3.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 56/1

(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 del Consejo (2) («Reglamento inicial»), el Consejo estableció derechos compensatorios definitivos, que ascienden al 11,5 %, sobre las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino procedentes de la República Popular China («China»). En lo sucesivo, dichas medidas se denominarán «las medidas vigentes» y la investigación que dio lugar a las medidas establecidas mediante el Reglamento inicial será la «investigación inicial».

(2)

La Comisión confirmó, mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE (3), la aceptación del compromiso de precios modificado («compromiso») durante el período de aplicación de las medidas definitivas. Desde entonces la Comisión ha adoptado la Decisión de Ejecución 2014/657/UE (4) en la que se aclara la aplicación del compromiso. Asimismo ha adoptado cinco reglamentos de ejecución por los que se denuncia la aceptación del compromiso de varios productores exportadores (5).

(3)

El 5 de mayo de 2015, la Comisión publicó el anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping y compensatorias aplicables a las importaciones del producto objeto de reconsideración (6). El alcance de la reconsideración se limitó al índice utilizado como referencia para el mecanismo de adaptación del precio establecido en el compromiso arriba mencionado. La reconsideración finalizó en enero de 2016 en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/12 de la Comisión (7).

(4)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/184 de la Comisión (8), tras una investigación antielusión, el Consejo amplió el derecho compensatorio definitivo establecido por su Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 a las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) procedentes de Malasia y de Taiwán, tanto si se declaran originarios de Malasia o de Taiwán como si no.

(5)

Tras la publicación de un anuncio de la expiración inminente (9) de las medidas compensatorias vigentes sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, la Comisión Europea («Comisión») recibió una solicitud de reconsideración con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 597/2009 del Consejo (10) («Reglamento de base»).

(6)

La solicitud fue presentada el 4 de septiembre de 2015 por EU ProSun («el solicitante») en nombre de productores que representan más del 25 % de la producción total de la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) y fue respaldada por productores de la Unión que, en conjunto, constituyen más del 50 % de la producción total del producto similar producido por la parte de la industria de la Unión que expresó, bien su apoyo, bien su oposición a la solicitud. La solicitud se basaba en el argumento de que probablemente la expiración de las medidas acarrearía una continuación de la subvención y la reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

(7)

Tras haber determinado, a raíz de la consulta al Comité establecido con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento de base, que existían pruebas suficientes que justificaban el inicio de una reconsideración por expiración, el 5 de diciembre de 2015, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea («anuncio de inicio») (11), la Comisión comunicó el comienzo de una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base.

(8)

Ese mismo día, la Comisión inició una reconsideración por expiración (12) y una reconsideración provisional parcial (13) de las medidas antidumping vigentes sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China. Se trata de un procedimiento paralelo pero distinto, el cual es objeto de un Reglamento separado.

(9)

Antes de iniciar la reconsideración por expiración y de conformidad con los artículos 10, apartado 7, y 33, letra a), del Reglamento de base, la Comisión notificó a las autoridades chinas que había recibido una solicitud de reconsideración debidamente documentada y las invitó a celebrar consultas a fin de esclarecer la situación descrita en dicha solicitud de reconsideración y alcanzar una solución de mutuo acuerdo. Las autoridades chinas aceptaron la oferta de consultas, que se celebraron posteriormente, el 2 de diciembre de 2015. Durante las consultas no se pudo alcanzar una solución de mutuo acuerdo. Sin embargo, se tomó buena nota de los comentarios realizados por las autoridades chinas.

(10)

Ese mismo día la Comisión inició de oficio una reconsideración provisional parcial con arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento de base, que se limitó a analizar si beneficiaba al interés de la Unión mantener las medidas vigentes respecto a las células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino (14) («anuncio de inicio de una reconsideración provisional»).

(11)

La investigación de la probabilidad de continuación o reaparición de las subvenciones abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 («período de investigación de reconsideración» o «PIR»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2015 («período considerado»).

(12)

En los anuncios de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para participar en la investigación. Además, la Comisión informó específicamente del inicio de la investigación e invitó a participar en ella al solicitante, a otros productores conocidos de la Unión, a los productores exportadores conocidos de China y a las autoridades de este país, a los importadores, proveedores, usuarios y comerciantes conocidos, así como a las asociaciones afectadas conocidas.

(13)

Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en litigios comerciales.

(14)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(15)

En sus anuncios de inicio, la Comisión declaró que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra sobre la base del mayor volumen representativo de ventas en la Unión, teniendo en cuenta el volumen de producción y la ubicación geográfica, que pudiera investigarse de forma razonable en el tiempo disponible. La muestra estaba compuesta por seis productores de módulos y tres de células procedentes de la Unión. En la muestra se incluyeron productores integrados y no integrados verticalmente. La Comisión invitó a las partes interesadas a que formularan observaciones sobre la muestra provisional. Todas las empresas seleccionadas provisionalmente accedieron a ser incluidas en la muestra.

(16)

Se recibieron observaciones de varias partes interesadas sobre la muestra propuesta. Estas criticaron el hecho de que se mantuviera la confidencialidad tanto del nombre como de la ubicación geográfica de varios productores de la Unión, lo que les impedía poder hacer comentarios sobre la cuota de los productores seleccionados con relación a la producción total y a los volúmenes de ventas de la industria de la Unión.

(17)

La Comisión recordó que todos los productores de la Unión incluidos en la muestra, a excepción de SolarWorld, WARIS Srl («Waris») y Sillia VL («Sillia»), habían solicitado durante la fase de inicio que se salvaguardara la confidencialidad de sus nombres. La Comisión respetó estas solicitudes, aunque les invitó a que confirmasen su deseo de mantener el anonimato durante las investigaciones de las reconsideraciones y a que proporcionasen una justificación adecuada de su solicitud. Todas las empresas en cuestión, salvo una, confirmaron su solicitud inicial y proporcionaron justificaciones. En concreto, las empresas señalaron su temor a perder actividades comerciales en China o suministros de materias primas y componentes procedentes de ese país. Se consideró que estos motivos estaban justificados. Por lo tanto, la Comisión decidió aceptar su petición de anonimato y rechazar las solicitudes de las partes interesadas de revelar la identidad y la ubicación geográfica de los productores de la Unión incluidos en la muestra. De las empresas que mantuvieron su anonimato, tan solo Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») aceptó que se revelase su nombre en la muestra final.

(18)

Un productor exportador argumentó que la Comisión no había proporcionado una definición de la industria de la Unión antes de seleccionar la muestra provisional de esta, lo cual le impedía comentar si era representativa. Además, algunos de los productores de la Unión seleccionados, como es el caso de SolarWorld, están verticalmente integrados, ya que fabrican células que en su mayor parte se destinan a la producción de sus propios módulos. Por lo tanto, existe el riesgo de que se haya contado dos veces la producción del mismo producto final: módulos.

(19)

De los anuncios de inicio se deduce que «industria de la Unión» hace referencia a todos los productores de módulos y componentes clave (a saber, células) de la Unión. Por otra parte, la industria de la Unión ya se había definido de forma clara en la investigación inicial. Por último, el uso cautivo de la producción de células se ha deducido al examinar la situación y la representatividad de la industria de la Unión. En consecuencia, esta alegación fue rechazada.

(20)

Otras partes interesadas alegaron que la Comisión no debería haber incluido a Waris y Sillia en la muestra, ya que son pequeños productores de módulos de la Unión y, por consiguiente, su modelo de negocio es tan específico que no es representativo. En su lugar, la Comisión debería haber incluido a grandes y medianas empresas, como Jabil.

(21)

La Comisión rechazó este argumento, puesto que la muestra incluyó un número importante de grandes y medianos productores de módulos. Waris y Sillia fueron incluidos en la muestra a fin de garantizar una mayor representatividad geográfica.

(22)

Una vez iniciado el procedimiento, la Comisión tuvo que excluir de la muestra a la empresa Sillia por su falta de cooperación. Debido a esto, los restantes productores de la Unión incluidos en la muestra representaban el 38,8 % de las ventas totales de la UE y el 55 % de la producción total de módulos de la Unión. En el caso de las células, estos representaban el 76,6 % del volumen total de ventas de la UE y el 77 % de la producción total de la Unión. Por lo tanto, la muestra modificada siguió considerándose representativa de la industria de la Unión.

(23)

A fin de determinar si era necesario el muestreo y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en los anuncios de inicio.

(24)

Dos importadores no vinculados facilitaron la información solicitada y accedieron a formar parte de la muestra. A la vista de su reducido número, la Comisión decidió que no era necesario el muestreo.

(25)

Para determinar si era necesario el muestreo y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores exportadores de China que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión solicitó a las autoridades chinas que, en caso de haber otros productores exportadores que pudieran estar interesados en participar en la investigación, así los identificaran o se pusieran en contacto con ellos.

(26)

Pese a que ochenta y seis productores exportadores o grupos de productores exportadores de China proporcionaron la información que se solicita en el anexo I del anuncio de inicio a efectos del muestreo, los tres mayores productores exportadores o grupos de productores exportadores principales (en lo que se refiere a ventas de exportación del producto objeto de reconsideración a la Unión con arreglo a la base de datos del artículo 14, apartado 6) no facilitaron la información solicitada. Dadas estas circunstancias, la Comisión incluyó en la muestra a los tres siguientes productores exportadores o grupos de productores exportadores que registran el máximo volumen ventas de exportación a la Unión los cuales proporcionaron la información solicitada y cooperaron con la investigación:

(27)

De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a todos los productores exportadores afectados conocidos, y a las autoridades de China, acerca de la selección de la muestra. No se formularon observaciones.

(28)

Se remitió un cuestionario a las autoridades chinas [que incluía cuestionarios específicos para el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Importación y Exportación de China («EXIM»), el Banco de Pekín, el Banco de Construcción de China («CCB»), el Banco Industrial y Comercial de China («ICBC»), el China Merchants Bank («MEB»), el China Mingsheng Bank («MiB»), el Ping An Bank, el Suzhou Bank y China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure)] basado en el hecho de que habían proporcionado préstamos y servicios financieros a la industria fotovoltaica con arreglo a la información de la solicitud. Además, se pidió a las autoridades chinas que reenviaran un cuestionario dirigido a los bancos a cualquier otra institución financiera de la que supieran que había concedido préstamos a la industria en cuestión («industria fotovoltaica»). Este cuestionario dirigido a las autoridades chinas también incluía cuestionarios específicos dirigidos a los productores de polisilicio, a los de extrusionados de aluminio y a los de vidrio que son en su totalidad o en parte propiedad del Estado y que suministraron estas materias primas a la industria fotovoltaica durante el período de investigación de reconsideración. También se remitieron cuestionarios a los tres (grupos de) productores exportadores incluidos en la muestra, a los productores de la Unión incluidos en la muestra, así como a todos los importadores y usuarios que se habían presentado.

(29)

La Comisión recibió respuestas al cuestionario del EXIM, el CCB, el ICBC, el MEB, el MiB y de Sinosure, pero no de las restantes instituciones financieras incluidas en el considerando anterior, de los tres (grupos de) productores exportadores incluidos en la muestra, de los productores de la Unión incluidos en la muestra y de cuatro importadores o usuarios.

(30)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probabilidad de continuación y reaparición de las subvenciones, la probabilidad de reaparición del perjuicio y el interés de la Unión:

(31)

La respuesta al cuestionario del MiB, recibida a través de las autoridades chinas, no fue verificada, ya que el 30 de junio de 2016 este indicó que no aceptaría una inspección in situ. De la información facilitada por los tres productores incluidos en la muestra se deriva que dieciocho instituciones financieras, a saber, Banco Agrícola de China, Banco de China, Bank of Communication, Banco de Desarrollo de China, China Everbright Bank, China Trust Commercial Bank, Hua Xia Bank, Banco Industrial de China, Jiangnan Rural Commercial Bank, Ping An Bank, Rural Commercial Bank, Shanghai Pudong Development Bank y Xiantao Finance Bureau, habían concedido préstamos a estos productores incluidos en la muestra, además de EXIM, CCB, ICB, MEB y MiB.

(32)

El 20 de diciembre de 2016, la Comisión desveló a todas las partes interesadas los hechos y consideraciones esenciales con arreglo a los cuales pretende mantener las medidas compensatorias en vigor, e invitó a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones. La Comisión analizó las observaciones formuladas por las partes interesadas y tuvo en cuenta aquellas que procedían. Tras la comunicación, la Cámara de Comercio China, Wacker, Solar Power Europe («SPE») y Solar Alliance for Europe («SAFE») solicitaron una audiencia con el Consejero Auditor en materia de litigios comerciales, la cual les fue concedida.

(33)

Dado que el Comité al que se hace referencia en el considerando 790 no emitió ningún dictamen, la Comisión comunicó su intención de reducir el período de aplicación de las medidas de veinticuatro a dieciocho meses e invitó a las partes interesadas a pronunciarse al respecto.

(34)

El producto objeto de reconsideración es el mismo que el de la investigación que provocó que se impusiesen las medidas existentes («investigación inicial»), es decir, módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino (células de espesor no superior a 400 micrómetros), originarios o procedentes de la República Popular China («producto objeto de reconsideración» o «producto afectado») y a los que actualmente se les asignan los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90 (códigos TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 y 8541409039), a menos que estén en tránsito a tenor del artículo V del GATT.

(35)

Están excluidos de la definición del producto objeto de reconsideración los siguientes tipos de productos:

(36)

Al igual que en la investigación inicial, el producto objeto de reconsideración y el producto producido y vendido en la Unión por la industria de la Unión tienen unas características físicas, químicas y técnicas básicas similares, así como los mismos usos finales básicos. De igual modo, el producto producido y vendido en el mercado doméstico chino y vendido para su exportación a la Unión comparten las mismas características físicas y técnicas, así como los mismos usos. Por lo tanto, se consideran similares a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(37)

De conformidad con el artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento de base, la Comisión analizó si la expiración de las medidas vigentes podría conducir a una continuación o a una reaparición de las subvenciones.

(38)

A petición de las autoridades chinas, la Comisión concedió una ampliación del plazo de catorce días adicionales para responder al cuestionario, con lo que el período total para enviar la respuesta al cuestionario fue de cincuenta días.

(39)

Tras la comunicación, las autoridades chinas comentaron que, teniendo en cuenta la amplitud del cuestionario, el plazo de cincuenta días otorgado para completar la respuesta era insuficiente. Dichas autoridades manifestaron que la Comisión no había actuado de la mejor manera posible, ya que se tomó once meses para evaluar la información que les exigió proporcionar en un plazo de cincuenta días. Las autoridades chinas también compararon los plazos establecidos o aplicables en la investigación inicial y en otras investigaciones antisubvenciones con las de esta reconsideración por expiración. Asimismo alegaron que los plazos establecidos en la reconsideración por expiración tenían por objeto poner a las autoridades chinas en una posición difícil e impedir que pudieran cooperar de la mejor manera posible. La Comisión señala que el Reglamento de base establece que se otorgarán al menos treinta días a las partes interesadas para que presenten su respuesta al cuestionario y quince meses como máximo para concluir una reconsideración por expiración. Estos plazos legales se han respetado y las autoridades chinas tuvieron veinte días más de lo estipulado como plazo mínimo. Por tanto, el argumento que defienden no es aplicable.

(40)

En la carta en la que comunicaba la ampliación del plazo, de fecha 7 de enero de 2016, la Comisión recordó a las autoridades chinas que la respuesta al cuestionario debía incluir programas de subvenciones y beneficios a todos los productores exportadores del producto objeto de reconsideración. Las autoridades chinas respondieron mediante carta de 21 de enero de 2016, en la que manifestaban sus inquietudes respecto al alcance del cuestionario e informaban a la Comisión de que, al igual que en la investigación inicial, en la respuesta al cuestionario, los datos de empresas concretas únicamente englobarían a (grupos de) productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión, por medio de su misiva de 22 de enero de 2016, indicó su desacuerdo con la postura de las autoridades chinas y señaló que, a diferencia de la investigación inicial, varios de los mayores productores exportadores, entre los que se encontraban los tres mayores en lo que a volumen de exportaciones del producto objeto de reconsideración a la Unión se refiere, no habían colaborado en la reconsideración por expiración, lo que provocó que el nivel de cooperación fuese mucho menor que en la investigación inicial. Por tanto, si la respuesta al cuestionario emitida por las autoridades chinas únicamente se refiriese a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, es probable que se omitiese información importante para extraer conclusiones sobre las subvenciones. No obstante, la Comisión, mostrando una actitud positiva de cooperación, aceptó excepcionalmente en dicha carta que, en su respuesta al cuestionario, las autoridades chinas pudieran limitar los datos de empresas concretas a los diez mayores (grupos de) productores exportadores en el PIR, enumerados por su nombre en la carta, entre los que se encontraban las tres empresas incluidas en la muestra, y manifestó su voluntad de concederle otra ampliación del plazo hasta el 2 de febrero de 2016.

(41)

Las autoridades chinas enviaron una respuesta incompleta al cuestionario en tres partes: la primera el 26 de enero de 2016, la segunda el 3 de febrero de 2016 y la tercera el 5 de febrero de 2016. En la carta introductoria de la documentación remitida el 26 de enero de 2016, las autoridades chinas manifestaron su deseo de aclarar los motivos por los que su respuesta al cuestionario estaba incompleta y reiteraron su postura relativa a que el alcance de la respuesta al cuestionario se limitase a los tres grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, la cual repitieron también en su respuesta al cuestionario.

(42)

Tras la comunicación, las autoridades chinas expresaron su descontento con el hecho de que la Comisión criticase que las autoridades chinas hubieran proporcionado información con posterioridad al 26 de enero de 2016. La Comisión observa que el anterior considerando constituye una exposición de hechos relativos a la manera en que las autoridades chinas presentaron la respuesta al cuestionario. El retraso en la respuesta no ha tenido consecuencias jurídicas.

(43)

La Comisión remitió cartas de deficiencia a las autoridades chinas el 14 de marzo de 2016 («primera carta de deficiencia») y el 14 de julio de 2016 («segunda carta de deficiencia»), a las que respondieron el 8 de abril de 2016 y el 22 de julio de 2016. El 14 de julio de 2016, la Comisión remitió el programa de inspecciones a las autoridades chinas, al tiempo que les solicitó que comentasen y completasen la información logística que faltaba.

(44)

La Comisión, adoptando una actitud positiva de cooperación, remitió, el 19 de julio de 2016, una carta detallada previa a la inspección. Las autoridades chinas respondieron el 2 de agosto de 2016 para proponer unos plazos distintos para la inspección, incluidos cambios en la duración de algunas de las acciones que serían inspeccionadas. Tal como explicó la Comisión en su respuesta remitida el mismo día, no era aceptable, ya que la modificación del programa no seguía un orden lógico. Por otra parte, no podía aceptar los cambios introducidos en los tiempos asignados a las inspecciones de cada una de las secciones.

(45)

Tras la comunicación, las autoridades chinas señalaron que lo anterior evidenciaba su flexibilidad para cooperar, al contrario que la Comisión. La Comisión desea subrayar que el considerando anterior es una exposición de hechos sobre los intercambios previos a la inspección in situ.

(46)

La inspección in situ tuvo lugar entre el 8 y el 12 de agosto de 2016, con arreglo al programa propuesto por la Comisión.

(47)

Ninguno de los bancos mencionados en el considerando 29 facilitó la información solicitada sobre la industria fotovoltaica, alegando que estaban obligados por los requisitos legales y las cláusulas contractuales relativos a la confidencialidad de la información sobre préstamos a empresas concretas. Los bancos invitaron a la Comisión a que se basase en la información facilitada por los (grupos de) productores exportadores incluidos en la muestra.

(48)

En su segunda carta de deficiencia, la Comisión invitó a las autoridades chinas a que solicitasen a los diez mayores (grupos de) productores exportadores del producto objeto de reconsideración que autorizasen a los bancos a proporcionar información de empresas concretas a la Comisión en el marco de la actual investigación de reconsideración por expiración. Las autoridades chinas afirmaron que no podían pedir, forzar ni obligar a los productores exportadores chinos a que cooperasen ni en la actual investigación ni en ninguna otra. No obstante, esta afirmación no responde a la invitación de la Comisión. Las autoridades chinas indicaron además a la Comisión que esta podía solicitar directamente a estas empresas que le facilitasen la información pertinente. De hecho, la Comisión ha utilizado la información pertinente facilitada por las tres empresas incluidas en la muestra. Sin embargo, dado que la solicitud de autorización tenía que ver con información que obra en poder de las instituciones financieras, en particular las evaluaciones del riesgo crediticio, las tres empresas incluidas en la muestra no podían proporcionar toda la información pertinente. La Comisión considera que era responsabilidad de las autoridades chinas facilitar los contactos necesarios entre los bancos y los productores exportadores, de modo que los bancos hubieran podido facilitar la información solicitada.

(49)

Las autoridades chinas alegaron durante la inspección in situ que habían solicitado a los productores exportadores incluidos en la muestra que remitieran el apéndice pertinente del cuestionario dirigido a ellas a las instituciones financieras de las que habían obtenido préstamos, líneas de crédito o seguros de crédito. Las autoridades chinas alegaron asimismo haber remitido el apéndice a las restantes instituciones financieras mencionadas en la carta introductoria del cuestionario. Cuando se preguntó al respecto durante la inspección in situ, no fue posible mostrar rastro alguno de estas acciones a la Comisión.

(50)

Tras la comunicación, las autoridades chinas expresaron su descontento por las afirmaciones anteriores. La Comisión observa que el considerando 49 recoge una exposición de hechos sobre la evolución de los acontecimientos.

(51)

Durante la inspección in situ realizada a las autoridades chinas, la Comisión hizo todo lo posible por comprobar la respuesta al cuestionario y solicitó los documentos justificativos utilizados para prepararla, de conformidad con las disposiciones de los artículos 11 y 26 del Reglamento de base. Salvo en contadas excepciones y pese a haberse solicitado específicamente, estos documentos justificativos no estaban disponibles. Esto impidió hacer una inspección completa de la respuesta al cuestionario. Por consiguiente, además de la lista normalizada de pruebas documentales, la Comisión también elaboró una lista de documentos que se solicitaron in situ pero que no se facilitaron. Al final de la inspección, esta lista fue analizada con las autoridades chinas, y firmada por estas y por la Comisión («lista de documentos no aportados»). La lista contenía veintiocho artículos y explicaciones o comentarios a cada uno de ellos.

(52)

Tras la comunicación, las autoridades chinas señalaron que los documentos solicitados pero no aportados incluidos en la lista podían dividirse en cuatro categorías, a saber, supuestamente «documentos inexistentes», «documentos en preparación y no publicados oficialmente», «informes de evaluación del riesgo crediticio de naturaleza sensible y confidencial» e «información facilitada en otros documentos presentados». La Comisión observa que la lista de documentos no aportados incluye el elemento «Pruebas para la liberalización de los mercados financieros» (Banco Popular de China, «BPC»), con el que las autoridades de dicho país parecían discrepar en sus comentarios tras la comunicación.

(53)

Además, las autoridades chinas alegaron que si se eliminasen los documentos incluidos en una de las cuatro categorías mencionadas anteriormente, la lista únicamente contendría unos cuantos documentos solicitados pero no aportados. La Comisión manifestó su desacuerdo con esta afirmación. En cuanto a los denominados «documentos inexistentes», la Comisión tenía motivos para solicitarlos, ya que se mencionaban en otros documentos previamente presentados durante esta investigación o la investigación inicial. En el caso de los «documentos en preparación y no publicados oficialmente», algunos de ellos podrían haberse facilitado a la Comisión una vez que fueron adoptados formalmente, pero no fue así. Con respecto a los «informes de evaluación del riesgo crediticio de naturaleza sensible y confidencial», el Reglamento de base ofrece garantías procesales para proteger dicha información de una nueva difusión. Por último, incluso si la Comisión aceptase la información proporcionada «en otros documentos», estos únicamente representaban una pequeña parte de la lista.

(54)

Tras la comunicación, las autoridades chinas también argumentaron que la Comisión había recurrido a los datos disponibles con respecto a «determinados documentos» que no se habían facilitado, sin relacionar dichos documentos con la información que necesitaba. Las autoridades chinas alegaron que, por tanto, la Comisión aplicó los datos disponibles basándose en contenido desconocido, lo cual sería incoherente con las disposiciones de la OMC. La Comisión señala que los motivos para solicitar los documentos se determinaron en el cuestionario, durante la inspección in situ, en las cartas de la Comisión a las autoridades chinas de 22 de enero y 23 de septiembre de 2016, así como en el documento de comunicación.

(55)

Tras la visita de inspección sobre el terreno, realizada el 23 de septiembre de 2016, la Comisión notificó a las autoridades chinas que estaba considerando recurrir a los datos disponibles con respecto a la información que faltaba y puso en conocimiento de estas las consecuencias de su falta de cooperación, de conformidad con el artículo 28, apartados 1 y 6, del Reglamento de base.

(56)

En su carta de 13 de octubre de 2016, las autoridades chinas presentaron objeciones a la consideración de la Comisión de aplicar las disposiciones del artículo 28 del Reglamento de base, defendiendo que no estaba justificada con arreglo a causas legales ni objetivas. Las autoridades chinas también indicaron que el hecho de que los bancos no hubieran facilitado la información solicitada a la Comisión indicaba que ellas no ejercen un control significativo sobre los bancos. Asimismo reiteraron las explicaciones previas relativas al motivo por el que no podían facilitar la información solicitada.

(57)

Argumentaron que la Comisión no había explicado por qué era insuficiente la información facilitada por ellas ni el motivo por el que se necesitaba información adicional. La Comisión sí explicó a las autoridades chinas por qué se consideraba necesario contar con la información solicitada (véase el considerando 40).

(58)

Las autoridades chinas indicaron además que la carta de la Comisión sobre la intención de aplicar los datos disponibles era muy poco clara e imprecisa. En sus comentarios posteriores a la comunicación, las autoridades chinas reiteraron que la carta de la Comisión contenía información muy breve sobre los motivos por los que se había recurrido a los datos disponibles. La Comisión señala que las deficiencias estaban enumeradas por asunto, régimen de subvenciones o entidad (por ejemplo, entidades financieras), y de mutuo acuerdo se había elaborado una lista de documentos no aportados (véase el considerando 51).

(59)

Las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no podía imputarles la responsabilidad por la falta de cooperación de los productores exportadores chinos, ya que se trata de empresas independientes y no tienen control sobre ellas. No facilitaron ninguna información sobre ninguna de ellas.

(60)

La Comisión no atribuye a las autoridades chinas la responsabilidad por la falta de cooperación. No obstante, las autoridades de dicho país sí son responsables de su respuesta al cuestionario, el cual, en lo que se refiere a la información de empresas concretas solicitada, únicamente incluía a los tres productores exportadores incluidos en la muestra. Por tanto, la Comisión considera que las autoridades chinas no hicieron todo lo que estaba en su mano, ya que no facilitaron la información solicitada.

(61)

Las autoridades chinas cuestionaron asimismo que el no disponer de copias de determinados documentos pudiera perjudicar en modo alguno o desacreditar la información del expediente u obstaculizar la investigación. En su carta, las autoridades chinas calificaron las pruebas no aportadas como de escaso valor probatorio relativo (sin precisar a qué «pruebas no disponibles» se referían) y, en consecuencia, el hecho de no disponer de dichas pruebas no debería poner en duda el marco jurídico de China. La Comisión no está de acuerdo con la afirmación de que la información que no han facilitado las autoridades chinas tiene un escaso valor probatorio. El valor probatorio de la información no puede valorarse hasta que esta se facilita. El proceso de inspección tiene por objeto determinar que la respuesta al cuestionario es exacta. A este respecto, queda confirmado que las inspecciones in situ no permitieron a la Comisión determinar por completo la información del expediente.

(62)

Las autoridades chinas afirmaron además que la Comisión había identificado erróneamente seis documentos que no se habían suministrado durante el proceso de inspección y que no estaba garantizada la aplicación del artículo 28. En este sentido, basta con recordar que la lista de documentos no aportados se elaboró de mutuo acuerdo.

(63)

Las autoridades chinas hicieron referencia al anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC y al artículo 28, apartado 3, del Reglamento de base, con arreglo a los cuales «al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades». Además, hicieron referencia a varios dictámenes de los grupos especiales de la OMC (15) en los cuales el término «verificable» no significa que de hecho la información deba verificarse in situ. Afirmaron que la Comisión no podía rechazar la información y aplicar los datos disponibles independientemente del contexto y la naturaleza de las circunstancias cada vez que no se dispusiera de alguna información durante la inspección.

(64)

La Comisión señala que la información que se tendrá en cuenta debe ser verificable en primera instancia. Asimismo, en el informe del grupo especial Estados Unidos — Chapas de acero, por «verificar» se entiende «determinar o poner a prueba la exactitud o corrección de, especialmente mediante examen o comparación de datos, etc.; comprobar o establecer mediante investigación». En este caso concreto, la Comisión considera haber cumplido lo dispuesto en los informes de los grupos especiales mencionados en el anterior considerando.

(65)

Tras la comunicación, las autoridades chinas comentaron que la Comisión había ampliado los motivos y la justificación para aplicar los datos disponibles, lo cual, según estas, no sería acorde con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) de la OMC ni con el artículo 28, apartado 4, del Reglamento de base. La Comisión señala que, con arreglo al artículo 28, apartado 4, del Reglamento de base, se informó a las autoridades chinas sobre los motivos mediante carta de fecha 23 de septiembre de 2016 y se les dio de plazo para plantear comentarios respecto a la carta hasta el 6 de octubre de 2016. Tras haber solicitado y obtenido una ampliación del plazo, las autoridades chinas plantearon sus comentarios mediante carta de fecha 13 de octubre de 2016. El artículo 28, apartado 4, del Reglamento de base establece además que «si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones», lo cual se cumplió por medio del documento de comunicación general de fecha 20 de diciembre de 2016.

(66)

Las autoridades chinas también afirmaron que la aplicación que hace la Comisión de los datos disponibles es jurídicamente incoherente, ya que, por un lado, se centraría en los cambios que se han producido desde la investigación inicial, mientras que, por otro, el cuestionario y sus apéndices serían muy trabajosos en lo que a la solicitud de información se refiere. Las autoridades chinas también criticaron el hecho de que la Comisión no hubiese indicado en el cuestionario que se centraría en los posibles cambios que se produjeron desde la investigación inicial. Además, dichas autoridades alegaron que la Comisión había solicitado más información que en la investigación inicial. La Comisión rechaza estas alegaciones, ya que, en primer lugar, a fin de analizar los posibles cambios, también debe recopilar información sobre la situación durante el período de investigación de reconsideración. En segundo lugar, el cuestionario no era diferente de cualquier otro cuestionario estándar dirigido a las autoridades utilizado en una investigación antisubvenciones, aunque, como es normal, se había adaptado a los regímenes mencionados en la solicitud. Esto implica que en el cuestionario sí se ha solicitado información sobre las partidas de la subvención pendientes de ser identificadas en la investigación original pero que entretanto han sido identificadas.

(67)

Las autoridades chinas insistieron en sus observaciones sobre la comunicación en que faltaba información sobre cinco, y no siete, productores exportadores. La Comisión aceptó esta alegación con la siguiente modificación: en la muestra se incluyeron tres de los diez mayores productores exportadores a la Unión. Dos más habían remitido una respuesta al muestreo, pero no los cinco restantes. En el cuestionario dirigido a las autoridades, la Comisión había solicitado a estas que respondieran a las preguntas dirigidas a la industria fotovoltaica, la cual, a fin de reducir la carga, se limitó posteriormente a los diez mayores productores exportadores. Sin embargo, las autoridades chinas respondieron al cuestionario únicamente teniendo en cuenta las tres empresas incluidas en la muestra, y no facilitaron información sobre los otros siete productores exportadores.

