, en particular con capital de riesgo (Alemania), el apoyo a la industria tradicional para establecer una estrategia «internet» y la puesta a disposición de capital de inversión para las (pequeñas) empresas de tecnología (Alemania, Portugal, Irlanda, España, Suecia, Austria, Bélgica). En algunos casos, el objetivo previsto es el desarrollo de las TIC en sectores específicos de servicios (el turismo en España). La mejora de las infraestructuras de TI, los progresos en el «gobierno electrónico» y los servicios públicos en línea constituyen otros temas comunes a los programas nacionales relativos a la sociedad de la información.

La mayoría de los PNA hacen hincapié en el papel de las TIC para incrementar la adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores, y en su importancia para la educación y la formación permanentes. Desde este punto de vista, el aumento de los cursos de reconversión relacionados con la sociedad de la información para no profesionales de las TI (Finlandia), la educación dirigida a los profesionales de las ITC, las posibilidades de formación en TIC (Suecia o Alemania) y la contribución respectiva de los interlocutores sociales (Alemania), así como las facilidades fiscales para las empresas que proporcionan ordenadores gratis a sus empleados y a las escuelas y los préstamos sin intereses para los estudiantes de secundaria que adquieren ordenadores (Italia), son elementos prometedores. Algunos PNA dan prioridad a temas más generales, como es la consecución de una sociedad de la información favorable a la integración y la puesta a disposición de las aptitudes básicas en TIC para todos, y hacen hincapié en el acceso de la población a las TIC y a los centros de aprendizaje (Reino Unido, Portugal) o al fomento de la sociedad de la información en zonas desfavorecidas (Reino Unido, Italia, Grecia).

En la mayoría de los PNA, el aumento de la formación de las mujeres en el campo de las TIC, su preparación para ejercer profesiones relacionadas con las TIC o la creación de centros de cualificación en TIC para mujeres constituyen centros de especial atención del enfoque de igualdad de oportunidades.

4.2. Papel de los Fondos Estructurales

En las nuevas disposiciones de los Fondos Estructurales para el periodo de programación 2000-2006, se insta a los Estados miembros a integrar la programación de los Fondos Estructurales en la definición de la política nacional de empleo dentro del marco de las directrices para el empleo. Todos los PNA facilitan información sobre el modo en que se utilizará el Fondo Social Europeo para apoyar la estrategia europea de empleo; sólo en algunos casos se alude a los demás Fondos Estructurales.

En los últimos años del periodo de programación 1994-1999, fue posible realizar algunos primeros ajustes en la estrategia europea de empleo mediante transferencias a la acción preventiva y otras prioridades de la estrategia europea de empleo a favor de grupos destinatarios seleccionables para una ayuda del FSE, debido a la flexibilidad de la estructura de programación en virtud de los objetivos 1 y 3. Además, los programas en virtud del objetivo 4, al apoyar la adaptación a las transformaciones industriales y la anticipación a las mismas, se hicieron eco de los objetivos del pilar relativo a la adaptabilidad. Este cambio a favor de la prevención y la activación queda reflejado en los informes de los Estados miembros de los PNA sobre la utilización de los Fondos Estructurales en 1999, así como en la importancia cada ver mayor que se concede a la igualdad de oportunidades.

En el periodo 2000-2006, todos los Estados miembros recurrirán al Fondo Social Europeo para apoyar la estrategia europea de empleo. La naturaleza del apoyo del FSE a la estrategia europea de empleo depende en cierta medida de la dimensión de los programas respectivos y de la importancia del FSE con respecto a las políticas activas nacionales de mercado de trabajo. Los grandes programas del FSE tienen normalmente por objeto la mejora de las competencias, la integración y la reintegración en la mayoría de las directrices correspondientes como complemento de las políticas nacionales, pero la mayor parte de las medidas se centra en el pilar de la empleabilidad. A menudo, los pequeños programas del FSE son más selectivos e innovadores y se concentran en temas de acción particulares en el marco global de la estrategia europea de empleo.

Hay que señalar en particular que el FSE se utilizará en los nuevos programas para apoyar las acciones emprendidas al objeto de atenerse a las recomendaciones del Consejo sobre la aplicación de las políticas de los Estados miembros, cuando se pueda acceder a dicho apoyo. Los ámbitos más importantes de las recomendaciones del Consejo que pueden beneficiarse de la ayuda del FSE están constituidos por las estrategias de prevención para jóvenes y adultos antes de que hayan pasado respectivamente seis y doce meses en paro, las medidas tendentes a prolongar la presencia en el mercado laboral de los trabajadores de más edad, los proyectos tendentes a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y las medidas para fomentar la creación de puestos de trabajo en el sector de los servicios, con vistas al desarrollo local.

Aunque las negociaciones de la nueva ronda de programas del FSE todavía no han finalizado en algunos Estados miembros, las prioridades de la ayuda del FSE a favor de todos los Estados miembros son las siguientes:

* En el pilar sobre la empleabilidad, se presta especial atención a los aspectos siguientes: prevención del desempleo de larga duración; mejora de la transición entre la escuela y la vida laboral para los jóvenes; educación y formación para adultos; modernización de los servicios públicos de empleo; e integración social. Se han realizado esfuerzos considerables para garantizar que el enfoque preventivo, tal como se formula en las directrices 1 y 2, cuente con el pleno apoyo de los nuevos programas.

* Las medidas del pilar sobre el espíritu de empresa se concentran en la ayuda a las PYME, con especial hincapié en las TIC; el fomento de las iniciativas locales para el empleo; el trabajo autónomo; la creación de puestos de trabajo en la economía social.

* Las medidas en virtud del pilar sobre la adaptabilidad son menos numerosas y varían de un Estado miembro a otro. Se refieren en particular a la actualización de las cualificaciones de la mano de obra existente. Además, otras acciones tienen por objeto formas alternativas y flexibles de organización del trabajo.

* La integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha cobrado mayor importancia en el marco de la aplicación de los PNA desde 1998 y alcanzará un desarrollo todavía mayor en el próximo periodo de programación. Todos los programas del FSE tienen como objetivo general que la participación de las mujeres en las políticas activas de mercado de trabajo sea al menos igual a la proporción de mujeres en paro. Además, la mayoría de los programas dedicados exclusivamente a las mujeres tendrán por objeto la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a su participación en el mercado de trabajo. Las acciones positivas encaminadas a fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo han aumentado en comparación con el periodo de programación anterior.

Las autoridades regionales y locales desempeñan un papel importante en la puesta en práctica de las intervenciones del FSE. Su participación en la formulación de las principales prioridades de ación seleccionables para la ayuda del FSE permitió tener en cuenta las diversidades regionales y las necesidades locales en los programas dentro del marco de los planes nacionales de acción. Además, el proceso de negociación que conduce a la adopción de los programas del FSE contribuyó a sensibilizar a las regiones y a las autoridades locales sobre los principios más importantes de acción que subyacen a la estrategia europea de empleo.

No obstante, las negociaciones de la nueva ronda de programas del FSE demostraron que, en la mayoría de los Estados miembros, había pocos intercambios entre las autoridades nacionales encargadas de la preparación de los planes nacionales de acción y las responsables de la administración de las intervenciones del FSE. Esto se debe probablemente a que, en la mayoría de los países, estas dos funciones son ejecutadas por servicios diferentes de la autoridad competente o, incluso, por distintos ministerios. Las administraciones nacionales deberían hacer lo posible para aprovechar plenamente las sinergias entre la formulación de las políticas, por una parte, y los instrumentos financieros subvencionados por la UE, por otra.

4.3. Papel de los interlocutores sociales

Los interlocutores sociales participan en distinta medida en la preparación de los PNA. En algunos Estados miembros, se les consulta sobre el proyecto de texto, mientras que en otros se encargan incluso de elaborar las contribuciones conjuntas al texto o participan en grupos de trabajo encargados de evaluar y realizar el seguimiento de los PNA. Algunos PNA (en Grecia, por ejemplo), no facilitan información explícita sobre la participación de los interlocutores sociales en el plan nacional de acción.

A nivel nacional, los interlocutores sociales contribuyen en la aplicación de las diferentes directrices por dos medios. En primer lugar, por la vía de la cooperación directa con los gobiernos y los demás agentes, bien en los consejos de administración de las instituciones u organismos relacionados con el mercado de trabajo, bien mediante asociaciones generales o dedicadas a cuestiones específicas. La segunda forma de participación se desarrolla en el marco de negociaciones y convenios colectivos bipartitos. El marco nacional belga constituye un ejemplo de acuerdo general entre los interlocutores sociales sobre un amplio abanico de cuestiones tales como la reducción de los costes laborales, la educación y la formación permanentes y la organización del trabajo.

Los PNA muestran ciertos progresos del diálogo social en el ámbito de la integración social y la lucha contra la discriminación. Los capítulos sociales de muchos convenios colectivos daneses incluyen disposiciones especiales sobre el tiempo de trabajo y los salarios, que contribuyen a la integración de grupos que, de otro modo, estarían amenazados de exclusión. En Francia, una mesa redonda entre el gobierno y los interlocutores sociales celebrada en 1999 aportó ideas a la legislación propuesta en materia de modernización de la protección social.

La participación de los interlocutores sociales en las políticas regionales varía de un Estado miembro a otro. En Italia y España, por ejemplo, los interlocutores sociales continúan trabajando con las autoridades regionales mediante pactos específicos. Los acuerdos suecos de crecimiento regional, que tienen por objeto ajustar mejor las actividades políticas generales a las necesidades y la situación de las empresas, constituyen otro ejemplo de asociación de gran envergadura. Las cuestiones relativas al aumento de los conocimiento y al fomento del aprendizaje permanente fueron componentes fundamentales de dichos acuerdos.

En el contexto del diálogo social a nivel europeo, los interlocutores sociales contribuyeron tanto a nivel intersectorial como sectorial.

La participación intersectorial de los interlocutores sociales en el proceso de Luxemburgo se plasmó en la conclusión de dos convenios colectivos sobre formas más flexibles de trabajo (trabajo a tiempo parcial y contratos de duración determinada), que protegen los derechos de los trabajadores.

Más recientemente, las organizaciones intersectoriales presentaron una declaración común que marcó el inicio de la apertura de negociaciones sobre el trabajo temporal. Dichas organizaciones intentan ver conjuntamente cómo puede promoverse el acceso a la educación y la formación permanentes y la mejora de las cualificaciones. Por otro lado, continuarán su reflexión conjunta sobre el teletrabajo y están preparando una contribución común sobre las misiones, el ámbito de actividad y el funcionamiento de un observatorio del cambio.

Desde 1999, los interlocutores sociales participan también en un diálogo macroeconómico con las autoridades monetarias y fiscales, con arreglo a las conclusiones de la Cumbre de Colonia. En 1999, el Comité permanente de empleo celebró también sus primeras reuniones. Dichas reuniones se centraron en la búsqueda de un consenso sobre el pacto europeo para el empleo y sobre el paquete de otoño sobre el empleo, que incluye el proyecto de informe conjunto sobre el empleo y de directrices para el empleo en 2000, las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros y el proyecto de decisión del Consejo sobre el Comité de empleo.

El diálogo entre los interlocutores sociales a nivel europeo tiene también lugar a escala sectorial, y se han puesto en marcha iniciativas, impulsadas en parte por la estrategia europea de empleo: el acuerdo sobre el tiempo de trabajo del personal de vuelo de la aviación civil, que constituye el cuarto acuerdo marco firmado a nivel sectorial; el compromiso adquirido por los interlocutores sociales en el sector de las telecomunicaciones para mejorar el acceso a la formación profesional, la certificación de la formación y el teletrabajo; las negociaciones en curso en el sector del comercio, que finalizarán este año; el inicio de las negociaciones sobre la certificación de las cualificaciones en el sector agrícola y el código recientemente adoptado para modernizar el empleo y la organización del trabajo a fin de mejorar la competitividad del sector del curtido.

4.4. Papel de las autoridades locales y regionales

Como continuación de los esfuerzos descritos en los PNA del año pasado, los Estados miembros desarrollaron la dimensión territorial de sus políticas de empleo. Algunos Estados miembros consideran que no se trata únicamente de una respuesta a necesidades políticas europeas o nacionales, o simplemente de una medida adoptada en aras de la eficacia, sino que de este modo es posible suplir carencias existentes en las estructuras administrativas y los enfoques tradicionales. Italia y el Reino Unido, por ejemplo, indican que la evolución hacia una desconcentración de las responsabilidades, fomentada, entre otras cosas, por la estrategia europea de empleo, es bienvenida como contribución a una modernización global de la administración. Por lo general, los Estados miembros consideran positivas las modificaciones recientes; Dinamarca, por ejemplo, señala que la combinación de una regionalización de la política relativa al mercado de trabajo y su gestión por los consejos regionales ha generado un alto grado de acuerdo sobre dicha política y ha responsabilizado en mayor medida tanto a los empresarios como a los trabajadores. Algunos enfoques más estructurales son ahora visibles con respecto a la información y a la formación, por ejemplo en Finlandia, donde el Gobierno piensa regionalizar los PNA sobre la base del enfoque de gestión por objetivos que se ha establecido en la administración pública.

La participación de las autoridades regionales y locales en el proceso de preparación de los PNA se limita principalmente al nivel regional, en particular en los Estados miembros en los que está en curso un proceso de desconcentración de las responsabilidades o en los que existe una estructura política federal o casi federal. Las autoridades locales participan en menor medida, salvo en el caso de medidas muy específicas. Con respecto a la aplicación, las autoridades regionales y locales participan en distinto grado, con arreglo sobre todo al reparto constitucional de las competencias. En muchos Estados miembros, las autoridades nacionales y regionales comparten la responsabilidad de las medidas activas de mercado de trabajo, mientras que las autoridades locales se encargan sobre todo de los programas de ayuda social (especialmente en el marco del pilar relativo a la empleabilidad).

Los PNA muestran una tendencia a la territorialización de las políticas de empleo en la Unión Europea. Las autoridades regionales desempeñan un papel cada vez mayor en calidad de organismos de gestión de la aplicación de la política de empleo, y los recursos humanos y financieros se transfieren del gobierno central a los gobiernos regionales (en Italia y España, por ejemplo). Pero, algo más importante, hay también un proceso de adaptación de las políticas nacionales a la diversidad de las situaciones regionales y locales. Varios Estados miembros pusieron a punto planes regionales para el empleo. En algunos casos, forman parte de una estrategia global a nivel nacional con arreglo a la cual los gobiernos centrales establecen un marco que incluye objetivos y programas nacionales y los gobiernos regionales fijan sus propios objetivos y seleccionan el conjunto de instrumentos apropiado. En otros casos, la iniciativa emana de los propios gobiernos regionales, que intentan completar las políticas nacionales y conseguir que haya una mayor coherencia entre las políticas de desarrollo regional y de empleo.

Dada la mejora de la situación general del empleo, los Estados miembros fomentan programas para las zonas más desfavorecidas, las afectadas por una tasa de desempleo elevada y persistente, la pobreza y la exclusión social. Por consiguiente, la frontera entre las políticas sociales y de empleo no es nítida. Además, las políticas urbanas tienen en cuenta las dimensiones de durabilidad del empleo y de la política social. Aunque se trate de evoluciones bienvenidas, los PNA rara vez mencionan proyectos integrados para el empleo promovidos por los gobiernos locales y referidos a los cuatro pilares. No obstante, las autoridades locales podrían contribuir de manera importante a la eficacia de la política de empleo estableciendo asociaciones que, mediante la reunión de todos los interesados en torno a un programa común, garanticen la coherencia de las diferentes medidas de mercado de trabajo adoptadas a nivel local.

En vista de las tendencias anteriores, deben abordarse varias cuestiones importantes, en particular en el contexto del debate sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Actuación local en favor del empleo». La preocupación más importante radica en la necesidad de garantizar que las autoridades regionales y locales estén suficientemente informadas sobre la estrategia europea de empleo y los planes nacionales de acción, así como sobre las posibilidades de desarrollar planes de acción para el empleo a nivel local.

4.5. Integración de la igualdad entre hombres y mujeres en los PNA

Con respecto a 1998 y 1999, los Estados miembros han tenido más adecuadamente en cuenta la integración de la igualdad de hombres y mujeres en los PNA de este año. Los progresos realizados se explican del siguiente modo:

* En los PNA de 2000 hay más estadísticas e indicadores que permiten el seguimiento de la igualdad de oportunidades. Se hicieron esfuerzos para realizar estadísticas desglosadas por sexo en varios ámbitos pertinentes de los cuatro pilares. En un número mayor de PNA, se indica por separado la incidencia que las medidas tuvieron para las mujeres y para los hombres. Se trata de una primera etapa necesaria para tener en cuenta los aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres en la evaluación de los programas y proyectos.

* Algunos Estados miembros adoptaron métodos específicos para evaluar la incidencia de las nuevas iniciativas en función del sexo. Finlandia puso en marcha un proyecto piloto sobre la evaluación de la incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres e Irlanda establecerá directrices comunes para evaluar los efectos sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

* El tratamiento de la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las directrices ha ganado en coherencia en algunos Estados miembros desde los PNA de 1998.

No obstante sigue habiendo muchas lagunas y posibilidades de mejora:

* La mayoría de las iniciativas en virtud de los pilares 1a 3 se consideran no discriminatorias y no hay ninguna evaluación sistemática de la incidencia de las iniciativas adoptadas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas de ellas, demasiadas, se considera que tienen los mismos efectos para las mujeres que para los hombres. Esto indica que el enfoque general es una integración defensiva. En otras palabras, se considera que las medidas propuestas no aumentan la desigualdad entre ambos sexos.

* Algunos PNA no son especialmente precisos sobre la importancia y la parte del presupuesto relacionado con la política de empleo que se dedica a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a la integración de esta dimensión.

Con respecto al objetivo, establecido en las directrices, de garantizar el acceso de las mujeres a las medidas activas de mercado de trabajo de manera proporcional a su tasa de desempleo, sólo nueve Estados miembros facilitan en sus PNA cifras que permiten realizar este tipo de evaluación. Seis de estos nueve países indican que se ha cumplido ese objetivo (Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia, Suecia y Alemania). En algunos casos, la participación de las mujeres es particularmente alta, por ejemplo en Dinamarca, Austria, Bélgica y Finlandia. No obstante, países como España, los Países Bajos y Luxemburgo registran niveles de participación femenina inferiores a la tasa de desempleo que afecta a las mujeres (las diferencias se sitúan entre seis y catorce puntos porcentuales). En el caso de España, esta diferencia plantea un problema particular debido a la alta tasa de desempleo femenino.

La mayoría de las medidas mencionadas en el segundo pilar tienen por objeto alentar a las mujeres a crear sus propias empresas mediante la concesión de subvenciones o préstamos específicos (Italia, Países Bajos, España, Grecia, Francia y Finlandia) o por otros medios de fomento del espíritu de empresa entre las mujeres (Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Austria, Luxemburgo y Suecia). Grecia favorece también el empleo autónomo y el espíritu de empresa entre las mujeres en las regiones rurales y montañosas, y en las islas.

La integración de la igualdad entre hombres y mujeres en el tercer pilar se centra sobre todo en el aumento de la flexibilidad para favorecer la compaginación de la vida familiar y profesional. Francia señala que la nueva ley sobre la reducción negociada de la jornada laboral debería mejorar las posibilidades de compaginación e Italia indica que nuevos contratos de trabajo más flexibles deberían fomentar también, además de dicha compaginación, la creación de puestos de trabajo para las mujeres. En Alemania, las mujeres deberían ser uno de los grupos especialmente favorecidos por la ley sobre el trabajo a tiempo parcial para los trabajadores de mas edad. Algunos Estados miembros hacen especial hincapié en la participación de los interlocutores sociales en las iniciativas en materia de igualdad del tercer pilar (Dinamarca, Reino Unido e Irlanda).

En conjunto, la ausencia más acusada de la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en los tres primeros pilares afecta a la directriz 4 (revisar y reestructurar los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad) y 14 (reducir la presión fiscal sobre el trabajo y los costes no salariales del trabajo, en particular el trabajo relativamente poco cualificado y mal retribuido). No obstante, algunos Estados miembros adaptaron o están adaptando sus regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad para favorecer un mejor acceso a los servicios de cuidado de niños, por ejemplo el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Alemania e Irlanda. Italia anuncia además proyectos para analizar la incidencia de los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad en el empleo femenino, mientras que Irlanda prevé que la individualización del tramo estándar del tipo impositivo tendrá efectos positivos sobre el empleo femenino.

Buenas prácticas

Francia: progresos en la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Las medidas a favor de la igualdad y la insistencia en la integración de la igualdad en Francia experimentaron una transformación importante: se puso en marcha una nueva estrategia, que ha cobrado mayor importancia, en particular desde 1999 y con el horizonte de 2000-2001. Los PNA de 1999 y 2000 tuvieron en cuenta de manera más adecuada las acciones a favor de la igualdad y, en particular, la integración de esta dimensión tanto en su enfoque metodológico como en la aplicación de las medidas prácticas. Se creó un nuevo comité interministerial con objeto de reunir a todos los servicios afectados y garantizar una mejor coordinación. Se introdujeron dos medidas fundamentales en los PNA, que se aplicaron en 2000: la primera intentó facilitar de manera sistemática indicadores desglosados por sexo en todas las directrices. La circular de 8 de marzo de 2000 sobre la adaptación de los servicios estadísticos públicos para mejorar la comprensión de la situación actual de los hombres y las mujeres, relativa a los instrumentos estadísticos, debería contribuir a la consecución de este objetivo.

El objetivo de la segunda medida es establecer objetivos cuantitativos y cualitativos en materia de igualdad de oportunidades en el acceso a todos los servicios y puestos de trabajo para las mujeres (formación, programas de reincorporación al trabajo, acceso a puestos directivos, etc.). Puede afirmarse que Francia está modificando su estrategia y adoptando para algunos aspectos un enfoque proactivo.

5. Examen a medio camino del proceso de Luxemburgo

El presente informe conjunto sobre el empleo se sitúa a medio camino de la aplicación del ciclo quinquenal actual de la estrategia de empleo que el Consejo Europeo de Luxemburgo puso en marcha en noviembre de 1997.

Por ello, el Consejo Europeo extraordinario que se celebró en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000 invitó a la Comisión y a los Estados miembros a realizar un examen a medio camino de la estrategia para «dar un nuevo ímpetu a este proceso enriqueciendo las directrices y dándoles unos objetivos más concretos, estableciendo relaciones más estrechas con otros ámbitos políticos pertinentes y definiendo unos procedimientos más eficaces para implicar a los diversos actores. Los interlocutores sociales deben ser implicados más estrechamente en la elaboración, aplicación y seguimiento de las directrices adecuadas».

La presente introducción facilita los elementos más importantes de dicha evaluación a medio camino.

Una apreciación global positiva a pesar de algunos riesgos políticos

El título sobre el empleo del Tratado de Amsterdam y el proceso de Luxemburgo subsiguiente crearon un nuevo entorno que permite dar una respuesta coordinada a los problemas de empleo de Europa. Más tarde, este entorno dio lugar a cambios profundos en la definición de las políticas a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros, lo que aceleró y privilegió las reformas estructurales de los mercados de trabajo y mejoró la calidad de las políticas de empleo. Esta apreciación positiva ha sido confirmada por las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, en las que se reconoció la contribución del proceso de Luxemburgo a la reducción del desempleo y se amplió el «método abierto de coordinación» -característica principal del proceso de Luxemburgo- a algunos otros ámbitos pertinentes de actuación [27] como base para la definición de las políticas a nivel de la UE.

[27] Sociedad de la información; investigación e innovación; entorno empresarial; mercado interior; mercados financieros; políticas macroeconómicas; educación y formación; empleo; protección social; inclusión social.

En particular:

* El proceso de Luxemburgo creó un marco común de reforma estructural integrado en los cuatro pilares relativos a la empleabilidad, el espíritu de empresa, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades. Este marco permite establecer sinergias con acciones simultáneas y complementarias en un amplio abanico de ámbitos de acción, en particular los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad, la educación, la política empresarial, etc.

* Esta evolución condujo a continuación a un aumento de la transparencia y la coordinación en la formulación de las políticas y reforzó la participación de un gran número de agentes en la estrategia europea de empleo tanto a escala europea como nacional. Los principales ministerios nacionales y, en algunos casos, las autoridades regionales participaron en la preparación y la aplicación de los planes nacionales de acción. Por otra parte, a nivel europeo, se consultó sobre la evolución futura de la estrategia, además de a la Comisión, al Consejo y al Parlamento, así como a otros muchos organismos y grupos.

* Los interlocutores sociales a nivel europeo y nacional participan en distinta medida o son consultados.

* Los resultados positivos en materia de empleo muestran que se ha creado un círculo «virtuoso» en el que las políticas macroeconómicas centradas en la estabilidad, por una parte, y las reformas estructurales que se están realizando en los mercados de trabajo de los Estados miembros, por otra, están reduciendo el desempleo y la exclusión y generando más empleo.

* No obstante, hay que reconocer que los elementos que integran un conjunto general de medidas están asociados con horizontes temporales diferentes. Los tipos de interés, por ejemplo, pueden variar de un día a otro, pero la incidencia de la inversión en los recursos humanos y las reformas institucionales requiere esfuerzos sostenidos, y sólo se hará notar con el tiempo. El clima macroeconómico más favorable debería llevar a los Estados miembros a intensificar aún más las reformas del mercado de trabajo.

* En cuanto a la orientación de la política, empiezan a verse resultados. Los más importantes se refieren al pilar de la empleabilidad. Se observa una tendencia a adoptar medidas más activas y preventivas con arreglo a las propuestas de las directrices. Esta evolución se debe en gran medida a las recomendaciones del Consejo y a objetivos cuantitativos que contribuyeron a establecer niveles de referencia y a dar una orientación precisa a la acción de los Estados miembros. Debería seguirse estableciendo indicadores comunes y comparables, así como objetivos nacionales, para mantener el éxito de la estrategia.

A pesar de los resultados alentadores, no deben perderse de vista algunos factores de riesgo políticos:

* La aplicación de los cuatro pilares sigue siendo desigual. La mayoría de los progresos conseguidos se enmarcan en el pilar relativo a la empleabilidad. Además de la presencia de objetivos cuantitativos, un factor que contribuye a esta situación radica en el hecho de que las políticas preventivas y activas de este pilar son sobre todo competencia de los servicios encargados de la política de empleo, que ya disponen de estructura de aplicación (por ejemplo, los servicios públicos de empleo). No obstante, existe el riesgo de que el proceso de Luxemburgo sea considerado como un programa llevado adelante exclusivamente por los ministerios de trabajo, cuando la estrategia seguida es una estrategia integrada en la que participa toda la administración del Estado. Conviene actuar en mayor medida para mejorar la estructura de incentivos de los regímenes de prestaciones sociales y de fiscalidad, y para adaptar los sistemas de educación y de formación a las necesidades de las personas. Es necesaria una mayor participación de los demás ministerios competentes (en ámbitos como el espíritu de empresa, la protección social, el sistema tributario o la formación y la educación, por ejemplo). La aplicación equilibrada de los cuatro pilares requiere el compromiso pleno del gobierno con una política general y coordinada a favor del crecimiento y el empleo.

* En particular, la puesta en acción de los objetivos relacionados con el cuarto pilar sobre la adaptabilidad no sigue el ritmo previsto. Las medidas adoptadas en virtud de dicho pilar son en gran parte responsabilidad de los interlocutores sociales, que están muy interesados en contribuir a la creación de más y mejores puestos de trabajo y cuya participación es necesaria para realizar la adaptación en los lugares de trabajo y en las empresas. Los Estados miembros ponen en práctica la colaboración social en distinta medida y muchos PNA, al no dar cuenta correctamente de la situación, no reflejan las actividades y las iniciativas que realmente se han realizado. No obstante, está claro que son los interlocutores sociales los que deben ser más activos y transparentes con respecto a sus acciones e iniciativas en la adaptación del mercado de trabajo.

* La adaptación del proceso de Luxemburgo al proceso presupuestario no fue fácil en todos los casos, cuando era necesario traducir los objetivos, los compromisos y las medidas previstas en asignaciones presupuestarias (en su caso, plurianuales). Actualmente, este ejercicio está en curso en el marco de la programación de las intervenciones estructurales para 2000-2006, pero el seguimiento operativo de todos los Fondos Estructurales europeos es necesario para convertir los marcos comunitarios de apoyo en actividades centradas en la aplicación de las prioridades de la estrategia europea de empleo.

* Aunque varios elementos indican que la aplicación nacional de la estrategia europea de empleo es objeto de un amplio debate parlamentario y público, la percepción del proceso de Luxemburgo por la población en general sigue siendo limitada. Con respecto a esto, una acción concreta del gobierno y una participación más directa de las autoridades regionales y locales, apoyadas, en su caso, mediante iniciativas acordadas con la Comisión, contribuiría a sensibilizar en mayor medida al ciudadano de a pie sobre los problemas concretos del empleo.

La Cumbre de Lisboa y la evolución de las directrices para el empleo

Los resultados del análisis que figura en el presente informe indican que el clima económico está cambiando y se plasma en perspectivas mucho mejores para el empleo en Europa. En cierta medida, esta mejora puede asociarse a la aparición de una economía basada en el conocimiento en la que la capacidad de innovación y de sacar partido de las ventajas de la sociedad de la información constituyen las claves del éxito. No obstante, las condiciones para una transición lograda hacia una economía basada en el conocimiento todavía no existen en la Unión y muchas posibles ventajas podrían tener que esperar si no se aceleran las reformas económicas y estructurales.

Todavía deben resolverse algunos problemas estructurales de los mercados de trabajo. Algunos existen desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el gran número de desempleados de larga duración, las desigualdades entre hombres y mujeres o las grandes disparidades regionales en cuanto al mercado de trabajo, mientras que otros parecen ser fundamentales para la transición hacia una economía basada en el conocimiento, por ejemplo, los pobres niveles de participación en la educación y la formación permanentes, los frenos para el crecimiento como consecuencia de la escasez de mano de obra o el déficit de cualificaciones, o las dificultades para garantizar la prolongación de la vida activa cuando las competencias se quedan rápidamente obsoletas. La búsqueda de soluciones reales para estos problemas es una condición previa para la cohesión social y una economía dinámica y competitiva.

La Cumbre de Lisboa instó de nuevo a seguir esforzándose para reducir la tasa de desempleo todavía elevada y estableció el pleno empleo como objetivo fundamental a largo plazo para la nueva economía europea. Después de Lisboa, el objetivo general de la estrategia europea de empleo es aumentar la tasa de empleo actual de la UE [28] de una media del 61 % a tan cerca como sea posible del 70 %, a más tardar en 2010, y aumentar el número actual de mujeres empleadas de una media actual del 51 % a más del 60 %, dentro del mismo plazo. Se insta a los Estados miembros a establecer objetivos nacionales conformes a este objetivo común.

[28] Ídem, apartados 5 a 6 y 30

Las conclusiones de la Cumbre de Lisboa facilitan una orientación para la adaptación de las directrices para el empleo a fin de apoyar una nueva estrategia general en materia de empleo, de reforma económica y de cohesión social en el marco de la sociedad basada en el conocimiento.

* Mejorar la empleabilidad y reducir las deficiencias en materia de cualificaciones

Las conclusiones de Lisboa llaman la atención sobre la necesidad de mejorar la empleabilidad y reducir las diferencias en materia de cualificaciones, en especial proporcionando a los servicios de empleo una base de datos a escala europea sobre empleos y oportunidades de formación; y promoviendo programas especiales para permitir que los parados adquieran el nivel de cualificación adecuado.

* Integración social

Con arreglo a las conclusiones de Lisboa, debería incluirse la promoción de la integración social en las políticas de empleo, educación y formación y demás políticas de los Estados miembros.

* Mayor prioridad a la educación y la formación permanentes

Las conclusiones de Lisboa proponen que se conceda mayor importancia a la formación permanente, entre otras cosas fomentando acuerdos entre los interlocutores sociales y una mejor complementariedad entre la formación permanente y la adaptabilidad (gestión flexible de la jornada laboral, etc.).

* Aumentar la inversión en recursos humanos

Las conclusiones de Lisboa invitan a los Estados miembros a aumentar de manera sustancial la inversión por habitante en recursos humanos.

* El sistema educativo

* Las conclusiones de Lisboa recomiendan que los sistemas de educación y formación se adapten a las necesidades en materia de empleo gracias a un nuevo enfoque basado en la creación de centros de aprendizaje locales, el fomento de la adquisición de nuevas competencias básicas y una transparencia cada vez mayor de las cualificaciones.

Las conclusiones de Lisboa instan a reducir a la mitad hasta 2010 el número de personas de 18 a 24 años con una educación secundaria básica que no reciben una enseñanza o formación posteriores; además, las escuelas de la Unión deberían tener acceso a internet y a los recursos multimedia a finales de 2001, y antes de finales de 2002 debería formarse a los profesores en TIC

* Aumentar el empleo en los servicios

Las conclusiones de Lisboa invitan a aumentar el empleo en los servicios, incluidos los servicios personales, donde hay una escasez importante; se podría implicar a la iniciativa privada, a la pública o al tercer sector, con soluciones apropiadas para las categorías menos favorecidas.

* Aumentar la igualdad de oportunidades

Con arreglo a las conclusiones de Lisboa, deberían fomentarse todos los aspectos de la igualdad de oportunidades, en especial estableciendo un nuevo marco de referencia para una mejor oferta de servicios de cuidado de los hijos.

Otras mejoras son necesarias para aumentar la eficacia del proceso

El examen a medio camino permitió ver cuales eran las posibilidades de seguir aumentando la eficacia del proceso teniendo en cuenta la experiencia operativa adquirida hasta ese momento, las adaptaciones institucionales requeridas desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y los nuevos medios para atraer la participación de los diferentes agentes, en especial los interlocutores sociales, tal como se recomienda en las conclusiones de las cumbres de Lisboa y Santa Maria da Feira.

* Racionalizar y simplificar el sistema de elaboración de informes

En 2000, se redujo la longitud de los informes relativos a la aplicación de los planes nacionales de acción (PNA) y los textos se concentraron en las acciones innovadoras fundamentales de cada pilar, la respuesta dada a las recomendaciones y la evaluación de la incidencia de las medidas. Esta simplificación debería hacer posible que la Comisión y el Consejo elaboren informes conjuntos mejor delimitados en el futuro, permitiendo así una reducción progresiva de la carga de trabajo asociada a los informes en los Estados miembros.

* Acelerar el proceso de adopción del «paquete sobre el empleo»

Gracias a la simplificación de los informes, un calendario mejorado para la redacción del proyecto de informe conjunto permite realizar, a partir de 2000, consultas pormenorizadas con los Estados miembros antes de la adopción por la Comisión.

A partir del año 2000, la Comisión prevé adoptar un proyecto de decisión del Consejo sobre las directrices para el empleo, al mismo tiempo que el proyecto de informe conjunto sobre el empleo y el proyecto de recomendación a los Estados miembros. Las consultas formales [29] e informales requeridas se celebrarán en otoño para permitir la adopción definitiva de las directrices para el empleo y las recomendaciones del Consejo inmediatamente después del Consejo Europeo de diciembre.

[29] El dictamen del Comité de empleo, del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones es obligatorio desde 1999 con arreglo al apartado 2 del artículo 128.

* Hacer participar a otros agentes y mejorar el papel de los interlocutores sociales

- Con arreglo a las conclusiones de Lisboa, no es necesario ningún nuevo proceso porque los procesos existentes (orientaciones generales de política económica, Luxemburgo, Cardiff y Colonia) ofrecen los instrumentos necesarios, a condición de que sean simplificados y mejor coordinados, en especial a través de las contribuciones de otras formaciones del Consejo a la preparación de las orientaciones generales de política económica por el Consejo de Economía y Finanzas. Estas orientaciones generales deberían centrarse cada vez más en los efectos a medio y largo plazo de las políticas estructurales y en las reformas encaminadas a promover el potencial de crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, así como en la transición a una economía basada en el conocimiento. Los procesos de Cardiff y Luxemburgo deberían abordar con mayor detalle sus respectivos asuntos [30]. En particular, se ha invitado al Consejo de Educación a contribuir a los procesos de Luxemburgo y CardiffI [31]. Se prevé que esta contribución se plasme en un informe que se presentará al Consejo en la primavera de 2001 y en contribuciones a las directrices para el empleo.

[30] Conclusiones de la Cumbre de Lisboa, apartado 35.

[31] Conclusiones de la Cumbre de Lisboa, apartado 27.

- Teniendo en cuenta que varias directrices se dirigen también o exclusivamente a los interlocutores sociales, debería invitarse a estos últimos a contribuir directamente en el futuro en la elaboración de los informes de aplicación, dando cuenta de su papel en la puesta en práctica de la estrategia de empleo. Esto podría implicar el establecimiento por parte de los interlocutores sociales de un enfoque y objetivos comunes que les permitan desarrollar un proceso autónomo en el marco de las directrices para el empleo, incluida la fijación de criterios sobre su contribución a diferentes niveles en todos los pilares correspondientes y, sobre todo, en el pilar sobre la adaptabilidad.

* Mejorar el seguimiento y el examen de las buenas prácticas

Debería proseguirse el establecimiento de indicadores para contar con un conjunto lo más amplio posible de indicadores que permita evaluar los progresos realizados y realizar comparaciones internacionales; las buenas prácticas de los Estados miembros deberían seguir siendo objeto de un examen mutuo y de una mayor difusión.

* Definir la evaluación del impacto de la estrategia europea de empleo

Conviene establecer un marco metodológico de evaluación apropiado para alimentar el debate sobre la revisión de la estrategia en 2002 con datos indiscutibles sobre su impacto con respecto a la creación de empleo y los progresos generales de la reforma estructural de los mercados de trabajo. Este marco debería integrar los resultados de la evaluación de las iniciativas realizada en los Estados miembros, además de la modelización macroeconómica y encuestas específicas, que han de realizarse a nivel de la UE.

INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE 2000

PARTE II

LOS ESTADOS MIEMBROS

BÉLGICA

Conclusiones

Apreciación general: Pese a la mejora del mercado belga de trabajo, los retos a los que desde hace mucho tiene que hacer frente van ajustándose muy gradualmente: altas tasas de desempleo de larga duración, poca participación en el mercado de trabajo de las personas de más edad, amplias diferencias debidas al género en materia de empleo, marcadas diferencias regionales y potencial de creación de empleo en el sector de servicios.

