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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad

/* COM/2000/0284 final */
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52000DC0284

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad /* COM/2000/0284 final */


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES - Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad

ÍNDICE

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad

1. RESUMEN

2. INTRODUCCIÓN - LA DISCAPACIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

2.1. Una nueva estrategia de cara a la discapacidad

2.2. Algunos pasos decisivos

2.3. Un nuevo impulso

3. PARTE I: HACIA UN MAYOR VALOR AÑADIDO COMUNITARIO

3.1. Favorecer la movilidad como componente de la ciudadanía

3.2. Hacia una mayor accesibilidad - necesidad de colmar las deficiencias de la política intersectorial

3.3. Una sociedad de la información en beneficio de todos - la iniciativa eEurope y la discapacidad

3.4. Tecnologías instrumentales - Hacia un mercado común de tecnología asistencial más desarrollado

3.5. Protección de los derechos e intereses de los consumidores con discapacidad en el mercado

4. PARTE II: INSTRUMENTOS POLÍTICOS PARA LOGRAR UN MAYOR VALOR AÑADIDO COMUNITARIO

4.1. Interpretar las cifras y comprender las necesidades

4.2. Diseñar programas comunitarios que favorezcan la integración

4.3. Predicar con el ejemplo

4.4. Consultar a las personas con discapacidad

4.5. Reforzar la coordinación entre los servicios de la Comisión

5. PARTE III: PERSPECTIVAS DE FUTURO - SENSIBILIZACIÓN, REFUERZO DE LA COOPERACIÓN E IMPULSO RENOVADO

1. RESUMEN

Las personas con discapacidad --una de las categorías más desfavorecidas de la sociedad-- han de seguir enfrentándose a múltiples obstáculos a la hora de acceder a los diversos aspectos de la vida social.

La estrategia que en materia de discapacidad sigue la Unión Europea parte de la premisa de que las barreras presentes en el entorno obstaculizan la participación social en mayor medida que las limitaciones funcionales. La adopción de disposiciones legislativas tendentes a la eliminación de dichas barreras, la puesta a disposición de instalaciones adaptadas y el denominado «diseño para todos» constituyen --entre otros-- factores indispensables para alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Si bien es cierto que los Estados miembros siguen siendo los principales responsables en este campo, el actual ámbito de competencia comunitario ofrece valiosos medios y aporta un valor añadido considerable en aras de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

La inclusión en el Tratado de Amsterdam de un artículo general de lucha contra la discriminación, que cubre entre otros aspectos la discapacidad, supone un paso adelante decisivo en favor de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad a escala comunitaria. De conformidad con el artículo 13 del Tratado CE, la Comisión Europea adoptó el 26 de noviembre de 1999 un paquete integrado de medidas contra la discriminación. Desde la perspectiva de la discapacidad, el elemento más relevante de dicho paquete consiste en una propuesta de directiva en el ámbito del empleo y la ocupación, por la que se prohibe la discriminación por cualesquiera de los motivos que figuran en el artículo 13, y un programa de acción que incluye una amplia gama de medidas complementarias en este sentido.

Para complementar las referidas iniciativas, así como para respetar el compromiso asumido por la Conferencia Intergubernamental de tomar en consideración las necesidades de las personas con discapacidad al adoptar medidas con arreglo al artículo 95 del Tratado, la presente Comunicación apunta a la revisión de algunas de las políticas fundamentales de la UE, en la medida en que ello pueda contribuir a mejorar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad.

Si bien en la mayoría de los ámbitos comunitarios existen actividades relacionadas con la discapacidad, la presente Comunicación se centra en las políticas comunitarias que son de particular importancia para afianzar el proceso hacia una «Europa sin barreras» para las personas con discapacidad. En este sentido, se hace especial hincapié en la necesidad de una coordinación más estrecha entre aspectos relacionados en los ámbitos del empleo, la educación y la formación profesional, los transportes, el mercado interior, la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y la política de los consumidores.

La movilidad es un elemento esencial para poder tomar parte en el mundo económico y social. Su ausencia condiciona --en detrimento de todos-- el derecho a participar de las personas con discapacidad. La Comisión reconoce desde hace tiempo la importancia de este enfoque y propone nuevas formas de abordar las necesidades de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la presente Comunicación destaca igualmente la necesidad de que los avances en materia de movilidad se realicen de forma coherente en todos los frentes, única forma de llevar a buen término el proceso con los mejores resultados. Subraya igualmente que los logros en materia de acceso para las personas con discapacidad inciden positivamente en otros ámbitos tales como la calidad de la vida profesional, la protección de los consumidores y la competitividad de la industria europea. En esta lógica, la Comisión procura ensamblar las políticas intersectoriales pertinentes y estudia la forma de alcanzar una mayor coordinación.

Los últimos avances de la UE en el campo de las nuevas tecnologías, en particular la iniciativa eEurope, desempeñarán asimismo un papel decisivo en favor de la superación de las limitaciones funcionales de las personas con discapacidad y, por consiguiente, de la mejora de sus perspectivas de participación. La presente Comunicación llama la atención sobre el estado de fragmentación y de subdesarrollo en que se encuentra el mercado comunitario en este ámbito y propone una serie de acciones que permitirán desarrollar un mercado verdaderamente común asi como equilibrar la oferta y la demanda.

La aplicación práctica de las recomendaciones que figuran en la presente Comunicación exigirá una sólida base de conocimientos que cuente con datos estadísticos fidedignos acerca de la prevalencia de la discapacidad y su incidencia en la participación en los diversos aspectos de la vida social, una adecuada coordinación y mecanismos apropiados de consulta. Por otra parte, la Comisión continuará promoviendo en su propia organización la definición de modelos basados en las mejores prácticas.

La igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad sólo será realidad cuando logremos erradicar --además de las barreras presentes en el entorno-- las actitudes negativas hacia la discapacidad. En pos de este objetivo, la Comisión propondrá al Consejo que declare el año 2003 «Año europeo de los ciudadanos con discapacidad» a fin de sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas que plantea la discapacidad y de fomentar la introducción de nuevas estrategias políticas en este sentido a todos los niveles de la administración. Se trata, pues, de reforzar el concepto de ciudadanía para las personas con discapacidad.

2. INTRODUCCIÓN - LA DISCAPACIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

2.1. Una nueva estrategia de cara a la discapacidad

Se estima que el número de personas afectadas directamente por alguna forma de discapacidad en la Unión Europea se mantiene constante en torno al 10 % de la población, porcentaje que representa en la actualidad unos 37 millones de personas. Las personas con discapacidad no constituyen una categoría homogénea. Existe una gran diversidad de discapacidades y aspectos relacionados. Las discapacidades pueden ser manifiestas o encubiertas, severas o leves, singulares o múltiples, crónicas o intermitentes. Los tipos de discapacidades incluyen las mentales/cognitivas y las que afectan a la movilidad/agilidad o a la audición, la visión o el habla.

Las personas con discapacidad --uno de los grupos sociales más desfavorecidos-- han de seguir enfrentándose a barreras difíciles de superar cuando tratan de acceder a los diversos aspectos de la vida social. Entre las barreras estructurales, que a menudo constituyen la principal causa de exclusión de esta categoría de personas, se encuentran la falta de medios de transporte asequibles, las limitadas oportunidades en materia de educación y formación, los escasos apoyos disponibles y la presencia de múltiples elementos disuasorios en los ámbitos social y económico. Las oportunidades de participación abiertas a las mujeres con discapacidad son aún más limitadas.