(68)

En cuanto al nivel de representatividad, la Comisión no está de acuerdo con la observación de las autoridades chinas de que su insistencia en el hecho de que estas facilitasen información sobre los diez mayores productores exportadores implicaría que su muestra no fuese representativa a los efectos de las determinaciones de esta investigación. La Comisión quiere aclarar que la muestra es representativa, ya que cumple las condiciones que establece el Reglamento de base: incluye a los mayores productores por volumen que han colaborado. En sus alegaciones presentadas tras la comunicación, las autoridades chinas cuestionaron que haber contado con la información adicional hubiera supuesto alguna diferencia. La Comisión afirma que no podía haber descartado desde el principio que fuera necesario aplicar el artículo 27, apartado 4, del Reglamento de base. En una situación así, la información sobre los diez mayores productores exportadores únicamente habría aumentado todavía más la calidad de las determinaciones, ya que la base de información habría sido mayor.

(69)

Tal como se recoge en los comentarios de las autoridades chinas posteriores a la comunicación, la Comisión no incumplió en ningún momento sus obligaciones de investigación de oficio, sino que investigó la información disponible, pese a ser incompleta, e hizo todo lo posible por cubrir las lagunas que presentaba dicha información.

(70)

Por tanto, la Comisión rechaza los comentarios de las autoridades chinas relativos a que la información solicitada era irrelevante.

(71)

Las autoridades chinas alegaron asimismo que, en el documento de comunicación general, la Comisión había exagerado la cantidad de información que faltaba y remitieron al conjunto de la información que sí habían facilitado.

(72)

Por lo que se refiere a las instituciones financieras y a los proveedores de insumos, las autoridades chinas señalaron que no es lógico que la Comisión exija la colaboración de tres mil ochocientos bancos y de todos los proveedores de insumos. La Comisión señala que este comentario es incorrecto. Esta únicamente solicitó a las autoridades chinas que reenviaran los cuestionarios específicos a las instituciones financieras y los proveedores de los insumos, tal como ya se ha indicado en el considerando 28.

(73)

Con respecto a los comentarios de las autoridades chinas relativos a su supuesta plena colaboración, la Comisión observó que las principales deficiencias que se detallan a continuación no se abordaron de forma suficiente hasta el final de la investigación. Las autoridades chinas no facilitaron ninguna información de la solicitada por la Comisión en su carta remitida el 23 de septiembre de 2016. Retuvieron la información relativa a los diez mayores productores exportadores. Además, no facilitaron la recepción de las respuestas al cuestionario del Banco de Desarrollo de China, el Banco de Pekín, el Ping An Bank y el Suzhou Bank. También faltaba la información relativa a la cuota de mercado de polisilicio, vidrio y aluminio. Por último, las autoridades chinas se negaron a reenviar los cuestionarios específicos a i) cualquier otra institución financiera de la que tuvieran conocimiento de que habían concedido préstamos a los diez mayores productores exportadores, y ii) los proveedores de polisilicio, vidrio y aluminio. En lo que a estos últimos se refiere, las autoridades chinas indicaron que no habían considerado que fuese necesario remitir el apéndice.

(74)

Con arreglo a las constataciones del presente apartado, la Comisión considera que, en principio, se han cumplido las condiciones para poder utilizar los datos disponibles a efectos del artículo 28 del Reglamento de base.

(75)

A fin de responder a las observaciones relativas a la comunicación, para cada uno de los sistemas de subvenciones analizados en los apartados siguientes, la Comisión ha identificado exactamente qué información ha sido descartada con arreglo a los datos disponibles, y también por qué información ha sido sustituida.

(76)

Uno de los productores exportadores incluidos en la muestra criticó el uso del artículo 28 del Reglamento de base, ya que consideraba que dicho uso se había hecho en su contra. Señaló que con respecto a él la Comisión no había seguido el procedimiento previsto en dicho artículo. La Comisión no comparte este punto de vista, ya que no ha ignorado ninguna información facilitada por dicho productor exportador. De hecho, ha utilizado toda la información disponible, lo que incluye información de dicho productor exportador.

(77)

Todos los sistemas de subvenciones evaluados tienen su origen en la aplicación de la planificación central, tal como sucedió en la investigación inicial.

(78)

Dada la escasa duración de las medidas compensatorias sobre las importaciones del producto objeto de reconsideración, la Comisión concentró su análisis en las posibles modificaciones de las políticas, los documentos de planificación y las actuaciones legales o prácticas que provocarían dichas modificaciones.

(79)

Tras la comunicación, las autoridades chinas indicaron que la Comisión no había aplicado un grado de diligencia adecuado para extraer una conclusión justificada sobre la concesión continuada de subvenciones, ya que se había basado de forma considerable en sus conclusiones sobre las subvenciones de la investigación inicial, a las que dichas autoridades habían contestado durante esa investigación. Asimismo hicieron referencia al Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios (párr. 354), con arreglo al cual una simple referencia a las constataciones de una investigación no bastará como explicación razonada y adecuada.

(80)

Los comentarios planteados por las autoridades chinas en la investigación inicial fueron analizados y abordados en el Reglamento inicial y las conclusiones extraídas en la investigación inicial no se recurrieron ante los tribunales (16). En este contexto, la Comisión no alcanza a entender por qué motivo tales conclusiones no pueden formar parte de la base a la que recurrió para extraer sus conclusiones en la presente investigación, teniendo en cuenta que en la investigación de reconsideración no se ha detectado que se hayan alterado los hechos subyacentes a dichas conclusiones, ya que esto significa que se evaluaron de nuevo. Además, como demuestra el análisis de la información recopilada en el curso de la investigación y que se refleja en el presente Reglamento, la Comisión no está de acuerdo con la afirmación de que se había basado de forma considerable en las conclusiones extraídas en la investigación inicial. En este sentido, y teniendo en cuenta la aplicación parcial del artículo 28 del Reglamento de base a las autoridades chinas, la Comisión recurrió a los datos disponibles, lo cual, en determinadas circunstancias, hizo que basase sus averiguaciones en las conclusiones extraídas en la investigación inicial.

(81)

El solicitante alegó que China continúa subvencionando de forma importante a su industria fotovoltaica y remite a una serie de documentos estratégicos y de planificación, así como a la legislación, que constituyen la base del apoyo estatal al sector. La Comisión examinó y analizó los documentos mencionados en la solicitud, así como documentos adicionales presentados por las autoridades chinas y los productores exportadores incluidos en la muestra durante la investigación.

(82)

En la investigación inicial se determinó que las autoridades chinas habían incluido la industria fotovoltaica entre los sectores industriales «estratégicos» en su duodécimo plan quinquenal (17). También habían elaborado un plan específico para la industria solar fotovoltaica (en el marco del mencionado duodécimo plan quinquenal), a saber, el duodécimo plan quinquenal para la industria solar fotovoltaica. En dicho plan, las autoridades chinas habían expresado su apoyo a «las empresas de mayor importancia» (18) y a «las empresas clave» (19) y se comprometieron a «promover la aplicación de diversas políticas de apoyo al sector fotovoltaico» (20) y a «definir los preparativos generales de las políticas de apoyo en materia de industria, finanzas, fiscalidad, etc. (21)». Dichos planes comprendieron el período 2011-2015 y, por tanto, también el período de investigación de reconsideración.

(83)

En marzo de 2016 se publicó el decimotercer plan quinquenal, que comprende el período 2016-2020. Como reacción a la segunda carta de deficiencia, las autoridades chinas únicamente remitieron la versión china, acompañada de una traducción al inglés del índice. El decimotercer plan quinquenal incluye a la industria fotovoltaica en su plan estratégico (22). La especial atención que se presta en el decimotercer plan quinquenal a los avances tecnológicos se aplica por extensión a los productos y servicios relacionados con la energía, e incluye concretamente las células fotovoltaicas de nueva generación.

(84)

Tras la comunicación, las autoridades chinas afirmaron haber facilitado el decimotercer plan quinquenal y que dicho documento demuestra que no se promueve la industria solar.

(85)

Durante la inspección in situ se solicitó la versión en inglés del decimotercer plan quinquenal, y este se incluyó en la lista de documentos no aportados. Durante la inspección in situ las autoridades chinas tuvieron a su disposición una copia impresa de la versión en inglés, la cual se comprometieron a remitir una vez que pudieran facilitársela a la Comisión. Como queda evidenciado en el sitio web de la CNDR (23), la versión en inglés de este documento se publicó el 7 de diciembre de 2016 y nunca fue facilitado a la Comisión. Dado que las autoridades chinas no habían remitido una versión en inglés completa y oficial del plan presentado, la Comisión tuvo que recurrir a una traducción interna de ese documento y durante la inspección in situ presentó a dichas autoridades los extractos a los que se hace referencia en el considerando 83. Pese a que las autoridades chinas indicaron que dichas referencias marcan el rumbo de la innovación tecnológica, no niegan su existencia. En última instancia, cabe señalar que, dado que no existe ninguna versión completa en inglés del plan presentado por las autoridades de dicho país, en el documento de comunicación la Comisión se basó en su traducción interna al inglés (véase nota 22 a pie de página).

(86)

Las autoridades chinas afirmaron además que los extractos a los que se hace referencia en el considerando 83 y en el considerando 87 aluden al desarrollo de redes de infraestructuras domésticas modernas, incluido el uso o la generación de energía solar, pero no la producción de materiales para generarla. Las autoridades chinas también indicaron que el capítulo 23, en el que se describen las industrias estratégicas y emergentes, no hace ninguna referencia a la industria solar, y negaron la existencia de una referencia a las células fotovoltaicas en el cuadro 8 de ese capítulo.

(87)

El capítulo 30 del plan señala que seguiremos impulsando el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica. A simple vista, esta afirmación sugiere que el apoyo a la energía fotovoltaica incluye el apoyo a la industria fotovoltaica china. Esta interpretación se confirma en el cuadro 8, titulado «Desarrollo de las industrias estratégicas emergentes», del capítulo 23, «Desarrollo de las industrias estratégicas emergentes». En este cuadro se hace referencia a hacer avances decisivos en la aplicación industrial de tecnologías clave tales como la energía fotovoltaica de próxima generación, y también promoverla, lo que constituye una referencia clara a los materiales necesarios para producir energía. Puede encontrarse otra referencia clara a este respecto en la sección 1 del mismo capítulo, en el que afirman que respaldarán el desarrollo de tecnología de la información de próxima generación, tecnología verde y con bajo nivel de emisiones de carbono. En este sentido, en China en general se asocia la tecnología verde con la industria fotovoltaica. Además, y tal como se indica en los considerandos 378 y 389, la industria fotovoltaica está incluida entre las industrias fomentadas en el Repertorio de industrias con financiación extranjera cuyo desarrollo promueve el Estado. Sobre la base de lo anterior, la Comisión confirmó que la industria fotovoltaica está incluida en este plan estratégico.

(88)

En lo que se refiere concretamente al decimotercer plan quinquenal para la industria solar fotovoltaica, las autoridades chinas indicaron en su respuesta de 22 de julio de 2016 que el documento no se había publicado todavía. Sin embargo, durante la inspección, es decir, menos de veinte días después, dichas autoridades aparentaron que no publicarían tal documento, sin proporcionar ninguna prueba adicional al respecto. Finalmente, las autoridades chinas se refirieron a la ausencia de la industria solar en el decimotercer plan quinquenal como un indicador más de que no se promueve dicho sector.

(89)

Sin embargo, continúan estando en vigor la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado, la Decisión del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2010 y el Esquema nacional para el desarrollo científico y tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020), que apoyan el desarrollo de la industria fotovoltaica y promueven de varias formas el respaldo financiero y fiscal a dicho sector, como se expone en el considerando 102 del Reglamento inicial. También sigue vigente la Ley china en materia de progreso científico y tecnológico, que enumera una serie de medidas de apoyo a la industria fotovoltaica. Por lo tanto, aun cuando no se publique un decimotercer plan quinquenal específico para la industria solar, esto no implica que concluya el apoyo del Estado a la industria fotovoltaica, ya que los restantes planes, proyectos y demás documentos públicos son suficientes para respaldar esta conclusión.

(90)

En conclusión, la investigación inicial (24) había sacado en claro que las autoridades chinas cuentan con una política de concesión de préstamos preferenciales al sector fotovoltaico. En el curso de esta investigación dichas autoridades no proporcionaron ninguna prueba de que esta situación hubiera cambiado. La investigación no halló ningún elemento que contradiga la anterior conclusión, pero obtuvo nuevas pruebas que confirman la conclusión previa.

(91)

Además, el China Monetary Policy Report publicado por un órgano del Estado, el Grupo de análisis de la política monetaria del Banco Popular de China, confirmó la existencia de la política de las autoridades chinas al haber informado durante el PIR de que el papel del sector financiero se verá reforzado para ofrecer unos mejores servicios financieros y promover la reforma y el desarrollo de la red ferroviaria, y otros sectores clave  (25), que habrá un mayor apoyo a las industrias estratégicas emergentes, así como a otras áreas clave de la economía nacional  (26), que el BPC seguirá las medidas estratégicas del Comité Central del partido y el Consejo de Estado  (27), y que se ofrecerán unos servicios financieros mejores de apoyo a la estrategia de desarrollo orientado a la innovación, se diseñarán productos de financiación adaptados a las necesidades de innovación tecnológica de las empresas y se animará a las instituciones financieras a que aumenten su apoyo a las industrias estratégicas emergentes, y otros segmentos clave  (28), o que se animará a las instituciones financieras a que aumenten su apoyo a la estrategia de transformación de China para que pase de ser un fabricante de cantidad a ser un fabricante de calidad, ofreciendo unos buenos servicios financieros para el ajuste estratégico de la estructura industrial, la construcción de infraestructuras, la construcción naval, la logística, la energía, la ciencia y la tecnología, la cultura y otros ámbitos clave  (29).

(92)

Durante esta investigación, lo anterior también quedó confirmado por las conclusiones correspondientes a los tres productores exportadores incluidos en la muestra. Por ejemplo, en el informe anual de 2014 enviado la Comisión de Valores de los Estados Unidos [Securities and Exchange Commission, SEC] por uno de los productores exportadores incluidos en la muestra se afirmaba: «Históricamente, el Banco de Desarrollo de China y el China Minsheng Bank nos han ofrecido préstamos para financiar nuestro proyecto de energía solar. Dado que estos préstamos vienen determinados, en parte, por consideraciones políticas, sus condiciones y disponibilidad pueden variar en la medida en que las administraciones públicas modifiquen su posición sobre la industria solar. Si en el futuro somos incapaces de obtener financiación de estos u otros bancos con condiciones comerciales atractivas, puede que tengamos dificultades para financiar nuestros proyectos. No podemos garantizar que la búsqueda de fuentes de financiación adicional adecuadas sea fructífera en los plazos previstos o que lo vaya a ser, ni con condiciones o costes que consideremos atractivos o aceptables, lo que podría dificultar o imposibilitar que materialicemos nuestros planes de crecimiento  (30)».

(93)

Tras la comunicación, las autoridades chinas alegaron que la industria fotovoltaica no está incluida entre las industrias clave, estratégicas ni emergentes, y que, por consiguiente, las políticas mencionadas no se refieren a ella.

(94)

En este sentido, nos remitimos al considerando 87 en el que se extrae la conclusión de que la industria fotovoltaica se considera una industria estratégica o clave.

(95)

Como se indica en los considerandos 333 y 400 del Reglamento inicial y se confirma en el considerando 83 de la presente investigación, entre otros, la industria fotovoltaica se considera una industria estratégica o clave y las conclusiones establecidas en el Reglamento inicial siguen siendo válidas y, por tanto, se confirman.

(96)

La Comisión analizó todos los sistemas de subvenciones identificados en la solicitud de reconsideración y pidió a las autoridades chinas que facilitaran información sobre cualquier otro posible sistema de este tipo relacionado. Sobre la base de la información que recoge la solicitud de reconsideración, la Comisión recabó información relacionada con los siguientes regímenes, que presuntamente incluían la concesión de subvenciones por parte de las autoridades públicas:

(97)

La solicitud recogía alegaciones relativas a que las autoridades chinas continuaban subvencionando su industria fotovoltaica por medio de préstamos oficiales preferenciales.

(98)

La base jurídica de los préstamos preferenciales es idéntica a la de la investigación inicial, es decir, la Ley de la República Popular China sobre bancos comerciales (la «Ley bancaria»), Normas generales sobre préstamos, ejecutadas por el Banco Popular de China, Decisión n.o 40 del Consejo de Estado sobre la promulgación y ejecución de las disposiciones temporales para la promoción del ajuste de las estructuras industriales.

(99)

Estas disposiciones legales se aplican mediante las decisiones de los bancos de propiedad estatal, que son organismos públicos a tenor del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base (véase el apartado siguiente) o, con carácter subsidiario, que reciben consignas y directrices del Estado a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), primer guion, del Reglamento de base.

(100)

Las subvenciones en forma de préstamos oficiales han sido otorgadas por bancos de propiedad estatal. Por tanto, es necesario determinar que estos bancos son organismos públicos.

(101)

Según el órgano de apelación de la OMC (DS 379, apartado 318), el criterio aplicable para determinar si una empresa propiedad del Estado es un organismo público es el siguiente: «Lo que importa es si una entidad está facultada para ejercer funciones gubernamentales, y no cómo ha obtenido esa facultad. Un gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática. De ello se desprende, a nuestro juicio, que las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. Subrayamos, no obstante, que aparte de una delegación expresa de facultades en un instrumento jurídico, no es probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer la requerida existencia de posesión de facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el gobierno le haya conferido facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales del control ejercido por el gobierno, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales».

(102)

En este caso, la conclusión de que los bancos de propiedad estatal que han concedido préstamos oficiales preferenciales a los tres productores incluidos en la muestra cuentan con autoridad para ejercer funciones gubernamentales se basa en las siguientes consideraciones.

(103)

La Comisión solicitó información acerca de la propiedad estatal de las instituciones financieras, ya que constituye un indicio formal que, combinado con las pruebas de que dicho control formal se ha ejercido de manera significativa, puede permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales. En su respuesta al cuestionario, las autoridades chinas facilitaron información relativa a la participación de diecisiete instituciones financieras cuyo balance total supuestamente representa el 80 % del total del sector bancario. La información facilitada se basó en varias fuentes. En concreto, las autoridades chinas afirmaron que cuatro bancos son propiedad del Estado (ICBC, Banco Agrícola, Banco de China y Banco de Construcción de China). Según las autoridades chinas, estas contaban con una participación inferior al 50 % en las acciones de otros cuatro bancos (Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank y Shanghai Pudong Development Bank) Se indicó que el Estado no cuenta con acciones de los nueve bancos restantes.

(104)

Durante la inspección pudo observarse que la información relativa a la participación que se había proporcionado era incorrecta, ya que excluía las acciones de propiedad estatal indirecta, aunque cierta información a disposición pública indicaba lo contrario. Se pidió a las autoridades chinas que revisasen su respuesta al cuestionario en este sentido e informasen tanto sobre la participación directa como indirecta. Dichas autoridades se negaron y, por consiguiente, la Comisión no pudo comprobar la exactitud ni la veracidad de los datos presentados en relación con la participación del Estado en los bancos y otras instituciones financieras.

(105)

Tras la comunicación, las autoridades chinas señalaron que la información relativa a la participación que se había facilitado se refería a instituciones que ya representaban el 80 % del total del sector bancario, que no se disponía de información sobre la participación indirecta del Estado y que, por tanto, la propuesta de la Comisión no era razonable. Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión habría considerado insuficiente su colaboración independientemente de cómo hubieran actuado. La Comisión rechaza esta última alegación. Además, es necesario aclarar que, la Comisión, sin que se le haya facilitado más información, no puede verificar la afirmación hecha por las autoridades chinas de que la información relativa a la participación supuestamente «representaba el 80 % del total del sector bancario». No obstante, de ser cierta esta afirmación no verificada, la información relativa a la participación no demostraría en modo alguno la afirmación de dichas autoridades con respecto a la calificación jurídica de estos bancos.

(106)

Por lo tanto, la Comisión extrajo las siguientes conclusiones. En primer lugar, determinó que el ICBC, el Banco Agrícola, el Banco de China y el CCB eran de titularidad pública con arreglo a la respuesta de las autoridades chinas al cuestionario. En segundo lugar, aplicó los datos disponibles con respecto al Bank of Communications, el China Everbright Bank, el Industrial Bank y el Shanghai Pudong Development Bank incluyendo las participaciones indirectas, con arreglo a la información disponible al respecto en el expediente. De los nueve bancos restantes, supuestamente identificados como mayoritariamente propiedad de las autoridades chinas, solo tres concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra. Por tanto, no se continuó investigando a los seis bancos restantes. Uno de ellos fue MEB, que, tras la inspección realizada con arreglo a una evaluación de todos los elementos del expediente, resultó ser de titularidad pública (véanse los considerandos 167 a 187). La Comisión no continuó con la investigación de los dos bancos restantes, el Hua Xia Bank y el Ping An Bank, ya que su porcentaje de préstamos a los productores incluidos en la muestra era insignificante. A los efectos de la presente investigación, la Comisión extrajo por consiguiente la conclusión de que los nueve bancos —ICBC, Banco Agrícola, Banco de China, CCB, MEB, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank y Shanghai Pudong Development Bank— eran de titularidad pública.

(107)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas información sobre la proporción de préstamos concedidos por los bancos en los que los poderes públicos chinos son el único accionista o accionista mayoritario, los bancos en los que tienen una participación pero no son el mayor accionista, los bancos en los que no son accionistas y los bancos de propiedad extranjera, tanto a la industria en su conjunto como a la industria fotovoltaica. Las autoridades chinas no proporcionaron ninguna respuesta significativa a esta pregunta, pese a haberse reducido su alcance a los bancos que proporcionan financiación a los diez mayores (grupos de) productores exportadores. Las autoridades chinas no indicaron ninguna fuente alternativa para obtener esta información. El objeto de esta solicitud es el de determinar si el patrón de crédito registra diferencias en función de la titularidad. Si, en efecto, dicha información hubiera demostrado que los bancos de propiedad estatal registran una mayor proporción de sectores industriales que han de ser favorecidos según la planificación centralizada, constituiría un indicio de que las facultades gubernamentales se ejercen de forma significativa.

(108)

Cuando se trató la solicitud de información durante la inspección in situ, la respuesta que dieron las autoridades chinas fue que los bancos chinos no proporcionaban ni préstamos preferenciales ni líneas de crédito a la industria fotovoltaica. Esta afirmación contradice las constataciones relativas a los tres productores exportadores incluidos en la muestra, los cuales recibieron préstamos preferenciales o líneas de crédito de los cuatro bancos verificados así como de los restantes bancos enumerados en el considerando 29.

(109)

Así pues, la Comisión basó sus conclusiones relativas a los bancos de propiedad estatal como organismos públicos en las respuestas al cuestionario recibidas a través de las autoridades chinas con respecto al EXIM, el CCB, el ICBC, el MEB y el MiB, así como de los tres productores exportadores incluidos en la muestra, las inspecciones in situ, la información disponible procedente de otras fuentes, la solicitud de reconsideración y las conclusiones de la investigación inicial que no habían sido alteradas.

(110)

El cuestionario específico para las instituciones financieras («apéndice A») tiene por objeto verificar las alegaciones de la denuncia en relación con el hecho de que los bancos chinos de propiedad estatal son organismos públicos. La Comisión solicitó información relativa a si a los bancos de propiedad estatal se les había otorgado autoridad para ejercer funciones gubernamentales con relación a la industria fotovoltaica, por ejemplo, a través de la composición del consejo de administración y la junta de accionistas, con arreglo a los estatutos, las actas de las juntas de accionistas o consejeros, la nacionalidad de los accionistas o consejeros, las políticas de crédito y la evaluación del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a la industria fotovoltaica y los productores exportadores incluidos en la muestra que cooperaron.

(111)

En su carta previa a la inspección, la Comisión preveía inspeccionar los cuatro bancos que respondieron al apéndice A del cuestionario y que habían concedido préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra (EXIM, ICBC, CCB y MEB). Incluía una lista detallada no exhaustiva de las cuestiones que se tratarían durante la inspección. En la carta previa a la inspección, la Comisión también señaló a las autoridades chinas que se les pediría el acceso a todos los documentos justificativos utilizados para preparar su respuesta fundamentada, incluidos los documentos y las aplicaciones originales de las fuentes.

(112)

En su segunda carta de deficiencia, la Comisión informó a las autoridades chinas de que la respuesta del EXIM al apéndice A era incompleta, y de que este no había presentado un documento específicamente solicitado, a saber, la versión en inglés y en chino de los estatutos. En su respuesta al cuestionario, el EXIM señaló que los estatutos son un documento de gestión interna y no los facilitaron. En la respuesta a la carta de deficiencia se indicó que el EXIM estaba en proceso de reforma y que la revisión de sus estatutos todavía no había concluido. Durante la inspección in situ, el EXIM señaló que la reforma comenzó entre marzo y abril de 2015 y que la versión aplicable de los estatutos que se estaba revisando databa de 1994, aunque no facilitó dicha versión. Al solicitarle pruebas justificativas de la reforma en curso, el EXIM remitió a su sitio web. Sin embargo, dado que no se disponía de conexión a internet, esta información no pudo ser verificada sobre el terreno.

(113)

Las autoridades chinas alegaron en sus observaciones a la comunicación que la Comisión podría haber comprobado el sitio web del EXIM en Bruselas con antelación a la visita de inspección sobre el terreno, a fin de obtener pruebas sobre la reforma en curso, o debería haber previsto sus propios medios para conectarse a internet sobre el terreno. En este contexto, la Comisión reitera que, a pesar de haber presentado varias solicitudes, el EXIM no proporcionó ninguna versión de sus estatutos, ni original ni revisada.

(114)

Durante la verificación, la Comisión pidió una copia de la Notificación de la creación del EXIM emitida por el Consejo de Estado, así como de las Medidas para la gestión del crédito a las ventas de exportación de productos de alta tecnología del EXIM. El EXIM se negó a proporcionar estos documentos.

(115)

Tras la comunicación, las autoridades chinas señalaron que en el sitio web del EXIM también podían consultarse los detalles sobre su establecimiento y que el segundo documento mencionado en el considerando anterior había sido derogado. Por lo tanto, las autoridades chinas consideran que los dos documentos mencionados en el considerando anterior no pueden dar lugar a que se apliquen los datos disponibles. La Comisión reitera que, en su carta previa a la inspección, se solicitó a las autoridades chinas y a las instituciones financieras que facilitaran la información que se solicita sobre el terreno. La Comisión recuerda que el propio EXIM había hecho referencia al primer documento en su respuesta al cuestionario. Por tanto, para verificar la respuesta al cuestionario, la Comisión necesitaba recibir el documento. En cuanto al segundo documento, la Comisión toma nota del comentario de las autoridades chinas respecto a su derogación.

(116)

En cuanto a su participación y tal como indicó en su respuesta al cuestionario, la Comisión determinó que el EXIM es un organismo de crédito a la exportación que es propiedad del Estado al 100 %. Por lo que respecta al consejo de administración y a su composición, el EXIM proporcionó información contradictoria durante la inspección in situ, ya que indicó que todavía no se había constituido el consejo de administración debido al proceso de reforma en curso. Sin embargo, en su respuesta al cuestionario, el EXIM hacía en varias ocasiones referencia a dicho consejo de administración. No se facilitó la composición de la junta de supervisores y tampoco pudo verificarse. En consecuencia, la Comisión no estuvo en condiciones de verificar la existencia ni la composición del consejo de administración, y tampoco la composición de la junta de supervisores.

(117)

Las autoridades chinas explicaron en su respuesta al cuestionario que el funcionamiento del EXIM se regulaba por los estatutos de 1994, y describieron dicho funcionamiento. No obstante, no aportaron el documento.

(118)

Tras la comunicación, las autoridades chinas manifestaron su desacuerdo con la evaluación de la Comisión expuesta en el considerando 113, y señalaron que, en el informe anual relativo al ejercicio 2015 del EXIM, se indicaba que se había acelerado la creación del consejo de administración, pero que, salvo en ese caso, no se hacía ninguna otra mención a dicho consejo de administración. La Comisión observa que, tanto en el cuestionario como en la segunda carta de deficiencia, se solicitaban datos sobre la composición (y no la designación) del consejo de administración. Hasta el momento de la inspección in situ no se aclaró que el EXIM supuestamente no tuvo consejo de administración durante el PIR.

(119)

La Comisión, aplicando los datos disponibles, extrae la siguiente conclusión: El Estado, como propietario al 100 % del EXIM, tiene el control de este por medio de la designación de los integrantes de su junta de supervisores. Dichos integrantes representan los intereses del Estado, incluidas consideraciones políticas, en las reuniones del EXIM. Dado que no existe un consejo de administración, la junta de supervisores o el Estado nombran directamente a la dirección del EXIM.

(120)

Basándose en los artículos 3 y 5 del Reglamento provisional sobre las juntas de supervisores de las grandes instituciones financieras de propiedad estatal, la Comisión determinó que los miembros de la junta de supervisores responden ante el Consejo de Estado.

(121)

Por otra parte, en general los Estados confieren autoridad a las agencias de crédito a la exportación para que ejerzan funciones de los poderes públicos. La función de los poderes públicos que se confiere es la de promover la exportación a países y para mercancías para los que los seguros comerciales no proporcionan cobertura, o que la proporcionan pero con unas primas que no están accesibles para todos los exportadores. Por lo general, los Estados proporcionan una garantía a la agencia de crédito a la exportación, a fin de reducir sus costes por intereses en los mercados de capitales. La existencia de dicha garantía del Estado está justificada por el hecho de que se les ha conferido autoridad para que ejerzan funciones de los poderes públicos y constituye una prueba de ello. Las actividades de estas agencias persiguen objetivos políticos públicos, como la promoción de la exportación. Concretamente, el título y el contenido (con arreglo al resumen que recoge la respuesta al cuestionario) de la Notificación de la creación del EXIM emitida por el Consejo de Estado indica que el EXIM se encarga de la política de exportaciones china. Por otra parte, tal como se describe en el punto 3.4.1, la industria fotovoltaica, como sector estratégico o clave, se beneficia de dicho apoyo a la exportación.

(122)

De estas consideraciones se deduce, con arreglo a los datos de que se dispone, que el Estado ha ejercido un control formal, establecido en virtud de su titularidad, en las actividades comerciales cotidianas del EXIM de forma significativa y le ha conferido autoridad para que ejerza funciones de los poderes públicos.

(123)

Esta conclusión se corrobora además mediante el examen de la política de concesión de préstamos, tal como se determina conforme a los informes anuales, que demuestra que el EXIM se considera obligado a aplicar la política del Estado a la hora de tomar decisiones crediticias, por los motivos que se exponen a continuación.

(124)

Cuando se le pidió que explicase su política de concesión de préstamos, es decir, cómo se reflejan en ella los planes y los proyectos del Estado y si tiene en cuenta el Repertorio de productos de alta tecnología de China para exportación (u otros repertorios, listas o planes), el EXIM indicó que analiza la influencia que tienen los planes sobre los programas de préstamos o los prestatarios y que respalda a las empresas que elaboran productos de este repertorio. Tras analizar el informe anual, se llegó a la conclusión de que la respuesta del EXIM infravaloraba deliberadamente la repercusión de los planes y los proyectos del Estado sobre su política de concesión de préstamos. De hecho, en el informe anual de 2015 se indica que el mandato del EXIM consiste principalmente en facilitar la exportación y la importación de productos mecánicos y electrónicos, conjuntos de equipos completos y productos de alta y nueva tecnología chinos y, lo que es todavía más importante, que el banco aproveche plenamente su papel de financiación de la política para aplicar la estrategia nacional de desarrollo del país.

(125)

Tras la comunicación, las autoridades chinas indicaron que facilitar las exportaciones no implica necesariamente ofrecer préstamos preferenciales, y que la estrategia nacional de desarrollo abarca todos los aspectos de la economía del país. No obstante, el considerando 124 pretende demostrar que los planes y los proyectos del Estado sí influyen en la política de concesión de préstamos del EXIM, lo cual se refleja en su mandato. En consecuencia, se rechazó el comentario de las autoridades chinas.