Combinación de políticas: Bélgica va respondiendo a dichos retos con una combinación de políticas dirigida a la demanda y oferta de mano de obra, como también a la redistribución del trabajo. Estas políticas se basan en la moderación salarial, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social y el «Estado activo de bienestar». Pese a ello, la evolución de las repercusiones de las políticas preventivas es todavía insatisfactoria. Bélgica sigue teniendo que hacer frente, cada mes, a altas tasas de crecimiento del desempleo de larga duración, tanto juvenil como de los adultos.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: Se han tomado medidas para reducir las bolsas de desempleo, mediante la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores con salario mínimo, o el incremento de los incentivos financieros para buscar trabajo. En cuanto a la participación en el mercado de trabajo de las personas de más edad, no se ha modificado la edad mínima de jubilación anticipada, pero se han tomado diversas medidas para que sea más atractivo seguir trabajando. En cambio, se presta una atención insuficiente a las medidas restrictivas que impedirían que los trabajadores cesaran antes su actividad. El sector de servicios, bien desarrollado, es, sin duda, el motor del empleo en Bélgica. Se han decidido reducciones de las cotizaciones patronales a la seguridad social, para fomentar la creación de empleo en el sector de la sanidad y de la economía social. Ha mejorado la coordinación y la coherencia de las políticas de las diversas autoridades, como ilustran diversos acuerdos de cooperación, pero la proliferación de medidas relativas al mercado de trabajo reduce su eficacia y ensombrece la percepción de los agentes involucrados: al margen de los muchos aspectos por tratar, se necesita urgentemente una mayor simplificación y homogeneización, junto con una reducción de los instrumentos.

Desafíos futuros: Han sido lentos los avances para reducir los flujos de incorporación al desempleo de larga duración. A este respecto, la prevención se ha reforzado recientemente en cuanto a los jóvenes, pero se necesita urgentemente intensificar las acciones en favor de los adultos.

La presión fiscal sobre el trabajo sigue siendo una de las más elevadas de toda la UE y aún no ha comenzado a bajar, pese a los esfuerzos por reducir las cotizaciones sociales de ciertos grupos.

Van apareciendo en algunas partes de Bélgica puestos vacantes que no se cubren, dada la inadecuación entre la demanda y la oferta de mano de obra. La mayor movilidad y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores mediante una estrategia global para la formación permanente tendrán que ser factores fundamentales para mejorar la situación del mercado de trabajo belga y evitar las carencias de mano de obra. Es innegable la necesidad de ímprobos esfuerzos de formación en el sector de las TIC.

1. Situación de la economía y del empleo

El crecimiento del PIB en términos reales disminuyó en 1999 al 2,3%, pero se espera que en 2000 vuelva a aumentar (hasta el 3,6%). Están mejorando las condiciones del mercado de trabajo debido a (i) un mayor crecimiento del PIB, (ii) la mayor repercusión del crecimiento económico sobre el empleo, desde 1996, y (iii) la evolución de unas políticas del mercado de empleo pasivas a otras más activas.

En 1999, el crecimiento del empleo descendió a un 1,1%, lo que es inferior a la media de la UE. La tasa de empleo aumentó del 56,3% en 1996 al 59,2% en 1999, lo que sigue estando 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE; en cambio, la tasa EDP (equivalente a dedicación plena) se sitúa en 1,5 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. En el mismo lapso, la tasa de empleo de la mujer aumentó en casi 5 puntos porcentuales. Están disminuyendo las diferencias en función del género, y se sitúan actualmente por debajo de la media de la UE. Por grupos de edad, la tasa de empleo es particularmente baja entre los colectivos de menor y de mayor edad, que están ambos 12 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. Entre los mayores de 55 años, la tasa de empleo (24,7%) es la más baja de la UE.

En 1999 disminuyó la tasa de desempleo hasta el 9,1%, por debajo de la media comunitaria. El desempleo juvenil aumentó en 1999, pero la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes descendió al 7,8, por debajo de la media comunitaria. El desempleo femenino global está por debajo de la media comunitaria, y está disminuyendo la disparidad con el desempleo masculino. El desempleo de larga duración es un problema aparte: disminuyó en 0,6 puntos porcentuales entre 1998 y 1999, pero su contribución al desempleo total (56%) figura entre las más altas de la UE.

Hay diferencias considerables en los resultados del mercado de trabajo de las distintas regiones (con variaciones locales): el paro es muy pronunciado en Valonia y en Bruselas, mientras que en algunas partes de Flandes han surgido carencias de mano de obra cualificada.

2. Estrategia general de empleo

La piedra angular de la política belga de empleo es la reducción de los costes salariales mediante la moderación salarial y la reducción de las cotizaciones a la seguridad social (en ambos terrenos se pretende alcanzar el nivel de los tres principales países vecinos) para romper el círculo vicioso de la rentabilidad y aumentar la demanda de mano de obra.

El segundo elemento principal es la redistribución del trabajo. Dada la preocupación por los aumentos de los costes salariales por hora, ante la eventualidad de reducciones generalizadas del tiempo de trabajo, se aplicó una política flexible tanto a escala sectorial como de empresa. Los interlocutores sociales pueden establecer acuerdos de reducción del tiempo de trabajo, y habrá compensaciones parciales, en forma de reducción de las retenciones sobre los salarios para los empresarios, en caso de nuevas contrataciones. El Ministerio de Trabajo belga anunció recientemente un paquete global de medidas para la reorganización del tiempo de trabajo.

El tercer pilar de la política belga de empleo es lo que se ha dado en llamar el «Estado activo de bienestar», con lo que quiere decirse que se hace hincapié, entre otras cosas, en unas políticas activas del mercado de trabajo, en las que se presta una atención particular a los jóvenes. Además, existen medidas específicas para hacer frente a las bolsas de desempleo y para integrar en el mercado de trabajo a los parados de larga duración, medidas cuyo objetivo final es aumentar la oferta de mano de obra.

La dificultad de esta estrategia para el empleo es que las autoridades deben encontrar un equilibrio entre aumentar la demanda de mano de obra (mediante la disminución de los costes salariales totales) e incrementar de modo equivalente la oferta de mano de obra (mediante políticas activas del mercado de trabajo). Si se produjera un desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra, se agravaría la situación de los puestos vacantes que no se cubren, lo que está empezando a suceder en algunos sectores.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

El PNA 2000 constituye una clara indicación de la mejora cualitativa del PNA belga desde 1998, al tiempo que muestra bien, de modo general, cómo las diversas autoridades belgas definen la combinación de políticas para ajustarse a la estrategia europea de empleo. Se están aumentando los esfuerzos en pro de una mayor coherencia del PNA belga, pero sigue siendo muy elevado el número de instrumentos del mercado de trabajo.

Todavía no se aplica plenamente el planteamiento preventivo, pese a que se ha reforzado mediante recientes anuncios de políticas; las políticas belgas del mercado de trabajo siguen centrándose en medidas paliativas dirigidas a los parados de larga duración. De resultas de ello, las tasas de incumplimiento de las dos primeras directrices superan el 50 %. Dada las altas tasas de incorporación al desempleo de larga duración, tanto de los jóvenes (41 %) como de los adultos (35%), es urgente intensificar la actuación.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: Bélgica prosigue sus esfuerzos en materia de prevención, especialmente por lo que respecta a los jóvenes. La tasa de incumplimiento de la directriz 1 descendió del 57,6% en 1998 al 50,4% en 1999. Esto constituye una mejora, pero falta mucho camino por recorrer hasta que a cada parado joven pueda ofrecérsele una nueva oportunidad antes del 6º mes de desempleo. En cuanto a la directriz 2, el indicador de esfuerzo de 1999 es aun menor que el de 1998. Por ello, la tasa de incumplimiento sigue siendo del 54,3%.

En 1999, un 80,8% de los solicitantes de empleo participaron en medidas activas dirigidas a reducir el desempleo (directriz 3), lo que representa 16 puntos porcentuales más que en 1998. La formación constituye un 12% de los beneficiarios de medidas activas.

Espíritu de empresa: las autoridades federales y federadas pusieron en marcha iniciativas para reducir las cargas administrativas para las empresas, con vistas a facilitar sus fases de inicio y de crecimiento y para formar y asesorar a nuevos empresarios. Todas estas iniciativas se centran principalmente en las PYME. Se favorece la creación de empleos en el sector sin ánimo de lucro. Desde el 1 de abril de 1999, y por un período de seis años, se contemplan reducciones adicionales de las cotizaciones a la seguridad social, mediante, por una parte, una cantidad a tanto alzado que se asigna a cada trabajador y, por otra, una reducción suplementaria para los trabajadores con salarios más bajos. Se ha fijado el objetivo de, en el plazo de seis años, reducir las cotizaciones a la seguridad social al nivel medio de los principales países vecinos.

Adaptabilidad: se pusieron en práctiva diversas iniciativas, centradas principalmente en la reorganización del tiempo de trabajo. A las empresas que han adoptado la semana de cuatro días se les conceden reducciones de las cotizaciones por el personal adicional que tienen que contratar. Todavía no se dispone de indicadores para evaluar las repercusiones de esta iniciativa. Se incrementaron los esfuerzos de formación, y se tomaron medidas relativas a interrupciones de carrera, trabajo a tiempo parcial para las personas de más edad, y cursos de formación en horas de trabajo. Se adoptó una ley para fomentar la participación del personal en los beneficios de la empresa. En materia de formación permanente, los interlocutores sociales se comprometieron a aumentar los recursos, para, en el plazo de seis años, alcanzar el nivel medio de los tres principales países vecinos. Para ello, los recursos pasarán del 1,2% al 1,4% de la masa salarial antes de finales del 2000, con vistas a alcanzar el 1,9% en 2004.

Igualdad de oportunidades: se va incorporando al conjunto de las políticas y figura como prioridad, pero puede decirse que se esperan acciones más concretas. El convenio interprofesional 1999-2000 obliga a los interlocutores a revisar los sistemas de clasificación de función. Se fomenta la acción positiva, y debe perseguirse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de formación.

Fue importante el papel de los interlocutores sociales en la ejecución del PNA de 1999. El convenio interprofesional 1999-2000 es la piedra angular de las diversas medidas que los interlocutores sociales se han comprometido a tomar para la ejecución del PNA 1999. Los interlocutores sociales han participado en la preparación del PNA 2000.

En el período 2000-2006, el FSE apoyará la estrategia del PNA, centrándose más en las medidas de prevención dirigidas al mercado de trabajo, adaptándolas a las circunstancias regionales específicas.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo belgas

(1) Reforzar las políticas preventivas, mediante la adopción de medidas precoces basadas en las necesidades individuales para encauzar los flujos de incorporación al desempleo de larga duración. En particular, Bélgica debería cumplir plenamente las directrices 1 y 2 y proporcionar a los desempleados jóvenes y adultos medidas eficaces de empleabilidad antes de que traspasen los umbrales de los 6 y los 12 meses en paro, respectivamente.

(2) Examinar más detalladamente los factores de desincentivación del régimen de prestaciones sociales y de fiscalidad que pueden resultar disuasorios para la participación en el mercado de trabajo, principalmente de las mujeres y los trabajadores de más edad. Bélgica debería, en particular, revisar su política tradicional de favorecimiento de la jubilación anticipada de los trabajadores y examinar las opciones políticas más adecuadas para evitar el prematuro abandono del mercado de trabajo por parte de los trabajadores, como también favorecer el empleo de las personas de más edad.

(3) Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan medidas legales, fiscales y del mercado de trabajo, para explotar más eficazmente el potencial de creación de empleo del sector de servicios.

(4) Reforzar la cooperación entre las diferentes autoridades responsables de la aplicación del plan nacional de acción por el empleo.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

En cuanto al refuerzo de las políticas preventivas, la mayor innovación del PNA 2000 es el convenio del «primer empleo para los jóvenes». De conformidad con este programa, tanto el sector público como el privado tiene que aumentar su personal mediante la contratación, a partir del 1 de abril de 2000, de jóvenes en situación de desempleo de corta duración. Las empresas tienen que ofrecer un número de empleos equivalente al 3% de su personal a jóvenes antes de transcurridos seis meses desde que finalizaron sus estudios. Además, estas empresas se benefician de reducciones de las cotizaciones patronales a la seguridad social si los contratados son poco cualificados. Las repercusiones de esta nueva medida se reforzarán, en estrecha colaboración con las regiones, ofreciendo vías de integración a los jóvenes que lleven más de 3 meses en el paro. Se espera la creación de 45.000 empleos suplementarios.

En el PNA 2000 faltan nuevas medidas específicas que respondan a la directriz 2: las medidas que presenta el PNA se refieren con mayor frecuencia a la prevención de la jubilación anticipada que a la del desempleo de larga duración.

Por lo que respecta a los factores de desincentivación del régimen de prestaciones sociales y de fiscalidad, se potencia la reducción de las cargas sociales e impositivas. El 1 de abril de 2000, el Gobierno redujo todavía más las cotizaciones a la seguridad social. La reducción total de las cargas en el año 2000 está presupuestada en 2 600 millones de euros. Con las previstas reducciones de impuestos de los trabajadores y de sus cotizaciones a la seguridad social se pretende que disminuya el desempleo. No obstante, la media de la presión fiscal sobre el trabajo prosigue su tendencia al alza y es una de las más altas de la UE, lo que hace pensar que las medidas adoptadas no tienen la fuerza suficiente.

En cuanto a la participación en el mercado de trabajo de las personas de más edad, no se ha modificado la edad mínima de jubilación anticipada. Aunque no se modifique la edad mínima de jubilación anticipada, se establecerán métodos para reorganizar el tiempo de trabajo en función de la edad, como ya es el caso en el sector sin ánimo de lucro, para incitar a los trabajadores de más edad a prolongar su vida profesional activa. Además, se fomentará la contratación de trabajadores de más edad mediante la reducción de las cotizaciones patronales a la seguridad social. En cambio, se presta una atención insuficiente a las medidas restrictivas que impedirían que los trabajadores cesaran antes su actividad. Si bien el desequilibrio entre hombres y mujeres en el empleo se ha reducido significativamente en Bélgica desde 1997, hay que tomar más medidas para incrementar la participación femenina, sobre todo aumentando el número de plazas de guardería. En las medidas dirigidas a reducir la presión fiscal sobre el trabajo no figura ninguna evaluación del impacto en función del género.

Se han tomado varias iniciativas para aumentar el empleo en el sector de servicios. Las autoridades belgas también están fomentando proyectos específicos de empleo en la economía social, mediante la activación de subsidios de desempleo y de salario mínimo.

Los programas de las autoridades federales, regionales y locales consideran que es muy importante reforzar la cooperación. Una cooperación y una coherencia mejoradas se observan ya en el convenio sobre el «primer empleo para los jóvenes», como también en la cada vez mayor financiación por el Gobierno federal de programas de empleo de las autoridades federadas. Por último, la «célula de evaluación del impacto» FSE-PNA creada en el nuevo programa FSE, con la que colaborarán las cinco autoridades belgas, es la clara expresión de la voluntad de cooperar.

4.2. Otras iniciativas

En lo relativo a los nuevos impulsos en las directrices para 2000, hay que subrayar las iniciativas recientes de descentralizar los servicios ofrecidos a los desempleados. Con las 'Lokale Werkwinkels' (ventanillas locales para el empleo) en Flandes, las 'Plateformes locales de l'emploi' (plataformas locales para el empleo) en Bruselas y las 'Maisons de l'emploi' (casas del empleo) en Valonia se pretende llegar más fácilmente a los parados, ofrecerles servicios integrados (el concepto de ventanilla única) o promover servicios locales.

En cambio, el PNA 2000 no presenta iniciativas fundamentales relativas a la formación en TIC (directriz 6).

Empleabilidad: el compromiso de los interlocutores sociales de incrementar gradualmente las inversiones en formación permanente de los trabajadores es un paso adelante muy importante. No obstante, hay que prestar específicamente atención a las cuestiones de equidad en el acceso a la formación. Lo mismo puede decirse de los trabajadores de más edad, que actualmente participan mucho menos que la media en educación de adultos. Una de las ambiciones del «programa de primavera» es reducir en un 50 %, en cinco años, el número de beneficiarios de la renta mínima de subsistencia y de asistencia social, gracias a los programas de empleo.

Espíritu de empresa: se están llevando a cabo distintos tipos de iniciativas en la economía social para crear oportunidades de empleo dirigidas a diversos grupos de personas con pocas cualificaciones, desempleados de larga duración o solicitantes de empleo. Con el acuerdo de cooperación en el ámbito de la economía social, celebrado entre las autoridades federales y las regionales o locales, se pretende duplicar el empleo en este sector. Pero también hay que fomentar los partenariados con empresas comerciales, así como tomar medidas similares de integración en el mercado de trabajo ordinario. Se aplica un IVA reducido del 6% a sectores como los de la renovación de viviendas, especialmente afectados por el trabajo no declarado.

Adaptabilidad: se introducen diversas medidas, con el compromiso de los interlocutores sociales. Horarios flexibles, mayores oportunidades de interrupción de carrera, más trabajo a tiempo parcial, reducción de la jornada semanal para los mayores de 50 años y disminución del tiempo de trabajo a lo largo de toda la vida.

Igualdad de oportunidades: se presentan diversas iniciativas. Más plazas de guardería, mejores oportunidades de interrupción de carrera y lucha contra la segregación, vertical y horizontal.

>SITIO PARA UN CUADRO>

DINAMARCA

Conclusiones

Apreciación general: la situación del mercado laboral sigue siendo buena, con la mayor tasa de empleo de la UE, tanto para hombres como para mujeres. La tasa de desempleo siguió estable, muy por debajo de la media comunitaria. Los retos principales en 1999 eran las políticas dirigidas a fomentar la oferta de mano de obra y la mejora de las competencias y cualificaciones de la población activa, incluidos los esfuerzos para alentar a los trabajadores a permanecer más tiempo en activo y reducir el número de personas en edad de trabajar que viven de las prestaciones sociales. También la participación de las mujeres y los hombres en los diversos sectores y profesiones podría ser más equilibrada.

Combinación de políticas: Dinamarca responde a los retos del mercado de trabajo centrándose todavía más en la necesidad de que aumente la población activa y de que ésta aumente y desarrolle sus cualificaciones. Se han hecho esfuerzos en los cuatro pilares, con especial atención a la empleabilidad.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: a la primera recomendación que se le hizo, dirigida a aumentar la oferta de mano de obra, Dinamarca respondió con cambios en el sistema impositivo y con mejores incentivos para seguir en el empleo o para conseguir uno. Como estas medidas están adaptándose o han entrado en vigor hace poco, es demasiado pronto para valorar si son suficientes para alcanzar el objetivo. Por lo que respecta a la segunda recomendación, la de promover la formación y las oportunidades de empleo para las desempleadas, se han alcanzado resultados satisfactorios. Se han tomado diversas medidas para hacer frente a la segregación del mercado de trabajo. Sin embargo, conseguir reducir la segregación en función del género parece ser un proyecto a largo plazo, pues depende mucho, entre otras cosas, de las opciones en materia de educación y de las preferencias profesionales.

Desafíos futuros: dada la necesidad de aumentar la oferta de mano de obra, deben proseguir las reformas de los sistemas impositivo, de permisos y de jubilaciones, que hay que vigilar estrechamente y evaluar para ver si son suficientes para alcanzar el objetivo. Asimismo hay que seguir reduciendo el número de personas acogidas a los subsidios de desempleo y a las prestaciones sociales.

Dadas las tendencias demográficas previstas, que tendrán repercusiones negativas en la población activa, la alta tasa de empleo y la tasa relativamente baja de desempleo, hay que proseguir las políticas dirigidas a aumentar la oferta de mano de obra y a mejorar las competencias y cualificaciones de la población activa, para superar las carencias que van surgiendo.

1. Situación de la economía y del empleo

La economía danesa siguió desarrollándose armónicamente, y las políticas de fomento del empleo y de control del consumo han dado buenos resultados por ahora. El crecimiento del PIB disminuyó en 1999 al 1,7%, frente al 2,5% del año anterior. El crecimiento en 1999 puede explicarse por el crecimiento del empleo en un 1,1% y un uso más racional de los recursos de la economía, en un 0,6%.

La tasa de empleo (76,5%) de 1999 siguió siendo la más alta de la comunidad, muy por encima de los futuros objetivos tanto para mujeres (71,6%) como para hombres (81,2%) establecidos para el 2010 en el Consejo Europeo de Lisboa para el conjunto de la UE. Una evolución del empleo especialmente favorable tuvo lugar en el grupo de edad de 55 a 64 años: su tasa de empleo mejoró en 3,8 puntos porcentuales, del 50,4% en 1998 al 54,2% en 1999, frente a una media comunitaria del 36,9% en 1999.

La tasa total de desempleo siguió estable en un 5,2% entre 1998 y 1999, pero en 1999 las mujeres se beneficiaron más que los hombres de la mejora de la situación del mercado de trabajo. La situación general en el mercado de trabajo es de creciente igualdad. La tasa de desempleo de las mujeres descendió del 6,6% en 1998 al 6,0 % en 1999, mientras que la de los hombres aumentó del 4,1% al 4,5% en el mismo período, con lo que la diferencia en función del género se redujo a 1,5 puntos porcentuales. La tasa de desempleo de larga duración disminuyó del 1,4% al 1,1%. Esta disminución refleja un descenso del desempleo femenino de larga duración, pues el desempleo masculino de larga duración no se ha modificado desde 1998. Por primera vez en estos últimos años, la tasa de desempleo juvenil no disminuyó, sino que aumentó del 5,8% al 7,2%.

2. Estrategia general de empleo

«Dinamarca 2005», el programa gubernamental plurianual de políticas estructurales y sociales, constituye la base de la estrategia global en materia de política económica, que incluye la estrategia de empleo. Son objetivos importantes de la política danesa de empleo hasta el año 2005:

* Aumentar la población activa en unas 80 000 personas entre 1998 y 2005, lo que equivale a casi un 3%.

* Llevar la tasa de desempleo al 5% de la población activa, según la definición nacional, y practicar la moderación salarial.

* Reducir en unas 60 000 personas entre 1998 y 2005 el número de quienes necesitan prestaciones sociales.

* Reducir la presión fiscal.

* Reducir la deuda pública.

El principal reto de la estrategia de empleo consiste en alcanzar el crecimiento necesario de la población activa. Por sí misma, la evolución demográfica conducirá a una disminución de la población activa. La tasa de desempleo es baja y a principios de 2000 se firmaron convenios colectivos en algunos sectores por los que se aumenta el número de días de vacaciones.Dinamarca se propone continuar y profundizar la política estructural consistente a adecuar las reformas del mercado de trabajo, el marco de jubilación anticipada y el sistema impositivo, reforzando las medidas del mercado de trabajo y prosiguiendo el desarrollo de un mercado de trabajo no excluyente.

3. Evaluación del progreso

3.1 Apreciación general

El PNA 2000 fue elaborado a partir de los PNA previos, y refleja muy bien la evolución y los progresos alcanzados en su ejecución. La política danesa del mercado de trabajo está progresando bien, centrándose todavía más en la necesidad de que aumente la población activa y de que ésta aumente y desarrolle sus cualificaciones. Se han obtenido resultados en los cuatro pilares, especialmente satisfactorios en el de la empleabilidad.

Además, se considera que el seguimiento y la evaluación desempeñan un papel cada vez mayor en el proceso en curso. El PNA describe de manera coherente la combinación de medidas a nivel nacional y regional, que van desde medidas legislativas hasta campañas para modificar actitudes y comportamientos. Hay progresos en cuanto a la información económica y estadística, pero puede aún hacerse más.

3.2 Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: en el PNA se afirma que el objetivo comunitario de prevención del desempleo juvenil está perfectamente integrado, y que el relativo al paro de los adultos lo estará a principios de 2001. Los indicadores ponen de manifiesto para 1998 que el 90 % de los asegurados jóvenes en paro y el 96% de los asegurados adultos en paro salieron de su situación de desempleo antes de transcurridos 6 y 12 meses, respectivamente. Por otra parte, para el reducido colectivo de personas aseguradas (10% y 4%) que seguían en paro después de 6 y 12 meses sin que se les hubiera ofrecido un plan de acción, los indicadores de no cumplimiento se sitúan en un 84% y un 76%, respectivamente. Por supuesto, esta situación exige esfuerzos suplementarios. En el PNA se afirma que la situación de los jóvenes ha cambiado desde finales de 1999 y que la de los adultos cambiará a partir de principios de 2001.

La tasa de activación de las personas aseguradas fue en 1999 (del 1º al 3er trimestre) del 44%. En general, no se dan indicadores de las personas no aseguradas (aproximadamente el 20% de los desempleados, según la definición nacional).

Se prosiguieron los esfuerzos por aplicar políticas para incentivar más a las personas de edad a que permanezcan en activo, lo que también es el objetivo de las nuevas disposiciones de jubilación anticipada voluntaria para personas mayores de 60 años, que entraron en vigor el 1 de julio de 1999. En 1999 se intensificaron las iniciativas para potenciar un mercado de trabajo abierto a todos, incluidos los principios de una reforma de las disposiciones en materia de pensión de incapacidad, el aumento del número de empleos con condiciones particulares y una mayor reducción del número de personas que necesitan prestaciones sociales.

La formación permanente tuvo una gran prioridad, y se establecieron objetivos parciales; no obstante, hay que desarrollar más los indicadores. Un plan de acción para las TIC se llevó casi totalmente a efecto, y las TIC son obligatorias en todos los programas de formación profesional continua.

Espíritu de empresa: entre las prioridades siguieron figurando las condiciones marco favorables para la creación de empresas, como la reducción de las cargas administrativas, el asesoramiento a empresarios antes de la creación de una empresa y el apoyo a las empresas innovadoras en sus comienzos. En cuanto al objetivo de impulsar el potencial de empleo del sector de servicios, el recurso al «servicio a domicilio» aumentó hasta un 14,3% del total de hogares en 1999, frente al 12% de 1998.

Adaptabilidad: sigue funcionando según lo previsto el proyecto MOC (Management, Organisation and Competence), que aspira a promover la adaptación de las empresas a las condiciones de la competencia en una economía basada en el conocimiento. En el capítulo de formación, la evaluación de las medidas de apoyo a la planificación de actividades de formación puso de manifiesto que se había llegado a unos 50 000 trabajadores, y la mitad de las empresas afirman que su proyecto abarcó a todos sus empleados. Los nuevos convenios colectivos en ámbitos reglamentados por la Confederación patronal danesa y por la Confederación sindical danesa han conducido a que la inmensa mayoría de los trabajadores de estos sectores gocen ahora de un cálculo más flexible de la media de sus horas de trabajo. También se ha incorporado a dichos convenios un mejor acceso al trabajo a tiempo parcial.

Igualdad de oportunidades: prosiguió el compromiso de integrar el factor de igualdad en el conjunto de las directrices. Se presentó un proyecto de nueva ley de igualdad de oportunidades, que incluye una propuesta para crear un «Centro del conocimiento para la igualdad de oportunidades». Uno de los cometidos de este centro será crear mejores condiciones para el seguimiento del progreso en cuanto a la perspectiva de género. En cuanto a políticas más favorables a la familia, aumentó al 55% el número de niños y jóvenes (de entre 6 meses y 17 años de edad) que acuden a guarderías, clubes escolares y juveniles, lo que representa un aumento de un punto porcentual entre 1998 y 1999.

Los interlocutores sociales estuvieron muy implicados en la aplicación de la estrategia de empleo, en la negociación de los convenios colectivos y en los partenariados con las autoridades gubernamentales. La reforma del mercado de trabajo es un ejemplo concreto de la involucración de los interlocutores sociales.

Las ayudas del FSE para el nuevo período de programación 2000-2006 se basan en los objetivos de las políticas danesas económicas y del empleo hasta el año 2005, en la estrategia europea de empleo y en las prioridades danesas en materia de empleo, reflejadas en el PNA 1999, como también en las recomendaciones del Consejo a Dinamarca.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo danesas

(1) Proseguir sus reformas del sistema de prestaciones y de fiscalidad para reducir la presión fiscal general sobre el trabajo, en particular las cargas fiscales sobre los ingresos más bajos, y aumentar los incentivos para acceder a los puestos de trabajo o permanecer en ellos. Completar la reforma de los sistemas de jubilación anticipada y de permisos, y proceder a su estrecho seguimiento, dada la necesidad de incrementar la oferta de mano de obra.

(2) Promover la creación de oportunidades de trabajo y de formación dirigidas a las mujeres desempleadas y examinar, en el contexto de la integración de la igualdad de oportunidades en las demás políticas, las mejores maneras de reducir los actuales niveles de discriminación que se dan en los diversos sectores y profesiones del mercado de trabajo.

Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

La primera recomendación, destinada a incrementar la oferta de mano de obra, se ha seguido. Como estas medidas están adaptándose o han entrado en vigor hace poco, es demasiado pronto para valorar si son suficientes para alcanzar el objetivo. Hay que prestar especial atención a la reducción de la presión fiscal general sobre el trabajo.

Como se había previsto, están introduciéndose cambios en el sistema impositivo, dentro del llamado «paquete de Pentecostés», con mejores incentivos para que las personas encuentren un empleo regular. Se calcula que la presión fiscal total habrá sido en 1999 del 50,8% del PIB, mientras que en 2000 y 2001 descenderá al 50% y al 49,7%, respectivamente. Las proyecciones a medio plazo indican que la presión fiscal se habrá reducido al 47,7% del PIB en 2005 (definición nacional). Recientemente se han tomado importantes medidas en cuanto a la normativa sobre la disponibilidad para el trabajo, la concesión de permisos y la jubilación anticipada, que han reforzado los incentivos para acceder a los puestos de trabajo o permanecer en ellos. La reforma de la normativa sobre la concesión de permisos hizo que disminuyera en 10 600 el número de personas de permiso en 1999 (un 28%), mientras que siguió aumentando en número de personas en jubilación anticipada. Como la reforma de la normativa sobre la jubilación anticipada no entró en vigor hasta julio de 1999, la información sobre sus efectos estará disponible, como muy pronto, en el verano de 2000.

Por lo que respecta a la segunda recomendación, la de promover la formación y las oportunidades de empleo para las desempleadas, se han alcanzado resultados satisfactorios. Se han tomado diversas medidas para hacer frente a la segregación en el mercado de trabajo. Prosiguieron los esfuerzos por aplicar una estrategia de integración de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y medidas, y por mejorar el seguimiento de las desigualdades en función del género. En 1999, la mejora del mercado de trabajo benefició más a las mujeres que a los hombres, con lo que la diferencia de desempleo en función del género se redujo a 1,5 puntos porcentuales. Se mantuvo más elevada la tasa de activación de las mujeres, en un 52%, frente a la del 35% de los hombres. Como parte de la modernización de los sistemas del mercado de trabajo, se iniciaron proyectos piloto en el ámbito de la colocación no sexista. Se presentó al parlamento danés un proyecto de «Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», en el que figura la integración del principio de la igualdad de oportunidades en todas las políticas.

4.2 Otras iniciativas

Empleabilidad: para garantizar una mejor integración de los desempleados en el mercado de trabajo, se presta cada vez mayor atención a los efectos de las medidas activas sobre el mismo. Se ha introducido una nueva medida, la «práctica laboral», que supone breves períodos (de 2 a 4 semanas) de experiencia de trabajo para saber si la persona posee las cualificaciones requeridas o si necesita seguir formándose. Se reforzará la formación permanente mediante la llamada «reforma VEU» ("voksen- og efteruddannelse", «formación de adultos y complementaria»). En el ámbito de las TIC, el 93% de los alumnos entre 13 y 15 años tienen acceso a ordenadores, y el 85% a internet. La voluntad de alcanzar un mercado de trabajo no excluyente queda manifiesta en las nuevas medidas establecidas en la Ley de Presupuestos de 2000. Además, en colaboración con los interlocutores sociales se ha preparado un plan general de acción para mejorar la integración de las minorías étnicas en el mercado de trabajo.

Espíritu de empresa: entre las nuevas iniciativas figura una, gubernamental, «estrategia industrial.dk.21», que contempla la creación de un sistema de garantías para créditos a pequeñas empresas.

Adaptabilidad: en 2000 se concluirán nuevos convenios colectivos del sector privado por cuatro años. En ellos se han negociado aspectos de las directrices para el empleo, como la organización del trabajo, el trabajo a tiempo parcial, la formación permanente y el empleo de las personas con capacidad laboral reducida.

>SITIO PARA UN CUADRO>

ALEMANIA

Conclusiones

Apreciación general: Aunque la tasa de desempleo se redujo algo, el crecimiento económico no fue suficiente para que mejorase la creación de puestos de trabajo; el crecimiento del empleo siguió siendo el menor de la Comunidad. El colectivo de adultos desempleados de larga duración siguió siendo importante, en particular los trabajadores de más edad, cuya participación en el mercado de trabajo no aumentó. Sigue siendo muy preocupante la falta de creación de empleos en los Estados federados del Este de Alemania.

Combinación de políticas: más equilibrada, entre los cuatro pilares, que en los PNA precedentes. Se han reforzado, en particular, las acciones de los pilares de la empleabilidad y del espíritu de empresa.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: se incrementaron las acciones preventivas de lucha contra el desempleo de larga duración, mediante la ampliación del planteamiento de la vía integradora. Es preciso un estrecho seguimiento para garantizar que tales esfuerzos sean suficientes para dar pleno cumplimiento a las directrices 1 y 2 en 2002 y para alcanzar los objetivos nacionales de incorporación al desempleo de larga duración.

Están reforzándose las iniciativas para crear empleos en el sector de servicios, concretamente en el ámbito de las TIC, como también programas específicos para las PYME, que están arrojando resultados alentadores. La creación de nuevas empresas se fomenta de varias maneras. Pese a todo, para alcanzar los objetivos estratégicos del Consejo Europeo de Lisboa, hay que seguir incrementando el potencial de crecimiento del empleo en actividades de servicios.

Si bien se introdujeron políticas fiscales para mejorar las condiciones de inversión y las oportunidades de empleo, con lo que se reducirán algunos de los factores de desincentivación del sistema impositivo de cara a la oferta y aceptación de empleos, hay que emprender más acciones para continuar este proceso. Se hizo poco por modernizar los regímenes de prestaciones, si bien se aumentó la edad de jubilación de los trabajadores de más edad.

La presión fiscal general sobre el trabajo ha aumentado recientemente y sigue siendo una de las más elevadas de la UE. Se espera que la reforma 2000 del sistema impositivo comience a invertir esta tendencia. Están iniciándose proyectos piloto de creación de empleos para los trabajadores peor remunerados. Es preciso un estrecho seguimiento de estas políticas, para garantizar su aplicación eficaz y sus repercusiones en la creación de empleos.

Se suministraron indicadores comunes de políticas, pero tienen que especificarse más. Está considerándose la posibilidad de realizar trimestralmente una encuesta de población activa, como también encuestas de prueba.

Desafíos futuros: sigue habiendo importantes problemas de empleo, paralelamente a escasez de personal cualificado en ámbitos concretos, como las actividades de TIC. Hay que seguir incrementando y modernizando las acciones de formación, concretamente en el contexto de los resultados del proceso de la «Alianza para el empleo». Establecer una estrategia de formación permanente que incluya objetivos cuantitativos podría contribuir a dichos esfuerzos. Hay que proceder a una reevaluación crítica de la política del mercado de trabajo en el Este de Alemania para potenciar un mayor crecimiento del empleo. En el ámbito de la igualdad, los datos muestran que en Alemania existe una diferencia de retribución entre hombres y mujeres, especialmente en el sector privado, por lo que las autoridades encargadas de la igualdad de oportunidades y los demás implicados deben prestar atención para que disminuya tal diferencia.

1. Situación de la economía y del empleo

El crecimiento del PIB en términos reales disminuyó en 1999 al 1,5%, frente al 2,2% de 1998. Los costes laborales unitarios reales siguieron disminuyendo, aunque en menor medida que en 1988. Aumentó el número de personas con un empleo, como en 1998, en un 0,3% de promedio, y la tasa de empleo aumentó en aproximadamente 1 punto porcentual, y más entre las mujeres que entre los hombres. La tasa de empleo de los trabajadores de más edad se mantuvo estable. La tasa de desempleo disminuyó ligeramente en 1999; el paro femenino siguió siendo superior al masculino, si bien la diferencia se redujo algo. La tasa de desempleo juvenil disminuyó en 1999, como también lo hizo la tasa de desempleo de larga duración, y en ambos casos más entre las mujeres que entre los hombres. Alemania siguió presentando un mercado de trabajo dual. En los nuevos Estados federados, el desempleo global registrado se mantuvo aproximadamente en un nivel doble al de la parte occidental del país. Las mujeres siguieron estando especialmente afectadas por la grave situación en el Este de Alemania.

2. Estrategia general de empleo

Para reducir el desempleo y crear condiciones favorables para un mejor crecimiento del empleo, el Gobierno ha acometido reformas fiscales radicales y ha comenzado un programa para consolidar las finanzas públicas. De modo más general, en el orden del día socioeconómico figura interrelacionar las políticas de empleo, educación, formación, investigación e innovación para incrementar, en particular, la inversión en I+D y en recursos humanos, aumentar la inversión de capitales y crear la infraestructura necesaria. Se está prestando atención a la apertura de mercados hiperreglamentados, a la mayor difusión de las TIC y a los programas de apoyo para las PYME y para la creación de empresas. Las cuestiones principales para las políticas del mercado de trabajo son dar prioridad a las medidas activas, más que a los subsidios pasivos, y potenciar el enfoque preventivo. Se han incrementado los esfuerzos por modernizar el sistema dual y aumentar la formación permanente. Los interlocutores sociales, en el marco de la «Alianza para el empleo», consensuaron políticas macroeconómicas dirigidas a unos convenios colectivos orientados hacia el empleo, y a mejorar las condiciones de trabajo y salariales que correspondan a los beneficios producidos por el aumento de la productividad. En el terreno de la igualdad de oportunidades se han iniciado mejoras en el marco del programa «Las mujeres y el trabajo».