El nuevo marco político en materia de discapacidad, consagrado a escala internacional especialmente mediante la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Normas estándar sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía», de 1993, reconoce que la capacidad de un individuo para desenvolverse en el ámbito social y ocupar un empleo depende tanto de la disposición de la sociedad a aceptar a las personas con sus diferencias como de las limitaciones funcionales que permiten reconocer específicamente a una persona como «discapacitado». Las barreras presentes en el entorno constituyen obstáculos más graves a la participación social que las limitaciones funcionales. La adopción de medidas legislativas tendentes a la supresión de dichas barreras, la puesta a disposición de instalaciones adaptadas y el principio de «diseño para todos» constituyen --entre otros-- factores indispensables para hacer realidad la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

En la misma lógica que las Normas estándar, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías - Una nueva estrategia comunitaria en materia de minusvalía» [1], refrendada políticamente por el Consejo y los Estados miembros mediante Resolución de diciembre de 1996 [2].

[1] COM(1996) 406 final.

[2] DO C 12 de 13.1.1997.

Si bien la responsabilidad en este ámbito incumbe fundamentalmente a los Estados miembros, la Resolución destaca la valiosa contribución que podría aportar la Comunidad Europea promoviendo la cooperación entre los Estados miembros y fomentando el intercambio y el desarrollo de modelos de buenas prácticas a escala comunitaria, así como en las políticas y actividades de los propios órganos e instituciones comunitarios.

En su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión, el Parlamento Europeo también acogió favorablemente la nueva estrategia adoptada por la Comisión, al tiempo que instaba a esta última a tomar medidas activas en el marco de su planteamiento de integración con vistas a permitir a las personas con discapacidad participar en todos los programas comunitarios pertinentes.

2.2. Algunos pasos decisivos

Sobre la base de estas resoluciones, la Comisión ha venido colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo, los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales a fin de reforzar la cooperación en torno a los temas de discapacidad. Se han emprendido una serie de iniciativas comunitarias destinadas a promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La siguiente lista, que no tiene carácter exhaustivo, incluye algunos de los logros más destacados alcanzados hasta la fecha.

Desde la adopción en 1997 de la Estrategia europea en favor del empleo, los temas relacionados con la discapacidad aparecen cada año perfectamente ensamblados en las directrices del Consejo. Los planes nacionales de acción suelen recoger actuaciones orientadas a mejorar las perspectivas de trabajo y las cualificaciones de las personas con discapacidad, uno de los grupos destinatarios que más puede beneficiarse de las acciones preventivas y de las medidas de promoción de la capacidad de inserción profesional. Como complemento de estas destacadas iniciativas, la Comisión apoya asimismo los foros de debate y las investigaciones auspiciadas por los Estados miembros, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales centrados en las tendencias, las ideas, las estrategias y las prácticas innovadoras que están surgiendo en este ámbito. En 1998, además, se publicó un documento de la Comisión titulado «Elevar los niveles de empleo de las personas con discapacidad - el desafío común» [3], en el que se formulan una serie de recomendaciones comunes y se sugieren ámbitos en los que convendría seguir trabajando. Sobre la base de este documento, el Consejo adoptó el 17 de junio de 1999 una Resolución [4], propuesta por la Presidencia alemana, relativa a la igualdad de oportunidades laborales de las personas con minusvalías. La Comisión prestará especial atención a las medidas destinadas a fomentar la capacidad de inserción profesional de las personas con discapacidad en el informe conjunto sobre el empleo del año 2000.

[3] SEC(1998) 1550.

[4] DO C 186 de 2.7.1999.

Una reciente Comunicación de la Comisión titulada «Estrategias para la creación de empleo en la sociedad de la información» [COM(2000) 48], aprobada el 4 de febrero de 2000 y que apoya tanto la Estrategia Europea para el Empleo como la iniciativa eEurope, aborda específicamente la promoción del empleo de las personas con discapacidad y recomienda a las industrias de la sociedad de la información que velen por que a partir de 2000 se apliquen normas que propugnen equipos de fácil utilización.

Durante el período de programación 1994-1999 del Fondo Social Europeo --instrumento a través del cual se canaliza principalmente la ayuda financiera de la UE a las personas con discapacidad--, los Estados miembros destinaron dotaciones importantes para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Se están apoyando una amplia gama de acciones entre las que cabe destacar los subsidios salariales para favorecer la adquisición de experiencia laboral, los programas de iniciación a la vida profesional, el empleo protegido temporal y otras etapas intermedias de mercado de trabajo, el empleo por cuenta propia y la creación de cooperativas para personas que sufren una discapacidad mental o una discapacidad física grave. Para el nuevo período de programación (2000-2006), de conformidad con las Directrices para el empleo, se insta a los Estados miembros a emprender iniciativas dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, sobre todo en los campos relacionados con la capacidad de inserción profesional y la igualdad de oportunidades para todos.

También se ha prestado apoyo a través de la iniciativa comunitaria EMPLEO, que trata de ayudar a las personas que experimentan dificultades especiales a la hora de encontrar o mantener un empleo o una carrera profesional. Uno de los cuatro capítulos de esta iniciativa, HORIZON, prevé específicamente el apoyo a las personas con discapacidad, ya se trate de trastornos físicos o mentales o de parálisis cerebral. Un total de 1 700 proyectos ha recibido o recibe todavía financiación del FSE en el marco de HORIZON, iniciativa que tiene como objetivo definir nuevas formas de abordar los problemas a que se enfrentan los ciudadanos en un mercado de trabajo en constante evolución y lograr que se introduzcan cambios positivos en las políticas y las prácticas en materia de empleo y formación.

En respuesta a la invitación de la Comisión, los interlocutores sociales han elaborado a escala comunitaria un Compendio de buenas prácticas sobre la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral, que fue remitido al Consejo Europeo de Viena en diciembre de 1998. Por otra parte, el 19 de mayo de 1999, adoptaron una Declaración conjunta en la que se destacaba la necesidad de promover el empleo de las personas con discapacidad haciendo hincapié en su incidencia positiva en las empresas.

En 1998, las instituciones europeas adoptaron asimismo un Código de buenas prácticas, que define claramente la política de las instituciones europeas en relación con el empleo de las personas con discapacidad y contiene orientaciones destinadas a este respecto a sus direcciones generales y servicios.

La Iniciativa tecnológica comunitaria para las personas mayores y las personas con discapacidades (TIDE) (1991-1994) trató de promover y aplicar la tecnológica comunitaria y contó con una fase experimental y una fase transitoria. Entre 1991 y 1994, la contribución total de la Comisión Europea asignada a esta iniciativa ascendió a 52 millones de ecus.

También se ha prestado apoyo a un considerable número de proyectos orientados a satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad a través de diversos programas o iniciativas comunitarios generales como Sócrates, Leonardo da Vinci, Promoción de la salud, Daphne, Prince, Phare, Tacis, etc.

La cooperación con los Estados miembros, así como entre ellos mismos, se ha visto especialmente reforzada gracias a la creación de un Grupo de alto nivel compuesto por representantes de los Estados miembros, el cual ha resultado ser un valioso instrumento para definir y esclarecer objetivos comunes, identificar ejemplos de buenas prácticas e intercambiar entre los Estados miembros informaciones y experiencias en materia de política de discapacidad.

Partiendo de los logros del Tercer programa de acción comunitario en favor de los minusválidos --Helios II-- (1993-1996), la Comisión también ha reforzado sus contactos con las ONG que trabajan en el ámbito de la discapacidad y ha dado su apoyo al Foro europeo de personas con discapacidad, con el que la Comisión mantiene contactos estrechos y regulares.

