20.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 347/303

(1)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Comisión adoptó, el 29 de julio de 2011, un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de dicho reglamento. En dicho informe la Comisión anunció su intención de proponer un número limitado de modificaciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 para facilitar la creación y el funcionamiento de las AECT, así como su intención de proponer la clarificación de algunas de las disposiciones vigentes. Deben eliminarse los obstáculos a la creación de nuevas AECT manteniendo al mismo tiempo la continuidad y facilitando el funcionamiento de las ya existentes, permitiendo así un mayor uso de las AECT a fin de contribuir a una mejor coherencia de las políticas y la cooperación entre los organismos públicos sin que ello suponga una carga adicional para las administraciones nacionales o de la Unión.

(2)

La creación de una AECT es una cuestión que deben decidir sus miembros y sus autoridades nacionales, y que no está automáticamente vinculada a ninguna ventaja jurídica o económica a escala de la Unión.

(3)

El Tratado de Lisboa añadió una dimensión territorial a la política de cohesión y la «Unión» sustituyó a la «Comunidad». Por tanto, procede introducir la nueva terminología en el Reglamento (CE) no 1082/2006.

(4)

Las AECT pueden tener la capacidad de reforzar el fomento y la consecución de un desarrollo armonioso de la Unión en su conjunto y, en particular, de la cohesión económica, social y territorial de sus regiones, y contribuir a que se alcancen los objetivos establecidos en la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador («estrategia Europa 2020»). Las AECT pueden asimismo contribuir de manera positiva a la reducción de las barreras a la cooperación territorial entre las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como la situación específica de las regiones ultraperiféricas, y pueden desempeñar un papel decisivo en el refuerzo de la cooperación entre terceros países, países y territorios de ultramar (PTU) y regiones fronterizas de la Unión, en particular mediante la aplicación de los programas de cooperación exterior de la Unión.

(5)

La experiencia con las AECT creadas hasta ahora pone de manifiesto que, como instrumento jurídico, las AECT también se utilizan para la cooperación en el marco de políticas de la Unión distintas de la política de cohesión, en particular en la aplicación de programas o partes de los mismos que reciben apoyo financiero de la Unión distinto del proporcionado por la política de cohesión. Deben aumentarse la eficiencia y la eficacia de las AECT ampliando su naturaleza, eliminando las barreras que persisten y facilitando la creación y el funcionamiento de las AECT, mientras se mantiene al mismo tiempo la capacidad de los Estados miembros para limitar las acciones que pueden llevar a cabo las AECT sin el apoyo financiero de la Unión. En virtud del Reglamento (CE) no 1082/2006, las AECT gozan en cada Estado miembro de la más amplia capacidad jurídica reconocida a las personas jurídicas con arreglo al Derecho nacional de cada Estado miembro, lo que incluye la posibilidad de celebrar acuerdos con otras AECT u otras personas jurídicas a efectos de llevar a cabo proyectos de cooperación conjunta para, en particular, facilitar un funcionamiento más eficiente de las estrategias macrorregionales.

(6)

Por definición, las AECT son operativas en más de un Estado miembro. Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 1082/2006 contempla la posibilidad de que el convenio y los estatutos de las AECT contengan cláusulas sobre el Derecho aplicable en determinadas cuestiones. Es necesario aclarar los casos en que tales cláusulas han de dar primacía —dentro de la jerarquía del Derecho aplicable establecida en dicho Reglamento— al Derecho nacional del Estado miembro en el que la AECT tiene su domicilio social. Al mismo tiempo, las disposiciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 relativas al Derecho aplicable deben ampliarse a los actos y las actividades de la AECT, sin perjuicio del examen jurídico de los Estados miembros en cada caso concreto.

(7)

Como consecuencia del diferente estatuto de los organismos locales y regionales en los Estados miembros, competencias que son regionales en un lado de la frontera pueden ser nacionales en el otro, especialmente en los Estados miembros más pequeños o centralizados. Por consiguiente, las autoridades nacionales han de poder convertirse en miembros de una AECT junto con el Estado miembro.