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

En 1999 continuó el refuerzo de las medidas de la política activa del mercado de trabajo y su impulso preventivo. Se establecieron nuevos indicadores para monitorizar el cumplimiento de las directrices 1 y 2. Sin embargo, hay que seguir trabajando tanto por luchar contra la elevada incidencia del desempleo de larga duración como por aumentar la participación en la formación permanente. Las actividades que reciben el apoyo de programas específicos, concretamente por lo que respecta a las PYME y a las TIC, están arrojando los primeros resultados positivos. Aumentó la implicación de los interlocutores sociales en el ámbito de la adaptabilidad, pero hay que hacer más. La cuestión de la integración del factor de igualdad en el conjunto de las políticas está recibiendo un apoyo activo.

Las autoridades alemanas y los interlocutores sociales hicieron esfuerzos por ajustarse a la estrategia europea de empleo. Se dieron algunos pasos en el ámbito del aumento de la empleabilidad, pero, en términos generales, aumentó la presión fiscal sobre el trabajo. Esta situación exige la aplicación imperiosa de la reducción de impuestos y de las medidas de reforma emprendidas en 1999, para reducir la presión impositiva general en los próximos años.

3.2. Aplicación del PNA de 1999

Empleabilidad: En general, las medidas activas de mercado de trabajo se orientaron más hacia la prevención y hacia un planteamiento integrador. Estos esfuerzos deberían alcanzar su pleno rendimiento en los próximos dos años.

Prosiguen todos los esfuerzos descritos en PNA anteriores en cuanto a la lucha contra el desempleo juvenil, incluido el programa de acción inmediata. Los esfuerzos alemanes se centran, tradicionalmente, en un enfoque amplio de la prevención mediante el sistema dual de formación, que abarca unos 2/3 de todos los grupos de edad implicados. Los indicadores de entradas y de resultados de las políticas muestran que el 74,4% de quienes llegaron al desempleo en 1998 comenzaron una medida, en el marco de un plan de acción concreto, antes de llevar seis meses parados. Aproximadamente un 16% de quienes siguieron sin empleo después de transcurridos seis meses no había comenzado ninguna medida de política activa (tasa de incumplimiento). Se tomaron medidas activas en el marco del programa de acción inmediata de lucha contra el desempleo juvenil, y para ofrecer puestos de formación a los jóvenes, además de las medidas activas de mercado de trabajo habituales. Por lo que respecta al desempleo de larga duración entre los adultos, en general se incrementaron los esfuerzos mediante la ampliación del planteamiento de los itinerarios individuales. Para poder intervenir antes, se aplicaron más estrictamente algunos umbrales de admisibilidad. Los indicadores ponen de manifiesto que el 77% de quienes engrosaron el paro en 1998 comenzaron una medida, en el marco de un plan de acción concreto, antes de llevar doce meses parados. Un 21% de quienes siguieron sin empleo después de transcurridos doce meses no había comenzado ninguna medida de un plan individual de acción. Estas cifras subrayan la tendencia hacia la aplicación de esta directriz en un futuro próximo.

Por lo que respecta a la directriz 3, en 1999 participaron, en promedio, 1,5 millones de personas (el 45,2% de ellas, mujeres) en medidas activas a nivel federal, lo que supone 240 000 más que en 1998. A escala de los Estados federados se considera que, al igual que en 1998, recibieron apoyo 385 000 personas. De los parados registrados, un 45,8% participó en medidas activas, frente a un 37,2% el año anterior. Además, los municipios siguieron reintegrando al trabajo a los beneficiarios de la asistencia social.

Se intensificaron los esfuerzos por mejorar la tasa de participación de los trabajadores de más edad. Está subiendo la edad de jubilación, y reduciéndose las pensiones abonadas antes de la edad de jubilación obligatoria. No obstante, la flexibilidad en los procedimientos de jubilación sigue siendo un parámetro importante de la acción, tal como se acordó en el proceso de la «Alianza para el empleo» y en los convenios colectivos.

Espíritu de empresa: En términos generales, está aumentando el número de trabajadores por cuenta propia. Aproximadamente 100 000 personas se acogieron al subsidio transitorio que ayuda a los desempleados a convertirse en trabajadores por cuenta propia. De siempre, el acceso a la financiación es una prioridad. Tiene mucho éxito el nuevo programa «Startgeld» para el fomento de la creación de microempresas. Aproximadamente el 30% de quienes se acogen a él son mujeres. En 1999 se desbloquearon casi 800 millones de euros para capital-riesgo mediante un programa específico del Gobierno federal para pequeñas empresas tecnológicas. Se incrementaron el asesoramiento, el capital-riesgo y los programas de formación para las PYME. Siguieron reforzándose las medidas para reducir la carencia estimada de unas 75 000 personas en actividades de TIC. La presión fiscal general de la economía alemana y el nivel impositivo efectivo sobre el trabajo por cuenta ajena fueron elevados y en tendencia al alza hasta 1999. Sin embargo, se espera que los distintos pasos legislativos para la reducción de impuestos, que comenzaron en 1999, las repercusiones del impuesto ecológico y la reducción venidera de la tasa de imposición a las empresas creen más empleos en un futuro próximo.

Adaptabilidad: se emprendieron acciones para mejorar las disposiciones de jubilación parcial de trabajadores de más edad, en particular en las PYME, como también las del trabajo a tiempo parcial. En las reuniones de concertación sobre la «Alianza para el empleo», los interlocutores sociales se comprometieron a modernizar la organización de trabajo, aumentar el trabajo a tiempo parcial y recurrir más a las «cuentas de tiempo de trabajo». En muchos convenios colectivos se dio prioridad a la cuestión de la formación inicial y de la formación profesional permanente.

Igualdad de oportunidades: el programa «Las mujeres y el trabajo», anunciado en el último PNA, se puso en marcha con diversas medidas, como el aumento de la participación femenina en la formación para las TIC y en estudios de informática, como también en puestos decisorios. La Agencia federal de empleo sigue practicando un enfoque dual, en el que se combina la integración de la igualdad en todas las políticas con medidas específicas en pro de la igualdad de oportunidades. Están realizándose esfuerzos para aumentar las plazas de guardería, concretamente en la parte Oeste de Alemania. Hay que reducir el diferencial retributivo entre hombres y mujeres que puso de manifiesto el PHCE (Panel de Hogares de la Comunidad Europea). El informe gubernamental sobre el empleo y los ingresos de las mujeres, previsto para 2001, tendrá que prestar mucha atención a las disposiciones relativas a los factores de desincentivación del sistema de prestaciones y de fiscalidad, que pueden resultar disuasorias para una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo.

Interlocutores sociales: los interlocutores sociales redactaron el texto del PNA relativo a la directriz 15. El proceso de la «Alianza para el empleo», en el que participan el Gobierno federal y los interlocutores sociales a través de reuniones periódicas de concertación al más alto nivel, ha dado lugar a diversos comunicados conjuntos, relativos, en particular, a políticas sobre el tiempo de trabajo que favorezcan el empleo, y al recurso a la jubilación parcial de los trabajadores de más edad. Revisten especial importancia las políticas para crear y mantener estructuras de formación inicial y permanente. En varios sectores industriales importantes, estas intenciones vienen apoyadas por convenios colectivos a medio plazo orientados a la estabilidad y el empleo. La concertación sobre la «Alianza para el empleo» se amplió y profundizó mediante alianzas similares en materia de empleo y formación a nivel de los Estados federados.

El FSE y los Fondos Estructurales: por término medio, entre 1994 y 1998, el FSE subvencionó a unas 250 000 personas cada año. El FSE contribuye con un 3% a las medidas activas de mercado de trabajo a nivel federal y con un 36% a las de los Länder. Entre 1994 y 1999, el FSE aportó 7 400 millones de euros; entre 2000 y 2006, este importe aumentará a 11 500 millones de euros. Al tiempo que se apoya el conjunto de las directrices, en particular el enfoque preventivo, un 10% de los recursos provenientes del FSE se destinarán a medidas específicas para la mujer. La financiación por el FEDER y el FEOGA (9 910 millones de euros entre 1994 y 1999) de las áreas que Alemania señaló como objetivo 1 contribuyó a crear y mantener unos 480 000 empleos. Entre 2000 y 2006, los recursos del FEDER y el FEOGA para dichas áreas del objetivo 1 aumentará a 14 750 millones de euros.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo alemanas

(1) Reforzar sus políticas preventivas, adoptando iniciativas rápidas basadas en las necesidades individuales para evitar que los trabajadores se conviertan en desempleados de larga duración. Alemania debería ser más ambiciosa en sus objetivos actuales, hasta conseguir que el flujo de personas que pasan a formar parte del desempleo de larga duración disminuya hasta los niveles de los tres Estados con mejores resultados (menos del 10% tras 12 meses en paro).

(2) Adoptar y aplicar una estrategia coherente para explotar el potencial de empleo del sector de servicios, que contenga, entre otras, medidas legales y fiscales, y otras medidas encaminadas a reducir las cargas inherentes a la creación de una empresa.

(3) Examinar más detalladamente los factores de desincentivación del sistema de prestaciones y de fiscalidad, que pueden resultar disuasorios para la participación en el mercado de trabajo de todos los grupos, y en especial de los trabajadores de más edad. Alemania debería, en particular, revisar su política tradicional de favorecimiento de la jubilación anticipada de los trabajadores y examinar las opciones políticas más adecuadas para evitar el prematuro abandono del mercado de trabajo por parte de los trabajadores, como también favorecer el empleo de las personas de más edad.

(4) Proseguir y controlar los esfuerzos para disminuir progresivamente la presión fiscal sobre el trabajo mediante la reducción de los impuestos y de las cotizaciones de seguridad social. Aun respetando la necesidad de consolidación fiscal, los costes laborales deberían reducirse en mayor medida para las remuneraciones más bajas.

(5) Adoptar medidas adecuadas para mejorar y adaptar su sistema estadístico para proporcionar datos compatibles con los indicadores comunes hasta el año 2000. Alemania debería también estudiar la realización de una Encuesta trimestral de población activa con arreglo al Reglamento (CE) del Consejo nº 577/98.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Para reforzar las políticas preventivas, se espera que las iniciativas adoptadas conduzcan a la plena aplicación de las directrices 1 y 2, a más tardar en 2002. El objetivo es, para el mismo período, llevar la tasa de incorporación al desempleo de larga duración a menos del 10%, tanto para los jóvenes como para todo el colectivo de parados (tasa que se situaba en el 15% para los jóvenes y el 17% para los adultos en 1999). Como el desempleo sigue siendo alto, aunque va disminuyendo, habrá que vigilar de cerca la aplicación de las políticas al respecto, para verificar sus repercusiones reales sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.

La adopción de una estrategia coherente para explotar el potencial de empleo del sector de servicios se refleja en un abanico de medidas, correspondientes al pilar del espíritu de empresa, y en la creación y refuerzo de una serie de programas, concretamente para las PYME. Si bien se ha producido recientemente un aumento del empleo en el sector de servicios, las repercusiones de todas estas políticas sólo se manifestarán gradualmente, con el tiempo.

En cuanto al examen de los factores de desincentivación que pueden resultar disuasorios para la participación en el mercado de trabajo de todos los grupos, y en especial de los trabajadores de más edad, se iniciaron acciones mediante la reducción gradual de las cargas fiscales generales y de seguridad social. Pese a que los cambios demográficos anuncian una reducción de la oferta de mano de obra y una simplificación natural del problema del desempleo, hay que tomar acciones más positivas para aumentar la participación de los trabajadores de más edad.

En 1999, pese a ciertas reducciones del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, junto con la introducción del «impuesto ecológico», el tipo impositivo efectivo sobre el trabajo por cuenta ajena fue en aumento hasta 1999 y se mantuvo elevado. La reforma fiscal 2000 seguirá reduciendo los tipos del impuesto sobre la renta para todos los niveles salariales, hará que aumenten los subsidios básicos y los familiares, y hará que el impuesto sobre los beneficios de las empresas disminuya del 40% al 25% en 2001. Junto con el mantenimiento de la reducción de las cotizaciones a la seguridad social para las pensiones de jubilación y con el aumento de los impuestos compensatorios sobre el consumo energético (el «impuesto ecológico»), está previsto que disminuya tanto la presión fiscal general sobre el trabajo como el tipo impositivo efectivo sobre el trabajo por cuenta ajena, lo cual se espera que cree más empleos. En el verano de 2000 se están iniciando algunos proyectos piloto para mejorar los incentivos de participación en el mercado de trabajo, que se centran en proponer incentivos más eficaces para que los patronos ofrezcan, y los trabajadores acepten, empleos en el extremo inferior de la escala retributiva. Es preciso un estrecho seguimiento de estas políticas, para garantizar su aplicación eficaz y sus repercusiones en la creación de empleos.

Los indicadores de políticas relativos a las directrices 1 y 2 proceden de una combinación de datos estadísticos provenientes de regiones representativas para el mercado de trabajo y de registros de datos sobre flujos del mercado de trabajo. Falta sin embargo un desglose por sexo, que está previsto para 2001. Los indicadores para la directriz 2 todavía no se centran del todo en los adultos desempleados únicamente, sino que abarcan todos los grupos de edad. Todo ello indica que el sistema necesita una base más firme. Se está estudiando la posibilidad de proceder a una encuesta de población activa con frecuencia mayor que anual; seguramente se realizarán encuestas de prueba en otoño de 2000.

4.2. Otras iniciativas

Empleabilidad: Se espera los programas federales de medidas activas de mercado de trabajo lleguen a aproximadamente 1,6 millones de personas en el año 2000. Para finales de 2000 se habrán ofrecido unas 40 000 plazas de aprendizaje en actividades de TIC. Se aumentará el aprendizaje permanente, concretamente en actividades de TIC, tanto de quienes tienen empleo como de los parados. Las empresas se comprometieron a incrementar, de modo verificable, la formación interna en materia de tecnologías de interés para internet. A finales de 2001, todos los centros de enseñanza dispondrán de ordenadores multimedia y de acceso a internet. Se considera que para 2005 habrá aumentado en un 40% la proporción de estudiantes de primer año de informática. Se ha aprobado una ley que hará posible la reincorporación al mercado de trabajo de unas 50 000 personas con discapacidades graves en los próximos 2 ó 3 años.

Espíritu de empresa: el Gobierno anunció el establecimiento de un plan de acción, que deberá ser operativo a finales de 2001, para reducir los obstáculos burocráticos a la creación de nuevos negocios y de PYME. Proseguirán los esfuerzos por aumentar la innovación y fomentar el recurso a las TIC en las PYME. Se espera que la aplicación progresiva de la reforma fiscal 2000 y la reducción prevista del 42% al 40% de la cotización patronal basada en el salario bruto contribuirán, a medio plazo, a que mejore la situación de las empresas. También se espera que comiencen a dar los primeros resultados positivos los proyectos piloto ya iniciados para los trabajadores con remuneraciones más bajas y para los desempleados de larga duración.

Igualdad de oportunidades: Existe el objetivo de que para 2005 haya aumentado hasta un 40% la proporción de mujeres en empleos con futuro. Las disposiciones legislativas sobre los permisos por educación se revisarán en 2001, con vistas a una mayor flexibilidad y a un mejor recurso a las oportunidades de trabajo a tiempo parcial. Hacia finales de 2001 se presentará un informe general sobre el empleo y los ingresos de las mujeres. Se está comenzando a trabajar con nuevos instrumentos legislativos para la igualdad de oportunidades.

>SITIO PARA UN CUADRO>

GRECIA

Conclusiones

Apreciación general: En 1999, y por cuarto año consecutivo, la economía griega creció un 3,5% más rápidamente que la media comunitaria. A finales de 1999, Grecia cumplía todos los criterios de convergencia para participar en la Unión Económica y Monetaria. Pese a que se incrementó el empleo total, el desempleo se mantuvo muy por encima de la media comunitaria, lo que refleja deficiencias estructurales del mercado de trabajo. Los índices de desempleo de los jóvenes y las mujeres siguen siendo elevados, por encima de la media comunitaria. Las diferencias de empleo y desempleo en función del género siguen siendo de las mayores en la UE.

Combinación de políticas: las nuevas políticas que se anuncian toman el buen camino, pero hay que acelerar su aplicación. Debería hacerse mayor hincapié en la prevención. Tienen que hacerse esfuerzos más consistentes para obtener resultados concretos a su debido tiempo.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: pese a algunos progresos, se ha retrasado la reforma de los Servicios públicos de empleo, lo que habrá que abordar con carácter urgente. Grecia está haciendo esfuerzos, pero todavía no ha alcanzado los objetivos de prevención y de activación de la estrategia europea de empleo. Sigue siendo inadecuado el sistema de seguimiento estadístico existente, y no se dispone de datos sobre la prevención y la activación.

Se introdujeron ciertas acciones para fomentar la incorporación de la igualdad al conjunto de las políticas y para incrementar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, pero es necesaria una acción más concertada para acercar el empleo femenino a la media comunitaria.

Se adoptaron o aplicaron diversas medidas para mejorar la calidad de la educación y la formación, pero hay que proseguir estos esfuerzos. Se consultó más sistemáticamente a los interlocutores sociales, pero sigue habiendo mucho campo para una participación más activa, en particular por lo que respecta a la modernización de la organización del trabajo y a la flexibilidad del mercado de trabajo.

Pese a la introducción de diversas medidas nuevas para estimular el espíritu de empresa, hay que seguir actuando para reducir la carga administrativa relacionada con la creación de nuevas empresas, como también explotar el potencial de empleo del sector de servicios.

Desafíos futuros: Persisten las deficiencias estructurales del mercado de trabajo. Por ello, Grecia debe proseguir e intensificar sus esfuerzos por reforzar los servicios públicos de empleo y por aplicar políticas de prevención y activación, de conformidad con las directrices 1, 2 y 3; seguir potenciando la participación en el mercado de trabajo, en particular de las mujeres, y la incorporación de la igualdad al conjunto de las políticas; seguir mejorando la calidad de la educación y de la formación profesional, y establecer una estrategia global de formación permanente; seguir estimulando el espíritu de empresa, facilitar la creación de empresas y fomentar el potencial de creación de empleos del sector de servicios; fomentar una participación más activa de los interlocutores sociales, en particular con vistas a la modernización de la organización del trabajo, y seguir tomando medidas para mejorar el sistema de seguimiento estadístico.

1. Situación de la economía y del empleo

A finales de 1999, Grecia cumplía todos los criterios de convergencia para participar en la Unión Económica y Monetaria. La eficacia macroeconómica mejoró considerablemente en los últimos años. La producción real se mantuvo, por cuarto año consecutivo, por encima de la media comunitaria.

Estimulada por la mayor actividad, la oferta de mano de obra se incrementó considerablemente en los últimos años, como también lo hizo el empleo, aunque más lentamente. En 1999 el empleo sólo creció en un 1,2%, frente al 3,4% de 1998 y a la media comunitaria de 1,4%. En 1999, la tasa de empleo disminuyó ligeramente hasta el 55,3%, claramente por debajo de la media comunitaria del 61%. La diferencia de las tasas de empleo entre Grecia y la media comunitaria se debe exclusivamente a las diferencias en las tasas de empleo femenino, pues las del empleo masculino son casi idénticas.

En 1998, la tasa de desempleo [32] aumentó hasta un 10,7%, lo que es superior a la media de la UE. Este incremento del desempleo se atribuye principalmente al aumento de la población activa, debido a la mayor participación de la mujer y de trabajadores inmigrantes, junto con la disminución del empleo en la agricultura. La tasa de desempleo femenino era más del doble de la del desempleo masculino, y considerablemente más elevada que la media comunitaria. La tasa de desempleo juvenil fue superior a la media comunitaria y a la media nacional. La tasa de desempleo de larga duración alcanzó un 5,9%, por encima de la media comunitaria. La tasa de desempleo femenino de larga duración es mucho más elevada que la del masculino.

[32] Aún no se dispone de los datos de Eurostat sobre el desempleo en 1999.

La productividad laboral aumentó en un 2,2% en 1999, lo que constituye una mejora considerable frente al incremento del 0,3% de 1998, y es muy superior a la media comunitaria del 0,9%. En parte como resultado del incremento de la productividad laboral, los costes laborales unitarios reales disminuyeron en un 0,4% en 1999, con lo que se invirtió la situación al alza de 1997 y 1998.

2. Estrategia general de empleo

Fomentar el crecimiento, prevenir el desempleo y ayudar a los grupos vulnerables son los principales objetivos del nuevo Gobierno griego. Las reformas estructurales, combinadas con la flexibilidad y políticas de adaptación del mercado de trabajo, deberían reforzar la competitividad y contribuir a un crecimiento sostenible en un marco de cohesión social. Asimismo, la lucha contra las desigualdades regionales es una prioridad en Grecia. El nuevo Gobierno se ha comprometido a proseguir sus esfuerzos para pasar de unas políticas pasivas a otras políticas activas de empleo y para aplicar el enfoque individualizado, junto con la modernización y la reestructuración de los servicios públicos de empleo. También intenta fomentar la sociedad del conocimiento, con vistas a preparar una mano de obra capaz de hacer frente a la evolución de los mercados de trabajo griego e internacional. Se está persiguiendo la igualdad de oportunidades para colectivos vulnerables, así como entre hombres y mujeres, tanto con la integración de la igualdad en todas las políticas como mediante medidas específicas. En el año 2000, Grecia pretende crear 75 000 nuevos empleos y otros tantos nuevos puestos de formación. Asimismo pretende ampliar la reglamentación de acreditación de formadores, hacer mejor uso de las posibilidades de empleo en ámbitos nuevos, como las nuevas tecnologías, e intervenir en el mercado de trabajo en caso necesario (por ejemplo, ajustes de la jornada laboral) para incrementar el número de empleos disponibles. El Gobierno griego persigue el mayor consenso social posible, potenciando el cometido de los interlocutores sociales en la planificación y la aplicación de las políticas y animándolos a tomar iniciativas positivas. Se insiste en la importancia de reestructurar el sistema de seguridad social, para garantizar la solidaridad social. Grecia reforzará y aplicará su estrategia y sus políticas de empleo entre 2000 y 2006, haciendo un uso más eficaz de los créditos del FSE y, de modo general, de los Fondos Estructurales.

3. Evaluación del progreso

3.1 Apreciación general

El PNA 2000 es la continuación del anterior. Pese a los progresos, es precisa una visión más estratégica y un mayor equilibrio de las políticas entre los distintos pilares. El de la empleabilidad sigue siendo el más importante. Se introdujeron algunas medidas nuevas. Al no disponerse de datos estadísticos adecuados, incluidos los flujos entre el empleo y el desempleo, es difícil proceder a la valoración de políticas y medidas. El retraso de la reforma de los servicios públicos de empleo obstaculiza la ejecución de otras acciones del PNA. A pesar de algunos esfuerzos, Grecia todavía no ha adoptado los planteamientos preventivo, de activación e individualizado, ni ha alcanzado los objetivos de la estrategia europea de empleo. Está por crear una estrategia global de formación permanente, y tienen que establecerse objetivos. Se introdujeron diversas medidas de apoyo a las PYME, para facilitar su acceso al mercado de capitales. Algunas medidas nuevas de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituyen una primera respuesta a la cuestión de las divergencias en función del género.

3.2 Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: pese a ciertos esfuerzos por acelerar la reforma de los servicios públicos de empleo, las acciones llevan mucho retraso. Son actualmente operativos 24 nuevos centros de fomento del empleo, y se espera duplicar esta cifra para finales de 2000. Los programas «Los jóvenes en la vida activa» y «Retorno al trabajo» siguen siendo la principal acción en materia de prevención del desempleo de jóvenes y adultos. Si bien no se ha emprendido por ahora una evaluación detallada de los programas, el número de participantes en el programa «Retorno al trabajo» superó el objetivo fijado en 1999, y al finalizar el programa se mantuvo un 60 % de los nuevos empleos. No existe información explícita sobre si se alcanzó el objetivo del 20 % de activación. Está por crear una estrategia global de formación permanente, y tienen que establecerse objetivos. El Fondo de empleo y de formación profesional reforzó sus actividades, con la participación activa de los interlocutores sociales, y financió diversas iniciativas nuevas. Está prevista la creación de nuevos centros de orientación profesional y la de un centro especial para la formación profesional permanente.

Espíritu de empresa: se aplicaron medidas para reducir los costes generales y las cargas administrativas de las empresas, si bien en menor escala que lo esperado. En 1999 se aceleró la modernización del sistema impositivo. Si este esfuerzo prosigue en 2000, se considera que tendrá una repercusión general positiva, sobre todo en cuanto a los trabajadores por cuenta propia. En noviembre de 1999 se estableció por ley la reducción de los costes no salariales -que era una de las iniciativas más importantes de este pilar para ese año- y su aplicación comenzó a principios de 2000. La aplicación de las medidas de los Pactos Territoriales para el Empleo comenzó, tras muchos retrasos, en septiembre de 1999. Aunque no sea espectacular, se trata de una evolución favorable para mejorar las oportunidades de empleo a escala local. Se aplicaron algunos programas de empleo específicamente culturales para fomentar el potencial de empleo del sector de servicios, pero no se hizo otro tanto en otros sectores que en 1999 se habían considerado prioritarios (como las nuevas tecnologías o el medio ambiente).

Adaptabilidad: la legislación de 1998 -que contempla formas más flexibles de trabajo- constituye la medida estatutaria más importante con la que se responde al objetivo de este pilar. Se ha avanzado algo en su aplicación, especialmente en lo relativo a la creación de agencias privadas de empleo, el trabajo a tiempo parcial y la aplicación como proyecto piloto de formas flexibles de trabajo en los sectores bancario y de las telecomunicaciones. Se amplió al sector público el trabajo a tiempo parcial. Se prevé para este año la consulta con los interlocutores sociales, con vistas a seguir promoviendo acuerdos sobre horarios flexibles de trabajo. El Gobierno griego considera que el programa de privatización puede tener repercusiones indirectas positivas sobre la adaptabilidad y los acuerdos sobre horarios flexibles de trabajo. Se ha experimentado con nuevas competencias. Se aplicaron diversos programas de formación en la empresa, pero a menor escala de lo contemplado en 1999. Los interlocutores sociales siguieron desempeñando un papel fundamental a este respecto, aunque la situación aún puede mejorar.

Igualdad de oportunidades: Se dieron pasos para mejorar la incorporación de la igualdad al conjunto de las políticas. Hay que dar prioridad a garantizar que las mujeres participen en todas las políticas activas de mercado de trabajo, proporcionalmente a su tasa de desempleo. Se aplicaron los programas «Estructuras de apoyo al espíritu de empresa de las mujeres» y «Fomento del espíritu de empresa entre las mujeres», si bien sólo se empleó una pequeña parte del presupuesto de este último para 1999. Está casi completa la creación de 7 500 plazas de guardería, como también se crearon 191 centros sociales para la atención a ancianos. Se considera que se habrá respondido plenamente a la demanda de estos servicios en el período 2000-2006 de aplicación de los Fondos Estructurales.

Interlocutores sociales: Se hicieron esfuerzos para potenciar su cometido, aunque la situación aún puede mejorar. El Fondo de empleo y de formación profesional reforzó sus actividades -cofinanciado por los interlocutores sociales- con acciones de formación en pequeñas empresas. Se creó una Agencia nacional de formación profesional, con la participación de los Ministerios de Trabajo y de Educación y de los interlocutores sociales. Cabe destacar el cometido de los comités asesores tripartitos de la Organización de educación y formación profesional.

FSE y Fondos Estructurales: Una proporción muy considerable de las políticas activas de mercado de trabajo aplicadas -sobre todo en los pilares de empleabilidad, adaptabilidad e igualdad de oportunidades- fue cofinanciada por los Fondos Estructurales, el FSE en particular. Se prestó atención a que los Fondos Estructurales comunitarios 2000-2006 y los pertinentes programas operativos se centrasen en los objetivos y prioridades de la estrategia europea de empleo al aplicarse a través del PNA griego. Si se creara una base de datos completa y fiable sobre los objetivos y los indicadores de evaluación, se reforzaría el papel positivo del FSE.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo griegas

(1) Emprender acciones decididas, coherentes y mesurables para evitar que los jóvenes y adultos desempleados pasen a formar parte del desempleo de larga duración. En especial, deberían realizarse más esfuerzos para completar la reforma de los servicios de empleo y para aplicar políticas preventivas de acuerdo con las directrices 1 y 2.

(2) Examinar más detalladamente los factores de desincentivación del sistema de prestaciones y de fiscalidad que pueden resultar disuasorios para la participación, especialmente de las mujeres, en el mercado de trabajo, con vistas a acercar progresivamente la tasa de empleo femenina a la media de la Unión Europea, que es del 50%, y reforzar la integración de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las demás políticas, consolidando los progresos ya experimentados en cuanto al espíritu de empresa.

(3) Proseguir los esfuerzos realizados para seguir mejorando la calidad de la educación y de la formación profesional y para dar más apoyo a la formación permanente, en particular mediante una mayor participación de los interlocutores sociales.

(4) Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan, entre otras, medidas legales y fiscales destinadas a reducir las gestiones administrativas que resultan necesarias para poner en marcha una nueva empresa, para así estimular el espíritu de empresa y explotar el potencial de creación de empleo del sector de servicios.

(5) Fomentar un enfoque participativo y promover compromisos concretos de los interlocutores sociales a todos los niveles en cuanto a la modernización de la organización del trabajo, al objeto de conseguir que las empresas sean más productivas y competitivas y de lograr el necesario equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad.

(6) Adoptar las medidas apropiadas para mejorar el sistema de seguimiento estadístico, de manera que en 2000 pueda disponerse de indicadores sobre la prevención y la activación que respondan a las definiciones y métodos comunes.

4.1 Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Grecia todavía no ha emprendido acciones suplementarias o iniciativas además de las ya existentes para prevenir que los parados jóvenes y adultos lleguen al desempleo de larga duración. No obstante, está previsto completar la reestructuración del servicio público de empleo para finales de 2001.

El PNA 2000 no contiene información sobre los factores de desincentivación del sistema de prestaciones y de fiscalidad para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Están creándose algunas plazas de guarderías y de asistencia a los ancianos. Aunque en algunas medidas se ha incluido la perspectiva de género y se han dado pasos por incrementar la tasa de empleo femenino, hay que establecer una estrategia global y seguir trabajando para hacer frente a este problema. En el próximo período de programación de los Fondos Estructurales se consagrarán cantidades considerables a la promoción de la participación de la mujer.

Grecia prosiguió la aplicación de la reforma educativa de 1998, uno de cuyos objetivos principales es mejorar la calidad de la educación y la formación. Hay que incorporar a los esfuerzos de reforma la evaluación de las acciones emprendidas y la implicación de los interlocutores sociales. Se obró por mejorar la formación permanente, especialmente mediante la acreditación. Todavía no han alcanzado sus objetivos medidas como las «Escuelas de la segunda oportunidad» o la «Enseñanza general de adultos».

Continúa la modernización del sistema impositivo, lo que está creando un entorno positivo para el espíritu de empresa. Sin embargo, el PNA no comunica nuevas medidas dirigidas directamente a reducir las cargas administrativas para la creación de nuevas empresas. Se han tomado o están en estudio medidas para facilitar el acceso de las empresas al capital. Aunque son índice de un enfoque más coherente, la existencia de más de un organismo decisorio obstaculiza la coordinación en ciertos casos, como el de las PYME. Una medida estatutaria que se ha previsto es crear una nueva Bolsa de valores para PYME dinámicas. Con diversas acciones del PNA 2000 se espera mejorar el potencial de empleo del sector de servicios. Está estudiándose la creación de un fondo de apoyo a las inversiones en nuevas tecnologías, lo que se espera facilite las iniciativas en el sector de servicios. Es alentadora la preparación de un marco legislativo para el funcionamiento del comercio electrónico.

Los interlocutores sociales están involucrados en la planificación y aplicación de diversas políticas y medidas del PNA; no obstante, si bien se están haciendo esfuerzos por potenciar su cometido, no hay información específica sobre su implicación activa o su compromiso por la modernización de la organización del trabajo. En este ámbito, el marco legal lo constituye la legislación de 1998 sobre relaciones laborales, que ha empezado a aplicarse. El equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el empleo es una preocupación fundamental del Gobierno griego.

Se han dado algunos pasos por mejorar el sistema de seguimiento del PNA. La reforma y la informatización de los servicios públicos de empleo no han avanzado lo suficiente para permitir el cálculo de los indicadores de políticas en materia de prevención y de activación. La falta de datos estadísticos y de indicadores es uno de los puntos débiles del PNA griego.

4.2 Otras iniciativas

Empleabilidad: se introdujeron varias medidas para mejorar la educación y la integración en el mercado de trabajo de los grupos más vulnerables, lo que es un esfuerzo loable pero insuficiente por una mejor calidad de la educación y la formación profesional. Grecia velará por cumplir las conclusiones de Lisboa sobre la sociedad de la información, con un programa ambicioso cofinanciado por los Fondos Estructurales en el período 2000-2006.

Espíritu de empresa: en un entorno macroeconómico favorable, se espera que la inminente liberalización de los sectores de las telecomunicaciones y la energía, junto con el programa previsto de privatización, contribuyan a seguir potenciando el espíritu de empresa. La mejora presupuestaria permitió introducir algunas medidas fiscales como la reducción de la imposición y los incentivos para la creación de empresas de capital-riesgo. Además, la baja de los tipos de interés está reduciendo el coste del capital. Estos dos factores pueden fomentar la inversión e, indirectamente, el empleo, si bien el último puede asimismo favorecer la adopción de tecnologías que precisan menos mano de obra.

Adaptabilidad: se llevaron a cabo proyectos piloto sobre formas flexibles de organización del trabajo en los sectores bancario y de las telecomunicaciones. Su evaluación, en curso, constituirá la base para la introducción de más flexibilidad en el mercado de trabajo.

Igualdad de oportunidades: la creación de un comité interministerial especial para coordinar el trabajo de incorporación de la igualdad de oportunidades al conjunto de las políticas podría ser un primer paso hacia iniciativas más concretas. En los programas de los nuevos Fondos Estructurales se han previsto nuevas acciones y créditos suficientes para fomentar la igualdad de oportunidades.

>SITIO PARA UN CUADRO>

ESPAÑA

Conclusiones

Apreciación general: En 1999, en España se mantuvo la muy positiva tendencia de crecimiento económico y del empleo, junto con una importante mejora de las cifras de paro. La creación de empleo fue significativa, bastante por encima de la media comunitaria. Sin embargo, pese a la tendencia positiva, permanecen algunos de los problemas que existían. La tasa de empleo sigue siendo muy baja, especialmente la de empleo femenino. El desempleo de larga duración disminuyó significativamente, aunque sigue siendo elevado. Se produjo un aumento importante del número de empleos estables, pero no decreció significativamente el porcentaje de empleo temporal, casi todo él de corta duración, que afecta especialmente a las mujeres y a los trabajadores de más edad. A pesar de que aumentó la tasa de empleo, las mujeres siguen estando desfavorecidas en el mercado de trabajo, y les cuesta más salir del paro y encontrar un empleo estable. Siguen siendo considerables las disparidades regionales.

Combinación de políticas: la estrategia española de empleo persigue la creación de empleos estables. Se apoya en diversos incentivos para los contratos permanentes y en un desarrollo sustancial de las políticas activas para los parados, más que en un apoyo pasivo. Esto se combina con reformas legislativas y administrativas para reducir los costes fiscales y administrativos de las empresas y para mejorar la eficacia de los mercados. La política de empleo se lleva a cabo en un marco muy elaborado de diálogo social.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: están haciéndose serios esfuerzos tanto a nivel central como regional para modernizar el servicio público de empleo, aumentar su coordinación y mejorar la gestión de sus datos. Hay que redoblar esfuerzos para aumentar la eficacia de las acciones para sus beneficiarios. Desde 1997 vienen reduciéndose la presión fiscal y las cargas administrativas sobre las empresas, con iniciativas que han tenido éxito, como la «ventanilla única». Las medidas en pro de la igualdad de oportunidades comprenden garantizar el acceso proporcional a las medidas activas, iniciativas legislativas e incentivos a la contratación. No obstante, hay que hacer más para facilitar la participación de la mujer en el mercado de trabajo.

Desafíos futuros: en el año 2000 habrá que seguir desarrollando acciones eficaces para hacer frente a los problemas de quienes más dificultades encuentran en el mercado de trabajo. Hay que proseguir los esfuerzos por coordinar el servicio público de empleo y por mejorar su eficacia. También hay que seguir tomando medidas para garantizar la creación de empleos estables y cualificados. España ha de redoblar esfuerzos para dotar a su población activa de unas cualificaciones adecuadas en el marco de una estrategia global de formación a lo largo de toda la vida. Hay que hacer serios esfuerzos por mejorar la calidad de la formación profesional, inicial y continua, y por reducir el abandono del sistema educativo.

1. Situación de la economía y del empleo

En 1999, la economía española siguió presentando una evolución muy favorable. El crecimiento del PIB en términos reales fue del 3,7%, muy por encima de la media comunitaria. La tasa de crecimiento del empleo fue de 3,4%, lo que confirma la tendencia muy positiva existente desde 1997. En 1999 se crearon 612 000 nuevos empleos. De resultas de ello, la tasa de empleo pasó del 48,2% en 1997 al 52,5% en 1999. Pese a la creciente proporción de personas con un empleo, la tasa de empleo se mantiene por debajo de la media comunitaria del 62,2%. La tasa de empleo femenino es especialmente baja (37,6% en 1999), aunque va mejorando. El aumento del empleo todavía no ha absorbido la población de parados, y la tasa de desempleo sigue siendo alta (un 15,9% en 1999), aunque está disminuyendo con rapidez. El desempleo de larga duración se redujo significativamente, del 9,4% al 7,3%, aunque sigue constituyendo un problema grave que afecta sobre todo a las mujeres y a los trabajadores de más edad. La tasa de desempleo femenino es más del doble de la del desempleo masculino (23,0% y 11,2% respectivamente), situación que se agrava por el creciente número de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo. La tasa de desempleo juvenil disminuyó del 14,5% al 12,5% en 1999, aunque también disminuyó ligeramente el nivel de actividad juvenil.

