Help Print this page 
Title and reference
Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación del Reglamento (CEE) n° 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro

/* COM/2000/0325 final */
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52000DC0325

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación del Reglamento (CEE) n° 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro /* COM/2000/0325 final */


INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro

1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento (CEE) n° 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales [1], es aplicable desde el 30 de marzo de 1993. Según su artículo 10, la Comisión debe enviar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de dicho texto cada tres años. La Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, fue adoptada el 15 de marzo de 1993 por el Consejo [2]. En su artículo 16 se dispone que los Estados miembros deben presentar a la Comisión cada tres años un informe sobre su aplicación y que a continuación la Comisión debe dirigir al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva.

[1] DO L 395 de 31.12.1992, p. 1.

[2] DO L 74 de 27.3.1993, p. 74.

Habida cuenta de la complementariedad del Reglamento (CEE) nº 3911/92 y de la Directiva 93/7/CEE, la Comisión ha considerado oportuno elaborar un informe único sobre la evaluación de su aplicación.

Como los Estados miembros no le habían enviado ningún informe, la Comisión les envió un cuestionario en 1996. Este ejercicio no pudo llevarse a buen a término ya que la mayoría de los informes y de las respuestas recibidas no eran aprovechables.

Una vez que la Directiva se hubo incorporado al ordenamiento nacional en todos los Estados miembros, la Comisión envió en mayo de 1999 cuestionarios relativos a la aplicación de la Directiva y del Reglamento. Las respuestas de los Estados miembros a dicho cuestionario [3] y su examen durante la reunión del Comité consultivo de bienes culturales [4] de 30 de noviembre de 1999, han permitido a la Comisión disponer de informaciones suficientes para elaborar el presente informe.

[3] Hasta el 25 de febrero de 2000 no se pudo disponer de todas las respuestas al cuestionario.

[4] Este Comité se creó en aplicación de las disposiciones del artículo 8 del Reglamento. Su función es asistir a la Comisión para examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación de dicho texto, así como a la aplicación del anexo de la Directiva (véase el artículo 17 de la Directiva).

2. MARCO GENERAL

2.1. El contexto

* En el marco del funcionamiento del mercado interior, el Reglamento (CEE) nº 3911/92 y la Directiva 97/3/CEE tienen como finalidad conciliar el principio fundamental de la libre circulación de los bienes culturales con el de la protección de los bienes que tienen rango de patrimonio nacional [5].

[5] Véanse los artículos 28 a 30 del Tratado CE y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas de 10 de diciembre de.1968, Comisión vs. Italia, (7/68, Rec. p. 617).

La protección del patrimonio nacional es competencia de los Estados miembros, por lo que, en principio, éstos pueden mantener sus regímenes nacionales de protección a condición de respetar las normas del Tratado CE. Ahora bien, a partir del 1 de enero de 1993, debido a la supresión de los controles en las fronteras físicas interiores, se hacen necesarias medidas complementarias del proceso de realización del mercado interior, para poder contar con medios adicionales para una protección adecuada de los bienes culturales [6].

[6] Véase "Comunicación al Consejo sobre la protección de los patrimonios artísticos, históricos y arqueológicos nacionales en vista de la supresión de las fronteras interiores en 1992", COM (89) 594 final.

La adopción de medidas a nivel comunitario se consideró necesaria puesto que dicha protección no podía garantizarse suficientemente por medio de la ratificación de la Convención de la UNESCO de 1970, relativo las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, ni del Convenio del Consejo de Europa de 1985 sobre las infracciones contra los bienes culturales.

El Reglamento establece un control preventivo uniforme de las exportaciones de bienes culturales en las fronteras exteriores de la Comunidad en virtud del cual las autoridades competentes (Cultura y Aduanas) de los Estados miembros desde los cuales los bienes culturales van a ser exportados hacia un tercer país pueden tener en cuenta los intereses de los demás Estados miembros. En efecto, sin dicho control, la supresión de los controles en las fronteras físicas interiores habría podido dar lugar a situaciones en las que un bien con rango de patrimonio nacional, sacado ilegalmente de un Estado miembro, podría ser presentado en la oficina de aduanas de otro Estado miembro para ser exportado fácilmente hacia un tercer país.

La Directiva sirve como complemento a este instrumento preventivo al establecer unos instrumentos y un procedimiento de restitución de los bienes con rango de patrimonio nacional cuando éstos han sido sacados ilegalmente del territorio de un Estado miembro. Si el Reglamento tiene como finalidad evitar que se pueda sacar sin control del territorio comunitario bienes con rango de patrimonio nacional, la Directiva, por su parte, organiza su devolución al Estado miembro de origen cuando éstos han sido sacados de este último de manera ilegal.

* En el ámbito internacional, conviene señalar que la Convención de la UNESCO de 1970 fue completado por la Convención UNIDROIT de 1995 sobre los objetos culturales robados o exportados ilegalmente. Esta nueva convención, cuyo ámbito de aplicación coincide en parte con el de la Directiva, prevé una cláusula de exclusión voluntaria, que permite a los Estados miembros que la ratifiquen hacer prevalecer la predominancia de la Directiva en las relaciones intracomunitarias.

* Habida cuenta del vínculo que los asuntos objeto del Reglamento y de la Directiva pueden tener con la delincuencia organizada, es preciso mencionar las prioridades de acción en el ámbito de la cooperación policial y judicial, previstas por los Tratado de Maastricht y de Amsterdam. En este sentido, puede señalarse el programa FALCONE sobre los intercambios, formación y cooperación de los responsables de la lucha contra la delincuencia organizada [7], programa que ha permitido apoyar proyectos tendentes a mejorar la cooperación policial y judicial.

[7] DO L 99 de 31.3.1998, p. 8.

* Por último, en el marco del programa IDA [8], se ha desarrollado un proyecto piloto de sitio Internet (ITCG Information for Transfer of Cultural Goods) destinado a los intercambios de información sobre la protección de los bienes culturales. Su finalidad es, por una parte, ofrecer una información general, abierta al público, sobre la normativa comunitaria, sobre la de los Estados miembros y sobre el mundo de la cultura (eventos, museos, etc.) y por otra parte, crear un instrumento al servicio de la Directiva y del Reglamento que permitan el intercambio rápido de información entre las autoridades centrales de los Estados miembros encargadas de los dos instrumentos, así como entre las autoridades competentes dentro de los estados miembros. En vista de los resultados del proyecto ITCTG, la Comisión y los Estados miembros deberán considerar la oportunidad de lanzar su fase operacional.

[8] DO L 203 de 3.8.1999, p. 1

2.2. Ámbito de aplicación del Reglamento y de la Directiva.