(8)

Si bien el Reglamento (CE) no 1082/2006 permite que los organismos de Derecho privado se conviertan en miembros de una AECT siempre que se les considere organismos regidos por el Derecho público en la definición de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), en el futuro tiene que ser posible usar las AECT para gestionar conjuntamente los servicios públicos, prestando especial atención a los servicios de interés económico general o las infraestructuras. Por tanto, otros agentes de Derecho privado o público también han de poder convertirse en miembros de una AECT. Por consiguiente, también deben contemplarse las «empresas públicas» en la definición de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y las empresas a las que se encomienda la prestación de servicios de interés económico general en ámbitos como la educación y la formación, la asistencia médica, las necesidades sociales en relación con la asistencia sanitaria y la asistencia de larga duración, las guarderías, el acceso al mercado laboral o la reinserción en él, las viviendas sociales y la protección e inclusión social de los grupos vulnerables.

(9)

El Reglamento (CE) no 1082/2006 no contiene normas detalladas sobre la participación de entidades de terceros países en una AECT constituida en virtud de dicho Reglamento, es decir, entre miembros de, al menos, dos Estados miembros. Dada la mayor aproximación entre las normas que regulan la cooperación entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países, predominantemente en el contexto de la cooperación transfronteriza en virtud del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II), pero también en el contexto de la financiación complementaria procedente del Fondo Europeo de Desarrollo y de la cooperación transnacional en virtud del objetivo de cooperación territorial europea (CTE), cuando las asignaciones del IEV y del IAP II se tengan que transferir para unirlas a las asignaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de los programas conjuntos de cooperación, debe preverse explícitamente la participación de miembros de terceros países que sean vecinos de un Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, en las AECT constituidas entre al menos dos Estados miembros. Esto ha de ser posible siempre que la legislación de un tercer país o los acuerdos entre al menos un Estado miembro participante y un tercer país lo permitan.

(10)

A fin de fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión y por tanto reforzar en particular la eficacia de la cooperación territorial, incluida una o algunas de las formas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional entre miembros de una AECT, debe permitirse la participación en una AECT de terceros países que sean vecinos de un Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas. Por consiguiente, las actividades realizadas en el marco de los programas de cooperación territorial europea, cuando sean cofinanciadas por la Unión, deben seguir persiguiendo los objetivos de la política de cohesión de la Unión, incluso cuando se lleven a cabo, parcial o totalmente, fuera del territorio de la Unión y, como consecuencia, las actividades de una AECT también se efectúen al menos en alguna medida fuera del territorio de la Unión. En este contexto, y cuando proceda, la contribución de las actividades de una AECT que también tenga miembros de terceros países vecinos de al menos un Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, a los objetivos de las políticas de acción exterior de la Unión, como, por ejemplo, los objetivos de la cooperación para el desarrollo o de la cooperación económica, financiera y técnica, sigue siendo meramente incidental, ya que el centro de gravedad de los programas de cooperación de que se trate y, por lo tanto, de las actividades de una AECT debe situarse fundamentalmente en los objetivos de la política de cohesión de la Unión. Por consiguiente, cualesquiera objetivos de la cooperación para el desarrollo o de la cooperación económica, financiera o técnica entre un solo Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, y uno o varios terceros países son solo accesorios por lo que respecta a la política de cohesión basada en los objetivos de la cooperación territorial entre los Estados miembros, incluidas sus regiones ultraperiféricas. Por ello el párrafo tercero del artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) constituye una base jurídica suficiente para la adopción del presente Reglamento.