Las disparidades regionales son impresionantes: algunas tienen menos paro que la media comunitaria y otras presentan tasas de desempleo superiores al 25%. La movilidad geográfica no ha sido suficiente para reducir significativamente la disparidad frente al desempleo, y quizá se haya visto parcialmente dificultada por una elevada tasa de trabajo temporal (el 32,6% del total de los trabajadores tiene contratos de duración determinada).

2. Estrategia general de empleo

La finalidad primordial de la política española por el empleo, como se declara en el PNA español, es la creación de empleos estables y la mejora de los mecanismos del mercado de trabajo. Se trata de una política global que pretende intervenir a todos los niveles: estabilización macroeconómica, liberalización de los mercados de capital, de bienes y de servicios, y reformas del mercado de trabajo. El objetivo del Gobierno es alcanzar el pleno empleo a medio plazo.

Están emprendiéndose reformas del mercado de trabajo en un marco de diálogo social, en el que casi todas las medidas se negocian con los interlocutores sociales. La casi totalidad de la estrategia sigue fundándose en el pacto de 1997 por el empleo estable, convenido por los interlocutores sociales. Entre otras medidas, por este acuerdo se fomentaba la reducción de los costes de los contratos indefinidos ofrecidos a mujeres, jóvenes y trabajadores de más edad. La otra acción fundamental es aumentar la importancia de las políticas activas procedentes del servicio público de empleo y sus entidades colaboradoras. Los recursos financieros consagrados a medidas activas destinadas a la empleabilidad aumentaron en (o hasta ) un 37% entre 1997 y 2000.

Asimismo se emprendieron diversas reformas legislativas para mejorar las condiciones de trabajo de las agencias de trabajo temporal, las cooperativas locales, la inmigración y la compatibilidad del trabajo con la vida de familia. Se inició una importante iniciativa nacional para aumentar la difusión de las tecnologías de la información en la sociedad.

Este año comenzará una nueva ronda de negociaciones sobre la reforma del mercado de trabajo.

Esta política de empleo está desarrollándose en un contexto dinámico de descentralización institucional, lo que exigirá perseverar en los esfuerzos por reforzar la coordinación de los diversos actores.

3. Evaluación del progreso

3.1 Apreciación general

Los dos últimos años, la política española de empleo ha presentado PNA coherentes que, al tiempo que subrayan las especificidades nacionales, apuntan a la convergencia con las directrices de la estrategia europea de empleo. Se hicieron grandes esfuerzos por desarrollar la activación y la prevención, en el pilar de la empleabilidad, y por disminuir los costes fiscales y administrativos, en el pilar del espíritu de empresa. Menos espectaculares fueron los progresos en materia de organización flexible del trabajo o de igualdad de oportunidades. Además, el PNA no aborda convenientemente la cuestión de las disparidades regionales.

3.2 Ejecución en 1999

En general, las políticas anunciadas en el PNA 1999 se aplicaron satisfactoriamente. Los recursos financieros dedicados a las políticas activas aumentaron en un 15% entre 1998 y 1999, lo que hizo posible aumentar el número de acciones realizadas. Con todo, pese a un esfuerzo de aplicación satisfactorio, se dispone de poca información sobre las repercusiones reales de las distintas políticas.

Empleabilidad: se llevaron a cabo 1,8 millones de acciones, que llegaron a 1,1 millones de beneficiarios, mucho más de lo previsto en el plan del año anterior. Pese a un incremento de las acciones preventivas destinadas a los adultos, sólo el 45% de los jóvenes y el 33% de los adultos que llegaron al paro se beneficiaron de medidas de activación antes de alcanzar la situación de desempleo de larga duración. Se necesitarán mayores esfuerzos para cumplir las directrices a finales de 2002. Por lo que respecta a la directriz 3, España alcanzó el objetivo común en 1999. Parece haber disparidades regionales. La mayor parte de incremento fue dirigido a servicios de orientación, donde se llevaron a cabo 600 000 acciones más. Mucho más difícil fue aplicar las ayudas al empleo y, en particular, orientar el proyecto hacia el desarrollo de iniciativas locales. Aún no se ha generalizado el enfoque individualizado, que está actualmente limitado a programas experimentales. Sin embargo, se produjo un desarrollo sustancial de las medidas destinadas a personas con discapacidades. En cuanto a la eficacia y adecuación de las acciones, se realizan sistemáticamente detalladas entrevistas individuales para orientar a los desempleados hacia la medida más adecuada. Hay que prestar atención para que la multiplicación de organismos que intervienen no afecte a la coordinación y a la eficacia de las políticas. De modo más general, a medida que aumenta el gasto en políticas activas de mercado de trabajo, habrá que incrementar los esfuerzos para garantizar la eficacia de estas medidas y comprobar sus resultados. Sigue aún desarrollándose el sistema estadístico que integra a todos los servicios públicos de empleo. No se perciben mejoras en la educación, y la tasa de abandono prematuro del sistema educativo sigue siendo preocupante. Se hicieron serios esfuerzos para reducir la presión fiscal sobre el trabajo.

Espíritu de empresa: los cambios de reglamentación y las simplificaciones administrativas hicieron disminuir realmente las cargas para las nuevas empresas. Se estableció la «ventanilla única», concepto que va extendiéndose a más regiones. Todavía no se ha materializado el proyecto de desarrollar el potencial de la economía local, pero se hicieron esfuerzos por establecer una estrategia más global para abordar los problemas específicos con que se encuentran dichas iniciativas.

Adaptabilidad: no disminuyó la tasa de empleo temporal, pese a que se crearon 528 000 empleos estables nuevos, que se beneficiaron de las reducciones de las cotizaciones a la seguridad social para promover los contratos indefinidos. Se tomaron medidas complementarias, como la reforma de la reglamentación de las agencias de trabajo temporal, para fomentar la estabilidad y mejorar la calidad del empleo. En 1999 también se firmaron 261 000 nuevos contratos estables a tiempo parcial, lo que hizo que el empleo a tiempo parcial aumentara del 7,7% del empleo total en 1998 al 8,2% en 1999. Aún está por presentar una estrategia concreta sobre la formación a lo largo de toda la vida, que fomentaría la estabilidad, aunque las acciones al respecto se incrementaron en un 15%. El Gobierno hizo presión para que disminuyeran los abusos en materia de jubilación anticipada y para alentar a los trabajadores de más edad a permanecer más tiempo en activo.

Igualdad de oportunidades: se aplicó la nueva legislación sobre conciliación de la vida laboral y familiar. Se idearon ayudas especiales destinadas al empleo femenino. Pese a ello, y aunque las mujeres se beneficiaron en gran medida de las políticas activas, siguen estando infrarrepresentadas en las medidas más eficaces e intensas. Por «integración de la igualdad» se entiende garantizar una participación equitativa de hombres y mujeres en todas las medidas, pero no se describen mecanismos concretos para alcanzarla.

Se consultó a los interlocutores sociales para la preparación del PNA. Sin embargo, el plan se aprobó sin consenso. Está establecida, y es constructiva, la participación de sindicatos y patronal en el diseño de las políticas de empleo. También toman parte activamente en la gestión de algunas de las políticas, como el plan de formación a lo largo de toda la vida.

En 1999, el FSE subvencionó medidas activas por importe de 1 771 millones de euros. En las negociaciones sobre la asignación de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006 se llegó al acuerdo de que el grueso de los 11 317 millones de euros de contribución del FSE se dedicaría fundamentalmente al desarrollo de políticas activas y al apoyo de la formación a lo largo de toda la vida. El FSE prestará una atención especial a la integración de la igualdad de oportunidades en el conjunto de las políticas. Con su intervención, el FSE constituye un apoyo fundamental para la aplicación de las medidas anunciadas en el PNA.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo españolas

Proseguir las políticas preventivas iniciadas en 1998 para, además de conocer cuáles son las necesidades de los desempleados, aumentar el número y la eficacia de las medidas individualizadas de activación, al objeto de reducir de forma significativa el flujo de incorporación de los jóvenes y los adultos al desempleo de larga duración.

Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan, entre otras, medidas legales y fiscales destinadas a reducir las cargas administrativas que recaen sobre las empresas, a fin de estimular el espíritu de empresa y explotar el potencial de creación de empleo más estable en el sector de servicios.

Intensificar los esfuerzos para integrar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la política de empleo, yendo más allá de las medidas preparatorias ya anunciadas, para conseguir acercar la tasa de empleo femenina a la media de la Unión Europea.

Proseguir esfuerzos para mejorar el sistema de seguimiento estadístico, de manera que en 2000 se disponga de indicadores sobre la prevención y la activación que sean conformes a las definiciones y métodos comunes. Esto es de particular importancia en el marco actual de descentralización de las políticas activas del mercado de trabajo.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Se hicieron esfuerzos por aumentar el número de medidas intensas individualizadas de activación, dirigidas principalmente a los parados que más dificultades encuentran en el mercado de trabajo. La prevención es una parte fundamental del esfuerzo de activación, y se hicieron grandes progresos en el ámbito de los adultos. Los resultados de las entrevistas detalladas servirán para mejorar la adecuación de las medidas que ofrecen los servicios públicos de empleo, aunque no hay avances documentados hacia la generalización de las soluciones individuales. La voluntad de reforzar la activación queda bien reflejada en el presupuesto, pues las medidas activas aumentan un 32% en 2000. Seguirá desarrollándose el sistema para mejorar la gestión de los datos, así como la coordinación de las políticas de los sistemas regionales, pero existe peligro de solapamiento y de pérdida de eficacia, dada la multiplicación de organismos que intervienen.

Para hacer frente a la necesaria reducción de las cargas administrativas que recaen sobre las empresas, proseguirá la simplificación de los procedimientos administrativos. En particular, la «ventanilla única» que algunas regiones iniciaron como proyecto piloto dio resultados satisfactorios, y se ampliará. Además, las empresas podrán realizar transacciones con la seguridad social por internet. En un esfuerzo por explotar el potencial del sector de servicios, se lanzó una iniciativa nacional para la difusión de la sociedad de la información, denominada INFO XXI. Con un presupuesto de 2 524 millones de euros, pretende fomentar internet en los hogares, las escuelas y la administración pública.

Para intensificar los esfuerzos por integrar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la política de empleo, están previstas acciones de apoyo a mujeres que presentan proyectos de empresas, como también se intensificará la formación en TIC dirigida a mujeres. Existe un plan para ampliar los servicios de guardería y de atención a personas dependientes, pero se basará en un incremento de la cooperación entre los agentes locales. A este respecto, parece necesario un compromiso más sólido.

El sistema integrado de servicios de empleo, existente, que incluye recogida y difusión de datos, está ampliándose para mejorar el sistema de seguimiento estadístico de las políticas de prevención y activación. Se espera que sea operativo en 2001. El proyecto se ha hecho más ambicioso en su potencial de seguimiento y coordinación.

4.2. Otras iniciativas

En el PNA 2000 hay otras nuevas iniciativas. Empleabilidad: se está diseñando un nuevo programa para aumentar la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad, en respuesta a la nueva directriz que pide que se incentive la incorporación a la vida activa. Estos «ingresos de integración activa» constituyen una ayuda para adultos mayores de 45 años, e implican un contrato con los servicios de empleo para que se den los pasos necesarios para reincorporarse a la población activa. En cuanto al servicio público de empleo, parece existir una tendencia favorable a potenciar los subsidios a la contratación, más que la de dar ayudas directamente a los parados. Esto quiere decir dirigirse hacia medidas que probablemente sean más inespecíficas. En respuesta a la nueva directriz sobre el acceso a la sociedad de la información en los centros de enseñanza, la nueva iniciativa INFO XXI pretende equipar todos los centros con ordenadores antes de finales de 2001. También se introduce un nuevo sistema de control de calidad, a escala experimental, en algunos centros de enseñanza técnica, si bien no se presenta un plan global para resolver los problemas actuales del sistema educativo. En particular, no se toman iniciativas para afrontar el problema del abandono prematuro del sistema educativo. Siguen desarrollándose las medidas de integración para personas con discapacidades y para inmigrantes, y están recibiendo mayores recursos.

Adaptabilidad: se están celebrando acuerdos para ampliar las cuestiones incluidas en los convenios colectivos a otras, relativas a acuerdos de horarios de trabajo flexibles. Este año se negociará un nuevo acuerdo de formación permanente. Asimismo se inició un estudio global, como paso previo para un plan nacional de reducción de las barreras existentes a la movilidad regional.

Casi todas las regiones han elaborado su propio plan de empleo, en el que se detallan las medidas de la política de empleo que financiarán las autoridades regionales. El PNA español daría una imagen más detallada de la estrategia española de recursos humanos si lo completara una descripción de las medidas de la administración central, con información sobre las medidas adicionales tomadas en las regiones para aplicar las directrices para el empleo.

>SITIO PARA UN CUADRO>

FRANCIA

Conclusiones

Apreciación general: El crecimiento económico, que prosiguió en 1999 con una fuerte aceleración hacia finales de año, influyó favorablemente en la situación del empleo. Pese a su mejora en 1999, la tasa de empleo en Francia sigue siendo inferior a la media de la UE, pese a ser ligeramente superior en términos de equivalencia a dedicación plena. La disminución del desempleo se aceleró a finales de 1999, pero la tasa de desempleo se mantiene dos puntos porcentuales por encima de la media europea. De esta disminución se beneficiaron sobre todo las personas en situación de desempleo de larga duración, los jóvenes y las mujeres. Disminuyeron las disparidades en las tasas de empleo y desempleo de hombres y mujeres.

Combinación de políticas: Estos resultados son coherentes con la estrategia francesa, tendente a un crecimiento más rico en empleo y que beneficie a todos. Esta estrategia, que ha producido efectos favorables en términos de empleo, da prioridad a las medidas en favor de los jóvenes, de las mujeres y de los parados de larga duración. En este marco se sitúan el programa «Nuevos servicios - empleo para los jóvenes», los acuerdos de reducción del tiempo de trabajo, las disposiciones de la ley de lucha contra la marginación y las acciones, destinadas a los parados, del «nuevo comienzo» hacia el empleo. Más de la mitad de las personas recibidas en este marco por el servicio público de empleo eran mujeres.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: Las medidas tomadas para incitar a los trabajadores de más edad a prolongar su vida profesional activa pueden no haber tenido el suficiente efecto disuasorio, dada la envergadura del problema.

Para explotar el potencial de creación de empleo del sector de servicios, se adoptaron muchas nuevas medidas fiscales y de apoyo al capital-riesgo, como complemento al programa para el empleo de los jóvenes en el sector de servicios, pero que no son suficientes para hacer frente a la problemática.

Se decidió introducir un nuevo sistema para aliviar las cargas sociales de las empresas que hubieran celebrado acuerdos de reducción del tiempo de trabajo, con vistas a disminuir la presión fiscal sobre el trabajo, en particular el trabajo no cualificado y poco remunerado. Pese a ello, el índice medio de impuesto sobre el trabajo es demasiado elevado.

Con frecuencia, las negociaciones sobre la reducción del tiempo de trabajo han dado lugar a acuerdos entre los interlocutores sociales, que han permitido acelerar la modernización de la organización del trabajo.

Desafíos futuros: Por todo lo dicho, deben incrementarse los esfuerzos realizados hasta ahora en respuesta a las recomendaciones. Hay que prestar especial atención a la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo, que se mantiene por encima de la media europea. En esta perspectiva hay que revisar el sistema de reducción de las cargas sociales, en relación con la reducción del tiempo de trabajo.

Además, la prioridad que se dio a los desempleados de larga duración en el marco de las acciones del «nuevo comienzo» debería completarse con un refuerzo de las medidas preventivas ofrecidas a los jóvenes y a los adultos antes de que alcancen los 6 ó 12 meses de paro, medidas que en 1999 estuvieron por debajo de los objetivos fijados.

1. Situación de la economía y del empleo

En 1999, el incremento del 2,9% del PIB tuvo una influencia positiva en el empleo, que aumentó en un 1,5%. La productividad laboral aumentó un 1,4%.

De resultas de ello, la tasa de empleo pasó del 59,9% en 1998 al 60,4% en 1999. Es inferior a la media comunitaria, pese a ser ligeramente superior en términos de equivalencia a dedicación plena. De esta mejora se beneficiaron sobre todo los jóvenes (con un aumento desde el 25,2% de 1998 hasta el 26,5% de 1999) y las mujeres (que pasaron del 52,9% al 53,5% en el mismo período). Por otra parte, la tasa de empleo de los mayores de 55 años se estabilizó en niveles muy bajos (28,3%).

La tasa de empleo pasó del 11,7% en 1998 al 11,3% en 1999. No obstante, sigue estando por encima de la media comunitaria. La disminución del desempleo benefició a las mujeres más que a los hombres (la tasa de desempleo femenino pasó del 13,8% al 13,3%). Disminuyó la divergencia entre las tasas de desempleo femenino y masculino, pero sigue siendo elevada (un 3,7% más la del desempleo femenino). La tasa de desempleo juvenil disminuyó espectacularmente (del 9,1% al 8,2%), lo que benefició más a las jóvenes que a los jóvenes. La tasa de desempleo de larga duración disminuyó del 4,9% al 4,4%.

2. Estrategia general de empleo

La estrategia francesa de empleo se articula en torno a tres ejes: mayor crecimiento, un crecimiento que genere más empleo y un crecimiento para todos. Con dicha estrategia se pretende alcanzar el pleno empleo a finales de la década.

De la voluntad de que el crecimiento genere más empleo surgen las medidas correspondientes a los pilares del espíritu de empresa y de la adaptabilidad, en particular la reducción del tiempo de trabajo, la reducción de las cargas sociales de los empleos peor retribuidos y la creación de nuevos empleos en el programa «Nuevos servicios». Por último, las medidas de los pilares de la empleabilidad y de la igualdad de oportunidades están concebidas para que el crecimiento aproveche a todos. Este es el caso, en particular, de las medidas para prevenir y luchar contra la marginación, las del «nuevo comienzo» y las de lucha contra el abandono prematuro del sistema educativo sin titulación.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

El PNA francés da un diagnóstico preciso de los problemas existentes y define objetivos cuantificados para la mayor parte de las directrices. El pilar de inserción profesional y la política de igualdad de oportunidades siguen siendo los más importantes. No obstante, puede que las implicaciones más importantes a medio plazo estén relacionados con la reorganización del trabajo en conexión con la reducción del tiempo de trabajo.

Los resultados obtenidos por el momento suelen coincidir con las previsiones, salvo el tratamiento precoz del desempleo juvenil y adulto antes de que se alcancen los 6 o los 12 meses, que no estuvo a la altura de lo esperado. Sin embargo, se hicieron esfuerzos considerables por la inserción profesional de las mujeres, los parados de larga duración y las personas con riesgo de exclusión.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: en 1999, las medidas para el «nuevo comienzo» de los jóvenes y los adultos en los primeros 6 ó 12 meses de desempleo (69 000 jóvenes y 154 000 adultos) no alcanzaron el objetivo establecido. La tasa de incumplimiento fue del 77,8% para los jóvenes y del 74,8% para los adultos. Se dio prioridad a los parados de larga duración y a las personas con riesgo de exclusión, que constituyen el 73% de los beneficiarios de las medidas del «nuevo comienzo» (841 000 personas). Además, estos últimos se beneficiaron del programa Trace (43 000 jóvenes) y de todas las medidas de la ley de lucha contra la marginación. La tasa de activación pasó del 20,3% en 1998 al 22,5% en 1999. Siguen creándose según lo previsto clases «relé» para luchar contra el abandono prematuro del sistema educativo sin titulación. Dentro del ambicioso programa de introducción de las TIC en la enseñanza, a finales de 1999 disponían de acceso a internet todos los institutos de enseñanza general y técnica, el 50% de los centros de enseñanza profesional, el 60% de los de secundaria obligatoria y el 15% de las escuelas primarias.

Espíritu de empresa: el número de empleos creados gracias al programa «Nuevos servicios - empleo para los jóvenes» aumentó de 160 000 en 1998 a 223 000 en 1999, algo por debajo del objetivo anunciado en el PNA de 1999 de alcanzar 250 000 a finales de 1999. Pese a todo, está por resolver la cuestión de la duración de dichos empleos. Para consolidarlos después del período subvencionado, se está dando prioridad a la calidad de los proyectos, en cuanto a la pertinencia de las necesidades por satisfacer.

Adaptabilidad: en el marco de la aplicación de la ley del 13 de junio de 1998, hasta finales de marzo de 2000 se habían celebrado 28 400 acuerdos de empresa de reducción del tiempo de trabajo, que afectan a más de 3,1 millones de trabajadores, y 132 convenios sectoriales que afectan a más de 10 millones de trabajadores. Según las estimaciones nacionales, los acuerdos sobre la reducción del tiempo de trabajo han hecho posible que se creen o se mantengan 182 000 empleos. No parece que esto esté teniendo efectos negativos en la competitividad de las empresas. En 1999, los costes unitarios del trabajo aumentaron en sólo un 0,2% (frente al 0,6% de media comunitaria). Este resultado se alcanzó mediante moderación salarial, reducciones fiscales y aumentos de la productividad, de resultas de las nuevas formas de organización del trabajo. Estos acuerdos contribuyeron también a agilizar el diálogo social.

Igualdad de oportunidades: la política de igualdad de oportunidades se incorporó sistemáticamente a todos los pilares. Los objetivos establecidos en el PNA 1999 para la participación de las mujeres en las medidas de inserción fueron globalmente alcanzados (el 56% en las medidas del programa de lucha contra el desempleo de larga duración y contra la marginación, y el 54% en las del «nuevo comienzo»).

Se reforzó considerablemente el papel de los interlocutores sociales, que participaron en la elaboración del PNA en una reunión presidida por el Primer Ministro y en cinco reuniones de trabajo. También contribuyen a que se apliquen las medidas del PNA, especialmente en los ámbitos de la formación profesional, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades.

La contribución del FSE se concentra en el primer pilar. Las principales medidas financiadas son la política preventiva del «nuevo comienzo», las de fomento de la integración y lucha contra la marginación y las medidas para facilitar la transición de la escuela al trabajo. El resto de la contribución del FSE se dedica a la adaptación de los trabajadores y a la igualdad de oportunidades. La utilización del FSE fue objeto de una mayor descentralización, lo que debería permitir reforzar las estrategias territoriales de empleo.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo francesas

(1) Revisar los regímenes de prestaciones existentes, y en especial los que facilitan la jubilación anticipada, al objeto de prolongar la vida activa de los trabajadores de más edad.

(2) Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan medidas legales y fiscales destinadas a reducir la carga administrativa que recae sobre las empresas, al objeto de explotar el potencial de creación de empleo del sector de servicios, basándose entre otras cosas en los esfuerzos desplegados recientemente para crear nuevas oportunidades de trabajo para los jóvenes.

(3) Proseguir y evaluar las medidas políticas destinadas a reducir la presión fiscal sobre el trabajo, especialmente las dirigidas al trabajo no cualificado y peor remunerado.

(4) Reforzar la cooperación entre los interlocutores sociales con vistas a desarrollar un enfoque global destinado a modernizar la organización del trabajo.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Para prolongar la vida activa de los trabajadores de más edad se tomaron diversas medidas, como el aumento de la contribución que deben pagar las empresas al despedir a un trabajador de más de 50 años (que se duplicó). No obstante, hay que examinar si estas medidas, por sí mismas, bastan para reducir el número de jubilaciones anticipadas.

Las medidas al objeto de explotar el potencial de creación de empleo del sector de servicios (programa «Nuevos servicios - empleo para los jóvenes», simplificación de las formalidades administrativas y apoyo al capital-riesgo) no parecen ser suficientes para hacer frente a los problemas, especialmente en el sector privado. En cuanto a la reducción del IVA para servicios que generan mucho empleo, adoptada a finales de octubre de 1999, es demasiado pronto para evaluar sus repercusiones.

Para reducir la presión fiscal sobre el trabajo, especialmente la del trabajo no cualificado y peor remunerado, para las empresas que han celebrado acuerdos sobre la semana de 35 horas se introdujo en 2000 una nueva reducción de los costes no salariales de los empleos peor remunerados. Se espera que los costes laborales disminuyan a un 18,5% en el caso del salario mínimo interprofesional. Hasta que se hagan sentir los efectos de esta medida, hay que decir que la presión fiscal media sobre el trabajo no disminuyó en 1999, y sigue siendo demasiado elevada (66,67% del salario bruto). Lo mismo puede decirse de la tasa impositiva de los salarios mínimos (48,34%).

Los poderes públicos hicieron importantes esfuerzos para reforzar el papel de los interlocutores sociales. Pese a las posiciones adoptadas por las organizaciones patronales en respuesta a la ley de la semana laboral de 35 horas, las negociaciones sobre la reducción del tiempo de trabajo dinamizaron el diálogo social en muchas empresas, y con frecuencia condujeron a acuerdos entre los interlocutores sociales sobre la organización del trabajo.

4.2. Otras iniciativas

Uno de los aspectos más destacables del PNA 2000 es la voluntad manifiesta de reforzar las dos primeras directrices y potenciar la dimensión local de los programas.

Empleabilidad: la previsión del número de beneficiarios de las medidas del «nuevo comienzo» para el año 2000 es de 1,1 millones de personas, incluidos 240 000 jóvenes que llevan menos de 6 meses parados y 440 000 adultos que llevan menos de 12 meses en el paro, lo cual es muy ambicioso con respecto a lo conseguido en 1999. Otras medidas previstas en el marco de este pilar se refieren principalmente a la validación de la experiencia, al sistema de certificación y a lograr el acceso a internet en todos los centros de enseñanza secundaria y en 5 000 escuelas primarias y preescolares.

Se reforzará la dimensión local mediante las medidas de fomento del espíritu de empresa. El servicio público de empleo y los responsables de la aplicación del programa «Nuevos servicios - empleo para los jóvenes» tendrán que reforzar el partenariado local e introducir verdaderas estrategias territoriales. Están previstas reducciones de impuestos en caso de creación de nuevas empresas, y para transferir el derecho de traspaso de los fondos de comercio.

Adaptabilidad: hay que mencionar las nuevas disposiciones de la ley del 19 de enero 2000 sobre la reducción del tiempo de trabajo. En esta ley se estipula el régimen de horas suplementarias, se abren nuevas posibilidades de organización del tiempo de trabajo (modulación, «cuentas de tiempo de trabajo», disposiciones para los mandos, trabajo a tiempo parcial) y se introducen nuevas reducciones de las cotizaciones patronales a la seguridad social.

Igualdad de oportunidades: para el 2000 se insiste en dinamizar el servicio público de empleo para facilitar el acceso de la mujer al mercado de trabajo. La condición de antigüedad en el paro, exigida para beneficiarse del programa «nuevo comienzo» ya no se aplica a las mujeres que se reincorporan al mercado de trabajo. Otras medidas específicas se refieren a la inclusión en los acuerdos de empresa de medidas para luchar contra la discriminación en la contratación, como condición para beneficiarse de reducciones de las cotizaciones a la seguridad social, el aumento de los recursos del fondo de garantía para la creación de empresas por las mujeres y, por último, la mejora cuantitativa y cualitativa del sistema de guarderías.

>SITIO PARA UN CUADRO>

IRLANDA

Conclusiones

Apreciación general: al tiempo que la economía en Irlanda siguió creciendo con gran fuerza en 1999, un rápido crecimiento del empleo condujo por primera vez la tasa de empleo por encima de la media comunitaria. El paro sigue bajando, y las carencias de mano de obra y de cualificaciones constituyen uno de los principales retos para el futuro inmediato. Junto con la rigidez del mercado de trabajo, la inflación aumentó rápidamente (en parte, debido a las tendencias del cambio y a los precios de la energía); hay que controlarla para mantener la competitividad y el crecimiento económico.

Combinación de políticas: las políticas aplicadas o previstas en el PNA de este año muestran una clara tendencia a la movilización de la mano de obra, centrándose en medidas para hacer frente a las carencias tanto de mano de obra como de cualificaciones, como también compromisos en materia de igualdad de oportunidades y de inclusión social. La conclusión hace poco, este mismo año, del nuevo convenio trienal «Programa de prosperidad y equidad» pone de manifiesto que los interlocutores sociales han influido mucho en el establecimiento de políticas.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: Irlanda sigue activamente la recomendación de facilitar y aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo de varias maneras, entre las que figuran un programa de individualización de los impuestos y la introducción de un amplio conjunto de medidas para el cuidado de los niños. Es una respuesta muy prometedora, pero que exige un seguimiento en profundidad, en particular en el ámbito de la individualización de los impuestos, si se quieren reducir las importantes divergencias entre hombres y mujeres.

Irlanda conoció una extensión rápida del empleo en el sector de servicios durante los cinco últimos años (1994-1999). Actualmente, el empleo en el sector de servicios constituye el 63% del empleo total. Se considera que la política de seguir reduciendo los tipos impositivos para el impuesto de sociedades, junto con el rápido aumento de las rentas de los hogares en términos reales, crea un entorno favorable a la continuación del crecimiento de este sector.

El PNA anuncia una nueva iniciativa política importante de formación en la empresa: la introducción de un nuevo Fondo nacional de formación, financiado por un impuesto a cargo de los empleadores. El éxito de esta iniciativa dependerá del nivel en el que los fondos recogidos aumenten la inversión en formación en la empresa y en aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Desafíos futuros: la transformación del mercado de trabajo irlandés requirió un cambio decisivo de política. Si se quiere responder a las necesidades futuras de aumento de la mano de obra, las estrategias deberán incluir medidas de aumento del índice de participación en el mercado del trabajo, especialmente de las mujeres casadas y los trabajadores de más edad, y de simplificación de la inmigración para hacer frente a las carencias de competencias. Estos factores contribuirán a que aumente la oferta de mano de obra en el contexto de una disminución de su crecimiento natural.

Apoyar el aumento de la productividad exigirá esfuerzos estratégicos de mejora continua de los conocimientos y competencias de la mano de obra irlandesa, en particular, en el sector privado. Esto requerirá prestar mayor atención a la formación en la empresa y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como al desarrollo de un marco operativo adecuado para ambos.

Es preciso apoyar los esfuerzos por reforzar los mecanismos de promoción de la integración de la igualdad entre hombres y mujeres, y seguir supervisando el diferencial retributivo.

1. Situación de la economía y del empleo

Continúa el excepcional rendimiento de la economía irlandesa. 1999 fue el 6º año de gran crecimiento económico. El crecimiento del PIB en términos reales, de un 9,8%, es cuatro veces superior al de la media de la Unión. Los costes laborales unitarios reales siguen disminuyendo, lo que contribuye a una rápida expansión del empleo. En los doce meses precedentes al último trimestre de 1999, el número de personas con empleo aumentó en 103 000. El sector de servicios representó más del 70% del crecimiento total del empleo. La tasa de empleo, en un 62,5%, superó ligeramente por primera vez la media comunitaria. Aunque la tasa de empleo femenino va en más rápido aumento que la de empleo masculino, al situarse en 51,4% sigue estando por debajo de la media comunitaria. También las divergencias en función del género en materia de empleo y retribución siguen siendo superiores a la media comunitaria. Las tasas de empleo en las cohortes más jóvenes y de más edad de la población en edad laboral se encuentran significativamente por encima de las medias de la UE, si bien la tasa de empleo en la primera cohorte de edad está por debajo de la media comunitaria, lo que refleja menores tasas de participación femenina en el mercado de trabajo.

Siguió descendiendo el desempleo (OIT), que alcanzó un 5,7% en 1999, lo que es menos de los dos tercios de la media comunitaria. Las tasas de desempleo de todos los grupos que las componen -jóvenes, parados de larga duración, hombres y mujeres- están claramente por debajo de la media comunitaria. En 1999, la tasa de desempleo de larga duración era de solamente 2,3%. Ambas tasas (la del desempleo y la del desempleo de larga duración) han seguido disminuyendo espectacularmente en 2000.

Las mayores tasas de empleo y las tasas de desempleo en rápida disminución indican una mayor rigidificación del mercado de trabajo, que ya era clara el año anterior. Están descendiendo abruptamente todos los indicadores de oferta potencial de mano de obra.

2. Estrategia general de empleo

El PNA subraya las necesidades cambiantes de la economía irlandesa, y la nueva tendencia a adoptar políticas basadas en la movilización de la población activa, más que únicamente en hacer frente al desempleo. Se presentan las carencias existentes de cualificaciones y de mano de obra, y de qué manera exigen respuestas políticas diferentes. Como las incorporaciones al mercado de trabajo están llamadas a disminuir en los próximos años, está desarrollándose un nuevo planteamiento de la inmigración para garantizar que se alcancen las tasas de crecimiento económico establecidas en el plan nacional de desarrollo. En el PNA se reconocen las considerables presiones sobre la oferta de mano de obra, que se reflejan en mayores salarios y en inflación, con las posibles consecuencias de pérdida de la competitividad y de menor crecimiento. Asimismo se reconoce la necesidad de que la industria irlandesa adopte una nueva posición en cuanto a la adaptabilidad, para hacer frente a los retos de las nuevas tecnologías y competencias y a la globalización de los mercados, y se reafirma el decidido compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, establecido en el plan nacional de desarrollo y en los Fondos Estructurales comunitarios.

En el plan nacional de desarrollo 2000-2006 se incluye un Programa de empleo y de desarrollo de los recursos humanos, estructurado en torno a los cuatro pilares de la estrategia europea de empleo, dotado con 14 000 millones de euros para un período de 7 años (el 25% del gasto total presupuestado).

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

Por ahora, el grueso de las políticas del PNA se ha centrado en el pilar de la empleabilidad, en particular en la prevención del desempleo. El PNA indica que la estrategia preventiva se extenderá a todos los grupos incluso antes de lo previsto en principio. La nueva orientación del enfoque del mercado de trabajo es evidente, junto con los constantes esfuerzos que se están realizando por reintegrar a los parados de larga duración. Actualmente se reconoce que, dentro de los imperativos de un mercado de trabajo muy rígido, ha que hacer más esfuerzos por la movilización de la mano de obra. Las reformas de la fiscalidad y de las prestaciones sociales se dirigen a recompensar mejor el trabajo, aumentando así la oferta de mano de obra. En este PNA se concede más importancia al pilar de la igualdad de oportunidades, en particular por lo que respecta a aumentar la participación de las mujeres en la educación, la formación y el empleo. En el marco del pilar de la adaptabilidad, el nuevo Fondo nacional de formación es un elemento interesante, que se elaborará en el marco de la legislación que se introducirá en otoño de 2000. Si bien el PNA de este año es coherente con los establecidos en el plan nacional de desarrollo y en el programa de prosperidad y equidad 2000-2003, el carácter más a largo plazo de estos programas implica que es importante que los mecanismos de revisión existentes sean operativos a su debido tiempo. Habrá que vigilar la capacidad de la economía irlandesa y de sus instalaciones de investigación de absorber eficazmente los muy considerables fondos de investigación propuestos por el Fondo de prospección tecnológica, de manera que se aumente la competitividad. Gran parte del futuro éxito del mercado de trabajo guarda relación con la estabilidad y el éxito del acuerdo de partenariado; queda por ver cómo se hace frente a las tendencias inflacionistas.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: Como lo preveía el PNA 1999, el enfoque preventivo se extendió al grupo de edad 25-34 en el mes de mayo del último año, y al grupo de edad 35-54 en febrero de 2000. El grupo restante quedará cubierto más tarde este año, y se avanzará el punto desencadenante a 9 meses para todos los grupos. Puede constatarse una mejora modesta en el esfuerzo por los más jóvenes, pero las cifras de parados adultos sólo abarcan los seis últimos meses, por lo que las comparaciones no son posibles. Sin embargo, el flujo de entrada al desempleo de larga duración de este grupo es relativamente bajo. Por lo que se refiere a la directriz 3, los irlandeses calculan que la participación en las medidas activas de mercado de trabajo es del 49,6% del registro de desempleo. En el PNA del año pasado se establecía el subobjetivo de alcanzar una participación del 20% de los parados de larga duración en los programas de formación de la FÁS (Foras Áiseanna Saothair) [33], objetivo que se superó (22%). Este objetivo se aumentó al 25% para 2000. Para promover la activación, los salarios más bajos se eximieron del impuesto sobre la renta, y se redujo la imposición de las parejas casadas que trabajan. La introducción a partir de abril de 2000 de un nuevo salario mínimo debería también fomentar un aumento de la participación en el trabajo. El Gobierno aprobó una reestructuración del «Community Employment» (40% de los puestos de medidas activas de mercado de trabajo) para concentrarse aún más en los parados de larga duración y los grupos desfavorecidos, como también para aumentar la formación.

[33] Autoridad nacional de formación y empleo.

Se votó una ley sobre la creación de una autoridad nacional de cualificación en julio de 1999, cuya estructura está elaborándose. Los subsidios para la alfabetización de adultos aumentaron significativamente (aunque a partir de un nivel muy bajo, vista la escala del problema) y se establecieron distintas nuevas iniciativas. Se espera que el Libro Blanco sobre educación de adultos proponga las grandes líneas de una estrategia global, pero preocupa que los recursos existentes puedan no bastar para hacer frente al problema. La certificación nacional se introdujo por primera vez para el programa Youthreach, destinado a quienes abandonan prematuramente su escolaridad, para mejorar sus posibilidades de progresión y educación futuras; pese a ello, el abandono prematuro del sistema educativo sigue siendo un problema, dada la mayor atracción del mercado de trabajo. Se ha votado el proyecto de ley de educación (protección social) publicado en 1999, que contempla que se registren los jóvenes menores de 18 años que abandonan prematuramente el sistema educativo, y que un patrono no pueda contratar a estas personas si no disponen de un certificado de registro. En junio de 1999 se tomó una iniciativa específica dirigida a los centros de enseñanza, de mantenimiento después de la enseñanza primaria. Los objetivos del programa trienal IT 2000 se alcanzaron al cabo de dos años; se creó el Centro nacional para la tecnología en la educación, y se lanzó el sitio internet Scoilnet. En el ámbito de la alta tecnología, están previstas 5 400 plazas suplementarias en universidades e institutos de tecnología para el período 2000-2002 (de acuerdo con las recomendaciones del grupo de expertos sobre futuras necesidades de cualificaciones).