* El Reglamento (CEE) nº 3911/92 se aplica a los bienes culturales que figuran en su anexo. Los bienes se dividen en 14 categorías, que incluyen objetos arqueológicos, cuadros, grabados, libros, fotografías, etc. Los criterios de calificación del "bien cultural", criterios variables según la categoría, son la edad (más de 100, 75 o 50 años, según los casos), combinado con el criterio del valor mínimo (de 0 euros para determinados bienes culturales considerados como tales aunque su valor sea ínfimo, o incluso nulo, hasta 150 000 euros).

Sin embargo, determinados bienes arqueológicos de más de 100 años, cuyo interés científico o arqueológico es limitado y que no proceden directamente de excavaciones ni de emplazamientos arqueológicos, pueden excluirse de la exigencia de autorización contemplada por el Reglamento (CEE) nº 3911/92.

* Por lo que respecta a la Directiva 93/7/CEE, su ámbito de aplicación se extiende, en principio, a los bienes culturales que, además de pertenecer a las categorías reflejadas en su anexo (comunes a las del anexo de Reglamento), están clasificados como bienes con rango de patrimonio nacional por su valor artístico, histórico o arqueológico de acuerdo con la legislación y los procedimientos de los Estados miembros. Por lo que respecta a los bienes culturales que no pertenecen a ninguna de las categorías del anexo, únicamente las colecciones públicas y los inventarios de las instituciones eclesiásticas están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Dejando aparte esta excepción, los bienes con rango de patrimonio nacional que no son "bienes culturales" en el sentido del anexo están excluidos de la Directiva y por lo tanto están regidos por la legislación nacional de los Estados miembros, dentro del respeto de las normas del Tratado. Sin embargo, el primer apartado del artículo 14 de la Directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros hagan extensiva la obligación de restitución a categorías de bienes culturales distintas de las incluidas en el anexo.

Únicamente los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro están sujetos a la obligación de restitución de la Directiva. En este sentido, el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva presenta tres casos posibles:

- la salida del territorio de un Estado miembro infringiendo su legislación en materia de protección del patrimonio nacional;

- la salida del territorio de un Estado miembro infringiendo las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 3911/92 relativo a la exportación de bienes culturales;

- la no devolución, una vez transcurrido el plazo, de una expedición temporal realizada legalmente o cualquier infracción de una de las demás condiciones de dicha expedición temporal.

Desde el punto de vista cronológico, la Directiva solo es aplicable a los bienes culturales que han salido ilegalmente del territorio de un Estado miembro después del 1 de enero de 1993, pero deja a los Estados miembros la posibilidad de extender el régimen a las solicitudes relativas a salidas ilegales anteriores a dicha fecha.

2.3. El control uniforme instaurado por el Reglamento (CEE) n° 3911/92

* el Reglamento prevé que cualquier exportación, bien definitiva o bien temporal, de los bienes culturales que figuran en su anexo, esté supeditada a la presentación de una autorización emitida por las autoridades competentes de los Estados miembros [9].

[9] La lista de dichas autoridades figura en el DO C 76 de 16.3.1996, p. 8.

* La autorización de exportación debe presentarse, conjuntamente con la declaración de exportación, en una de las oficinas de aduanas competentes para la cumplimentación de las formalidades de exportación de dichos bienes [10]. La autorización de exportación es concedida, a petición del interesado, por la autoridad competente del Estados miembros en el que se encuentra el bien que va a ser exportado, incluso si procede de otro Estado miembro, a condición de que haya salido de éste de forma legal. Dicha autorización será válida en toda la Comunidad.

[10] Esta oficinas figuran en el DO C 18 de 21.1.2000, p. 2.

2.4. El procedimiento y las condiciones de restitución de los bienes culturales conforme a lo dispuesto en la Directiva 93/7/CEE

* Los artículos 5 al 12 de la Directiva disponen la institución de una acción de restitución, así como las condiciones de su puesta en marcha. Esta acción de restitución es de carácter jurisdiccional. la demanda de acción de restitución es interpuesta por el Estado miembro de cuyo territorio ha salido ilegalmente un bien cultural (llamado "Estado miembro requirente"), ante la jurisdicción competente del Estado miembro en el cual se encuentra el bien cultural (llamado "Estado miembro requerido"). El tribunal competente ordena la restitución en caso de que se determine que el bien en cuestión entra en el campo de aplicación de la Directiva y que la salida del bien era ilegal. Además, la Directiva fija los plazos de prescripción de la acción de restitución, así como las condiciones de indemnización del poseedor en caso de que se restituya el bien.

* Sin perjuicio de la acción de restitución, la Directiva prevé las modalidades de la cooperación administrativa entre las autoridades centrales competentes designadas por los Estados miembros [11]. Esta cooperación se centra, en particular, en la búsqueda de bienes culturales a petición del Estado miembro requirente, la notificación del descubrimiento de bienes culturales en el territorio de los Estados miembros, la comprobación por parte del Estado requirente del carácter de los bienes que se encuentran en territorio de otros Estados miembros, la adopción de todas las medidas necesarias para la conservación material del bien cultural y la adopción de medidas provisionales para evitar que el bien cultural se sustraiga al procedimiento de restitución. Su finalidad es también la búsqueda de soluciones de mutuo acuerdo con el fin de evitar en la mayor medida posible procedimientos judiciales largos y costosos [12].

[11] La lista de estas autoridades ha sido publicada en el DO C 61 de 3.3.2000, p. 7.

[12] COM(91) 447 final - SYN 382 de 10 de febrero de 1992, p. 23. DO C 53 de 28.2.1992.

3. PUESTA EN PRÁCTICA Y APLICACIÓN DEL Reglamento (CEE) Nº 3911/92

3.1. La puesta en práctica

* El artículo 7 del Reglamento prevé la adopción de las medidas necesarias para su aplicación, en particular las relativas al formulario de autorización de exportación. Este formulario ha sido establecido por el Reglamento de aplicación de la Comisión (CEE) n° 752/93 [13]. Debido a problemas de tipo técnico y práctico, detectados por el Comité consultivo de bienes culturales, dicho Reglamento fue modificado por el Reglamento (CE) 1526/98 [14]. Desde entonces, se han previsto tres modelos de formulario de autorización de exportación, a saber: la autorización normal y las autorizaciones abiertas específicas o generales, las últimas de las cuales sirven para cubrir, respectivamente, las exportaciones temporales reiteradas de un bien cultural por parte de una persona o de una organización y las exportaciones temporales de bienes culturales que forman parte de las colecciones permanentes de un museo.

[13] DO L 77 de 31.3.1993, p. 24.

[14] DO L 201 de 17.7.1998, p. 47.

El Reglamento de aplicación ha definido asimismo las condiciones de utilización y de emisión que deben cumplirse, y en particular las formalidades que deben cumplimentarse y la documentación que hay que presentar; en determinados casos, puede exigirse la presencia física del bien en cuestión.