(11)

Al autorizarse la participación de las autoridades y entidades nacionales, regionales, subregionales y locales, y en su caso de otros organismos e instituciones públicos, incluidos los prestadores de servicios públicos, de un PTU en una AECT, sobre la base de la Decisión 2013/755/UE del Consejo (6) y habida cuenta de que, en el caso del período de programación 2014-2020, una asignación financiera adicional especial con arreglo al marco financiero plurianual ha de reforzar la cooperación de las regiones ultraperiféricas de la Unión con terceros países vecinos y algunos de los PTU enumerados en el anexo II del TFUE y vecinos de dichas regiones ultraperiféricas, las AECT, como instrumento jurídico, también han de estar abiertas a los miembros de los PTU. En aras de la seguridad jurídica y de la transparencia deben establecerse procedimientos especiales de aprobación para el acceso de miembros de un PTU a una AECT, incluidas a este respecto, en caso necesario, normas especiales sobre el Derecho aplicable a la AECT de que se trate que cuente con miembros de un PTU.

(12)

El Reglamento (CE) no 1082/2006 distingue entre el convenio por el que se establecen los elementos constitutivos de las futuras AECT y los estatutos que contienen disposiciones de aplicación. No obstante, en virtud de dicho Reglamento, en los estatutos actualmente deben figurar todas las disposiciones del convenio. A pesar de que tanto el convenio como los estatutos deben enviarse a los Estados miembros, se trata de documentos distintos y el procedimiento de aprobación debe limitarse al convenio. Además, algunos elementos que actualmente se incluyen en los estatutos deben, en su lugar, figurar en el convenio.

(13)

La experiencia adquirida con la creación de AECT demuestra que raramente se ha respetado el plazo de tres meses para el procedimiento de aprobación por parte de los Estados miembros. Ese plazo debe por tanto ampliarse a seis meses. Por otra parte, para garantizar la seguridad jurídica después de ese plazo, el convenio debe considerarse aprobado por acuerdo tácito, cuando sea aplicable, de conformidad con el Derecho nacional de los Estados miembros de que se trate, incluidas sus respectivas normas constitucionales. Ahora bien, el Estado miembro en el que vaya a ubicarse el domicilio social propuesto de la AECT tiene que aprobar formalmente el convenio. Si bien los Estados miembros han de poder aplicar normas nacionales sobre el procedimiento de aprobación de la participación futura de un miembro en la AECT o crear normas específicas en el marco de las normas nacionales de aplicación del Reglamento (CE) no 1082/2006, deben excluirse las excepciones a la disposición relativa al acuerdo tácito una vez transcurrido el plazo de seis meses, sin perjuicio de las previstas en el presente Reglamento.

(14)

Deben establecerse los motivos de la no aprobación, por parte de los Estados miembros, de la participación de futuros miembros o del convenio. No obstante, al decidir dicha aprobación no deben tenerse en cuenta el Derecho nacional que exija normas y procedimientos distintos a los previstos en el Reglamento (CE) no 1082/2006.

(15)

Como el Reglamento (CE) no 1082/2006 no puede aplicarse en terceros países, el Estado miembro en que haya de ubicarse el domicilio social propuesto para la AECT, al aprobar la participación de futuros miembros de terceros países, constituidos con arreglo al Derecho de dichos países, debe cerciorarse, en consulta con aquellos Estados miembros en virtud de cuya normativa se hayan constituido otros futuros miembros de la AECT, de que los terceros países hayan aplicado condiciones y procedimientos equivalentes a los establecidos en el Reglamento (CE) no 1082/2006, o hayan procedido de conformidad con acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales celebrados entre los Estados miembros del Consejo de Europa, con independencia de que también sean o no Estados miembros de la Unión, sobre la base del Convenio marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980, y los protocolos adicionales adoptados con arreglo a este. En caso de que participen varios Estados miembros de la Unión y uno o varios terceros países, debe ser suficiente con que se haya celebrado un acuerdo de este tipo entre el tercer país respectivo y un Estado miembro de la Unión participante.