Espíritu de empresa: se prosiguió la reducción progresiva del tipo impositivo estándar de sociedades, como lo preveía el PNA 1999 (del 32% al 28%). En el PNA se establece claramente el cometido cada vez mayor de Enterprise Ireland, los consejos de empresa de los condados y los partenariados de desarrollo local. Irlanda ocupa actualmente el 7º lugar de la liga internacional de competitividad nacional (subió entre 11 y 15 puestos, según diversos recientes estudios - OCDE, World Economic Forum, Institute of Management Development). En julio de 1999 el Gobierno aprobó un programa de economía social, y se autorizaron el marco operativo y los recursos para 1999/2000.

Adaptabilidad: Enterprise Ireland tomó una iniciativa en octubre de 1999 para aumentar la concienciación sobre el significado y las implicaciones para las empresas del comercio o los negocios electrónicos, como uno de los elementos de una estrategia global del Gobierno relativa a la sociedad de la información. Con respecto a la formación en la empresa, el PNA se refiere a un estudio recientemente publicado por la federación patronal, que sugiere que los gastos de las empresas para formación constituyen actualmente un 3% de la masa salarial. Puede ser necesario validar más esta información.

Igualdad de oportunidades: se realizaron progresos considerables y tangibles. El plan nacional de desarrollo y los Fondos Estructurales comunitarios contienen un compromiso muy fuerte para la integración de la igualdad en todas las políticas, con estructuras de seguimiento en todos los ámbitos del plan así como distintas iniciativas, en particular en el ámbito de la asistencia a los hijos (asignaciones, reducciones fiscales, formación, así como un censo y una base de datos sobre la asistencia a los hijos). Se encuentra actualmente en fase piloto en algunos servicios gubernamentales una iniciativa, «Term-time», que permite a los padres disfrutar de permiso durante los meses de vacaciones escolares.

Interlocutores sociales: sus relaciones han evolucionado mucho en Irlanda en los últimos quince años. El último convenio nacional de asociación, el programa de prosperidad y equidad, pone de manifiesto que el Gobierno y los interlocutores sociales siguen estando de acuerdo sobre la necesidad de una colaboración para alcanzar objetivos sociales y económicos compartidos. El programa de prosperidad y equidad es especialmente notable por su compromiso con la integración social y la igualdad. Los interlocutores sociales participaron en la preparación del PNA.

El FSE y los Fondos Estructurales: El PNA detalla el papel futuro del FSE de difusión de la estrategia europea de empleo a través del nuevo programa operativo para el empleo y los recursos humanos, estructurado en torno a los cuatro pilares de la estrategia europea de empleo. Sin embargo, al cuantificar los gastos, el PNA omite los fondos considerables asignados al cuidado de los hijos por los programas operativos regionales (un total de 317 millones de euros, que representan la inversión individual más importante en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. La contribución del FSE -115 millones de euros- representa un 11% de sus gastos totales previstos para el período 2000-2006). El FEDER aportó también una contribución significativa en términos de inversión global para la creación de empleos y desempeñará un papel muy importante en los nuevos Fondos Estructurales, especialmente en los ámbitos del cuidado de los hijos y de las inversiones en investigación y tecnología.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo irlandesas

(1) Adoptar una estrategia global para aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo que incluya la eliminación de los factores de desincentivación del sistema de prestaciones y de fiscalidad y que favorezca la puesta en marcha de medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. En particular, se necesita un esfuerzo sostenido para mejorar tanto la atención a los niños y a las demás personas dependientes como los sistemas de concesión de permisos.

(2) Proseguir las políticas que se vienen aplicando últimamente, con medidas legales, educativas y fiscales destinadas a aprovechar mejor el potencial de creación de empleo del sector de servicios.

(3) Intensificar los esfuerzos políticos para expandir y mejorar la formación de los trabajadores en la empresa.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Irlanda sigue activamente, en varios frentes, la recomendación de facilitar y aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Se emplean esencialmente dos instrumentos. En primer lugar, el presupuesto de este año introdujo la primera etapa de un programa de individualización de los impuestos, que debería hacer el trabajo más atractivo, en particular para las mujeres casadas. En segundo lugar, el presupuesto 2000 introdujo una amplia gama de iniciativas de cuidado de los hijos, que van desde préstamos para aumentar las plazas de guardería, hasta apoyo a la formación del personal de las mismas y al desarrollo de redes locales al respecto. Además, el nuevo convenio de partenariado social prevé que antes de finales de 2000 concluirán unas negociaciones para una estrategia equitativa de apoyo a los padres, al responder a sus necesidades de cuidado de los hijos (incluidas propuestas de pagos directos por niño), y se aplicarán durante el período de vigencia del convenio. El Gobierno y los interlocutores sociales aprobaron la creación de un marco nacional de apoyo y desarrollo de políticas favorables a las familias en las empresas.

Como el empleo en el sector de servicios superó 1 millón por primera vez en 1999, parece que las medidas recientemente aplicadas tienen una incidencia importante en este ámbito. El crecimiento fue apoyado por el rápido aumento de las rentas de los hogares en términos reales, un mejor resultado de los servicios internacionales y la continuación de la reducción del impuesto de sociedades, con una disminución acumulada prevista hasta un 12,5% para finales de 2002.

La principal nueva iniciativa relativa a la formación en la empresa fue el anuncio, en el presupuesto 2000, de la introducción de un nuevo fondo nacional para la formación, financiado mediante un impuesto del 0,7% sobre los patronos y una reducción correspondiente de las cargas sociales patronales. La creación de este fondo no añade nada nuevo para el año 2000 en términos de formación en la empresa: los recursos servirán para financiar los apoyos a la formación existentes, en el empleo y para el empleo. Se espera sin embargo que, con el tiempo, el crecimiento de las rentas del fondo suministre nuevos recursos para los programas de formación en la empresa y de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

4.2. Otras iniciativas

Empleabilidad: con el fin de aumentar el atractivo del trabajo, a partir de abril de 2000 los solteros que ganan menos de 140 euros por semana están exentos del impuesto sobre la renta. Simultáneamente, las tasas normal y máxima de impuesto sobre la renta disminuyeron en dos puntos porcentuales, a un 22% y un 44%, respectivamente. Se introdujo por primera vez un salario mínimo nacional, también en abril de 2000, consistente en 5,59 EUR por hora. Sigue reforzándose el papel del servicio nacional de empleo en la FÁS, con la integración del servicio local del empleo, y la transferencia de la responsabilidad que tenía anteriormente el consejo de rehabilitación nacional para ofrecer a las personas con discapacidades servicios para el empleo y la formación profesional. Está previsto duplicar los gastos anuales para alfabetización de adultos entre 2000 y 2002, a partir de un presupuesto base de 7,24 millones de euros en 1999, si bien el nivel absoluto de este presupuesto sigue siendo relativamente bajo. Está previsto un Libro Blanco sobre educación de adultos. Se fijan algunos objetivos para seguir desarrollando el programa IT 2000 para centros de enseñanza, y garantizar que todos los alumnos tengan acceso a material de TIC.

Espíritu de empresa: se asignaron nuevos recursos sustanciales para la competitividad y la mejora de las nuevas tecnologías durante el período del plan nacional de desarrollo, que ascienden a casi 2 500 millones de euros en programas de investigación, tecnológicos y de innovación, 1 500 de los cuales se asignan a medidas relativas a la ciencia y a la tecnología en el marco del desarrollo industrial. Además, el Fondo de prospección tecnológica va a invertir 711 millones de euros entre 2000 y 2006 para buscar huecos en el mercado de las biotecnologías y las TIC. Habrá que vigilar la capacidad de la economía irlandesa y sus instituciones de tecnología de absorber eficazmente estos fondos de investigación. Además, el Gobierno hace también inversiones importantes para crear las condiciones de investigación, de legislación y empresariales que permitan el desarrollo del comercio electrónico y de las industrias digitales (ya está adoptado un proyecto de ley sobre firmas y contratos electrónicos, hecho público en marzo). El presupuesto 2000 redujo el tipo impositivo estándar para el impuesto de sociedades del 28% al 24%. Además, el tipo impositivo estándar para el impuesto de sociedades del 12,5%, que será de aplicación general a partir de 2003, se adelantó al 1 de enero de 2000 para las PYME con beneficios de explotación inferiores a 63 487 EUR. El programa especial de economía social recibirá una asignación de 12,69 millones de euros en 2000, que se espera alcance los 52 millones de euros cuando el programa sea totalmente operativo.

Adaptabilidad: se creó un grupo de trabajo sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida; que se concentra sobre la adaptabilidad, el aumento de las competencias y el acceso a las posibilidades de formación necesarias para lograr estos objetivos. En marzo de 1999 se introdujo un nuevo sistema de visado de trabajo para paliar el problema de la escasez de competencias y de mano de obra en algunos sectores profesionales con poca oferta de mano de obra. La política de adaptación se ocupa también de desarrollar y explotar la sociedad de la información. Los interlocutores sociales acordaron introducir una serie de temas a tratar en la empresa, como la mejora de la organización del trabajo, el desarrollo personal y una organización del trabajo favorable a la vida familiar.

Igualdad de oportunidades: en el PNA es visible el fuerte compromiso tanto del plan nacional de desarrollo como de los Fondos Estructurales comunitarios con la integración de la igualdad en el conjunto de las políticas. Entre las iniciativas específicas figuran el desarrollo de un banco de datos de estadísticas desagregadas por sexo para todos los ámbitos del plan nacional de desarrollo, así como la aplicación de un programa de acciones positivas para las mujeres, con un presupuesto de casi treinta millones de euros. En septiembre de 2000, el Instituto de investigación económica y social publicará un informe sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y un grupo consultivo que incluye a los interlocutores sociales hará propuestas de medidas en función de las recomendaciones del informe.

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ITALIA

Conclusiones

Apreciación general: la situación del mercado de trabajo mejoró en 1999 debido sobre todo a la aprobación de incentivos fiscales y a la adopción de medidas de organización flexible del trabajo, medidas recomendadas por el diálogo social. Quedan por tomar otras acciones aún, exigidas por los problemas estructurales del mercado de trabajo italiano: dificultad para los parados jóvenes y de larga duración de entrar (o de volver) al mercado de trabajo, importantes divergencias en función del género, desequilibrios regionales y trabajo no declarado.

Combinación de políticas: se constatan mejoras. Los progresos son considerables en los pilares de adaptabilidad y del espíritu de empresa. Además, se adoptaron otras medidas que van en el buen sentido, como completar la reforma del sistema educativo, seguir reduciendo la carga fiscal del trabajo y aumentar las posibilidades de formación y aprendizaje. Por lo que se refiere a la empleabilidad, se introdujeron algunas leyes, pero el alcance de estas reformas y los retrasos administrativos dificultaron la aplicación concreta de las medidas.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: la aplicación completa del enfoque preventivo avanza lentamente. La reestructuración y la modernización de los servicios públicos de empleo, cuando se complete, será una etapa importante. Está completándose la transferencia de los servicios públicos de empleo a las regiones y determinándose las responsabilidades de los nuevos centros locales de empleo. Los retrasos en la aplicación se deben a que los datos necesarios para el seguimiento de la evolución política no se habían recogido según la metodología convenida.

Se introdujeron algunas medidas, que reducen más las cargas fiscales y administrativas de las empresas.

La reforma del régimen de prestaciones de desempleo se pospuso a 2001.

Se adoptaron algunas medidas relativas a la igualdad de oportunidades, pero deben ser reforzadas para reducir significativamente las divergencias en función del género.

Desafíos futuros: las recomendaciones del año pasado se siguieron parcialmente, pero hacen falta acciones suplementarias y más rápidas, sobre todo en el ámbito de las medidas activas sobre prevención o la reducción del desempleo de los jóvenes, el desempleo de larga duración y las divergencias en función del género. La reforma del régimen de prestaciones no debería posponerse más; podría mejorarse el entorno que favorece el desarrollo del empleo en el sector de servicios; hay que tomar medidas en pro de una estrategia de aprendizaje a lo largo de toda la vida; es esencial la mejora del sistema de control y evaluación.

1. Situación de la economía y del empleo

El crecimiento del PIB, de 1,4%, fue inferior a la media de la UE. El empleo aumentó un 1%. La gran elasticidad del empleo con relación al índice de crecimiento de la producción se deriva también, pues, de una diferente distribución del trabajo entre los trabajadores. El porcentaje de empleo alcanzó un 52,5%, sobre todo gracias al crecimiento del sector de servicios. Sin embargo, se mantuvo por debajo de la media comunitaria, esencialmente por el componente femenino; el diferencial es el siguiente: 4,5 puntos para los hombres y 14,8 puntos para las mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres aumentó más que la de los hombres (1 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente). Las tasas de empleo de los jóvenes y de los trabajadores de más edad no aumentaron.

El crecimiento del empleo comenzó a absorber la masa de parados. La tasa de desempleo bajó al 11,3%; la tasa de desempleo de las mujeres fue del 15,6%, casi el doble de la de los hombres, que fue del 8,7%. El desempleo juvenil disminuyó ligeramente, aunque la tasa de desempleo de las personas de edades comprendidas entre 15 y 24 años sea superior a la media comunitaria en casi 4 puntos porcentuales. La tasa de desempleo de larga duración, que se mantuvo casi sin cambios o aumentó ligeramente en el sur de Italia, sigue siendo superior a la media comunitaria.

Las diferencias regionales caracterizan el desempleo italiano. En el sur de Italia reside un 35% de la población; hay un 28,1% de empleo y un 61,3% de desempleo. La tasa de desempleo fue del 6,5% en el norte y el centro, y del 22% en el sur.

2. Estrategia general de empleo

El PNA prevé índices de crecimiento del empleo, expresados en equivalente a dedicación plena, ligeramente inferiores al 1% entre 2000 y 2003, y un descenso al 9,3% de la tasa media de desempleo de aquí al 2003, con una disminución más rápida en el norte que en el sur de Italia.

La estrategia para el empleo se distribuye en tres líneas de acción. La primera tiene por objeto aumentar el índice de crecimiento económico, en particular en el sur. Los instrumentos que deben adoptarse son: incentivos a la competitividad, aumento de los gastos de inversión pública, extensión de las obras y servicios públicos financiados por el sector privado, reducción de las cargas fiscales, y programas de privatización y liberalización. La segunda línea de acción actúa sobre la oferta mediante: 1) reformas destinadas a reducir las diferencias de desempleo entre los jóvenes y los adultos -funcionamiento de los servicios públicos de empleo, nuevo sistema de aprendizaje, etc.-; 2) medidas para los adultos -reforma de las prestaciones sociales, nuevos contratos para reincorporarse al mercado de trabajo, aprendizaje a lo largo de toda la vida-; 3) reformas de la legislación empresarial y de la administración pública para simplificar la creación y la adaptación de nuevas empresas a las condiciones locales, ampliación de los mercados de capitales, etc. La tercera línea consiste en aplicar medidas para el sur de Italia. Se insiste en dos políticas estructurales: medidas fiscales para favorecer la declaración de nuevas empresas y trabajadores, y la reducción de las cargas fiscales y sociales sobre el empleo.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

Algunas de las medidas adoptadas en 1999 parecen haber sido eficaces, en particular las que responden al deseo de las empresas de una mayor flexibilidad del trabajo. Se hizo un esfuerzo para estructurar la dosificación de las políticas entre los pilares, pero sigue habiendo desequilibrios en cuanto al método y a la rapidez con la que las medidas concretas respetan las directrices. Se observan progresos, sobre todo, en los pilares de la adaptabilidad y del espíritu de empresa. Prosigue la reducción de las cargas fiscales y sociales de las empresas.

Por lo que se refiere a la empleabilidad, se adoptaron algunas medidas suplementarias que van en el buen sentido, aumentando las posibilidades de formación y aprendizaje, medidas recomendadas por el diálogo social. Sin embargo, los retrasos en la reforma de los servicios para el empleo obstaculizan la aplicación de políticas activas de mercado de trabajo que fomenten un enfoque preventivo del desempleo de larga duración. También hubo retrasos para finalizar los proyectos de desarrollo en el sur, aunque se aumentaran los compromisos presupuestarios.

Pese a las diferencias regionales de las tasas de desempleo, no se propuso ninguna política para promover la movilidad regional. Las medidas relativas a la igualdad de oportunidades parecen esencialmente experimentales y de una incidencia limitada.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: Las medidas activas aumentaron en 1999. Se prevé que las medidas de prevención del desempleo juvenil y del desempleo de larga duración, aplicadas por los servicios públicos de empleo, vayan entrando en vigor y se apliquen totalmente en 2003. Por lo que se refiere a los servicios para el empleo, las ambiciosas iniciativas concebidas en 1999 se aplicaron parcialmente. Se completó el proceso de transferencia de los servicios públicos de empleo a las regiones, aunque la aplicación sólo se haga en algunas regiones (se abrieron 234 centros de empleo en el centro y el norte, y 8 en el sur). El plazo para completar el sistema de información sobre el empleo, que era de mediados de 2000, se retrasó hasta finales de año. La reforma general del sistema de prestaciones sociales e incentivos al empleo se pospuso también hasta marzo de 2001. Más del 20% de los parados registrados en los servicios públicos de empleo participaron en programas de formación o en períodos de prácticas subvencionados. Se introdujeron varias medidas para el empleo de las personas con discapacidades.

Aumentó el número de cursos de formación avanzada que incluían períodos de prácticas en empresas. Se completó la reforma del sistema educativo. Los centros escolares y las universidades recibieron más autonomía, y se emprendieron algunas acciones más eficaces para luchar contra el abandono prematuro del sistema educativo en el sur de Italia. Está en curso la acreditación de los centros de formación y el desarrollo de un sistema de certificación para la formación profesional. Se financiaron 21 000 proyectos de compra de ordenadores multimedia para centros escolares. Se crearon 487 centros de formación permanente y 200 000 personas se matricularon en cursos para adultos.

Espíritu de empresa: las acciones principales se refieren al coste de la mano de obra: las cargas sociales bajaron un 0,82%; sigue en vigor la exención completa de impuestos para las empresas del sur; el sistema de incentivos y reducciones a las industrias se extendió al sector sin ánimo de lucro. Dieron resultados las medidas que favorecen el espíritu empresarial de los jóvenes y la creación de nuevas empresas. La «programación planeada» condujo a un aumento de los compromisos presupuestarios relativos a los pactos territoriales en regiones con gran desempleo, donde el diálogo social se pone especialmente de relieve. Se persigue la simplificación administrativa mediante la «ventanilla única» para las empresas, aunque su instauración es aún parcial (45% en el norte y 33% en el sur). Están en marcha la promoción del espíritu de empresa en los jóvenes y las mujeres, así como los «préstamos por el honor», junto con programas para difundir la cultura empresarial en los centros de enseñanza.

Adaptabilidad: se obtuvieron resultados, principalmente, mediante una nueva normativa, incentivos para el trabajo a tiempo parcial (el objetivo de 100 000 nuevos empleos se superó en 40 000) y contratos de duración determinada (aprendizaje, trabajo temporal, etc.), dirigidos sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Se incluyeron en la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial el principio de no discriminación y el consentimiento del trabajador, en particular para evitar consecuencias desfavorables para las mujeres. El diálogo social condujo a una mayor extensión de la flexibilidad del trabajo y a su regularización. Se prosiguió la acción legislativa relativa a los contratos de intercambio de tiempo de trabajo por formación, así como la reglamentación de los sistemas de cooperación coordinada y permanente. Del desarrollo del trabajo temporal se beneficiaron 200 000 personas.

Igualdad de oportunidades: se confirmaron las iniciativas en favor del espíritu de empresa de las mujeres (en particular la creación de empresas). Está previsto un subsidio de maternidad para las familias numerosas y las mujeres que no disponen de otra protección social. Comenzó una reforma de los servicios de guardería y escuelas maternales. Se ampliaron las posibilidades de permiso parental y permiso de formación.

Interlocutores sociales: el PNA destacó el interés de una amplia consulta de los interlocutores sociales para todas las decisiones importantes del Gobierno. La formalización del diálogo social tuvo lugar en el pacto de Navidad de 1998. Los interlocutores sociales aprobaron la estrategia general del PNA. Sin embargo, pidieron al Gobierno que tomara acciones más eficaces y más rápidas relativas a la aplicación de los servicios públicos de empleo, la continuación de la reducción de las cargas fiscales sobre el empleo y la simplificación administrativa. Asimismo pidieron una renovación de la legislación sobre las prestaciones sociales y sobre la normativa del trabajo a tiempo parcial. Algunos temas siguen siendo controvertidos, en particular las medidas de flexibilidad del trabajo, y siguen negociándose.

El FSE y los Fondos Estructurales: los compromisos del FSE apoyaron una gama de políticas nacionales más amplia que en 1998. Se asignó más de 20% del total de los Fondos al tercer pilar, es decir, a la formación permanente, que se dedicaron especialmente a la empleabilidad de las personas en edad de trabajar. Se reservaron 1 395 millones de euros (alrededor del 70% del total) para las medidas preventivas, específicas sobre todo para los jóvenes en búsqueda de un primer empleo, los parados adultos y las personas con discapacidades. Se dio un apoyo significativo a las iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades.

La reforma de los servicios públicos de empleo, la aplicación del enfoque preventivo y el desarrollo del sistema de formación se continuarán en los programas del FSE 2000-2006, así como otras políticas nacionales y regionales. Un 10% del total de los recursos se consagran a la mejora de la igualdad de oportunidades, tanto para la integración de la igualdad en el conjunto de las políticas como para acciones específicas.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo italianas

(1) Emprender acciones decididas, coherentes y mesurables para evitar que los jóvenes y adultos desempleados pasen a formar parte del desempleo de larga duración. En particular, deberían realizarse más esfuerzos para completar la reforma de los servicios de empleo, aplicar políticas preventivas acordes con las directrices 1 y 2 y mejorar la calidad de la formación profesional. Proseguir esfuerzos para mejorar el sistema de seguimiento estadístico, de manera que en 2000 se disponga de indicadores sobre la prevención y la activación que sean conformes a las definiciones y métodos comunes.

(2) Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan, entre otras, medidas legales y fiscales destinadas a aligerar la carga administrativa que recae sobre las empresas, a estimular el espíritu de empresa y a explotar el potencial de creación de empleo del sector de servicios.

(3) Proseguir los actuales esfuerzos de reforma dirigidos a trasladar la presión fiscal desde el trabajo a otras fuentes impositivas.

(4) Continuar la puesta en práctica de la reforma de los sistemas de pensiones y otras prestaciones para reducir el número de personas que abandona el mercado de trabajo acogiéndose a la jubilación y a otros regímenes.

(5) Adoptar políticas globales para resolver el problema de las grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al empleo y el desempleo, basándose entre otras cosas en las iniciativas específicas existentes. Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres deberían también integrarse en todos los pilares del PNA.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

La reforma de los servicios públicos de empleo y la aplicación del sistema de información para el empleo continuaron, pero no suficientemente. Los indicadores que hacen posible un seguimiento eficaz de las políticas preventivas no se proporcionaron de acuerdo con la metodología común convenida. El PNA 2000 define responsabilidades y las normas mínimas de funcionamiento de los nuevos centros para el empleo y confirma que la aplicación de las medidas preventivas para el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración, así como la aplicación servicios públicos de empleo progresa y que serán totalmente operativas en 2003. Así pues, la recomendación 1 se satisfizo parcialmente.

La recomendación de reducir las cargas administrativas de las empresas, estimular el espíritu de empresa y promover los servicios está, también, parcialmente satisfecha. Los procedimientos administrativos de las empresas se simplificaron con la introducción de las ventanillas únicas, aunque no cubren, ni con mucho, el conjunto del territorio. Se adoptaron también algunas medidas para crear empleos en los sectores de cultura y medio ambiente.

La recomendación de reducir las cargas fiscales sobre el empleo se siguió; continuaron las reducciones de las cargas fiscales y sociales introducidas en 1998-1999, aunque en menor medida. La ley de finanzas 2000 fija pequeñas reducciones de las cargas sociales sobre los costes salariales (reducción del 0,2% sobre la contribución de maternidad y del 0,5% sobre la prima de seguro nacional contra los accidentes de trabajo). El PNA mencionaba, sin otros detalles, posibilidades como la extensión a las empresas del impuesto sobre las rentas dobles y la revisión del impuesto regional sobre las actividades económicas en favor de las pequeñas empresas. Estas acciones positivas deberían continuarse.

La reforma del régimen de prestaciones de desempleo, que debía haber finalizado en 1999, se pospuso a 2001. Una nueva revisión del sistema de pensiones debería emprenderse en 2001; entre tanto, siguen aplicándose las reformas del sistema de pensión ya aprobadas.

Se emprendieron algunas acciones para promover la integración de la igualdad en el conjunto de las políticas en todos los pilares. Sin embargo, el proceso de integración está todavía en su fase preparatoria. El empleo femenino debería aumentar, en particular, gracias a la multiplicación de los contratos a tiempo parcial y flexibles. Se prestó atención a la ampliación de los servicios de guardería, escuelas maternales y servicios suplementarios, así como a la introducción del permiso parental. Se necesitan otras medidas concretas para hacer frente realmente a las importantes divergencias en función del género, como el propio PNA reconoce.

4.2. Otras iniciativas

Se abordaron parcialmente otros aspectos de las directrices 2000. De acuerdo con las conclusiones de Lisboa, la ley de finanzas 2000 prevé proseguir la financiación de ordenadores para los centros de enseñanza y para los jóvenes, junto con programas de formación del profesorado. Asimismo asigna 330 000 millones de liras (170,4 millones de euros) en 2000-2002 para iniciativas innovadoras en TIC y cibercomercio. Se financiará un plan de desarrollo de la investigación científica y tecnológica, con el fin de aumentar en 30 000 personas en tres años el número de nuevos investigadores cualificados. Las acciones tomadas formarán parte de un plan de desarrollo de la sociedad de la información y la economía basada en el conocimiento. No hubo acciones incentivadoras especialmente diseñadas para ayudar a los parados jóvenes o de larga duración a incorporarse (o regresar) al mercado de trabajo, ni para facilitar el acceso a los mercados del capital-riesgo.

Empleabilidad: los fondos para los «empleos de utilidad social» se redistribuirán entre los patronos que contraten trabajadores de esta categoría, y otras acciones de colocación emprendidas por una agencia del Ministerio de Trabajo. En 2002, todos los jóvenes de 15 a 18 años que abandonen el sistema escolar participarán en proyectos de formación profesional o, si ya están bajo contrato de aprendizaje, deberán recibir al menos 120 horas de formación general fuera del lugar de trabajo. Se aprobaron algunas directrices de ampliación del sistema de educación de adultos, pero se pospusieron los detalles sobre la organización y la definición de objetivos cuantitativos. No se propuso ninguna acción particular para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Espíritu de empresa: existen iniciativas de «formación para el desarrollo», como la formación en materia de técnicas de desarrollo de las capacidades. Se adoptaron algunas medidas fiscales, como las reducciones del IVA para la renovación privada de viviendas. El ISTAT está procediendo al primer censo del sector sin ánimo de lucro. Vista la envergadura del trabajo no declarado, se redactarán nuevos contratos de «nuevo establecimiento» y de «oficialización del trabajo no declarado».

Adaptabilidad: se hizo operativa la incentivación del trabajo a tiempo parcial mediante la reducción de las cotizaciones. Los contratos de trabajo temporal se ampliaron a los sectores agrícola y de la construcción. Se financiaron algunas medidas destinadas a regular el tiempo de trabajo y se revisó la legislación sobre la reducción de las horas extraordinarias. La ley de finanzas 2000 redujo desigualdad de las cotizaciones entre personas que trabajan con distintos tipos de contratos.

Igualdad de oportunidades: se creó una unidad de seguimiento del empleo femenino para medir la incidencia de las políticas y difundir la información. La unidad de seguimiento de la flexibilidad controla las repercusiones sobre la igualdad de los acuerdos de trabajo flexible. Se regularon por decreto las actividades de los consejeros para la igualdad. Se amplió la ley en favor de las mujeres que trabajan por cuenta propia.

>SITIO PARA UN CUADRO>

LUXEMBURGO

Conclusiones

Apreciación general: Gracias al dinamismo de la economía de los últimos años, el empleo ha experimentado un fuerte crecimiento en Luxemburgo, cuya tasa de empleo nacional ha alcanzado la media de la UE. A pesar de ello, la tasa de empleo sigue siendo baja en el caso de los trabajadores mayores de 55 años y de las mujeres, y la participación en la formación permanente es escasa. La tasa de empleo «aparente» es extraordinariamente elevada, pues la reserva de mano de obra de Luxemburgo se extiende mucho más allá de las fronteras administrativas nacionales. Los trabajadores fronterizos representan más de un tercio del empleo nacional remunerado, lo que explica el fuerte crecimiento del empleo con una ausencia virtual de mano de obra cualificada en el país.

Combinación de políticas: La estrategia de empleo de Luxemburgo se centra en un crecimiento fuerte, rico en puestos de trabajo y beneficioso para todos. Esta política se basa en unas medidas de activación consistentes, un enfoque muy preventivo de la lucha contra el desempleo, el desarrollo de un clima favorable para la creación de empresas y una sólida red de seguridad social, lo cual permite a este país mantener un nivel de pobreza muy bajo.

Respuesta a las recomendaciones: En Luxemburgo, los interlocutores sociales desempeñan un papel crucial. Los PNA de 1998 y 1999 se basaron en un acuerdo tripartito incorporado a la legislación nacional, lo que explica el retraso en la aplicación de las reformas planeadas. Además, dada la ausencia de un acuerdo tripartito, el Gobierno luxemburgués no pudo presentar un PNA para 2000 en el que se establecieran las reformas que había planeado, especialmente en respuesta a las recomendaciones del Consejo. Así pues, el documento presentado no es más que un informe de aplicación correspondiente a 1999, año durante el cual Luxemburgo adoptó medidas para mejorar la posición de la mujer en el mercado de trabajo (permiso parental, cuidado de los hijos) y una Ley marco sobre la formación profesional continua.

Desafíos futuros: En el contexto del «pleno empleo» en Luxemburgo, y sobre la base del éxito de su política preventiva, que va más allá de las directrices 1 y 2, debe animarse a los trabajadores de más de 55 años a seguir trabajando.

La reciente Ley marco sobre la formación profesional continua es un paso adelante en el camino hacia la adaptación cualitativa de los trabjadores. Sin embargo, ésta sigue siendo una de las principales tareas para el futuro, y deberá prestarse atención a la aplicación de esta política para garantizar un aumento significativo del nivel de formación permanente.

La aplicación generalizada del principio de igualdad de oportunidades ha empezado a tener efecto sobre la posición de la mujer en el mercado laboral luxemburgués. Las posibilidades que tienen las mujeres de encontrar empleo mejorarían aún más si se introdujera la discriminación positiva.

Las dificultades con las que se ha encontrado el comité tripartitio deberían animar a los interlocutores a retornar a la vía del diálogo constructivo, esencial para que los compromisos contraídos en el plan de fomento del empleo tengan un resultado positivo.

Situado en el centro de una región europea en la que existen alrededor de 500 000 personas sin trabajo, Luxemburgo debiera seguir esforzándose por simplificar los actuales mecanismos, con el fin de desarrollar un clima más favorable para la creación de empresas y de seguir explotando el potencial de creación de empleo que hace posible su saneada situación económica.

1. Situación de la economía y del empleo

La economía luxemburguesa experimenta un fuerte crecimiento desde 1985. El PIB aumentó en 1999 un 7,5 %, superando la media europea (2,4 %). Este crecimiento dio lugar a una creación de empleo neta del 4,9 %, el segundo mejor resultado de la UE, y a una tasa de desempleo muy baja (2,3 %).

La tasa de empleo nacional (61,6 %) está algo por debajo de la media de la UE (62,2 %), mientras que la tasa de empleo «aparente» es del 91 %, merced a la influencia de los trabajadores fronterizos. Esto es así porque la reserva de mano de obra de Luxemburgo se extiende mucho más allá de las fronteras administrativas nacionales. Los trabajadores fronterizos constituyen el 34 % del empleo nacional remunerado, lo que explica este fuerte crecimiento del empleo total en ausencia de fuertes tensiones salariales, a pesar de una virtual inexistencia en el país de una reserva de mano de obra cualificada. La tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años (26 %) es una de las más bajas de la UE y, no obstante un reciente aumento de la tasa de empleo de las mujeres, Luxemburgo sigue presentando una desigualdad considerable entre hombres y mujeres a este respecto, con una tasa de participación (48,5 %) por debajo de la media de la Unión.

En comparación con los demás Estados miembros, la situación sigue siendo muy favorable: Luxemburgo tiene unas tasas de desempleo total (2,3 %, 5 351 personas en 1999), de desempleo de larga duración (0,8 %) y de desempleo juvenil (2,3 %) muy bajas, lo cual es en parte el resultado de una política de activación iniciada en 1995 y reforzada por los PNA. En términos generales, el principal problema de Luxemburgo no es el desempleo en su sentido «tradicional» (el referido a las personas en busca de empleo), sino la pronta exclusión del mercado laboral de una proporción considerable de la población en edad de trabajar, que pasa a engrosar los regímenes pasivos. Esto conduce al no empleo en sentido amplio, que se estima afecta al 13 % de la mano de obra, es decir, a más de 25 000 personas de las 183 000 que componen la mano de obra nacional, compuesta por las personas en busca de empleo y las que se benefician de las medidas activas del mercado de trabajo y de los regímenes pasivos (jubilación anticipada, pensiones de invalidez).

2. Estrategia general de empleo

La estrategia de empleo de Luxemburgo se centra en un crecimiento fuerte, rico en puestos de trabajo y beneficioso para todos. No obstante, debe tenerse en cuenta que los trabajadores fronterizos cubren el 75 % de los puestos de trabajo remunerados de nueva creación.

El aumento de la tasa de empleo nacional es el objetivo de las medidas incluidas en los pilares de espíritu de empresa y adaptabilidad, como son la reforma de la formación permanente, la reducción de las formalidades administrativas para crear una empresa, el permiso parental, el aumento de las plazas para el cuidado de los hijos y el fomento de la creación de puestos de trabajo relacionados con los servicios locales. Por último, las medidas de los pilares de la empleabilidad y de la igualdad de oportunidades están concebidas para que el crecimiento aproveche a todos. Este es el caso, en particular, de las medidas encaminadas a prevenir y luchar contra la marginación, las del «nuevo comienzo» y las de la lucha contra el abandono prematuro del sistema educativo sin titulación.

Los interlocutores sociales desempeñan un papel central y crucial, y participan directamente en la ejecución del plan.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

Luxemburgo ha desarrollado una política de empleo comparativamente dinámica, reforzada por los PNA, que explica en cierta medida el bajo nivel de desempleo de este país. Esta política se basa en unas fuertes medidas de activación (de las que se benefician más de 2 200 personas, frente a las 5 351 que no tienen empleo), un enfoque preventivo para combatir el desempleo -caracterizado por la identificación temprana de las habilidades de la persona y el apoyo personalizado a quienes buscan trabajo-, el desarrollo de un clima propicio para la creación de empresas y una sólida red de seguridad social, lo que da como resultado un bajo nivel de pobreza.

Los PNA de 1998 y 1999 se basaron en el acuerdo tripartito de 18 de abril de 1998, incorporado a la legislación el 12 de febrero de 1999. Esto explica el retraso en la aplicación de las medidas planeadas. De acuerdo con estos planes, en junio de 1999 se adoptó una ley fundamental sobre la formación permanente, que no entró en vigor hasta enero de 2000. El ámbito de los PNA supera al de un simple programa anual, y por ello debe seguirse trabajando en esa línea. Para 2003 está prevista una evaluación de todas las medidas adoptadas conforme a los PNA.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: Luxemburgo está consolidando su política activa para prevenir y combatir el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración (que disminuyó en 1999). Se recordará que este país decidió ir más allá de los umbrales establecidos en las directrices 1 y 2 y se impuso a sí mismo el ambicioso objetivo de llegar a todos los jóvenes antes de que cumplan el tercer mes de inscripción en el paro y a todos los adultos antes de su sexto mes de inscripción. Los objetivos prioritarios fueron los jóvenes que se incorporaban a la vida laboral y los adultos temporalmente parados. Debe mencionarse una mejora en el tiempo: la tasa de incumplimiento cae del 29,9 % en 1998 al 13,8 % en 1999 en el caso de los jóvenes (con un flujo de 6 500/año), y también mejora en el caso de los adultos, pasando del 63,1 % en 1998 al 41,4 % en 1999 (con un flujo de 11 000 personas en 1999). Aumentó ligeramente el número total de medidas activas (+2 % en volumen entre 1998 y 1999), mientras que el PNA proponía hacer esfuerzos en el ámbito de la formación de residentes, con resultados limitados debido precisamente a la disminución del desempleo y al aumento del empleo nacional.

Algunos estudios socioeconómicos explican la contratación de trabajadores fronterizos, en parte, por su nivel de formación, su flexibilidad, su movilidad geográfica y su adaptabilidad. Por lo tanto, para elevar el nivel de empleo nacional (que aumentó en 1999), el PNA proponía adoptar medidas para formar a los trabajadores residentes y a los desempleados. La reciente Ley marco es un gran paso en el camino hacia la creación de un verdadero sistema de formación permanente.

En cuanto a la lucha contra el abandono prematuro del sistema educativo, se han tomado recientemente medidas en la educación secundaria. El acceso al aprendizaje se facilitará mediante un enfoque de la formación de tipo modular y mediante ayudas económicas para el aprendiz. Los empresarios han aumentado sustancialmente el número de plazas de aprendizaje, muchas de las cuales no se han cubierto (350 siguen vacantes) debido a la ausencia de solicitantes residentes.

Dado el alto nivel de inactividad, sobre todo de las personas mayores de 50 años, se han llevado a cabo campañas de concienciación para disuadir a la gente de jubilarse anticipadamente o con una pensión de invalidez. También se han introducido medidas para mejorar el empleo de las personas menos capacitadas o con discapacidades.

Espíritu de empresa: Para fomentar el espíritu de empresa, Luxemburgo ha introducido varias medidas encaminadas a facilitar el acceso al empleo, la creación de empresas y el desarrollo de mercados de capital riesgo, la coordinación necesaria para simplificar los procedimientos administrativos aplicables a las empresas y la adaptación de la legislación relativa a la creación de empresas. Se han introducido ventanillas únicas, así como medidas de orientación y medidas para la asignación de capitales de fomento dirigidas a las PYME (empresas de nueva creación). Los costes indirectos de personal se han hecho más atractivos en comparación con los países circundantes. Las normas de Luxemburgo resultan también comparativamente más atractivas en el ámbito de la fiscalidad y el IVA. En cuanto a la política de fomento de la creación de empresas, se han producido resultados tangibles, aunque todavía no es posible cuantificar sus efectos.