Dichos formularios están compuestos de 3 ejemplares: 1) la solicitud propiamente dicha, dirigida a la autoridad competente para la expedición, que permanece a su disposición, 2) el ejemplar destinado al titular/solicitante y, por último, 3) el ejemplar que acompaña al envío hasta la oficina de aduanas de exportación, que a continuación deben entregarse a la autoridad competente para la expedición de la autorización.

Cualquier envío de bienes culturales debe ir acompañado de una autorización individual. No obstante, cuando el envío está compuesto de varios bienes culturales, corresponde a las autoridades competentes decidir si es suficiente una sola autorización o si son necesarias varias.

El periodo de validez de las autorizaciones normales no puede superar 12 meses a partir de su expedición; corresponde a las autoridades competentes determinar cuándo debe efectuarse la reimportación de un bien exportado temporalmente. El plazo de validez de las autorizaciones abiertas es de 5 años como máximo. Las autorizaciones no utilizadas deberán devolverse a las autoridades competentes para la expedición.

Por lo que respecta a las formalidades de exportación , la oficina de aduanas debe asegurarse de que los datos de la declaración de exportación coinciden con los de la autorización; asimismo debe adoptar las medidas de identificación adecuadas. El ejemplar 3 del formulario de autorización acompaña los bienes que van a ser exportados hasta la oficina de salida del territorio aduanero de la Comunidad.

* Los trabajos realizados por el Comité consultivo de bienes culturales merecen ser subrayados en este sentido. En él se ha tratado de las siguientes cuestiones:

- la puesta al día, con vistas a su posterior publicación, de las listas de oficinas de aduanas competentes para la cumplimentación de las formalidades de exportación y de las autoridades competentes para la expedición de las autorizaciones de exportación;

- la interpretación que se debe dar a los términos aduaneros de "reimportación", "exportación" o "expedición";

- la descripción de los sistemas de licencias utilizados en los Estados miembros;

- la competencia de un Estado miembro para expedir el certificado de exportación cuando un bien cultural haya salido ilegalmente del territorio de un Estado miembro y éste no reclame la restitución del mismo, tras haber recibido una notificación de descubrimiento por parte del primer Estado.

* Por último, con objeto de prevenir y detectar las operaciones de exportación irregulares contrarias a la normativa comunitaria sobre la exportación de los bienes culturales, es aplicable la asistencia mutua en materia aduanera, prevista por el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo [15].

[15] DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.

3.2. La aplicación

La protección de los bienes culturales

La opinión de los Estados miembros, expresada en las respuestas al cuestionario que les fue enviado acerca de la aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 y, de forma más general, sobre el funcionamiento del sistema, es casi unánimemente positiva por lo que respecta a la sensibilización de los protagonistas del comercio internacional, pero está más matizada en cuanto a una disminución real del número de exportaciones ilegales.

* La mayor parte de los Estados miembros consideran, en efecto, que el Reglamento ha tenido una influencia positiva en la protección de los bienes culturales, aunque sólo sea por el hecho de que existe una mayor sensibilización de los diferentes actores (administraciones públicas, organismos privados y agentes que intervienen de forma distinta en el ámbito de la cultura y del arte) y concienciación acerca de la importancia que reviste la protección de los patrimonios culturales nacionales.

- Administraciones responsables de la protección de los bienes culturales: comienza a tomar cuerpo una concienciación acerca de la existencia - y la necesidad de su protección y defensa - de bienes que pertenecen al patrimonio cultural de otros Estados miembros, incluso si se da prioridad a la protección del patrimonio nacional en detrimento del resto.

Esta concienciación se ha traducido en la práctica [16] en medidas concretas, tales como la adopción de legislaciones o normas específicas, la publicación de folletos explicativos destinados al público o la creación de sistemas destinados a llamar la atención sobre los desafíos de la protección del patrimonio cultural y sobre la necesidad de una mayor vigilancia en lo que respecta, en particular, a la expedición de autorizaciones de exportación comunitarias. En este contexto, y entre las medidas de protección aplicadas, las autoridades competentes de la mayor parte de los Estados miembros, antes de expedir una autorización de exportación de un bien cualquiera, ejercen un derecho de tanteo (derecho preferencial de compra por parte del propio Estado) o hacen pesquisas previas en el mercado nacional - museos u otras instituciones. El resultado de estos procedimientos ha llevado en algunos casos al rechazo de la solicitud de autorización de exportación presentada.

[16] En particular en determinados Estados miembros que no disponían en absoluto de legislación en este ámbito (como es el caso de los Estados miembros que se han incorporado recientemente a la Unión Europea).

La aplicación del Reglamento también ha tenido la ventaja de llamar la atención de las administraciones y de las autoridades aduaneras responsables sobre la importancia del mundo del arte y en particular sobre la existencia de un comercio ilegal de bienes culturales. No obstante, este interés no se ha concretado realmente. La eficacia de los controles aduaneros sobre la exportación de bienes culturales hacia países terceros varía en función de la actitud y del comportamiento de los Estados miembros frente a los distintos aspectos de la cultura y del arte. Por lo tanto resulta patente que, si bien el Reglamento ha logrado uniformizar a escala comunitaria las formalidades y la documentación necesarias para la exportación de los bienes culturales, no ha ido acompañado de un cambio real de los comportamientos y de las actitudes en favor de una verdadera protección comunitaria de los bienes culturales. En efecto, la protección de los bienes culturales sigue estando centrada por el momento en los bienes que pertenecen al patrimonio nacional. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, Italia y los Países Bajos prestan una atención especial a la protección de los bienes culturales de otros Estados miembros; lo mismo ocurre en todos los Estados miembros cuando un objeto artístico de un valor excepcional ha desaparecido del territorio de otro Estado miembro.

- Usuarios y operadores del mundo del arte (grandes museos, galerías de arte, empresas de transporte, marchantes en general). El Reglamento ha establecido normas claras y relativamente homogéneas en cuanto a las formalidades a las que está sujeto el comercio de bienes culturales en la Comunidad. De esta forma, cuando los operadores aceptan vender o exportar un objeto, deben asegurarse a partir de ahora de que el bien en cuestión no haya salido de forma ilegal de otro Estado miembro.

* Sin embargo, según algunos Estados miembros que critican la carga administrativa que genera su aplicación, el Reglamento sólo influye de forma marginal en las exportaciones ilegales.

Es evidente, cuando se trata de bienes que pertenecen al patrimonio cultural de otros Estados miembros, que su exportación está estrechamente vinculada a la legalidad de la salida de estos bienes de dichos Estados miembros. Si esta salida no fue lícita o si no ha podido ser descubierta y corregida posteriormente, la estanqueidad del dispositivo comunitario de protección se ve debilitada. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, la autorización de exportación para los bienes culturales debe ser expedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que se encuentra el bien cultural. Como consecuencia de ello, cuando el bien cultural ha salido ilegalmente del territorio de otro Estado miembro, es en el Estado miembro donde se encuentra el bien donde debe presentarse la solicitud.