2.3. Un nuevo impulso

A pesar de que se ha avanzado mucho, la Comisión es consciente de todo lo que queda por hacer para convertir en realidad la participación plena y la igualdad de acceso de las personas con discapacidad.

La inclusión en el Tratado de Amsterdam de un artículo general de lucha contra la discriminación, que cubre entre otros aspectos la discapacidad, supone un paso adelante decisivo en este ámbito. Sobre la base del artículo 13 del Tratado CE, la Comisión Europea adoptó el 26 de noviembre de 1999 un paquete integrado de medidas de lucha contra la discriminación [5]. Desde la perspectiva de la discapacidad, los elementos más relevantes de dicho paquete son una propuesta de directiva en el ámbito del empleo y la ocupación por la que se prohibe la discriminación por cualesquiera de los motivos que figuran en el artículo 13 y un programa de acción que incluye una amplia gama de medidas complementarias. La discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad en el mercado del trabajo es abordada de forma más completa en la nueva iniciativa comunitaria EQUAL (2000-2006), cuyo objetivo es establecer una cooperación transnacional que promueva nuevos medios para combatir todas las formas de discriminación y todas las desigualdades en el mercado de trabajo.

[5] COM(1999) 564 final.

Sin embargo, la adopción de instrumentos destinados a combatir la discriminación constituye sólo uno de los componentes de una estrategia más amplia que tiene por objetivo promover la igualdad de acceso de las personas con discapacidad. Por consiguiente, además del nuevo artículo 13, la Conferencia Intergubernamental celebrada en Amsterdam trató de ofrecer a las personas con discapacidad una garantía aún más sólida, para lo cual incluyó en el acta final la Declaración n° 22, que establecía que las instituciones comunitarias deberían tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad al adoptar medidas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros. Con la adopción de esta Declaración, la Conferencia subraya la necesidad de adoptar a escala comunitaria normas que favorezcan la integración y que traduzcan los conceptos generales de lucha contra la discriminación y de igualdad de acceso en los procesos de realización del mercado interior.

Para complementar las iniciativas de lucha contra la discriminación, así como para respetar el compromiso asumido por la Conferencia Intergubernamental, la Comisión ha decidido dar un nuevo impulso a su estrategia en materia de discapacidad --un planteamiento que se basa en la persona como titular de derechos-- destacando algunos planteamientos estratégicos y acciones clave al objeto de promover una mayor capacidad integradora de la política de la Unión Europea. La presente Comunicación se centra, pues, en las políticas comunitarias que se consideran decisivas para lograr la supresión de las «barreras de acceso» a las que han de hacer frente las personas con discapacidad. En este sentido, se hace especial hincapié en la necesidad de alcanzar una coordinación más estrecha entre aspectos afines en los ámbitos del empleo, la educación y la formación profesional, el transporte, el mercado interior, la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y la política de los consumidores.

La presente Comunicación reconoce, pues, que la responsabilidad principal en materia de discapacidad incumbe a los Estados miembros en la medida en que el actual ámbito de competencia comunitaria sólo requiere que se actúe, a este respecto, en un número limitado de ámbitos. Ello no es óbice, sin embargo, para que el actual ámbito de competencias comunitario prevea --como efectivamente hace-- medios sustanciales en favor de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Por último, la presente Comunicación no tiene como única finalidad establecer una serie de objetivos y medidas específicos sino que aspira asimismo a servir de instrumento político a fin de modificar de raíz la estrategia de la Comisión de cara a la discapacidad para adaptarla a los principios de integración y de lucha contra la discriminación.

3. PARTE I: HACIA UN MAYOR VALOR AÑADIDO COMUNITARIO

3.1. Favorecer la movilidad como componente de la ciudadanía

En nuestra sociedad moderna, sólo aquellos que pueden moverse libremente están verdaderamente integrados en la vida social o económica, ya sea con fines de trabajo o de ocio. La movilidad no debería considerarse simplemente un factor positivo o una necesidad social y económica, sino un derecho del que todos somos titulares, sometido únicamente a condiciones económicas y técnicas que resulten razonables.

Esta premisa es aún más cierta, si cabe, para las personas con discapacidades motrices, para los cuales la posibilidad de participar en la vida social, comercial, económica, cultural y política depende de la solución dada a los problemas de movilidad de una forma que no afecta igualmente a los demás ciudadanos. Sin embargo, también se reconoce de modo casi unánime que el hecho de facilitar el uso de los medios de transporte a las personas con discapacidad puede contribuir a alcanzar objetivos políticos más amplios como, por ejemplo, la mejora del transporte público, la fluidez del tráfico, la lucha contra la exclusión social y la posibilidad de que las personas se mantengan, en la medida de lo posible, móviles e integradas en sus comunidades.

La Unión Europea reconoce desde hace un cierto tiempo la amplitud del problema. En 1993, la Comisión adoptó un programa de acción comunitario sobre el acceso al transporte [6], que tenía como objetivo aumentar el uso del transporte para las personas con movilidad reducida. El programa incluía una serie de medidas comunitarias destinadas a definir normas técnicas aplicables a los medios y a la infraestructura de transporte, a facilitar la cooperación en materia de programas de información, y a coordinar programas de investigación.

[6] COM(1993) 433 final.

En fecha más reciente, la Comisión ha adoptado una propuesta de directiva relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor (autobuses y autocares) [7], que establece, entre otros aspectos, que los vehículos utilizados para los servicios urbanos deberán ser accesibles para los viajeros con movilidad limitada, incluidos los usuarios de sillas de ruedas. La propuesta de directiva prevé especificaciones técnicas que garanticen el uso de vehículos accesibles en el transporte urbano de pasajeros y reconoce la necesidad de ampliar este requisito a los vehículos de transporte interurbano.

[7] COM(1997) 276 final.

En varios programas comunitarios de investigación de la UE también se ha prestado especial atención a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Entre las investigaciones llevadas a cabo destacan, por ejemplo, proyectos sobre los problemas que plantean los autobuses de piso bajo, el desarrollo de sistemas de transporte urbano que favorezcan la integración de las personas con movilidad reducida, el desarrollo de interfaces para pasajeros o las condiciones de acceso de los trenes.

Aprovechando estos logros, la Comisión tiene intención de reforzar la contribución que la UE aporta a la mejora de la movilidad de las personas con discapacidad a través de las siguientes líneas de actuación:

-Mejora del nivel de servicio: como complemento a la propuesta de directiva sobre autobuses y autocares, la Comisión elaborará directrices destinadas a mejorar el servicio para las personas con discapacidad en los vehículos de transporte público y en todas las instalaciones relacionadas con el transporte.

-Acceso al transporte ferroviario: la Comisión procurará aplicar una serie de recomendaciones extraídas del proyecto COST 335 sobre la accesibilidad de las redes ferroviarias, sobre todo en lo referente a la redacción de especificaciones técnicas sobre interoperabilidad en el marco de la legislación comunitaria relativa a la interoperabilidad de las redes ferroviarias transeuropeas.

-Transporte aéreo: aunque los aeropuertos y las compañías aéreas están desplegando esfuerzos notables --promovidos especialmente por la ACI y la IATA-- para ajustarse a las normas y prácticas recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional y por la Conferencia Europea de Aviación Civil, la falta de instalaciones y servicios adaptados y la frecuencia con que se les deniega el permiso de embarque siguen causando problemas a las personas con discapacidad que utilizan servicios de viaje en Europa. La Comisión estudiará cuáles son las medidas necesarias en el marco de la política prevista en materia de derechos de los pasajeros de transporte aéreo, incluida la promoción de modelos de buenas prácticas, en cooperación con el sector y con los usuarios.