Está aumentando la creación de puestos de trabajo (+/- 300) en empresas del sector social o en los servicios locales, sobre todo como consecuencia de la introducción del seguro de dependencia (desde enero de 1999), la escolarización a una edad más temprana (desde el año escolar 1998/1999) y las medidas contempladas por los pactos territoriales por el empleo.

Adaptabilidad: En relación con este pilar, los interlocutores sociales desempeñan en Luxemburgo un papel crucial. En efecto, las cuestiones referidas al tiempo de trabajo y a la organización del trabajo son competencia exclusiva suya. También tienen una función importante en todo lo relacionado con la formación permanente de los trabajadores o los cursos de formación en la empresa destinados a jóvenes o adultos.

La reciente Ley marco sobre la formación profesional continua (Ley de 22 de junio de 1999) constituye un paso importante hacia la adaptación cualitativa de las empresas y los trabajadores. Introduce reducciones fiscales para la formación en la empresa. No es posible proporcionar cifras sobre los resultados, puesto que se trata de una Ley muy reciente.

Además, está en marcha una reforma del sistema de formación conducente a la obtención de cualificaciones correspondientes a nueve profesiones, y a partir del año académico 2000/2001 se dispondrá de un enfoque modular. Determinados grupos de aprendices recibirán unos ingresos equivalentes al salario mínimo. Esta reforma es tanto más importante cuanto que muchos jóvenes abandonan el sistema educativo sin cualificaciones, y la diferencia entre las demandas de la economía y el nivel de formación de los residentes sigue yendo en detrimento del nivel de empleo nacional.

Igualdad de oportunidades: La aplicación generalizada de este principio empieza a influir positivamente en la posición de las mujeres dentro del mercado de trabajo luxemburgués (en los dos últimos años, su tasa de empleo ha aumentado un 1 % anual), aunque queda mucho por hacer. Las medidas relacionadas con el permiso parental y el cuidado de los hijos (en tres años, el número de plazas ha aumentado un 55 %) ayudan principalmente a la mujer a conciliar la vida familiar con la laboral. Estas medidas son de carácter estructural, y sirven al mismo tiempo para crear puestos de trabajo. El permiso parental ha sido todo un éxito (1 443 beneficiarios). Sin embargo, todavía está por alcanzar completamente el objetivo de que el puesto de trabajo así liberado vaya ocupándose de forma rotativa (en realidad, sólo el 65 % de los puestos vuelven a cubrirse). Se ha aceptado el principio de la discriminación positiva. Los interlocutores sociales se encargan de hacer lo necesario para introducir este tipo de discriminación establecida por ley en beneficio del sexo infrarrepresentado en un sector económico determinado, lo que ayudará a aumentar las posibilidades de las mujeres para entrar o reincorporarse al mercado de trabajo y, de este modo, a eliminar las diferencias existentes entre hombres y mujeres a este respecto.

FSE: conforme al objetivo 3, el Fondo Social Europeo apoyará la estrategia de empleo, mejorará la empleabilidad, contribuirá a la prevención del desempleo y ayudará a disuadir a los trabajadores de más edad de que pasen demasiado pronto a un régimen pasivo.

4. Nuevas iniciativas

Ante la falta de acuerdo sobre todas las medidas en el seno del comité tripartito, el Gobierno luxemburgués no pudo presentar su proyecto de PNA para 2000. Así pues, el documento presentado es simplemente un informe de aplicación correspondiente a 1999.

>SITIO PARA UN CUADRO>

PAÍSES BAJOS

Conclusiones

1 Apreciación general

La economía y el mercado de trabajo de los Países Bajos vienen registrando un crecimiento muy importante desde mediados de los años 90. Pese a ello, subsisten algunos problemas fundamentales que hay que superar. El más urgente es la importante oferta de trabajo aún no explotada, cuyo mejor ejemplo son las 744 000 personas que reciben prestaciones de incapacidad. El clima económico actual brinda una ocasión única de aumentar la tasa de empleo femenino y la de los mayores de 55 años. Eso ayudará a hacer frente al envejecimiento futuro de la población. Otros retos importantes son los crecientes cuellos de botella en la oferta de mano de obra debidos a la expansión económica, y la necesidad de integrar armoniosamente a muchos nuevos ciudadanos de minorías étnicas diferentes.

2. Combinación de políticas

Los Países Bajos, en su política de empleo y de mercado de trabajo, han alcanzado un equilibrio razonable entre los cuatro pilares de la estrategia europea de empleo. Se da prioridad al aumento real de la oferta de mano de obra mediante la activación y la prevención, así como a las medidas para que el sistema de imposición y prestaciones sea más favorable al empleo. Al mismo tiempo, la política sigue haciendo hincapié en la moderación salarial, las relaciones laborales flexibles y la modernización de la organización del trabajo.

3. Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999

La gran reforma fiscal es un paso importante para responder a la primera recomendación del Consejo de 1999, que pedía a los Países Bajos que hicieran su sistema de imposición y prestaciones más favorable al empleo. La reforma fiscal contribuye a reducir la trampa de la pobreza.

Parece que se realizaron algunos progresos en cuanto a la segunda recomendación, relativa al seguimiento del enfoque global. Se creó un nuevo sistema de tratamiento de datos, pero la comprobación de las directrices 1, 2 y 3 seguirá siendo difícil mientras los datos de los distintos operadores no se integren en una base de datos única.

Los Países Bajos tomaron la iniciativa de ampliar su enfoque global a los grupos más desfavorecidos, especialmente alejados del mercado de trabajo. El éxito de esta estrategia dependerá esencialmente de la posibilidad de transformar el rígido sistema actual de seguridad social en un «Centro para el trabajo y la renta» integrado, eficaz y descentralizado.

4. Desafíos futuros

Habría que seguir de cerca las medidas presentadas en el PNA para administrar el número creciente de prestaciones de incapacidad, que pueden no ser proporcionadas a la amplitud del problema. También se necesitan mayores esfuerzos, sobre todo a corto plazo, para atenuar las carencias de competencias y cubrir los muchos empleos para los cuales no se encuentra personal adecuado.

1. Situación de la economía y del empleo

Todavía no se perciben signos de recesión económica. En 1999 el crecimiento del PIB en términos reales fue del 3,5% y se espera que sea del 4 % en 2000. La situación del mercado de trabajo está en constante mejora desde 1990, a excepción de una reducción en 1993. Los Países Bajos conocen su más largo período de crecimiento económico continuado desde la Segunda Guerra Mundial.

La tasa de empleo aumentó del 65,4 % en 1996 al 70,9 % en 1999, lo que está bastante por encima de la media comunitaria. Entre los mayores de 55 años, la tasa de empleo (35,3 %) está ligeramente por debajo de la media comunitaria. El porcentaje de empleo equivalente a dedicación plena (EDP) aumentó también para alcanzar un 56,3% en 1999. El crecimiento menos impresionante en EDP se debe a la generalización del trabajo a tiempo parcial. La tasa de empleo EDP de los hombres es 3,5 puntos porcentuales más elevada que la media comunitaria, mientras que para las mujeres sigue siendo inferior en casi 4,5 puntos. En 1999, las divergencias en función del género en EDP fueron de 33,5 puntos, frente a una media comunitaria de 25,5 puntos porcentuales.

La tasa de desempleo siguió bajando en 1999, y es actualmente del 3,3 %. La composición del desempleo se caracteriza por grandes proporciones de personas con escasas competencias, trabajadores de más edad y una hiperrepresentación de personas de minorías étnicas. La tasa de desempleo de las minorías étnicas era del 16 % en 1998, frente a un 4 % para los ciudadanos neerlandeses de nacimiento. El desempleo juvenil es inferior a la media comunitaria, con un 4,8 % en 1999. La tasa de desempleo global de las mujeres, con 4,7 %, es mucho más baja que la media comunitaria, aunque dos veces más elevada que la de los hombres (2,3 %). El desempleo de larga duración es muy bajo, con sólo un 1,3 %. Hay que matizar el cuadro muy favorable del empleo que surge de las estadísticas oficiales mencionadas. El desempleo global sigue siendo muy elevado, pues muchos de quienes reciben prestaciones sociales ya no buscan activamente trabajo, o no están disponibles para el mercado de trabajo. También existe un importante desempleo oculto entre las 744 000 personas que reciben prestaciones de incapacidad.

Uno de los principales problemas es el desfase existente en el mercado de trabajo a causa de la falta de competencias. Parece que todos los sectores de la economía tienen dificultades para encontrar personal. Si en 1996 había un puesto no cubierto por cada cien trabajadores, esta cifra supera actualmente el doble.

2. Estrategia general de empleo

Desde el convenio de Wassenaar de 1982, la moderación salarial y las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo vienen siendo las piedras angulares de la política neerlandesa de empleo. Se aplica esta política a través de la moderación salarial nominal, las reducciones de los impuestos sobre la renta y, si es posible, las de las cargas sociales patronales. Los interlocutores sociales, apoyados por la legislación del Gobierno, han ido celebrando durante años muchos acuerdos de formación y flexibilidad del mercado de trabajo, comenzando por la promoción del trabajo a tiempo parcial y un mayor uso de las agencias de trabajo temporal.

El PNA neerlandés 2000 menciona tres temas prioritarios para su política de los próximos años: 1) una política general de «adaptación» para la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales, de modo que el mercado de trabajo se mantenga en línea con el desarrollo económico; 2) estimular la oferta real de mano de obra con el fin de controlar el coste salarial y responder a las escaseces actuales de mano de obra; 3) limitar el flujo actual de entrada en los sistemas de subsidios de incapacidad y estimular el flujo de salida.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

El PNA 2000 hace una presentación sucinta pero completa de la forma en que la combinación neerlandesa de las políticas se equilibra entre los cuatro pilares. La prioridad es, claramente, aumentar y mantener la oferta de mano de obra gracias a la activación y a la prevención. El enfoque global del pilar de la empleabilidad está progresando. La situación exacta de la directriz 2 es difícil de evaluar, ya que el seguimiento cuantitativo es incompleto. Cabe preguntarse si las medidas previstas en el PNA son una respuesta suficiente a corto plazo frente al reciente aumento de las carencias de mano de obra. La reforma anunciada del sistema de seguridad social se esperaba desde hace tiempo. Su éxito dependerá esencialmente de la posibilidad de reunir de manera racional los distintos organismos de aplicación, que tienen cada uno su propio objetivo, en un único «Centro para el trabajo y la renta» eficaz.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: ya en 1999 el Consejo reconocía que los Países Bajos se ajustaban a la directriz 1. La ley prevé que el tipo de incumplimiento debe ser cero, pero el PNA no presenta cifras empíricas. Por lo que se refiere a la directriz 2, el porcentaje de incumplimiento es asombrosamente elevado, con un 63 %. Este resultado es incompleto, ya que se basa solamente en los registros de datos del Servicio de empleo, y no tiene en cuenta los datos del LISV (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, Instituto nacional de subsidios de desempleo) ni los de los municipios. Los Países Bajos se proponen llegar al cumplimiento completo a finales de 2002. El indicador de esfuerzo de activación de la directriz 3 se estima en 1999 en un 34%.

El Gobierno, en colaboración con los interlocutores sociales, fijó para la política de aprendizaje a lo largo de toda la vida un objetivo igual al alcanzado por los dos mejores Estados miembros en este ámbito. El sistema de aprendizaje se transformará en un sistema de formación en la empresa. La empleabilidad se potencia también con un premio de calidad por inversión en recursos humanos, un sistema de validación de las competencias y por un sistema piloto de registros individuales de formación, sobre la base de la experiencia británica. Se reducirá el tamaño medio de las clases y se ha iniciado una campaña para revalorizar la profesión de profesor. Se hace frente al abandono prematuro del sistema educativo con la Ley del sistema de registro regional, apoyada por un presupuesto de 27 millones de euros.

Se realizaron esfuerzos particulares de reintegración de 82 000 personas con discapacidades, 10 700 de las cuales obtuvieron un empleo asalariado. Un grupo de trabajo evaluará la nueva Ley de estímulo de la participación en el trabajo de las minorías étnicas (SAMEN). Las PYME, en colaboración con el Gobierno y el Servicio de empleo, pusieron en marcha un programa para colocar a 20 000 personas que pertenecían a minorías étnicas en empleos asalariados.

Espíritu de empresa: un organismo exterior se encarga de revisar todos los procedimientos y reglamentos para reducir un 15 % en 2000 el coste administrativo de gestión de una empresa. El Gobierno piensa combatir los obstáculos al espíritu de empresa suprimiendo todas las exigencias superfluas para las empresas, promoviendo el capital-riesgo para las PYME, modificando la Ley de quiebras y poniendo en marcha un programa de formación empresarial para los jóvenes. Además, se proseguirá el proyecto MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, fuerzas del mercado, simplificación de la normativa y calidad legislativa), que tuvo mucho éxito. En el nuevo sistema fiscal para el siglo XXI, los tipos de imposición sobre el trabajo se reducen y van de 0,6 puntos para el primer tramo a 8 puntos para el tercer y cuarto tramos. Están previstas deducciones fiscales especiales para los padres que trabajan y para la protección del medio ambiente. El sistema VLM/SPAK (subsidio para el coste salarial), introducido hace unos años, concede a los patronos una reducción de impuestos si contratan a parados de larga duración o dan empleo a trabajadores que ganan hasta un 115 % del salario mínimo. Se considera que este sistema generó casi 60 000 empleos suplementarios en el sector privado. La carga fiscal media para un salario mínimo se ha reducido de un 29 % en 1990 a un 15 % en 1999. Se conceden incentivos fiscales suplementarios por importe de 4 436 euros a los patronos para promover la formación «sobre el terreno» de los parados de larga duración. Los Países Bajos han comenzado experiencias de reducción del IVA para los sectores que emplean mucha mano de obra.

Adaptabilidad: la Ley de ajuste de las horas de trabajo, que entrará en vigor en julio, confiere a los trabajadores derechos estatutarios, como el hecho de poder pasar de un empleo a tiempo parcial a un empleo a tiempo completo, y viceversa. Está en estudio el procedimiento doble de despido, con el fin de satisfacer a los patronos respetando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores.

Igualdad de oportunidades: para corregir las divergencias en función del género, los Países Bajos quieren acercar el porcentaje de empleo femenino lo más posible al 70% para 2010. En 1999 se inició un control de igualdad de los salarios para detectar mejor las discriminaciones basadas en el sexo. El Gobierno preparó la nueva Ley sobre el trabajo y el cuidado de las personas a cargo, que combina distintos sistemas de permiso. Esta nueva Ley concede a ambos padres hasta tres semanas de permiso parental pagado, y hasta 10 días anuales de permiso para el cuidado de los hijos, pagados al 70%, mientras que se reembolsa al patrono la mitad del coste. El nuevo sistema «ahorro-permiso» permitirá ahorrar hasta un 10% del propio salario con vistas a un período sabático.

Casi se ha duplicado el número de plazas de guardería. A las 89 000 plazas existentes en 1998 se sumaron 71 000 plazas nuevas. El Gobierno asignó 68 millones de euros para ampliar las deducciones fiscales por cuidado de hijos. Está previsto un presupuesto especial por cuidado de hijos de 56 millones de euros en caso de familias monoparentales. Hasta ahora, se han creado 2 700 nuevos empleos subvencionados en guarderías. En un 55% de los convenios colectivos salariales se introdujeron cláusulas específicas relativas al cuidado de los hijos. Los costes del cuidado de los hijos pueden reembolsarse como parte de la vía de reintegración.

Los interlocutores sociales participaron en la preparación del PNA. Son unos de los principales responsables del aprendizaje a lo largo de toda la vida, a través de los fondos de formación sectoriales, y también participan directamente en la resolución de los cuellos de botella sectoriales originados por la carencia de competencias.

La contribución del FSE para el nuevo período se destina en su totalidad a acelerar la aplicación del PNA. Se hace un esfuerzo particular para reforzar la directriz 2 y el enfoque global.

4 Nuevas iniciativas (PNA 2000)

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo de los Países Bajos

(1) Proseguir con sus esfuerzos para mejorar el sistema de beneficios fiscales al objeto de eliminar los factores de desincentivación que pueden disuadir, en particular a las mujeres y a los trabajadores de más edad, de participar en el empleo. Es necesario esforzarse con decisión para reducir el elevado número de personas que permanecen fuera del mercado de trabajo acogidas a regímenes pasivos de complementos de ingresos.

(2) Proseguir con los esfuerzos para mejorar el sistema de seguimiento estadístico, de manera que en 2000 puedan publicarse indicadores sobre prevención y activación que sean conformes a los métodos y las definiciones comunes.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Por lo que respecta a los esfuerzos por eliminar los desincentivos del sistema fiscal y de prestaciones, el Gobierno de los Países Bajos sigue una política de reforma fiscal tetradimensional, que constituye un paso importante en el cumplimiento de la primera recomendación del Consejo. La primera dimensión es la reforma fiscal propiamente dicha, que, entre otras cosas, reducirá la trampa de la pobreza mediante créditos fiscales que incrementarán los ingresos netos en el extremo inferior de la escala salarial en un 2-3 %. Al mismo tiempo, se elimina la desgravación fiscal de las personas inactivas, lo que aumenta en 540 euros la diferencia entre los ingresos y la prestación. En segundo lugar, el Parlamento aprobó recientemente una reforma de la seguridad social. La estructura y la aplicación del sistema de seguridad social serán más integradas y transparentes, de acuerdo con el enfoque de ventanilla única. Los fondos públicos se canalizan hacia un mercado privado aparte para la reintegración, con el fin de mejorar la eficacia. La tercera dimensión consiste en promover la participación de los trabajadores de más edad, haciendo que el trabajo en esa etapa de la vida vuelva a ser posible y atractivo. Se ha de evitar la jubilación anticipada forzosa, y sustituirla por el retiro voluntario por cuenta del propio individuo. El abandono del mundo laboral se controla acabando con el tratamiento fiscal favorable que se da actualmente a los regímenes de jubilación anticipada, mientras que la incorporación al mismo se fomenta mediante reducciones fiscales. El Gobierno estudia la posibilidad de anular las exenciones de las personas desempleadas de edad más avanzada, con el fin de inducirlas a solicitar un empleo. La cuarta de estas dimensiones es el apoyo a la participación de las mujeres, duplicando el número de plazas de guardería, a través de la Ley sobre el trabajo y el cuidado de las personas a cargo y la Ley sobre el ajuste de las horas de trabajo, y por medio de la reforma fiscal. El Gobierno está también revisando el tratamiento favorable de las personas cabeza de familia en el sistema fiscal y de la seguridad social.

En cuanto al elevado número de personas que se benefician de las prestaciones de incapacidad, parece ser que el problema radica más bien en las condiciones de acceso, que son demasiado tolerantes. Aunque en el PNA se anuncian varias medidas para limitar el acceso a estas prestaciones, su eficacia solo podrá evaluarse dentro de unos pocos años. No tendrán éxito si no se imponen unas condiciones de acceso más estrictas.

Con respecto a la segunda recomendación, relativa a la necesidad de mejorar el seguimiento del enfoque global, es necesario un esfuerzo adicional para obtener una información armonizada de los tres órganos de aplicación -los municipios, el LISV y el Servicio de empleo-, que son los responsables de proporcionar la información sobre el aumento del desempleo y sobre los resultados de las vías de reintegración. Hasta ahora, únicamente el Servicio de empleo ha puesto en marcha un sistema de seguimiento. Por otro lado, 500 municipios no han podido hasta este momento suministrar información a este respecto. Actualmente, el Gobierno ha iniciado, en colaboración con la asociación de municipios (VNG), un proyecto piloto en el que participan los 25 municipios más grandes (G25), para establecer un sistema común. Los primeros datos útiles tendrían que estar disponibles en el primer trimestre de 2002. Por lo que se refiere al Instituto de subsidios de desempleo (LISV), los primeros resultados se esperan para el tercer trimestre de 2001.

4.2. Otras iniciativas

En cuanto a la aplicación de las directrices de 2000, el parlamento ha aprobado la cooperación en la aplicación de la Ley sobre el trabajo y la renta (SUWI), por lo que se refiere a la reforma de los SPE. Los cinco organismos existentes responsables de las prestaciones se funden en un único organismo público encargado de poner en marcha los regímenes de seguro de los empleados. Los centros locales para el trabajo y la renta asumirán la función asesora del Servicio de empleo. Los interlocutores sociales y las autoridades locales están representados en un consejo nacional del trabajo y la renta. En el pilar de la empleabilidad, la nueva iniciativa más importante es la ampliación del enfoque global a la actual reserva de parados, sin poner en riesgo la aplicación de la directriz 2. Se proporcionarán fondos adicionales para tantas vías como sean necesarias. Prácticamente todos los convenios colectivos incluyen en la actualidad medidas especiales relacionadas con la empleabilidad. A los desempleados y los trabajadores subvencionados se les ofrece formación en la empresa. Se han realizado experimentos con la Ley del seguro de desempleo que permiten seguir una formación sin perder las prestaciones. En abril se presentó al Parlamento un plan de acción sobre las prestaciones de incapacidad para abordar el problema que plantea el aumento de las mismas. De acuerdo con la Cumbre de Lisboa, el Gobierno ha prometido conectar todos los centros educativos a internet no más tarde de 2001, un año antes de lo anunciado en 1999. En relación con el pilar del espíritu de empresa, el desarrollo local se refuerza proporcionando al Servicio de empleo un presupuesto especial para proyectos que reduzcan los desajustes locales. Por lo que respecta al pilar de la adaptabilidad, sigue aumentando el número de convenios colectivos en los que se incluyen disposiciones relativas a la formación de los trabajadores. La igualdad de oportunidades se ha potenciado a través del nuevo «control de la igualdad de derechos», un instrumento que promueve la integración de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y que presta también una especial atención a las cuestiones relacionadas con el origen étnico.

>SITIO PARA UN CUADRO>

AUSTRIA

Conclusiones

Apreciación general: En comparación con la mayoría de Estados miembros, los resultados del mercado de trabajo austríaco son muy satisfactorios. La situación mejoró durante 1999. Tanto la situación económica favorable como las políticas activas del mercado de trabajo contribuyeron al aumento del empleo y la disminución del desempleo. No obstante, los desafíos clave del mercado de trabajo -baja participación en el empleo de los trabajadores de más edad, diferencias notables entre hombres y mujeres, carga fiscal sobre la mano de obra superior a la media- siguen siendo los mismos.

Combinación de políticas: La estrategia a medio plazo centrada en la empleabilidad sigue aplicándose, con algunas modificaciones. Las medidas de activación y prevención se ampliaron considerablemente, la «red de seguridad» destinada a quienes buscan formarse como aprendices se dirigió con cierto éxito a los desempleados jóvenes desfavorecidos y el enfoque de integración de la igualdad entre hombres y mujeres en el pilar de la empleabilidad presenta ahora unos objetivos más transparentes.

Respuesta a las recomendaciones: La respuesta a las recomendaciones del Consejo ha sido limitada. Las medidas aplicadas para animar a los trabajadores de más edad a seguir trabajando no han tenido el resultado deseado. El desempleo en el grupo de edad de 55 años o más sigue siendo elevado. Para reducir las diferencias entre hombres y mujeres y alcanzar el objetivo de Lisboa de aumentar la tasa de empleo femenina, es necesario ampliar los servicios para el cuidado de los hijos menores de tres años y los servicios a domicilio para el cuidado de las personas mayores. Debe abordarse el problema de las grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres. La anunciada reducción gradual de los costes laborales no salariales en cerca del 0,4 % del PIB en 2003 puede considerarse un paso modesto hacia la disminución de la elevada carga fiscal sobre la mano de obra.

Desafíos futuros: Se ha de aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para evitar que en el futuro se produzcan cuellos de botella y falte mano de obra con la formación adecuada. Los responsables de la educación y la investigación deben concertar sus esfuerzos para seguir promoviendo la formación permanente, al igual que los interlocutores sociales, que han de anticipar la demanda. Deben aplicarse nuevas medidas antidiscriminatorias en favor de los trabajadores migrantes. Los incentivos del régimen de seguro de desempleo y los modelos de tiempo de trabajo flexibles podrían ayudar a reducir el desempleo estacional.

1. Situación de la economía y del empleo

En 1999, el crecimiento del PIB en Austria fue del 2,1 %. Tras una fase de poca actividad al iniciarse la crisis asiática, la economía se recuperó y el alza cíclica fue ganando intensidad en el transcurso del año. El crecimiento de la productividad se ralentizó hasta el 0,7 %.

Los resultados del mercado de trabajo austríaco mejoraron el año pasado. El empleo aumentó un 1 % en 1999; la tasa de empleo ascendió del 67,4 % en 1998 al 68,2 % en 1999. La tasa de empleo equivalente a dedicación plena fue del 75,4 % en el caso de los hombres, y del 50,8 % en el de las mujeres. El aumento del empleo se tradujo en un descenso de la tasa de desempleo, del 4,7 % en 1998 al 3,8 % en 1999. La tasa de desempleo basada en el registro del paro en Viena estuvo un quinto por encima de la media austríaca, y aproximadamente la mitad de todo el desempleo de larga duración se registró también allí. Por el contrario, la Alta Austria y Salzburgo alcanzaron casi el pleno empleo.

Además de la situación económica favorable (las ofertas de empleo aumentaron considerablemente), la notable ampliación de los fondos disponibles para las políticas activas del mercado de trabajo contribuyeron a este resultado positivo. Aunque el desempleo femenino siguió superando al masculino (un 4,5 % frente a un 3,3 %), la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la tasa de desempleo se redujo ligeramente. A excepción de Luxemburgo, Austria presentó la tasa más baja de desempleo juvenil (2,9 %), mientras que la tasa de desempleo de larga duración (1,2 %) siguó siendo una de las más bajas de la UE, y aún disminuyó un poco. Sin embargo, la recuperación del mercado de trabajo para las personas de más de 54 años estuvo muy por debajo de la que afectó a los jóvenes.

2. La estrategia global de empleo y sus principales objetivos

La situación económica positiva permitió a Austria alcanzar, en 1999, los objetivos nacionales fijados en principio para 2002 y 2000, respectivamente: aumentar la proporción de personas que se benefician de las políticas activas del mercado de trabajo al menos a un 20 %, y crear 100 000 nuevos puestos de trabajo. La combinación de políticas de este país se centra en la empleabilidad, en el desarrollo del potencial empresarial, en la apertura de fuentes de empleo innovadoras y en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Estos objetivos deben alcanzarse mediante una estrategia global y coordinada de la política de empleo. La integración del concepto de pactos territoriales por el empleo en todos los Estados federados está mejorando la difusión de buenas prácticas en relación con la creación de puestos de trabajo, tanto a nivel regional como local.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

En 1999, el PNA contribuyó notablemente a mejorar los resultados del mercado de trabajo austríaco mediante una equilibrada combinación de políticas. En particular, se ha hecho un mayor énfasis en las políticas activas, lo que ha ayudado a reducir el número de desempleados y el número de personas que pasan a engrosar el desempleo de larga duración. También ha tenido un cierto éxito la lucha contra el paro juvenil. Una medida importante en este ámbito fue la de la red de seguridad para los jóvenes, que presta una atención especial a los jóvenes con discapacidad, a los que ofrece la oportunidad de encontrar plazas de aprendizaje. Conforme al PNA de 1999, se estableció un conjunto de medidas destinadas a las personas de más edad, que se pusieron en vigor el 1.1.2000 con el objetivo de elevar la tasa de empleo de los trabajadores más mayores. Dentro del pilar del espíritu de empresa, se ha progresado algo en la vía de las reformas administrativas. Durante la elaboración del PNA tuvo lugar un amplio debate sobre los variados obstáculos que se oponen al desarrollo del espíritu empresarial. En los dos últimos años, los interlocutores sociales no han avanzado mucho en la modernización de la organización del trabajo. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se reforzó facilitando el regreso al mercado laboral tras un largo periodo de ausencia.

3.2. Análisis por pilares (PNA 1999)

Empleabilidad: la aplicación de políticas preventivas y activas por parte de Austria está siendo muy satisfactoria. El aumento del desempleo de larga duración es de los más bajos de la UE. La proporción de participantes en medidas activas aumentó considerablemente, 5,6 puntos porcentuales, con lo que, por primera vez, Austria cumple el objetivo común del 20 %. Casi la mitad de este incremento se debió a la significativa ampliación de un programa de formación sobre la búsqueda de empleo (que está previsto se reduzca en 2000). Las diferencias regionales de la activación siguen siendo muy grandes: de sólo el 15,9 % en Viena (a pesar del aumento de la activación en esta región) al 33,1 % en la Alta Austria.

Los trabadores de más edad se convirtieron en el objetivo principal de los SPE. Sin embargo, sigue sin haber unas medidas atractivas que constituyan una alternativa para aquellos trabajadores más mayores (con baja cualificación) que ya han alcanzado la edad de la jubilación anticipada. Un programa de 62 millones de euros cofinanció puestos de trabajo para más de 15 000 desempleados de larga duración y personas de más edad. En cuanto a los jóvenes, la red de seguridad tuvo bastante éxito, pues redujo la tensión del mercado del aprendizaje a corto plazo.

En 1999, se aplicaron dos medidas innovadoras de cualificación cuyo objetivo era hacer frente al cuello de botella de las teconologías de la información y la comunicación. En total, recibieron formación 6 300 participantes, aunque los primeros resultados apuntan a las dificultades que han tenido para integrarse en el mercado de trabajo. En consecuencia, se ha diseñado una versión mejorada de estas medidas.

Con respecto al aprendizaje permanente, se ofrecieron a quienes abandonan prematuramente el sistema educativo algunas oportunidades para completar la educación obligatoria en una etapa posterior. Participaron en este tipo de cursos un total de 600 personas (3,6 millones de euros). Deben multiplicarse los esfuerzos para proporcionar a la gente una segunda oportunidad y alcanzar los objetivos nacionales a medio plazo referidos a la reducción de la proporción de jóvenes poco cualificados.

La situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo mejoró en 1999, pero el auge económico no benefició a este grupo en igual medida que a otros. Aunque los gastos de las políticas activas del mercado de trabajo destinados a las personas con discapacidad se incrementaron considerablemente el pasado año, debe hacerse más para que su problemática se integre efectivamente en todas esas políticas.

El PNA de 1999 no incluyó ninguna medida adicional dirigida a las minorías étnicas y los trabajadores migrantes.

Espíritu de empresa: Austria ha aprobado una reforma fiscal (Steuerreform 2000) que simplifica el régimen fiscal de las pequeñas empresas, facilita la transferencia de negocios y elimina varias tasas administrativas para las empresas. Esta reforma se dirige especialmente a las PYME y a las empresas de nueva creación. Introduce condiciones especiales favorables para las nuevas empresas, que se benefician de una cierta reducción de los costes laborales no salariales. Aparte del programa innovador NEWSTART, se emprendieron algunas iniciativas para cumplir el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo en los sectores de la asistencia social y la asistencia sanitaria.

Adaptabilidad: Los nuevos modelos del tiempo de trabajo contribuyeron a reducir el desempleo estacional en la industria de la construcción, pero todavía no se ha hecho frente a este problema ni en los otros sectores de carácter estacional (por ejemplo, el turismo) ni en las regiones afectadas. En 1999, la aceptación de otros modelos de tiempo de trabajo flexible, como son el sistema de permiso educativo (Bildungskarenz) o el bono de solidaridad, que asocia el tiempo de trabajo flexible a la contratación de personas en paro, fue más bien baja.

No se hicieron más que limitados progresos en la difusión de nuevos perfiles ocupacionales y nuevas normas de certificación. Por ejemplo, los Estados federados desarrollaron nuevos perfiles y nuevos programas de formación para servicios de cuidados a domicilio dirigidos a las personas de edad, pero no existe un reconocimiento mutuo de los certificados. Se trata, además, de un sector en rápido crecimiento, en el que tienen que alcanzarse convenios colectivos específicos para que se den unas condiciones de trabajo atractivas y los servicios ofrecidos tengan unos niveles de calidad elevados.

Igualdad de oportunidades: En 1999, los objetivos de las directrices 1 a 3 se cambiaron por otros más específicamente orientados a la igualdad de oportunidades. Se crearon 10 000 plazas de guardería dentro de un programa especial que finalizó en la primavera de 2000. Esto constituye un cierto progreso en cuanto al aumento y la mejora de los servicios para el cuidado de los hijos. Habría que mantener los esfuerzos para crear más servicios, mejor adaptados a las necesidades de los padres que trabajan. Tras un aumento en 1998, la proporción de mujeres en paro con restricciones para la movilidad (debidas en su mayor parte al cuidado de los hijos) volvió al nivel de 1997. El concepto de la integración de la igualdad de oportunidades se aplicó bien en el pilar I, pero no hubo ninguna nueva iniciativa en los demás pilares.

Interlocutores sociales: Al contrario que en años anteriores, la participación de los interlocutores sociales disminuyó. Ese año sólo se les consultó, al igual que a otras autoridades federales y regionales, acerca del proyecto de PNA.

El FSE y los Fondos Estructurales: La estrategia del PNA estuvo apoyada por los objetivos principales de los programas del FSE, en especial por lo que respecta a las directrices 1 a 3, 6, 9 y 12 y al pilar IV. En 1999, se gastaron en medidas del programa del FSE 124 millones de euros del propio Fondo y 262 millones de euros de fondos públicos. Ese año, las prioridades de la estrategia europea de empleo coincidieron con los grupos a los que se dirigieron los programas del FSE en Austria: grupos específicos que necesitan ayuda para integrarse en el mercado de trabajo, como son los jóvenes, las personas de más edad, las personas con discapacidad y los desempleados de larga duración; grupos que son los objetivos tanto del PNA como del FSE. Dentro del objetivo 4, la formación para adquirir cualificaciones dirigida a los trabajadores tiene como finalidad prevenir el desempleo. Según los datos correspondientes a la primera mitad de 1999, el 48 % de las personas participantes fueron mujeres. Para el periodo 2000-2006 también se han armonizado los objetivos del PNA y del FSE. El FSE se centrará en las medidas preventivas para luchar contra el desempleo de los adultos y los jóvenes y en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. La formación permanente recibirá una atención especial en el nuevo objetivo 3, y seguirá impulsándose el enfoque de la integración de la igualdad de oportunidades.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo austríacas. Austria debería:

(1) Revisar los incentivos a la jubilación anticipada y desarrollar regímenes flexibles de tiempo de trabajo, al objeto de que los trabajadores de más edad permanezcan más tiempo en la vida activa.

(2) Proseguir una estrategia global dirigida a reducir las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al empleo, poniendo en marcha, entre otras, medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y la vida familiar.

(3) Continuar esforzándose por reducir las elevadas cargas fiscales sobre la mano de obra, en particular, centrándose en los grupos problemáticos del mercado de trabajo.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

En cuanto a la recomendación relativa a la participación de los trabajadores de más edad en el empleo, se ha elaborado un conjunto de políticas dirigidas a este grupo, que se ha centrado en los modelos de tiempo de trabajo flexible. En ellos se incluyen las modalidades de trabajo a tiempo parcial y los incentivos relacionados con la cotización al seguro de desempleo. Los primeros resultados del año 2000 indican que la aceptación de estos modelos de trabajo a tiempo parcial es baja. No es previsible que en un futuro próximo estos trabajadores de más edad tengan una mayor participación en el empleo activo. Por lo tanto, han de emprenderse nuevas iniciativas para animarles a permanecer en el mercado de trabajo.

Hubo una serie de medidas, en su mayoría motivantes y de carácter «moderado», en las que se tuvo en cuenta la recomendación de reducir las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y de facilitar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Deben fijarse objetivos cuantificados respecto a los servicios para el cuidado de los hijos que se ponen a disposición de los padres con horarios de trabajo poco habituales y para los niños menores de tres años, así como en relación con la ayuda destinada a las personas que han de cuidar de personas a su cargo.

La recomendación de reducir la carga fiscal sobre la mano de obra, con una especial atención a los grupos problemáticos del mercado de trabajo, ha sido parcialmente tenida en cuenta en la reforma fiscal de 2000, que ha introducido medidas en apoyo del empleo de aprendices, la ayuda especial a los jóvenes empresarios y la formación en la empresa. Los costes laborales sólo se han reducido para los aprendices. Está previsto que en 2003 se reduzcan los costes laborales no salariales 900 millones de euros (un 0,4 % del PIB). Dado que la carga impositiva sobre la mano de obra asalariada sigue siendo alta, deberá seguirse de cerca el impacto que tengan estas reformas.

4.2. Otras iniciativas

En relación con la empleabilidad, el Gobierno se fijó el objetivo de elevar la proporción de trabajadores poco cualificados que participan en la formación de cualificación al nivel de participantes con cualificaciones de grado medio. Sin embargo, para 2000 no se planeó ninguna medida adicional destinada a cumplir este objetivo. La opción de completar la educación obligatoria en una etapa posterior ya se planeó en 1998 y se amplió, a pequeña escala, en 1999. Con ayuda del nuevo programa del objetivo 3 del FSE, este importante objetivo se consolidará en 2000, dando cabida a unos 850 participantes. Está previsto que todas las escuelas austríacas tengan acceso a la World Wide Web en 2002. No obstante, debido a las actuales restricciones presupuestarias, aún no se han asignado los medios económicos para esta iniciativa.

No se ha hecho nada nuevo conforme a la directriz 9 para mejorar la situación de los trabajadores migrantes, que constituyen uno de los grupos más desfavorecidos del mercado de trabajo austríaco. Austria debería promover actividades de formación adaptadas a las necesidades de los inmigrantes, y destinadas sobre todo a las mujeres y a la segunda o tercera generación.