(126)

Con relación a las estadísticas sobre la exportación de distintas categorías de productos que ya se solicitaban en el cuestionario, el EXIM no facilitó la información solicitada aludiendo a las cláusulas de confidencialidad. Durante la inspección in situ el EXIM cambió de punto de vista e indicó que la información no estaba disponible. Pese a que la Comisión no alcanza a comprender por qué cambió el EXIM su justificación, tampoco tiene claro en qué manera puede incumplir las cláusulas de confidencialidad el hecho de proporcionar datos consolidados que no corresponden a clientes concretos. No obstante, el EXIM proporcionó los valores comerciales globales correspondientes a tres años, pero no envió esta información correspondiente al PIR ni antes de la inspección in situ ni durante esta. Por lo tanto, la Comisión no estaba en condiciones de verificar los valores comerciales globales del crédito a la exportación durante el PIR, ni los datos relativos a la proporción de créditos a la exportación concedidos a la industria fotovoltaica.

(127)

Las autoridades chinas manifestaron su sorpresa respecto a las afirmaciones contradictorias, según el punto de vista de la Comisión, que se recogen en el considerando 113. La Comisión observa que el EXIM no proporcionó estadísticas sobre la exportación de distintas categorías de productos. Lo que se facilitó durante la inspección in situ tenía que ver con valores comerciales globales. Las primeras habrían permitido a la Comisión aislar los datos correspondientes al producto afectado, lo cual no fue posible con las cifras que se facilitaron finalmente durante la inspección in situ (únicamente cifras globales). Las autoridades chinas alegan asimismo que la Comisión podría haber extrapolado las cifras al período de investigación de reconsideración utilizando los valores comerciales globales correspondientes a los tres años facilitados, lo cual es incorrecto, ya que dichas cifras no se facilitaron con carácter mensual (tal como se explica en el considerando 11, el período de investigación de reconsideración es del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015).

(128)

Durante la inspección, la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los diez mayores productores exportadores del producto objeto de reconsideración, incluidos los tres productores incluidos en la muestra. El EXIM afirmó que no podía concederse acceso a dicha información por motivos de confidencialidad. Cuando se intentó verificar el sistema de evaluación de la solvencia crediticia del EXIM incluso mediante un formulario de evaluación en blanco, el EXIM se negó a acceder a este documento en blanco, alegando que contendría información comercial secreta.

(129)

Tras la comunicación, las autoridades chinas hicieron referencia a la respuesta al cuestionario y el informe anual de 2015 del EXIM, en los que queda patente la importancia de la evaluación del riesgo previa a la toma de decisiones crediticias. Aunque se acepte que esta idea forma parte de la política general del banco, el EXIM no había proporcionado ejemplos de cómo ponía esto en práctica al menos con respecto a las empresas incluidas en la muestra. Por lo tanto, este comentario no modificó las conclusiones de la Comisión.

(130)

Esta solicitó asimismo contar con una copia del informe anual del EXIM para 2015. Inicialmente el EXIM indicó que no podía facilitar este documento ni discutir sobre él, pese a que era evidente que el documento solicitado ya estaba a disposición del público en su sitio web. La Comisión pudo consultar en última instancia el documento solicitado a través de internet, pero inicialmente no se le permitió obtener una copia en papel ni tomar notas de este. Finalmente el documento solicitado fue enviado, pero no fue hasta que los representantes del EXIM abandonaron las instalaciones de la inspección; además no pudo discutirse más al respecto.

(131)

Después de que la Comisión remitiera la carta relativa a la intención de aplicar el artículo 28, las autoridades chinas afirmaron que la aplicación de dicho artículo no está justificada, pese a que originalmente el EXIM denegase el acceso a un documento que está a disposición pública durante el proceso de inspección, pero que finalmente fue proporcionado por dichas autoridades con posterioridad a la verificación. Las autoridades chinas señalaron que es irrelevante quién facilitó el documento.

(132)

La Comisión observa que la demora en proporcionar el informe anual correspondiente a 2015 tan solo fue una de las razones por las que se aplicó el artículo 28 (véanse los considerandos 112 a 118). Cabe subrayar que al denegar el acceso y negarse a tratar un documento que está a disposición pública durante el tiempo asignado a la institución financiera correspondiente, el banco EXIM obstruyó y retrasó el proceso de inspección. Además, el hecho de que el documento se presentase una vez que se hubieron marchado los representantes del banco EXIM no permitió que la Comisión discutiese y verificase el documento en cuestión de forma satisfactoria. Por lo tanto, la Comisión considera que esta institución financiera obstaculizó de forma considerable el proceso de inspección.

(133)

En lo que respecta a los documentos relativos al establecimiento y la gestión de las operaciones del banco EXIM, es decir, la Notificación de la creación del EXIM emitida por el Consejo de Estado y los estatutos, las autoridades chinas alegaron que los documentos solicitados no guardaban relación con el régimen de subvenciones ni con los productores exportadores, que la solicitud era una expedición pesquera y que no existían motivos legales para investigar un régimen que no se había sometido a medidas compensatorias en la investigación inicial.

(134)

En este sentido, la Comisión observa que los documentos solicitados eran necesarios a efectos de la investigación, concretamente para determinar si se había otorgado autoridad al EXIM para ejercer funciones de los poderes públicos, y si las autoridades de dicho país habían solicitado y proporcionado documentos similares a otras instituciones financieras cooperantes. Además, cabe señalar que el banco EXIM hizo varias referencias a estos documentos en su respuesta al cuestionario respecto a su titularidad, gestión, supervisión y operaciones y, por lo tanto, era necesario verificarlos. Asimismo, algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra indicaron que tenían negocios financieros con esta institución; este es otro de los aspectos que la Comisión deseaba verificar y que demuestra que el banco EXIM estaba implicado en subvenciones relacionadas con las sometidas a medidas compensatorias en la investigación inicial.

(135)

Tanto el título como el contenido de la Notificación de la creación del EXIM emitida por el Consejo de Estado, hasta donde puede deducirse de la respuesta al cuestionario, demuestran finalmente que el EXIM es un vehículo de las autoridades chinas para tratar de alcanzar sus objetivos de política pública y, por lo tanto, posee la autoridad para ejercer funciones de los poderes públicos.

(136)

Por estos motivos y con arreglo a los datos disponibles, la Comisión concluye que el EXIM es un organismo público.

(137)

Con arreglo a la respuesta del ICBC al cuestionario y tal como se confirma en su informe anual de 2015, la Comisión determinó que el Estado posee más del 50 % de sus acciones. Por lo tanto, el ICBC está formalmente controlado por el Estado.

(138)

Basándose en los estatutos y, más concretamente, en los capítulos 8 a 10 de estos, así como en la respuesta del ICBC al cuestionario, la Comisión pudo determinar asimismo que, por medio de su participación y a través del Comité Central del Partido Comunista de China, las autoridades chinas tienen poder para designar a los cargos más importantes de la dirección del banco, como son el presidente del consejo de administración, el vicepresidente del consejo de administración, el director ejecutivo, el presidente de la junta de supervisores, el presidente y el vicepresidente. Además, y según los estatutos del ICBC, entre otras funciones, el consejo de administración convoca las juntas de accionistas, toma decisiones sobre la estrategia empresarial y el presupuesto del banco, toma decisiones de inversión (y sobre fusiones), decide sobre el cese de los altos cargos, formula el sistema de gestión del riesgo, determina el establecimiento de departamentos y sucursales, etc. Esta lista no exhaustiva de responsabilidades ilustra el importante control del Estado sobre la actividad cotidiana del ICBC.

(139)

El artículo 34 de la Ley bancaria, que se aplica a todos los bancos que operan en China, dispone que la banca comercial deberá desarrollar su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado. Las necesidades del desarrollo económico y social nacional y las orientaciones de las políticas industriales del Estado se establecen por medio de la planificación central, tal como se indica en el punto 3.2. La promoción de la industria fotovoltaica forma parte de estas.

(140)

Los tribunales de la Unión consideran que perseguir los objetivos de la política económica forma parte del ejercicio de la autoridad pública (31).

(141)

Por tanto, el artículo 34 de la Ley bancaria confiere a todos los bancos autoridad para ejercer la función de los poderes públicos. En el caso del ICBC, el control formal por medio de la participación y los poderes conferidos a las autoridades chinas a través de la participación con arreglo a los estatutos ha permitido que estas ejerzan dicha función.

(142)

Por último, la Comisión ha tratado de determinar que dicho control se ha ejercido de forma significativa mediante el examen de la política de concesión de préstamos del ICBC en la práctica.

(143)

La Comisión solicitó información pertinente a las autoridades chinas para valorar cómo evalúan los bancos chinos el riesgo crediticio de las empresas fotovoltaicas antes de decidir si les conceden o no préstamos (o líneas de crédito) y determinar las condiciones de los préstamos concedidos. En el apéndice A del cuestionario, la Comisión solicitaba información sobre cómo los bancos tienen en cuenta el riesgo, cómo se evalúa la solvencia crediticia del prestatario, qué primas de riesgo aplica el banco a las distintas empresas o industrias de China, y qué factores tiene en cuenta el banco a la hora de evaluar las solicitudes de préstamos o líneas de crédito. La Comisión solicitó también una descripción de una solicitud de préstamo y de su proceso de autorización. Pese a que el ICBC proporcionó una respuesta desarrollada a las preguntas arriba planteadas, ni las autoridades chinas ni dicho banco proporcionaron pruebas justificativas satisfactorias al respecto. Durante la inspección in situ, la Comisión solicitó pruebas justificativas de la respuesta desarrollada. No obstante, las autoridades chinas solo dieron respuestas de carácter general, que no estaban respaldadas por ningún tipo de prueba que demostrase que realmente se llevaba a cabo alguna evaluación del riesgo crediticio.

(144)

La Comisión también solicitó información similar a los productores exportadores incluidos en la muestra, e intentó comprobarla durante las visitas de inspección sobre el terreno a los productores exportadores incluidos en la muestra. La mayoría de los productores exportadores respondieron que los bancos solicitan determinados documentos (como los estados financieros) y realizan algún tipo de análisis del riesgo crediticio antes de aprobar los préstamos. Sin embargo, no pudieron respaldar sus alegaciones con ninguna prueba, por ejemplo, de los documentos que habían facilitado. Durante la inspección in situ, la Comisión solicitó pruebas (correspondencia, etc.) de que los bancos habían pedido tales documentos o de que las empresas los habían proporcionado a los bancos, o cualquier otro tipo de informe elaborado por los bancos que acreditara que se había llevado a cabo un análisis del riesgo crediticio. Sin embargo, los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra no fueron capaces de aportar dichas pruebas, ni ninguna otra prueba en apoyo de sus alegaciones.

(145)

El primer obstáculo en este sentido fue que las autoridades chinas se negaron a proporcionar la información que se detalla más arriba, en el punto 3.1. El segundo fue que dichas autoridades denegaron todo acceso a la evaluación de la solvencia crediticia realizada por el ICBC.

(146)

En su carta de deficiencia de 14 de marzo de 2016, la Comisión informó a las autoridades chinas de que la respuesta del ICBC al apéndice A estaba incompleta, ya que no incluía la siguiente información necesaria: préstamos concedidos a los diez mayores productores exportadores del producto objeto de reconsideración; una respuesta completa relativa a la evaluación de la solvencia crediticia; apoyo por parte del banco a la aplicación de los planes y los proyectos del Estado.

(147)

En lo que se refiere a los préstamos o líneas de crédito facilitados a los diez mayores productores exportadores del producto objeto de reconsideración, el ICBC no facilitó ninguna información y aludió a obligaciones jurídicas y contractuales relativas a la confidencialidad por las que no podía revelar información sobre préstamos de empresas concretas sin su consentimiento. No obstante, en última instancia y a fin de determinar el beneficio de los tres productores incluidos en la muestra que cooperaron, la Comisión pudo basarse en las observaciones verificadas que recogían sus respuestas al cuestionario.

(148)

Durante la inspección, la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra, de los diez mayores productores exportadores y del sector fotovoltaico en su conjunto. El ICBC no proporcionó información alguna en este sentido y aludió a cuestiones de confidencialidad. Asimismo indicó que en su sede no conserva informes relativos a los productores del sector fotovoltaico. Pese a que el ICBC permitió a la Comisión consultar brevemente el informe de evaluación que él había seleccionado, hay que señalar que este documento no tenía que ver con ninguna de las empresas que cooperaron ni con el sector fotovoltaico. Por otra parte, si se tiene en cuenta cuándo se presentó (en chino), la Comisión no pudo comprender el contenido dentro del plazo disponible durante la inspección in situ. Además, no se permitió a la Comisión hacer una copia del documento. En sus respuestas al cuestionario y a la carta de deficiencia, el ICBC había afirmado no tener en cuenta la política industrial, los planes ni los proyectos del Estado, y tampoco otras leyes a la hora de evaluar un préstamo o línea de crédito. Sin embargo, el informe anual del banco parecía demostrar lo contrario, ya que en él se indicaba que el ICBC ajustaba y mejoraba la política de crédito industrial a fin de prestar apoyo a la financiación de la economía real de acuerdo con la política macroeconómica, las tendencias existentes de política industrial y las características del funcionamiento de la industria, así como las importantes iniciativas estratégicas del país, y que respaldaba a las empresas de ahorro energético y protección ambiental, así como la internacionalización (Going Global) de infraestructuras con productos destacados.

(149)

Tras la comunicación, las autoridades chinas comentaron que la Comisión había interpretado erróneamente este contenido del informe anual y, en concreto, el término «apoyar» («support» en la versión inglesa), tal como se recoge en el considerando 148. Las autoridades chinas también facilitaron una serie de citas de informes anuales de dos bancos belgas (KBC y Belfius) y uno alemán (Deutsche Bank) en las que también se utilizó ese mismo término. Aunque es cierto que «apoyar» puede tener varios significados en función del contexto, la frase del informe anual del ICBC citada hace referencia al «apoyo financiero» («financial support» en la versión inglesa). Esto, junto con las demás citas que se recogen en el considerando 139 y otras constataciones, como el hecho de que el ICBC había proporcionado préstamos preferenciales y líneas de crédito a algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación de reconsideración, lleva a la conclusión de que el ICBC sí tiene en cuenta la política industrial, los planes o los proyectos del Estado, u otras leyes a la hora de evaluar un préstamo o línea de crédito. Por lo tanto, la Comisión mantiene sus constataciones de los considerandos 139 a 148.

(150)

Teniendo en cuenta todos los datos disponibles en el expediente, la Comisión llega a la conclusión de que el ICBC ha otorgado créditos a los tres productores incluidos en la muestra, que son representativos de la industria fotovoltaica, sin haber realizado una evaluación de la solvencia crediticia, ya que el banco ha sido incapaz de demostrar la existencia de dicha evaluación. Esto permite deducir que se ha otorgado autoridad pública al ICBC, la cual ha ejercido concediendo préstamos con arreglo a los requisitos de la planificación central y, por tanto, ha desempeñado funciones gubernamentales. Los extractos de los informes anuales confirman también esta conclusión.

(151)

En suma, la Comisión consideró que el ICBC es un organismo público.

(152)

Con arreglo a los informes anuales de 2015 del CCB, la Comisión determinó que el Estado posee más del 50 % de sus acciones. Por lo tanto, el CCB está formalmente controlado por el Estado.

(153)

Tal como confirmó el CCB durante el procedimiento administrativo y como se detalla en los capítulos 11 y 12 de los estatutos, las autoridades chinas, como principal accionista, tienen el poder de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, que es la agencia ejecutiva de la junta general de accionistas, encargada de la gestión del CCB y responsable de este. Esto mismo se aplica a la junta de supervisores, que es el órgano supervisor del banco, tal como se recoge en el capítulo 16 de los estatutos. Además, según los estatutos del CCB y las actas de una junta del consejo de administración, dicho consejo, entre otras cosas, decide sobre el presupuesto del banco, toma decisiones de inversión y decide sobre los despidos del auditor ejecutivo y el secretario del consejo de administración. De los quince miembros que componen el consejo de administración, los diez integrantes de rango no ejecutivo constituyen la dirección del CCB. Esta lista no exhaustiva de responsabilidades ilustra el importante control que ejerce el Estado sobre la actividad cotidiana del CCB.

(154)

Durante la verificación, la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y del sector fotovoltaico en su conjunto. El CCB no proporcionó información alguna en este sentido y aludió a cuestiones de confidencialidad. Tras la insistencia de la Comisión, fue posible consultar por un breve tiempo los documentos relativos a la solvencia crediticia. En este sentido, cabe señalar que, teniendo en cuenta los aspectos prácticos, es decir, el hecho de que los documentos, que estaban en chino, tan solo pudieran consultarse brevemente y no utilizarse como prueba documental, la Comisión no estaba en disposición de verificar de forma satisfactoria la información de la respuesta al cuestionario. Por otra parte, también cabe señalar que los documentos no tenían que ver ni con el sector en cuestión ni con el PIR. En respuesta a la sugerencia de la Comisión de facilitar una versión anónima de los documentos solicitados para que pudiera utilizarlos como pruebas documentales, la entidad financiera en cuestión se negó. Por lo tanto, no puede afirmarse, tal como hicieron las autoridades chinas, que esta entidad financiera haya hecho todo lo que estaba en su mano.

(155)

Sobre la consideración de aplicar el artículo 28, en su respuesta a la carta de la Comisión, las autoridades chinas indicaron que esta no puede esperar que los empleados del banco le permitan hacer copias de todo tipo de documentos y tener acceso ilimitado a tal información, ya que están vinculados por las normas sobre confidencialidad. Además, argumentaron que la Comisión imponía una carga probatoria poco razonable al país exportador y a bancos supuestamente independientes.

(156)

La Comisión no solicitó «todo tipo de documentos» ni pidió tener «acceso ilimitado» a dichos documentos. Por lo tanto, debe rechazarse el comentario de que la Comisión impuso una carga probatoria poco razonable a las autoridades chinas o a las instituciones financieras.

(157)

Tras la comunicación, las autoridades chinas presentaron una observación general relativa a los cuatro bancos visitados por la Comisión en la que manifestaban que el análisis de esta estaba claramente sesgado, puesto que los informes anuales de los bancos en cuestión contenían pruebas de que no otorgan préstamos preferenciales a las industrias fomentadas.

(158)

A este comentario las autoridades chinas añadieron que en el documento de comunicación general, la Comisión hizo referencia a la Decisión n.o 40, que enumera las industrias fomentadas, tal como se establece en el considerando 191 del Reglamento inicial. Las autoridades chinas consideran que este dato se contradice en los informes anuales de dos de los cuatro bancos verificados, que mencionan unos estándares de entrada más estrictos o la reducción de los préstamos otorgados a los sectores enumerados como fomentados en la Decisión n.o 40.

(159)

La Comisión desea subrayar que la investigación permitió constatar que los cuatro bancos que verificó proporcionaron préstamos preferenciales o líneas de crédito a los tres productores exportadores incluidos en la muestra. Estas constataciones, que contradicen los comentarios de las autoridades chinas recogidos en los dos anteriores considerandos, se basan en la información facilitada por los productores exportadores incluidos en la muestra. Ninguno de los bancos proporcionó datos sobre los préstamos o líneas de crédito otorgados durante el período de investigación de reconsideración a las tres empresas incluidas en la muestra ni a la industria fotovoltaica en general. Por tanto, existe una discrepancia entre la información verificada de las empresas incluidas en la muestra y los informes anuales de los dos bancos mencionados. La Comisión dio preferencia a la información recibida in situ de las empresas incluidas en la muestra y, por tanto, rechazó el comentario de las autoridades chinas. En sus respuestas al cuestionario y a la carta de deficiencia, el CCB había indicado que el banco podía considerar la política del Estado en materia de industria a modo de referencia, pero esta no vinculaba sus decisiones referentes a la política de concesión de préstamos. No obstante, el informe anual del banco confirmó que el CCB aplica los planes del Estado, tal como demuestran los extractos que hacen referencia a que el grupo respondió de forma proactiva a la reforma estructural del Estado desde el punto de vista de la oferta y reaccionó con acierto a las estrategias de desarrollo, proporcionando apoyo a las industrias estratégicas emergentes. Y también a que en 2015, de acuerdo con las políticas nacionales en materia de industria y los cambios en el contexto de las operaciones exteriores, el Grupo optimizó adecuadamente las políticas de crédito.

(160)

En sus comentarios a la comunicación, las autoridades chinas señalaron que la cita siguiente: «En 2015, de acuerdo con las políticas nacionales en materia de industria y los cambios en el contexto de las operaciones exteriores, el Grupo optimizó adecuadamente las políticas de crédito […]» no refleja que el banco haya otorgado préstamos preferenciales a determinados sectores. La Comisión rechaza este comentario, ya que esta referencia al texto debe leerse conjuntamente con las restantes del considerando anterior. En cualquier caso, no queda clara la cuestión planteada por las autoridades chinas, ya que se refiere al MEB, mientras que las citas hacen referencia al informe anual del CCB. En consideración al argumento, la Comisión asume que la referencia a «MEB» es en realidad un error tipográfico.

(161)

Las autoridades chinas también discreparon con respecto a la cita «El grupo respondió de forma proactiva a la reforma estructural del Estado desde el punto de vista de la oferta y reaccionó con acierto a las estrategias de desarrollo», ya que, según ellas, había sido sacada de contexto y no tenía nada que ver con las industrias o sectores fomentados, estratégicos o emergentes y, en cualquier caso, la Comisión había malinterpretado el uso de la palabra «emergente» en el informe anual del CCB. La Comisión observa que la cita completa, incluida la frase que sigue inmediatamente, dice lo siguiente: «Hemos impulsado enérgicamente el desarrollo de la economía real. El grupo respondió de forma proactiva a la reforma estructural del Estado desde el punto de vista de la oferta, y reaccionó con acierto a las estrategias de desarrollo, a saber, “One Belt and One Road” (un cinturón, una ruta), las zonas de libre comercio, el desarrollo coordinado de la región Pekín-Tianjin-Hebei y el cinturón económico del río Yangtsé. Proporcionamos apoyo a los proyectos de construcción nacionales clave, a un nuevo tipo de urbanización, a las nuevas construcciones en el campo y a las industrias estratégicas emergentes». Por tanto, dado que es necesario que estas citas se lean de manera conjunta, la Comisión no consideró que hubiera razones para modificar sus constataciones del considerando 159.

(162)

Las autoridades chinas señalaron asimismo que el análisis del riesgo crediticio y el sistema de gestión del banco se describen en profundidad en el informe anual del CCB. Sin embargo, dichas autoridades no han presentado nuevos elementos al respecto. En cualquier caso, son abstractos y no permiten evaluar los casos concretos, ni constituyen una prueba de que realmente se lleve a cabo esta evaluación. Por lo tanto, la Comisión consideró que no había motivos para modificar sus conclusiones de los considerandos 152 a 159.

(163)

En su respuesta a la carta de la Comisión relativa a la intención de aplicar el artículo 28, las autoridades chinas afirmaron que, en cualquier caso, los documentos solicitados no eran relevantes en el marco de la inspección y que la Comisión debería haberse basado en la información que pudo recopilar o que ya recogía la respuesta al cuestionario. También argumentaron que los documentos no facilitados por el CCB (ni por las autoridades chinas) no constituían un motivo para aplicar el artículo 28.

(164)

En este sentido, cabe apuntar que los documentos solicitados eran necesarios para verificar las alegaciones hechas en la respuesta al cuestionario y que la Comisión no podía estar satisfecha con los documentos proporcionados, ya que no tenían que ver con las afirmaciones hechas o solamente podían respaldarlas parcialmente. Dado que no se dispone de ningún documento verificado que demuestre que el banco llevó a cabo una evaluación del riesgo adecuada, la Comisión mantuvo su conclusión de que el CCB no estaba realizando evaluaciones de la solvencia crediticia. Su concesión de préstamos estaba más bien condicionada por el objetivo de aplicar la política del Estado por medio de la concesión de préstamos preferenciales a las empresas incluidas en la muestra.

(165)

Teniendo en cuenta todos los datos disponibles en el expediente, la Comisión llega a la conclusión de que el CCB ha otorgado créditos a dos productores incluidos en la muestra, que son representativos de la industria fotovoltaica, sin haber realizado una evaluación de la solvencia crediticia, ya que el banco ha sido incapaz de demostrar la existencia de dicha evaluación. Esto permite deducir que se ha otorgado autoridad pública al CCB, la cual ha ejercido concediendo préstamos con arreglo a los requisitos de la planificación central y, por tanto, ha desempeñado funciones gubernamentales. Los extractos de los informes anuales confirman también esta conclusión.

(166)

Por tanto, la Comisión concluye que el CCB es un organismo público.

(167)

La Comisión determinó que el MEB forma parte del China Merchants Group, un conglomerado de empresas propiedad del Estado que está bajo la supervisión directa de la Comisión estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado del Consejo de Estado (32). Con arreglo a sus informes anuales de 2014 y 2015, también se determinó que es propiedad indirecta del Estado. Por lo tanto, el MEB está formalmente controlado por el Estado.

(168)

Tal como se recoge en los capítulos 10 y 13 de los estatutos, el Estado, como accionista mayoritario, tiene poder para designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración y de la junta de supervisores. Según los estatutos del MEB, el consejo de administración, entre otras funciones, convoca las juntas de accionistas, formula los planes empresariales y de inversión del banco, establece la estrategia de gestión del capital y el plan presupuestario, toma decisiones sobre la distribución de beneficios y aprueba o cesa a los altos cargos. Esta lista no exhaustiva de responsabilidades ilustra el importante control que ejerce el Estado sobre la actividad cotidiana del MEB.

(169)

Durante la verificación, la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y del sector fotovoltaico en su conjunto. El MEB no proporcionó información alguna al respecto y aludió a cuestiones de confidencialidad. Tras la insistencia de la Comisión, fue posible consultar por un breve tiempo los documentos relativos a la solvencia crediticia. Pese a que dichos documentos se referían al sector en cuestión, no correspondían al PIR. En concreto, el MEB no facilitó los documentos relativos a su política de crédito correspondiente a los años 2014 y 2015, cuando la Comisión los solicitó, y tan solo permitió que esta consultase brevemente el documento sobre política de crédito de 2016 (no incluido en el PIR). Sin embargo, no se permitió a la Comisión utilizar el documento como prueba documental. Pese a que el MEB permitió a la Comisión ver el documento relativo a la evaluación de la solvencia crediticia de una empresa (en chino), cabe apuntar que no se le permitió tomar notas ni hacer una copia del documento. Esto hizo que fuese imposible comprender de forma adecuada el contenido en el tiempo limitado de que se dispuso durante la inspección in situ.

(170)

Tras la comunicación, las autoridades chinas afirmaron que, teniendo en cuenta que la Comisión se había basado en la existencia de un informe de crédito, reconocía que los bancos realizan evaluaciones del riesgo crediticio.

(171)

En este sentido y tal como se indica en los puntos 3.1 y 3.4.1, se recuerda que ni las autoridades chinas ni ninguno de los bancos proporcionaron pruebas justificativas satisfactorias en lo referente a la evaluación crediticia que supuestamente llevaron a cabo y, en concreto, sobre cómo los bancos tienen en cuenta el riesgo, cómo se evalúa la solvencia crediticia del solicitante, qué primas de riesgo aplica el banco a las distintas empresas o industrias de China y qué factores tiene en cuenta el banco a la hora de evaluar las solicitudes de préstamos o líneas de crédito. La sola existencia de un informe de autorización de crédito en chino, el cual pudo consultar brevemente la Comisión durante la inspección in situ en uno de los bancos no puede considerarse una prueba suficiente para demostrar que los bancos (y no solo un banco que facilitó un informe de autorización de crédito, tal como se ha indicado) realizan evaluaciones crediticias. En cualquier caso, dicho informe hacía referencia explícita al apoyo del Estado como uno de los motivos para conceder el préstamo, por lo que confirma que la evaluación crediticia no se basa en el mercado.

(172)

Las autoridades chinas comentaron asimismo que una comparación entre el nivel de tipos de interés del préstamo otorgado a los productores incluidos en la muestra que cooperaron y el BPC era contraria a la conclusión de que no se había hecho una evaluación del riesgo crediticio.

(173)

En este sentido, cabe señalar que la anterior comparación no se sostiene, ya que no existe relación entre el nivel de la referencia del BPC y el hecho de que los bancos no realicen evaluaciones del riesgo crediticio. La Comisión no cuestiona que exista un recargo sobre la referencia del BPC; opina que el recargo no es acorde con el mercado pero refleja el objetivo de los bancos de aplicar la política de las autoridades chinas de promover el sector fotovoltaico.

(174)

En sus respuestas al cuestionario y a la carta de deficiencia, el MEB había indicado no tener en cuenta la política del Estado a la hora de tomar decisiones relativas a su política de concesión de préstamos. Sin embargo, el informe anual del banco confirma que el MEB aplica los planes del Estado, tal como demuestran los extractos siguientes: «el MEB se guía por las políticas industriales nacionales»; «el consejo de administración, la junta de supervisores y los comités especiales aplicaron tenazmente las políticas nacionales».

(175)

Tras la comunicación, las autoridades chinas remitieron nuevamente a la carta de la Comisión de 23 de septiembre de 2016, que recogía una cita del informe anual del MEB de 2015 similar a la primera cita del considerando 174. Las autoridades chinas señalaron que la cita «se guía por las políticas industriales nacionales» no se refiere al MEB, sino a CMB Financial Leasing. La Comisión señala que el MEB es el propietario absoluto de CMB Financial Leasing.

(176)

Las autoridades chinas señalaron asimismo que los procesos de análisis del riesgo crediticio se describen en profundidad en el informe anual del MEB y que el sector fotovoltaico no está entre los diez principales sectores prestatarios del banco. Por lo tanto, las autoridades chinas no observan ninguna contradicción entre las afirmaciones hechas por el MEB en sus respuestas al cuestionario y a la carta de deficiencia y el contenido del informe anual. Aparte de señalar que una de las citas tiene que ver con una entidad que es 100 % titularidad del MEB, las autoridades chinas no han planteado nada nuevo. Dado que no se dispone de ningún documento verificado que demuestre que el banco llevó a cabo una evaluación del riesgo adecuada en lugar de la política industrial de apoyo a la industria fotovoltaica, la Comisión mantuvo la conclusión de que el MEB no estaba realizando evaluaciones de la solvencia crediticia. Es más, su concesión de préstamos se guiaba por el objetivo de aplicar la política del Estado por medio de la concesión de préstamos preferenciales a las empresas incluidas en la muestra.

(177)

En lo que se refiere a las decisiones crediticias y a si las instituciones financieras tienen en cuenta los planes y la política industrial del gobierno, las autoridades chinas argumentaron que la respuesta al cuestionario de los distintos bancos constituye los datos y pruebas más directos y fundamentales en los que debería basar su análisis la Comisión.

(178)

Como puede observarse en las respuestas al cuestionario que se describen en los considerandos 137 a 185, estas respuestas mostraron divergencias, pero, en general, su tendencia fue a negar o al menos minimizar la existencia del ejercicio de la autoridad pública.

(179)

Sin embargo, en los informes anuales de cada uno de los bancos se hacen referencias claras a estas políticas gubernamentales, planes o industrias estratégicas emergentes como orientación para sus servicios financieros. En opinión de las autoridades chinas, estas afirmaciones no son incompatibles, ya que las respuestas al cuestionario no se corresponden con el contenido de los informes anuales de los bancos. No obstante, la Comisión considera que las declaraciones que recogen los informes anuales de los bancos arriba mencionados contradicen y socavan de forma clara las afirmaciones de dichos bancos recogidas en sus respuestas al cuestionario.

(180)

Tras la comunicación, las autoridades chinas manifestaron su desacuerdo con la afirmación de que la Comisión no estaba en disposición de verificar la evaluación crediticia y el proceso de toma de decisiones. Las autoridades chinas se refirieron, pues, a los documentos facilitados por el CCB, el MEB y el ICBC a la Comisión durante la inspección in situ. La Comisión recuerda que estos documentos presentaban las deficiencias anteriormente expuestas en los considerandos 148 y 169.