Ahora bien, el problema reside en el hecho de que es muy poco frecuente [17] que el Estado miembro en cuestión efectúe realmente comprobaciones o solicitudes de información ante el Estado miembro de origen o de pertenencia del bien. En general, las autoridades se limitan a expedir la autorización de exportación, a partir de una documentación parcial o desvinculada de cualquier conexión con el objeto, sin realizar comprobaciones detenidas acerca del origen y la legalidad del bien.

[17] En la práctica, esto sólo se produce cuando no se ha presentado ningún documento como justificación de la solicitud de autorización.

Es conveniente señalar que, con el fin de superar las dificultades citadas, dos Estados miembros - Francia e Italia - han previsto, respectivamente, lo siguiente:

- un sistema de solicitud previa a las autoridades competentes de otros Estados miembros con el fin de asegurarse, antes de expedir una autorización de exportación, que la salida de otro Estados miembros se realizó de forma legal;

- la creación de un documento de acompañamiento, que permite, una vez comprobado el origen del objeto y la credibilidad del solicitante, la libre circulación del bien en cuestión, lo cual mejora también la capacidad de reacción de la administración nacional cuando se recurre posteriormente a ella para que expida una solicitud de autorización de exportación.

Problemática de la cooperación administrativa

El artículo 6 del Reglamento establece que las disposiciones relativas a la asistencia mutua entre las administraciones de los Estados miembros se aplicarán con vistas a prevenir y reprimir las exportaciones irregulares de bienes culturales. Aunque esta asistencia sólo ha sido utilizada por la mitad de los Estados miembros (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y Suecia), y esto de forma muy excepcional, conviene destacar la importancia de este instrumento para la investigación del tráfico ilegal de determinados bienes culturales .

Asimismo, con el fin de establecer un sistema eficaz de cooperación entre, por una parte, las autoridades aduaneras responsables y las autoridades responsables de la cultura, por otra, el Reglamento recomienda la instauración de relaciones mutuas entre dichas autoridades.

Desgraciadamente, los Estados miembros, aunque reconocen la importancia de este tipo de cooperación, no la han puesto en práctica ni la han institucionalizado. La coordinación y el acceso a las bases de datos y a los ficheros de los diversos servicios competentes en la materia [18] parecen necesarias para controlar mejor el movimiento, la circulación y la exportación de los bienes culturales.

[18] Oficinas del Ministerio de Cultura y de objetos robados, autoridades encargadas de expedir las autorizaciones de exportación o, en su caso, las demás autorizaciones o licencias de salida, oficinas de lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales y oficinas de investigación aduanera.

Sin embargo, parece existir un cierto nivel de cooperación en algunos Estados miembros a través de reuniones regulares - entre las autoridades competentes en materia de cultura y en materia de aduanas - para tratar asuntos prácticos relativos a las licencias y al respeto de las condiciones establecidas, o bien de conferencias o seminarios destinados a los servicios de aduanas con el fin de explicar cuáles son los controles que se deben realizar y cuáles los objetos que deben ser controlados y en su caso retenidos.

Restricción del número de oficinas de aduanas habilitadas para la cumplimentación de las formalidades de exportación de bienes culturales

El artículo 5 del Reglamento deja a los Estados miembros la facultad de limitar el número de oficinas de aduanas competentes. Dos terceras partes de los Estados miembros no han hecho uso de esta facultad.

Han surgido dos opiniones divergentes sobre la justificación del artículo 5.

Determinados Estados miembros, como Alemania, Italia, Grecia o Austria, estiman que esta restricción no es útil ni oportuna debido a las complicaciones para los administrados y a las dificultades que podría entrañar para las administraciones, en términos de formación (inicial y continua) del personal, habida cuenta de las características específicas de los bienes culturales, que requieren unas competencias específicas particulares por parte de los aduaneros. El papel de las aduanas en este contexto es, en su opinión, simplemente secundario. Éstas deben limitarse a comprobar si los bienes descritos en la autorización corresponden a los bienes presentados a la exportación; desde este punto de vista, la especialización de los aduaneros no es, por lo tanto, necesaria.

Otros Estados miembros, como España, Francia o Portugal, que han limitado el número de oficinas de aduanas competentes para las formalidades para la exportación, consideran por el contrario que en favor de dicha medida abogan ventajas reales, tanto para los profesionales del arte como para los exportadores y los poderes públicos.

- Para los profesionales y exportadores, esta medida ofrece el interés de establecer relaciones mutuas de confianza con la administración aduanera, lo que les permite asociar mejor la aduana a sus operaciones, e incluso utilizar los sistemas simplificados para el despacho de aduanas.

- Para los funcionarios de las oficinas de aduanas competentes, esta medida ofrece el interés de permitir:

- una especialización en las complejidades del mundo del arte,

- un mejor conocimiento de la normativa específica aplicable en la materia, de las corrientes comerciales y de los operadores,

- un mejor control de las exportaciones.

Sanciones previstas por las legislaciones nacionales

En general, las sanciones previstas por las legislaciones nacionales de los Estados miembros respecto a los actos contrarios al Reglamento pueden considerarse como suficientemente disuasivas. El principio según el cual las infracciones al Reglamento dan lugar a sanciones es general.

Cuando las infracciones tienen un carácter administrativo, estas sanciones consisten, en general, en multas que pueden elevarse hasta un múltiplo del valor del bien cultural de que se trata, así como, en algunos países, hasta la pérdida temporal o definitiva de la licencia administrativa impuesta para el ejercicio de la actividad profesional.

Si la infracción es más grave o si constituye un delito de contrabando (exportación irregular de bienes culturales), las sanciones pueden comportar la confiscación del bien y/o de los medios de transporte utilizados, así como penas de privación de libertad.

En algunos Estados miembros, la pertenencia de los bienes culturales al patrimonio histórico, arqueológico o histórico nacional puede entrañar una agravación de las penas aplicadas.

Autorizaciones de exportación expedidas

Las cifras sobre el número de autorizaciones expedidas [19] son difíciles de comparar, dada la heterogeneidad de los datos, ya que no existe ningún dato sobre el carácter definitivo o temporal de las exportaciones, habida cuenta del origen o procedencia de los bienes en cuestión o de la base jurídica de las autorizaciones (Reglamento comunitario o Derecho nacional).

[19] Aparecen en un cuadro, en el anexo I del presente informe.