En el PNA de 2000 están previstas medidas para reforzar el sector del capital riesgo, reformar el sistema de la seguridad social y el sistema administrativo y mejorar el comercio electrónico con respecto a las exigencias del mercado. También se enumeran en este PNA de 2000 una serie de medidas debatidas durante años (ventanilla única, liberalización de las normativas). Asimismo, menciona como nueva prioridad la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector social y del cuidado de las personas dependientes, a través de los pactos territoriales por el empleo y de las iniciativas conforme al nuevo objetivo 3 del FSE. No están previstas medidas adicionales para definir nuevos perfiles ocupacionales, y tampoco se ha explotado al máximo el potencial de empleo de las normas que regulan en Austria el cuidado de las personas dependientes. Los obstáculos administrativos, como el que representa la validez de los certificados a través de las fronteras de los Estados federados, son prueba de las muchas barreras que persisten en estos ámbitos. Además, debería pensarse en el establecimiento de convenios colectivos en los sectores emergentes de nuevos servicios -especialmente, el sector de la asistencia sanitaria- y debería seguir estudiándose el potencial de empleo que presentan. Estas nuevas metas exigen un planteamiento innovador por parte de los interlocutores sociales.

El PNA de 2000 destaca la importancia de aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo y de reducir el desempleo femenino, con una especial atención puesta en la conciliación del trabajo con la vida familiar. Al mismo tiempo, el Gobierno está debatiendo nuevas políticas que pueden conducir incluso a una división más tradicional de la mano de obra, estableciendo un permiso parental más prolongado con unos subsidios más altos para el cuidado de los hijos. A largo plazo, estas políticas pueden ir en contra del objetivo de integrar un mayor número de mujeres en el mercado laboral.

>SITIO PARA UN CUADRO>

PORTUGAL

Conclusiones

Apreciación general: En 1999, la economía portuguesa continuó creciendo a un ritmo superior al de la media de la UE, especialmente en beneficio de las mujeres y de los desempleados de larga duración. Tanto la tasa de empleo como la de desempleo tuvieron unos registros mejores que la media de la UE. Sin embargo, el nivel de cualificación de la mano de obra sigue padeciendo las secuelas del alto grado de abandono prematuro de la educación secundaria, los bajos niveles de educación formal y la poca participación en la formación permanente. Esto va acompañado de unos niveles de productividad bajos y de la necesidad de modernizar la organización del trabajo. El sector servicios está subdesarrollado, pero tiene un potencial significativo para la creación y la mejora de los puestos de trabajo.

Combinación de políticas: El principal reto al que se enfrenta Portugal es hacer que los cambios estructurales y la modernización económica que está llevando a cabo sean compatibles con el mantenimiento del buen rendimiento de su política de empleo. La estrategia nacional para 2000 sigue la misma vía que el PNA de 1999, aunque prestando una mayor atención al aprendizaje permanente, lo cual responde a la necesidad de elevar el nivel de cualificaciones de la mano de obra.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999: El PNA responde a las recomendaciones de 1999, pero hace un mayor énfasis en el sector educativo, el sistema de formación y la introducción de nuevas tecnologías. Se abordan las principales debilidades del sistema educativo, pero no se presenta una política global sobre la formación permanente. Sigue sin haber una estrategia clara para desarrollar el sector servicios. Enfrentados a diversas dificultades en el marco del diálogo social, el Gobierno y los interlocutores sociales han acordado una nueva y pragmática metodología para la cooperación respecto de la adaptabilidad.

Desafíos futuros: Debe seguir consolidándose una estrategia a largo plazo de reforma estructural, muy centrada en la mejora de la calidad tanto de la oferta como de la demanda de mano de obra. Esto implica el desarrollo del aprendizaje permanente y la mejora del sistema educativo, paralelamente a la evolución hacia un sistema productivo cuyos trabajadores estén más altamente cualificados.

1. Situación de la economía y del empleo

En 1999, la economía portuguesa continuó creciendo a un ritmo superior al de la media europea, aunque inferior al de 1998 (el 2,9 % frente al 3,5 % de 1998). La situación relativa al empleo y al desempleo siguió mejorando.

La tasa de empleo aumentó globalmente (del 66,5 % en 1998 al 67,4 % en 1999), con un incremento especialmente acentuado en el caso de las mujeres (del 57,9 % al 59,4 %) y de los trabajadores temporales. Las diferencias entre hombres y mujeres en las tasas de desempleo disminuyeron (del 4,9 % al 4,5 %) merced únicamente a la mejor situación de las mujeres (del 6,1 % al 5,2 %). El desempleo de larga duración se redujo (del 2,3 % al 1,7 %) a un ritmo más rápido que el desempleo total. La situación mejoró en todos los grupos, salvo en el de las personas de más edad.

Sin embargo, estos buenos resultados en materia de empleo siguen escondiendo debilidades estructurales relacionadas con la poca participación en la educación y la formación, los bajos niveles de productividad y la desequilibrada distribución del empleo por sectores. La participación de la mano de obra en el sector servicios también ha aumentado, debido en gran parte al incremento de los puestos de trabajo poco cualificados (sobre todo en el comercio y la sanidad, así como en los servicios sociales y personales) y, en una menor medida, de los de alta cualificación.

2. Estrategia general de empleo

La estrategia nacional consiste en estabilizar y reforzar la eficacia de la actual política de empleo. Por tanto, los objetivos estratégicos siguen la misma vía que el PNA de 1999, con la finalidad más amplia de mantener la tasa de empleo por encima del 70 % y la de desempleo por debajo del 5 %. Estos objetivos deben considerarse a la luz de los indicadores nacionales, que en 1999 fueron el 71,5 % y el 4,5 %. Así pues, la estrategia naciona global no pretende aumentar la tasa de empleo, sino mantenerla al tiempo que se persigue la modernización de la economía.

Se abordan todos los pilares y, como en el PNA anterior, se presta una especial atención al primero. En el contexto de la empleabilidad, las prioridades son la prevención, la intervención temprana y la integración eficaz de aquellas personas que están más expuestas al riesgo del desempleo de larga duración. Se fomentará más el aprendizaje permanente, sobre todo en el campo de las nuevas tecnologías, en consonancia con la necesidad de elevar el nivel de cualificación de la mano de obra.

El espíritu de empresa debe promoverse especialmente en el sector servicios y a nivel local. La igualdad de oportunidades debe garantizarse siguiendo el planteamiento de la integración de esta dimensión en todas las políticas.

La estrategia en su conjunto debe evaluarse en un contexto de negociación colectiva difícil.

En comparación con el presupuesto del año pasado, el PNA de 2000 presenta un desplazamiento coherente y considerable de recursos de las medidas activas dirigidas a los desempleados (en especial, la directriz 1) hacia el aprendizaje permanente (directriz 6). A nivel regional, se desarrollarán medidas de intervención tempranas.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

La estrategia portuguesa de empleo esbozada en el PNA de 1998 se consolidó en 1999. Las medidas se concentraron en el pilar I y en los desempleados: la cobertura territorial de las redes de empleo llegó, según lo previsto, al 75 % de la población. La mayoría de los objetivos cuantitativos se cumplieron, o incluso se superaron, y hubo un aumento notable de los indicadores. Dados los resultados positivos alcanzados en el ámbito económico y del empleo, así como el éxito cuantitativo de las políticas de activación, los esfuerzos deberían concentrarse ahora en objetivos cualitativos.

Aparecen, no obstante, algunos aspectos más negativos: los SPE se enfrentan a unos bajos niveles de comparecencia de las personas desempleadas; el aumento del desempleo de larga duración sigue siendo alto; el presupuesto previsto para 1999 no se ha aprovechado (aunque los datos financieros son todavía provisionales); no se ofrece información ni sobre las medidas fiscales ni sobre los resultados de las mismas, y el diálogo social ha progresado poco.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

En cuanto a la empleabilidad, los programas dedicados a los desempleados jóvenes (INSERJOVEM - directriz 1) y adultos (REAGE - directriz 2) siguen teniendo buenos resultados. La cobertura territorial de ambas iniciativas se amplió; el 18,7 % de los jóvenes y el 21,2 % de los adultos no recibieron una oferta de medida activa antes de los seis y los doce meses de desempleo, respectivamente. La evaluación de estas tasas relativamente bajas de incumplimiento (uno de los Estados miembros con mejores resultados) debe tener en cuenta que muchos desempleados no responden a la convocatoria de los SPE. Las tasas de comparecencia son, de hecho, preocupantemente bajas: un 52 % de los jóvenes y un 43 % de los adultos no acuden a las entrevistas que les ofrecen los SPE. Se está llevando a cabo un estudio sobre este problema. Existe también una falta de información sobre el tipo de medidas que se ofrecen para asegurar la integración más eficaz posible. En conjunto, el 18,8 % de los desempleados registrados se beneficiaron de una medida activa en 1999 (directriz 3). No obstante, parece que algunas medidas están infravaloradas. Está previsto que para 2002 se cumpla el objetivo del 20 %.

Se creó una agencia para la educación y la formación de adultos, pero se encuentra todavía en una fase muy temprana. En comparación con 1998, el número de empleados en formación permanente en el marco del programa Pessoa se incrementó en un 60 % (directriz 6). El número de aprendices (31 %) también aumentó más de lo que se esperaba (directriz 8).

En relación con el espíritu de empresa, se facilitó la creación de empresas, pasándose a un tiempo de espera de catorce a veintiséis días frente a los cinco o seis meses que había que esperar antes, y ello merced al desarrollo de la red de centros de formalidades empresariales. Sin embargo, estas iniciativas no cubren el registro y licencia de las empresas. Se tomaron medidas para combatir el falso trabajo autónomo (trabajadores disfrazados de subcontratistas) -con el consiguiente descenso de la tasa de trabajo por cuenta propia- y el empleo informal.

Se emprendieron iniciativas legales para fomentar la adaptabilidad, adoptándose leyes en los ámbitos del empleo a tiempo parcial, el trabajo temporal y el trabajo nocturno, y se modificó el marco legal de los empleados (salarios, despidos). En 1999, unos 140 000 empleados se beneficiaron de una formación cofinanciada por el FSE.

La igualdad de oportunidades se aborda a través del enfoque de su integración en todas las políticas. Se crearon indicadores para su control, pero éstos no se aplicarán hasta el 2000. El índice de cobertura de la educación preescolar (de 3 a 5 años de edad) aumentó al 65 % (del 62,6 % en 1998), lo que equivale a 323 000 niños.

Los interlocutores sociales participaron en la evaluación y revisión del PNA, pero el proceso de negociación colectiva en su conjunto presentó considerables problemas.

La mayor parte de las medidas aplicadas en el PNA de 1999 fueron cofinanciadas por el FSE. La cofinanciación de las directrices 1, 2 y 6, que representaban más del 90 % del esfuerzo presupuestario planeado (con exclusión de las desgravaciones fiscales), fue de un promedio del 63 %. En el periodo 2000-2006 se mantendrá este estrecho vínculo entre el PNA y el FSE. Se espera que en 2000 el FSE cofinancie estas tres directrices en un promedio del 73 % del gasto público, con una atención especial a la formación permanente.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo portuguesas

(1) Proseguir sus esfuerzos para mejorar la calidad del sistema educativo y para reforzar el apoyo a la formación permanente, en particular mediante una implicación más activa de los interlocutores sociales.

(2) Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan, entre otras, medidas legales y fiscales destinadas a reducir la carga administrativa que recae en las empresas, a estimular el espíritu de empresa y a explotar el potencial de creación de empleo del sector servicios.

(3) Fomentar un enfoque participativo y promover compromisos concretos de los interlocutores sociales a todos los niveles en cuanto a la modernización de la organización del trabajo, al objeto de conseguir que las empresas sean más productivas y competitivas y de lograr el necesario equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Para mejorar la calidad del sistema educativo, el plan establece varias medidas destinadas a reducir el abandono prematuro de los estudios y a dar mayor cabida a las nuevas teconolgías. Se desarrollarán las acciones relativas a la educación especial; se ofrecerán planes de estudios alternativos a los alumnos con dificultades de aprendizaje, y a quienes abandonen prematuramente los estudios y entren en el mercado de trabajo se les ofrecerán cursos especiales que combinen la educación y la formación. El número de alumnos participantes en la formación profesional debería aumentar un 10 % con respecto a 1997. También está previsto un aumento de hasta un 40 % de alumnos en el campo de las nuevas tecnologías, con una especial atención a la igualdad de oportunidades. Asimismo, se asegura que la reforma de la educación secundaria se llevará a cabo en 2002, a más tardar. La eficacia de estas medidas deberá someterse a un estrecho seguimiento, teniendo en cuenta que, en 1999, la tasa de abandono prematuro del sistema educativo fue del 45 %.

El objetivo nacional de que el 10 % de los empleados participen en acciones de formación no se ha alcanzado todavía, pero se ha hecho más ambicioso añadiéndole la condición de que la mitad de estas acciones tengan un contenido relacionado con las TIC. Habría que prestar más atención a la adecuación y la anticipación de las necesidades del mercado de trabajo. Se está negociando con los interlocutores sociales un acuerdo a medio plazo sobre el empleo, el mercado de trabajo y la formación, lo que se traduce en un considerable aumento presupuestario para la directriz 6.

Este conjunto de iniciativas aparece en respuesta a algunas de las principales deficiencias del sistema, pero debería presentarse en el contexto de una estrategia a largo plazo para el aprendizaje permanente.

La iniciativas dirigidas a reducir las cargas administrativas sobre las empresas seguirán adelante, sobre todo en el ámbito de la seguridad social. Sin embargo, la información proporcionada sobre la situación actual es incompleta. Esta falta de información obstaculiza también la evaluación del apoyo financiero que se da a las empresas nuevas (regímenes económicos, medidas fiscales, etc.). Se anuncian un gran número de iniciativas para el sector servicios (concretamente, en los campos de las nuevas tecnologías, el turismo y el medio ambiente), pero no es posible hacerse una idea clara de la estrategia adoptada.

Para desbloquear el diálogo social, el Gobierno propuso a los interlocutores sociales un nuevo enfoque, con el objetivo de establecer acuerdos a medio plazo sobre temas sectoriales como la formación, la organización del trabajo, la protección social y las condiciones de trabajo. Todos los socios se comprometieron con este planteamiento, y se espera que este año se emitan los diversos informes.

4.2. Otras iniciativas

Además, otras iniciativas del PNA de 2000 demuestran la voluntad de aumentar la eficacia de la estrategia global de empleo haciendo más hincapié en el aprendizaje permanente y el desarrollo local, según recomiendan las directrices de 2000. Se presta asimismo una especial atención a las nuevas tecnologías en la educación y la formación, tal como establecen las conclusiones de la Cumbre de Lisboa.

Con respecto a la empleabilidad, la cobertura territorial de las redes regionales de empleo se completará en 2000. Se pone un mayor énfasis en las cuestiones relativas al aprendizaje, con nuevos objetivos cuantitativos -que no cualitativos- (directriz 8).

También se hará más hincapié en la formación informática elemental, con nuevos planes de estudios y productos multimedia. El programa «Internet en los centros de educación» garantizará que en 2002 todos los centros de educación portugueses (primarios y secundarios) estén conectados a la red, con un fuerte apoyo de los Fondos Estructurales. Esto se hará a través de la red de ciencia, tecnología y sociedad, que enlazará además los centros educativos con bibliotecas públicas, centros de formación de profesores y asociaciones culturales.

Para desarrollar el espíritu de empresa a nivel local, se ampliarán los pactos territoriales y se promoverán las asociaciones a ese nivel. El objetivo es que se creen a nivel local 5 000 puestos de trabajo merced a iniciativas de pequeña escala.

Por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, Portugal conoce perfectamente sus debilidades, sobre todo en el campo de la segregación horizontal del mercado de trabajo. No obstante, están previstas unas pocas acciones positivas, la más importante de las cuales se refiere al desarrollo de la red de preescolar, que alcanzará su plena cobertura en 2006.

>SITIO PARA UN CUADRO>

FINLANDIA

Conclusiones

Apreciación general La situación del mercado de trabajo se caracteriza por un crecimiento económico y una tasa de empleo superior a la media de la UE. La tasa de desempleo se sitúa también por encima de la media y la presión fiscal sobre el trabajo es muy grande. Aunque la tasa de empleo es superior a la media comunitaria, el nivel de participación de los trabajadores de más edad es bajo y el mercado de trabajo conoce una segregación importante. El paro estructural se ha convertido en un problema permanente y amenaza con excluir a los desempleados de larga duración de más edad.

Combinación de políticas El objetivo de la estrategia nacional de empleo es incrementar la tasa de empleo hasta el 70 % en 2003. Esto parece realista a condición de que se mantenga el desarrollo económico favorable y el apoyo de los interlocutores sociales. Se hace lo posible por garantizar la oferta de trabajo, así como un mercado de trabajo eficaz, invirtiendo en el desarrollo de las competencias y los servicios públicos de empleo. El refuerzo del espíritu de empresa, la mejora de la capacidad de adaptación de las empresas y la reducción de la segregación están estrechamente relacionados con la estrategia de crecimiento basada en el conocimiento. Se están haciendo esfuerzos para reducir la presión fiscal sobre el trabajo.

Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999 Finlandia respondió a las recomendaciones e introdujo medidas incentivadoras y desincentivadoras para los trabajadores y los empresarios a fin de mantener durante el mayor tiempo posible a los trabajadores de más edad en la vida activa. En este sentido, se adoptaron varias medidas, en particular la elevación de la edad mínima para jubilarse anticipadamente, dando al mismo tiempo la posibilidad de beneficiarse de una jubilación anticipada parcial. Finlandia continuó reduciendo la presión fiscal sobre el trabajo. Para ello, se adoptaron medidas en 1999 y se anunciaron otras para 2000 y 2001. No obstante, es necesario seguir avanzando en este ámbito. La segregación por razones de sexo en el mercado de trabajo es un problema difícil con importantes consecuencias sociales e implicaciones para el mercado de trabajo. Para reducir la discriminación en el mercado de trabajo, el PNA introdujo el programa «Igualdad en el mercado de trabajo», una iniciativa importante en la que los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental.

Desafíos futuros Finlandia sigue esforzándose por reducir el desempleo estructural. Además, este país podría, en la próxima década, conocer problemas importantes de disponibilidad de mano de obra, no solamente en el sector de las TIC, sino también en el sector de los servicios en diversos niveles de cualificación, si no se adoptan medidas eficaces para garantizar la disponibilidad de trabajadores cualificados. Pueden movilizarse recursos considerables en la reserva de desempleados de larga duración, teniendo en cuenta que hay también cuellos de botella en otros tipos de puesto de trabajo, además de en los empleos de alta cualificación.

También debería hacerse lo posible para establecer sobre el terreno asociaciones amplias que incluyeran al sector privado, a los municipios, a las asociaciones de ciudadanos y al tercer sector. Los agentes regionales y locales desempeñarán un papel destacado para alcanzar resultados concretos.

1. Situación de la economía y del empleo

Finlandia ha mantenido un fuerte crecimiento económico en los últimos cinco años. A pesar de una importante reducción del PIB en 1999, las perspectivas económicas son muy favorables en vista de la buena situación inflacionaria y los bajos tipos de interés, junto con una mejora considerable de la producción de la industria de exportación.

En 1999, el incremento global del empleo fue del 2,2 % y la tasa de empleo ascendía al 66,3 % (69,1 % para los hombres y 63,4 % para las mujeres), con variaciones importantes entre los grupos de edad. Más del 80 % del grupo de edad más joven (25-54 años) desarrollaba una actividad laboral, frente a sólo el 38,8 % entre las personas de 55 años o más.

El importante crecimiento económico se plasmó en una rápida creación de puestos de trabajo, pero, debido al aumento simultáneo de la oferta de trabajo, la tasa de desempleo global permaneció en el 10,2 % en 1999 (10,7 % en el caso de las mujeres y 9,8 % en el de los hombres), con diferencias regionales importantes. La tasa de paro de los jóvenes permaneció en niveles elevados (10,8 %). La mayoría de los nuevos puestos de trabajo se crearon en el sector privado, donde recientemente ha habido escasez de mano de obra, especialmente en los sectores de fuerte crecimiento. La demanda se centró en los jóvenes con buenas cualificaciones y en las cualificaciones en TI, mientras que, al mismo tiempo, los solicitantes de empleo de 50 años o más con cualificaciones desfasadas tienden a permanecer en paro.

2. Estrategia general de empleo

El PNA de 2000 refleja la firme voluntad del Gobierno finlandés para mejorar la situación del empleo en general invirtiendo en un crecimiento basado en el conocimiento. El Gobierno se fijó como objetivo alcanzar una tasa de empleo cercana al 70 % en 2003, de conformidad con las conclusiones de Lisboa. El objetivo es fomentar un crecimiento económico equilibrado mediante políticas fiscales y de otro tipo controladas a fin de evitar los cuellos de botella en el mercado de trabajo. La prioridad consiste en asegurar la oferta de trabajo y un mercado laboral eficaz, invirtiendo en el desarrollo de las competencias y los servicios públicos de empleo. Para mejorar la eficacia del proceso, el foco de atención principal se transferirá de los parados desde no hace mucho tiempo a los parados en riesgo de pasar a la situación de desempleo a largo plazo.

La política de empleo de Finlandia se basa en un análisis completo de las necesidades y los problemas del mercado de trabajo. El PNA de 2000 establece un enfoque estratégico que consolida sus acciones en ocho programas de acción distintos, todos multisectoriales y con objetivos y calendarios específicos: mejora de las competencias en las PYME; disponibilidad de mano de obra cualificada; «nuevo comienzo»; prevención de la exclusión; refuerzo de la sociedad de la información; espíritu de empresa; modernización de la organización del trabajo y de la capacidad de adaptación de las empresas; mercado de trabajo basado en la igualdad de oportunidades.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

Para obtener resultados a largo plazo en el mercado de trabajo, Finlandia analizó y evaluó las iniciativas pasadas y decidió pasar de la utilización extensa de las medidas de empleo a medidas que favorecieran la calidad de las acciones. El servicio individualizado y la cooperación estrecha entre las empresas pasaron a primer plano.

Se realizaron progresos en ámbitos fundamentales y se respondió adecuadamente a las recomendaciones. Como la mayoría de los objetivos establecidos en el PNA de 1999 eran de gran alcance, no pueden esperarse resultados inmediatos, pero se adoptaron medidas útiles, en especial por lo que respecta a la mejora de la capacidad de inserción profesional. En cuanto al espíritu de empresa, el PNA fijó como objetivo la continuación de las reducciones fiscales, especialmente para los perceptores de ingresos más bajos. Ahora deberán traducirse en acciones de conformidad con la recomendación del Consejo. Con respecto a la capacidad de adaptación, los resultados están vinculados a una revisión de todos los aspectos de la organización laboral. En cuanto a la igualdad de oportunidades, pueden observarse también importantes esfuerzos de mejora.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: La reforma de la política de empleo finlandesa tenía por objeto poner a disposición de cada solicitante de empleo un plan de acción para encontrar un puesto de trabajo en el mercado de trabajo abierto. Aunque se realizaron progresos importantes, los objetivos establecidos para las directrices 1 y 2 no se alcanzaron plenamente en 1999. Alrededor del 95 % de todos los desempleados se beneficiaron de un plan de acción antes de alcanzar el límite temporal. Pero casi la mitad de las personas que iban hacia el desempleo de larga duración (6/12 meses) no se beneficiaron de un plan de acción individual. A pesar de la importancia de los esfuerzos de prevención, el indicador de resultados es todavía elevado: alrededor del 10 % de los desempleados jóvenes y adultos traspasaron el umbral del desempleo de larga duración. El riesgo de verse en esta situación es muy alto en el caso de los parados de más edad (32 % para el grupo de edad 55-59 y 61 % para el de 60-64).

Las medidas activas de mercado de trabajo abarcaron al 30 % de los parados en busca de empleo en 1999. Los datos del seguimiento muestran que, si bien el 30 % encontró rápidamente un puesto de trabajo en el mercado de trabajo abierto después de haber ocupado un empleo subvencionado o de haber seguido cursos de formación profesional, el 44 % de ellos volvió a estar en paro después de tres meses. En consecuencia, deberá intentarse mejorar cualitativamente las medidas, prestando especial atención a los problemas de los grupos más difíciles de reintegrar.

Durante mucho tiempo, Finlandia ha considerado que el aprendizaje permanente es el motor del crecimiento, la competitividad y las estrategias de empleo. El objetivo no ha sido solamente ofrecer una formación profesional a todos los jóvenes, sino poner también a disposición de los adultos los conocimientos necesarios en una sociedad de la información. La educación de adultos y la formación profesional se han ampliado y desarrollado, pero como el PNA de 1999 no establecía objetivos concretos en materia de aprendizaje permanente, no se puede decir hasta qué punto dichas medidas fueron beneficiosas. Para facilitar el paso de la escuela al trabajo, la mayoría de las formaciones profesionales (70 %) incluyeron en 1999 una formación práctica. Desde principios de 1998, de un 80 % a un 90 % de las escuelas de primaria y de un 90 % a un 95 % de las de secundaria, y todas las escuelas profesionales, están conectadas a internet.

Debe realizarse un gran esfuerzo para evitar los cuellos de botella y asegurar la disponibilidad de mano de obra (una directriz nacional). Las universidades y las escuelas técnicas superiores, y las oficinas regionales de empleo, junto con los interlocutores sociales, pusieron en marcha proyectos para anticipar los cambios de demanda de mano de obra y propusieron programas de formación ampliados, especialmente en el sector de las TIC.

Espíritu de empresa: A finales de 1990, la creación de empresas experimentó un rápido aumento; su número se incrementó en todos los sectores y sobre todo en los servicios. Para favorecer las tasa de supervivencia y facilitar las relaciones entre la alta tecnología y las empresas, el Gobierno continuó incrementando las inversiones en IDT (3,1 % del PIB en 1999, incluidas las inversiones públicas y privadas). No obstante, la puesta en práctica de las medidas previstas en virtud de las directrices 10 a 13 se inició lentamente.

Adaptabilidad: Se prestó especial atención a la mejora de la organización laboral, tanto a nivel legislativo como mediante nuevos modos de trabajo. El Gobierno, de acuerdo con los interlocutores sociales, continuó desarrollando la legislación laboral para garantizar la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad de las empresas. Después de cuatro años de trabajo preparatorio, las «ley sobre los contratos de trabajo» se presentó al Parlamento. Dicha ley mejorará la seguridad laboral de los contratos atípicos, introducirá disposiciones sobre el periodo de prueba y precisará los derechos y obligaciones de las partes. Los interlocutores sociales participaron también en el «programa de bienestar en el trabajo», que se inició en el primer semestre de 2000.

Igualdad de oportunidades: la integración de la igualdad de oportunidades en todas las leyes gubernamentales progresó, pero no se avanzará en mayor medida hasta después de 2000, cuando se evalúe la incidencia de la nueva «ley sobre los contratos de trabajo» en la igualdad entre mujeres y hombres; dicha ley servirá como proyecto piloto para evaluar el impacto de otras leyes en ese mismo sentido. Con respecto a la lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo, cada entidad regional competente en materia de empleo tuvo que presentar un programa encaminado a reducir la discriminación. El PNA no explica qué medidas concretas se adoptaron para realizar esta difícil tarea. Los interlocutores sociales participaron en la elaboración de sistemas retributivos más equitativos y continuaron con su proyecto en aras de un lugar de trabajo presidido por la igualdad.

Interlocutores sociales: Como antes, los interlocutores sociales participaron en la aplicación y el seguimiento del PNA. También participaron activamente en la elaboración del PNA de 2000 y se comprometieron a aplicar las iniciativas previstas. En Finlandia, la participación de los interlocutores sociales en la preparación de proyectos de ley y la toma de decisiones en temas de empleo constituye un principio básico. El proceso tripartito facilita la cooperación y aumenta el compromiso con los objetivos acordados.

Fondos Estructurales: El papel de los Fondos Estructurales no es fácilmente reconocible en el informe de situación de 1999. En el periodo 2000-2006, el FSE, y otros Fondos Estructurales, contribuirán al objetivo del Gobierno finlandés de aumentar la tasa de empleo y de mantener más tiempo en activo a los trabajadores de más edad, así como de apoyar la creación de empleo. El FSE desempeña un papel positivo en el desarrollo de nuevos métodos para aplicar las políticas de empleo.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo finlandesas

1) Proseguir la revisión de los sistemas de prestaciones existentes, en especial aquellos que facilitan la jubilación anticipada, para conseguir que los trabajadores de más edad prolonguen su vida activa.

2) Proseguir las orientaciones políticas adoptadas últimamente dirigidas a reducir la presión fiscal sobre el trabajo.

3) Examinar, en el contexto de la integración de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las demás políticas, las maneras de reducir los actuales niveles de discriminación por sectores y profesiones en el mercado de trabajo.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Para continuar la revisión de los regímenes de prestaciones sociales existentes, en particular los que favorecen la jubilación anticipada, a fin de mantener durante más tiempo a los trabajadores de más edad en la vida activa, el Gobierno finlandés y los interlocutores sociales se pusieron de acuerdo sobre un conjunto de medidas de apoyo al empleo de estas personas. Estas iniciativas, que en su mayor parte se pusieron en marcha a principios de 2000, incluyen medidas incentivadoras y desincentivadoras para los trabajadores y los empresarios; por ejemplo, se incrementó la contribución de los empresarios a las pensiones y la edad límite de la jubilación anticipada, pero se autorizó la jubilación anticipada parcial. La acción preventiva se favorece con planes de revalorización y de mejora de las condiciones laborales. La edad media de jubilación se ha incrementado ya en un año, pero la relación entre el conjunto de medidas y este resultado no está clara

Para continuar ateniéndose a las orientaciones políticas recientes sobre la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo, el PNA de 1999 había mencionado que el Gobierno bajaría aún más el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones a la seguridad social, en particular para las rentas más bajas. El Gobierno prevé reducir la presión fiscal sobre el trabajo en 1 800 millones de euros (1,5 % del PIB). Las decisiones concretas se adoptan cada año sobre la base de las tendencias económicas y la situación de las finanzas públicas. En 1999, las reducciones supusieron 350 millones de euros, 260 de los cuales afectaron a los trabajadores. Se anunciaron otras reducciones importantes para 2001. No obstante la presión fiscal sobre el trabajo en Finlandia sigue estando por encima de la media comunitaria.

Para examinar, en el contexto de la integración de la igualdad entre hombres y mujeres, los medios para reducir los niveles actuales de segregación profesional y sectorial en el mercado de trabajo, Finlandia puso en marcha una nueva iniciativa: «Igualdad en el mercado de trabajo». Los interlocutores sociales desempeñarán un papel fundamental en la aplicación de este proyecto, que se iniciará en 2000. La iniciativa incluye un estudio de viabilidad para identificar los factores esenciales de éxito en la eliminación de la discriminación, y las mejores prácticas en la materia. Además, se supervisarán periódicamente las diferencias salariales. Queda por ver si habrá resultados concretos.

4.2. Otras iniciativas

El PNA de 2000 concede especial importancia a la solución de los problemas estructurales del mercado de trabajo; entre ellos, los más importantes son: la disponibilidad de mano de obra, la alta tasa de desempleo, el riesgo de exclusión y la segregación en función del sexo.

Las iniciativas de empleo locales no se tratan como una cuestión independiente: un plan de regionalización de la puesta en práctica del PNA implica que los agentes regionales y locales pueden adaptar el plan a sus propias necesidades y circunstancias. Dado que este es el punto fundamental del PNA, el diálogo entre el nivel central y regional será decisivo. También hay que tener la seguridad de que los recursos para la puesta en práctica serán suficientes.

Con respecto a la empleabilidad, se hace hincapié en el desarrollo a largo plazo de los recursos humanos en las PYME, así como en el desarrollo de las competencias de la población en general, a fin de evitar la escasez de mano de obra y asegurar que ésta dispone de las cualificaciones requeridas. Para respaldar el desarrollo equilibrado de las regiones, se realizará una acción para crear puestos de trabajo también fuera de las zonas de crecimiento económico. Se emprenderá una iniciativa denominada «nuevo comienzo» para evitar el desempleo de larga duración. Las medidas de los planes de acción individuales deben iniciarse antes del sexto y duodécimo mes en paro, y debe mejorarse la calidad de dichos planes.

Para reforzar la sociedad de la información, se fomentarán las TIC en las empresas, incluidos nuevos métodos de gestión de empresas y la interconexión en red. Para mejorar la calidad de la formación, todas las instituciones de enseñanza deben elaborar un programa de estudios de TIC hasta el 2002. Con ello se pretende asegurar la consecución del objetivo de mejora de las competencias en TIC de toda la población.

En 2000 y 2001 se pondrá en práctica un proyecto especial para desarrollar el espíritu de empresa en el que colaborarán varios servicios de la administración para acelerar las acciones de creación de nuevas empresas y de mejora de su competitividad. El centro de atención estará constituido por las fases críticas del ciclo de vida de las PYME. También se hará hincapié en la participación del personal en la planificación y la formación, el desarrollo profesional y el bienestar en el trabajo. Para mejorar la adaptabilidad, se renovará el programa nacional dedicado al lugar de trabajo, que se dirige a toda la mano de obra y se centra en los trabajadores de más edad y la igualdad de las comunidades con respecto al trabajo. Se espera que este nuevo programa dé lugar a 600 proyectos de desarrollo y que afecte a 85 000 trabajadores (3,3 % del total de la mano de obra). Las iniciativas de igualdad de oportunidades se concentran sobre todo en la directriz 19 y abordan la segregación en el mercado de trabajo introduciendo medidas concretas, por ejemplo, descubrir y eliminar los factores discriminatorios más importantes, y animar a las chicas y los chicos a escoger una profesión atípica.

>SITIO PARA UN CUADRO>

SUECIA

Conclusiones

1. Apreciación general

En 1999, el mercado de trabajo mejoró sensiblemente y, con una tasa de empleo del 72,2 %, Suecia sigue presentando uno de los mejores resultados de la UE. En 1999, los principales desafíos para la economía sueca fueron la lucha contra el desempleo de larga duración, la reducción de la segregación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y la disminución de la carga fiscal, sobre todo para los trabajos peor remunerados.

2. Combinación de políticas

El objetivo general en materia de empleo es reducir a la mitad la tasa de desempleo hasta finales de este año para alcanzar el 4 % de acuerdo con el objetivo nacional establecido, y conseguir elevar la tasa de empleo al 80 % de la población en edad de trabajar hasta 2004. Estos objetivos reducirán también el número de beneficiarios de diversas prestaciones y subsidios. La activación y el desarrollo de las competencias resultan fundamentales para alcanzar el objetivo de aumentar la tasa de empleo, lo que significa que, por una parte, la política de mercado de trabajo ayuda a las personas con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo y que, por otra, se apoya el crecimiento.

3. Respuesta a las recomendaciones del Consejo de 1999

Se adoptaron algunas medidas iniciales para reducir la presión fiscal sobre el trabajo elevando el límite para el pago del impuesto nacional y reduciendo las cotizaciones fiscales para financiar las pensiones proporcionales a los ingresos y complementarias de las personas con ingresos bajos o medios. Estas medidas deben considerarse como el principio de una reforma fiscal general. Queda por ver si se llevará a la práctica esta reforma fiscal y cuáles serán sus efectos. Suecia piensa combatir las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo afrontando el problema lo antes posible en todos los niveles de enseñanza y mediante una campaña de sensibilización en el mercado de trabajo para mejorar la situación de ambos sexos.

4. Desafíos futuros

El objetivo más importante de los próximos años es garantizar un mercado de trabajo eficaz y prevenir la aparición de cuellos de botella, evitando así la inflación provocada por las alzas salariales, así como llegar a una situación de desarrollo sostenible del empleo y de crecimiento general del PIB. La presión fiscal sobre el trabajo en Suecia sigue siendo la más alta de la UE y deberían proseguirse los esfuerzos para reducirla. El mercado de trabajo sueco debería fomentar la movilidad geográfica y profesional para resolver las disparidades cada vez mayores entre las regiones y cubrir las carencias de cualificaciones a escala regional. Además, deberían continuar los esfuerzos para integrar en el mercado de trabajo sueco a las personas con mayores dificultades, incluidos los trabajadores migrantes.

1. Situación de la economía y del empleo

La economía sueca siguió mostrando un buen comportamiento en 1999, con un crecimiento global del PIB del 3,8 %. Esta buena situación dio lugar a un importante crecimiento del empleo: 2,2 %, que representa el mejor resultado desde hace diez años. El crecimiento del empleo afectó en semejante medida a hombres y mujeres y la tasa de empleo global alcanzó el 72,2 % (70,3 % en el caso de las mujeres y 74,0 % en el de los hombres), por encima, pues, del objetivo establecido por el Consejo Europeo de Lisboa. La mayor parte de los puestos de trabajo creados lo fueron en el sector de los servicios privados.

La tasa de empleo siguió descendiendo en 1999 tanto para las mujeres como para los hombres y actualmente es del 7,1 % y el 7,2 % respectivamente. La tasa de desempleo de los jóvenes también se redujo hasta el 6,2 %. La tasa de desempleo de los no nacidos en Suecia mejoró en los últimos años, pero sigue siendo dos veces más alta que la del conjunto de la población.

La tasa de empleo de las personas de más edad es muy alta en relación con las de los demás Estados miembros: 64 % para el grupo de edad 55-64. En 1999, el crecimiento más importante se dio entre los jóvenes y la tasa de empleo del grupo de mediana edad permaneció estable.

Sigue habiendo disparidades regionales, que aumentaron en los últimos años, con un crecimiento elevado en el sur del país y un desarrollo menos favorable en el norte.

2. Estrategia general de empleo

El objetivo general en materia de empleo es reducir a la mitad la tasa de desempleo hasta finales de este año para alcanzar el 4 % de acuerdo con el objetivo nacional establecido, y conseguir elevar la tasa de empleo al 80 % de la población en edad de trabajar hasta 2004. Estos objetivos reducirán también el número de beneficiarios de diversas prestaciones y subsidios. La activación y el desarrollo de las competencias resultan fundamentales para alcanzar el objetivo de aumentar la tasa de empleo, lo que significa que la política de mercado de trabajo apoya el crecimiento, por una parte, y que ayuda a las personas con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo, por otra. En los últimos años, disminuyó el número de participantes en los diferentes sistemas de ayuda del mercado de trabajo; no obstante, se presta mayor atención a la formación profesional como instrumento de activación del crecimiento.

Con respecto al espíritu de empresa, el objetivo de la política sueca es fomentar un clima económico general favorable y aprovechar plenamente el potencial de empleo de la sociedad de la información. Para ello, las iniciativas se orientan, entre otras cosas, hacia el desarrollo de las aptitudes básicas en informática de toda la población y la supresión de los obstáculos para el pleno aprovechamiento de las posibilidades de este sector.