-Transporte marítimo: en junio de 1991, la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó la «Recomendación sobre el diseño y la operación de barcos de pasaje para responder a las necesidades de las personas mayores y con discapacidad». La Comisión está aplicando dicha Recomendación así como los resultados del proyecto Handiami (un proyecto de investigación sobre los problemas a los que se enfrentan los pasajeros con discapacidad en materia de acceso y en situaciones de emergencia en el transporte marítimo y sobre el empleo de personas con discapacidad en el sector). Así, por ejemplo, la Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad [8] establece de forma específica que «las compañías garantizarán que, a bordo de los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad, se dé a conocer a los pasajeros y se muestre de forma adecuada para quienes sufran alguna deficiencia visual, información general sobre los servicios y asistencia que se ofrecen a bordo a las personas mayores y discapacitadas».

[8] DO L 138 de 1.6.1999.

-Redes transeuropeas que favorezcan la integración: de conformidad con las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la Red transeuropea de transporte (RTT) [9], uno de los objetivos de la Red es garantizar, en un espacio sin fronteras interiores, una movilidad sostenible de las personas y los bienes en las mejores condiciones sociales y de seguridad, y ofrecer a los usuarios infraestructuras de calidad en condiciones económicas aceptables. Si bien este objetivo se aplica también a las personas con discapacidad, no se prevén requisitos específicos para garantizar la accesibilidad a esta categoría de personas. La decisión de emprender proyectos de infraestructura en el sector del transporte, incluida la selección de normas técnicas, incumbe fundamentalmente a los Estados miembros. La revisión de las directrices de la RTT es un momento oportuno para reivindicar la necesidad de mejorar el acceso a esta red para las personas con movilidad reducida y promover nuevas normas de calidad entre los Estados miembros que forman parte de esta red.

[9] Decisión nº 1692/96/CE de 23 de julio de 1996 (DO L 228 de 9.9.1996).

-Integración de las necesidades de las personas con discapacidad en las nuevas investigaciones: el 5º Programa marco de investigación tendrá en cuenta los aspectos relativos a la accesibilidad, en especial por lo que se refiere a las acciones más importantes de investigación en infraestructuras de transporte y sus interfaces con los medios y sistemas de transporte, la movilidad y la interoperabilidad sostenibles, y los servicios para los ciudadanos.

-Promoción de modelos de buenas prácticas: junto con la UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos) y la red POLIS de autoridades locales y regionales, la Comisión ha creado el Servicio europeo de información sobre transportes locales (ELTIS), una base de datos informatizada que reúne modelos de buenas prácticas en los transportes local y regional. ELTIS incluye estudios de casos concretos en materia de transporte accesible para personas con movilidad reducida y ofrece a los operadores y a las autoridades la oportunidad de presentar sus propios estudios de casos concretos. La Comisión continuará apoyando a través de Europa la tecnología punta y el intercambio de conocimientos técnicos y de modelos de buenas prácticas y tendrá más en cuenta en sus proyectos las necesidades de las personas con movilidad reducida.

-Promoción del reconocimiento mutuo: desde la adopción en junio de 1998 de la Recomendación del Consejo sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad [10], los Estados miembros reconocen con carácter recíproco los lugares de estacionamiento reservados para las personas con discapacidad. La Comisión estudiará la posibilidad de ampliar este enfoque a otros ámbitos.

[10] DO L 167 de 12.6.1998.

3.2. Hacia una mayor accesibilidad - necesidad de colmar las deficiencias de la política intersectorial

Mejorar la accesibilidad de los medios de transporte y de las informaciones sobre viajes no es suficiente si no se procede a una revisión general de la cadena de transporte en su totalidad. De nada sirve el hecho de que existan autobuses o trenes accesibles, si las personas con discapacidades motrices no pueden llegar a la parada de autobús o a la estación de tren ni utilizar un distribuidor automático de billetes. Para colmar estas deficiencias será necesario desarrollar un marco general que aborde los problemas de accesibilidad entre sistemas de transporte, edificios y otras zonas públicas. Dicho marco exige claramente una colaboración más estrecha entre políticas y niveles administrativos diferentes.

Lo mismo ocurre a escala comunitaria donde una serie de políticas --industria, sociedad de la información, cohesión social y desarrollo regional, medio ambiente, transporte, política social, salud y seguridad en el trabajo, etc.-- afectan a los temas de accesibilidad. Algunos aspectos de la cadena de movilidad son tratados ya en parte por la legislación comunitaria, como por ejemplo la Directiva marco 89/391/CEE [11], que prevé que los empresarios deberán adaptar las tareas a los trabajadores con discapacidad. En otro ámbito, la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995 [12], prevé especificaciones sobre el acceso a los nuevos ascensores de las personas con discapacidad y la Recomendación de la Comisión de 8 de junio de 1995 [13] establece diversas medidas para mejorar la seguridad y la accesibilidad de los ascensores existentes.

[11] DO L 183 de 29.6.1989.

[12] DO L 213 de 7.9.1995.

[13] DO L 134 de 20.6.1995.

La Comisión considera que la Unión Europea debería promover la accesibilidad de forma coordinada entre diversos ámbitos políticos, lo que contribuiría a mejorar la calidad de la vida profesional, la protección de los consumidores y la competitividad de la industria europea. Así, las políticas destinadas a promover el empleo de las personas con discapacidad no serán eficaces a menos que se vean apoyadas por acciones destinadas a reducir de manera efectiva y, en la medida de lo posible a suprimir, los problemas en materia de accesibilidad.

Por otra parte, un ambiente de trabajo apropiado y seguro contribuye a que los trabajadores puedan mantener en buen estado su salud y su capacidad de trabajo, y constituye un factor competitivo importante para las empresas. Al mismo tiempo, la accesibilidad favorece al sector comercial de los servicios y las instalaciones destinados al público, particularmente en el sector turístico, donde hoteles, centros de vacaciones y sitios de interés accesibles para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada son la única opción para un número considerable y cada vez mayor de clientes. Además, al igual que ocurre en el sector del transporte, la accesibilidad y la facilidad del uso son medidas preventivas de gran eficacia contra la fatiga y los accidentes.

Por último, la armonización de las normas de construcción relativas a la accesibilidad y la seguridad aportará una valiosa contribución a la promoción de un mercado europeo en una amplia gama de bienes y servicios.

-La Comisión, una vez consultados los usuarios y los representantes del sector, determinará los ámbitos en los que es preciso aplicar a escala comunitaria normas obligatorias de accesibilidad en el sector de la construcción.

-Muchos nuevos proyectos de transporte e infraestructura están siendo planificados o construidos en Europa con financiación comunitaria, especialmente por lo que respecta a las redes transeuropeas y los Fondos Estructurales. Dada la durabilidad de los equipos y las infraestructuras de transporte, que puede ser muy prolongada, es de vital importancia tener en cuenta desde el principio los requisitos en materia de accesibilidad. La Comisión tratará de garantizar que los proyectos considerados en el marco de la financiación comunitaria incorporan los requisitos de accesibilidad y se ajustan a la normativa vigente o a las mejores prácticas reconocidas en lo referente a su diseño y construcción.