(181)

Las autoridades chinas también se refirieron a los informes anuales de las instituciones financieras y a las correspondientes respuestas al cuestionario, que, en su opinión, eran suficientes para verificar los procesos de evaluación crediticia y de toma de decisiones. La Comisión rechaza este comentario, ya que también es necesario verificar sobre el terreno el contenido descriptivo de los informes anuales y las respuestas al cuestionario mediante pruebas relevantes (es decir, correspondientes al período de investigación de reconsideración y a la industria fotovoltaica). Como explicó también la Comisión durante la visita sobre el terreno a las autoridades chinas y a los bancos, también necesitaba poder verificar las pruebas que respaldaban la afirmación de que los procesos de evaluación del riesgo crediticio y de toma de decisiones, tal como se describen en las respuestas al cuestionario y en los informes anuales, se pusieron en práctica también en las propias operaciones empresariales.

(182)

Las autoridades chinas aludieron también al hecho de que no habían podido facilitarse varios documentos debido a su naturaleza confidencial, a la ley de secreto bancario y a las cláusulas contractuales pertinentes. Dichas autoridades indicaron que la Comisión debería reconocer que los bancos habían actuado lo mejor posible dentro del marco legal y contractual existente. Asimismo, las autoridades chinas comentaron que el artículo 28 del Reglamento de base únicamente permite a la Comisión descartar aquella información que sea falsa o engañosa, lo cual implica que la información que no ha sido descartada y que se ha facilitado con arreglo a las posibilidades prácticas de la parte interesada está justificada.

(183)

Este argumento ya ha sido previamente refutado en el considerando 48. Además, la Comisión señala que el artículo 29 del Reglamento de base (que reproduce el artículo 12.4 del Acuerdo SMC de la OMC) establece que «toda información de naturaleza confidencial o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratada como tal por las autoridades». En este contexto, la Comisión considera que el marco jurídico de esta investigación ofrece garantías suficientes con respecto al tratamiento de la información confidencial. Con arreglo a lo anterior, la Comisión considera que las autoridades del país afectado no actuaron de la mejor forma posible para garantizar el acceso a la información útil para respaldar las alegaciones que habían hecho en su respuesta al cuestionario.

(184)

Teniendo en cuenta todos los datos disponibles en el expediente, la Comisión llega a la conclusión de que el MEB ha otorgado créditos a uno de los productores incluidos en la muestra, que es representativo de la industria fotovoltaica, a fin de tratar de alcanzar las metas de la política pública. Esto permite deducir que se ha otorgado autoridad pública al MEB, que la ha ejercido concediendo préstamos con arreglo a los requisitos de la planificación central y, por tanto, ha desempeñado funciones de los poderes públicos. Los extractos de los informes anuales confirman también esta conclusión.

(185)

Por tanto, la Comisión concluye que el MEB es un organismo público.

(186)

Junto a estos cuatro bancos verificados, la Comisión determinó que la mayoría de los bancos restantes que habían dado préstamos a los productores incluidos en la muestra también eran de titularidad pública (véase el considerando 106). Por último, al menos una de las empresas incluidas en la muestra informó a la Comisión de que había recibido préstamos cuantiosos del Banco de Desarrollo de China, los cuales no habían sido mencionados por las autoridades chinas. Por medio de la información disponible públicamente sobre este banco, la Comisión llegó a la conclusión de que es propiedad del Estado en más de un 50 %, tanto por medio de participación directa como indirecta. A los efectos de la presente investigación, la Comisión extrajo, por consiguiente, la conclusión de que los diez bancos —ICBC, Banco Agrícola, Banco de China, CCB, MEB, Banco de Desarrollo de China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank y Shanghai Pudong Development Bank— eran de titularidad pública. El ICBC, el Banco Agrícola, el Banco de China y el CCB representaban el [40-50 %] de los préstamos a los productores incluidos en la muestra durante el PIR. El Bank of Communications, el China Everbright Bank, el Industrial Bank y el Shanghai Pudong Development Bank representaban el [10-20 %] de los préstamos a los productores incluidos en la muestra durante el PIR. El MEB representaba el [0-10 %] y el Banco de Desarrollo de China, el [20-30 %]. La información incluida en el expediente no permitió determinar la estructura de titularidad de los seis bancos restantes, respecto a los cuales las autoridades chinas no habían facilitado ninguna información.

(187)

Debido a la falta de cooperación de dichas autoridades con relación a los seis bancos distintos de los cuatro verificados, la Comisión tuvo que aplicar los datos disponibles a fin de poder evaluar si estos seis bancos eran organismos públicos.

(188)

En primer lugar, la Comisión determinó que estos bancos eran de propiedad pública (véase el anterior considerando y el considerando 106).

(189)

En segundo lugar, la Comisión constató que los cuatro bancos incluidos en la muestra representaban una parte sustancial [15-25 %] de los préstamos que habían obtenido las tres empresas incluidas en la muestra durante el PIR. Por lo tanto, pueden considerarse representativas las conclusiones alcanzadas respecto a ellos.

(190)

En tercer lugar, la Comisión observó que la mayoría de los contratos de préstamo de los diez bancos, que había obtenido a través de los tres productores incluidos en la muestra que cooperaron, seguían los mismos patrones o patrones similares, y que el tipo de los préstamos que se había acordado en la mayoría de los casos se basaba en el tipo de referencia del BPC más un margen comercial inferior al tipo del mercado.

(191)

Por consiguiente, la Comisión consideró que las constataciones relativas a los cuatro bancos respecto a los que se habían hecho inspecciones constituían los mejores datos disponibles para evaluar a los restantes bancos de titularidad pública, dadas estas similitudes y la representatividad de los cuatro bancos verificados.

(192)

Con arreglo a esto, la Comisión concluye que los seis bancos distintos a los cuatro verificados también son organismos públicos.

(193)

De acuerdo con esto, la Comisión calculó los beneficios de estos diez bancos de propiedad pública.

(194)

Las autoridades chinas afirmaron que la conclusión extraída por la Comisión en la investigación inicial relativa a que bancos chinos de propiedad estatal son organismos públicos ya no era válida, puesto que el BPC ya no establece los tipos de interés mínimos de los préstamos, por lo que las autoridades chinas han dejado de intervenir en el mercado financiero. Dichas autoridades alegaron que el BPC había retirado el control sobre los tipos de interés de los préstamos que ofrecen las instituciones financieras el 20 de julio de 2013 al eliminar los tipos de interés mínimos para los préstamos. El BPC también decidió eliminar el tipo de interés máximo variable de los depósitos en un anuncio publicado el 27 de octubre de 2015.

(195)

La Comisión considera que esta alegación es ineficaz, ya que las constataciones que se recogen en el apartado anterior bastan por sí solas para determinar que los bancos chinos de titularidad pública son organismos públicos.

(196)

En cualquier caso, cabe señalar en primer lugar que la conclusión de la Comisión (a la que se llegó en la investigación inicial) de que los bancos chinos de propiedad estatal son organismos públicos no se basó únicamente en el hecho de que el BPC establece sus tipos para los préstamos y el tipo de interés máximo variable de los depósitos, sino que se deriva del análisis de una serie de elementos descritos en los considerandos 158 a 168 del Reglamento inicial. A título de referencia, estos elementos tenían que ver con: i) la intervención del Estado asociada con la titularidad pública de los principales bancos; ii) el hecho de que los bancos propiedad del Estado de China posean una cuota de mercado muy alta, que deja poca cabida para los bancos de propiedad privada, y son agentes predominantes en el mercado financiero chino; iii) el control del Estado mediante titularidad, control administrativo del comportamiento comercial de los bancos o incluso documentos estatutarios; iv) el papel del BPC a la hora de establecer límites sobre el modo en que se fijan y fluctúan los tipos de interés; y v) las normas legales que exigen a los bancos que reflejen las políticas nacionales o preferencias sectoriales en sus políticas de crédito. Durante la actual reconsideración por expiración, el único cambio al que han hecho referencia las autoridades chinas tiene que ver con el inciso iv). Los incisos i) a iii) y v) han sido confirmados mediante la evaluación realizada en los considerandos inmediatamente previos.

(197)

En segundo lugar, las decisiones mencionadas previamente en el considerando 194 supuestamente eliminaron los tipos de interés máximo y mínimo. Sin embargo, la redacción de las correspondientes decisiones del BPC publicadas únicamente alentaba —pero no exigía— a las instituciones financieras que se adaptasen a los precios de los tipos de interés para préstamos basados en el mercado. Esto implica que a los bancos chinos de propiedad estatal todavía se les permite conceder préstamos a tipos preferenciales y, de hecho, están obligados a hacerlo con arreglo al artículo 34 de la Ley bancaria, que tiene prioridad sobre una simple motivación recogida en una decisión del BPC.

(198)

En tercer lugar, pese a que el BPC publicó una decisión relativa a la eliminación del tipo mínimo, también cabe señalar que el artículo 38 de la Ley bancaria todavía dispone que la banca comercial debe determinar los tipos de interés de los préstamos con arreglo a los límites superior e inferior de los tipos de interés para préstamos que prescribe el Banco Popular de China. Posteriormente se modificaron únicamente otros aspectos de dicha Ley bancaria. Esto demuestra que no se ha producido ningún cambio en el marco legislativo que deben acatar los bancos, ya que las decisiones del BPC son únicamente actos reglamentarios ejecutivos. Además, el BPC mantiene la base jurídica, de forma que podría volver a introducir nuevamente límites inferiores y superiores en cualquier momento.

(199)

En cuarto lugar, durante la visita de inspección, varios de los cuatro bancos verificados sobre el terreno mencionaron la existencia de un nuevo tipo para los préstamos que se basaba en las cotizaciones de los bancos publicadas en el mercado interbancario de Shanghái introducido en octubre de 2013. Sin embargo, las autoridades chinas no habían compartido esta información en su respuesta al cuestionario como justificación de su alegación de que el mercado chino se había liberalizado. Con arreglo a la información disponible en el ámbito público, aparentemente esta denominada tasa preferencial para préstamos es un tipo para los préstamos a un año que se basa en el mejor tipo cotizado por nueve bancos comerciales seleccionados que cuentan con apoyo del Estado como referencia para el mercado de préstamos. Aunque el BPC afirmó que la introducción de la tasa preferencial para préstamos promovería la liberalización de los tipos de interés y mejoraría el sistema de tipos de referencia en los mercados financieros, según un análisis independiente realizado en el momento de su introducción, el papel del mercado interbancario de Shanghái no es lo suficientemente eficaz para influir en los tipos establecidos entre los bancos y sus clientes (33). De hecho, una vez analizado, ha podido observarse que, pese a que la tasa preferencial para préstamos se publica cada día hábil tras hacer una media de todas las cotizaciones de los nueve bancos (excluidas la cotización más alta y la más baja), su nivel únicamente varió en seis ocasiones durante el PIR. A modo de comparación, la tasa interbancaria diaria Euribor a un año registró ciento ochenta y cinco cambios durante el mismo período. Por otra parte, también se señala que la tasa preferencial para préstamos parece estar vinculada a la referencia publicada por el BPC («referencia del BPC») (34), ya que cada uno de los cambios que experimentó la referencia del BPC en 2015 fue seguida de una variación en la tasa preferencial para préstamos el siguiente día hábil. Además, también hay que señalar que las variaciones experimentadas por el nivel de la referencia del BPC y la tasa preferencial para préstamos fueron idénticas en 2015.

(200)

Además, pese a que los bancos verificados alegaron que había aumentado de forma considerable la proporción de préstamos a corto plazo cuyo tipo de interés se basaba en la tasa preferencial para préstamos y que representaban una mayor proporción de su cartera de préstamos a corto plazo, estas alegaciones no pudieron ser respaldadas ni por pruebas justificativas facilitadas por los bancos ni confirmadas durante las inspecciones in situ en las instalaciones de los productores exportadores. Esto no respalda la alegación relativa a que los bancos arriba mencionados establecen sus tipos de interés de forma independiente o siguen el tipo del mercado ni que el mercado de los tipos de interés ha sido liberalizado.

(201)

Por lo tanto, se concluye que, a pesar de que supuestamente se han eliminado los tipos de interés mínimos para los préstamos y el máximo para los tipos de los depósitos, la liberalización del mercado de tipos de interés a la que aluden las autoridades chinas no se ha materializado en la práctica. Las conclusiones de la investigación inicial, es decir, que los bancos chinos de propiedad estatal se consideran organismos públicos, ya que están dotados de autoridad gubernamental y desempeñan funciones públicas, siguen siendo válidas durante el PIR y, por tanto, se confirman.

(202)

Tras la comunicación, las autoridades chinas afirmaron que la Comisión había hecho recaer de forma incorrecta en ellas la carga de la prueba en lo que se refiere a sus alegaciones relativas a: i) que el mercado financiero había sido liberalizado; ii) que habían puesto fin a su política relativa al sector solar; y iii) que las supuestas distorsiones del mercado financiero chino habían desaparecido. Por otra parte, las autoridades chinas afirmaron asimismo que la Comisión no podía basarse en una evaluación de «organismo público» para todo el país y que debía haber determinado tal constatación con respecto a cada una de las entidades financieras implicadas.

(203)

Como queda demostrado en los considerandos 195 a 201, la Comisión hizo un análisis en profundidad de las pruebas de que disponía, incluso de si la situación constatada en la investigación inicial había cambiado de tal forma que sus conclusiones hubieran dejado de ser válidas. Entre estos supuestos cambios se incluyeron los planteados por las autoridades chinas, y todos ellos han sido analizados y tratados más arriba. La Comisión señala asimismo que las pruebas nuevas presentadas en este procedimiento relativas a las instituciones financieras han sido bastante limitadas. También cabe señalar que durante la visita de inspección las autoridades chinas confirmaron que, salvo los cambios a los que se ha hecho referencia previamente, no se registraron otros cambios.

(204)

En lo que se refiere a la carga de la prueba y de conformidad con el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, se recuerda que deben documentarse de forma adecuada las pruebas presentadas con relación a la pregunta de si la expiración de las medidas vigentes podría conducir a la continuación o reaparición de las subvenciones. La Comisión ha analizado en profundidad todos los elementos y pruebas pertinentes presentados por las autoridades chinas al respecto y ha llegado a la conclusión de que eran insuficientes para demostrar que la situación había cambiado sustancialmente con respecto a la investigación inicial. En este contexto, y teniendo en cuenta los supuestos cambios a los que se refirieron las autoridades chinas, se considera que era responsabilidad de estas demostrar que estos cambios se habían producido realmente y que la Comisión no les había asignado injustificadamente esta labor.

(205)

En lo que a la evaluación para el conjunto del país se refiere, la Comisión observa que ha realizado un análisis específico de organismo público para cada una de las instituciones financieras sobre las que las autoridades chinas han presentado la información pertinente solicitada. Lamentablemente, dichas autoridades no han presentado información relativa a las restantes instituciones financieras que concedieron préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra que cooperaron, tal como se explica en el punto 3.1. Por lo tanto, la Comisión se vio imposibilitada para llevar a cabo un análisis de organismo público relativo a todas estas otras instituciones financieras y, por consiguiente, se rechaza el argumento de las autoridades chinas. Debido a ello, la Comisión tuvo que recurrir a los datos disponibles en el expediente y realizó un análisis en profundidad de organismo público correspondiente al sector financiero de China. Entre los elementos pertinentes, la Comisión consideró minuciosamente todas las nuevas pruebas presentadas por las autoridades chinas en el contexto de este procedimiento, además de las constataciones establecidas en la investigación inicial.

(206)

Por otro lado, las autoridades chinas también alegaron que la Comisión, en su determinación relativa a «organismos públicos», se había basado en que no se hubieran suprimido de hecho los tipos de interés mínimos de los préstamos. Afirmaron, además, que la Comisión había malinterpretado la supuesta supresión de los tipos de interés mínimos de los préstamos, ya que dicha supresión implicaba que los bancos ahora podrían, supuestamente, conceder préstamos a tipos inferiores al 30 % del tipo de referencia. Al negar que se hubieran eliminado estos tipos mínimos, las autoridades chinas también alegaban que, de este modo, los bancos no podrían conceder préstamos preferenciales. Las autoridades chinas indicaron asimismo que exigir a los bancos que se adapten a la fijación de precios basada en el mercado para los tipos de interés de los préstamos sería equivalente a controlar estos bancos, lo que va en contra del espíritu de la liberalización. Las autoridades chinas alegaron además que el artículo 38 de la Ley bancaria es permisivo y que, a pesar de que los límites máximos se habían suprimido varios años antes que los límites mínimos, dicha Ley no se modificó. Las autoridades chinas alegaron también que la teoría de la correlación entre los tipos del BPC y la tasa preferencial para préstamos era errónea, y volvieron sobre las estadísticas de los tipos de interés de los productores exportadores incluidos en la muestra que cooperaron. Dichas autoridades también indicaron que nunca han existido referencias ni límites para los préstamos denominados en EUR o USD.

(207)

Por lo que respecta a la determinación de los organismos públicos, cabe recordar, en primer lugar, que las propias autoridades chinas plantearon la cuestión de la supresión de los tipos de interés mínimos de los préstamos en apoyo a su alegación de que el gobierno chino ya no interviene en el mercado financiero y de que los bancos chinos de propiedad estatal no pueden considerarse organismos públicos. La Comisión analizó la alegación relativa a la supresión de los tipos mínimos y la rechazó por los motivos señalados en los considerandos 194 a 201. En ausencia de otros cambios importantes planteados por las autoridades chinas, para extraer sus conclusiones a este respecto la Comisión se basó en las extraídas en la investigación inicial, que fueron confirmadas por nuevas pruebas correspondientes al PIR, así como en nuevos elementos, como la existencia de un nuevo tipo para los préstamos (la tasa preferencial para préstamos).

(208)

Por lo que respecta a la supuesta mala interpretación de la supresión, la Comisión no entiende cómo podría impedir a los bancos ofrecer préstamos preferenciales el hecho de que un tipo de interés mínimo se elimine, si el tipo de interés mínimo de los préstamos era, en todo caso, hasta un 30 % inferior al tipo de referencia.

(209)

Por lo que se refiere a no exigir a los bancos que ofrezcan unos tipos de interés de los préstamos basados en el mercado, la Comisión no entiende cómo obligando a los bancos a operar con arreglo a los principios del libre mercado puede considerarse que se les imponen políticas concretas. Tales prácticas no se derivan de una política concreta, sino de la creación de un marco financiero en el que se aplican los principios basados en el mercado.

(210)

Por lo que respecta al artículo 38 de la Ley bancaria, y según lo indicado por las autoridades chinas en su respuesta al cuestionario, la Comisión entiende que todas las entidades financieras de China deberán ajustarse estrictamente a dicha Ley, y no entiende cómo la supuesta permisividad puede ser compatible con tal principio legal. En cualquier caso, el hecho de que se eliminase el tipo de interés mínimo de los préstamos no es incompatible con el hecho de que las empresas fotovoltaicas se beneficiasen de préstamos preferenciales.

(211)

Por lo que respecta a la teoría de correlación entre los tipos del BPC y la tasa preferencial para préstamos, la Comisión señala que las estadísticas presentadas no se basaban en cálculos subyacentes y que, por tanto, no pueden tenerse en cuenta. Aunque dichas estadísticas fueran exactas, la Comisión no alcanza a comprender su pertinencia para demostrar que el análisis de correlación entre el BPC y la tasa preferencial para préstamos es (supuestamente) erróneo. En cuanto a los préstamos denominados en EUR o USD, la Comisión considera que la supuesta ausencia de una referencia o de límites no implica que tales préstamos no puedan otorgarse a tipos preferenciales.

(212)

Además, las autoridades chinas indicaron asimismo que el análisis y la conclusión de la Comisión relativos a que los bancos chinos de propiedad estatal son organismos públicos carecían de los estándares jurídicos más básicos. También se refirieron a los estándares legales y de base fáctica pertinentes que se estipulan en la decisión del órgano de apelación en Estados Unidos — Acero al carbono (India) y no deberían limitarse a determinar la titularidad pública y un control significativo del Estado sobre una entidad; es decir, la determinación debe incluir un análisis de las «características y funciones fundamentales de la entidad de que se trate, su relación con el gobierno y el entorno normativo y económico reinante en el país en que opera la entidad objeto de investigación». Las autoridades chinas se refirieron asimismo a las conclusiones sobre la injerencia del Estado debido a que el BPC influye en los tipos de los préstamos y las políticas, además de la dependencia del artículo 38 de la Ley bancaria. En última instancia se refirieron a la inexactitud y la insuficiencia de la determinación de la Comisión recogida en la investigación inicial, tal como se señala en los considerandos 163 a 167 del Reglamento inicial.

(213)

A este respecto, la Comisión precisó su análisis sobre esta cuestión. En los considerandos 100 a 106, la Comisión establece más detalladamente los datos que le permitieron llegar a la conclusión de que la mayoría de los bancos que habían otorgado préstamos a las empresas incluidas en la muestra eran de titularidad pública.

(214)

En lo que se refiere al contexto jurídico y económico, por el presente la Comisión se refiere a las conclusiones previamente expuestas en el considerando 139, con arreglo al artículo 34 de la Ley bancaria.

(215)

El hecho de que los bancos ejercen la autoridad pública se ve confirmado asimismo mediante los artículos 7 y 15 de las Normas generales sobre préstamos (ejecutadas por el BPC), que regula los préstamos autoconcedidos, los préstamos comisionados y los préstamos para fines especiales (artículo 7) y la subvención de los intereses sobre los préstamos (artículo 15), así como la Decisión n.o 40. También existe un gran número de pruebas, respaldadas por estudios e informes independientes, de que sigue habiendo un gran porcentaje de intervención estatal en el sistema financiero chino, como ya se explicó en los considerandos 172 y 178 del Reglamento inicial.

(216)

Tras la comunicación, las autoridades chinas indicaron que los préstamos especiales a los que se refería el artículo 7 de las Normas generales sobre préstamos arriba mencionado se eliminaron en 1999 con arreglo a una Circular sobre la mejora de la administración de préstamos especiales [YINFA (1999) n.o 228] y que el artículo 15 había pasado a ser irrelevante, ya que el BPC ya no establece los límites máximos y mínimos de los préstamos. Asimismo, las autoridades chinas alegaron que la Comisión había malinterpretado el artículo 34 de la Ley bancaria, que supuestamente no tiene relación con las políticas nacionales, las industrias fomentadas, las industrias estratégicas y las industrias emergentes para abordar las industrias y los sectores preferentes. También se refirieron a los artículos 4, 5, 7 y 35 de la Ley bancaria, que supuestamente hacen referencia a la autonomía del banco, a la ausencia de injerencia por parte de entidades, particulares o gobiernos y al examen de la credibilidad de los prestatarios. Las autoridades chinas comentaron además que el artículo 34 no debía interpretarse de forma aislada. Por último, las autoridades chinas indicaron además que la Comisión no había explicado cómo demuestra la Decisión n.o 40 que los bancos ejercen la autoridad pública y se refirieron al preámbulo y al artículo 17 de dicha Decisión. También añadieron que esta Decisión prácticamente comprende toda la economía china y que correspondía al período del undécimo plan quinquenal.

(217)

La Comisión reconoce que en 1999 se eliminaron préstamos especiales. Esto no cambia las conclusiones extraídas, en parte con arreglo a los restantes datos disponibles.

(218)

En lo que se refiere al artículo 15 de las Normas Generales sobre préstamos, la Comisión no está de acuerdo con el punto de vista de las autoridades chinas. Dicho artículo dice: «Con arreglo a la política del Estado, los departamentos pertinentes podrán subvencionar los intereses sobre los préstamos, con la intención de promover el crecimiento de determinadas industrias y el desarrollo económico de determinadas áreas». Sigue siendo pertinente incluso después de que se haya puesto fin a los tipos mínimos y máximos. En cualquier caso, el artículo 38 de la Ley bancaria sigue haciendo referencia a los límites y puede reactivarse en cualquier momento, tal como se explica en el considerando 199.

(219)

En lo que se refiere a la Ley bancaria, en primer lugar cabe señalar que los artículos 4, 5 y 7 corresponden al «Capítulo I, Disposiciones generales», mientras que los artículos 34 y 35 corresponden al «Capítulo IV, Normas básicas de los préstamos y otras operaciones empresariales». En lo que respecta al artículo 4, la Comisión no considera que una disposición relativa a que los bancos desarrollen su actividad sin ningún tipo de interferencia de entidades o particulares es incompatible con el hecho de que los bancos de propiedad estatal sean organismos públicos o, alternativamente, se les confíe la autoridad pública y se les den órdenes de ejercerla. De hecho, la Comisión verificó las operaciones empresariales y los procesos de toma de decisiones de servicios financieros de cuatro bancos de propiedad estatal. Puesto que no ha podido obtenerse información pertinente respecto a los restantes bancos, las constataciones relativas a estos bancos deben extenderse, con arreglo a los datos de que se dispone, a los restantes bancos de propiedad estatal. Además, puesto que no se facilitó información fundamental solicitada por la Comisión a estos cuatro bancos, concretamente datos sobre la evaluación del riesgo crediticio, esta tuvo que recurrir a los datos disponibles también para extraer conclusiones basadas en las respuestas al cuestionario y las inspecciones in situ a esos cuatro bancos.

(220)

Las autoridades chinas también se refirieron al artículo 4 de la Ley bancaria, según el cual «las operaciones empresariales de la banca comercial se regirán por los principios de seguridad liquidez y eficiencia. La banca comercial tomará sus propias decisiones sobre sus operaciones empresariales, asumirá la responsabilidad de sus riesgos, asumirá la responsabilidad exclusiva de sus beneficios y pérdidas, y ejercerá el autocontrol. Con arreglo a la legislación, la banca comercial realizará sus operaciones empresariales sin interferencias de ninguna unidad o persona. La banca comercial asumirá con independencia la responsabilidad civil con la totalidad de su propiedad como persona jurídica».

(221)

En este caso, durante la inspección in situ, la Comisión no estuvo en disposición, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también en la práctica, de comprobar la exactitud de la alegación de que los bancos no tienen en cuenta la política y los planes estatales a la hora de tomar decisiones crediticias. De hecho, a la Comisión no se le proporcionó ni una sola evaluación de la solvencia crediticia correspondiente a la industria fotovoltaica ni al PIR. La Comisión no considera que el artículo 4 de la Ley bancaria impida a la banca comercial tener en cuenta los planes y la política industrial del gobierno, ya que dicho artículo tiene que ver con los principios que rigen las operaciones empresariales. Esto se confirma también mediante el artículo 34 de la Ley bancaria. En contra de la afirmación de las autoridades chinas relativa a que la Comisión «pasó por alto el marco jurídico con arreglo al que operan los bancos», la Comisión hizo un análisis minucioso de dicho marco jurídico y pudo además establecer un vínculo claro entre este y las operaciones de estas instituciones financieras, tal como se recogen en sus informes anuales.

(222)

Las autoridades chinas remitieron asimismo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley bancaria, supuestamente que ni las administraciones locales, ni los departamentos públicos de ningún nivel, ni las organizaciones públicas ni los particulares pueden interferir en las operaciones empresariales de los bancos. Sin embargo, el texto del artículo 5 de la Ley bancaria indica en realidad lo siguiente: la banca comercial deberá adherirse a los principios de igualdad, voluntariedad, imparcialidad y buena fe en los negocios con sus clientes. Según la Comisión, esta fórmula no exime a los bancos de su obligación de aplicar consideraciones políticas tal como se establece en el artículo 34.

(223)

Los artículos 7 y 35 de la Ley bancaria tienen que ver con el examen de la solvencia crediticia, el objeto del préstamo y la cadena de aprobación del crédito. Por lo que respecta a estas cuestiones y tal como se indica en los considerandos 128, 143, 155 y 171, los bancos que cooperaron no proporcionaron documentos que respaldasen sus alegaciones, como es el caso de las relativas a la solvencia crediticia o al proceso de autorización. Por tanto, con arreglo a los datos disponibles, no puede considerarse que estos artículos contradigan la interpretación del artículo 34 hecha por la Comisión.

(224)

En lo que se refiere a la Decisión n.o 40 y tal como se indica en el considerando 102 de la investigación inicial, cabe señalar en primer lugar que esta Decisión sugiere que las autoridades chinas respaldarán activamente el desarrollo de las nuevas industrias energéticas y acelerarán el desarrollo de la energía solar, ordenan a todas las instituciones financieras que solo proporcionen apoyo crediticio a los proyectos que deben fomentarse (entre los que se encuentran los proyectos relacionados con la energía fotovoltaica) y se compromete a aplicar otras políticas preferenciales a los proyectos que deben fomentarse. Con arreglo a lo anterior y, sobre todo, al hecho de que se dan instrucciones a los bancos para que proporcionen apoyo crediticio al sector fotovoltaico, se considera que la Decisión n.o 40 demuestra que los bancos ejercen la autoridad pública. En lo que se refiere al artículo 17 de esta Decisión y al hecho de que deban respetarse los principios de crédito, la Comisión no considera que esta condición sea incompatible con el ejercicio de la autoridad pública por los bancos. Con respecto a la alegación de que la Decisión n.o 40 se refiere al conjunto de la economía china, la Comisión observa que esta Decisión hace referencia al Repertorio de orientación para la reestructuración industrial, que establece una distinción entre tres tipos de sectores; es decir, proyectos fomentados, limitados y eliminados. Además, en esta Decisión también se define el «contenido del fomento». En cuanto a la referencia al undécimo plan quinquenal, cabe señalar que dicho plan ha sido sustituido por el plan quinquenal duodécimo y, más recientemente, por el decimotercero. Asimismo se señala que la Decisión n.o 40 no ha sido derogada y, por tanto, sigue siendo válida. Nada de lo recogido en la legislación china indica que sea inadecuado interpretar la referencia al undécimo plan quinquenal como una referencia dinámica.

(225)

Por otra parte, pueden plantearse las observaciones que se recogen a continuación. En la investigación inicial (35) se había llegado a la conclusión de que el mercado financiero chino estaba distorsionado de varias formas, como son la titularidad del Estado combinada con las distorsiones del mercado financiero chino y con la política de los poderes públicos chinos de dirigir recursos financieros baratos a determinados sectores industriales (socavando así la igualdad de condiciones en el comercio internacional y proporcionando una ventaja injusta a los productores chinos), las limitaciones relativas a la fijación de los tipos de interés, el acceso a capital barato, la política de préstamos acorde a las necesidades de la economía nacional, el acceso preferencial al crédito para los proyectos fomentados o los sectores de alta y nueva tecnología, el acceso a las reservas de divisas del Estado baratas y a medios de financiación privilegiados para el Banco de Desarrollo de China (CDB).

(226)

Salvo en el caso de la supuesta reforma de los tipos de interés que se ha mencionado en los considerandos 197 a 201, en el curso de esta investigación las autoridades chinas no proporcionaron ninguna prueba de que esta situación haya cambiado. La investigación tampoco halló ningún elemento que contradiga las constataciones anteriores. Las conclusiones de la investigación inicial siguen siendo válidas durante el PIR y, por tanto, se confirman.

(227)

Estas conclusiones dejan claro que se anima al sector financiero a contribuir a las estrategias diseñadas por las autoridades del Estado. En lo que se refiere a la interferencia de las autoridades chinas para influir en los tipos, se trata de una cuestión que ya se ha abordado en los considerandos 197, 198, 206 y 207. En lo referente a las conclusiones extraídas de la investigación inicial, cabe señalar que los comentarios planteados por las autoridades chinas en la investigación inicial fueron analizados y abordados en el Reglamento inicial y las conclusiones extraídas en la investigación inicial a este respecto no se recurrieron ante los tribunales. Además, dichas autoridades no presentaron ninguna prueba que revocase la conclusión de la investigación inicial y tampoco la investigación aportó ningún elemento que lo hiciese. En este contexto, la Comisión no alcanza a entender por qué motivo tales conclusiones no pueden formar parte de la base a la que recurrió para extraer sus conclusiones en la presente investigación.