La política de empleo sueca se basa en una buena colaboración entre el Gobierno y los interlocutores sociales a fin de crear condiciones que favorezcan la empleabilidad, la flexibilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Las iniciativas en este sentido se realizarán de manera conjunta.

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una piedra angular de la política gubernamental para garantizar un reparto más equitativo del crecimiento y el bienestar. Para alcanzar este objetivo general, es importante contar con servicios eficaces de guardería y cuidado de mayores, y poder beneficiarse del permiso de paternidad. Para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es importante también disponer de un régimen de prestaciones sociales y de fiscalidad basado en la persona.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

El PNA concede especial importancia a la mejora de las cualificaciones de los trabajadores y los desempleados con medidas tradicionales de mercado de trabajo, así como con nuevas iniciativas de formación permanente. Se está creando un sistema de información basado en internet para mejorar la información disponible para las pequeñas empresas y las empresas que inician sus actividades. En Suecia, la política de igualdad de oportunidades está bien desarrollada y se adoptaron medidas suplementarias en los PNA para compaginar la vida familiar y profesional.

El PNA sueco se ajusta plenamente a la estrategia europea de empleo al desarrollar una política de empleo ambiciosa y establecer objetivos claros. La combinación de las medidas es algo desequilibrada y la atención se concentra en mayor medida en la capacidad de inserción profesional y la igualdad de oportunidades. Aunque la puesta en práctica del pilar sobre la capacidad de adaptación sea algo insuficiente, en los PNA de este año se ha intentado mejorarla, sobre todo con respecto al desarrollo de las competencias. También se realizaron esfuerzos para mejorar el entorno empresarial, reduciendo en particular la carga administrativa que recae sobre las empresas.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: El enfoque preventivo se aplicó con éxito en el caso de los jóvenes. Alrededor del 90 % de todos los jóvenes en paro comenzaron su plan individual antes del umbral de los seis meses. El indicador de resultados muestra que sólo el 3 % de dichos jóvenes llega a pasar a la situación de desempleo a largo plazo. En cuanto a los adultos, el 93 % se benefició de un plan de acción individual antes de llegar a los doce meses en paro; no obstante, la tasa de incorporación al desempleo de larga duración es entre estos últimos (15 %) mucho más elevada que entre los jóvenes y es claramente superior a la de 1998. Esta diferencia entre adultos y jóvenes se explica por la clara prioridad nacional concedida a los jóvenes, según la cual cada joven en paro debe poder beneficiarse de un plan de acción individual antes de pasar cien días en paro. Además de fomentar la capacidad de formación profesional a largo plazo mediante el sistema de enseñanza general, en Suecia el centro de atención político se ha desplazado y se concede más importancia las medidas de formación que a los sistemas de ayuda para la búsqueda de empleo. Al ser esas medidas más costosas, se podrá ayudar a un número menor de personas con el mismo presupuesto, con el riesgo subsiguiente de que más adultos se vean afectados por el desempleo de larga duración. La tasa de activación sueca rebasa, con el 86 %, el objetivo establecido para la UE.

La iniciativa «incentivos generales para la contratación de trabajadores» se puso en práctica con éxito y afectó a unas 10 000 personas al mes en 1999. El 63 % de ellas consiguió un puesto de trabajo. En octubre de 1999, se aplicó la medida «incentivos ampliados para la contratación de trabajadores», que hasta marzo de 2000 afectó a unas 2 600 personas al mes; esta nueva medida prevé un crédito fiscal más importante para los empresarios que contraten a trabajadores en paro desde hace más de dos años. Está en marcha la iniciativa para dar a los profesores la posibilidad de actualizar sus conocimientos en TIC.

Espíritu de empresa: Se adoptaron algunas medidas para reducir las carga administrativa que recae sobre las empresas; entre ellas, la más importante es la simplificación del registro de las empresas en la administración nacional de hacienda y la oficina de patentes y registro. Para mejorar la información disponible para las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación, se creará un sistema basado en internet. En 1999, cada región preparó un plan de crecimiento regional que hace hincapié en la importancia de aumentar los conocimientos y apoya el aprendizaje a lo largo de la vida para responder a las necesidades regionales y locales.

Adaptabilidad: La legislación laboral sueca es en gran parte facultativa y se completa con convenios colectivos entre los interlocutores sociales. De aquí las grandes diferencias entre las prácticas profesionales de los distintos sectores. El trabajo a tiempo parcial está muy extendido en Suecia, sobre todo entre las mujeres. No obstante, aproximadamente un tercio de los trabajadores a tiempo parcial desea aumentar su jornada laboral. Los progresos realizados en el pilar de la capacidad de adaptación son, sin embargo, imprecisos, lo que dificulta la evaluación del PNA de 1999.

Igualdad de oportunidades: la utilización del subsidio parental por los hombres aumentó en 1999 hasta situarse en el 33 %. La introducción del «mes del padre» incidió claramente en la parte del subsidio parental utilizado por los padres. Alrededor del 70 % de los padres de niños nacidos en 1995 y 1996 se beneficiaron del subsidio parental durante los dos primeros años de vida de sus hijos. Este porcentaje era del 60 % en 1993.

Interlocutores sociales: El diálogo entre el Gobierno y los interlocutores sociales continuó y se intensificó durante la preparación del PNA. Se concluyeron acuerdos tripartitos, sobre todo en ámbitos relacionados con la educación, la formación y el desarrollo de las competencias durante la vida profesional. Los interlocutores pusieron de relieve la necesidad de una política de empleo diferenciada e individualizada. El consenso a nivel central es un criterio importante para una economía estable y sana, y hará más fácil llegar a un acuerdo a escala local.

FSE: La importancia del FSE como instrumento para aplicar la estrategia de empleo es más visible en el PNA de este año. La tarea más importante del FSE en el periodo de programación 2000-2006 será reforzar el desarrollo de las competencias de los trabajadores y los parados.

4. Nuevas iniciativas

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo suecas

(1) Adoptar medidas para reducir la elevada presión fiscal sobre las rentas del trabajo, en particular para los trabajadores con remuneraciones netas más bajas;

(2) Examinar, en el contexto de la integración de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las demás políticas, las maneras de reducir los actuales niveles de discriminación por sectores y profesiones en el mercado de trabajo.

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Suecia debería adoptar medidas para reducir la elevada presión fiscal sobre las rentas del trabajo, en particular para los trabajadores con remuneraciones netas más bajas. Como primera etapa de una reforma fiscal general, a partir del 1 de enero de 2000 se redujo el tipo impositivo aplicado a los salarios más bajos y medios. Se adoptaron algunas medidas para reducir los impuestos del trabajo peor remunerado reduciendo la contribución fiscal individual y aumentando el límite para el pago del impuesto nacional. Además, se incrementó el nivel mínimo de ingresos para el pago del impuesto nacional: el objetivo es que este impuesto sea pagado por el 15 % como máximo de los contribuyentes en lugar del 18 % actual (19 % en 1999).

Suecia debería examinar, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, el modo de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en diferentes sectores y categorías profesionales. El mercado de trabajo sueco presenta un alto nivel de segregación entre hombres y mujeres. No obstante, el plan expone también los efectos beneficiosos que el desarrollo del sector de los servicios públicos tendría para el empleo femenino (por ejemplo, los servicios de guardería, etc.). Para abordar el problema de la segregación, se realizaron algunas acciones, sobre todo a nivel del sistema educativo, para influir en las elecciones de enseñanza superior de los alumnos. Además de estas medidas específicas, las medidas activas de mercado de trabajo contribuyen también a influir en las elecciones profesionales de mujeres y hombres. Aunque los resultados de estas medidas sólo serán apreciables a largo plazo, deberían proseguirse los esfuerzos en este sentido.

4.2. Otras iniciativas

Los acuerdos para el crecimiento regional se aplicarán en 2000 para reforzar la colaboración entre los diferentes agentes a nivel local y regional y para encontrar medidas de fomento del crecimiento y el empleo. La mayoría de las escuelas están conectadas a internet (en el 85 % de las escuelas primarias y el 88 % de los centros de secundaria los alumnos tienen acceso a internet).

En el marco de la empleabilidad, se hace hincapié en las personas con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo y, en este sentido, se propone aumentar los incentivos para la contratación de trabajadores. La duración y amplitud de dichos incentivos dependerán de la duración del periodo de desempleo del trabajador. Es decir, que cuanto más grave sea el problema más importante será el incentivo. Además, se introducirá una «garantía de actividad» a fin de romper el círculo vicioso para los trabajadores que hayan estado más de dos años en paro, ofreciéndoles una actividad estable y duradera hasta que encuentren un puesto de trabajo en jornada completa. Con ello, nadie rebasará los dos años de paro. Además, se está reformando el seguro de desempleo para reforzar su papel de seguro de ajuste. El objetivo es precisar qué debe hacer una persona cuando busca un trabajo y reforzar las condiciones de movilidad geográfica y profesional. Para favorecer la participación de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, el Gobierno propondrá más tarde durante este año que pueda prolongarse la vida activa hasta los 67 años de edad.

Con respecto al espíritu de empresa, continuó la simplificación administrativa tanto para la creación de nuevas empresas como para la ampliación de empresas existentes. El Gobierno piensa crear un nuevo organismo para el desarrollo empresarial resultante de la fusión de partes de las administraciones existentes, que, según se espera, ofrecerá mejores servicios de apoyo a los empresarios y futuros empresarios. Además, el Gobierno prevé reducir la presión fiscal sobre los salarios bajos y medios. Más allá de las recomendaciones, el Gobierno sueco adoptó otras medidas en el sentido de las ecotasas al aumentar los impuestos sobre el diesel, la electricidad y la energía nuclear. Los ingresos de estos incrementos impositivos permitirán realizar deducciones fiscales relacionadas con el desarrollo de las competencias individuales.

El pilar de la adaptabilidad se reforzó en relación con PNA anteriores. En la primavera de 2000, el Gobierno piensa presentar, a petición del Parlamento sueco, un proyecto que permitirá a los empresarios hacer una excepción (en cada lugar de trabajo) a las normas prioritarias de la ley de protección del trabajo con respecto a dos trabajadores. También se estableció el objetivo de reducir el número de «parados a tiempo parcial», es decir, las personas que desean aumentar su jornada laboral, un objetivo que, mediante un acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales pertinentes, pretende reducir el número de estas personas de las 30 000 actuales a 15 000. El Gobierno sueco dedicó más de 117 millones de ecus para fomentar el ahorro individual a fin de mejorar las cualificaciones. Este estímulo adoptará la forma de una deducción fiscal.

En el pilar de la igualdad de oportunidades, se hace hincapié en las medidas encaminadas a combatir las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y a continuar trabajando para integrar la igualdad entre mujeres y hombres en las actividades cotidianas de todos los ámbitos políticos a nivel central, regional y local. También se reforzó la política familiar. Entre otras cosas, más tarde durante este año, se introducirá un «mes del padre» adicional para que los hombres se sientan motivados a utilizar en mayor medida el permiso parental. Además, como primer paso en la formación permanente, a partir del 1 de enero de 2003 se generalizará la enseñanza preescolar para los niños de cuatro y cinco años, y se limitarán las tasas pagadas por los servicios de guardería; estas son algunas de las acciones que se presentarán al Parlamento en un proyecto de ley en la primavera de 2000.

>SITIO PARA UN CUADRO>

REINO UNIDO

Conclusiones

Apreciación general: El crecimiento favorable del empleo continúa en el Reino Unido, aunque deben solucionarse algunos problemas estructurales. El mercado de trabajo se está haciendo más rígido y comienza a haber escasez de cualificaciones en algunos sectores, sobre todo en profesiones relacionadas con las TI, así como una falta de competencias básicas y generales. Aunque está disminuyendo, el desempleo de larga duración afecta en gran parte a las familias sin trabajo, los grupos desfavorecidos y algunas zonas geográficas con problemas asociados de exclusión social. La tasa de familias monoparentales que trabajan en el Reino Unido es la más baja de la UE. La tasa de incorporación al desempleo de larga duración de jóvenes y adultos (17 % y 11 % respectivamente) sigue estando por encima de la de los Estados miembros con mejores resultados.

Combinación de políticas: El PNA de este año se fija un objetivo más ambicioso de pleno empleo. Las medidas están mejor repartidas entre los pilares, pero se hace mayor hincapié en la solución de los problemas de exclusión social y la reincorporación al trabajo de las personas no activas.

Respuesta a las recomendaciones: El salario mínimo ayuda a las mujeres peor remuneradas y reduce las diferencias retributivas entre hombres y mujeres, que están entre las más importantes de Europa. Las cifras indican que en 1999 las diferencias retributivas por hora trabajada en jornada completa se redujeron en un punto porcentual y fueron del 19 %. Un abanico más amplio de medidas para hacer evolucionar los estereotipos en materia de empleo relacionados con la pertenencia a uno u otro sexo y resolver las discriminaciones podría reducir aún más ese porcentaje.

La contribución al PNA de los dos principales interlocutores sociales del Reino Unido refleja una relación más estrecha con el Gobierno. Hay signos más claros de acciones específicas a todos los niveles de la economía, sobre todo a escala local. La participación a nivel nacional podría incrementarse aún más.

Los actuales sistemas de seguimiento estadístico permitieron calcular la mayoría de los indicadores de las políticas. Con respecto a la activación, el Reino Unido facilita dos indicadores: uno, que aplica la definición común, deja ver que el Reino Unido está muy por debajo del objetivo del 20 %; con arreglo al otro, que utiliza la definición británica más amplia, incluido el consejo y el asesoramiento intensivos, el Reino Unido alcanza el 100 %.

Se realizan reformas para paliar las carencias en materia de servicios de guardería. En el marco de las iniciativas actuales, el número de plazas de guardería financiadas por el Estado aumentó en 17 000. Este progreso contribuirá a disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres con respecto al empleo, que suponen más de tres millones de puestos de trabajo.

Desafíos futuros: El Reino Unido se enfrenta a algunos problemas en lo relativo a las políticas de mercado de trabajo. El principal punto débil del apoyo activo para evitar el desempleo de larga duración de los adultos es la excesiva confianza depositada en la búsqueda intensiva de empleo mediante el sistema de «Job Seekers Allowance» (JSA) (subsidio para la búsqueda de trabajo). La mayoría de los adultos no reciben un apoyo más importante hasta que no han pasado veinticuatro meses en paro, momento en que pueden acceder al «New Deal» (nuevo pacto). Las importantes medidas de formación permanente esperan todavía su plena aplicación tres años después de haber sido anunciadas. Se dispone de poca información que permita medir los progresos realizados para cumplir los objetivos nacionales. Además, las medidas deben dirigirse a las personas con problemas de cualificación básica y mostrar cómo se garantizará la posibilidad de acceder a la formación de dichas personas. Este es un problema especialmente importante para los trabajadores de más edad. Los interlocutores sociales tienen un papel importante que desempeñar en el fomento del aprendizaje en la empresa, para conseguir alcanzar los niveles básicos de cualificación y ayudar a resolver la baja productividad de la mano de obra.

1. Situación de la economía y del empleo

En 1999, se asistió a un crecimiento en términos reales del PIB y del empleo, que se plasmó en un incremento de la tasa de empleo, que llegó al 70,4 %. La tasa de empleo femenino aumentó, mientras que la de los hombres permaneció relativamente estable. Ese incremento se debe sobre todo al mayor número de puestos de trabajo en jornada completa. Sigue habiendo una gran diferencia entre la tasa de empleo femenino y su equivalente a tiempo completo, aunque este indicador es menos pertinente en el Reino Unido. Las tendencias del trabajo muestran que la frontera entre trabajo a tiempo parcial y trabajo a tiempo completo es cada vez más difusa. La tasa de empleo del grupo de edad 15-24 disminuyó debido a la mayor participación de sus miembros en la educación. La tasa de empleo de los trabajadores de más edad está por encima de la media comunitaria. El mercado de trabajo es más rígido y comienza a haber escasez de personal cualificado en algunos sectores, sobre todo en el de las TI. El crecimiento de la productividad fue ligeramente inferior a la media comunitaria en 1999 y los niveles siguen siendo inferiores a los de los competidores más importantes.

La tasa de paro descendió al 6,1 % en 1999. La tasa de desempleo femenino sigue siendo inferior a la de los hombres. La tasa de desempleo de los jóvenes es superior a la media comunitaria. El desempleo de larga duración sigue disminuyendo y se sitúa por debajo de la media comunitaria. El desempleo y la inactividad afectan cada vez más a los hombres de más edad, los grupos desfavorecidos y a algunas comunidades pobres donde el número de familias sin trabajo es elevado. Las variaciones regionales del desempleo siguen siendo acusadas, aunque se mencionan también como un problema las disparidades subregionales.

2. Estrategia general de empleo

El PNA presenta una estrategia ambiciosa: conseguir el pleno empleo y garantizar a todos la posibilidad de trabajar. Con la tasa de desempleo en su nivel más bajo de los últimos veinte años, el problema del Reino Unido es la necesidad cada vez más imperiosa de aumentar la mano de obra. El pilar sobre la capacidad de inserción profesional establece la estrategia tendente a «conseguir que el trabajo sea económicamente atractivo». Las reformas fiscales y de los sistemas de prestaciones sociales tienen por objeto eliminar los factores disuasorios para reincorporarse al trabajo y solucionar los problemas asociados de exclusión social. El Reino Unido estableció varios objetivos para 2002: incrementar la participación en la formación permanente, aumentar los niveles de cualificación, reducir en un tercio las cifras de abandono escolar prematuro y conectar todas las escuelas a internet. Las iniciativas locales de creación de empleo son un objetivo prioritario del Gobierno británico y de las administraciones encargadas de resolver los problemas de las disparidades regionales en materia de creación de empleo y de perspectivas profesionales. El pilar de la capacidad de adaptación se concentra en el mantenimiento de una mano de obra flexible y en medidas que garanticen niveles mínimos de igualdad.

3. Evaluación del progreso

3.1. Apreciación general

El PNA presenta en detalle cómo se combinan las iniciativas en el Reino Unido para abordar las cuestiones relativas al mercado de trabajo. No obstante, al no distinguir entre medidas existentes y nuevas, a menudo resulta difícil saber qué nuevos progresos se han realizado. No se mencionan algunas nuevas medidas importantes, especialmente en el ámbito de la integración social. No obstante, el PNA presenta una combinación de políticas más equilibrada, sobre todo entre los dos primeros pilares. El pilar de la capacidad de inserción profesional sigue siendo más importante, pero en el PNA de este año se presta más atención al espíritu de empresa. El pilar sobre la capacidad de adaptación confirma de nuevo la búsqueda de un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, y los interlocutores sociales confirman esta necesidad, pero parece que hay pocas iniciativas nuevas. También se facilita poca información sobre el modo en que el Reino Unido se ocupará de la productividad laboral.

El Reino Unido continúa su orientación hacia una política de empleo más activa y preventiva desde el inicio de la estrategia europea de empleo. Otros progresos en este sentido son apreciables en los pilares relativos a la capacidad de inserción profesional, el espíritu de empresa y la igualdad de oportunidades. Se observan pocos cambios en las iniciativas sobre la capacidad de adaptación. Algunas medidas anunciadas en los PNA anteriores, como el salario mínimo y el «New Deal» empiezan a influir en el mercado de trabajo, pero, en general, el PNA podría ofrecer mayores detalles sobre los resultados de las iniciativas.

3.2. Ejecución del plan nacional de acción de 1999

Empleabilidad: El PNA ofrece toda una serie de indicadores de entrada en las medidas y de resultados, aunque no desglosados por sexos. Con respecto a las directrices 1 y 2, el carácter activo del sistema JSA significa que todos los solicitantes de empleo tienen acceso a un «nuevo comienzo» antes del sexto o duodécimo mes de desempleo. La tasa de cumplimiento del 100 % está relacionada con sanciones estrictas a nivel de las prestaciones. El indicador de entrada en las medidas de la directriz 3 se discute en el apartado 4.1. Las medidas fundamentales del enfoque activo siguen siendo las iniciativas «New Deal». Los datos de que se dispone sugieren que el «nuevo pacto» para los jóvenes está incidiendo en los niveles de salida de la situación de paro. Actualmente, 1,4 millones de trabajadores se benefician de la reforma fiscal para apoyar el trabajo de las personas peor remuneradas mediante el Working Families Tax Credit (WFTC) (crédito fiscal para familias que trabajan). El salario mínimo se paga a 1,5 millones de trabajadores con bajos ingresos, en su mayoría mujeres. Estas medidas, unidas a la reducción del tramo inicial del impuesto sobre la renta eliminan los factores desincentivadores para la vuelta al trabajo. El «New Deal» para las personas de 50 o más años de edad y el «New Deal» para las personas con discapacidad benefician a las personas de más edad inactivas o en paro.

La política del Reino Unido fomenta el aprendizaje permanente para aumentar el bajo nivel de las cualificaciones básicas. Se han fijado objetivos nacionales ambiciosos. El PNA menciona el papel de la cooperación en la aplicación de la estrategia, pero no explica suficientemente la importancia que le concede el Gobierno. Hay pocos datos sobre el modo en que las iniciativas centrales van a llegar las personas con problemas de cualificaciones básicas y sobre cómo se garantizará el acceso de los grupos situados en el lado malo de la «línea divisoria de los conocimientos». Este problema se plantea con especial agudeza en el caso de los trabajadores de más edad. Hay iniciativas importantes que no se han puesto en marcha tres años después de haber sido anunciadas. La «Universidad para la industria» no empezará sus actividades hasta el otoño de 2000 y los centros de aprendizaje de TI no funcionarán a nivel nacional hasta 2002.

Espíritu de empresa: El Reino Unido presenta uno de los mejores resultados en materia de empleo en el sector de los servicios. El Reino Unido es uno de los países donde la creación de una empresa es más rápida y ocupa el segundo lugar entre los países con costes laborales no salariales más bajos. La reforma fiscal tiene por objeto eliminar los obstáculos para la creación y el funcionamiento de pequeñas y medianas empresas. La transferencia de competencias a Escocia, Gales, Irlanda del Norte y las regiones inglesas está teniendo una incidencia en este pilar. Los organismos ingleses de desarrollo regional y las administraciones competentes deben elaborar estrategias para aumentar las cualificaciones y fomentar la creación de puestos de trabajo. El trabajo de los organismos locales es fundamental para promover el espíritu de empresa y afrontar el problema de la exclusión social.

Adaptabilidad: Los interlocutores sociales reafirman la necesidad de conseguir un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Este principio recibió el apoyo de la ley de relaciones laborales de 1999. El PNA reconoce el problema persistente del bajo crecimiento de la productividad laboral en el Reino Unido, pero no menciona los primeros resultados de las medidas realizadas en este ámbito. El PNA comienza explicando en detalle las medidas adoptadas por el Gobierno y los interlocutores sociales para fomentar la formación en el trabajo mediante iniciativas tales como el fondo de formación sindical y el fondo de cooperación. No se menciona el papel importante que en este pilar tiene el grupo de trabajo nacional sobre las competencias.

Igualdad de oportunidades: La oferta de servicios de guardería y las iniciativas sobre las diferencias retributivas entre mujeres y hombres se examinan en el apartado 4.1. La introducción de un apoyo en el trabajo a través del WFTC ayuda a los padres a reincorporarse al trabajo. El PNA menciona el nuevo pacto para familias monoparentales (New Deal for Lone Parents, NDLP), que intenta ayudar a estas personas a incorporarse al mundo del trabajo. No obstante la tasa de incorporación sigue siendo baja. El «Servicio de la mujer» del Gobierno es responsable del control de todas las nuevas medidas para garantizar la consideración adecuada de la igualdad entre hombres y mujeres. Además, el Gobierno y las administraciones competentes exigen que toda nueva medida legislativa incluya una declaración sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Interlocutores sociales: Los acuerdos entre los interlocutores sociales se abordan en el punto 4.1.

El FSE y los Fondos Estructurales: El PNA explica bien el papel que desempeñan los Fondos Estructurales y que desempeñarán en la aplicación de la estrategia europea de empleo. El FSE y el FEDER han contribuido ya a los objetivos del PNA. Asimismo, se indica también cómo se utilizarán los Fondos Estructurales, en particular el FSE, para apoyar al PNA en el periodo de programación 2000-2006. El FEDER desempeñará un papel fundamental para tratar de resolver las variaciones locales respecto a la creación de puestos de trabajo, así como para promover el espíritu de empresa y la capacidad de adaptación; el FSE tendrá un importante papel en todos los pilares, pero sobre todo para responder a las recomendaciones del Consejo. Esta estrategia se reforzará mediante el compromiso del Gobierno de aportar una contribución igual a la de los Fondos Estructurales; ello ayudará a alcanzar los objetivos del PNA.

4. Nuevas iniciativas

4.1. Iniciativas que se tomaron en respuesta a las recomendaciones

Recomendaciones del Consejo en 1999 sobre la ejecución de las políticas de empleo británicas

(1) Centrar sus esfuerzos en la cuestión de la diferencia salarial entre hombres y mujeres y poner en práctica políticas apropiadas al respecto, basándose, entre otras cosas, en los efectos positivos que pueden esperarse de la introducción del salario mínimo en 1998.

(2) Fomentar un enfoque participativo y promover compromisos concretos de los interlocutores sociales a todos los niveles en cuanto a la modernización de la organización del trabajo, al objeto de conseguir que las empresas sean más productivas y competitivas y de lograr el necesario equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad.

(3) Mejorar el sistema de seguimiento estadístico, de manera que en 2000 pueda disponerse de indicadores sobre la prevención y la activación que sean conformes a las definiciones y métodos comunes.

(4) Proseguir sus esfuerzos para expandir y mejorar la calidad de las medidas de cuidado de los hijos, principalmente para posibilitar que las mujeres participen más en el trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo, según sus preferencias.

El salario mínimo empezó ya a beneficiar a las mujeres, que están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores peor remunerados. Aunque se están reduciendo, los niveles de discriminación en función del sexo en el Reino Unido son de los más elevados en la UE. Un abanico más amplio de medidas para hacer evolucionar los estereotipos en materia de empleo traería nuevas reducciones. Con respecto a esta recomendación, no se menciona la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial, que garantizará a los trabajadores a tiempo parcial del Reino Unido, 80 % de los cuales son mujeres, una retribución y condiciones de trabajo más justas.

El PNA adopta un enfoque participativo más transparente. Los interlocutores sociales aportaron un texto común para su sección del PNA. Los acuerdos de asociación funcionan de manera diferente en el Reino Unido, y el PNA ofrece buenos ejemplos prácticos, que muestran cómo funcionan los acuerdos adoptados a nivel local y de empresa, aunque ello dificulte a veces la evaluación de los progresos. Los interlocutores sociales son la clave para resolver problemas tales como la exclusión social. A nivel nacional, podría intensificarse su participación. Los interlocutores sociales acogen con satisfacción la creación del «fondo de cooperación», que tiene por objeto el apoyo a proyectos realizados en el lugar de trabajo. Estos proyectos fomentan la cooperación y la formación, y algo importante, aportan buenos ejemplos de buena práctica en el contexto de dispersión de la colaboración del Reino Unido. Las consultas con las administraciones competentes y las regiones inglesas mejoraron con respecto al año pasado.

Los sistemas de seguimiento estadístico actuales permitieron calcular la mayoría de los indicadores sobre prevención y activación. Respecto a la directriz 3, con arreglo a la definición común del indicador, 8,7 % de los desempleados se benefician de una formación activa. Aunque este porcentaje es más alto que el del año pasado, queda muy por debajo del objetivo del 20 %. El PNA señala que esa cifra no refleja adecuadamente la ayuda prestada mediante las medidas activas de mercado de trabajo de la directriz 3. Si se utiliza la definición británica más amplia de ayuda, que tiene en cuenta también el asesoramiento y la ayuda para la búsqueda de empleo, puede incluirse el sistema JSA y algunas otras iniciativas. De este modo, el Reino Unido llega al 100 %.

El PNA de este año refuerza las medidas de fomento de los servicios de guardería. Aplica una estrategia clara y reconoce abiertamente que el Reino Unido ha mejorado lentamente la calidad de dichos servicios, haciéndolos más asequibles y accesibles. Con las iniciativas actuales, se aumentó en 170 000 el número de plazas de guardería financiadas con fondos públicos. El WFTC incluye un crédito para subvencionar los costes del cuidado de los hijos. La aplicación local de la estrategia para el cuidado de los hijos está pensada para que la oferta responda a la demanda local. Deben proseguirse los esfuerzos si el Reino Unido quiere conseguir que más mujeres se incorporen al trabajo y favorecer, de este modo, el crecimiento del empleo. A pesar de los altos niveles de participación, el potencial de mano de obra femenina sigue siendo grande teniendo en cuenta la diferencia de las tasas de empleo femenina y masculina (tres millones de puestos de trabajo).

4.2. Otras iniciativas

Empleabilidad: Se amplió el abanico de iniciativas New Deal para ayudar a un conjunto más amplio de desempleados. Las personas de más de 50 años, activas o en paro, pueden beneficiarse ahora del New Deal para los mayores de 50 años. A partir de abril de 2001, los adultos en paro desde hace dieciocho meses podrán beneficiarse de un New Deal para mayores de 25 años más intensivo. Las medidas recientes se basan en la reforma del régimen de prestaciones sociales y de fiscalidad e incluyen una serie muy grande de medidas encaminadas a eliminar los factores financieros disuasorios y a «hacer el trabajo económicamente más atractivo». Las modificaciones de los subsidios de la renta, la ampliación de los pagos de los subsidios de alojamiento y un subsidio de empleo tienen por objeto favorecer el paso al mundo del trabajo. En 2003, un crédito fiscal para el empleo extenderá el principio del WFTC a las personas sin hijos. A partir de 2001, se fusionarán las competencias del SPE y una gran parte de las del organismo responsable de las prestaciones sociales. El Gobierno está invirtiendo en iniciativas para modernizar el SPE, incluido un servicio de búsqueda telefónica, una central de llamadas y un sitio internet «aprendizaje y base de datos de puestos de trabajo», que dará acceso en línea a todos los SPE y a muchas otras ofertas de trabajo.

La red de centros de asesoramiento en materia de aprendizaje y competencias (Learning and Skills Councils) inició sus actividades en abril de 2001 y desempeñará un papel fundamental para mejorar la participación en la formación permanente y garantizar la flexibilidad para responder a las necesidades locales de competencias. No se mencionan nuevas evoluciones importantes en el ámbito de la formación permanente, tales como la nueva unidad estratégica para las cualificaciones básicas de los adultos (Adult Basic Skills Strategy Unit), creada por el Gobierno a raíz del informe Moser. El incremento de los niveles educativos constituye una prioridad. En 2002, el Gobierno piensa reducir en un tercio las tasas de absentismo escolar, asistencia irregular y exclusión. El programa nacional inglés revisado (English National Curriculum) tiene por objeto facilitar a los que salen de la escuela las competencias necesarias para la mano de obra en el mundo moderno. En 1999, el 62 % de las escuelas de primaria y el 93 % de las de secundaria estaban conectadas a internet y el objetivo para 2002 es conectar todos los centros de enseñanza a internet.

Espíritu de empresa: El Gobierno quiere hacer del Reino Unido «el mejor lugar del mundo para el comercio electrónico en 2002». La estrategia de crecimiento del empleo en el sector de las TI se concentra en la supresión de los obstáculos al comercio y en el fomento de la inversión mediante la concesión de ventajas fiscales. El presupuesto de 2000 introdujo deducciones de capital al 100 % para las pequeñas empresas que adquieran equipos informáticos. La gama de medidas locales de creación de puestos de trabajo para combatir la exclusión social es muy importante, pero no queda reflejada por entero en el PNA. Tanto el New Deal for Communities como las «zonas de empleo», que se pusieron en marcha en abril de 2000 en quince regiones, se centrarán en los lugares donde hay bolsas de desempleo importantes. No obstante, no se mencionan, o se hace de pasada, nuevas iniciativas como los «equipos de acción para el empleo» y la especial atención concedida al empleo y el desarrollo de las competencias en la estrategia nacional para la rehabilitación de los barrios (National Strategy for Neighbourhood Renewal).

Adaptabilidad: En julio de 2000, la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial mejorará la legislación actual y garantizará un trato más equitativo al número importante de trabajadores a tiempo parcial del Reino Unido. La unidad «impacto reglamentario» (Regulatory Impact Unit) garantiza que los nuevos reglamentos sean transparentes y suficientemente específicos. Además de esto, el PNA presenta pocas nuevas medidas para continuar mejorando la seguridad y la flexibilidad.

Igualdad de oportunidades: Las iniciativas recientes se centran en la solución de las diferencias en función del género y la mejora de la compaginación entre la vida familiar y profesional para fomentar la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Debería prestarse especial atención a las familias monoparentales. El Reino Unido exhibe entre éstos la tasa de participación más baja en el mercado de trabajo dentro de la UE, y debería aprovechar las lecciones importantes del NDPL (New Deal for Lone People) y los cambios introducidos en él para reforzar su política en este ámbito. La coherencia de la integración de las cuestiones de género en el PNA mejoraría si se demostrara mejor qué incidencia tienen para la igualdad entre hombres y mujeres las medidas en la materia.

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Anexo

INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO - ANEXO ESTADÍSTICO - Definiciones, cuadros y gráficos

(presentado por la Comisión)

Definiciones de indicadores

Indicadores básicos de resultados

Indicadores sobre el empleo

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* los indicadores 2, 3 y 4 se desglosarán por sexo

Indicadores de desempleo [todos los indicadores se desglosarán por sexo]

>SITIO PARA UN CUADRO>

Indicadores económicos relacionados con el empleo

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Indicadores políticos para las Directrices 1 a 3

Directrices 1-2

Variables

A: número de jóvenes (adultos) que quedaron en paro en el mes X

B: número de jóvenes (adultos) que siguen estando en paro al final del mes X+6 (12) sin interrupción

C: número de jóvenes (adultos) que quedaron en paro en el mes X y comenzaron un plan de acción individual concreto antes del mes X+6 (12)

D: número de jóvenes (adultos) que quedaron en paro en el mes X, que siguen estando en paro al final del mes X+6 (12) y que no han comenzado un plan de acción individual

Indicadores

Input

Indicador de esfuerzo: porcentaje de jóvenes/adultos que quedaron en paro en el mes X y que han comenzado un plan de acción individual antes de alcanzar un periodo de desempleo de 6/12 meses C/A

Tasa de incumplimiento: porcentaje de jóvenes/adultos que quedaron en paro en el mes X, que siguen estando en paro en el mes X+6/12 y que no han comenzado un plan de acción individual D/B

Output

Tasa de entrada en el desempleo de larga duración: porcentaje de jóvenes (adultos) que siguen en paro al final del mes X+6 (12) sin interrupción B/A

Directriz 3

Variables

E: número de participantes en medidas de formación y medidas similares que estaban anteriormente en paro (media anual) (1)

F: número de desempleados registrados (media anual) (1)

Indicadores

Input

Tasa de activación (E)/(F): número de participantes en medidas de formación y medidas similares que estaban anteriormente registrados como desempleados, en relación con el número de desempleados registrados (medias anuales). Desglosada por tipo de medidas

Output

Tasa de retorno al desempleo (después de participar en una medida). Desglosada por tipo de medidas

Facultativo:

Tasa de retorno al empleo (después de participar en una medida). Desglosada por tipo de medidas

(1) Preferentemente medias anuales basadas en mediciones mensuales

Indicadores estructurales de resultados

Indicadores de la educación y la formación

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*Estos dos indicadores se utilizarán de manera combinada para responder al objetivo de la Directriz: «dotar a las escuelas con material informático y facilitar el acceso de los estudiantes a internet».

Indicadores del espíritu de empresa

>SITIO PARA UN CUADRO>

Indicadores de la fiscalidad - Directriz 14

>SITIO PARA UN CUADRO>

Indicadores sobre la igualdad entre hombres y mujeres

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Cuadro 1 - Indicadores mencionados en los PNA para el seguimiento de las Directrices 1-2 y 3

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente PNA 2000. Análisis de la DG EMPL.

Cuadro 2 - Indicador de resultados (entrada en el desempleo de larga duración)

Jóvenes desempleados

>SITIO PARA UN CUADRO>

Adultos desempleados

>SITIO PARA UN CUADRO>

* observación de 3 meses

(1) Datos no comparables con otros Estados miembros porque las salidas de menos de 3 meses no interrumpen los períodos de desempleo registrado

(2) Dudosa fiabilidad de los datos

(3) Datos no comparables debido al cambio de la base de cálculo

(4) Estimación basada en el indicador nacional facilitado

(5) Los datos sólo se refieren a los desempleados asegurados

Cuadro 3 - Indicadores de entradas en las diferentes medidas

Jóvenes desempleados

>SITIO PARA UN CUADRO>

Adultos desempleados

>SITIO PARA UN CUADRO>

* Datos revisados facilitados en el informe 2000

** Cifras estimadas sobre la base de los datos nacionales

(1) Dudosa fiabilidad de los datos

(2) Cálculo derivado de los indicadores nacionales

(3) Observaciones de 3 meses

(4) Tasa de incumplimiento no comparable entre un año y otro (por cambio de la base de cálculo)

(5) El indicador sólo se refiere a los desempleados asegurados

Cuadro 4: Tasa de activación 1999

>SITIO PARA UN CUADRO>

(a) Primeros tres trimestres de 1999 (b) No hay datos de los Länder y las autoridades locales sobre participación en las medidas de formación (c) Basado en el desempleo registrado, incluidos los solicitantes de un puesto de aprendizaje (d) La mayoría de las medidas del Reino Unido son medidas de formación y educación (..) Cifras de 1998, ICE1999, página 37. Las cifras de Dinamarca correspondientes a 1998 proceden del PNA 2000 de dicho país

Cuadro 5: Número de estudiantes por ordenador

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Cuadro 6: Porcentaje de escuelas conectadas a internet

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuentes de los cuadros 5 y 6: OCDE, Análisis de la política educativa

Bélgica = Comunidad flamenca

Años de referencia: 97, 98

*Datos procedentes del los Planes Nacionales de Acción para el empleo

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