-La Comisión tratará de aprovechar la pujanza del mercado europeo para fomentar el sector de la construcción comercial de forma que se ajuste a los modelos de mejores prácticas en el ámbito de las normas de accesibilidad y animará a los poderes públicos europeos a actuar en este sentido.

-La Comisión --basándose en su propia evaluación y en los informes que deben presentar los Estados miembros-- evaluará la aplicación de los requisitos que en materia de discapacidad figuran en la Directiva marco 89/391/CEE, además de su grado de cumplimiento en el lugar de trabajo, así como los esfuerzos desplegados en este sentido.

-La Comisión pondrá a punto una base de datos con orientaciones sobre métodos y modelos de buenas prácticas a fin de mejorar la gestión de los temas relacionados con la discapacidad en el lugar de trabajo, facilitando para ello información electrónica actualizada que permita el acceso a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo por parte de las empresas y sus representantes.

-La Comisión estudiará la posibilidad de promover a escala comunitaria medidas encaminadas a garantizar que arquitectos, ingenieros de construcción y demás personas responsables del diseño y la construcción del entorno físico disponen de la información necesaria en materia de políticas y medidas en favor de la accesibilidad de las personas con discapacidad.

-En el contexto del Quinto programa marco, se estudiarán nuevas formas de promover el principio de «diseño universal» en materia de accesibilidad, por ejemplo promoviendo viviendas que sean fácilmente adaptables a lo largo del ciclo vital y que cubran las diferentes necesidades en materia de accesibilidad.

3.3. Una sociedad de la información en beneficio de todos - la iniciativa eEurope y la discapacidad

Los aspectos relativos a la accesibilidad son también de extrema importancia en el contexto de la sociedad de la información. Aunque los avances tecnológicos --especialmente en el ámbito de la tecnología de la información y la comunicación-- abren posibilidades insospechadas, no se puede descartar que esta situación cree nuevas barreras para las personas con discapacidad.

En este contexto, la Unión Europea ya ha puesto en marcha diversas iniciativas para garantizar que todos los ciudadanos --incluidas las personas con discapacidad-- se benefician de las posibilidades que ofrece la sociedad de la información. Un ejemplo de ello lo constituye la Comunicación de la Comisión titulada «La dimensión social y del mercado de trabajo de la sociedad de la información - Prioridad para las personas - Las próximas etapas» [14], cuyo objetivo es definir acciones específicas encaminadas a aprovechar al máximo la contribución de la sociedad de la información en favor del empleo y la integración.

[14] COM(1997) 390.

Entre otras iniciativas dignas de mención destaca la Directiva 98/10/CE sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo [15], que insta a los Estados miembros, cuando ello sea necesario, a tomar las medidas adecuadas para garantizar el acceso y la asequibilidad de todos los servicios públicos de telefonía fija a los usuarios discapacitados y a los usuarios con necesidades sociales especiales. En fecha más reciente, el 9 de marzo de 1999, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la Directiva 99/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad [16], que, entre otras cosas, reconoce a la Comisión la facultad de decidir que los aparatos incluidos en determinadas categorías de equipo se construyan de forma que sean compatibles con determinadas funcionalidades que faciliten su utilización por usuarios con discapacidades.

[15] DO L 101 de 1.4.1998.

[16] DO L 91 de 7.4.1999.

En el marco de la política europea de normalización de la sociedad de la información, la Comisión ha encargado asimismo a los organismos europeos de normalización --CEN, CENELEC y ETSI-- que definan las necesidades específicas al respecto, a fin de contribuir a una mejor integración de las personas de edad avanzada y de las personas con discapacidad en la sociedad de la información (véase http://www.cenorm.be/isss/Workshop/Design-for-All/Default.htm).

En el marco del Quinto programa marco de investigación [17], las investigaciones se centran fundamentalmente en el desarrollo de interfaces persona/sistema y de sistemas adaptados y asistenciales que permitan superar los problemas planteados por las barreras que encuentran en su entorno las personas con discapacidades físicas y/o mentales, así como de sistemas y servicios inteligentes que permitan llevar una vida independiente y participar en la sociedad de la información. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea participa activamente en las investigaciones relacionadas con una serie de nuevas tecnologías como, por ejemplo, el desarrollo de sistemas voz-texto para sordos y de interfaces antropomecánicas en el lugar de trabajo, y el acceso a Internet para las personas con discapacidad.

[17] Decisión nº 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de diciembre de 1998 (DO L 26 de 1.2.1999).

El 8 de diciembre de 1999, la Comisión Europea puso en marcha una iniciativa denominada «eEurope - una sociedad de la información para todos», con un objetivo ambicioso: poner las posibilidades de la sociedad de la información al alcance de todos los europeos. Esta iniciativa se centra en diez áreas prioritarias, una de las cuales aborda específicamente las necesidades de las personas con discapacidad. Entre los objetivos marcados en la Comunicación para mejorar el acceso a la sociedad de la información por parte de las personas con discapacidad se incluyen los siguientes:

-Se procederá a la revisión de los programas legislativos y normativos pertinentes relativos a la sociedad de la información, con vistas a asegurar su conformidad con los principios de accesibilidad y a acelerar los procesos de normalización.

-La Comisión elaborará una comunicación en la que se recomendarán métodos para que los instrumentos de contratación pública tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad al adquirir productos y servicios tecnológicos de información y comunicación.

-Las instituciones europeas y los Estados miembros deberían suscribir la Iniciativa en favor de la accesibilidad de la red (WAI), que permite que el diseño y el contenido de todos los sitios públicos de Internet sean accesibles a las personas con discapacidad (http://www.w3.org/tr/wai-webcontent). Es necesario fomentar la cooperación entre entidades públicas y privadas a fin de garantizar el acceso generalizado a la red.

-La Comisión creará una red europea con el fin de aprovechar al máximo la interacción (física o virtual) entre los centros nacionales de excelencia y de fomentar el desarrollo de módulos curriculares en torno al principio de «diseño para todos» en beneficio de diseñadores y técnicos.

3.4. Tecnologías instrumentales - Hacia un mercado común de tecnología asistencial más desarrollado

Gracias a la promoción del principio de «diseño para todos» surgirán tecnologías, bienes y servicios que se acomodarán a las necesidades de una gama más amplia de usuarios, incluidas muchas de las personas con discapacidad. Sin embargo, el diseño para la mayoría no siempre permitirá cubrir las necesidades de las personas que sufren discapacidades severas o que tienen exigencias muy específicas. El acceso a las tecnologías para estos usuarios puede garantizarse de forma más eficaz a través de otros medios como, por ejemplo, el diseño de productos y servicios especiales o, en ocasiones, la adaptación o la interconexión de productos y servicios existentes de forma que puedan cubrir necesidades específicas. Estas tecnologías, orientadas a la creación de productos y servicios específicos para las personas con discapacidad y para las personas de edad avanzada, se conocen como «tecnologías asistenciales» (TA).

El mercado de este tipo de servicios y productos tiene ya una gran importancia, pero se prevé que crezca mucho más dadas las tendencias demográficas. Se estima que las personas de edad avanzada y con discapacidad adquirieron en 1990 bienes y servicios ordinarios por valor de 326 000 millones de ecus. Por lo que respecta al mercado de productos y servicios especiales, se calcula que el mercado europeo mueve actualmente 1 000 millones de euros y crece a un índice de un 10 o hasta un 20 % anual.