El análisis de las informaciones transmitidas por los Estados miembros, no obstante, permite extraer las siguientes conclusiones:

- 1. en primer lugar, es preciso señalar las considerables diferencias que existen entre los Estados miembros en cuanto al número de autorizaciones presentadas y expedidas. Tal es el caso, en concreto, del Reino Unido (un total de 38 000 autorizaciones, sin distinción de categorías), de Francia (más de 8 000 autorizaciones), de Italia (2 800 autorizaciones) o de Alemania (1 800 autorizaciones), mientras que los demás Estados miembros presentan un número de autorizaciones de exportaciones comunitarias más o menos homogéneo a niveles claramente inferiores. Es probable que estas estadísticas estén sesgadas. En efecto, estas autorizaciones han podido utilizarse erróneamente para cubrir la transferencia de bienes culturales hacia otros Estados miembros, mientras que, de acuerdo con el Reglamento comunitario, dichas autorizaciones no habrían debido emplearse más que para las exportaciones destinadas a terceros países. Puede observarse, además, que más de las dos terceras partes de las autorizaciones de exportación han sido expedidas en el Reino Unido; incluso si esta cifra no refleja en absoluto la realidad, ya que los datos de este país incluyen todo tipo de autorizaciones o licencias y no sólo únicamente las expedidas en aplicación del Reglamento, el elemento comercial desempeña un papel importante en este sentido. El Reino Unido es un importante centro de compra y venta de objetos de arte, que atrae bienes de otros Estados miembros, al contrario de lo que ocurre en los países mediterráneos, donde la casi totalidad de los objetos exportados forman parte del patrimonio cultural.

- 2. Si en la mayor parte de los Estados miembros el número de autorizaciones expedidas sigue siendo relativamente estable, con un ligero aumento, sin embargo, en el transcurso del periodo considerado, en otros, en particular en Francia, Italia y los Países Bajos, se observa un crecimiento constante e importante, que termina incluso por triplicar el número de autorizaciones. Las razones de este aumento pueden ser circunstanciales, como por ejemplo una mejor coyuntura económica y la consiguiente activación del comercio del arte, o pueden ser imputables a la aplicación de sistemas que dan lugar a una mejor información de los medios interesados acerca de la reglamentación de las exportaciones de los bienes culturales.

- 3. En general, las cifras del cuadro no distinguen si los bienes culturales exportados lo son de forma definitiva o temporal. Sin embargo, parece que el número de autorizaciones de exportación expedidas con carácter temporal supera ampliamente el de las autorizaciones con carácter definitivo. Estas autorizaciones temporales en general se refieren a colecciones destinadas a exposiciones u otras manifestaciones culturales que tienen lugar en museos en el extranjero, así como a bienes exportados para su restauración, peritaje o estudio, o para su depósito en una colección pública. Conviene asimismo señalar que, debido a las prohibiciones nacionales de exportación de bienes con rango de patrimonio nacional (por su valor artístico, histórico o arqueológico), en vigor en los Estados miembros, este tipo de bienes culturales raramente se exporta con carácter definitivo.

- 4. La distinción por categorías no la realizan todos los Estados miembros en todos los casos. No obstante, de acuerdo con los datos facilitados, entre las categorías que figuran en el anexo, las obras de carácter pictórico (cuadros y pinturas, así como mosaicos y dibujos, hechos totalmente a mano) de las categorías 3 y 4 son los que figuran en primer lugar, seguidos por los objetos y piezas arqueológicas (categoría 1), los grabados y litografías (categoría 5), las "colecciones diversas" en general (categoría 12) y otras antigüedades no incluidas en las categorías 1 a 13 (categoría 14); además, y de acuerdo con estos datos, algunas categorías de bienes, entre las que figuran las fotografías, los libros, los mapas geográficos y los medios de transporte, no figuran en absoluto entre las autorizaciones de exportación expedidas.

- 5. Es reducido el número de consultas realizadas a otros Estados miembros con el fin de garantizar, previamente a la expedición de una autorización de exportación, que el bien presentado para la exportación no ha salido ilegalmente del territorio del Estado miembro de que se trata. Solamente dos países, los Países Bajos y el Reino Unido, mantienen contactos más o menos regulares con otros Estados miembros o les informan de la presentación de solicitudes de autorización de exportación que incluyan bienes culturales de su pertenencia. Las demás consultas o informaciones realizadas durante el periodo de aplicación del Reglamento siguen siendo muy esporádicas.

- 6. Asimismo, cabe señalar el número muy bajo de autorizaciones de exportación rechazadas a causa de la no presentación de la prueba de la legalidad de su transferencia desde otro Estado miembro; únicamente los países Bajos y el Reino Unido han rechazado por este motivo una solicitud de autorización de exportación presentada. Como se ha indicado anteriormente, esto se explica por el hecho de que estos dos Estados miembros desempeñan el papel comercial más importante en este ámbito. Otros Estados miembros, como España o Dinamarca, han señalado que las solicitudes de autorización presentadas sólo se referían a bienes culturales originarios de su país o que formaban parte desde hacía mucho tiempo de colecciones de su país.

4. INCORPORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA Directiva 93/7/CEE

4.1. Incorporación al ordenamiento nacional de los Estados miembros

Los plazos previstos

* de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 93/7/CEE, ésta debía haberse incorporado al ordenamiento nacional de los Estados miembros a más tardar nueve meses a partir de la fecha de su adopción, excepto en el Reino de Bélgica, Alemania y el Reino de los Países Bajos, que gozaban de un plazo de doce meses. Por lo que respecta a la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, la Directiva 93/7/CEE debía ser aplicable a partir de su fecha de adhesión a la Comunidad, es decir, a partir del 1 de enero de 1995. La Directiva 96/100/CE del Parlamento y del Consejo [20], por la que se modifica el Anexo de la Directiva 93/7/CEE [21], debía incorporarse al ordenamiento nacional en un plazo de seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

[20] DO L 60 de 1.3.1997, p. 59.

[21] Véase más adelante el punto 5.

* Conviene señalar que la Directiva 93/7/CEE es asimismo aplicable a los Estados miembros de la Asociación europea de libre comercio, miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (para Islandia y Noruega, desde el 5 de enero de 1995, para Liechtenstein desde el 5 de mayo de 1995), de conformidad con el Anexo II, capítulo 28, punto 1 de dicho Acuerdo. La Directiva 96/100/CE debería ser aplicable también en virtud de la Decisión del Comité Mixto del EEE nº 165/99, de 26 de noviembre de 1999, pero obstáculos de carácter constitucional en uno de los Estados miembros afectados han retrasado dicha aplicación [22].

[22] En una fecha próxima, el Órgano de Vigilancia de la AELC deberá elabora un informe sobre la aplicación de la Directiva en los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, partes del acuerdo.

Notificación de las medidas de incorporación

* La Comisión subraya que un gran número de incorporaciones al ordenamiento nacional de los Estados miembros se realizó con un cierto retraso [23]. Habida cuenta de los retrasos de la incorporación, la Comisión inició varios procedimientos de infracción por falta de comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 93/7/CEE, así como de la Directiva 96/100/CE por la que se modifica el anexo de la Directiva 93/7/CEE. Todos estos procedimientos han podido ser archivados, con excepción de uno, relativo a Austria.

[23] En el anexo II del presente informe figuran, en un cuadro, las fechas y las referencias de las disposiciones nacionales de incorporación.