(228)

Además, y tal como pudo constatar la investigación inicial (36), incluso en el caso de que los bancos de propiedad estatal no se considerasen organismos públicos, se seguiría considerando que reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones normalmente propias de las autoridades públicas, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(229)

Dado que la proporción de préstamos facilitados por los bancos privados chinos a los tres productores exportadores incluidos en la muestra fue insignificante y ninguno de ellos presentó una respuesta al cuestionario, no se hicieron constataciones adicionales en este sentido. En consecuencia, la Comisión decidió eliminar del cálculo de la subvención el beneficio marginal derivado de estos préstamos. Por tanto, la Comisión no tuvo que abordar los comentarios de las autoridades chinas en este sentido.

(230)

Nada de lo incluido en el expediente de la presente investigación puede modificar las conclusiones de la Comisión en la investigación inicial (37), las autoridades chinas ordenan la concesión de préstamos preferenciales a un número limitado de industrias consideradas clave y la fotovoltaica es una de ellas. De hecho, la investigación aportó elementos adicionales que confirmaban la conclusión inicial. Uno de los productores exportadores incluidos en la muestra indicó que «históricamente, el Banco de Desarrollo de China nos ha ofrecido préstamos para financiar nuestro proyecto de energía solar. Dado que estos préstamos vienen determinados, en parte, por consideraciones políticas, sus condiciones y disponibilidad pueden variar en la medida en que las administraciones públicas modifiquen su posición sobre la industria solar» y que «el gobierno de China también ejerce un control significativo sobre el crecimiento económico del país mediante la asignación de recursos, el control del pago de las obligaciones denominadas en divisas extranjeras, el establecimiento de la política monetaria y el trato preferencial a empresas o industrias concretas (38)». Además, un informe de autorización de crédito también valoraba de forma positiva el hecho de que el sector fotovoltaico se beneficie del apoyo del Estado y esté promovido por la política nacional. Conforme a lo anterior, se concluye que las autoridades solo permiten a las instituciones financieras conceder préstamos preferenciales a un número limitado de industrias o empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de las autoridades chinas. Además, ninguna de las partes interesadas podría aportar pruebas justificativas de que los bancos estaban evaluando la solvencia crediticia de la industria fotovoltaica de forma adecuada.

(231)

Tras la comunicación, las autoridades chinas se refirieron al hecho de que supuestamente la industria fotovoltaica no está incluida en el decimotercer plan quinquenal al que se refiere el considerando 83 y que la Comisión presuntamente ha interpretado de forma errónea la Decisión n.o 40. Además, indicaron que el registro ante la SEC de un productor chino no puede servir de prueba de la política del Estado.

(232)

Cabe señalar en primer lugar que las alegaciones relativas al decimotercer plan quinquenal y la Decisión n.o 40 se han abordado en los considerandos 87 y 89. En lo que se refiere al registro ante la SEC, este se añade a las pruebas ya recopiladas y confirma la existencia de una política específica del Estado de apoyo a la industria fotovoltaica.

(233)

Las autoridades chinas también hicieron referencia a los comentarios que habían planteado con relación al considerando 172 del Reglamento inicial y que ya fueron abordados en dicho Reglamento. Además, basándose en el Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos — Grandes aeronaves civiles (segunda reclamación), indicaron que el análisis de la especificidad no debe centrarse solo en «los receptores identificados en la reclamación, sino que abarca también a todas las empresas o ramas de producción con derecho a recibir esa misma subvención» (39) y que, según el informe del grupo especial en Estados Unidos — Grandes aeronaves civiles (40), a fin de ser específica, la ayuda debe otorgarse a un «grupo» suficientemente limitado de empresas o industrias, lo que requiere algo más que la simple demostración de que menos de la totalidad de las empresas o industrias tenían derecho a recibirla.

(234)

En este sentido, cabe señalar que los comentarios planteados por las autoridades chinas en la investigación inicial fueron analizados y abordados en el Reglamento inicial y que las conclusiones extraídas al respecto en la investigación inicial no se recurrieron ante los tribunales de la Unión. En lo que atañe a las referencias a los informes del órgano de apelación y el grupo especial, se remite a los documentos enumerados en el considerando 172 del Reglamento inicial y a los documentos arriba mencionados. A este respecto, la Comisión considera que las referencias a la industria fotovoltaica son suficientemente claras, ya que esta está identificada por su nombre o mediante una alusión clara al producto que fabrica o al grupo de industrias al que pertenece.

(235)

Sobre la base de los elementos que obran en el expediente, se concluye que las subvenciones en forma de préstamos preferenciales no son de disposición general y, por tanto, son específicas a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(236)

Se ha llegado a la conclusión de que la gran mayoría de los préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra fueron concedidos por bancos de propiedad estatal, considerados organismos públicos en el considerando 201, ya que están investidos de poder público y desempeñan funciones públicas. Existen más pruebas de que esos bancos actúan efectivamente como una autoridad pública, ya que, tal como se explica en los considerandos 197 a 201, el Estado (es decir, el BPC) interviene claramente en el modo en que la banca comercial toma decisiones sobre los tipos de interés de los préstamos que concede a las empresas chinas. En tales circunstancias, las prácticas crediticias de dichas entidades son directamente atribuibles al gobierno.

(237)

Por último, las autoridades chinas no proporcionaron o se negaron a proporcionar información que permitiera comprender mejor la relación de los bancos de propiedad estatal con el gobierno, como se explica en los considerandos 51, 103 y 104. Por tanto, en el caso de los préstamos concedidos por bancos de propiedad estatal en China, la Comisión concluye que sigue existiendo una contribución financiera a los productores del sector fotovoltaico en forma de transferencia directa de fondos públicos a efectos del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(238)

Conforme a la información sobre préstamos y líneas de crédito obtenida de los productores exportadores incluidos en la muestra y a la escasa información obtenida de los cuatro bancos, la Comisión, basándose en los datos disponibles, constató que, en realidad y en la práctica, los bancos de propiedad estatal ejercen la autoridad pública y dichos bancos desempeñan su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado, tal como estipula el artículo 34 de la Ley bancaria.

(239)

Existe un beneficio a tenor del artículo 3, apartado 2, y el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, en la medida en que los préstamos oficiales, o los préstamos concedidos por entidades privadas que reciben consignas o directrices de los poderes públicos, se conceden en condiciones más favorables que las que podría obtener en el mercado el beneficiario. En China los préstamos no otorgados por los poderes públicos no ofrecen una referencia de mercado adecuada, ya que se ha determinado que el mercado financiero chino está distorsionado (véanse los considerandos 225 y 226). Por lo tanto, los niveles de referencia se han elaborado mediante el método descrito en los considerandos 246 a 248. Esta referencia demuestra que se conceden préstamos al sector fotovoltaico en condiciones inferiores a las del mercado.

(240)

Tal como se establece en el considerando 191 del Reglamento inicial, la industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la Decisión n.o 40. La Decisión n.o 40 no ha sido modificada desde entonces y establece normas vinculantes para todas las instituciones económicas en forma de directrices sobre la promoción y el apoyo a las industrias fomentadas, entre las que se incluye la industria fotovoltaica.

(241)

Como se explica en el considerando 172 del Reglamento inicial, las autoridades chinas ordenan la concesión de préstamos preferenciales a un número limitado de industrias y la fotovoltaica es una de ellas. Con arreglo a lo anterior, puede extraerse la misma conclusión; es decir, resulta evidente que las autoridades solo permiten a las instituciones financieras conceder préstamos preferenciales a un número limitado de industrias o empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de las autoridades chinas. Sobre la base de los elementos que obran en el expediente y a falta de cooperación de las autoridades chinas en este asunto, se concluye que las subvenciones en forma de préstamos preferenciales no son de disposición general y, por tanto, son específicas a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(242)

La investigación demostró que todos los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de préstamos preferenciales en el PIR.

(243)

Por tanto, la financiación de la industria fotovoltaica debe considerarse una subvención.

(244)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, esta subvención debe considerarse sujeta a medidas compensatorias.

(245)

Con arreglo a la metodología aplicada en la investigación inicial, el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio obtenido por el beneficiario será la diferencia entre la cantidad de intereses que paga la empresa por el préstamo público y la que pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(246)

Tal como se explica anteriormente en los considerandos 236 a 241, dado que los préstamos concedidos por los bancos chinos reflejan una sustancial intervención estatal en el sector bancario, y no los tipos que cabría encontrar en un auténtico mercado, se ha elaborado una referencia de mercado utilizando el método descrito anteriormente. Además, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión también se ha basado en los datos disponibles, a fin de establecer un tipo de interés de referencia adecuado.

(247)

Al igual que en la investigación inicial, para elaborar una referencia adecuada de los préstamos denominados en RMB, parece razonable aplicar los tipos de interés chinos ajustados para reflejar el riesgo normal del mercado. En un contexto en que la situación financiera actual de los exportadores se ha establecido sobre un mercado distorsionado y no existe información fiable de los bancos chinos sobre la medida del riesgo y la determinación de calificaciones de solvencia, es preciso no aceptar sin más la solvencia crediticia de los exportadores chinos, sino que debe aplicarse un recargo para tener en cuenta las potenciales repercusiones de las distorsiones del mercado chino sobre su situación financiera. Las referencias (41) utilizadas son las siguientes:

(248)

Con respecto a los préstamos denominados en divisas extranjeras, se aplica una situación similar relativa a las distorsiones del mercado y a la ausencia de calificaciones crediticias válidas, ya que estos préstamos también los otorgan los bancos chinos. Por lo tanto, al igual que en la investigación inicial, los bonos empresariales con calificación BB y denominaciones pertinentes emitidos durante el PIR se utilizaron para determinar las referencias (42) siguientes:

(249)

Tras la comunicación, las autoridades chinas plantearon objeciones a que se incorporase un margen comercial a fin de determinar la referencia de los préstamos en RMB, alegando que no existía una base objetiva para que la Comisión considerase que debía otorgarse una calificación de «BB» a las empresas incluidas en la muestra con arreglo a su comportamiento y sus datos de rentabilidad, y sugiriese que esta situación se aplicaba a todo el sector. También se opuso a la metodología utilizada en la elaboración de la referencia para los préstamos denominados en USD y EUR, con el argumento de que el BPC no estableció tipos de interés mínimos para los préstamos en estas divisas y los bancos son libres de ofrecerlos a cualquier tipo de interés. También se refirió a un productor que cooperó cuya referencia calculada era inferior al tipo al que se concedieron todos los préstamos.

(250)

Por lo que respecta al margen comercial y a la calificación crediticia empleados, la Comisión no recibió orientaciones por parte de los bancos que utiliza para valorar la solvencia de las empresas. Además, los escasos documentos mostrados por las propias empresas no eran fiables a efectos de determinar su valor crediticio. En concreto, una empresa presentó una calificación crediticia relativa a una de sus numerosas empresas que no está activa en el sector fotovoltaico. Otra empresa facilitó un documento que no había sido emitido por un banco, sino por una agencia de calificación de crédito de pago. Un tercer documento ya había sido descartado durante la investigación inicial, sin que se hayan añadido elementos adicionales al expediente.

(251)

En lo que se refiere a los préstamos denominados en EUR y USD, se hace alusión al considerando 237, en el que se enumeran las distorsiones del mercado. Dichas distorsiones justifican el uso de una referencia externa también para estos préstamos. En lo que se refiere al productor que cooperó al que se refieren las autoridades chinas, la información incluida en el expediente no respalda esta afirmación.

(252)

Un productor exportador comentó que el tipo del BPC es la referencia adecuada para comprobar si se conceden préstamos en condiciones preferenciales. No obstante, el tipo del BPC guarda relación, entre otras cosas, con los préstamos interbancarios. No se trata de una referencia apropiada en relación con los préstamos a las empresas fotovoltaicas en las circunstancias descritas en la presente investigación, especialmente teniendo en cuenta que, como ya se ha explicado, la referencia debería utilizarse con las empresas de una calificación BB, mientras que, por lo general, los bancos tienen calificaciones mucho mejores para acceder a los préstamos interbancarios.

(253)

Esta parte también comentó que la Comisión no había aplicado una deducción en el beneficio correspondiente a los escasos préstamos concedidos por encima de la referencia calculada. No obstante, al igual que en la investigación inicial, se consideró que dichos préstamos no deberían tener ninguna repercusión sobre el cálculo.

(254)

Por último, el productor exportador alegó que debería recibir un tratamiento distinto al de otras empresas incluidas en la muestra, puesto que consideraba que su situación financiera ya no se correspondía con una calificación BB. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Comisión aplicó una calificación BB a todas las empresas (tal como hizo en la investigación inicial y como se explica en el considerando 256), se rechazó esta alegación.

(255)

Uno de los productores exportadores incluidos en la muestra indicó que algunos de sus préstamos únicamente tenían que ver con actividades de exportación. Esta característica se tuvo en cuenta en el momento de calcular el beneficio correspondiente a dichos préstamos.

(256)

Respecto a lo anterior, tal como se explica en los considerandos 47, 107 y 110, se pidió tanto a las autoridades chinas como a los productores exportadores incluidos en la muestra que facilitaran información sobre las políticas de préstamo de los bancos chinos y sobre la manera en que se atribuían los préstamos a los productores exportadores. Pese a solicitarse en repetidas ocasiones, no fue posible obtener dicha información. Vista la falta de cooperación y la totalidad de los datos disponibles, y de conformidad con las disposiciones del artículo 28, apartado 6, del Reglamento de base, al igual que en la investigación inicial, resulta apropiado considerar que todos los productores del sector fotovoltaico de China únicamente podrían recibir el grado más elevado para los bonos sin categoría de inversión (BB de Bloomberg) y aplicar la prima adecuada que cabe esperar de los bonos emitidos por las empresas que tienen esta calificación al tipo de préstamo estándar del Banco Popular de China.

(257)

Se afirmó que la calificación crediticia de la industria fotovoltaica china debería reducirse de BB a C, o incluso más, a la vista de los impagos reales y los balances extremadamente débiles de los productores chinos incluso de mayor tamaño.

(258)

Esta alegación debe rechazarse, ya que en la información disponible no consta ningún dato que sugiera que la industria fotovoltaica se halle en una situación peor ni mejor que durante la investigación inicial. Por lo tanto, se consideró que era adecuado mantener la metodología empleada en la investigación inicial.

(259)

Como consecuencia de ello, el beneficio de los productores exportadores incluidos en la muestra se ha calculado teniendo en cuenta el diferencial de tipo de interés, expresado como un porcentaje, multiplicado por el saldo vivo del préstamo, es decir, el interés no pagado durante el PIR. Posteriormente, esta cuantía se ha repartido sobre el volumen de negocios total de los productores exportadores en cuestión, o sobre el volumen de exportaciones total, en su caso.

(260)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(261)

La solicitud incluía alegaciones relativas a que los bancos chinos concedían líneas de crédito desproporcionadas a los exportadores chinos del producto objeto de reconsideración. La investigación confirmó que, en efecto, todas las empresas investigadas recibieron considerables líneas de crédito de los bancos chinos, en su mayor parte concedidas de forma gratuita.

(262)

El informe del grupo especial CE-Aeronaves confirmó que estas líneas de crédito, más allá de las repercusiones de los préstamos individuales, pueden ser posibles transferencias directas de fondos con arreglo a la disposición de la ley de la OMC que se corresponde con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y, por lo tanto, tratarse de contribuciones financieras. El grupo especial constató que el beneficio de una posible transferencia de fondos se deriva de la simple existencia de una obligación de hacer una transferencia directa de fondos. Asimismo, constató que una línea de crédito podría, en sí misma o por sí misma, conferir un beneficio a la empresa receptora y, por tanto, constituir una posible transferencia de fondos independiente de las transferencias directas de fondos en forma de préstamos individuales (43).

(263)

Los mismos bancos que habían concedido los préstamos oficiales preferenciales descritos en el punto 3.4.1.1. concedieron las líneas de crédito a los productores exportadores incluidos en la muestra. Estos bancos son organismos públicos (véanse los considerandos 136, 151, 166, 185 y 186). Ejercen la función de los poderes públicos de promover la industria fotovoltaica con arreglo a la planificación central, tal como se detalla en el punto 3.2.

(264)

Conforme a las respuestas al cuestionario de los tres productores exportadores incluidos en la muestra sus líneas de crédito se recibieron de forma gratuita. No obstante, en circunstancias de mercado normales estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y gastos administrativos que permiten a los bancos compensar costes y riesgos.

(265)

El importe del beneficio está representado por las tasas normalmente aplicables a las líneas de crédito comerciales concedidas a las empresas, de las que en la mayoría de los casos estaban exentos los productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión utilizó las tasas aplicadas a la línea de crédito concedida a uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por un banco comercial extranjero en la investigación inicial (44). En la presente investigación no existía ninguna línea de crédito correspondiente a ninguna de las tres empresas incluidas en la muestra. Dado que las tasas se calculan como porcentaje simple de los valores de la transacción, no fue necesario actualizar la referencia empleada en la investigación inicial. Además, en la presente investigación no se propuso ninguna otra referencia.

(266)

Por los mismos motivos que se han detallado en los considerandos 230 a 235, las subvenciones en forma de líneas de crédito desproporcionadas no son de disposición general y, por lo tanto, son específicas a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(267)

Tras la comunicación, un productor exportador se quejó de que la Comisión hubiera incluido un acuerdo de cooperación entre un banco y la empresa enumerada en su lista de líneas de crédito. La Comisión considera dicha inclusión justificada, ya que presenta las mismas características que los acuerdos que se describen en los considerandos 434 a 438 del Reglamento inicial. En ausencia de ese acuerdo, es evidente que los mercados percibirían que el exportador se encuentra en una posición de mayor debilidad. En consecuencia, el acuerdo puede considerarse una posible transferencia de fondos o una prestación de servicios financieros. Una «garantía» tan valiosa como esta tendría cierto valor en el mercado y colocaría al beneficiario en una situación claramente mejor que la que tendría de no existir dicho acuerdo. Como sucedió en la investigación inicial, en los casos en que un acuerdo con el mismo banco por el mismo importe había sido objeto de medidas compensatorias, la Comisión sostiene que tal acuerdo puede estar sujeto a medidas compensatorias.

(268)

La investigación puso de manifiesto que, en el PIR, todos los (grupos de) productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de líneas de crédito proporcionadas gratuitamente o a tasas inferiores a los valores de mercado.

(269)

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la extensión de dichas líneas de crédito a la industria fotovoltaica debe considerarse una subvención.

(270)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, esta subvención debe considerarse sujeta a medidas compensatorias.

(271)

El suministro de líneas de crédito libres de cargas o tasas con valores inferiores a los del mercado se considera una prestación de servicios financieros (artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base) a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. Debido a las distorsiones del mercado descritas en los considerandos 225 a 226, no se pudo determinar la adecuación de la remuneración por los servicios financieros (en este caso, la concesión de líneas de crédito) en relación con las condiciones imperantes en el mercado de China. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se considera que el beneficio en favor de los beneficiarios es la diferencia entre la cantidad que paga la empresa por el suministro de líneas de crédito por parte de los bancos chinos y la que pagaría por una línea de crédito comercial comparable que pudiera obtener en el mercado. Las líneas de crédito también podrían considerarse como posibles transferencias de fondos a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(272)

En la investigación inicial, uno de los productores exportadores incluidos en la muestra había obtenido una línea de crédito de un banco cuya sede se encontraba establecida en territorio ajeno a la jurisdicción de China y esta línea de crédito fue objeto de un compromiso y de comisiones con arreglo a la práctica habitual en los mercados financieros mundiales. Aunque fue la filial china del banco en cuestión la que concedió la línea de crédito, esta se consideró un sustituto razonable de una referencia. Además, a los efectos del cálculo del importe de la subvención de este régimen durante la actual reconsideración por expiración, se consideró apropiado utilizar como referencia las tasas aplicadas a esta línea de crédito de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base. Tal como se expone en el considerando 267, no fue posible identificar una referencia mejor.

(273)

El nivel de las tasas utilizadas como valor de referencia se aplicó de forma prorrateada al importe de cada línea de crédito en cuestión para obtener el importe de la subvención (previa deducción de las tasas efectivamente abonadas). En los casos en que la línea de crédito tenía una duración superior a un año, se repartió el importe total de la subvención durante el período de duración de la línea de crédito y se atribuyó el correspondiente importe al PIR.

(274)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(275)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa. En cualquier caso, no existen indicios de que se hayan retirado los programas originales de subvenciones a la exportación.

(276)

La solicitud recogía alegaciones relativas a que Sinosure continuaba proporcionando seguros de crédito a la exportación a condiciones preferenciales a los fabricantes del producto objeto de reconsideración. Según la denuncia, el seguro de crédito a la exportación de Sinosure ni siquiera es adecuado para cubrir las operaciones a largo plazo y Sinosure opera con una situación de pérdidas a largo plazo.

(277)

Como se indica más abajo en los considerandos 279 y 283, en el cuestionario, en las cartas de deficiencia y durante la visita de inspección sobre el terreno, la Comisión solicitó información a las autoridades chinas y a Sinosure. De dicha información, un importante número de elementos no fue facilitado ni por las autoridades chinas ni por Sinosure, por lo que la Comisión fue incapaz de verificar todos los elementos esenciales, así como aquella información con un claro vínculo objetivo con el régimen, como son los documentos y los datos previamente mencionados.

(278)

En lo que se refiere a la participación y al proceso interno de toma de decisiones, no se facilitaron los estatutos nuevos o revisados. Tras la comunicación, las autoridades chinas subrayaron que la Comisión no había indicado qué elemento específico de información de los estatutos no estaba disponible, ni cómo afectaba al análisis de la Comisión, además de que se basaba en una versión obsoleta de los estatutos. A este respecto, la Comisión señala que basó sus conclusiones en la versión de los estatutos que tenía a su disposición y que no había sido refutada.

(279)

En lo que respecta a las normas internas que regulan las operaciones y el proceso de evaluación del riesgo, Sinosure no facilitó las Normas básicas de gestión exhaustiva del riesgo de la China Export & Credit Insurance Corporation ni el Régimen de autorización específica de los programas de seguros de crédito a la exportación basados en la política de la China Export & Credit Insurance Corporation solicitados, que se mencionan en las actas del consejo de administración facilitadas en la respuesta al cuestionario. Tras la comunicación, las autoridades chinas indicaron que es ilógico aducir que el segundo documento no se había facilitado, puesto que, como observó la Comisión en su propia lista de documentos preparada durante la verificación, según Sinosure, tal documento no existe. No obstante, a la Comisión le sorprende que las actas del consejo de administración se refieran a un documento inexistente. Además, el hecho es que no se facilitó el documento y, por lo tanto, aparecía en la lista, la cual aprobaron y suscribieron las autoridades chinas al final de la visita de verificación. Los motivos señalados para no facilitar los documentos fueron los indicados por las autoridades chinas, que se registraron en el expediente.

(280)

Pese a que Sinosure permitió a la Comisión consultar brevemente la cifra de beneficios y pérdidas obtenida únicamente de los seguros de crédito a corto plazo incluidos en el programa de seguro de crédito a la exportación, cabe señalar que no se le permitió examinarlo ni hacer una copia del documento y que la rentabilidad calculada no pudo respaldarse con pruebas.

(281)

Tras la comunicación, las autoridades chinas consideran que la Comisión admite la revisión de las cifras de pérdidas y ganancias indicadas en el considerando 280. Pero las autoridades chinas deberían tener en cuenta también el resto del considerando en cuestión, en el que se concluye que la Comisión no estaba satisfecha con la información facilitada. Las autoridades chinas indicaron además que, en su respuesta al cuestionario, Sinosure facilitó información detallada sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo proporcionado a las exportaciones de productos solares a la Unión. En este sentido, la Comisión observa que con las cifras presentadas durante la inspección in situ era imposible verificar estas cifras sobre el terreno.

(282)

Tampoco se facilitó la información relativa al seguro de crédito a la exportación correspondiente a cada sector, a los diez mayores productores exportadores ni a los tres productores exportadores incluidos en la muestra. Las alegaciones, tras la comunicación, sobre los diez mayores productores exportadores se tratan en el considerando 67. En lo que respecta a la alegación de las autoridades chinas de que la información de los tres productores exportadores incluidos en la muestra estaba, en todo caso, a disposición de la Comisión a través de los propios productores exportadores, la Comisión observa que la información solicitada a Sinosure debería haber sido facilitada por la propia Sinosure. Esta no podía dar por hecho que la información sobre seguros de crédito a la exportación sería facilitada por los tres productores exportadores incluidos en la muestra e, incluso, en ese supuesto, no podría limitarse a dar por hecho que dicha información estaría completa o sería correcta. Recopilar información de diversas fuentes forma parte de la responsabilidad de las autoridades de investigación, y esta tarea se ha visto obstaculizada por la falta de cooperación.

(283)

Además, Sinosure afirmó que ninguno de los tres productores exportadores incluidos en la muestra había obtenido el seguro de Sinosure durante el PIR. Se constató que esta afirmación era incorrecta y contradecía la información facilitada por los tres productores exportadores incluidos en la muestra.

(284)

La investigación inicial (45) había llegado a la conclusión de que Sinosure es un organismo público. En el curso de esta investigación, ni las autoridades chinas ni Sinosure han proporcionado pruebas de que esta situación haya cambiado. La investigación tampoco halló ningún elemento que contradiga las constataciones anteriores. Por el contrario, en el informe anual de 2014 de Sinosure se confirmaban las constataciones de la investigación inicial, al observar que esta no escatimó esfuerzos en apoyo a las políticas nacionales de China y contribuyó a su materialización mediante la búsqueda de nuevas ideas y conceptos, la mejora de los métodos de trabajo, el perfeccionamiento de productos y servicios, así como la mejora de la eficiencia a la hora de llevar a efecto sus funciones políticas o de que tenía una función de órgano de respaldo de las políticas. Por consiguiente, las conclusiones extraídas en la investigación inicial siguen siendo válidas durante el PIR y se confirman.

(285)

La base jurídica es idéntica a la de la investigación inicial, es decir: la Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación [Shang Ji Fa (2004) n.o 368], emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y Sinosure; el directorio de productos chinos de alta y nueva tecnología de 2006; el denominado plan 840 incluido en la Comunicación del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009; el llamado plan 421 incluido en la Comunicación sobre las cuestiones relativas a la implementación de disposiciones especiales para la financiación de seguros a la exportación de grandes equipos completos, emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda el 22 de junio de 2009; la Decisión sobre la aceleración del fomento y el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes [Guo Fa (2010) n.o 32 de 18 de octubre de 2010], emitida por el Consejo de Estado, y sus directrices de ejecución [Guo Fa (2011) n.o 310 de 21 de octubre de 2011].

(286)

Puesto que Sinosure es un organismo público investido de poderes públicos que ejecuta leyes y planes estatales, la provisión de seguros de crédito a la exportación a fabricantes del producto objeto de reconsideración constituye una contribución financiera en forma de posible transferencia directa de fondos públicos a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(287)

Algunas autoridades locales concedieron una rebaja de parte de la prima abonada por los productores exportadores a Sinosure. Esta rebaja de parte de la prima también constituye una transferencia directa de fondos en forma de subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(288)

Existe un beneficio a tenor del artículo 3, apartado 2, y del artículo 6, letra c), del Reglamento de base en la medida en que Sinosure ofrece un seguro de crédito a la exportación en términos más favorables de los que el beneficiario podría obtener normalmente en el mercado, o bien una cobertura de seguro que de otro modo no estaría disponible en el mercado. El beneficio adicional a tenor del artículo 3, apartado 2, que recibe el productor exportador es la rebaja en metálico de parte de la prima del seguro que se abona a Sinosure practicada por algunas autoridades locales de los lugares donde están establecidos algunos productores exportadores.

(289)

Con respecto a la existencia de un beneficio, la Comisión examinó hasta qué punto las primas de Sinosure cubrían el coste del seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Como se explica en el considerando 280, Sinosure facilitó un análisis de rentabilidad correspondiente al período 2011-2015, en el que se demostraba que era supuestamente rentable durante este período de forma acumulada, pero que incurrió en pérdidas en 2015. En primer lugar, la Comisión observa que este documento, que supuestamente procede del departamento financiero, únicamente pudo consultarse brevemente y no fue posible imprimirlo ni copiarlo para emplearlo como prueba documental. En segundo lugar, la información recogida en este informe únicamente pudo verificarse de forma muy parcial, ya que las pruebas presentadas no permitieron conciliar de forma adecuada la información con el informe anual de 2014 de Sinosure. Por lo tanto, la Comisión no está satisfecha con la información facilitada.

(290)

Además, Sinosure basó sus argumentos en el punto j) del anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («SMC») de la OMC, según el cual se considera una subvención a la exportación «prohibida», a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho acuerdo, la creación de programas de seguros de crédito a la exportación con primas insuficientes para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcionamiento de los programas. En su respuesta al cuestionario, Sinosure hacía simplemente referencia a las ganancias acumuladas en los últimos cinco años y concluía que, puesto que en general tuvo beneficios durante ese período, la provisión de seguro de crédito a la exportación a corto plazo a los productores exportadores no constituyó una subvención a tenor del Acuerdo SMC de la OMC. A este respecto, con arreglo a la información presentada, es decir, una cifra acumulada relativa a la rentabilidad para un período de cinco años, cabe señalar que la Comisión no se encuentra en disposición de extraer ninguna conclusión significativa.

(291)

Dado que no se dispone de información fiable y verificable para realizar el análisis del «programa» con arreglo al punto j) del anexo I del Acuerdo SMC de la OMC, la Comisión tuvo que basar sus conclusiones en las pruebas disponibles en el expediente. En este sentido, la Comisión se basó en el informe anual de 2014 recogido durante la visita de inspección. El examen de este documento reveló que, en conjunto, la actividad de seguros de crédito a la exportación de Sinosure habría generado pérdidas en 2013 y 2014 si no se hubieran registrado determinados ingresos no operativos. Estos ingresos no operativos no tienen que ver con la actividad normal de Sinosure y, por lo tanto, deberían excluirse del análisis de rentabilidad de esta institución. Esta situación sigue siendo similar a la de la investigación inicial.

(292)

Tras la comunicación, las autoridades chinas rebatieron la evaluación de la Comisión según la cual la actividad general de seguros de crédito a la exportación de Sinosure habría generado pérdidas, así como la metodología de cálculo empleada por la Comisión, remitiendo a sus comentarios de 27 de septiembre de 2013. Estos últimos comentarios ya se abordaron y descartaron en el punto 3.5.3 del Reglamento inicial.

(293)

A raíz de las explicaciones recogidas en los considerandos 280, 289 y 290, y tal como se ha determinado en la investigación inicial, el artículo 11 de la versión supuestamente obsoleta de los estatutos que han presentado en la respuesta al cuestionario dispone que la empresa deberá operar en el punto de equilibrio. Esto significa que, según sus estatutos, Sinosure no pretende maximizar sus beneficios, sino que ha de tender meramente al equilibrio conforme a su función como única aseguradora oficial del crédito a la exportación en China. Como se ha explicado más arriba, el contenido del expediente ha demostrado que el entorno jurídico y estratégico en el que funciona Sinosure exige que la empresa ejecute las políticas y los planes estatales, en cumplimiento de su mandato de la política pública. Entre las industrias y empresas seleccionadas con apoyo específico del Estado, los productores exportadores tuvieron pleno acceso al seguro de crédito a la exportación ofrecido por Sinosure con primas preferenciales. Así pues, Sinosure proporciona una cobertura de seguro de disponibilidad ilimitada para el sector fotovoltaico y las bajas primas que ofrece no reflejan los riesgos reales que se corren al asegurar las exportaciones en este sector. Sobre la base de todos estos elementos del expediente, ya puede concluirse que las tasas de prima cobradas por Sinosure siguen siendo insuficientes para cubrir sus operaciones a largo plazo

(294)

Se recuerda asimismo que en la investigación inicial se habían extraído varias conclusiones que apuntaban en el mismo sentido (46). En el curso de esta investigación, las autoridades chinas no han proporcionado ninguna prueba de que esta situación haya cambiado. La investigación tampoco ha hallado ningún elemento que contradiga las constataciones anteriores.