Sin embargo, las economías de escala que el mercado interior debería generar en este campo no funcionan todo lo bien que sería de desear. La industria de las TA está muy fragmentada, especialmente por lo que respecta al sector de productos y servicios especiales, en el que pequeñas y medianas empresas abordan las necesidades de consumidores con discapacidades específicas con una cartera muy reducida de productos a escala regional o incluso local y, a menudo, con recursos limitados. La fragmentación de la industria de las TA es consecuencia asimismo de las disparidades existentes entre las diferentes reglamentaciones nacionales y lleva a soluciones que son a menudo incompatibles y a la duplicación de esfuerzos, con la consiguiente merma de eficacia por lo que respecta a la financiación y a utilización de los recursos económicos.

La promoción de una industria saneada de TA y de un mercado bien desarrollado a escala comunitaria permitirá a los usuarios finales disponer de más y mejores productos y servicios con una buena relación calidad/precio. Además, un adecuado desarrollo del mercado abriría enormes posibilidades para reducir el creciente coste de la asistencia. No olvidemos tampoco el riesgo de perder este mercado ante la competencia extranjera, en especial la de los EE.UU., país en el que la industria de las TA se ve impulsada por una serie de leyes que favorecen la accesibilidad --por ejemplo la American with Disabilities Act, de 1990 y la sección 508 de la Rehabilitation Act, de 1986--. Por otra parte, en el Quinto programa marco se incluyen ya actividades promocionales para mejorar las iniciativas emprendidas por pequeñas y medianas empresas que trabajan en este campo. Recordemos, por último, que el artículo 13 del Tratado podría tener un efecto en cascada sobre las legislaciones de los Estados miembros.

-Algunos productos asistenciales para personas con discapacidad están ya cubiertos en la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios [18], cuyo objetivo consiste en estimular un mercado abierto a escala europea y una oferta de mercado transparente. El Comité técnico TC 293 del CEN (Ayudas técnicas para personas con discapacidad) ha preparado una primera serie de normas para categorías de productos tales como las sillas de ruedas. Otras normas se encuentran en fase de preparación o elaboración. Para mejorar la competitividad del mercado de las TA y ofrecer una mejor disponibilidad de los productos, la Comisión estudiará la posibilidad de aplicar normas que sean de utilidad en ese campo.

[18] DO L 169 de 12.7.1993.

-La Comisión ha pedido al CEN/CENELEC/ETSI que determine, en estrecha cooperación con las organizaciones que representan las necesidades de las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad y con las organizaciones de consumidores pertinentes, cuáles son los requisitos para que la normalización garantice el acceso de las personas de edad avanzada y de las personas con discapacidad a la sociedad de la información. El mandato pone de relieve la necesidad de desarrollar de forma más exhaustiva el concepto de «diseño para todos», poniendo a punto al mismo tiempo nuevos productos y servicios, y, en su caso, un planteamiento orientado a las tecnologías asistenciales.

-La recopilación y divulgación de información es un requisito previo necesario para garantizar la accesibilidad a los usuarios finales y la consolidación del mercado. Sobre la base de la experiencia adquirida con el proyecto Handynet, la Comisión tratará de mejorar la cooperación y el intercambio entre las agencias nacionales que ofrecen información sobre las tecnologías asistenciales, aprovechando para ello las posibilidades que ofrece el creciente uso de Internet.

-La disponibilidad y la asequibilidad de productos asistenciales apropiados son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades de gran número de personas con discapacidad. Los Estados miembros son responsables del suministro de productos y aplicaciones asistenciales. Aunque las medidas adoptadas para suministrarlos y para determinar qué personas con discapacidad pueden optar a los mismos pueden variar dentro de un Estado miembro --y entre un Estado miembro y otro--, la Unión Europea seguirá persiguiendo objetivos tales como la supresión de las barreras físicas, sociales y políticas a fin de promover la libre circulación de las personas, la aceptación transfronteriza de los servicios y la venta sin trabas de los productos.

-La Comisión se muestra favorable a reducir o eliminar los impuestos y cargas que gravan los productos y las aplicaciones asistenciales para las personas con discapacidad, siempre que ello no ponga en entredicho otros objetivos políticos de carácter fiscal o aduanero. En este sentido, cabe recordar que los Estados miembros ya pueden aplicar un tipo reducido de IVA a los equipos médicos y a los productos y las aplicaciones asistenciales para las personas con discapacidad [19]. En el ámbito aduanero, el Reglamento 918/83/CEE del Consejo [20] establece que los artículos destinados al uso de las personas con discapacidad deberían ser admitidos, bajo ciertas condiciones, con franquicia de derechos de importación.

[19] Directiva 77/388/CEE (Sexta Directiva IVA) de 17 de mayo de 1977 (DO L 145 de 13.6.1977).

[20] DO L 105 de 23.4.1983.

3.5. Protección de los derechos e intereses de los consumidores con discapacidad en el mercado

Tal y como se decía en el capítulo anterior, con la aparición del mercado único y la desaparición de los fragmentados mercados nacionales, se abre una oportunidad única para diseñar productos económicos destinados a un segmento del mercado que antes era difícil de alcanzar.

En el pasado, muchas empresas, particularmente aquellas cuyos productos iban dirigidos a toda la población, tendían a considerar a los clientes con discapacidad un mercado muy especializado --en el mejor de los casos--, o una intrusión indeseable --en el peor--. Sin embargo, cada vez son más las empresas que consideran que, si se gestionan correctamente, los programas que abordan las necesidades de las personas con discapacidad no sólo no incrementan los costes, sino que pueden abrir nuevas oportunidades de mercado y generar beneficios.

Otro síntoma de esta evolución positiva es el rumbo adoptado por la política europea de los consumidores, que aspira a cubrir todas las categorías de consumidores, incluidos aquellos con discapacidad. La estrategia seguida hasta ahora ha supuesto la consideración de proyectos de asistencia financiera y la inclusión, en su caso, de organizaciones representativas en los procedimientos de consulta. Como ejemplo de este tipo de acciones, podemos citar la definición de criterios para determinar las necesidades específicas de los usuarios que podrían incluirse en los protocolos utilizados para la verificación comparativa de los productos de consumo, y la aplicación del principio de «diseño para todos», aunque hasta la fecha este último se haya centrado fundamentalmente en los preparativos previos a la introducción del euro. Esta labor se ha canalizado a través de la participación de representantes de las personas con discapacidad en todas las fases del proceso de toma de decisiones en calidad de representantes de los consumidores.

En el contexto de la protección de los consumidores cabe mencionar la Directiva 95/46/CE [21], que garantiza, entre otras cosas, la adecuada protección de los datos personales relacionados con discapacidades.

[21] DO L 281 de 23.11.1995.

Para reforzar aún más esta evolución positiva deberían seguirse las siguientes líneas de actuación:

-En el marco de su plan de acción para el nuevo milenio en materia de política de los consumidores, la Comisión debería velar por que se tomen en consideración las necesidades específicas de las personas con discapacidad, especialmente por lo que se refiere al acceso a la justicia, los servicios financieros y la seguridad de los productos.

-En el marco del mandato de normalización en el ámbito de la seguridad de los consumidores, la Comisión ha encargado a los organismos europeos de normalización que elaboren un documento orientativo con pautas sobre cómo deben abordar los redactores de normas el tema de la seguridad y el uso para las personas con necesidades especiales.

-La cobertura de las necesidades de los consumidores con discapacidad pasará a ser uno de los objetivos estratégicos recogidos explícitamente en el nuevo marco reglamentario relativo a la infraestructura en materia de comunicaciones electrónicas y servicios asociados [22].

[22] Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados:Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones [COM(1999) 539 final].