(16)

A fin de favorecer la adhesión de nuevos miembros a una AECT, debe simplificarse el procedimiento para modificar los convenios en tales casos. En consecuencia, en el caso de un nuevo miembro de un Estado miembro que ya ha aprobado el convenio, tales modificaciones no deben notificarse a todos los Estados miembros participantes, sino únicamente al Estado miembro conforme a cuyo Derecho se haya constituido el futuro miembro y al Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social. Cualquier modificación ulterior del convenio debe notificarse a todos los Estados miembros de que se trate. No obstante, esta simplificación del procedimiento de modificación no debe aplicarse en caso de un futuro miembro de un Estado miembro que todavía no haya aprobado el convenio, de un tercer país o de un PTU, ya que es necesario permitir a todos los Estados miembros participantes comprobar si tal adhesión es conforme a su interés público o su orden público.

(17)

Dados los vínculos entre Estados miembros y PTU, los Estados miembros deben participar en los procedimientos para aprobar la participación de futuros miembros procedentes de los PTU. De conformidad con la relación de gobierno específica entre un Estado miembro y un PTU, el Estado miembro debe aprobar la participación del futuro miembro del PTU o proporcionar confirmación escrita al Estado miembro en el que vaya a ubicarse el domicilio social propuesto de la AECT de que las autoridades competentes en el PTU han aprobado la participación del futuro miembro con arreglo a condiciones y procedimientos equivalentes a los establecidos en el Reglamento (CE) no 1082/2006. El mismo procedimiento debe aplicarse en caso de un futuro miembro procedente de un PTU que desea adherirse a una AECT existente.

(18)

Dado que los estatutos ya no han de contener todas las disposiciones del convenio, tanto este como aquellos deben registrarse, publicarse o ambas cosas. Además, por motivos de transparencia, debe publicarse un anuncio relativo a la decisión por la que se crea una AECT en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. Por motivos de coherencia, dicho anuncio debe contener los datos que se indican en el anexo del Reglamento (CE) no 1081/2006 en su versión modificada por el presente Reglamento.

(19)

Debe ampliarse la finalidad de una AECT para incluir la facilitación y la promoción de la cooperación territorial en general, incluida la planificación estratégica y la gestión de cuestiones regionales y locales en consonancia con la política de cohesión y otras políticas de la Unión, contribuyendo así a la Estrategia Europa 2020 o a la aplicación de estrategias macrorregionales. Por consiguiente, una AECT debe poder llevar a cabo operaciones con apoyo financiero distinto del proporcionado por la política de cohesión de la Unión. Además, se debe exigir a cada miembro de cada uno de los Estados miembros o terceros países representados que tenga todas las competencias necesarias para el funcionamiento eficaz de una AECT, salvo que el Estado miembro o tercer país apruebe la participación de un miembro establecido en virtud de su Derecho nacional aunque este no sea competente para todas las funciones que se especifican en el convenio.

(20)

Como instrumento jurídico, las AECT no están destinadas a eludir el marco establecido por el acervo del Consejo de Europa, que ofrece distintas oportunidades y marcos en los que las autoridades regionales y locales pueden cooperar a través de las fronteras, incluidas las agrupaciones de cooperación eurorregional (7), ni a proporcionar un conjunto de normas comunes específicas que regirían uniformemente estos acuerdos en toda la Unión.

(21)

Tanto las tareas específicas de una AECT como la posibilidad de que los Estados miembros limiten las acciones que las AECT pueden realizar sin ayuda financiera de la Unión deben ajustarse a las disposiciones que rigen el FEDER, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión durante el período de programación 2014-2020.

(22)

Si bien el Reglamento (CE) no 1082/2006 establece que las tareas de una AECT no se refieren, entre otros, a los «poderes reguladores», que pueden tener distintas consecuencias jurídicas en los distintos Estados miembros, una asamblea de AECT ha de poder definir, no obstante, si el convenio lo dispone expresamente y de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión, los términos y las condiciones de utilización de un elemento de infraestructura que gestione la AECT, o los términos y las condiciones con arreglo a los cuales puede prestarse un servicio de interés económico general, incluidas las tarifas y los honorarios que deban pagar los usuarios.

(23)

Como consecuencia de la apertura de las AECT a los miembros de terceros países o PTU, el convenio debe especificar las modalidades de su participación.