(295)

En vista de lo anterior, teniendo en cuenta que Sinosure sigue generando pérdidas con su sistema de seguro de crédito a la exportación, la existencia de beneficio se determina mediante la comparación de las primas abonadas por los productores exportadores con las disponibles en el mercado.

(296)

Sinosure alegó que otras cuatro empresas están prestando estos servicios en el mercado chino. Sin embargo, no se ha podido facilitar ninguna información relativa a sus cuotas de mercado en este sentido. En cualquier caso, Sinosure es la única aseguradora oficial de crédito a la exportación y posee una posición dominante en el mercado chino. Por lo tanto, no existe ninguna referencia comercial para este tipo de instrumentos en China y, dado que el mercado financiero de ese país está distorsionado por la intervención estatal, es razonable utilizar una referencia de fuera de China.

(297)

Las subvenciones están supeditadas a la cuantía de las exportaciones a tenor del artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base, pues no pueden obtenerse si no se exporta. Además, son también específicas a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que el acceso está limitado a determinadas empresas. Dado que no se han producido cambios en este sentido, se remite a los considerandos 246 y 247 del Reglamento inicial, en los que se concluyó que los beneficios concedidos por Sinosure o por las autoridades locales a los fabricantes del producto objeto de reconsideración son específicos a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, dado que no hay pruebas que apunten a que la subvención se base en criterios o condiciones objetivos según el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, el beneficio también es específico en este sentido.

(298)

En contra de lo alegado por las autoridades chinas y por un productor exportador tras la comunicación, la información presentada por las empresas sobre las primas abonadas no fue rechazada. No obstante, en última instancia no se utilizó en el cálculo que se describe en los considerandos 302 y 303, debido a que la Comisión recurrió a los datos disponibles.

(299)

La investigación demostró que los tres grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron del seguro de crédito a la exportación proporcionado por Sinosure durante el PIR.

(300)

La provisión del seguro de crédito a la exportación por parte de Sinosure a la industria fotovoltaica debe considerarse una subvención, en la medida en que las tasas de las primas están por debajo de los valores de mercado.

(301)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, esta subvención debe considerarse sujeta a medidas compensatorias.

(302)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. El cálculo del beneficio es similar a la situación relativa a las garantías de préstamo. De conformidad con el artículo 6, letra c), del Reglamento de base, el beneficio conferido a la empresa beneficiaria se considera igual a la diferencia entre el importe de la prima que paga por el seguro de crédito a la exportación proporcionado por Sinosure y el importe de la prima que abonaría por un seguro de crédito a la exportación comparable que pudiera obtener en el mercado.

(303)

Como ya se ha indicado en los considerandos 277 a 283, la Comisión no pudo verificar una serie de aspectos relacionados con la concesión de seguros de crédito a la exportación por parte de Sinosure a los productores exportadores incluidos en la muestra, a los mayores productores exportadores o al sector en cuestión. Dada la falta de cooperación de las autoridades chinas y Sinosure, la Comisión recurrió a los datos disponibles a fin de calcular el beneficio otorgado a los beneficiarios. A este respecto, se consideró razonable basarse en las tasas de beneficio de la investigación inicial. Las empresas incluidas en la muestra en esta reconsideración que también se incluyeron en la investigación inicial obtienen la tasa de beneficio determinada en dicha investigación. Con relación al grupo que no se incluyó en la muestra en la investigación inicial, su tasa es la media ponderada de las empresas que cooperaron en la investigación inicial.

(304)

Los tipos de la subvención establecidos con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra ascienden a:

(305)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR dentro de estos programas. En cualquier caso, no existen indicios de que se hayan retirado los programas de subvenciones originales.

(306)

En la investigación inicial se determinó que los productores del sector fotovoltaico percibían subvenciones con arreglo al programa de demostración Golden Sun.

(307)

La Comisión había solicitado a las autoridades chinas que proporcionasen una serie de documentos, que en su mayoría tenían que ver con los objetivos presupuestarios del programa Golden Sun. En su respuesta al cuestionario, las autoridades chinas afirmaron ser incapaces de identificar los documentos solicitados debido a la falta de información en la pregunta tal como había sido formulada por la Comisión. No obstante, durante la visita de inspección, después de que la Comisión plantease esa misma pregunta (con el mismo nivel de información que el cuestionario, es decir, el nombre de los documentos solicitados), las autoridades chinas afirmaron que dichos documentos eran confidenciales y que era necesario comprobar si podían ser entregados a la Comisión. En este sentido, la Comisión no entiende por qué deben considerarse confidenciales los documentos que faltan y no pueden facilitarse en el marco de una investigación antisubvenciones en la que la autoridad investigadora está obligada por las estrictas normas de confidencialidad. En cualquier caso, al igual que en la investigación inicial, las autoridades chinas no retomaron esta cuestión pese a habérselo recordado en varias ocasiones durante la visita sobre el terreno y estos documentos nunca se facilitaron a la Comisión.

(308)

Por otra parte, las autoridades chinas habían indicado en su respuesta al cuestionario que ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra se había beneficiado de este programa durante el PIR, ya que dicho programa no está dirigido a los fabricantes del producto objeto de reconsideración. Sin embargo, esto contradijo la información recibida de los productores exportadores incluidos en la muestra. Durante la visita de inspección, las autoridades chinas matizaron su respuesta al cuestionario y reconocieron la posibilidad de los pagos, pese a que el programa supuestamente se hubiera terminado y se hubiera transformado en un programa de tarifa regulada. En apoyo a esta última afirmación, las autoridades chinas facilitaron el dictamen de 2013 del Consejo de Estado. La Comisión observa que, en su respuesta al cuestionario, las autoridades chinas no mencionaron que este programa hubiera sido modificado ni tampoco proporcionaron ninguna prueba justificativa en este sentido. La Comisión señala, además, que el documento facilitado durante la inspección no se refiere a este programa ni a su supuesta sustitución por otro programa.

(309)

Ante esta falta de cooperación por parte de las autoridades chinas, la Comisión no pudo verificar todos los aspectos del programa Golden Sun y, en concreto, de los beneficios reales conferidos a los fabricantes del producto objeto de reconsideración y de la industria fotovoltaica en su conjunto. A esto se suma que las autoridades chinas no presentaron todos los documentos pertinentes solicitados, concretamente los documentos presupuestarios sobre los créditos Golden Sun emitidos por el Ministerio de Hacienda.

(310)

Además, en lo que a los beneficios se refiere, la Comisión observa que se había solicitado a las autoridades chinas que proporcionaran información sobre los beneficios recibidos para los productores, pero, pese a que dichas autoridades disponían de la información, se limitaron a responder que no se recibieron beneficios.

(311)

Tal como se establece en la investigación inicial, la principal base jurídica la constituyen los documentos siguientes: Comunicación sobre la implementación del programa de demostración Golden Sun, de 16 de julio de 2009, y su documento adjunto Medidas provisionales para la gestión del fondo de asistencia financiera del programa de demostración Golden Sun, expediente CaiJian n.o 397 (2009), publicados por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencias y el Consejo Nacional de la Energía; Circular relativa a la implementación eficaz de las asignaciones del programa de demostración Golden Sun, expediente n.o 718 (2009); Circular relativa a la realización eficaz del programa de demostración Golden Sun 2010, expediente n.o 622 (2010); Circular sobre instrucciones relativas a los índices presupuestarios de las subvenciones financieras para los costes de construcción del programa de demostración Golden Sun 2010, expediente n.o 965 (2010) de 2 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Hacienda; Circular relativa a la distribución del objetivo presupuestario para las subvenciones fiscales asignadas a los programas Golden Sun 2011, expediente JCJ n.o 336 de 1 de septiembre de 2011, emitida por el Departamento de Hacienda de Hebei; y Circular relativa a la distribución del objetivo presupuestario para las subvenciones fiscales asignadas a los programas Golden Sun 2011, expediente HCJ n.o 135 de 8 de noviembre de 2011, emitida por la Oficina Municipal de Hacienda de Hengshui.

(312)

Al igual que en la investigación inicial, las autoridades chinas reiteraron que este programa de subvenciones no iba dirigido a los fabricantes del producto objeto de reconsideración, sino que se dirige a los proyectos de producción de energía fotovoltaica. Las autoridades chinas alegaron asimismo que el solicitante no había aportado pruebas que demostrasen la existencia de ningún beneficio distribuido a los productores de los productos en cuestión durante el PIR.

(313)

En la presente investigación, nada de lo incluido en el expediente puede alterar las conclusiones de la Comisión respecto a la investigación inicial, recogidas en los considerandos 271 a 282, en las que se determinó que las subvenciones en el marco de este programa están directamente relacionadas con el producto objeto de reconsideración, pues los «sistemas solares fotovoltaicos descentralizados» elegibles incluyen específicamente el suministro de módulos y células como parte importante de los proyectos y, por tanto, el nexo entre el beneficio conferido por los poderes públicos y el producto objeto de reconsideración es directo e inextricable.

(314)

Tal como se determina en la investigación inicial, el programa Golden Sun confiere una subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y apartado 2, del Reglamento de base en forma de transferencia de fondos de las autoridades chinas mediante subvenciones a los fabricantes del producto objeto de reconsideración.

(315)

La Comisión determinó asimismo que este régimen de subvenciones es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(316)

El programa Golden Sun sigue siendo una subvención específica en forma de ayuda. La investigación determinó que los exportadores incluidos en la muestra se han beneficiado de esta subvención.

(317)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(318)

En su respuesta a la comunicación, las autoridades chinas hicieron comentarios sobre el programa de demostración Golden Sun y reiteraron varias cuestiones que ya habían planteado. Dado que estas cuestiones ya se han abordado previamente, no es necesario añadir más comentarios al respecto. Por otra parte, las autoridades chinas afirmaron que la Comisión no había establecido la especificidad con relación a este régimen.

(319)

No obstante, teniendo en cuenta que las subvenciones Golden Sun únicamente se otorgaban a productores chinos del sector de la energía renovable, se deduce que su especificidad está claramente determinada con arreglo a los estándares de la OMC.

(320)

Además, las autoridades chinas alegaron haber proporcionado pruebas de que este régimen había finalizado. Sin embargo, puesto que estas subvenciones se registraron en la cuenta de ingresos diferidos de los productores exportadores incluidos en la muestra, otorgarán beneficios durante muchos años más. Esto implica que, en lo que a la subvención se refiere, resulta engañoso afirmar que el régimen ha terminado. En realidad, ya no se admiten nuevos beneficiarios del programa, pero, dado el prolongado ciclo de vida de las instalaciones incluidas, los beneficios continuarán acumulándose. Por tanto, también se desestimaron estas alegaciones.

(321)

En su petición, el solicitante presentó pruebas que demostraban que las industrias fomentadas de China pueden recibir varias subvenciones únicas o periódicas de autoridades públicas de distintos niveles, es decir, locales, regionales y nacionales.

(322)

De hecho, en esta investigación se descubrió que las tres empresas incluidas en la muestra también habían recibido subvenciones únicas o periódicas de autoridades públicas de distintos niveles, que las llevaron a recibir beneficios durante el PIR. Algunas ya habían sido comunicadas por las empresas incluidas en la muestra en sus respectivas respuestas al cuestionario, mientras que muchas otras se detectaron sobre el terreno durante la inspección. Ninguna de ellas fue comunicada en la respuesta de las autoridades chinas al cuestionario, tal como se había solicitado.

(323)

Las empresas recibieron estas ayudas de las autoridades nacionales, provinciales, de condado o de distrito, y todas parecían ser específicas de las empresas incluidas en la muestra o específicas en cuanto a la situación geográfica o al tipo de industria. El nivel de información jurídica sobre los actos legislativos precisos en virtud de los cuales se concedieron estas ayudas, suponiendo que existiera una base jurídica, no se notificó, aunque en algunas ocasiones se había facilitado a la Comisión una copia de un documento que acompañaba a la concesión de fondos expedido por una autoridad pública (denominado «el anuncio»).

(324)

Dado el gran número de subvenciones que recoge la solicitud o que se encontraron en los libros de las empresas incluidas en la muestra, en este Reglamento tan solo se recoge un resumen de las principales constataciones. Las tres empresas incluidas en la muestra proporcionaron inicialmente pruebas de la existencia de numerosas subvenciones y del hecho de que habían sido otorgadas por distintos niveles de las autoridades chinas. Otras subvenciones no fueron comunicadas por las empresas incluidas en la muestra, pero fueron identificadas durante las inspecciones sobre el terreno.

(325)

Una de las empresas incluidas en la muestra recibió más de ciento treinta de estas subvenciones durante el PIR. Muchas de ellas fueron otorgadas por autoridades públicas del ámbito municipal, del distrito o provincial. La mayor subvención superó los 7 millones de yuanes renminbi (CNY) y se otorgó dentro del régimen «Trinity», un fondo municipal para promover la transformación y la mejora de las empresas industriales. Otras subvenciones fueron, por ejemplo, fondos para patentes, fondos y concesiones dirigidos a la ciencia y la tecnología, fondos de desarrollo empresarial, fondos para la mejora y la transformación de las empresas industriales, subvenciones para infraestructuras básicas, fondos de apoyo proporcionados a nivel de los distritos, fondos para el desarrollo de energías nuevas y limpias y reducciones fiscales al suelo. Además, esta empresa también recibió subvenciones para los seguros de crédito a la exportación proporcionados por el Estado a nivel de los distritos.

(326)

Otra empresa incluida en la muestra también recibió cuantiosas subvenciones del Estado durante el PIR, algunas de las cuales tenían que ver con la zona de desarrollo en la que se encontraba la empresa (más de 13 millones CNY). Otras fueron subvenciones relacionadas con el gasto en ciencia y tecnología, energía renovable o desarrollo de la industria y la información (por ejemplo, las subvenciones a las «tres famosas»). Sobre el terreno también se detectaron reducciones relacionadas con la adquisición de derechos de uso del suelo.

(327)

Una de las empresas incluidas en la muestra recibió, como grupo, varias subvenciones por un valor total superior a los 29 millones CNY. Estas subvenciones tienen que ver por ejemplo con el desarrollo de nuevas energías, proyectos de reformas tecnológicas clave o fondos asociados con la zona de desarrollo en la que se encuentra el beneficiario.

(328)

Sobre la base de las pruebas recogidas en relación con la obtención de estas ayudas por parte de las empresas incluidas en la muestra, y a falta de cualquier otra información, la Comisión consideró que constituyen una subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y del artículo 2, del Reglamento de base como transferencia de fondos de las autoridades chinas mediante subvenciones a los fabricantes del producto objeto de reconsideración, lo que supone un beneficio.

(329)

Estas subvenciones son también específicas a tenor de lo establecido en el artículo 4, apartado 2, letra a), y apartado 3, del Reglamento de base, dado que parece que se limitan a determinadas empresas o proyectos específicos en regiones concretas o a la industria fotovoltaica. Estas subvenciones no cumplen los criterios de no especificidad del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, dado que las condiciones de elegibilidad y los criterios de selección reales para que las empresas puedan ser elegibles no son transparentes ni objetivos y no se aplican automáticamente. Además, no hay pruebas de que las ayudas pertenezcan a un programa de subvenciones globales.

(330)

En todos los casos, las empresas proporcionaron información sobre el importe y el origen de la subvención, y sobre quién la había concedido. La mayoría de las empresas afectadas también registraron estos ingresos en la partida «ingresos por subvención» en sus cuentas, que habían sido objeto de una auditoría independiente. Esto se ha considerado una prueba de la existencia de una subvención que aportó un beneficio sujeto a medidas compensatorias.

(331)

El cuadro que figura a continuación muestra el cálculo del beneficio para estas subvenciones, considerando el beneficio como el importe recibido durante el PIR, o contabilizado durante el PIR, cuando el importe fue amortizado en su totalidad por la empresa en cuestión.

(332)

En su respuesta a la comunicación, las autoridades chinas y un productor exportador hicieron comentarios relativos a «otras subvenciones». La cuestión planteada es que la Comisión no había proporcionado detalles suficientes que justificasen la existencia de regímenes sujetos a medidas compensatorias.

(333)

Sin embargo, cabe mencionar que, en las respuestas al cuestionario, la Comisión obtuvo muy poca información relativa a estos regímenes. Además, los productores exportadores incluidos en la muestra no cuestionan los importes calculados por la Comisión y comunicados a la parte correspondiente. Tampoco cuestionan el hecho de que estas subvenciones se hubieran recibido de las autoridades chinas.

(334)

Debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión decidió que era razonable tratar de identificar la existencia de estas subvenciones durante la inspección in situ. Las conclusiones de las inspecciones difirieron de forma radical en número y valor total de las subvenciones comunicadas en las respuestas de las autoridades chinas al cuestionario. Se decidió que las conclusiones obtenidas sobre el terreno constituían un indicador razonable del nivel de subvenciones en este sentido. La Comisión no acepta que este planteamiento demuestre ninguna deficiencia para justificar la existencia de regímenes sujetos a medidas compensatorias. Puesto que estas subvenciones comparten características comunes —son concedidas por un órgano público y no forman parte de un régimen de subvenciones, sino que se trata de ayudas individuales—, la Comisión puede evaluarlos de forma conjunta, tal como se describe en los considerandos 324 a 327. Por lo tanto, se rechaza la afirmación relativa a que la Comisión no justificó la existencia de regímenes sujetos a medidas compensatorias ni proporcionó pruebas positivas de estos regímenes.

(335)

La investigación determinó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(336)

La investigación determinó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(337)

En la investigación inicial se determinó que la compensación de impuestos a la investigación y el desarrollo de empresas con inversión extranjera les otorgaba derecho a unas políticas fiscales preferenciales para sus actividades de I + D por medio de una compensación de impuestos del 150 % de sus gastos al cumplirse determinados umbrales de gasto en I + D. También se determinó que este programa de compensación de gastos en I + D dirigido a las empresas con inversión extranjera fue sustituido por un programa específico en 2008, al que se hace referencia en el presente como Compensación de impuestos por actividades de investigación y desarrollo (es decir, se ha omitido«de las empresas con inversión extranjera»).

(338)

Las autoridades chinas contestaron que en 2008 se había sustituido la compensación de impuestos a la investigación y el desarrollo de empresas con inversión extranjera, puesto que los dos programas habrían tenido criterios de subvencionalidad distintos. Las autoridades chinas afirmaron asimismo que el programa de Compensación de impuestos por actividades de investigación y desarrollo no es específico y, por lo tanto, no está sujeto a medidas compensatorias.

(339)

Teniendo en cuenta la investigación inicial, originalmente se determinó que la base jurídica del programa de sustitución (Compensación de impuestos por actividades de investigación y desarrollo) la constituyen el artículo 30, apartado 1, de la Ley del impuesto sobre sociedades, los artículos 93 y 95 de las Normas de desarrollo de la Ley del impuesto sobre sociedades de la República Popular China (las «Normas de desarrollo del impuesto sobre sociedades»), las Medidas administrativas para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología [Guo Ke Fa Huo (2008) n.o 172], junto con la Comunicación de la Administración Fiscal del Estado sobre las cuestiones relativas al pago del impuesto sobre sociedades de las empresas de alta y nueva tecnología [Guo Shui Han (2008) n.o 985]. Tras la comunicación, las autoridades chinas manifestaron que esta base jurídica era irrelevante, salvo el artículo 30, apartado 1, de la Ley del impuesto sobre sociedades y el artículo 95 de las Normas de desarrollo del impuesto sobre sociedades.

(340)

En esta investigación, se identificaron los siguientes documentos adicionales como constituyentes de la base jurídica: las Medidas administrativas para la reducción fiscal de gastos de I + D para empresas [Guo Shui Fa (2008) n.o 116], la Circular conjunta del Ministerio de Hacienda y la Administración Fiscal del Estado sobre políticas relevantes relacionadas con la super deducción de gastos en I + D (2013/70). Tras la comunicación, las autoridades chinas indicaron que las Medidas administrativas para la reducción fiscal de gastos de I + D para empresas [Guo Shui Fa (2008) n.o 116] habían vencido supuestamente el 1 de enero de 2016, es decir, con posterioridad al PIR.

(341)

De acuerdo con dicho artículo 95, se concederá una desgravación adicional del 50 % de los gastos en I + D según el punto 1 del artículo 30 en relación con los gastos de productos de alta y nueva tecnología, de manera que estén sujetos a una amortización basada en el 150 % de los costes de activos intangibles.

(342)

Se ha establecido que las disposiciones jurídicas pertinentes demuestran que este régimen proporciona un beneficio que se limita a las empresas con arreglo al artículo 4 de las Medidas administrativas para la reducción fiscal de gastos de I + D para empresas [Guo Shui Fa (2008) n.o 116), que establece que las empresas elegibles son aquellas que llevan a cabo las actividades de investigación y desarrollo contempladas en las Orientaciones sobre las «áreas prioritarias de desarrollo prioritario de industrialización de alta tecnología» (2007) n.o 6, emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el Ministerio de Ciencias de Tecnología, el Ministerio de Comercio y la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Una de las áreas prioritarias incluida en este documento orientativo es la energía solar (47).

(343)

Estas empresas han de incurrir en gastos de I + D para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas artes. Las empresas elegibles pueden compensar un 50 % adicional de sus gastos en I + D respecto del impuesto sobre sociedades. También los gastos de los activos intangibles de I + D dan a las empresas elegibles el derecho a una deducción del 150 % de los costes reales que afronten.

(344)

Las empresas que se benefician de este régimen tienen que presentar su declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna en la declaración de impuestos.

(345)

Los tres productores exportadores incluidos en la muestra, Chint, Jinko y Trina se acogieron a los beneficios al amparo de este régimen.

(346)

Tras la comunicación, las autoridades chinas y un productor exportador cuestionaron la especificidad alegando que todas las empresas de China pueden optar a la deducción adicional del 150 %. Las autoridades chinas añadieron que las autoridades canadienses no percibieron ninguna especificidad en este régimen en los módulos de pared divididos en unidades procedentes de China, y citaron la decisión del grupo especial de la OMC Estados unidos — Grandes aeronaves civiles. En este caso, según las autoridades chinas, de acuerdo con el grupo especial, limitar la financiación a la I + D de «tecnologías de alto riesgo, alta retribución, emergentes y habilitadoras» no daba lugar a un grupo suficientemente limitado de empresas o industrias a tenor del artículo 2 del Acuerdo SMC. Según dichas autoridades, la Comisión había establecido incorrectamente que un criterio de admisibilidad del programa se basaba en que una empresa fuera de alta y nueva tecnología y que, en cualquier caso, en el asunto T-586/14 Xinyi PV products contra Comisión, el Tribunal General sostuvo que si una empresas cumple las condiciones de empresa de alta y nueva tecnología, satisface una condición objetiva para la concesión del beneficio fiscal.

(347)

Se rechazan las alegaciones anteriores. El hecho de que otras empresas puedan recibir subvenciones comparables con arreglo a otra base jurídica no implica que este régimen no sea específico de iure para únicamente un grupo limitado de empresas. Aunque se admita que en teoría todas las empresas podrían ser elegibles para la deducción adicional del 150 %, en este caso las empresas incluidas en la muestra se beneficiaron de la deducción en la medida en que podían marcar una casilla específica en su declaración de impuestos vinculada a su certificación como empresa de alta y nueva tecnología, lo cual es mucho menos trabajoso que el procedimiento alternativo. En lo que respecta a la sentencia en el asunto T-586/14 Xinyi PV productos contra Comisión, esta se refiere al trato de economía de mercado y no a la especificidad de una subvención. En cuanto a la alegación de que las autoridades canadienses no hallaron especificidad en este régimen, ninguna parte aportó una copia de dichas conclusiones.

(348)

Este régimen constituye una subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y apartado 2, del Reglamento de base, en forma de una condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas beneficiarias.

(349)

Esta subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la propia legislación limita la aplicación de este régimen a empresas que incurren en gastos de I + D.

(350)

Por consiguiente, tal como se determinó en la investigación inicial, esta subvención debe considerarse sujeta a medidas compensatorias.

(351)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. Se considera que el beneficio obtenido por los beneficiarios es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal, tras restar lo ya pagado con la deducción adicional del 50 % de los gastos reales en I + D para los proyectos aprobados. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2015. Un productor exportador alegó que en su lugar deberían haberse utilizado los datos fiscales correspondientes al PIR. Esta alegación se rechazó. Teniendo en cuenta el considerando 459 del Reglamento inicial, la Comisión reitera la importancia de que el cálculo del beneficio se base en declaraciones de impuestos finales auditadas de un determinado ejercicio fiscal. Añade que la liquidación final de la declaración fiscal de 2015 durante el PIR hace que todo beneficio reclamado en la declaración sea definitivo, lo que subraya la corrección de su enfoque. La Comisión no puede basar su cálculo en declaraciones de impuestos trimestrales, pues en ellas se refleja la situación corriente provisional en el momento de la presentación y, por definición, no tienen en cuenta la situación consolidada final del ejercicio fiscal anual. El objetivo de estas declaraciones es garantizar liquidez a los poderes públicos en el caso de que se deban provisionalmente impuestos, pero solo reflejan la situación parcial en el momento de la presentación. Asimismo, las declaraciones de impuestos de 2015 abarcan tres trimestres del PIR y, por tanto, son las declaraciones de impuestos anuales más relevantes disponibles.

(352)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el mencionado importe de la subvención (numerador) se asignó al volumen de ventas total de los productores exportadores incluidos en la muestra durante el PIR, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(353)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(354)

En la investigación inicial se determinó que este programa permite a una empresa reconocida como empresa de alta y nueva tecnología disfrutar de un tipo impositivo reducido del 15 %, frente al tipo normal del 25 %. Durante esta investigación de reconsideración por expiración no se han detectado cambios.

(355)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 28, apartado 2, de la Ley del impuesto sobre sociedades, junto con las Medidas administrativas para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología [Guo Ke Fa Huo (2008) n.o 172], y el artículo 93 de las Normas de desarrollo del impuesto sobre sociedades, junto con la Comunicación de la Administración Fiscal del Estado sobre las cuestiones relativas al pago del impuesto sobre sociedades de las empresas de alta y nueva tecnología (Guo Shui Han [2008] n.o 985), la Comunicación del Ministerio de Ciencias y Tecnología, el Ministerio de Hacienda y la Administración Fiscal del Estado sobre la emisión de las orientaciones para la administración de reconocimiento de empresas de alta tecnología (Guo Ke Fa Huo [2008] n.o 362), la Comunicación de la Administración Fiscal del Estado sobre las cuestiones relativas a la aplicación de un trato preferencial para el impuesto sobre sociedades de las empresas de alta tecnología (Guo Shui Han [2009] n.o 203), el Anuncio de la Administración Fiscal del Estado sobre el pago anticipado del impuesto sobre sociedades de las empresas de alta tecnología durante el período de revisión de la calificación ([2011] n.o 4), la Comunicación del Ministerio de Hacienda y la Administración Fiscal del Estado sobre cuestiones relativas a los tipos impositivos de aplicación y el crédito fiscal para los ingresos obtenidos en el extranjero por empresas de alta tecnología ([2011] N.o 47)].

(356)

En la investigación inicial, se constató que este régimen se aplica a las empresas de alta y nueva tecnología que necesitan el apoyo fundamental del Estado. Estas empresas deberían tener derechos de propiedad industrial e intelectual básicos independientes y deben cumplir una serie de requisitos: i) sus productores se incluyen entre los productos de alta tecnología que reciben un apoyo estatal fundamental; ii) los gastos totales en I + D deben representar determinada proporción de los ingresos totales por ventas; iii) los ingresos procedentes de los productos de alta y nueva tecnología deben representar determinada proporción de los ingresos totales por ventas; iv) el personal de I + D debe representar determinada proporción del total de la plantilla; v) deben cumplir los demás requisitos de las medidas administrativas de 2008 para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología.

(357)

Tras la comunicación, las autoridades chinas cuestionaron la especificidad por los motivos siguientes: 1) los criterios en el considerando anterior son objetivos a la vista de la sentencia del Tribunal General en el asunto T-586/14 Xinyi PV products contra Comisión; 2) cualquier empresa que cumpla los criterios está sujeta automáticamente al tipo impositivo del 15 %; y 3) las conclusiones de la Comisión no son coherentes con los elementos de la sentencia Estados Unidos — Grandes aeronaves civiles señalada en el considerando 346. Estas alegaciones se rechazaron basándose en el argumento de que el régimen era específico de iure puesto que únicamente un grupo limitado de empresas puede acogerse a dicho beneficio según se describe en el considerando 355. Además, la sentencia en el asunto T-586/14 Xinyi PV productos contra Comisión se refiere al trato de economía de mercado y no a la especificidad de una subvención.

(358)

Las empresas que se benefician de este régimen deben presentar su declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna en la declaración de impuestos.

(359)

En esta investigación no se han detectado cambios en las conclusiones que se resumen en los considerandos 356 y 357.

(360)

Los tres productores exportadores incluidos en la muestra, Chint, Jinko y Trina se acogieron a los beneficios al amparo de este régimen.

(361)

Este régimen debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y apartado 2, del Reglamento de base, ya que existe una contribución financiera en forma de condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas beneficiarias. El beneficio para el beneficiario es igual al ahorro fiscal obtenido en virtud del programa con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(362)

La subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que se limita a las empresas que reciben la certificación de empresas de nueva y alta tecnología y que cumplen todos los requisitos de las medidas administrativas de 2008. Por otro lado, ni la legislación ni la autoridad otorgante han establecido ningún criterio objetivo de elegibilidad para este régimen, que además no es automático, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(363)

Por consiguiente, tal como se determinó en la investigación inicial, esta subvención debe considerarse sujeta a medidas compensatorias.

(364)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. Se considera que el beneficio obtenido por el beneficiario es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal, tras deducir lo pagado con el tipo impositivo preferencial reducido. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2015.

(365)

Se rechaza la alegación de Jinko de que al calcular el beneficio al amparo de los regímenes del impuesto de sociedades la Comisión debería haber deducido dichos supuestos beneficios obtenidos con arreglo a otros regímenes de subvenciones para no duplicar la contabilización de algunos beneficios. No le corresponde a la autoridad investigadora llevar a cabo un ejercicio tan artificial.

(366)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(367)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(368)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(369)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(370)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(371)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(372)

En la investigación inicial se determinó que este programa establece una exención del IVA y de los aranceles de importación para las importaciones de bienes de equipo utilizados en la producción a favor de empresas con inversión extranjera o empresas nacionales. Para beneficiarse de la exención, el equipo no debe estar incluido en una lista de equipos no subvencionables y la empresa solicitante ha de obtener un Certificado de proyecto fomentado por el Estado expedido por las autoridades chinas o la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de conformidad con la legislación pertinente en materia de inversión, fiscalidad y aduanas. Durante esta investigación de reconsideración por expiración no se han detectado cambios.

(373)

La base jurídica de este programa la constituyen la Circular del Consejo de Estado sobre la adaptación de los regímenes fiscales relativos a las importaciones de bienes de equipo, Guo Fa n.o 37/1997; la Comunicación del Ministerio de Hacienda, de la Administración General de Aduanas y de la Administración Fiscal del Estado sobre la adaptación de determinados regímenes preferenciales de derechos de importación; el Anuncio n.o 43 del Ministerio de Hacienda, de la Administración General de Aduanas y de la Administración Fiscal del Estado (2008); la Comunicación n.o 316 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, sobre los asuntos pertinentes relativos a la gestión de la carta de confirmación sobre los proyectos realizados con financiación nacional o extranjera cuyo desarrollo fomenta el Estado (2006); y el Repertorio de artículos de importación respecto de los que ni las empresas con inversión extranjera ni las empresas nacionales pueden disfrutar de una exención de derechos, de 2008.

(374)

Tal como se estableció en la investigación inicial y se confirmó en la actual reconsideración por expiración, el equipo importado con el fin de desarrollar proyectos de inversión nacionales o extranjeros de conformidad con la política de fomento de los proyectos de inversión nacionales o extranjeros puede estar exento del pago del IVA o los derechos a la importación, salvo que la categoría del equipo conste en el repertorio de artículos no eximibles de derechos. Para beneficiarse de este régimen, la empresa debe obtener una carta de confirmación de la autoridad local responsable del proyecto, que debe ser presentada a la autoridad aduanera local.