4. PARTE II: INSTRUMENTOS POLÍTICOS PARA LOGRAR UN MAYOR VALOR AÑADIDO COMUNITARIO

La Comisión considera que el deficiente conocimiento del verdadero alcance de la discapacidad, la ignorancia o los prejuicios sobre su características estructurales y el desconocimiento de las diversas iniciativas que pueden emprenderse para mejorar las condiciones de acceso, son algunos de los principales obstáculos que es preciso superar a la hora de definir estrategias en favor de la integración. Otro problema estriba en el hecho de que las personas con discapacidad constituyen un grupo muy dispar, con circunstancias vitales, tipos y grados de discapacidad muy diferentes, que ha de hacer frente a una enorme variedad de barreras. Para la aplicación de cualquier medida, constituyen instrumentos imprescindibles una sólida base de conocimientos, una coordinación adecuada y mecanismos de consulta apropiados.

4.1. Interpretar las cifras y comprender las necesidades

Para que la Comisión y los responsables políticos puedan planificar y diseñar medidas que permitan a todos los ciudadanos, incluidos aquellos con limitaciones funcionales, actuar de forma eficaz e independiente en el hogar, en el lugar de trabajo y en la vida social en general, se precisan datos estadísticos, geográficos y personales fidedignos.

En 1992/1993 Eurostat publicó un documento general en el que figuraba una primera serie de estadísticas sobre la situación socioeconómica de las personas con discapacidad. El Panel de Hogares de la Comunidad Europea (PHCE), un estudio pluridisciplinario llevado a cabo en el marco del Sistema Estadístico Europeo (SEE) como instrumento de supervisión para ofrecer información longitudinal sobre una serie de temas sociales, viene ofreciendo desde 1994 unas primeras series de datos sobre la discapacidad, comparables a escala comunitaria.

La Comisión seguirá trabajando a fin de mejorar la recopilación de información estadística útil sobre las necesidades de las personas con discapacidad siguiendo las siguientes líneas de actuación:

-Se recopilarán datos relativos a la situación sanitaria, la protección social, la salud y la seguridad en el trabajo, el empleo y la educación. Además, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1924/1999 de la Comisión, de 8 de septiembre de 1999 [23], en 2002 se completará, en el marco de la Encuesta europea sobre la población activa, un módulo ad hoc relativo al empleo de las personas con discapacidad.

[23] DO L 238 de 9.9.1999

-Se promoverá la cooperación entre los Estados miembros con vistas al desarrollo de un marco que garantice la utilización en todos los Estados miembros de un cuerpo coherente de definiciones y métodos de recopilación de datos, así como a la mejora de la comparabilidad de los datos estadísticos sobre la discapacidad a escala comunitaria. En su caso, se estudiará la forma de colmar las disparidades entre los datos.

-El programa «Vigilancia de la salud» tiene como objetivo definir a escala comunitaria un marco de datos e indicadores comparables en materia de salud, que permitan una mejor comprensión de los diferentes tipos y grados de discapacidad con respecto a las actividades cotidianas, la vida social y las capacidades laborales.

-El Quinto programa marco de investigación (1998-2002) aportará una valiosa contribución a la mejora de la base de conocimientos sobre la discapacidad, sobre todo gracias al programa «Calidad de vida y gestión de los recursos vivos», la acción clave «El envejecimiento de la población» y la línea de acción «Investigación sobre las personas con discapacidad». El objetivo de estas iniciativas es mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad, actuando sobre todo en su entorno físico y social (por ej. mediante tecnologías orientadas a la rehabilitación y la asistencia), y garantizar la eficacia de los servicios de asistencia sanitaria y social disponibles.

4.2. Diseñar programas comunitarios que favorezcan la integración

A escala comunitaria, la Comisión apuesta por el diseño de programas que sean abiertos y accesibles para todos los ciudadanos de la UE y que incorporen, por principio, las necesidades individuales y particulares de las personas con discapacidad en su diseño. Al mismo tiempo, reconoce que no siempre pueden tenerse en cuenta en todos y cada uno de los programas ordinarios las necesidades específicas que entraña la discapacidad. En estos casos, la Comisión suele adoptar un planteamiento consistente en medidas complementarias que, combinadas con las del programa en cuestión, garanticen el que no se niegue a nadie la oportunidad de participar únicamente por motivo de discapacidad.

-La Comisión tratará de garantizar la participación de las personas con discapacidad en los programas ordinarios. En este sentido, adoptará en su caso medidas específicas destinadas a cubrir las necesidades específicas de las personas con discapacidad y a garantizar la igualdad de oportunidades. Además, al calcular el importe de la ayuda comunitaria que deberá concederse se tendrá en cuenta, dentro de los límites impuestos por la situación presupuestaria, el coste de las medidas específicas necesarias para permitir dicha participación.

4.3. Predicar con el ejemplo

A fin de afianzar su compromiso en favor de la creación de un servicio sin barreras y accesible para todos y de reforzar la credibilidad de sus recomendaciones a otros agentes, la Comisión seguirá promoviendo el desarrollo de modelos de buenas prácticas en su propia organización.

a) Empleo

Las personas con discapacidad están significativamente infrarrepresentadas en el lugar de trabajo, ámbito que incluye el servicio público europeo. La Comisión, al igual que las demás instituciones de la Unión Europea, adoptó en 1998 un Código de buenas prácticas sobre el empleo de las personas con discapacidad, algunas de cuyas recomendaciones destacamos a continuación: adaptación de los procedimientos de examen/contratación a las necesidades de los candidatos con discapacidad, acceso a actividades específicas de formación para los funcionarios con discapacidad que las necesiten, medidas de retención del personal por medio de apoyo técnico, reorganización del trabajo y horarios flexibles o a tiempo parcial, derecho a una adaptación razonable del entorno de trabajo, etc.

La Comisión considera de la mayor importancia seguir aplicando el Código y apoyando la participación de las personas con discapacidad en los servicios de la Comisión, lo que contribuirá asimismo a demostrar la valiosa contribución que pueden aportar a la mano de obra y a mejorar la sensibilización del resto del personal al respecto.

-En el marco de su reforma interna, la Comisión adoptará las medidas necesarias para facilitar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad en el servicio público europeo. Entre los temas que deberán abordarse destacan los siguientes: organización de oposiciones, promoción profesional, asistencia administrativa y puesta a disposición de oficinas y edificios equipados de manera apropiada. Se identificarán los puestos de trabajo más aptos para las personas con discapacidad.

-La Comisión animará al personal a asistir a las actividades de formación que se lleven a cabo en materia de sensibilización, las cuales incluirán información sobre los problemas que plantea la discriminación por motivo de discapacidad, así como, en su caso, intervenciones de personas con diferentes discapacidades.

b) Accesibilidad a los locales de la Comisión

En el marco del referido Código de buenas prácticas, la Comisión ya ha manifestado su compromiso en favor de desarrollar estrategias destinadas a garantizar que los temas de accesibilidad sean tenidos en cuenta al modernizar locales antiguos o al seleccionar otros nuevos. Además, cualquier restauración o mejora de edificios, así como los edificios ocupados por primera vez deberán cumplir, al menos, la normativa nacional vigente.

-La Comisión velará por que las oficinas y los locales sean accesibles para sus empleados y los ciudadanos que visiten sus servicios. Garantizará asimismo que se publican regularmente listas de los lugares de acceso público, con indicaciones sobre la localización de los aseos y de instalaciones tales como dispositivos asistenciales, y que se toman en consideración las necesidades de las personas con discapacidad al disponer la localización de lugares de acceso público.

c) Información y comunicación

Los europeos con discapacidad tienen los mismos derechos y las mismas necesidades de información que los demás ciudadanos. El hecho de no poder disponer de informaciones públicas en formatos alternativos les impide acceder a la información que necesitan.