(24)

El convenio, además de incluir una referencia al Derecho aplicable en general, como establece el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1082/2006, también debe enumerar la normativa de la Unión y nacional aplicable a la AECT. Asimismo, dicha normativa nacional ha de poder ser la del Estado miembro en que los órganos de la AECT ejercen sus competencias, especialmente en el caso de personal que trabaje bajo la responsabilidad del Director y esté ubicado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que la AECT tiene su domicilio social. El convenio también debe enumerar la normativa de la Unión o nacional aplicable que tiene relación directa con las actividades de la AECT desempeñadas en el marco de las funciones que se especifican en el convenio, incluso en caso de que gestione servicios públicos de interés general o infraestructura.

(25)

El presente Reglamento no debe regular problemas relacionados con la contratación pública transfronteriza que afecten a las AECT.

(26)

Dada la importancia de las normas aplicables al personal de las AECT y de los principios que rigen las disposiciones relativas a la gestión del personal y los procedimientos de contratación, es el convenio, y no los estatutos, el que debe especificar dichas normas y principios. Ha de ser posible establecer en el convenio diferentes opciones por lo que se refiere a la elección de normas aplicables al personal de las AECT. Las disposiciones específicas relativas a la gestión de personal y los procedimientos de contratación deben constar en los estatutos.

(27)

Los Estados miembros deben hacer mayor uso de las posibilidades previstas en el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) para autorizar de común acuerdo excepciones en lo que atañe a la determinación de la legislación aplicable en virtud de dicho Reglamento, en interés de determinadas personas o categorías de personas, y para considerar como tal categoría de personas al personal de las AECT.

(28)

Dada la importancia de las disposiciones relativas a la responsabilidad de los miembros, el convenio, y no los estatutos, debe especificar dichas disposiciones.

(29)

Si una AECT tiene como único objetivo la gestión de un programa de cooperación, o de parte de este, financiado por el FEDER, o si tiene como objeto la cooperación o las redes interregionales, no debe requerirse información sobre el territorio en que la AECT puede realizar su tarea. En el primer caso, se debe definir, y en su caso modificar, la parte de territorio en el programa de cooperación correspondiente. En el segundo caso, si bien se trata fundamentalmente de actividades inmateriales, el requisito de tal información podría comprometer la adhesión de nuevos miembros a la cooperación o las redes interregionales.

(30)

Deben aclararse las distintas modalidades relativas al control de la gestión de los fondos públicos, por una parte, y de la auditoría de las cuentas de la AECT, por otra.

(31)

Las AECT cuyos miembros tienen una responsabilidad limitada deben distinguirse más claramente de aquellas cuyos miembros tienen una responsabilidad ilimitada. Además, para permitir a las AECT cuyos miembros tienen una responsabilidad limitada realizar actividades que puedan generar deudas, se debe autorizar a los Estados miembros a exigir que tales AECT adquieran pólizas de seguro adecuadas o que dichas AECT estén avaladas por una garantía financiera adecuada para cubrir los riesgos inherentes a su actividad.

(32)

Los Estados miembros deben someter a la Comisión cualquier disposición, así como cualquiera de sus modificaciones, adoptada en aplicación del Reglamento (CE) no 1082/2006. Para mejorar el intercambio de información y coordinación entre los Estados miembros, la Comisión y el Comité de las Regiones, la Comisión debe transmitir dichas disposiciones a los Estados miembros y al Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones ha creado una plataforma AECT que permite a todas las partes interesadas intercambiar sus experiencias y buenas prácticas y mejorar la comunicación sobre las oportunidades y los retos de las AECT, al facilitar que se intercambien experiencias sobre la creación de AECT a nivel territorial y se compartan conocimientos sobre mejores prácticas en materia de cooperación territorial.