(375)

Las autoridades chinas alegaron que, desde el 1 de enero de 2009, solamente se aplica la exención de los derechos a la importación y se recauda el IVA a la importación de equipo para uso propio.

(376)

Sin embargo, y al contrario de lo que indican las alegaciones de las autoridades chinas, en el caso de los tres productores exportadores incluidos en la muestra, se identificaron exenciones durante el PIR tanto de IVA como de los derechos a la importación. Estas exenciones incluían equipos cuyo beneficio se amortizaba a lo largo de su vida útil y se asignaba parcialmente al PIR. Si bien la Comisión no encontró pruebas de que este régimen estuviera en funcionamiento durante el PIR, estableció, sobre la base de los elementos que obraban en el expediente, que los productores incluidos en la muestra aún se acogían a los beneficios al amparo de este régimen.

(377)

Se considera que este programa proporciona una contribución financiera en forma de condonación de ingresos por parte de las autoridades chinas, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), ya que las empresas con inversión extranjera y otras empresas nacionales subvencionables están exentas del pago del IVA o de aranceles que, de otro modo, tendrían que abonar. Por consiguiente, otorga un beneficio a las empresas beneficiarias a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(378)

El programa es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita su acceso a empresas que invierten dentro de determinadas categorías de negocio definidas exhaustivamente por la legislación y pertenecientes a la categoría fomentada o a la categoría restringida B del Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera y transferencia de tecnología, o bien a aquellas que se ajustan al Repertorio de industrias, productos y tecnologías clave cuyo desarrollo fomenta el Estado. Por otra parte, no existen criterios objetivos para limitar la subvencionabilidad en el marco de este programa ni pruebas concluyentes para establecer que la subvencionabilidad es automática de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(379)

Tras la comunicación, las autoridades chinas solicitaron a la Comisión que tomase nota de las industrias y sectores comprendidos en las anteriores categorías y alegaron que la amplitud de industrias comprendidas en ellas permitía que empresas de todos los sectores de la economía optaran al programa. La Comisión, no obstante, señala que las autoridades chinas no presentaron nunca pruebas relevantes conforme a las cuales las industrias y sectores comprendidos en estas categorías no se hallaban en una categoría restringida o fomentada. La Comisión considera que las empresas elegibles constituyen un grupo suficientemente limitado en este caso. La inspección in situ a las empresas incluidas en la muestra no indicó que empresas de todos los sectores de la economía pudieran optar al programa.

(380)

Según un productor exportador, para recibir este beneficio, los productos fabricados utilizando la maquinaria importada debían constar en el Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera al que se alude en el considerando 386.

(381)

Inicialmente, las autoridades chinas afirmaron que solamente Trina se había beneficiado de este régimen. Sin embargo, sobre la base de la información recibida de los productores exportadores incluidos en la muestra, se constató que los tres exportadores se habían beneficiado del régimen. Las autoridades chinas explicaron que habían entendido que solamente debían declarar el equipo importado durante el PIR. La Comisión señala que el beneficio se deriva de la amortización del equipo importado, parte de la cual se asignó al PIR.

(382)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. Se considera que el beneficio concedido a los beneficiarios es el importe del IVA y los derechos no percibidos sobre los bienes de equipo importados. Para garantizar que el importe sujeto a medidas compensatorias solo cubriera el PIR, el beneficio recibido se amortizó según la vida útil del equipo de acuerdo con los procedimientos contables ordinarios de la empresa.

(383)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(384)

En la investigación inicial se determinó que este programa establece una exención del IVA por la adquisición de equipos de fabricación nacional por parte de empresas con inversión extranjera. Para poder beneficiarse de esta exención, el equipo no debe estar incluido en la lista de equipos no subvencionables y su valor no debe superar un determinado umbral. Durante esta investigación de reconsideración por expiración no se han detectado cambios.

(385)

Tal como se determinó en la investigación inicial, la base jurídica la constituyen las Medidas provisionales para la administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos de fabricación nacional por parte de empresas con inversión extranjera emitidas por la Administración Fiscal del Estado; las Medidas de prueba para la administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos fabricados en China para proyectos con inversión extranjera; y la Comunicación del Ministerio de Hacienda y de la Administración Fiscal del Estado sobre la cancelación del régimen de desgravaciones por los equipos de fabricación nacional adquiridos por empresas con inversión extranjera.

(386)

El régimen de desgravación del IVA se aplica a los equipos de fabricación nacional adquiridos para proyectos con financiación extranjera, siempre que dichos proyectos encajen en el alcance de los proyectos fomentados del Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera o el Repertorio de industrias con inversión extranjera ventajosas en las regiones central y occidental de China.

(387)

Al igual que en la investigación inicial, las autoridades chinas alegaron en su respuesta al cuestionario que se había puesto fin al programa el 1 de enero de 2009. Esta alegación ya se descartó en la investigación inicial. Además, en la actual investigación de reconsideración por expiración, dos de los exportadores incluidos en la muestra presentaron información detallada sobre este régimen, indicando incluso el importe del beneficio percibido durante el PIR. Teniendo esto en cuenta, se concluyó que las autoridades chinas omitieron información pertinente, como la lista de beneficiarios pertinentes y los importes del beneficio recibido.

(388)

Se considera que este programa proporciona una contribución financiera en forma de condonación de ingresos por parte de las autoridades chinas, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base, ya que las empresas con inversión extranjera están exentas del pago del IVA, que de otro modo tendrían que abonar. Por consiguiente, otorga un beneficio a las empresas beneficiarias a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(389)

El programa es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita su acceso a las empresas con inversión extranjera que adquieren equipos de fabricación nacional y pertenecen a la categoría fomentada o a la categoría restringida B del Repertorio de industrias con financiación extranjera, cuando el equipo adquirido en el mercado nacional figura en el Repertorio de industrias, productos y tecnologías clave cuyo desarrollo fomenta el Estado. Además, las Medidas de prueba para la administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos fabricados en China para proyectos con inversión extranjera y la Comunicación del Ministerio de Hacienda limitan el beneficio a las empresas con inversión extranjera que pertenecen a la categoría fomentada según el Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera o el Repertorio de industrias con inversión extranjera ventajosas en las regiones central y occidental de China. Por otra parte, no existen criterios objetivos para limitar la subvencionabilidad en el marco de este programa ni pruebas concluyentes para establecer que la subvencionabilidad es automática de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base. Este programa es también específico de conformidad con el artículo 4, apartado 4, letra b), del Reglamento de base, ya que está condicionado a la utilización de productos nacionales con preferencia sobre los importados.

(390)

Tras la comunicación, las autoridades chinas cuestionaron la especificidad basándose en motivos similares a los descritos en el considerando 379. Dicha alegación queda descartada en ese mismo considerando.

(391)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. Se considera que el beneficio concedido a los beneficiarios es el importe del IVA no percibido sobre los bienes de equipo nacionales. Para garantizar que el importe sujeto a medidas compensatorias solo cubriera el PIR, el beneficio recibido se amortizó según la vida del equipo de acuerdo con la práctica habitual de la industria.

(392)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(393)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa. En cualquier caso, no existen indicios de que se hayan retirado los programas de subvenciones originales.

(394)

Además de la descripción general del punto 3.1, la Comisión observa que, hasta la inspección in situ, las autoridades chinas no facilitaron cifras sobre consumo o cuota de mercado correspondientes al polisilicio, al aluminio o al vidrio, aunque se hubieran solicitado en diversas ocasiones, comenzando con el cuestionario.

(395)

Al final de la inspección in situ, pese a que las cifras de consumo o cuota de mercado para los tres bienes mencionados se habían solicitado al inicio, se facilitaron estimaciones basadas en la producción nacional, así como en los volúmenes de importación y exportación de los tres bienes, las cuales no pudieron ser verificadas por la Comisión debido a los plazos. No se facilitaron datos relativos a las cuotas de mercado.

(396)

Las autoridades chinas argumentaron que la solicitud contenía pruebas insuficientes de subvenciones concedidas a productores de polisilicio, aluminio y vidrio. Según las autoridades chinas, la información solicitada en los cuestionarios específicos para productores de polisilicio, vidrio y aluminio no era necesaria para que la Comisión llegase a una determinación, dadas las pruebas insuficientes con respecto a la contribución financiera por parte del gobierno o de un organismo público. Asimismo, dichas autoridades aludieron a la imposibilidad de facilitar la información al no disponer de control sobre los productores en cuestión ni contar con acceso a la información específica sobre transacciones solicitada por la Comisión. Por consiguiente, las autoridades chinas no solicitaron a ningún productor de polisilicio, aluminio o vidrio que completara el cuestionario específico.

(397)

Estas autoridades también solicitaron a la Comisión que buscase una forma operativamente viable en términos de información solicitada y en la medida necesaria para que adoptase una determinación.

(398)

En primer lugar, la información solicitada se consideraba necesaria para adoptar una determinación con el fin de disponer de una idea de las operaciones (y las posibles subvenciones), así como de la opción de verificarlas, con respecto a los productores de los bienes mencionados. En segundo lugar, no correspondía a la Comisión hallar una forma útil de que las autoridades chinas obtuvieran la información solicitada, que, en todo caso, solo habría implicado el traslado de los cuestionarios específicos a los productores conocidos de polisilicio, aluminio y vidrio que cumplían los requisitos establecidos en el considerando 28 y el seguimiento de las respuestas (en su caso).

(399)

Con respecto a la concesión de suelo y derechos de uso del suelo, las autoridades chinas no revelaron los precios de salida, los precios umbral ni el número de participantes en las licitaciones y subastas comunicados por los productores exportadores incluidos en la muestra, únicamente indicaron que dicha información estaría disponible a niveles inferiores de gobierno local. Debe señalarse que en el marco de una investigación antisubvención, las autoridades chinas representan todos los niveles de gobierno.

(400)

Aunque se habían solicitado en varias ocasiones (en el cuestionario a las autoridades chinas, por ejemplo, pero también durante la inspección in situ), tampoco se facilitaron los anuncios de licitación y subasta pertinentes. Las autoridades chinas recomendaron a la Comisión que obtuviera por sí misma los avisos en el sitio web de supervisión dinámica del mercado del suelo (que está en chino), pese a que, y según indican dichas autoridades, es posible que el sitio web no publique los avisos correspondientes a transacciones anteriores a 2007.

(401)

En consecuencia, la Comisión no pudo verificar la información sobre las transferencias de derechos de uso del suelo de los productores exportadores incluidos en la muestra.

(402)

La Comisión informó a las autoridades chinas de su intención de aplicar el artículo 28 del Reglamento de base con respecto a este régimen de subvenciones. Dado que, en su respuesta a la Comisión, las autoridades chinas no dieron una explicación satisfactoria ni aportaron ninguna prueba nueva al respecto, la Comisión tuvo que basar sus conclusiones en los datos disponibles, en este caso la información presentada por los productores exportadores incluidos en la muestra y otros datos a disposición pública.

(403)

En su respuesta a la comunicación, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había respetado el artículo 28 del Reglamento antisubvenciones de base en lo que respecta a las disposiciones sobre «datos disponibles» relativos al suministro de mercancías a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. En concreto, dichas autoridades alegaron que la Comisión debería haber aceptado los datos de consumo/cuota de mercado al final de la inspección. Asimismo, la Comisión no se habría mostrado razonable al concluir que las autoridades chinas no habían remitido y coordinado las respuestas del apéndice B de diversos sectores de proveedores. Por último, la Comisión no habría aplicado correctamente las disposiciones del artículo 28 en lo que respecta a los derechos de uso del suelo.

(404)

Con respecto tanto a los datos de consumo/cuota de mercado como a las respuestas del apéndice B, debe recordarse que las investigaciones antisubvención están sujetas a unos plazos muy estrictos y, por ello, es importante que las investigaciones progresen adecuadamente. Asimismo es importante comprender que las inspecciones in situ se organizan (normalmente de forma unitaria) para verificar los datos que ya se han presentado. Con respecto a esta investigación, se habían solicitado datos relacionados con este aspecto de la investigación en el cuestionario inicial y en la carta de deficiencia. La respuesta de las autoridades chinas fue que su política no era facilitar los datos (relacionados con consumo/cuotas de mercado, apéndice B y derechos de uso del suelo) y no comprendía cuál era su pertinencia para la investigación.

(405)

A la vista de la respuesta, la Comisión confirma que no se hallaba en disposición de verificar los datos, bien porque no se habían presentado en absoluto o porque se facilitaron en una etapa tan tardía durante la inspección que ya no era posible verificarlos. En especial, con respecto a los datos sobre consumo/cuota de mercado que le fueron facilitados a la Comisión casi al final de la inspección in situ, las autoridades chinas no pudieron presentar la fuente real de las cifras junto con estas. Además, dichas autoridades aclararon que las cifras facilitadas eran estimaciones, que la Comisión podría aceptar si le fuera posible efectuar un cotejo y verificar la fuente sobre cuya base se estimaron. En cuanto a la referencia de las autoridades sanitarias al informe del grupo especial CE — Salmón (WT/DS337/R), debe resaltarse que el grupo especial consideró asimismo que a fin de evaluar si la información se había facilitado «dentro de los plazos», se debería tener en cuenta cuándo se solicitó la información en primer lugar. Según consta, la primera solicitud de las cifras de consumo y los datos de cuota de mercado de vidrio, aluminio y polisilicio tuvo lugar en el cuestionario a las autoridades sanitarias, que se envió el 7 de diciembre de 2015. La inspección in situ a las autoridades chinas tuvo lugar entre el 8 y el 12 de agosto de 2016, y las estimaciones se facilitaron el último día de la inspección in situ, es decir, el 12 de agosto de 2016. Por ende, la Comisión no entiende que haya motivos para aludir al informe del grupo especial CE — Salmón en este caso.

(406)

De haberse facilitado los datos dentro de los plazos habría sido posible analizarlos de forma que hubieran podido solicitarse nuevas aclaraciones o solicitudes de datos adicionales. Teniendo en cuenta que la Comisión no ha podido llevar a cabo un análisis completo de los regímenes bajo el epígrafe Suministro de mercancías y servicios por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, la Comisión confirma el rechazo de las alegaciones de las autoridades chinas.

(407)

Por último, debería indicarse que la Comisión hizo todo lo posible para analizar los datos que recibió en su plazo de las autoridades chinas y las empresas incluidas en la muestra e hizo un uso muy moderado de las disposiciones sobre hechos disponibles con arreglo al artículo 28. De hecho, con respecto al aluminio, el polisilicio, la energía, el vidrio solar y el agua, concluyó que no se debía realizar ningún cálculo de subvención. Con respecto a los otros regímenes de esta naturaleza, a pesar de que se identificaron regímenes sujetos a medidas compensatorias, la posible evaluación era moderada y basada en los hechos disponibles. Por consiguiente, se rechaza la alegación de que la Comisión no hizo todo lo posible por investigar de forma razonable y responsable sobre la base de los datos recibidos en el plazo.

(408)

Conforme a los datos disponibles, la investigación no determinó que las empresas incluidas en la muestra hubieran recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(409)

Conforme a los datos disponibles, la investigación no determinó que las empresas incluidas en la muestra hubieran recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(410)

El 14 de mayo de 2014, la Comisión impuso derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de vidrio solar originario de la República Popular China (48). En el sector del vidrio solar se hallaron varios regímenes de subvención, algunos de los cuales son los mismos que en este procedimiento sobre módulos y células solares (por ejemplo, préstamos preferenciales, tipos impositivos preferenciales para empresas de alta y nueva tecnología, compensación fiscal por gastos en I + D y concesión de suelo por una remuneración inferior a la adecuada).

(411)

Ha habido un claro solapamiento entre las constataciones en el caso del vidrio solar y los sistemas de subvenciones investigados en este procedimiento.

(412)

Mediante la solicitud de información pertinente a las autoridades chinas, la Comisión buscaba establecer si alguna parte o la totalidad de las subvenciones concedidas a la industria del vidrio solar de fases anteriores se trasladó a la industria de los paneles solares.

(413)

Lamentablemente, la Comisión no pudo completar esta investigación en ausencia de la cooperación debida de las autoridades chinas y las respuestas de los productores de vidrio solar según se menciona en los considerandos 43, 73, 394, 396 y 398.

(414)

No obstante, dado que las constataciones sobre este programa de subvenciones no afectaban materialmente a la conclusión global sobre la existencia de subvenciones, la Comisión no profundizó en su análisis de este programa, como ya se ha aclarado en el considerando 73.

(415)

La investigación no determinó que las empresas incluidas en la muestra hubieran recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa. En cualquier caso, no existen indicios de que se hayan retirado los programas de subvenciones originales.

(416)

La investigación no determinó que las empresas incluidas en la muestra hubieran recibido beneficios durante el PIR en el marco del programa.

(417)

Tal como se determinó en la investigación inicial, el suelo es propiedad del Estado, puesto que este pertenece colectivamente al pueblo chino. No se autoriza la venta de tierras, aunque, con arreglo a la legislación, pueden asignarse derechos de uso del suelo. Las autoridades chinas afirmaron que en ese país los derechos de uso del suelo se asignan mediante licitación, subasta y competencia, lo cual se recoge también en el artículo 137 de la Ley de derechos reales de la República Popular China.

(418)

Tal como se determinó en la investigación inicial, la provisión de derechos de uso del suelo en China entra en el ámbito de aplicación de la Ley de gestión del suelo de la República Popular China.

(419)

Además, los siguientes documentos forman parte también de la base jurídica: Ley de la República Popular China sobre administración de bienes inmuebles urbanos; Reglamentos provisionales de la República Popular China relativos a la asignación y trasferencia del derecho de uso de terrenos de propiedad del Estado en zonas urbanas; Reglamento sobre la aplicación de la ley de administración de suelo de la República Popular China; y Disposiciones sobre la asignación de derechos de uso de terrenos de construcción de propiedad estatal mediante licitación, subasta y oferta de precios.

(420)

Los productores exportadores incluidos en la muestra facilitaron información relativa a los terrenos que ocupan, así como a la mayoría de los contratos o certificados correspondientes a los derechos de uso del suelo, aunque no todos los anuncios. Además, las autoridades chinas proporcionaron muy poca información sobre los precios de los derechos de uso del suelo.

(421)

Las autoridades chinas no proporcionaron información relativa a las condiciones en las que se recibieron los derechos de uso del suelo y tampoco se proporcionaron datos sobre los diez mayores productores exportadores (en cuanto a exportaciones del producto objeto de reconsideración a la Unión durante el PIR). No se presentó ninguno de los avisos o precios de salida solicitados, que eran precisos para las transacciones de derechos de uso del suelo según comunicaron los tres productores exportadores incluidos en la muestra. Las autoridades chinas remitieron a la Comisión al sitio web del sistema de supervisión dinámico del mercado del suelo, aunque agregaron que era posible que no aparecieran en dicho sitio web los avisos correspondientes a las transacciones anteriores a 2007. Por otra parte, las autoridades chinas no facilitaron información relativa al número de licitadores en las transacciones notificadas de derechos de uso del suelo.

(422)

En cuanto a la ausencia de precios de salida, las autoridades chinas remitieron a los niveles de gobierno inferiores, que establecen los precios de salida y los precios umbral y que dispondrían de información sobre el número de participantes en cada licitación y subasta. La Comisión no podía aceptar esta línea de razonamiento ya que, en un procedimiento antisubvenciones, las autoridades chinas representan el gobierno de la República Popular China a todos los niveles.

(423)

Por todo lo anterior, algunas de las constataciones relativas a la concesión de suelo y los derechos de uso del suelo debían basarse en los hechos disponibles.

(424)

Como se estableció en la investigación inicial, las autoridades fijan los precios del suelo con arreglo al sistema de evaluación del suelo urbano. En la actual investigación de reconsideración por expiración, las autoridades chinas se refirieron al sistema de supervisión dinámico del precio del suelo urbano, creado por el Ministerio de Suelo y Recursos y que publica trimestralmente los precios del suelo en ciento cinco ciudades chinas.

(425)

Se descubrió que estos precios son más elevados que los precios mínimos de referencia fijados por el sistema de evaluación del suelo urbano y empleados por los gobiernos locales, puesto que los precios de referencia fijados por este sistema solo se actualizan cada tres años, mientras que los precios del sistema de supervisión dinámico lo hacen con carácter trimestral. No obstante, no constaba indicación alguna de que los precios del suelo se basaran en los precios del sistema de supervisión dinámico. De hecho, las autoridades chinas confirmaron durante la inspección in situ que el sistema de supervisión dinámico de los precios del suelo urbano supervisa las fluctuaciones de los niveles de precio del suelo en determinadas zonas (es decir, en ciento cinco ciudades) de China y está diseñado para evaluar la evolución de los precios del suelo. Sin embargo, los precios de salida de licitaciones y subastas se basan en las referencias fijadas por el sistema de evaluación de suelo.

(426)

Las autoridades chinas confirmaron asimismo en la inspección in situ que la práctica habitual consiste en seleccionar únicamente un número de licitadores o participantes (en el caso de las subastas), en lugar de que participen todas las partes registradas.

(427)

En la investigación inicial se determinó que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China no son representativos del precio de mercado determinado por la oferta y la demanda del libre mercado Se observó asimismo que las transferencias de los derechos de uso del suelo se veían afectadas por restricciones en el anuncio de las mismas mediante licitación, subasta y oferta de precios. En la presente investigación de reconsideración por expiración no se identificaron variaciones a dichas constataciones.

(428)

En el marco de esta investigación, la Comisión también descubrió que algunos productores exportadores incluidos en la muestra recibieron reembolsos de las autoridades locales para compensar los precios (ya bajos) que pagaron por los derechos de uso del suelo, por ejemplo por obras realizadas por la propia empresa relativas a las infraestructuras básicas del terreno.

(429)

Los anuncios facilitados por uno de los productores exportadores incluidos en la muestra mostraban claramente que todo el suelo industrial adquirido por esa empresa estaba catalogado para el sector fotovoltaico. Los precios de compra pagados finalmente fueron casi iguales a los precios de salida fijados en los anuncios. Para este mismo productor exportador incluido en la muestra, las pruebas recabadas demuestran que los precios de derechos de uso del suelo obtenidos no se basaron en los «precios de mercado», sino que fueron negociados con el Departamento de Suelo.

(430)

Las pruebas citadas contradicen la alegación de las autoridades chinas de que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China son representativos del precio de mercado determinado por la oferta y la demanda del libre mercado. La Comisión determinó además que la transferencia de derechos de uso del suelo incluía restricciones en los procedimientos de licitación, subasta y oferta de precios, lo cual afecta a la competencia justa. También descubrió que algunos productores exportadores incluidos en la muestra recibieron reembolsos de las autoridades locales para compensar los precios (ya bajos) que pagaron por los derechos de uso del suelo.

(431)

Las conclusiones de la investigación confirman que la situación en relación con el suministro y la adquisición de suelo en China no está clara y es poco transparente, y que a menudo los precios son fijados de manera arbitraria por las autoridades. Las autoridades fijan los precios con arreglo al sistema de evaluación del suelo urbano, que solo se actualiza cada tres años.

(432)

Conforme a lo anteriormente expuesto, la concesión de derechos de uso del suelo por parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), y apartado 2, del Reglamento de base, en forma de provisión de bienes que confiere un beneficio a las empresas receptoras. Como se explica en los considerandos 427 a 430, no existe un mercado operativo del suelo en China, y el recurso a una referencia externa (véanse los considerandos 435 a 437 más abajo) demuestra que el importe abonado por los productores exportadores incluidos en la muestra a cambio de los derechos de uso del suelo está muy por debajo del tipo normal del mercado.

(433)

Además, los reembolsos efectuados por las autoridades locales constituyen transferencias directas de fondos que confieren un beneficio, pues no son subvenciones reembolsables y no están disponibles en el mercado. La subvención es específica con arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) y c), del Reglamento de base, ya que el acceso preferencial a los terrenos industriales está limitado a las empresas pertenecientes a determinados sectores, en este caso el sector fotovoltaico, solamente algunas transacciones se sometieron a procedimientos de licitación, los precios son a menudo fijados por las autoridades y las prácticas de los poderes públicos en este ámbito no son claras ni transparentes.

(434)

Por consiguiente, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(435)

Al igual que en la investigación inicial y de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se utilizaron como referencia externa los precios del suelo del territorio aduanero diferenciado de Taiwán.

(436)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula con arreglo al beneficio obtenido por el beneficiario, cuya existencia se ha constatado durante el PIR. Dicho beneficio se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el importe realmente abonado por cada uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por los derechos de uso del suelo (tras deducir, cuando proceda, el importe de los reembolsos o subvenciones de las autoridades locales) y el importe que hubiera debido abonarse normalmente sobre la base del valor de referencia de Taiwán.

(437)

Siguiendo la metodología aplicada en la investigación inicial, la Comisión utilizó el precio medio del suelo por metro cuadrado fijado en Taiwán, corregido para tener en cuenta la depreciación de la moneda y la evolución del PIB a partir de las fechas de los respectivos contratos de cesión de los derechos de uso del suelo. La información sobre los precios de los terrenos industriales se consultó en el sitio web del Departamento de Industria del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. La depreciación monetaria y la evolución del PIB de Taiwán se calcularon sobre la base de las tasas de inflación y la evolución del PIB per cápita a precios actuales en USD en Taiwán publicadas por el Fondo Monetario Internacional para 2015. De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, este importe de la subvención (numerador) se asignó al PIR, tomando en consideración la duración normal del derecho de uso del suelo industrial, es decir, cincuenta años. El importe de la subvención resultante se repartió a continuación entre el volumen de negocios total de las ventas realizadas durante el PIR por los productores exportadores incluidos en la muestra, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(438)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el PIR para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(439)

En su respuesta a la comunicación, las autoridades chinas presentaron diversas alegaciones sobre la ausencia de cumplimiento de los estándares legales y de base fáctica por parte de la Comisión con respecto a la determinación de una contribución financiera y un beneficio en relación a este sistema de derechos de uso del suelo.

(440)

Dichas autoridades reiteraron su afirmación de que el sistema de derechos de uso del suelo en China tiene como resultado la concesión de derechos de uso del suelo representativos de los precios de mercado determinados por la oferta y la demanda del libre mercado. No obstante, según se demuestra en los considerandos 357 a 359 de la investigación inicial y se confirma en esta investigación, las autoridades de ese país no facilitaron información clave que permitiera un análisis adecuado por parte de la Comisión. En segundo lugar, de acuerdo con la información disponible en la investigación actual, queda claro que la existencia del «sistema de supervisión dinámico del suelo» y el «sistema de evaluación del suelo urbano» no garantizaban que los precios de mercado se comportasen de acuerdo con los principios de la oferta y la demanda del libre mercado. Debido a la falta de datos facilitados por las autoridades chinas, no fue posible identificar la verdadera naturaleza del sistema en funcionamiento.

(441)

De hecho, de conformidad con el artículo 28, los datos disponibles para la Comisión sugieren de forma clara la exigencia de una referencia por los motivos indicados. Además de la información disponible, queda claro, independientemente de si los derechos de uso del suelo se habían asignado con anterioridad a la investigación inicial o posteriormente, que en el caso de las empresas incluidas en la muestra no constaban pruebas de la existencia de un sistema de subastas de funcionamiento eficaz (o de otro tipo) con arreglo a los principios de mercado. Las pruebas descritas anteriormente señalan, al contrario, a un sistema que proporcionó al sector fotovoltaico unos tipos preferenciales sin asignación transparente. Como había indicado la Comisión en el documento de comunicación general, los pocos anuncios de suelo obtenidos durante la investigación indican claramente que el suelo se ofrecía únicamente a determinados sectores a través de un sistema de «orientación sectorial». Asimismo, los precios ya se habían establecido con antelación a la subasta y no se modificaron, ya que en esta tan solo hubo un único pujador que ya se conocía de antemano.

(442)

Las transacciones examinadas de los productores incluidos en la muestra indican asimismo la existencia de reembolsos y otras deducciones aplicadas con respecto a los derechos de uso del suelo, así como pruebas de que algunos tipos habían sido negociados con el Departamento de Suelo. Las autoridades chinas comentaron en su respuesta a la comunicación que dichos asuntos no son indicativos de que el sistema de derechos de uso del suelo no funcione con arreglo a los principios de mercado. Sin embargo, el margen de subvención individual calculado para cada empresa incluida en la muestra (incluidas las deducciones, etc., según proceda) se comunicó a la parte afectada y no se recibieron comentarios al respecto sobre su inexactitud. En consecuencia, no pudieron aceptarse los comentarios de las autoridades chinas.

(443)

Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión consideró todos los derechos de uso del suelo adquiridos por debajo de la referencia como perceptores de un beneficio y que esto no era suficiente para satisfacer los requisitos de especificidad. No obstante, debería señalarse que la opinión de la Comisión sobre la especificidad es que es la existencia de un sistema de derechos de uso del suelo distorsionado y sin transparencia, tomado en conjunto con una evidencia clara de transacciones preferenciales concedidas al sector fotovoltaico, lo que demuestra la especificidad en esta investigación. Por tanto, la alegación fue también rechazada.

(444)

Un productor exportador planteó que no se deberían haber incluido en el cálculo de los beneficios los derechos de uso del suelo adquiridos a entidades que, según afirmaba, eran de carácter privado. En primer lugar, cabe señalar que la mayor parte del suelo obtenido por los productores incluidos en la muestra había sido adquirido directamente al Departamento de Suelo del gobierno chino. En segundo lugar, incluso en el número limitado de ocasiones en las que los derechos de uso del suelo se habían obtenido, supuestamente, de entidades privadas, la cuestión no tenía fundamento, puesto que en un sistema que se ha identificado claramente que no funciona con arreglo a los principios de mercado y favorece a determinados sectores, el productor exportador afectado adquirió los derechos de uso del suelo pertinentes a unos tipos también muy inferiores a la referencia fijada. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.

(445)

A través de la prensa y de los sitios web de los productores exportadores del sector fotovoltaico se ha podido saber que desde la investigación inicial se han producido varios grandes rescates a productores de paneles solares. La mayoría de las empresas que se beneficiaron de estos rescates han optado por lo colaborar en esta investigación y, por lo tanto, la Comisión ha tenido que recurrir a los datos disponibles.

(446)

Las tres empresas incluidas en la muestra no facilitaron pruebas que confirmasen que se habían beneficiado de este tipo de regímenes durante el PIR. No obstante, parece que al menos cuatro grandes empresas exportadoras chinas (tres de las cuales no cooperaron en la investigación) han recibido beneficios sustanciales en los últimos años que podrían encajar en este sistema o en una combinación de este sistema con un régimen de préstamos preferenciales. En la prensa pueden encontrarse varios ejemplos ilustrativos:

(447)

Los importes totales afectados son sustanciales, incuso aunque se deba tener en cuenta algún tipo de amortización.

(448)

Como ninguno de los tres productores incluidos en la muestra que cooperaron se benefició de esta subvención, sus efectos se tuvieron en consideración únicamente para el análisis general de probabilidad de continuidad expuesto en el punto 3.5.

(449)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de base, los importes de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias, expresados ad valorem, constatados durante el PIR que corresponden a las empresas incluidas en la muestra son los que se indican en el siguiente cuadro:

(450)

Considerando lo expuesto, se concluye que las subvenciones han continuado durante el PIR.

(451)

A la vista de la falta de cooperación de tres de los diez principales productores exportadores (en términos de ventas de exportación a la Unión) y las pruebas obrantes respecto a la recepción de importantes subvenciones por parte de algunos de ellos (véase el considerando 446), los tipos mencionados deben considerarse conservadores.

(452)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas que indicasen cualquier modificación (prevista) de sus planes y políticas que pudiera afectar a las constataciones de la Comisión sobre subvenciones. Dichas autoridades señalaron al decimotercer plan quinquenal, que entró en vigor en marzo de 2016 (es decir, con posterioridad al PIR) y que se mantendrá hasta 2020. Este plan estratégico sustituye al decimosegundo plan quinquenal, en el que destacaban las políticas de apoyo a la industria fotovoltaica.