* En este contexto, es conveniente observar que las disposiciones de incorporación comunicadas por determinados Estados miembros remiten a otras disposiciones para determinar su campo de aplicación. Ahora bien, estas otras disposiciones no han sido notificadas. En este sentido, los servicios de la Comisión, durante la reunión del Comité consultivo de bienes culturales del 30 de noviembre de 1999, invitaron a las delegaciones de los Estados miembros a que comunicasen sus normativas en vigor actualizadas, así como una nota explicativa de los procedimientos existentes.

El examen de las medidas de incorporación

* La Comisión ha observado que las legislaciones de determinados Estados miembros se alejan en algunos puntos de la Directiva por omisiones o por la utilización de conceptos jurídicos extraídos de su ordenamiento jurídico y que dichos Estados han considerado que corresponden a los conceptos utilizados en la Directiva.

- En particular, determinados Estados miembros han omitido, en su totalidad o en parte, la incorporación de la obligación de informar del artículo 6 de la Directiva. Otra omisión detectada se refiere a la mención del principio general de cooperación entre las autoridades centrales, previsto expresamente por la introducción del artículo 4 de la Directiva. Cabe observar asimismo que determinadas leyes nacionales dejan entrever una ambigüedad relativa la persona - tenedor o poseedor - respecto de la cual se debe recurrir ante los tribunales.

- Determinados Estados miembros han utilizado el término "de buena fe" como condición previa para la indemnización del poseedor, aunque la Directiva sólo habla de "diligencia".

* Además, la Comisión ha observado que algunos Estados miembros han previsto condiciones para el ejercicio de la acción de restitución adicionales a las que prevé la Directiva. Puede citarse, a modo de ejemplo, el hecho de que, en ausencia del pago de la indemnización de compensación en un plazo de tres meses a partir de la sentencia en que se ordene la restitución, se considerará que el Estado requirente ha renunciado a beneficiarse de dicha decisión, o el hecho de que la demanda debe ser presentada en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud de restitución por parte de la autoridad central competente.

* La Comisión incoará procedimientos de infracción cada vez que lo juzgue necesario para la buena aplicación de las disposiciones de la Directiva.

4.2. Aplicación de la Directiva

Apreciación general

* Según la tendencia que se desprende de las respuestas al cuestionario que les fue enviado, los Estados miembros, por su parte, han observado que la lentitud que ha caracterizado la incorporación de la Directiva en los Derechos nacionales ha retrasado también su aplicación. El periodo de aplicación efectiva, por consiguiente, no ha sido lo suficientemente largo como para poder extraer un apreciación válida de la eficacia de la Directiva. No obstante, varios Estados miembros han señalado que la Directiva ha tenido un importante efecto de sensibilización y de toma de conciencia de los diferentes agentes en relación con la protección de los bienes culturales de los distintos Estados miembros [24]. En particular, es preciso destacar el hecho de que los medios profesionales de determinados Estados se han organizado mejor y, en su caso, han adoptado unos códigos de "buenas prácticas".

[24] Las consideraciones presentadas arriba acerca de los efectos de sensibilización del Reglamento son válidas también para la Directiva, en líneas generales.

Por lo que respecta a los agentes públicos, parece ser que la cooperación entre autoridades, tanto a escala nacional como comunitaria, no se ha materializado en la práctica. En efecto, de acuerdo con la mayoría de los Estados miembros, no existe información suficiente sobre los bienes culturales que abandonan ilegalmente el territorio de un Estado miembro. Además, si dicha información existe, no se le da la repercusión adecuada. En consecuencia, la mayoría de los Estados miembros aboga por una mejora de dicha cooperación con vista a las restituciones de los bienes culturales que hayan salido ilegalmente del territorio de un Estado miembro. Además, se ha señalado que la mejora de la rastreabilidad de los bienes culturales sería de gran utilidad para la aplicación tanto del Reglamento como de la Directiva.

* Por lo que respecta la evaluación del fenómeno de las transferencias ilegales de bienes culturales desde la entrada en vigor de la Directiva, los Estados miembros tienen opiniones diversas. Alemania, Finlandia, Irlanda, Italia y los Países Bajos consideran que la situación es estable, Suecia y Grecia opinan que estas transferencias están en aumento y España piensa que están en disminución. Pero, de forma general, la respuesta a esta pregunta ha sido considerada difícil por el conjunto de los Estados miembros, e incluso imposible de responder, debido a la falta de informaciones concretas sobre el funcionamiento real de la Directiva.

Aplicación de los procedimientos de restitución de los bienes culturales: datos estadísticos y análisis

* Los datos relativos a la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 93/7/CEE, extraídos de las respuestas de los Estados miembros al cuestionario enviado por la Comisión, están recogidos en los cuadros anexos al presente informe [25]. Los Estados miembros han comunicado de esta forma a la Comisión doce notificaciones de descubrimiento de objetos y una petición de búsqueda de objetos, basadas en el artículo 4 de la Directiva. Además la Comisión ha sido informada de una sola acción de restitución en virtud del artículo 5 de la Directiva, interpuesta por Finlandia ante el High Court de Londres, sin que, sin embargo, la restitución se haya realizado por la vía jurisdiccional ya que finalmente se llegó a un acuerdo amistoso entre el poseedor diligente y las autoridades finlandesas antes de que los tribunales británicos pronunciasen su decisión. Las demás restituciones recogidas en los cuadros se efectuaron en el marco de la cooperación administrativa entre autoridades nacionales y, por consiguiente, no hubo que recurrir al procedimiento jurisdiccional previsto por la Directiva 93/7/CEE.

[25] Anexo III.

* El análisis de las respuestas de los Estados miembros al cuestionario permite formular las siguientes observaciones:

- El número de casos de aplicación de los artículos 4 y 5 es muy pequeño. Esto se explica en parte por la aplicación excesivamente reciente de la Directiva en el Derecho nacional de varios Estados miembros y en parte porque entre la salida ilegal de los bienes culturales y su localización han podido transcurrir varios años. Conviene añadir asimismo que, si bien puede existir un volumen significativo de tráfico ilegal de bienes culturales, por el contrario no todos los días salen ilegalmente del territorio de un Estados miembros bienes que tienen rango de patrimonio nacional, condición exigida para que se aplique la Directiva.

- Es difícil saber si el número señalado se aproxima al número real de los casos de aplicación. En este sentido, la Comisión se ha encontrado con dificultades para cotejar los datos facilitados por los Estados miembros en sus cuestionarios. Por ejemplo, se ha dado el caso de que un Estado miembro señale no haber recibido jamás notificaciones relativas al descubrimiento de un objeto, mientras que otro Estado miembro afirma haberle notificado este descubrimiento.

- Además, varios Estados miembros subrayan ellos mismos la existencia de lagunas en la recogida y transferencia de las informaciones, tanto entre los Estados miembros como en el interior de los mismos. Es evidente, por lo tanto, que una mejora de la cooperación entre las autoridades nacionales en este sentido ofrecería la consistencia necesaria al sistema comunitario de protección de bienes culturales y aseguraría una consolidación de la complementariedad entre el Reglamento (CEE) nº 3911/92 y la Directiva 93/7/CEE.