(33)

Debe fijarse un nuevo plazo para el próximo informe relativo a la aplicación del Reglamento (CE) no 1082/2006. Conforme a la iniciativa de la Comisión de tender hacia una elaboración de políticas más basadas en datos fehacientes, dicho informe debe abordar los principales aspectos de la evaluación, como la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, el valor añadido europeo, el margen de simplificación y la sostenibilidad. La eficacia debe entenderse que se refiere, entre otras cuestiones, a la naturaleza de los intentos de divulgar, dentro de los diferentes servicios de la Comisión, así como entre esta y otros órganos —como el Servicio Europeo de Acción Exterior—, los conocimientos sobre el instrumento AECT. La Comisión debe remitir el informe al Parlamento Europeo, al Consejo y, en virtud del artículo 307, párrafo primero, del TFUE, al Comité de las Regiones. Dicho informe debe transmitirse a más tardar el 1 de agosto de 2018.

(34)

A fin de establecer un lista de indicadores que se utilicen para evaluar y preparar el informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1082/2006, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 de TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(35)

Las AECT existentes no deben estar obligadas a adaptar su convenio y estatutos a modificaciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 introducidas por el presente Reglamento.

(36)

Es necesario especificar con arreglo a qué conjunto de normas procede aprobar una AECT para la que se haya iniciado un procedimiento de aprobación antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(37)

A fin de adaptar las normas nacionales vigentes en aplicación del presente Reglamento antes de que deban presentarse a la Comisión los programas en el marco del objetivo de CTE, el presente Reglamento debe empezar a aplicarse seis meses después de su fecha de entrada en vigor. A la hora de adaptar sus normas nacionales vigentes, los Estados miembros deben garantizar que se designe a las autoridades competentes responsables de la aprobación de las AECT y que, de conformidad con sus disposiciones legales y administrativas, dichas autoridades sean las mismas entidades encargadas de recibir las notificaciones de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1082/2006.

(38)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la mejora del instrumento jurídico de la AECT, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, puesto que el recurso a la AECT tiene carácter facultativo, de conformidad con el orden constitucional de cada Estado miembro.

(39)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1082/2006 en consecuencia.

1)

El artículo 1 se modifica de la siguiente manera:

2)

El artículo 2 se modifica como sigue:

3)

El artículo 3 se modifica como sigue:

4)

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 3 bis

Adhesión de miembros de terceros países o de países o territorios de ultramar (PTU)

1.   De conformidad con el artículo 4, apartado 3 bis, una AECT podrá estar formada por miembros situados en el territorio de al menos dos Estados miembros y uno o varios terceros países, que sean vecinos de por lo menos uno de esos Estados miembros, incluidas sus regiones ultraperiféricas, siempre que dichos Estados miembros y terceros países realicen conjuntamente acciones de cooperación territorial o apliquen programas apoyados por la Unión.

A efectos del presente Reglamento se considerará que un tercer país o un PTU es vecino de un Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, cuando el tercer país o el PTU y ese Estado miembro tengan una frontera terrestre común o cuando tanto el tercer país como el PTU y dicho Estado miembro tengan derecho a acogerse a un programa marítimo transfronterizo o a un programa transnacional conjunto en el marco del objetivo de la cooperación territorial europea, o bien a otro programa de cooperación a través de fronteras, mares o cuencas marítimas, incluso cuando estén separados por aguas internacionales.

2.   Una AECT podrá estar formada por miembros situados en el territorio de un solo Estado miembro y de uno o varios terceros países, vecinos de ese Estado miembro incluidas sus regiones ultraperiféricas, en caso de que dicho Estado miembro de que se trate considere que tal AECT es coherente con el alcance de su cooperación territorial en el contexto de la cooperación transfronteriza o transnacional o de las relaciones bilaterales con los terceros países de que se trate.

3.   A efectos de los apartados 1 y 2, los terceros países vecinos de un Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, incluyen las fronteras marítimas entre los países de que se trate.

4.   De conformidad con el artículo 4 bis y a reserva de las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, una AECT también podrá estar formada por miembros situados en el territorio de al menos dos Estados miembros, incluidas sus regiones ultraperiféricas, y de uno o varios PTU, con o sin miembros procedentes de uno o varios terceros países.