(453)

La Comisión analizó el decimotercer plan quinquenal y observó que también destaca el apoyo estatal a los avances tecnológicos sobre productos y servicios relacionados con la energía, incluidas las células fotovoltaicas de nueva generación. Pese a que durante el decimosegundo plan quinquenal, las autoridades chinas también habían elaborado un plan específico para la energía fotovoltaica, no se identificó un plan específico similar para esta industria en paralelo al nuevo decimotercer plan quinquenal. Las autoridades chinas afirmaron que no tenían intención de elaborar un plan específico para la industria fotovoltaica solar. No obstante, ese énfasis explícito sobre las células fotovoltaicas de nueva generación indica claramente que durante los próximos años continuará el apoyo a la industria fotovoltaica.

(454)

Además, sigue estando vigente la base jurídica subyacente al apoyo a la política fotovoltaica, como es la Ley china en materia de progreso científico tecnológico (véase el considerando 89), en la que se mencionan de forma explícita medidas de apoyo a la industria fotovoltaica. Las autoridades chinas no indicaron en ningún momento durante la investigación que dichas leyes serían derogadas.

(455)

Como se explica en los considerandos 445 a 447, en los años posteriores a las medidas iniciales se rescataron varios productores del sector fotovoltaico. Es probable que los fabricantes chinos del producto objeto de reconsideración afectados por dichos rescates hubieran abandonado el sector fotovoltaico si no hubieran contado con el rescate del gobierno.

(456)

Los rescates son un claro indicio de las intenciones de las autoridades chinas de respaldar la industria fotovoltaica y mantenerla a flote. Demuestran claramente la motivación y determinación de dichas autoridades para dar continuidad a sus políticas de apoyo.

(457)

Las autoridades chinas se negaron a facilitar información sobre los rescates pese a las repetidas solicitudes. Los productores que habían recibido estos rescates no cooperaron en la investigación pese a encontrarse entre los mayores productores o exportadores a la Unión. En vista de lo anterior y de acuerdo con los datos disponibles, solo se puede concluir que es muy probable que este tipo de apoyo estatal siga teniendo continuidad en el futuro.

(458)

El mercado financiero distorsionado, la (predominante) titularidad del Estado de la mayoría de las instituciones financieras de China y el control influencia de las autoridades chinas sobre las operaciones y decisiones empresariales de las instituciones financieras (secciones 3.4.1.1 y 3.4.1.2) son características estructurales y duraderas del sector financiero chino.

(459)

Las autoridades chinas plantearon los esfuerzos continuos de reforma del mercado financiero, comenzando con la liberalización de los tipos de interés, pero no se presentaron pruebas convincentes de que la reforma reduciría la financiación preferencial a las industrias fomentadas de forma efectiva. Más específicamente, en el futuro previsible dicha reforma no afectaría a las estructuras de titularidad de las instituciones financieras ni al control del Estado sobre sus decisiones crediticias de conformidad con las políticas públicas.

(460)

Las subvenciones de Golden Sun se otorgaron entre 2009 y 2012 y se amortizan a veinte años. Por lo tanto, el beneficio para la industria fotovoltaica continúa hasta el período 2029-2032.

(461)

Otras subvenciones halladas se amortizan, asimismo, de acuerdo con sus detalles y pueden trasladar su beneficio a fechas posteriores al PIR.

(462)

Durante la presente investigación, se hallaron otras dos subvenciones que no habían sido objeto de medidas compensatorias en la investigación inicial. En los considerandos 464 a 488 se facilita información sobre estas subvenciones, a saber, el Fondo de desarrollo del comercio exterior y los programas 863 y 973. Estas subvenciones demuestran que el sistema de subvenciones a la industria fotovoltaica ha continuado y, por lo tanto, demuestra claramente la probabilidad de continuidad de esta forma de subvenciones en caso de que se dejaran expirar las medidas (e incluso si no se dejaran expirar). Como estas dos subvenciones no habían sido objeto de medidas compensatorias en la investigación inicial, no se facilita cuantificación del tipo de subvención.

(463)

Por último en lo que respeta a las futuras subvenciones a la industria fotovoltaica, la Comisión las considera muy probables por dos motivos. En primer lugar, el decimotercer plan quinquenal aún aborda la industria fotovoltaica. En segundo lugar, los programas de investigación y desarrollo que se guían por el decimotercer plan quinquenal no constan señalados por las autoridades chinas como derogados o en vías de derogación.

(464)

Esta subvención prevé el pago de una cantidad a tanto alzado en apoyo de las actividades de exportación. El programa está administrado por el Ministerio de Hacienda. Para beneficiarse de esta subvención, la empresa ha de estar autorizada y registrada. En 2015 este régimen fue objeto de medidas compensatorias por parte de las autoridades canadienses (49).

(465)

Las autoridades chinas no facilitaron información sobre este programa. Por lo tanto, la Comisión no pudo verificar todos los aspectos del régimen, en concreto los beneficios reales conferidos a los productores exportadores del producto objeto de reconsideración y al sector fotovoltaico en su conjunto. Por consiguiente, algunas conclusiones de la investigación tuvieron que basarse en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(466)

La principal base jurídica es la Medida sobre la administración del fondo de desarrollo del comercio exterior [Caiqi (2010) n.o 114] del Ministerio de Hacienda. En el caso de un productor exportador incluido en la muestra, la aplicación del régimen durante el PIR se efectuó a través de la Circular del departamento financiero de Jiangxi sobre la emisión de fondos de apoyo y desarrollo del departamento de comercio y economía exterior de Jiangxi (tercera ronda) del año 2013 (2014) n.o 31 y la Circular del departamento financiero de Jiangxi sobre la emisión de fondos de apoyo y desarrollo del departamento de comercio y economía exterior de Jiangxi (tercera ronda) del año 2014 (2015) n.o 25.

(467)

Jinko presentó la referencia a la principal base jurídica y copias de las dos circulares mencionadas en el anterior considerando. Jinko declaró haber recibido subvenciones al amparo de este programa también en 2012.

(468)

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y sus empresas vinculadas («Trina») comunicaron haber recibido subvenciones con arreglo a este régimen durante el PIR.

(469)

Sobre la base de la información disponible, estos programas no constan como de disposición general para todas las empresas de China.

(470)

Los programas del Fondo de desarrollo del comercio exterior otorgan subvenciones a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base a modo de transferencia de fondos de las autoridades chinas mediante subvenciones a los fabricantes del producto objeto de reconsideración.

(471)

La Comisión determinó, asimismo, que este régimen de subvenciones es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(472)

Los programas del fondo de desarrollo del comercio exterior son subsidios específicos en forma de subvenciones. La investigación determinó que uno de los exportadores incluidos en la muestra se ha beneficiado de esta subvención.

(473)

El programa 863 es un Programa nacional de investigación y desarrollo de alta tecnología que se centra en las tecnologías clave para la industrialización de células solares de alta eficiencia, como células solares de heterounión de silicio cristalino o de silicio de película fina de clase MW y células de nanoalambre con base de silicio. El Ministerio de Ciencias y Tecnología concede las subvenciones al amparo de este programa.

(474)

Las empresas solicitan estas subvenciones en línea (50). Las solicitudes están disponibles para aquellas empresas que cumplan ciertas condiciones, como ser una empresa de tecnología energética avanzada, o contar con una sólida capacidad de I + D.

(475)

El programa 973 es un Programa nacional de investigación y desarrollo básicos clave. Contempla, entre otras cosas, la investigación básica en células solares de baja deficiencia y alta eficiencia. Al igual que en el programa 863, las empresas han de solicitar en línea estas subvenciones (51), concedidas por el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Las condiciones que deben satisfacer las empresas en términos de características del proyecto incluyen, entre otras cosas, ideas innovadoras, claros objetivos de investigación avanzada centrados en necesidades nacionales clave, investigación multidisciplinar, contar con características chinas y tener importancia internacional.

(476)

Las directrices para las tecnologías clave que se pueden beneficiar de las subvenciones al amparo de los programas 863 y 973 se publican anualmente.

(477)

En su carta de deficiencia, la Comisión solicitó a las autoridades chinas que facilitaran ciertos planes públicos sobre los dos programas. Dichas autoridades, al tiempo que aludían a todos los restantes documentos facilitados anteriormente a la Comisión (la mayoría de los cuales no estaban siquiera relacionados con los dos programas en cuestión), pidieron a la Comisión que aclarase por qué la Comisión precisaba dicha información y, a renglón seguido, afirmaban la inexistencia de dichos planes. Por otro lado, se facilitaron varias de las medidas provisionales y administrativas de la gestión de dichos planes (cuya existencia refutaron las autoridades chinas).

(478)

Cuando la Comisión solicitó la verificación de los documentos constitutivos de la base jurídica de los dos programas durante la inspección in situ (puesto que las autoridades chinas no habían contestado a esta pregunta en la respuesta al cuestionario), dichas autoridades facilitaron las medidas administrativas, en chino, correspondientes a los tres planes públicos relacionados con la Investigación y desarrollo de alta tecnología, la Investigación y desarrollo básicos y el Apoyo a la ciencia y la tecnología. No obstante, debido a los plazos de presentación de los documentos y al hecho de que los documentos no venían acompañados de su traducción al inglés, la Comisión no pudo verificar estos documentos in situ.

(479)

La Comisión solicitó, asimismo, a las autoridades chinas las estadísticas sobre la financiación proporcionada en el marco de estos dos proyectos. Estas autoridades se negaron a facilitar dichas estadísticas pues, según indican, la financiación no guarda relación con la fabricación de productos fotovoltaicos.

(480)

Las autoridades chinas indicaron asimismo que ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra se benefició de ninguno de los dos programas (o de cualquiera de los programas contemplados en el apartado «subvenciones diversas»), lo cual se contradice con la información facilitada por uno de los productores exportadores incluidos en la muestra.

(481)

Por lo tanto, la Comisión no pudo verificar todos los aspectos de los programas 863 y 973, en concreto los beneficios reales conferidos a los fabricantes del producto objeto de reconsideración y al sector fotovoltaico en su conjunto. Por consiguiente, algunas conclusiones de la investigación tuvieron que basarse en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(482)

La base jurídica de los dos programas está constituida por las Medidas administrativas del programa nacional de investigación y desarrollo de alta tecnología (Plan 863), en su revisión de 2011, las Medidas administrativas del plan nacional de apoyo a la ciencia y la tecnología, en su revisión de 2011 y las Medidas administrativas del programa nacional de investigación y desarrollo básicos clave (973), en su revisión de 2011.

(483)

Las autoridades chinas indicaron que las subvenciones previstas al amparo de los programas 863 y 973 guardan relación únicamente con la investigación y desarrollo y no con la fabricación del producto objeto de reconsideración. Además, de acuerdo con las autoridades chinas, los dos programas no pueden estar sujetos a medidas compensatorias, pues no son específicos.

(484)

Se rechazan estas alegaciones. El hecho de que las subvenciones se concedieran para la investigación y desarrollo del producto objeto de reconsideración supone una transferencia directa de fondos de las autoridades chinas, lo que reduce de forma considerable los costes de investigación y desarrollo que, de lo contrario, habría tenido que soportar el receptor.

(485)

Las subvenciones se consideran específicas pues solamente pueden optar a ellas las empresas con actividades en las tecnologías clave enumeradas en las orientaciones publicadas anualmente. Estas orientaciones establecen las tecnologías clave que pueden beneficiarse de los dos programas. Previa solicitud de la Comisión, las autoridades chinas facilitaron las directrices correspondientes a los años 2011, 2013 y 2014. Las orientaciones de 2014 sobre tecnologías clave mencionan de forma explícita la investigación en células solares. Los documentos de orientación de los años anteriores a 2014 mencionan asimismo de forma explícita bien las células solares o la energía solar.

(486)

Los programas 863 y 973 otorgan subvenciones a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base a modo de transferencia de fondos de las autoridades chinas mediante subvenciones a los fabricantes del producto objeto de reconsideración.

(487)

La Comisión determinó asimismo que este régimen de subvenciones es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(488)

Los programas 863 y 973 son subsidios específicos en forma de subvenciones. La investigación determinó que uno de los exportadores incluidos en la muestra se ha beneficiado de esta subvención.

(489)

A las empresas del sector fotovoltaico se aplican diversos regímenes impositivos preferenciales que están arraigados en la legislación fiscal vigente. Durante la consulta y la inspección in situ, las autoridades chinas no hicieron alusión a su intención de modificar su legislación fiscal.

(490)

En cuanto a las exenciones fiscales y de derechos sobre el equipo que se han constatado en algunos de los productores del sector fotovoltaico, el equipo al que se le aplican las exenciones está sujeto a depreciación y, por lo tanto, el beneficio en forma de exención fiscal o de derechos se amortiza correspondientemente durante los siguientes años (es decir, con posterioridad al PIR).

(491)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión considera que la expiración de las medidas podría conducir a una continuación de las subvenciones.

(492)

La Comisión examinó también si aumentarían las exportaciones subvencionadas de China a la Unión en caso de que las medidas dejaran de tener efecto. A este respecto, la Comisión se basó en la información disponible de Bloomberg New Energy Finance y en las respuestas al cuestionario facilitadas por las empresas incluidas en la muestra que cooperaron.

(493)

Como se explica pormenorizadamente en el punto 5.1, la capacidad existente de producción china superaría por veinte la demanda de la Unión que se refiere en el considerando 516 y casi duplicaría la demanda mundial.

(494)

Dicho exceso de capacidad se confirmó igualmente gracias a los datos facilitados por los productores incluidos en la muestra que cooperaron, en los que todos mostraban la existencia de capacidades sobrantes para sus centros de producción existentes al tiempo que se estaban construyendo nuevos centros de producción que añadirían unas capacidades de producción adicionales.

(495)

Además, según se desarrolla en el punto 5.2, los productores exportadores chinos consideraban muy atractivo el mercado de la Unión. Por último, un elemento no menos importante es que el nivel de precios en la Unión, que es más elevado que en otros terceros mercados, incitaría a los productores chinos a exportar a la Unión en vez de a otros terceros mercados.

(496)

Por lo tanto, la Comisión concluye que, teniendo en cuenta la probabilidad de continuación y reaparición de las subvenciones, además de la importante capacidad excedentaria de la industria fotovoltaica china y del atractivo del mercado de la Unión, es probable que los productores chinos aumenten sus exportaciones del producto objeto de reconsideración a precios subvencionados al mercado de la Unión si se dejaran expirar las medidas.

(497)

Por todo lo que antecede, con arreglo al artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, la Comisión concluye que las subvenciones han continuado durante el PIR y es muy probable que continuaran las subvenciones a la industria fotovoltaica en caso de que las medidas vigentes dejaran de tener efecto.

(498)

El producto similar era producido en la Unión por más de cien productores durante el período de investigación de reconsideración. Estos productores constituyen la industria de la Unión a tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento de base.

(499)

Para determinar la producción total de la Unión durante el PIR se utilizó toda la información disponible sobre la industria de la Unión, ya que no se disponía de información pública completa sobre la producción. Esta información incluía: datos macroeconómicos facilitados por el solicitante, pero recabados en su nombre por Europressedienst, una consultora independiente; las respuestas sobre la situación de las partes interesadas facilitadas en la fase previa a la de inicio y las respuestas verificadas al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra.

(500)

Sobre esta base, la producción total de la Unión durante el período de investigación de reconsideración se estimó en unos 3 409 MW en el caso de los módulos y en 1 270 MW en el caso de las células.

(501)

Parte de la industria de la Unión está integrada verticalmente y, en lo que se refiere a la producción de células, una parte importante de su producción se destinó a un uso cautivo (96 %). Por tanto, el mercado libre de las células era muy marginal. Tras la comunicación, una de las partes interesadas refutó la última afirmación alegando que el mercado libre constituía una gran parte del mercado total de células (estimado en 3 409 MW, véase el cuadro 1b a continuación). La Comisión aceptó esta corrección pues, efectivamente, el mercado cautivo en la Unión solo constituye el 31,8 % del consumo total de células. Sin embargo, esto no altera la constatación de que una parte sustancial de la producción de células de la industria de la Unión estaba destinada a uso cautivo y no tuvo impacto sobre el análisis de perjuicio e interés de la Unión. De hecho, el mercado libre de células se sirve primordialmente de importaciones y no de ventas de los productores de células de la Unión, dado el hecho de que la mayoría de los productores de células abandonaron el mercado en los últimos años.

(502)

Para determinar si la industria de la Unión había continuado sufriendo un perjuicio, así como para establecer el consumo y los diversos indicadores económicos relacionados con la situación de la industria de la Unión, la Comisión analizó si la utilización posterior de la producción del producto similar («uso cautivo») por parte de la industria de la Unión debía tenerse en cuenta en el análisis y en qué medida.

(503)

La Comisión analizó los siguientes indicadores económicos haciendo referencia a la actividad total (incluido el uso cautivo de la industria): consumo, volumen de ventas, producción, capacidad de producción, utilización de la capacidad, crecimiento, inversiones, existencias, empleo, productividad, flujo de caja, rendimiento de la inversión, capacidad de obtener capital y magnitud del margen de la subvención.

(504)

Respecto a estos indicadores, en la misma línea que la investigación inicial, la Comisión consideró que la producción destinada a un uso cautivo resultaba igualmente afectada por la competencia de las importaciones del país afectado. Las células destinadas al mercado cautivo se usaron como componente principal para la producción de módulos. Por consiguiente, la competencia directa de la importación de módulos procedentes del país afectado a la que se enfrentaron los productores de módulos de la Unión ejerció asimismo una presión indirecta sobre el precio de venta cautivo o los costes de producción de las células utilizadas en esos módulos. Asimismo, la importación de células procedentes de China aumentó la presión sobre los productores de módulos que utilizaban la producción de células cautiva, puesto que competían no solo con los módulos montados en terceros países con células chinas, sino con otros módulos montados en la Unión utilizando esas células chinas importadas.

(505)

Por consiguiente, al contrario que en otros casos (52), en los que la distinción entre mercado libre y mercado cautivo es relevante para el análisis de perjuicio al hallarse que los productos destinados a uso cautivo no estaban expuestos a la competencia directa de las exportaciones, la Comisión estableció en el caso que nos ocupa que, con respecto a la mayoría de los indicadores económicos, no se justificaba una distinción entre mercado libre y mercado cautivo.

(506)

No obstante, en lo que se refiere a la rentabilidad, la Comisión únicamente analizó las ventas en el mercado libre. Los precios del mercado cautivo se establecieron con arreglo a varias políticas de determinación de precios (precios de transferencia al precio de mercado virtual, transferencia con arreglo a los costes reales, etc.). Por lo tanto, no siempre reflejaron los precios en condiciones de plena competencia y no pudieron tenerse en cuenta en el momento de evaluar este indicador.

(507)

Tras la comunicación, varias partes argumentaron que debería haberse evaluado por separado el estado de la industria de células de la Unión con respecto al mercado cautivo y con respecto al mercado libre. En primer lugar, alegaron que la Comisión no había aportado un razonamiento adecuado sobre cómo se había visto afectado el mercado cautivo de igual forma por la competencia de las importaciones procedentes de China. En segundo lugar, una parte argumentó que puesto que la Comisión consideraba que los precios del mercado cautivo no eran fiables para evaluar la rentabilidad, es igualmente impreciso extraer la conclusión de que estuvieron sometidos a presión a causa de la importación de módulos. En tercer lugar, un análisis conjunto de los dos mercados contradice el hecho de que el consumo de células se redujo menos que el consumo de módulos durante el período considerado. Supuestamente esto significa que no existe un vínculo directo entre la importación de módulos y la importación de células y entre la reducción de la importación de células y los precios de las células expuestas al mercado libre.

(508)

En primer lugar, al contrario de las alegaciones realizadas por las partes, la Comisión motivó detalladamente en los considerandos 503 a 504 anteriores cómo se había visto afectado el mercado cautivo de igual forma por la competencia de las importaciones procedentes de China. Siendo las células el componente principal para la producción de un módulo, la importación de módulos de China ejerce una presión indirecta sobre el precio de venta cautivo de las células, cuando el precio de transferencia se basa en un precio de mercado virtual. De forma alternativa, cuando la transferencia se basa en los precios reales, las células importadas ejercen presión sobre las empresas para mejorar la eficiencia de su proceso de producción. En segundo lugar, aunque los precios del mercado cautivo no son fiables para evaluar la rentabilidad, la Comisión consideró que el desarrollo de esos precios es un factor relevante para evaluar si el mercado cautivo tuvo que hacer frente a la competencia de las importaciones procedentes de China. En tercer lugar, la Comisión no asevera la existencia de un vínculo directo entre las importaciones de módulos y las importaciones de células, sino que observó que el uso cautivo de células se halla sujeto asimismo a la competencia directa de la importación de células y la competencia indirecta de la importación de módulos, ya que las células cautivas se usan para producir módulos. Por último, la parte interesada no demostró la inexistencia de un vínculo entre los precios de las células en el mercado libre y la reducción de la importación de células. De hecho, y como queda patente en el cuadro 8b, los precios de venta de la industria de células de la Unión aumentaron cuando se redujeron las importaciones de células de China tanto en volumen como en cuota de mercado entre 2014, cuando las medidas comenzaron a estar en pleno vigor, y el PIR. Por consiguiente, se rechazaron estos argumentos.

(509)

Tras la comunicación, las autoridades chinas refutaron que un análisis conjunto del mercado libre y el mercado cautivo para las células elimine realmente la necesidad de un análisis del mercado libre, puesto que se trata únicamente del 4 % de la producción total de células de la Unión. Por tanto, la Comisión no había examinado la situación de la industria nacional en su totalidad y, de esa forma, no cumple los requisitos de «objetividad» del artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping.

(510)

La Comisión no comprendió cómo el análisis conjunto del mercado libre y el mercado cautivo para las células puede hacer que no sea necesario un análisis del mercado libre. De hecho, la Comisión analizó varios indicadores de perjuicio únicamente en relación con el mercado libre, como rentabilidad, precios de venta y rendimiento de las inversiones. Además se analizaron de forma acumulada varios indicadores, incluso en los casos en los que se lleva a cabo un análisis independiente del mercado cautivo y no cautivo (53). Con frecuencia, estos indicadores son: la producción, la capacidad, la utilización de la capacidad, las inversiones, el rendimiento de las inversiones, el empleo, la productividad, las existencias y los costes laborales. Por último, un elemento no menos importante es que los indicadores de perjuicio de aquellos productores de células de la Unión que vendían exclusivamente en el mercado libre siguieron las mismas tendencias y, en consecuencia, las conclusiones alcanzadas para la totalidad de la industria de células de la Unión se les aplican igualmente a ellos. Las autoridades chinas insistieron en que de acuerdo con la jurisprudencia de la OMC, en caso de presencia de un mercado cautivo para una parte del producto investigado, debe llevarse a cabo un análisis comparativo. La Comisión consideró que este requisito, si fuera aplicable en el presente caso, que es muy específico, se cumplía de todas formas. Respecto a la parte de la producción de células de la Unión que se vende en un mercado cautivo, el perjuicio se ha establecido sobre la base de la presión indirecta de precios a nivel de los módulos en los que se montan las células. Respecto a la parte de la producción de células de la Unión que se vende en un mercado libre, los indicadores de perjuicio se han evaluado de forma independiente y muestran las mismas tendencias que para la parte cautiva del mercado (que, debido al hecho de que representa el 96 % de la producción de la Unión, son prácticamente idénticas a la evaluación acumulativa). Por consiguiente, se rechazó este argumento.

(511)

Las autoridades chinas también argumentaron que la afirmación de que los fabricantes de módulos de la Unión compiten con módulos montados en terceros países con células chinas amplía ilícitamente el alcance de esta investigación. No obstante, dichos módulos se incluyeron en el alcance de la investigación desde su inicio pues las células confieren el origen a los módulos (54). En consecuencia, esta alegación fue rechazada.

(512)

Tras la comunicación, otra parte alegó que el análisis de rentabilidad sobre la base del 4 % de la producción de células de la Unión no es representativo de una valoración precisa de la necesidad de mantener los derechos. La Comisión señaló que solamente se evaluó la rentabilidad de forma exclusiva sobre la base de las ventas de células a clientes independientes por los motivos expuestos en el considerando 506. No obstante, a los efectos de evaluar la situación de la industria de la Unión, se analizaron los restantes indicadores teniendo en cuenta tanto el mercado libre como el mercado cautivo de células. Por consiguiente, se rechazó este argumento.

(513)

Jabil montó módulos en nombre de otras empresas durante el PIR en calidad de subcontratista. Las otras empresas abonaron una tarifa por este servicio de montaje y asumieron la responsabilidad contractual íntegra sobre las ventas de los módulos montados por Jabil. Por consiguiente, los ingresos declarados por Jabil no se derivan de las ventas de los módulos sino de las tarifas de servicio. Por este motivo la Comisión decidió separar las cifras de beneficio de Jabil de las cifras de beneficios del resto de la industria de módulos de la Unión (véanse los considerandos 563 y 565 a continuación). Respecto a los restantes indicadores de perjuicio, no fue posible verificar las actividades de montaje proporcionadas por Jabil a productores de módulos que no cooperaron y, por tanto, no se han tenido en cuenta.

(514)

Tras la comunicación, una de las partes interesadas solicitó más aclaraciones sobre qué datos relativos a Jabil se habían tenido en cuenta o no y el motivo. Para todos los indicadores de perjuicio, salvo la rentabilidad, la Comisión ha tenido en cuenta todos los datos facilitados por Jabil que guardan relación con los productores de módulos de la Unión que cooperaron. Solo se tuvieron en cuenta aquellos datos que se pudieron verificar, mientras que el resto fue ignorado, en vista del modelo de negocio específico de Jabil y del hecho de que no se pudieron verificar los precios de venta finales.

(515)

La Comisión determinó el consumo de la Unión con arreglo al volumen total de importaciones del producto afectado y el volumen total de ventas del producto similar en la Unión, incluidas las destinadas a un uso cautivo. Las ventas totales de la industria de la Unión se basaron en la información facilitada por Europressedienst, corregidas según procedía, con los datos de las respuestas sobre la situación de las partes interesadas facilitadas en la fase previa a la de inicio y las respuestas verificadas al cuestionario de las empresas incluidas en la muestra. Tal como se indica más abajo en el considerando 519, los datos sobre importaciones se basaron en Comext y en los datos comunicados por los Estados miembros a la Comisión, con arreglo al artículo 14, apartado 6, del Reglamento de base («base de datos del artículo 14, apartado 6»). Los datos sobre consumo se cotejaron con otras fuentes (55).

(516)

El consumo de la Unión evolucionó como sigue:

Cuadro 1a.

Consumo de módulos en la Unión (en MW)

Cuadro 1b.

Consumo de células en la Unión (en MW)

(517)

En términos generales el consumo de la Unión descendió considerablemente entre 2012 y el PIR. El consumo de módulos en la Unión cayó un 56 %. No obstante, tras el drástico descenso del 35 % que experimentó el consumo entre 2012 y 2013, este se mantuvo bastante estable en 2014 y durante el PIR.

(518)

En lo que se refiere a las células, el consumo se redujo un poco menos, es decir, un 26 %, durante el período considerado. El descenso del consumo tuvo lugar principalmente entre 2013 y 2014, cuando se desplomó un 26 %. Sin embargo, comenzó a recuperarse durante el PIR, cuando registró un aumento del 4,5 % en comparación con 2014.

(519)

Los volúmenes y valores de importación se basaron en los datos de varias fuentes. Para los años 2012 y 2013, se basaron en los datos proporcionados por el solicitante, aunque recopilados en su nombre por Europressedienst, ya que en aquel momento los módulos y las células se importaron a la Unión bajo partidas arancelarias que abarcan productos no contemplados en la presente investigación y, por tanto, no se pudo utilizar Eurostat. Tras la introducción del registro de las importaciones de módulos y células el 6 marzo 2013 (56), pudieron utilizarse los datos de Eurostat. Por consiguiente, para el resto de 2013, 2014 y durante el PIR, la Comisión tuvo que basar sus constataciones en la base de datos Comext (57) y la base de datos del artículo 14, apartado 6.

(520)

Las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionaron como sigue:

Cuadro 2a.

Importaciones de módulos procedentes de China (en MW) y cuota de mercado  (58)

Cuadro 2b.

Importaciones de células procedentes de China (en MW) y cuota de mercado

(521)

Los volúmenes de importación de módulos de China se redujeron un 73 % durante el período considerado, lo que provocó la correspondiente reducción de cuota de mercado del 39 %, es decir, del 66 % en 2012 al 41 % durante el PIR. Sin embargo, después de imponer las medidas actuales en 2013, los volúmenes de importación de módulos se redujeron un 45 % entre 2013 y 2014, mientras que el consumo se redujo un 31 %.

(522)

Con respecto a las células, los volúmenes de importación aumentaron un 65 % durante el período considerado, lo que provocó un incremento mucho mayor en cuota de mercado, es decir, del 123 % (del 7 % en 2012 al 16 % durante el PIR), en el contexto de un mercado en contracción. Al mismo tiempo, entre 2013 y 2014 las importaciones de células aumentaron un 59 %, con el consiguiente aumento de la cuota de mercado de 10 puntos porcentuales. Aunque el incremento no tuvo continuidad durante el PIR, el nivel de importaciones se mantuvo mucho más elevado durante el PIR que en 2012 y 2013.

(523)

La Comisión estableció los precios de las importaciones con arreglo a Comext y a la base de datos del artículo 14, apartado 6.

(524)

El precio medio de las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionó como sigue:

Cuadro 3a.

Precios de importación de los módulos (EUR/kW)

Cuadro 3b.

Precios de importación de las células (EUR/ kW)

(525)

Durante el período considerado, el precio medio de las importaciones procedentes de China se redujo un 22 % en el caso de los módulos y un 43 % en el caso de las células. En el caso de los módulos, el precio de importación se redujo en 2012 y 2013 pero se incrementó un 6,3 % entre 2013 y 2014, a partir de la entrada en vigor de las medidas. Siguió reduciéndose levemente aún entre 2014 y el PIR, a saber, un 1,6 %. En lo que respecta a las células, el precio de importación continuó reduciéndose entre 2013 y 2014, momento en que se desplomó otro 19,4 %, pero aumentó levemente entre 2014 y el PIR, a saber, un 1,4 %.

(526)

No obstante, casi todos los productores exportadores que vendieron módulos y células durante el PIR se atenían a un compromiso de precios, y sus precios de exportación a la UE se vieron determinados por tales compromisos, que fijaban un precio mínimo de importación. Solamente el 1,6 % del volumen de importación de módulos y el 0,6 % del de células se desarrollaron fuera del precio mínimo de importación (59). Por consiguiente, dichos precios de exportación no se pueden considerar un indicador relevante para establecer el comportamiento de los precios de los productores exportadores de no hallarse en vigor las medidas.

(527)

Tras la comunicación, varias partes argumentaron que se debería utilizar el precio de exportación a la UE para establecer la subcotización, además de que de esta forma calculaban que no existía subcotización. Es cierto que, sobre la base de los precios de exportación a la UE, no existe subcotización con respecto a los módulos y que la subcotización con respecto a las células es muy marginal. No obstante, la Comisión consideró que la falta de subcotización por causa del cumplimiento del precio mínimo de importación (PMI) no era el indicador decisivo para el análisis de la situación actual de la industria de la Unión. Como se indica en el considerando 573, la Comisión determinó que la industria de la Unión continuaba sufriendo perjuicio por la magnitud de las subvenciones constatada en la investigación anterior y por las prácticas de elusión constatadas, según se comenta en el considerando 4, sin que haya tenido suficiente tiempo para recuperarse.

(528)

El precio medio de las importaciones a la Unión desde terceros países también se basó en los datos obtenidos de la base de datos Comext y del artículo 14, apartado 6, y evolucionaron del modo siguiente:

Cuadro 4a.

Módulos: importaciones procedentes de terceros países

Cuadro 4b.

Células: importaciones procedentes de terceros países