- El escaso número de restituciones en virtud del artículo 5 puede explicarse igualmente por el hecho de que la simple existencia de una acción jurisdiccional tiene una influencia positiva en la búsqueda de soluciones al margen de los tribunales. No obstante, es lamentable que este tipo de restituciones no se registre sistemáticamente, sobre todo habida cuenta que el párrafo 6) del artículo 4 de la Directiva prevé también la búsqueda de soluciones de mutuo acuerdo.

- Por lo que respecta a las notificaciones de descubrimiento de objetos, se ha observado que pueden plantearse problemas jurídicos cuando un Estado miembro, a raíz de la recepción de la notificación, señala el carácter ilegal de la salida del bien de su territorio, pero no utiliza el procedimiento de restitución y deja pasar el periodo de prescripción. En dicho caso, el Estado que había notificado se encuentra imposibilitado para conceder una licencia de exportación hacia un tercer Estado.

Extensión del marco de la Directiva

* De acuerdo con las informaciones transmitidas por los Estados miembros a la Comisión, ninguno de ellos ha recurrido a la posibilidad contemplada en el artículo 14 de hacer extensiva la obligación de restitución a categorías de bienes culturales distintas de las incluidas en el anexo, y únicamente Grecia ha decidido hacerla extensiva a los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de otros Estados miembros antes del 1 de enero de 1993.

* Conviene subrayar que, en líneas generales, a la vista de las respuestas del cuestionario, los Estados miembros consideran la Directiva necesaria y útil para la protección del patrimonio cultural de los Estados miembros. La mayoría de los Estados miembros también considera suficiente el marco jurídico comunitario creado por la Directiva, aunque algunos de ellos hubieran deseado superar dicho marco y han propuesto adaptaciones y modificaciones de la Directiva.

Por ejemplo, Italia considera que la prescripción relativa de un año es demasiado breve y debería ampliarse a tres años. Además, según este mismo país, la carga de la prueba sobre la diligencia debería recaer siempre en el poseedor, siguiendo las disposiciones de la Convención UNIDROIT. Los Países Bajos y Francia sugieren un aligeramiento del procedimiento de restitución, tanto en lo relativo a los aspectos puramente de procedimiento como a los vinculados a la compensación de los poseedores diligentes. Por último, los Países Bajos proponen contemplar que los propietarios privados puedan beneficiarse también de la acción de restitución. Al ser examinadas en el transcurso de la reunión del Comité consultivo de 30 de noviembre de 1999, estas sugerencias no han encontrado un eco favorable en los demás Estados miembros.

5. LA aplicación del anexo común al Reglamento y a la Directiva

* el Comité consultivo de bienes culturales ha sido muy activo en relación con la interpretación de este anexo.

Entre las cuestiones que han sido examinadas por dicho Comité, conviene mencionar en particular la de la interpretación de las categorías A3 y A4 del anexo, relativas a los cuadros y pinturas hechos totalmente a mano y a los mosaicos y dibujos, respectivamente, en relación a los cuadros realizados a base de acuarelas, de aguadas y pasteles, los cuales, habida cuenta de las diferentes tradiciones artísticas y de los diferentes precios aplicados, se consideraban unas veces como pinturas y otras como dibujos. Esto dio lugar a la modificación del Reglamento de base (véase el Reglamento (CEE) n ° 2469/96 [26] del Consejo) y del anexo de la Directiva (véase la Directiva 96/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo); desde entonces, estos bienes se identifican por separado dentro de la subcategoría A3 A.

[26] DO L 355 de 24.12.1996, p. 9.

El Comité estudió también las cuestiones relativas a las nociones de "monumento" o de "colección", así como las acuarelas. Analizó también el carácter antiguo o de colección que se vaya a dar a los medios de transporte y se pronunció sobre la consideración del carácter indicativo de los códigos arancelarios que figuran en el anexo.

* Otros aspectos relativos al anexo se plantearon en los cuestionarios dirigidos a los Estados miembros. Los Estados miembros han adoptado actitudes diferentes al planteárseles la cuestión de la revisión de los límites (valores mínimos) establecidos en el anexo para determinadas categorías de bienes culturales. Para Francia, Italia o Suecia, por ejemplo, estos valores mínimos se consideran bastante elevados y, por lo tanto, no susceptibles de garantizar una protección suficiente. Por lo tanto, según estos tres Estados miembros, los valores mínimos deberían revisarse a la baja. Por el contrario, en opinión de Alemania y el Reino Unido, sería preciso elevar los valores mínimos fijados, en términos de valor y de antigüedad, para las diferentes categorías de bienes culturales, con el fin de reducir la lista de bienes culturales contemplados por las disposiciones comunitarias; estos dos Estados miembros consideran, en efecto, que la lista actual impone una carga administrativa excesiva.

Por lo que respecta a estos valores mínimos, parece existir cierta confusión sobre la cifra 0 (cero) aplicable a determinadas categorías de bienes, ya que algunas autoridades lo interpretan como que el bien cultural en cuestión no posee ningún valor, denegándole en consecuencia la protección contemplada por el Reglamento y la Directiva.

* Por último, la realización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) tendrá sin duda repercusiones en el anexo. En efecto, la nota a pie de página que figura bajo el punto B del anexo, que fija los valores de las categorías de bienes culturales sujetos a la aplicación de la Directiva y del Reglamento, puntualiza que la fecha de conversión en moneda nacional de dichos valores expresados en ecus en el anexo es el 1 de enero de 1993.

6. evolución futura

6.1. Modificaciones técnicas del Reglamento y de la Directiva

Modificaciones de los importes expresados en ecus en el anexo común

De acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 11 de noviembre de 1997 sobre las "Consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias" [27], la Comisión considera que, cuando los importes en ecus contemplados en actos comunitarios van acompañados de cláusulas que, al igual que sucede con la de la Directiva y del Reglamento, prevén que la conversión en moneda nacional de dichos importes pueda realizarse a un tipo de cambio en una fecha dada, llamada "histórica", dichas cláusulas permanecen en vigor después del 1 de enero de 1999. Los Estados miembros no tienen que modificar los importes en expresiones monetarias nacionales en su ordenamiento nacional.

[27] COM (97) 560 final, de 5.11.1997.

Por el contrario, esta cláusula debe ser modificada por el propio texto comunitario, a más tardar al término del periodo de transición, es decir, en aplicación del Reglamento (CE) n° 974/98, de 3 de mayo de 1998 [28], a partir del 1 de enero de 2002.

[28] Reglamento (CE) n° 974/98 del Consejo de 3 de mayo de 1998 sobre la introducción del euro, DO L 139, de 11.5.1998, p. 1.