La Comisión recurre cada vez más a Internet como instrumento para ofrecer a un gran número de personas acceso a la información y a otros servicios de forma rápida y económica. La disponibilidad en la red de informaciones y servicios en formato electrónico permite ofrecer a las personas con discapacidad un acceso en igualdad de condiciones y, por lo general, más rápido y económico de lo que sería posible con otros formatos. Sin embargo, la presencia en la red de un determinado documento no garantiza en sí misma su accesibilidad. La lengua, así como la ubicación física del documento, puede limitar el acceso a la información y crear barreras a la plena participación de las personas con discapacidad.

Para que la comunicación favorezca la integración y sea, por consiguiente, efectiva, se deberán tener en cuenta las necesidades diferentes de las personas con discapacidad, que pueden experimentar una dificultad añadida a la hora de acceder a la información en formato convencional. Se hacen necesarios formatos alternativos que permitan transmitir la información a las personas con discapacidades sensoriales o cognitivas.

Además del compromiso expresado en el punto 3.3, la Comisión prevé emprender las siguientes acciones:

-La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas promoverá el desarrollo y la aplicación de normas y modelos de buenas prácticas a fin de facilitar el acceso a la información a las personas con discapacidad. Apoyará asimismo iniciativas destinadas al intercambio de documentos en formatos alternativos en toda Europa a través del Foro de editores de la UE.

-La Comisión modificará sus orientaciones relativas al acceso a los documentos de la Comisión a fin de garantizar, siempre que sea posible y apropiado, que las publicaciones y las informaciones sobre las políticas, los programas y los servicios sean accesibles en formatos alternativos a las personas con discapacidad .

d) Integración en las Escuelas Europeas

Son ya varias las recomendaciones y resoluciones adoptadas por el Consejo y los ministros de Educación reunidos en el Consejo al objeto de mejorar la integración de los niños con discapacidad en la escuelas ordinarias [24]. Iniciativas de este tipo también se han puesto en marcha en las Escuelas Europeas, que son centros oficiales de educación dependientes de los Gobiernos de los Estados miembros. En concreto, el Consejo Superior de las Escuelas Europeas decidió en 1995 crear un Comité de Apoyo al Aprendizaje, encargado de ampliar y redefinir el marco previsto para la integración de los alumnos con discapacidad en todos los niveles de enseñanza.

[24] Véase en particular la Resolución del Consejo y los ministros de Educación reunidos en el Consejo, de 31 de mayo de 1990, relativa a la integración de los niños y jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios (DO C 162 de 3.7.1990).

-La Comisión seguirá apoyando los esfuerzos desplegados por las Escuelas Europeas en favor de los alumnos con discapacidad al objeto de integrarlos en los cursos ordinarios y, sobre todo, de asistir de forma más apropiada a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje.

4.4. Consultar a las personas con discapacidad

Gracias a su propia experiencia, las personas con discapacidad están capacitadas para detectar inmediatamente las políticas y prácticas que les dificultan o impiden acceder a servicios e instalaciones y para articular posibles soluciones. En este sentido, la Comisión reconoce que la mayoría de las ideas formuladas en la presente Comunicación han sido esbozadas a partir del diálogo constante que mantiene con las personas con discapacidad y con los expertos y las asociaciones que trabajan en este ámbito.

-Al poner en marcha sus iniciativas, la Comisión tratará de organizar procedimientos de consulta con la comunidad de personas con discapacidad y las ONG que las representan. Según el tema de que se trate estos procedimientos variarán para adaptarse a circunstancias específicas (por ej., participación en organismos asesores/consultivos, creación de grupos de referencia o de trabajo, redacción de documentos de consulta u organización de foros públicos, Internet, etc.).

-Para reforzar la capacidad de las personas con discapacidad de contribuir al desarrollo de programas y políticas, la Comisión promoverá la creación de asociaciones de cooperación entre las organizaciones de discapacidad, otras ONG y los interlocutores sociales; apoyará actos y mecanismos que fomenten las consultas y el compromiso y estimulará el flujo de información y de conocimientos a través de redes y actividades de investigación llevadas a cabo por ONG.

4.5. Reforzar la coordinación entre los servicios de la Comisión

Por el momento, el principal mecanismo con el que contamos para coordinar la política en materia de discapacidad en los diversos ámbitos de responsabilidad de la Comisión es el Grupo interservicios en materia de discapacidad. Todas las Direcciones Generales pertinentes participan ya activamente en el Grupo, que ha demostrado ser un eficaz instrumento de sensibilización sobre los temas de discapacidad y de promoción de una mayor coordinación intersectorial en este ámbito.

-El Grupo interservicios en materia de discapacidad seguirá, pues, reuniéndose regularmente al objeto de intercambiar informaciones sobre la situación relativa a las acciones pertinentes en cada ámbito estratégico y de estudiar la posibilidad de adoptar otras posibles acciones a fin de sacar el máximo partido tanto de los recursos existentes como de la complementariedad entre los diversos servicios.

-El Grupo interservicios trabajará en el desarrollo de instrumentos de control y de información en torno a la discapacidad destinados a los servicios de la Comisión.

-Los servicios de la Comisión elaborarán directrices específicamente orientadas a las personas con discapacidad que necesiten asistencia a la hora de buscar información sobre los programas y las iniciativas comunitarios pertinentes para las personas con discapacidad.

5. PARTE III: PERSPECTIVAS DE FUTURO - SENSIBILIZACIÓN, REFUERZO DE LA COOPERACIÓN E IMPULSO RENOVADO

Las líneas de acción descritas, así como la labor en curso con los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales, permitirá seguir avanzando en la supresión de las barreras y en la mejora de las oportunidades disponibles para las personas con discapacidad a la hora de participar plenamente en los diversos aspectos de la vida social.

La presente Comunicación se centra principalmente en el tema de la accesibilidad como un medio para concienciar a los responsables políticos, la industria y la sociedad en su conjunto sobre cuáles son las demandas y las posibilidades en este ámbito. Se hace hincapié en el hecho de que la accesibilidad sirve asimismo a un objetivo mucho más amplio: la plena ciudadanía en las sociedades modernas.

Sin embargo, para que estas aspiraciones lleguen a hacerse realidad, serán precisas la participación, la ayuda y la cooperación de todos los agentes interesados --administraciones a todos los niveles, sector privado, comunidades, grupos del sector voluntario, personas con discapacidad y familiares. Además de las administraciones, que pueden ayudar ofreciendo liderazgo, conocimientos especializados y recursos, es preciso el compromiso de todos para coronar con éxito el proceso de supresión de las barreras de actitud y para ofrecer oportunidades a todos los ciudadanos.

En esta dirección, la Comisión propondrá al Consejo que declare 2003 «Año Europeo de las personas con discapacidad» a fin de lograr una mayor sensibilización, estimular la participación, crear un ambiente propicio para la adopción de nuevas políticas a todos los niveles y reforzar el concepto de ciudadanía europea para las personas con discapacidad.

La Comisión animará igualmente a los países candidatos a seguir el rumbo marcado por la política comunitaria en materia de discapacidad.

Por último, la aplicación de la presente Comunicación será evaluada en un Informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que constituirá una de las aportaciones de la Comisión al Año Europeo.

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