5.   De conformidad con el artículo 4 bis y a reserva de las condiciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo, una AECT también podrá estar formada por miembros situados en el territorio de un único Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, y de uno o varios PTU, con o sin miembros procedentes de uno o varios terceros países.

6.   Una AECT no podrá estar formada únicamente por miembros procedentes de un Estado miembro y de uno o varios PTU relacionados con el mismo Estado miembro.».

5)

El artículo 4 se modifica como sigue:

6)

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 4 bis

Participación de miembros procedentes de un PTU

En caso de una AECT con un futuro miembro procedente de un PTU, el Estado miembro al que el PTU está vinculado se cerciorará de que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 3 bis y, teniendo en cuenta su relación con el PTU:

7)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial

1.   El convenio y los estatutos y sus modificaciones posteriores se registrarán o se publicarán, o ambas cosas, en el Estado miembro en el que la AECT de que se trate tenga su domicilio social, de conformidad con el Derecho nacional aplicable de dicho Estado miembro. La AECT adquirirá personalidad jurídica en la fecha de registro o de publicación del convenio y los estatutos, según lo que tenga lugar primero. Los miembros informarán a los Estados miembros afectados y al Comité de las Regiones del registro o la publicación del convenio y los estatutos.

2.   La AECT garantizará que, en un plazo de diez días laborables a partir del registro o la publicación del convenio y los estatutos, se envíe al Comité de las Regiones una solicitud que siga el modelo que figura el anexo del presente Reglamento. A continuación, el Comité de las Regiones transferirá dicha solicitud a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea para que publique una nota en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, en la que se anuncie la creación de la AECT, con los detalles indicados en el anexo del presente Reglamento.».

8)

En el artículo 6, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, cuando las funciones de una AECT contempladas en el artículo 7, apartado 3, incluyan actuaciones cofinanciadas por la Unión, se aplicará la legislación pertinente relativa al control de fondos proporcionados por la Unión.».

9)

El artículo 7 se modifica de la siguiente manera:

10)

En el artículo 8, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   En el convenio se especificarán:

3.   En caso de que las funciones de una AECT se refieran únicamente a la gestión de un programa de cooperación o parte de este en el marco del Reglamento (UE) no 1299/2013, o en caso de que la AECT se refiera a la cooperación o a redes interregionales, la información con arreglo al apartado 2, letra b), no será necesaria.».

11)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Estatutos

1.   Los miembros de la AECT aprobarán por unanimidad sus estatutos sobre la base del convenio y de conformidad con este.

2.   Los estatutos de la AECT especificarán, como mínimo, los siguientes elementos:

12)

En el artículo 11, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La elaboración de las cuentas, incluido, cuando se solicite, el informe anual adjunto a las mismas, así como la auditoría y la publicación de dichas cuentas, se regirán por el Derecho del Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social.».

13)

El artículo 12 se modifica de la siguiente manera:

14)

En el artículo 15, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Excepto cuando se estipule de otro modo en el presente Reglamento, la legislación de la Unión en materia de competencia jurisdiccional se aplicará a los litigios en los que intervenga una AECT. En los casos que no estén previstos en la legislación de la Unión, los órganos judiciales competentes en materia de resolución de litigios serán los órganos judiciales del Estado miembro en que la AECT tenga su domicilio social.».

15)

El artículo 16 se modifica como sigue:

16)

El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 17

Informe

El 1 de agosto de 2018, a más tardar, la Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, evaluando, sobre la base de indicadores, su eficacia, eficiencia, pertinencia, su valor añadido europeo y el alcance de su simplificación.

La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 17 bis en lo referente a la elaboración de la lista de indicadores a que se refiere el párrafo primero.».

17)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 17 bis

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 17, párrafo segundo, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de 21 de diciembre de 2013.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 17, párrafo segundo, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará de inmediato y de manera simultánea al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 17, párrafo segundo, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».