Por consiguiente, el anexo común debe tener en cuenta las consecuencias vinculadas al paso al euro [29]. A la vista del resultado de las consultas preparatorias del presente informe, la Comisión prevé una adaptación de la nota a pie de página que figura en el punto B del anexo común, basada en las orientaciones siguientes: a partir del 1 de enero de 2002, los Estados miembros participantes en la UEM aplicarán directamente los valores mínimos en euros previstos en la legislación comunitaria. Los demás Estados miembros continuarán convirtiendo dichos valores mínimos en monedas nacionales, a partir de un tipo de cambio determinado en una fecha oportuna antes del 1 de enero de 2002. Dicho tipo será adaptado de forma automática y periódica con el fin de compensar las variaciones de tipos de interés observadas entre esas monedas nacionales y el euro.

[29] Véase arriba el punto 5.

Modificación destinada a sustituir el valor 0 (cero) inscrito en el anexo común

La Comisión opina que, con el fin de evitar las interpretaciones divergentes del anexo [30], que van en detrimento de la aplicación eficaz de la Directiva y del Reglamento y, por consiguiente, de la protección de los bienes culturales, el valor "cero" debe ser sustituido por una expresión más clara, como por ejemplo "cualquiera que sea el valor". La Comisión propondrá pues al Consejo y al Parlamento Europeo una modificación en este sentido del punto B del anexo.

[30] Véase arriba el punto 5.

6.2. Actualización de los importes contemplados en el anexo común

El Reglamento y la Directiva prevén que el Consejo, a propuesta de la Comisión, proceda al examen, y en su caso a la actualización, de los importes contemplados en el anexo en función de los índices económicos y monetarios en la Comunidad. En esta fase, y a la vista del resultado de las consultas preparatorias del presente informe [31], la Comisión no tiene intención, en principio, de proponer dicha actualización.

[31] Véase arriba el punto 5.

6.3. Mejora del funcionamiento de la Directiva

Como ya ha subrayado la Comisión, no ha transcurrido tiempo suficiente para poder apreciar de forma válida la plena eficacia del funcionamiento de la Directiva. Por consiguiente, sería prematuro que la Comisión propusiera desde este momento modificaciones a las disposiciones materiales de dicho instrumento.

No obstante, la Comisión considera, basándose en la tendencia general que se desprende de las informaciones comunicadas por los Estados miembros, que la Directiva ha sensibilizado a los Estados miembros y a los agentes privados en favor de la defensa de una mejor protección de los bienes culturales a nivel europeo, fenómeno que no existía anteriormente. Esta evolución positiva debería reforzarse en el futuro mediante la aportación de mejoras a los regímenes creados por la Directiva, así como a su funcionamiento, a saber, una estructuración de la cooperación administrativa y de las informaciones que se vayan a intercambiar.

* * *

* La Comisión invita al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social a que tomen nota del presente informe.

* A la luz del presente informe, la Comisión presentará propuestas de adaptación técnica del Reglamento (CEE) n° 3911/92 y de la Directiva 93/7/CEE.

ANEXO I

El siguiente cuadro recoge, por Estado miembro, el número de autorizaciones de exportación presentadas y expedidas desde la entrada en vigor del Reglamento (CEE) nº 3911/92 (periodo de 1993 a 1998).

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente / Respuestas al cuestionario

ANEXO II

Incorporación de la Directiva 93/7/CEE al ordenamiento interno de los Estados miembros

Estados miembros // Referencias de las disposiciones nacionales de incorporación

ALEMANIA // Gesetz zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutesgegen Abwanderung (Kulturgutsicherungsgesetz - KultgutSiG) vom 15/10/1998, Bundesgesetzblatt Teil I vom 21/10/1998 Seite 3162

AUSTRIA // Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebieteines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 67/1998 ausgegeben am 15/05/1998

BÉLGICA // - 01 . Loi du 13/04/1995, Moniteur belge

- 02 . Loi du 28/10/1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers- Wet van 28/10/1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, Moniteur belge du 21/12/1996 Page 31865

- 03 . Loi du 15/12/1997 modifiant la loi du 28/10/1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers - Wet van 15/12/1997 tot wijziging van de wet van 28/10/1996 betreffende de teruggavevan cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, Moniteur belge

DINAMARCA // Lov nr. 1104 af 22/12/1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslamds område m.v.. Kulturmin., j.nr. 92:001.1/0007-1. Lovtidende A hæfte 192 udgivet den 23/12/1993 s. 6135. KLOV.

ESPAÑA // Ley número 36/94 de 23/12/1994, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado número 307 de 24/12/1994 Página 38672 (Marginal 28512)

FINLANDIA // Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta/Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1276/94) 16/12/1994

FRANCIA // Loi Numéro 95-877 du 03/08/1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15/03/1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, Journal Officiel du 04/08/1995 Page 11664.

GRECIA // Íüìïò õð'áñéèì. 133 ôçò 6çò Ìáßïõ 1998 ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò Ïäçãßáò 93/7/ÅÏÊ, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, ÅôÊ, áñ. 106

IRLANDA // Europena Communities (return of cultural objects) Regulations, of 24 June 1994, SI, n° 182, modified by Regulations of 28 January 1998, SI, n° 24.

ITALIA // Legge del 30/03/1998 n. 88, norme sulla circolazione dei beni culturali, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10/04/1998 n. 84 pag. 9

LUXEMBURGO // Loi du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE

PAÍSES BAJOS // Wet van 09/03/1995 tot wijziging van enige wetten in verband met de verplichting tot teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gebracht en in verband met de uitvoer van cultuurgoederen (Implementatiewet bescherming cultuurgoederen tegen illegale uitvoer), Staatsblad 1995, nr. 145

PORTUGAL // Lei n.° 90-C/95 de 01/09/1995. Autoriza o Governo a aprovar a nova lei do património cultural português, Diário da República I Série A n.° 202 de 01/09/1995 Página 5508-(5)

Lei do patrimonio cultural português de 1985

REINO UNIDO // The Return of Cultural Objects Regulations 1994, Statutory Instruments number 501 of 1994

SUECIA // - 01 . Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling (SFS) 1994:1523

- 02 . Förordning om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling (SFS) 1994:1524

Fuente / Medidas comunicadas a la Comisión Europea

ANEXO III

Cuadros de las restituciones y de las acciones de cooperación administrativa entre Estados miembros años 1993-1999

* Resumen de las restituciones entre 1993 y 1999 (todas de mutuo acuerdo fuera del procedimiento de restitución jurisdiccional)

>SITIO PARA UN CUADRO>

* Resumen de las solicitudes de restitución en curso

>SITIO PARA UN CUADRO>

* Notificaciones de descubrimiento de objetos (artículo 4 de la Directiva 93/7/CEE)

>SITIO PARA UN CUADRO>

* Petición de búsqueda de objeto (artículo 4 de la Directiva 93/7/CEE)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente/Respuestas al cuestionario

Top